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-3428,"La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro González-Trevijano, don Enrique López y López, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
-EN NOMBRE DEL REY
-la siguiente
-SENTENCIA
-En el recurso de amparo núm. 2343-2010, promovido por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya, representados por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez y bajo la dirección de la Letrada doña Mélani Simón Martínez, contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010, por medio de la cual se acuerda la estimación del recurso de casación formulado de contrario. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas quien expresa el parecer del Tribunal.
-I. Antecedentes
-1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de marzo de 2010, el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, en nombre y representación de don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya (en adelante, ERC), interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se menciona en el encabezamiento.
-2. La demanda de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:
-a) Los recurrentes interpusieron una demanda civil solicitando la protección de su derecho al honor, el cual habría sido vulnerado por el periodista don Federico Jiménez Losantos y la cadena radiofónica Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares (en adelante, COPE), por las afirmaciones vertidas por el citado periodista en diversos tramos de su programa de radio «La Mañana», los días 13, 14 y 15 de junio, 1 de julio y 18 de noviembre de 2005.
-Las declaraciones y expresiones vertidas las clasifica la demanda según quien era su destinatario y, de forma extractada, se concretan del siguiente modo:
-– En fecha 13 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
-Minuto 6:42:
-«Carod-Rovira dice que piensa emprender acciones legales contra el Partido Popular y contra los organizadores de la manifestación del sábado en Salamanca por las amenazas de muerte que se profirieron en esa marcha contra él. El líder de Esquerra ha tachado a los populares de chulos de barrio y de franquistas sin escrúpulos y les ha acusado de hacer escarnio de la libertad y de la democracia. Asegura que acudirá a los tribunales para hacerles callar y para acabar con la impunidad con la que amparan, dice, su odio, su racismo y su xenofobia contra Cataluña.»
-– En fecha 13 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas.
-Minuto 6:15:
-«[H]ay mucha gente que ignora que ERC es un partido siempre violento, siempre golpista, cuyas juventudes, los «Escamots» desfilaban a la manera fascista con camisas verdes, que fue desde Prats de Motlló golpista»
-– En fecha 14 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
-Minuto 15:44:
-«[N]o sé si es que piensa el ladrón que todos son de su condición y piensa que el PP también está lleno de pistoleros sin arrepentir como lo está la Esquerra Republicana,‘ y si te atreves Roviretxe, llévame a los Tribunales y vamos a repasar cuántos terroristas de Terra Lliure tienes en tu partido, con su historial y actividades. Empezando por Puigcercós; ¿era terrorista o sólo era el brazo político de los terroristas? Este Otegi de la ETA catalana.»
-– En fecha 15 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
-Minuto 28.49:
-«[E]stos socios de la ETA en Perpiñán, en lugar de tener que responder de su fechoría, de por qué pactaron con la ETA de matar en Madrid y no en Barcelona, en Zaragoza y no en Lérida, en Valencia y no en Gerona, encima se permiten utilizar la justicia contra los que nos atrevemos a criticar sus fechorías. Encima presumiendo»
-– En fecha 15 de junio de 2005, «La Mañana« de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
-Minuto 7:00:
-«[E]l héroe de Perpiñán, el amigo de Josu Ternera»
-– En fecha 13 de junio de 2005 ,«La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
-Minuto 12:14:
-«El número 2 de Esquerra, Joan Puigcercós, ha atribuido los insultos de la manifestación del sábado a la impotencia que sufre el Partido Popular ante la fuerza de los republicanos y ha asegurado que es mejor que los populares se manifiesten a que den golpes de Estado. No obstante, les ha acusado de mantener una actitud guerra civilista.
-Ha habido una manifestación absolutamente pacífica pidiendo que no expolie el gobierno del PSOE, del ¡PSOE! no de Roviretxe creo, que no rompa el Archivo de Salamanca.»
-– En fecha 18 de noviembre de 2005, «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas.
-Minuto 05:10:
-«[M]e alegra mucho que comuniquen que Puigcercós, que era el jefe político de Terra Lliure, el Otegi de la época,... no sé si estará reconstruyendo algún comando Madrid, no sé».
-b) La demanda interpuesta por los hoy recurrentes en amparo fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona mediante sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006 que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor. Valoró el juzgador de instancia que las manifestaciones realizadas atañen a personajes públicos, de una gran repercusión mediática, y que dentro de ello se dedican a la vida política, y que las mismas, aun cuando son en extremos determinados sumamente duras, hirientes e incluso desorbitadas en su intensidad emotiva, atañen a extremos y hechos de relevancia pública relacionados con la actuación pública de sus destinatarios, por lo que da preeminencia al ejercicio de la libertad de expresión en el conflicto planteado.
-c) Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por los demandantes, que correspondió conocer a la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
-La Audiencia Provincial dictó sentencia de fecha 22 de febrero de 2007, por medio de la cual, se revocó la sentencia dictada en primera instancia declarando que la conducta de los demandados, don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, «constituye una intromisión ilegítima en el honor de los actores, condenando a los demandados a publicar la sentencia en los diarios 'Avui' y 'El País', así como en las cadenas radiofónicas 'Catalunya Radio' y la 'SER', y a indemnizar a los actores en la cantidad de 60.000 euros» (cantidad destinada a una fundación sin ánimo de lucro). La Audiencia Provincial destaca que la equiparación de un partido democrático y de sus dirigentes con una organización ilegal y terrorista no se puede justificar ni por la libertad de información ni por la libertad de expresión.
-d) Contra dicha resolución se interpuso por parte de los demandados, don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, recurso de casación ante la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.
-La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó sentencia de fecha 26 de enero de 2010 conforme a la cual se declaró haber lugar al recurso de casación otorgando prevalencia al derecho a la libertad de expresión y anulando la sentencia de 22 de febrero de 2007 dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona. El Tribunal Supremo descarta la vulneración del derecho al honor, pues considera que las expresiones proferidas «están en estrecha relación con los hechos denunciados, los cuales son de notorio interés general, llevados a cabo por personajes políticos y por tanto públicos, sobre cuya base procede el locutor demandado a fomentar la crítica en orden a la política antiterrorista del Gobierno y el hecho de su pasividad ante la posible reunión entre miembros del grupo terrorista e integrantes del partido político demandante, todo ello desde un marco de crítica política que si bien puede definirse como muy negativa, sin embargo, no denota un carácter insultante, vejatorio o difamatorio teniendo en cuenta el encuadre social, político y de función pública en el que se efectúa».
-3. En la demanda de amparo se aduce que la sentencia de 26 de enero de 2010 de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha procedido a dar cobertura a una serie de declaraciones carentes de cualquier ápice de veracidad (infringiéndose así el deber de diligencia exigido al informante), además de ser totalmente injuriosas y ofensivas vulnerando así su derecho al honor (art. 18 CE).
-La demanda de amparo considera que las manifestaciones del Sr. Jiménez Losantos han de incardinarse dentro de la categoría de actividad informativa, que es aquella destinada eminentemente a dar conocimiento de hechos que se entienden como verídicos. En el caso que nos ocupa, alegan los recurrentes que resulta evidente que la información dada es totalmente falsa, toda vez que no es cierto que el partido político Esquerra Republicana de Catalunya esté lleno de terroristas, no es cierto que sus componentes hayan secuestrado, disparado o amenazado de muerte, así como tampoco es cierto que se haya llegado a pacto alguno con la banda armada ETA. En este último extremo, los demandantes alegan que si bien es cierto que el Sr. Carod Rovira mantuvo una entrevista con miembros de la organización ETA, la misma no se hizo con el objetivo de que los terroristas no atentaran en Catalunya y sí en otros lugares, como intenta hacer creer el periodista.
-En cualquier caso, según el escrito de los recurrentes, las expresiones empleadas tampoco podrían verse amparadas por el derecho a la libertad de expresión, reconocido también en el art. 20 CE, toda vez que el periodista formula opiniones utilizando afirmaciones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada.
-Para los recurrentes las declaraciones formuladas por el Sr. Jiménez Losantos, suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor, al exceder las mismas de los límites permisibles y tolerables al amparo del ejercicio de los derechos de expresión, crítica e información reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. Los recurrentes señalan el ánimo y el talante eminentemente ofensivo y difamatorio del periodista demandado, ajeno al contenido de la información, habiendo realizado las expresiones denunciadas con un propósito de crear crispación y originar una opinión pública en contra de ERC, de sus dirigentes, de sus miembros e incluso de sus simpatizantes.
-Los recurrentes subrayan que en caso de conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e información, este Tribunal ha establecido una serie de directrices que han de ser tenidas en cuenta a la hora de resolver la controversia, siendo estas las siguientes:
-– La delimitación de la colisión entre tales derechos tiene que hacerse caso por caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos. Contrariamente, el Tribunal Supremo en la sentencia impugnada refuerza, según la demanda de amparo, la prevalencia de los derechos reconocidos en el art. 20 CE, argumentando que en este caso no nos encontramos ante una colisión de derechos.
-– La comprobación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos de la personalidad del art. 18 CE ostenta el derecho a la libertad de información del art. 20.1 d) CE, en función de su doble carácter de libertad individual y garantía institucional de una opinión pública libre, siempre que la información transmitida sea cierta y esté referida a asuntos de relevancia pública que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen. En el presente caso, según la demanda de amparo, la conducta del informador (Sr. Jiménez Losantos) no responde al ejercicio de un derecho constitucional, toda vez que no ha sido comprobado, según los cánones de profesionalidad informativa, la veracidad; de sus manifestaciones.
-– Cuando la libertad de expresión e información se quiere realizar sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor o la intimidad, es preciso que su proyección sea legítima y que lo que se haya informado sea de interés público. Según la demanda de amparo, el informador aprovecha un acto en el que tuvo intervención uno de los recurrentes para descalificar, insultar, y dar informaciones falsas sobre los mismos.
-– Tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, con frecuencia mal orientada e indebidamente fundamentada, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias provocadas por la difusión de una determinada noticia, y reside en dicho criterio, por tanto, el elemento final de la valoración para dirimir, en estos supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad, por una parte, y la libertad de información y expresión, por otro. En este caso, según la demanda de amparo, el Sr. Jiménez Losantos, con sus declaraciones no hace más que mostrar su personal menosprecio respecto a los recurrentes.
-– La libertad de información y de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos, o de alguna forma que su identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público, dejando a un lado las costumbres sociales del momento. Esto es lo que habría hecho en repetidas ocasiones, según la demanda de amparo, el Sr. Jiménez Losantos en su programa radiofónico, calificando a los recurrentes de basura, majaderos y terroristas.
-Sostienen los recurrentes que las manifestaciones realizadas por el periodista, no defienden ningún tipo de interés colectivo legítimo, no pretenden informar a la opinión pública de la ineptitud profesional o de los comportamientos incorrectos de personajes públicos y políticos, sino que van más allá del derecho a la libertad de expresión, información y crítica reconocidos en el artículo 20 de la Carta Magna.
-Prosigue la demanda de amparo recordando, que las expresiones realizadas se efectuaron a través de un medio de comunicación, como es la radio, más concretamente en la cadena radiofónica COPE y que el periodista demandado, en sus programas radiofónicos da como cierto un «pacto» inexistente, puesto que la finalidad de la entrevista del Sr. Carod era la de ayudar a contribuir al cese de la lucha armada, sin haber llegado a ningún pacto y habiendo actuado el demandante dentro de la legalidad y con criterios democráticos. Reiterando a continuación que en ningún caso pueden ser consideradas expresiones protegidas por la libertad de opinión las expresiones formal y evidentemente injuriosas y vejatorias que, además, resultan innecesarias y no tienen nada que ver con la crítica, por dura que sea, de una conducta, sino que aparecen como meras exteriorizaciones de sentimientos personales ajenos a la información sobre hechos o la formación de una opinión pública responsable.
-Los recurrentes finalizan solicitando que el Tribunal Constitucional declare que la conducta de don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Y solicitan que este Tribunal les restablezca en la integridad de su derecho declarando la nulidad de la sentencia de 26 de enero de 2010, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y, como consecuencia, condene a don Federico Jiménez Losantos y a la cadena de radio COPE a la publicación de la sentencia en el diario «Avui», y «El País», así como en las cadenas radiofónicas «Catalunya Radio» y «cadena SER», igualmente solicitan ser indemnizados con la suma de 60.000 euros.
-4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de mayo de 2011, acordó admitir a trámite la demanda de amparo. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitieran respectivamente certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación 783-2007, al rollo de apelación 892-2006 y al procedimiento ordinario 976-2005.
-5. Posteriormente, mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 31 de enero de 2012, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE y se procedió a dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
-6. La representación procesal de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE presentó su escrito de alegaciones con fecha de registro de este Tribunal de 20 de febrero de 2012.
-En su escrito solicita, en primer lugar, la inadmisión del recurso de amparo por no haberse instado por los recurrentes, respecto de la sentencia de 26 de enero de 2010 de la Sala de los Civil del Tribunal Supremo, a la que atribuyen la violación de sus derechos fundamentales en cuanto revoca la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, un incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. En apoyo de su tesis, los recurrentes traen a colación la doctrina fijada en los AATC 10/2010 y 200/2010.
-Tras sintetizar las alegaciones de los recurrentes procede el escrito de la representación procesal de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE a subrayar que para que resulte constitucionalmente amparado el derecho a la libertad de información (con más motivo el de opinión) se exige que se esté ante asuntos de interés general o relevancia pública y el previo contraste de los hechos que analiza con datos objetivos.
-En cuanto al primer requisito, considera el escrito de los demandados que es evidente que se está ante asuntos de interés general o relevancia pública. Para los demandados la fundamentación de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es irreprochable y la circunstancia de que el Presidente en funciones de la Generalitat Sr. Carod Rovira, en secreto y sin habilitación de ningún órgano oficial y sin competencia para representar en el exterior a ninguna parte del territorio del Estado ni con habilitación alguna para negociar con terroristas, se fuera a Perpiñán a reunirse con los miembros de una banda de criminales a discutir sobre el futuro de Cataluña, es de interés general.
-En cuanto al segundo requisito, el previo contraste de los hechos que se analizan en las opiniones vertidas con datos objetivos, ha sido exhaustivo. El Sr. Carod Rovira, ocupando la Presidencia, en funciones, de la Generalitat de Catalunya, se reunió los días 3 y 4 de octubre de 2004, con miembros de la jefatura de la banda terrorista ETA. Los demandados reproducen un escrito del diario «ABC» de 30 de enero de 2004 en el que se afirmaba que la finalidad del encuentro fue llegar a un acuerdo con los terroristas para que no atentaran en Cataluña, a cambio de hacer pública una declaración en la que abogaría por el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado. En cuanto a la información sobre el ingreso de terroristas de Terra Lliure en ERC el escrito de los demandados se remite a la propia página web de ERC, donde se indicaría que en 1991 «a raíz de la evolución y clarificación del panorama político, Terra Lliure se replantea su estrategia abandonando la lucha armada e impulsando el ingreso a ERC de sus militantes y de buena parte de los que formaban Catalunya Lliure».
-Prosigue el escrito de los demandados señalando que no hay en la crítica realizada la menor referencia a circunstancia personal alguna de los recurrentes, sino que la crítica se refiere a la actuación de relevancia pública de sujetos que desempeñan cargos públicos y que, en esa exclusiva medida, están expuestos a la crítica, por dura que sea, de su actuación en el desempeño del cargo. Se ejerce la libertad de expresión respecto de quien, a la sazón, ocupaba una altísima responsabilidad institucional y se reunió con una banda terrorista y de otro, no hay nada, que no se refiera (empleando las palabras del Tribunal Supremo) al ejercicio de sus funciones. Respecto de los personajes políticos o con proyección pública existe una muy consolidada jurisprudencia que entiende que, cuando se informa u opina libremente y con toda su extensión, respecto de su actividad no se quebranta su dignidad ni su fama ni se atenta contra su propia estimación.
-El escrito de los demandados recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional, con amplia cita del contenido de la STC 9/2007, de 15 de enero, que en su fundamento jurídico 4 establece que «el artículo 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas. En este sentido se ha manifestado este Tribunal desde su STC 6/1981, de 16 de marzo, al poner reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no sólo protege un interés individual, sino que entraña 'el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político'.»
-En definitiva, según los demandados, la sentencia expresa una serie de circunstancias que deben ponderarse a la hora de concretar los límites relativos al derecho al honor y que, en extracto, serían los siguientes: a) Si el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional incluye calificativos formalmente injuriosos o innecesarios para el mensaje que desea trasmitir. b) El carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión, especialmente si es o no titular de un cargo público. c) El juicio sobre la relevancia pública del asunto. d) El contexto en el que se producen las manifestaciones y si contribuyen o no a la formación de la opinión pública libre.
-En relación con la primera circunstancia el escrito de los demandados señala que el periodista nunca se ha referido a los entonces demandantes y ahora recurrentes en amparo en términos injuriosos o innecesarios para el mensaje que deseaba transmitir. Y ello porque nunca ha entrado a valorar la esfera íntima y personal de éstos. Es cierto que las expresiones utilizadas por el Sr. Jiménez Losantos son muy duras pero siempre se han enderezado a enjuiciar la labor política, y por tanto pública, de los actores. Nada de lo dicho supone una desconsideración respecto de los recurrentes en cuanto a su aspecto físico, vida personal y familiar, costumbres o hábitos privados o cualesquiera otras circunstancias personales que, por referirse a parcelas carentes de la menor relevancia pública, aquellos mantienen perfectamente incólumes a toda crítica o injerencia, por la protección que a todos dispensa lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Española.
-Para los demandados es constitucionalmente legítimo hacer un juicio de la conducta públicamente relevante de quien desempeña un cargo destacado en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya o de quién es secretario general de un partido político. Opinando sobre dicha conducta, el periodista ha criticado a los actores en términos extraordinariamente severos, pero referidos a la conducta, públicamente relevante y de indudable interés social, de los actores y sin referir las descalificaciones a parcelas de los mismos que a nadie interesan por carecer del trascendente presupuesto de la relevancia pública que autoriza, cuando proceda, la crítica descarnada.
-Para fundamentar sus afirmaciones recuerda el escrito de los demandados la STC 105/1990, de 6 de junio, donde el Tribunal afirmó que «una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea de una conducta (evaluación que se inserta en el derecho de libre expresión y que a veces es de difícil o imposible separación de la mera información) y otra cosa muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones, o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa información, y que resultan proferidos gratuitamente, sin justificación alguna, en cuyo caso cabe que nos hallemos ante la mera descalificación, o incluso el insulto y sin la menor relación con la formación de una opinión pública libre» y aplicando la doctrina sentada en tal sentencia, se afirma por los demandados que nada se dijo respecto de los recurrentes que no estuviera en intima conexión con la conducta pública reprobada. Para los demandados habría intromisión ilegítima en su derecho al honor, si además de denunciar su proceder, se hubiese hecho alusión a rasgos físicos de sus personas que nada tienen que ver con lo primero, cualidades intelectuales poco favorables o a conductas de naturaleza privada y, por lo tanto, excluidas del debate.
-Para los demandados la crítica puede ser penosa, por vehemente, descarnada o cáustica que la misma resulte, pero, en la medida en que se circunscribe a un hecho de relevancia pública (tanto es así que forzó la dimisión de uno de los actores) están obligados a soportarla.
-Prosigue el escrito de los demandados afirmando que los partidos políticos estarían excluidos del ámbito de protección derivado del reconocimiento constitucional del derecho al honor (art. 18.1 CE). A tal efecto, traen a colación la doctrina establecida en la STC 107/1988, afirmando que el Tribunal Constitucional ha restringido la protección que dispensa el art. 18 CE a las personas físicas, por lo que a fortiori habrá que excluir de esa protección a los partidos políticos, por cuanto éstos, como cauce institucional de participación en los asuntos públicos, son entidades paradigmáticamente públicas en las que no es concebible la existencia de parcela alguna perteneciente a una conducta privada carente de interés público.
-Finaliza el escrito solicitando que se inadmita la demanda de amparo o subsidiariamente se desestime.
-7. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 21 de febrero de 2012, interesó que se estimara el amparo solicitado. Tras exponer los antecedentes de la cuestión, entra a delimitar el objeto del amparo, constatando que la demanda de amparo se dirige contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 26 de enero de 2010, al estimar que la misma habría vulnerado el derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE) de los demandantes.
-Para el Ministerio Fiscal a diferencia de lo que se sostiene en la sentencia de casación, nos encontramos ante un supuesto de colisión de derechos fundamentales. Concretamente entre el derecho al honor (art. 18.1 CE) y el derecho a la libertad de expresión [arts. 20.1 a) y 20.4 CE] y aunque los demandantes de amparo aluden, también, al derecho a la libertad de información, al denunciar que la misma no cumplía la condición de veracidad constitucionalmente exigible, en realidad las expresiones proferidas en el programa radiofónico que dirigía el demandado se incardinarían dentro del ejercicio de la libertad de expresión, al tratarse de la exteriorización de juicios de valor, ideas y de opiniones personales. El Ministerio Fiscal subraya que dicha precisión tiene relevancia en la medida en que resulta intrascendente el requisito de la acreditación de la veracidad de las afirmaciones y expresiones llevadas a cabo por el demandado y que los juicios de valor y las opiniones ocupan un lugar preferente y predominante en el mensaje emitido, al igual que las imputaciones que lleva a cabo el periodista demandado, por lo que el enjuiciamiento constitucional debería realizarse desde el canon propio de la libertad de expresión.
-A continuación procede el escrito del Ministerio Fiscal a rechazar el óbice de admisibilidad alegado por los demandados, pues, a su juicio, se ha respetado la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, ya que la parte demandante de amparo denunció en la primera instancia la vulneración del derecho al honor, que es el núcleo esencial del recurso de amparo presentado, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
-También el Ministerio Fiscal examina la objeción que plantean los demandados acerca de la no titularidad del derecho al honor por parte del partido político Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y considera aplicable al caso la doctrina recogida en la STC 139/1995, de 26 de septiembre, que declara, en su fundamento jurídico 5, que «el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 CE. Pero ello no obsta para que normativamente se sitúe en el contexto del art. 18 de la CE».
-En cuanto al análisis del fondo del asunto, el Ministerio Fiscal no comparte la afirmación que lleva a cabo la Sala Primera del Tribunal Supremo en la sentencia objeto de impugnación, cuando niega que se trate de un supuesto de colisión de derechos y recuerda la doctrina constitucional que identifica cuatro criterios relevantes para llevar cabo la ponderación entre los dos derechos fundamentales en conflicto, con arreglo a la doctrinas de las SSTC 11/2000, FJ 8, y 160/2003, FJ 4, que se puede concretar en los siguientes puntos: a) El juicio sobre la relevancia pública del asunto. b) El carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión, especialmente si es titular o no de un cargo público. c) El contexto en el que se producen las manifestaciones enjuiciables. d) Si las manifestaciones contribuyen o no a la formación de una opinión pública libre.
-El examen de dichos criterios debe llevarse a cabo a la luz de las concretas circunstancias concurrentes en el caso objeto de enjuiciamiento constitucional.
-Para el Ministerio Fiscal el examen de las circunstancias del caso, singularmente del contenido de las manifestaciones, opiniones y juicios de valor emitidos por el periodista demandado, permite concluir que las mismas no estaban amparadas por un ejercicio constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión y constituyeron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los demandantes (art. 18.1 CE) y afirma que el escrutinio público al que debe someterse la actividad política de los representantes elegidos democráticamente ampara el ejercicio de un derecho de crítica de sus concretas actuaciones y, por tanto, de abierta discrepancia político-ideológica. Sin embargo, ello no supone que quien desempeña dichos cargos públicos o de responsabilidad política quede despojado totalmente, en el contexto de un debate público crítico, de la protección constitucional que deriva de su derecho al honor, sino que simplemente la tolerancia a la crítica debe ser mayor que para el caso de simples particulares.
-El escrito del Ministerio Fiscal no cuestiona la legitimidad del periodista demandado para comentar el hecho noticiable, ni tampoco para, al hilo del mismo, criticar y cuestionar con dureza y vehemencia la actuación del demandante Sr. Josep Lluís Carod Rovira, pues dicha crítica tendría plena cobertura constitucional y no podría ser objeto de ningún tipo de censura. Ahora bien, la información sobre el hecho noticiable y la reacción crítica que generó no pueden ser utilizadas como coartadas para legitimar ni justificar el empleo de opiniones, afirmaciones, expresiones o juicios de valor, que son absolutamente denigrantes y vejatorias para sus destinatarios.
-El ejercicio legítimo a disentir y criticar las posiciones políticas mantenidas por el Gobierno y los demandantes de amparo no autoriza, según el Ministerio Fiscal, a utilizar expresiones y verbalizar juicios de valor totalmente despectivos e injuriosos, dirigidos no sólo contra los demandantes de amparo sino, de forma generalizada e indiscriminada, contra los cuadros dirigentes de un partido político, así como contra sus militantes, afiliados y simpatizantes y ello le lleva a concluir que las expresiones fueron totalmente innecesarias y, en este punto, trae a colación lo afirmado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Lindon, Otchakovsfa-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, § 57. El Fiscal concluye interesando de este Tribunal que se dicte sentencia otorgando el amparo solicitado por vulneración del derecho al honor (art. 18.1 CE) de los recurrentes.
-8. Los recurrentes de conformidad con el art. 52.1 LOTC presentaron escrito de alegaciones el 1 de marzo de 2012 y niegan la necesidad del planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones, toda vez que la vulneración del derecho fundamental al honor, no lo produce ex novo la resolución del Tribunal Supremo, sino que dicha vulneración ya había sido producida por una resolución anterior, cuyos argumentos hace suyos la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010.
-Después desarrollan algunos de los argumentos contenidos en la demanda reiterando que la Constitución no ampara el derecho al insulto y cuando lo que sucede, como en el presente caso, es que se está ante conductas que no pueden considerarse comprendidas en los límites de las libertades o derechos garantizados por la Constitución, la mención al contexto en el que dichas conductas se producen resulta irrelevante. Esto es, en ningún caso pueden ser consideradas expresiones protegidas por la libertad de opinión las expresiones formal y evidentemente injuriosas y vejatorias que, además, resultan innecesarias para la expresión de la opinión o crítica que merezca el aludido por ellas aunque se trate de un personaje público o con notoriedad pública, pues de lo contrario se estaría lisa y llanamente privando del derecho al honor al ofendido, dando lugar al absurdo de que determinadas personas no tendrían derecho al honor.
-Para los recurrentes no resulta concebible que las graves manifestaciones realizadas por el demandado, se traten como ideas y opiniones cuando, resulta muy claro que por parte del periodista demandado hay una clara y evidente pretensión de difundir hechos que son noticiables, y lo que está haciendo es comunicarlos.
-Finalmente, los recurrentes afirman que a tenor de la jurisprudencia constitucional (STC 139/1995, de 26 de septiembre, reiterada luego en la STC 183/1995, de 11 de diciembre), las personas jurídicas son titulares del derecho al honor proclamado en el art. 181 CE y, por tanto, y al igual que las personas físicas, para recabar la tutela jurisdiccional del mismo pueden valerse de las vías procesales previstas en el art. 53.2 CE, y en la legislación de desarrollo de dicho precepto.
-9. Por providencia de 23 de mayo de 2014 se señaló para deliberación y fallo de la sentencia el día 28 del mismo mes y año.
-II. Fundamentos jurídicos
-1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la sentencia dictada el 26 de enero de 2010 por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y la revoca, declarando la conformidad a derecho de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor de los hoy demandantes de amparo.
-Los recurrentes aducen la vulneración de su derecho al honor. El Ministerio Fiscal interesa la estimación del amparo solicitado y los demandados se oponen a la prosperabilidad del recurso.
-2. La parte demandada en este proceso de amparo opone como óbice procesal la falta de agotamiento de la vía judicial previa, en concreto, y con base en la doctrina del ATC 200/2010, de 21 de diciembre, por no haberse interpuesto por los recurrentes incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con carácter previo a la interposición del recurso de amparo constitucional.
-La alegación debe ser rechazada por un doble motivo, el primero porque la conclusión a la que llegó el ATC 200/2010 al exigir en determinados supuestos la interposición del incidente de nulidad de actuaciones como condición para poder considerar cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa, ha sido revisado por la STC 216/2013, de 19 de diciembre, que ha establecido que incluso cuando la vulneración del derecho se produjo en la última sentencia, «cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa del derecho, como es el caso del derecho al honor o la intimidad, el reconocimiento de su lesión, o el no reconocimiento con la consecuente lesión del derecho a la libertad de expresión o de prensa, consecuencia de la revocación de las sentencias de las instancias previas, no requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad, al estar ayuno de los fines para los que fue previsto, puesto que consistiría en la pretensión de una reconsideración sobre el fondo de la resolución con argumentos semejantes a los ya empleados en la vía judicial. Todo lo expuesto supone un cambio claro de criterio respecto a la doctrina desarrollada en el ATC 200/2010» [STC 216/2013, FJ 2 d)].
-El segundo motivo para rechazar la alegación procesal planteada por la parte demandada sería que la doctrina que se recogía en el ATC 200/2010, y que ha sido modificada por la STC 216/2013, concernía a un supuesto distinto del que aquí se ha producido. En efecto, tal como recuerda igualmente la STC 216/2013, «el ATC 200/2010 daba respuesta a una situación muy concreta y sin vocación de aplicación extensiva: cuando la ‘vulneración’ [concepto éste delimitador del ámbito objetivo del incidente de nulidad, por mandato expreso del art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)] del derecho fundamental cuya protección se impetra en amparo por la parte recurrente (no otro derecho, ni por otra persona), tiene lugar en virtud de la última resolución que cierra la vía judicial y no antes. Situación que puede determinar la necesidad del incidente no solamente respecto de la lesión de derechos procesales del art. 24 CE, sino también y de manera novedosa la de los derechos fundamentales sustantivos, a partir de la reforma del art. 241 LOPJ por la disposición final primera de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que amplió su cobertura a todos los derechos del art. 53.2 CE» [FJ 2 d)].
-En el caso examinado, el derecho al honor invocado en amparo por los recurrentes no fue reparado por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona, al considerar prevalente la protección del derecho a la libertad de expresión. Tras un pronunciamiento en sentido inverso de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación promovido entonces por los demandados, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo casa la sentencia de segunda instancia y, al revocarla y entrar a enjuiciar el fondo, confirma y hace suya «con todos sus pronunciamientos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona». En tales condiciones no es posible afirmar, por tanto, que se trate de una lesión atribuible ex novo a la sentencia que cierra la vía judicial previa al amparo, ni que tal lesión «no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso», en los términos del art. 241.1 in fine de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para la exigencia del incidente.
-En consecuencia, el carácter subsidiario del recurso de amparo ha quedado sobradamente garantizado, pues el asunto pasó por tres instancias judiciales, en cada una de las cuales hubo ocasión de examinar las alegadas lesiones de derechos fundamentales y no cabe sino concluir que el recurrente no estaba obligado a promover, además, el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 LOPJ frente a la sentencia de casación impugnada. Dicho en otros términos, la interposición del incidente de nulidad no puede considerarse exigible en casos como éste.
-La causa de inadmisibilidad opuesta por ese motivo debe ser, en consecuencia, rechazada.
-3. El adecuado tratamiento de este recurso requiere que se analice, en primer lugar, la alegación planteada por la parte demandada relativa a que los partidos políticos estarían excluidos del ámbito de protección derivado del reconocimiento constitucional del derecho al honor (art. 18.1 CE).
-Precisamente en el presente caso este Tribunal entiende que concurre el requisito de la especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional] al apreciar que las cuestiones suscitadas en este recurso de amparo permiten perfilar y aclarar algunos aspectos de la doctrina constitucional en relación con la titularidad del derecho al honor de un tipo concreto de personas jurídicas como son los partidos políticos.
-De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste, no es patrimonio exclusivo de las mismas y dada la propia sistemática constitucional, el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 CE. Pero ello no obsta para que normativamente se sitúe en el contexto del art. 18 CE.
-En relación al ámbito de la protección constitucional del derecho al honor, la STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 6, expresaba que «el significado personalista que el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas las de substrato personalista, y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa.»
-Resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines, como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, «la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena (art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982)» (STC 139/1995, de 26 de septiembre, FJ 5).
-En aplicación de la doctrina reproducida, no cabe excluir a los partidos políticos de la protección que dimana del derecho al honor frente a aquellas afirmaciones y expresiones que los difamen o los hagan desmerecer en la consideración ajena. Así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al aceptar que la protección de la reputación y el honor (art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos) se predique también respecto de los partidos políticos (vid. STEDH caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, §§ 42, 44, 47 y 60).
-Cuestión distinta será si el grado de tolerancia a la crítica debe ser mayor en el caso de los partidos políticos, en razón del papel fundamental que les asigna la Constitución como instrumento esencial para la participación política y, consecuentemente, para la formación y existencia de una opinión pública libre. Pero tan importante papel debe tener como contrapartida la posibilidad de que los partidos políticos deban soportar que se les valore y se les critique por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, lo que supone también una protección constitucional dispensada por el reconocimiento de su derecho al honor, dentro de nuestro sistema democrático.
-4. Entrando ya en el fondo de la cuestión controvertida, ésta se centra en determinar si el Tribunal Supremo (y antes el Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona) ha realizado una adecuada ponderación de los derechos fundamentales implicados, partiendo de la precisión inicial, tal y como hemos reiterado, que la función de este Tribunal en los casos de colisión de derechos fundamentales sustantivos no se limita a examinar la suficiente motivación de las resoluciones judiciales frente a los que se demanda su amparo desde el prisma del art. 24 CE, pues en el ejercicio de su competencia como garante máximo de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, en supuestos como el presente, debe resolver el eventual conflicto entre el derecho a comunicar información veraz o el de expresarse libremente y el derecho al honor, determinando si, efectivamente, se han vulnerado aquellos derechos atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos (por todas, STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 3).
-En el caso examinado, para delimitar los términos de la controversia que se nos presenta, es preciso, con carácter preliminar, concretar ante cuál de las libertades recogidas en el art. 20 CE nos encontraríamos en el presente supuesto siguiendo los criterios de la doctrina constitucional.
-Este Tribunal viene distinguiendo, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, entre el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene una importancia decisiva a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término «información», en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo «veraz» (SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 50/2010, FJ 4).
-Asimismo, el Tribunal ha subrayado que en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, y la «expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión» (SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, FJ 3; 29/2009, FJ 2; y 50/2010, FJ 4).
-5. Aplicando la doctrina precedente a la cuestión planteada, la emisión de valoraciones aparece indisolublemente unida a la atribución de unos hechos de carácter noticiable consistentes en la descripción de la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Catalunya y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA.
-En este punto, los recurrentes aducen en el escrito de demanda que el periodista afirma repetidamente, de forma inveraz, que en la citada reunión se concertó un pacto en virtud del cual ETA no atentaría en el territorio de Catalunya, y sí en otros territorios, de lo cual se colige una clara intencionalidad del periodista demandado para atentar contra la ideología política de los demandantes.
-Al respecto debe indicarse que, incluso desde el canon propio de la libertad de expresión, cuando una declaración equivale a un juicio de valor, debe basarse en una base factual suficiente como indica la STEDH de 22 de octubre de 2007 (caso Lindon y otros contra Francia, ya citada) y en este caso es un hecho admitido que se celebró efectivamente la reunión en Perpiñán en enero de 2004 y entre otras conjeturas que se trasladaron a la opinión pública por algún medio de comunicación, una de ellas era que se había alcanzado el pacto que se indica por el demandado, pues así fue publicado en el diario «ABC» en la edición impresa de 30 de enero de 2004. Por tanto, los hechos que apoyan el juicio de valor del periodista tenían una base efectiva que cabe considerar suficiente y eran conocidos del público en general, pero al tratarse de un juicio crítico o valoración personal de aquellos hechos, y al realizarse tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido y de que se hubiese informado ampliamente de tales eventos por los medios de comunicación, su enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información.
-En definitiva, las afirmaciones del periodista constituyen una crítica política fundada en hechos, pero a la postre un juicio de valor que debe examinarse a la luz de la libertad de expresión, pues según la jurisprudencia constitucional, la confluencia conflictiva entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor debe resolverse a través de un análisis de ponderación en el que ha de tomarse en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión y la necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones que afecten a la organización colectiva.
-6. En efecto, de acuerdo con nuestra jurisprudencia «el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).
-En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).
-Como ha afirmado este Tribunal, sin comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política (por todas STC 6/1981, de 16 de marzo; en el mismo sentido SSTC 20/1990, de 15 de febrero, y 336/1993, de 15 de noviembre). La libertad de expresión aparece así «como uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional español, colocada en una posición preferente y objeto de especial protección» (STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3), y necesitada de un «amplio espacio» (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5; 297/2000. de 11 de diciembre, FJ 4; y 127/2004, de 19 de julio, FJ 4), es decir, «un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor. De ahí que no disuadir la diligente, y por ello legítima, transmisión de información constituya un límite constitucional esencial que el art. 20 CE impone a la actividad legislativa y judicial» [SSTC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 3 a); 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5, y 9/2007, de 15 de enero, FJ 4].
-De acuerdo con esta doctrina «quedarán amparadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público» (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5). Así, «el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de 'pensamientos, ideas y opiniones', sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas» (entre otras muchas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4, 9/2007, FJ 4; y STEDH caso Castells c. España, § 46).
-7. Es preciso, en consecuencia, efectuar aquí la ponderación entre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y el derecho al honor (art. 18.1 CE), para lo cual será necesario analizar las concretas manifestaciones vertidas por el recurrente.
-En primer lugar, debe señalarse que en el presente caso la vertiente de la libertad de expresión que pudiera verse afectada tenía por finalidad garantizar «el desarrollo de una comunicación pública libre que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherente al principio de legitimidad democrática» (STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3), pues las expresiones y valoraciones consideradas lesivas del honor de los recurrentes son difundidas públicamente a través de la radio, y se fomentaba con ellas un debate público. Nos hallamos, por tanto, en el ámbito de supuestos donde el derecho fundamental alcanza su mayor ámbito de protección constitucional (SSTC 101/2003, FJ 3, y 9/2007, FJ 4).
-En segundo lugar, es importante tomar en consideración que los hechos criticados se refieren a la actuación de los dirigentes de un partido político en el ejercicio de su actividad política, lo que supone, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, que «los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública» (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 20/2002, de 28 de enero, FJ 5; 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 9; 174/2006, de 5 de junio, FJ 4; 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4, y 41/2011, de 11 de abril, FJ 5).
-Así, lo ha considerado igualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha recordado que «los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un hombre político», a diferencia de un simple particular, puesto que se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la totalidad de los ciudadanos; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia (SSTEDH de 26 de abril de 1979, caso Sunday Times; 8 de julio de 1986, caso Lingens c. Austria; 28 de agosto de 1992, caso Schwabe y 26 de abril de 1995, caso Prager y Oberschlick).
-En tercer lugar, como hemos sostenido en otras ocasiones, lo relevante para determinar el carácter meramente ofensivo de una expresión es su vinculación o desvinculación con el juicio de valor que se emite o con la información transmitida. Así, por ejemplo, en el caso resuelto por la STC 29/2009, FJ 5, entendimos que no podía considerarse el apelativo de xenófobo como vejatorio o humillante, pues se basaba en un hecho veraz (una denuncia a la policía por tal motivo) y no se trataba de una expresión formalmente vejatoria, en tanto que gratuita o innecesaria, para la información que se pretendía transmitir en aquel caso. En el ámbito de lo penal, hemos considerado que la libertad de expresión amparaba la imputación a un edil de «concesión de licencias urbanísticas irregulares», «adjudicación de un puesto de recaudador municipal a un amigo personal», «obstrucción a la justicia en la persecución de dichas infracciones» (STC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3). A la misma conclusión llegamos en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, donde consideramos que la utilización del término corrupción «no puede considerarse innecesaria para la información transmitida». La información, por lo demás, era de relevancia pública, pues se refería a una cuestión de interés general consistente en el desarrollo urbanístico de la isla de Lanzarote y a la actuación de un funcionario público, circunstancias en las que, como se ha señalado, el ejercicio de la libertad de expresión alcanza «su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor» (FJ 6).
-8. En el supuesto que ahora nos ocupa es posible afirmar que muchas de las expresiones vertidas en el programa radiofónico pueden ser consideradas especialmente hirientes y desabridas. En efecto, las continuas referencias a los recurrentes como aliados, socios o amigos de ETA lo son, como también lo son las referencias a los terroristas sin arrepentir que habrían ingresado en el partido político Esquerra Republicana de Catalunya y expresan la opinión de que se trata, por un lado de una crítica a la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA y por otro una crítica o valoración de lo ocurrido en 1991 donde la propia página web de ERC se refiere a que «a raíz de la evolución y clarificación del panorama político, Terra Lliure se replantea su estrategia abandonando la lucha armada e impulsando el ingreso a ERC de sus militantes y de buena parte de los que formaban Catalunya Lliure».
-En ese contexto, y como ya hemos afirmado en otras ocasiones, especialmente cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque «duelan, choquen o inquieten» (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean «especialmente molestas o hirientes» (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.
-En este caso, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada en primera instancia, al considerar que las expresiones emitidas en los referidos espacios radiofónicos estaban en estrecha relación con los hechos denunciados, los cuales cabe entender como de notorio interés general, y que fueron llevados a cabo por personajes políticos y por tanto públicos, sobre cuya base se procede a criticar la política antiterrorista del Gobierno y el hecho ya noticiado de su pasividad ante la posible reunión entre miembros de grupo terrorista e integrantes del partido político demandante, todo lo cual se desarrolla en un marco de crítica política que bien podría definirse como muy negativa.
-Esta fundamentación se ajusta a la doctrina interpretativa que hemos expuesto, ya que los juicios de valor del periodista se construyen alrededor de una base fáctica suficiente, pues el pacto que afirma que se produjo fue un hecho trasladado a la opinión pública en algún medio de comunicación y las expresiones vertidas se vinculan al juicio de valor que se emite por parte del periodista. Es cierto que tales expresiones se sitúan en los límites de lo admisible por su marcado carácter hiriente y desmesurado, pero las manifestaciones realizadas en los programas radiofónicos examinados se encuentran amparadas por la libertad de expresión, por cuanto que se enmarcan en un debate nítidamente público y de notorio interés, fueron pronunciadas por un periodista y se referían a la actividad de dirigentes políticos en cuanto tales, lo que amplía los límites de la crítica permisible, por tratarse de un debate de relevante interés general, lo que comporta un riesgo de que los derechos subjetivos de personas públicas puedan resultar afectados por dichas opiniones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (en este sentido, STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8 in fine, con cita de la STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2).
-9. Los razonamientos expuestos conducen a confirmar los criterios manifestados por la sentencia recurrida y a denegar el recurso de amparo interpuesto.
-FALLO
-En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
-Ha decidido
-Denegar el amparo solicitado por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya.
-Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dada en Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
-Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2343-2010 al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita
-1. Como tuve oportunidad de manifestar a lo largo de las deliberaciones del presente proceso constitucional, disiento de la decisión adoptada por la mayoría. Dentro del máximo respeto hacia el parecer de mis compañeros de Sala, entiendo, por las razones que de inmediato expondré, que el fallo debió de declarar la lesión del derecho al honor de los recurrentes (art. 18.1 CE)
-La sentencia de la que me aparto desfigura el derecho a la libertad de expresión del art. 20.1 a) CE, obviando los límites que a mi juicio lo configuran y la especial gravedad de las reprobaciones efectuadas a su pretendido amparo en la cadena COPE por el periodista que fue demandado en el proceso judicial, reprobaciones éstas ajenas, como se razonará, a la cobertura constitucional de aquel derecho fundamental, vista la radical ausencia de base fáctica para sostener el juicio crítico que formuló en las ondas. La resolución mayoritariamente adoptada priva de la menor virtualidad jurídico-constitucional a la centralidad que en el caso de autos poseen la libertad de información del art. 20.1 d) CE y sus límites, concentrando exclusivamente el debate en los márgenes de protección de la conducta discutida en el apartado a) de este mismo pasaje constitucional y terminando, en atención a este encuadramiento constitucional, por convalidar el ejercicio de una crítica expresada en términos de una extraordinaria hostilidad, virulencia y agresividad, que traducen la imputación de conductas ilícitas sin la constitucionalmente obligada base factual capaz de servir de presupuesto y soporte al juicio valorativo.
-2. Es cierto, como dice la sentencia, que este Tribunal Constitucional ha subrayado, como la realidad enseña y los Tribunales que conocen de vulneraciones de derechos fundamentales reconocen, que no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una fusión o, al menos, mezcla de ambos. La formulación de pensamientos necesita con frecuencia apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de meras noticias no se presenta en ocasiones en un estado químicamente puro, integrando algunos elementos valorativos, dotados de una vocación conformadora de opinión (así lo recogen, entre muchas otras, las sentencias que cita el texto aprobado: SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2; y 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4).
-Sin embargo, no es impertinente recordar, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido declarando (por ejemplo, STEDH de 22 de octubre de 2007, caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia), que existen límites a la libertad de expresión cuando los juicios de valor acarrean imputaciones de hecho. En semejantes situaciones, la declaración, incluso cuando equivalga a un juicio de valor, debe contar con una base fáctica suficiente para no resultar lesiva o, formulado el juicio desde otro ángulo, para resultar lícita.
-En el presente caso, las declaraciones del Sr. Jiménez Losantos, a las que seguidamente haré referencia, pretendían estar fundadas o asociadas a hechos supuestamente acaecidos, que eran objeto de comentario y valoración crítica. Es ahí donde, a mi juicio, reside la quiebra lógica del pronunciamiento del que discrepo; en el silencio sobre la bien visible conexión entre unos –los hechos– y otras –las opiniones–, desconexión ésta determinante de que los juicios vertidos terminen careciendo del menor soporte fáctico; esto es, de la mínima verificación o contraste. En el supuesto enjuiciado, no concurre la obligada base factual que permita instalar las durísimas apreciaciones formuladas en el exclusivo ámbito de la libertad de expresión o, lo que es igual, que consienta amparar la conducta enjuiciada bajo el manto protector del derecho fundamental del periodista a emitir opiniones o juicios de valor.
-En atención a ello, me parece precaria o, por enunciar la idea con mayor precisión jurídica, falta de la necesaria fundamentación la respuesta que se da sobre el derecho concernido en el recurso. Para sustentar que el derecho realmente comprometido es exclusivamente la libertad de expresión, y no, adicionalmente, la libertad de información, la sentencia razona del tenor siguiente: «[e]n este caso es un hecho admitido que se celebró efectivamente la reunión en Perpiñán en enero de 2004 y entre otras conjeturas que se trasladaron a la opinión pública por algún medio de comunicación, una de ellas era que se había alcanzado el pacto que se indica por el demandado, pues así fue publicado en el diario ‘ABC’ en la edición impresa de 30 de enero de 2004. Por tanto, los hechos que apoyan el juicio de valor del periodista tenían una base efectiva que cabe considerar suficiente y eran conocidos del público en general, pero al tratarse de un juicio crítico o valoración personal de aquellos hechos, y al realizarse tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido y de que se hubiese informado ampliamente de tales eventos por los medios de comunicación, su enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información».
-La lectura de este pasaje revela una aproximación selectiva de las circunstancias de hecho. Y ello, por cuanto en el presente caso no solo están presentes, como equívocamente se afirma, conjeturas y juicios de valor; también comparecen, y de manera muy relevante, abundantes imputaciones de hecho. Para fundamentar esta conclusión, bastará transcribir, entre otras, las siguientes declaraciones emitidas: a) En fecha 13 de junio de 2005. «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas, minuto 6:15 «hay mucha gente que ignora que ERC es un partido siempre violento, siempre golpista, cuyas juventudes, los ‘Escamots’ desfilaban a la manera fascista con camisas verdes, que fue desde Prats de Motlló golpista»; b) En fecha 14 de junio de 2005 «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas, minuto 15:44, «no sé si es que piensa el ladrón que todos son de su condición y piensa que el PP también está lleno de pistoleros sin arrepentir como lo está la Esquerra Republicana, y si te atreves Roviretxe, llévame a los Tribunales y vamos a repasar cuántos terroristas de Terra Lliure tienes en tu partido, con su historial y actividades. Empezando por Puigcercós; ¿era terrorista o sólo era el brazo político de los terroristas? Este Otegi de la ETA catalana»; c) En fecha 15 de junio de 2005. «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas, minuto 28.49, «estos socios de la ETA en Perpiñán, en lugar de tener que responder de su fechoría, de por qué pactaron con la ETA de matar en Madrid y no en Barcelona, en Zaragoza y no en Lérida, en Valencia y no en Gerona, encima se permiten utilizar la justicia contra los que nos atrevemos a criticar su fechorías. Encima presumiendo»; d) En fecha 15 de junio de 2005. «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas, minuto 7:00, «el héroe de Perpiñán, el amigo de Josu Ternera»; e) en fecha 18 de noviembre de 2005. «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas, minuto 05:10, «me alegra mucho que comuniquen que Puigcercós, que era el jefe político de Terra Lliure, el Otegi de la época,... no sé si estará reconstruyendo algún comando Madrid, no sé». O más aún, como se desprende de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en estos autos: [calificando a ERC] «el partido separatista aliado de la ETA. El que pactó en Perpiñán con la ETA que los etarras pusieran coches bombas, por ejemplo, asesinaran a gente en toda España menos en Cataluña», «un partido paranoico, parecido al fascismo». O, por ejemplo en relación con el Sr. Carod Rovira, «se ha sentado con ETA para decidir dónde se atenta y dónde no, dónde se mata y dónde no», «las demandas de Carod-Rovira son las de Josu Ternera»; «el amigo de la ETA»; «las amenazas de Carod-Rovira son amenazas de ETA» o, en fin, «sus socios matan y ahora se hace el mártir».
-3. Unas imputaciones del tenor transcrito no pueden en modo alguno dejar de calificarse como atribuciones de «hechos», dotadas de una indudable relevancia pública y de una indiscutible gravedad, que hubieran debido de ser enjuiciadas con los criterios propios del canon de la libertad de información veraz del art. 20.1 d) CE (diligencia en la averiguación de los hechos). Es cierto, como sostiene la sentencia aprobada y ya se ha recordado, que no siempre es fácil escindir la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos; pero lo relevante en el caso a examen, a mi parecer, no es tanto que los juicios de valor y los hechos confluyan, como a menudo acontece, sino –y es afirmación que quiero enfatizar– que los hechos que se afirman son total y definitivamente condicionantes de la crítica efectuada. Tan es así que, si fueran abiertamente falsos o se hubieran presumido sin la diligencia propia de la veracidad informativa, esa crítica estaría huérfana del menor sostén argumentativo, entrando de lleno en el reino de la mera fantasía especulativa; máxime cuando alguna de esas declaraciones describen conductas que podrían calificarse como delictivas (articular comandos terroristas o pactar con una organización terrorista el lugar dónde realizará sus atentados, por ejemplo). Por ello, el canon de la veracidad propio de la libertad de información debería de haber entrado necesariamente en juego, en contra de lo que dice la sentencia aprobada. Por todo ello, el presente amparo responde a un tipo mixto, encuadrable en los arts. 20.1 a) y 20.1 d), en su colisión conflictiva con el art. 18.1 CE.
-No puedo compartir el criterio defendido en la sentencia de la que me aparto, conforme al cual las declaraciones del Sr. Jiménez Losantos revelan únicamente «la atribución de unos hechos de carácter noticiable consistentes en la descripción de la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Catalunya y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA». Si ya de por sí no es irrelevante la atribución de una determinada descripción a ese hecho, más entidad posee si cabe –encuadrando la dimensión constitucional del caso en el apartado d) del art. 20.1 CE– lo que se afirma que supuestamente aconteció en esa reunión: el pacto (incluso la insinuación de colaboración) con ETA.
-Tampoco me parece de recibo el otro argumento que se apunta en la sentencia para rechazar la implicación del art. 20.1 d) CE; a saber: que el periodista realizara tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido esos hechos y de que se hubiese informado ampliamente a la opinión pública de tales eventos a través de los medios de comunicación (en concreto, se cita la edición impresa de «ABC» de 30 de enero de 2004). A juicio de la mayoría de la Sala, ese factor temporal resulta determinante de que el enjuiciamiento deba efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, en lugar de conforme al canon de la veracidad exigido constitucionalmente en el derecho a comunicar información. No se ofrecen razones ni encuentro fundamento alguno, ni siquiera ligero, a esta tesis. Antes al contrario, el paso del tiempo hubiera exigido, en un caso como el que nos ocupa, una mayor diligencia en la búsqueda de fuentes de averiguación y contraste informativo. En otras palabras, de tener algún efecto, el transcurso del tiempo, lejos de diluir el deber de diligencia en la confrontación con la noticia y la crítica, lo acrecentaría, acentuando el nivel de responsabilidad del periodista. En suma, la preexistencia de noticias suministradas por otros medios sobre la cuestión controvertida no puede justificar sin más la imputación a representantes políticos de hechos tan graves e ilícitos como la colaboración con ETA, de conformidad con el supuesto pacto alcanzado, sin cumplimiento de las exigencias de la veracidad informativa.
-Por lo demás, y no es lo de menos, no puedo dejar de manifestar mi desconcierto por la referencia que hace la sentencia a la noticia publicada tiempo atrás en el citado medio de comunicación, publicación ésta que, en el criterio de la mayoría y como ya he destacado, parecería justificar la reconducción del caso en el exclusivo ámbito de cobertura constitucional del apartado a) del art. 20.1 CE. Este desconcierto deriva del incontestable hecho de que en ninguna de las resoluciones judiciales se cita esa circunstancia fáctica, no alcanzando a adivinar cómo puede entonces formar parte de nuestro pronunciamiento. A este respecto, no estará de más recordar –y no es la primera vez que he de rememorarlo en un Voto particular–, la invariabilidad de los hechos que nos impone el art. 44.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
-4. Tampoco comparto el juicio que efectúa la mayoría desde el prisma del art. 20.1 a) CE. Por lo pronto, porque es imprescindible dotar al reconocimiento constitucional de los partidos políticos, como instituciones básicas de nuestro Estado social y democrático de Derecho, de una doble consecuencia en los supuestos en los que concurren las libertades del art. 20 CE y el derecho al honor.
-La primera se enuncia en el texto de la sentencia y consiste en la sujeción de los partidos a una crítica singularmente intensa, precisamente por su función institucional; personalmente comparto que las instituciones centrales de la participación política deben estar sometidas, al igual que los personajes con responsabilidades públicas, a un mayor control de la comunidad y de la opinión. La segunda consecuencia en estos terrenos de colisión de derechos derivada del reconocimiento constitucional de los partidos políticos, sin embargo, apenas se esboza en el pronunciamiento del que discrepo, y es una fuente más de mi divergencia. Me refiero a las garantías necesarias vinculadas a esa crítica potencialmente más incisiva, que, insisto, postulo. Estimo que deberíamos haber enfatizado esa particular protección del derecho al honor de las instituciones centrales del sistema democrático, precisamente por la función que tienen constitucionalmente encomendada.
-Mantengo la firme convicción de que ambos planos son compatibles. El primero hace referencia a la intensidad potencial de la crítica constitucionalmente amparada. El segundo, en cambio, a la especial protección frente a críticas que no sean tales, sino meras difamaciones gratuitas, insultos, afrentas o insidias contra las instituciones centrales del Estado y los instrumentos de participación política de los ciudadanos, dirigidos a asegurar el pluralismo político y la formación y manifestación de la voluntad popular. Y es que, de lo contrario, el prestigio de esas instituciones puede quedar en el camino comprometido o progresivamente deteriorado. Del reconocimiento constitucional de los partidos políticos (art. 6 CE), en suma, deberíamos derivar una singular tutela frente a la difamación gratuita (art. 6 en relación con el art. 18 CE) y no sólo una mayor potencialidad de la crítica legítima. Las instituciones necesitan ser protegidas, no sólo debida e intensamente criticadas.
-Pero al margen de lo expuesto y descendiendo a lo particular, tampoco coincido con el juicio que se enuncia ex art. 20.1 a) CE a la vista de las circunstancias del caso. La formación y existencia de una opinión pública libre, y los márgenes de la libertad de expresión que a ella cooperan, nada tienen que ver con la imputación de hechos, incluso delictivos, infundada y en absoluto indagada o mínimamente verificada a las instituciones básicas del sistema democrático. Algunas de las calificaciones vertidas por el Sr. Jiménez Losantos sobre el proceder de los recurrentes de amparo, a los que se les tildó como «pistoleros no arrepentidos», «terroristas» o «asesinos», sobrepasan con creces el más exigente ámbito de licitud de la libertad de expresión, entrando de lleno y sin ambages en el territorio del insulto y la injuria, en modo alguno protegido por aquella libertad. Tales calificativos no son opinión; son, sencillamente, anti-opinión; una perversión de la por tantas razones respetable función informativa.
-5. En mi criterio y a la vista del supuesto enjuiciado, la única posibilidad de justificar ese tipo de juicios de valor hubiera acaecido mediante la debida acreditación, siquiera indiciariamente, con diligencia de averiguación y contraste, de la conexión causal entre crítica efectuada e información transmitida (hechos). En otro caso, a falta de la más mínima expresión de diligencia, no se puede aceptar la equiparación o vinculación de un partido democrático y de sus dirigentes con una organización ilegal y terrorista. Con afirmaciones de semejante tenor, es la existencia del propio Estado social y democrático de Derecho la que queda comprometida y denigrada.
-A pesar de la centralidad de esta conexión y al haberse excluido de esta demanda el examen ex art. 20.1 d) CE, me resulta inviable vislumbrar en la sentencia una decidida voluntad de construir tal asociación entre hechos y juicios de valor. A diferencia del caso resuelto por la STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 5, a la que paradójicamente se refiere el pronunciamiento de la mayoría, no está demostrado esta vez que las imputaciones que hace el Sr. Jiménez Losantos respondan a hechos veraces de conformidad con los criterios de constitucionalidad al uso, ni que constituyan informaciones fiables que sean resultado de una investigación seria. Sin el contraste y comprobación a los que viene obligada la profesionalidad informativa, lo que queda es una mera estigmatización y desacreditación personales, además de un ataque virulento a la reputación política de representantes públicos. Es este, sin embargo, un comportamiento por completo ajeno a la libertad de opinión constitucionalmente amparada, en tanto que consiste en la imputación sensacionalista de actos ilegales a un partido político y sus dirigentes, quienes, como se ha hecho constar, deberían de contar, de conformidad con su función constitucional, con una singular protección de su derecho al honor.
-Por todas estas razones, que evidencian la minusvaloración de elementos sustantivos imprescindibles en la resolución del presente recurso de amparo, entiendo que la sentencia que lo ha sustanciado debió de haber reconocido la violación del art. 18.1 CE. La estimación del amparo resultaba ser así la única respuesta posible.
-Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil catorce.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado.","El Tribunal Constitucional deniega el amparo solicitado por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya.",De esta noticia de hace días >  Esta sentencia de hoy >  #BOE
-1820,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
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+2013-04-05,,BOE-A-2013-3646,"Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de Estabilidad Presupuestaria.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo_2'>Madrid, 21 de marzo de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.</p>
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+<p class='anexo_tit'>Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de Estabilidad Presupuestaria</p>
+<p class='parrafo_2'>La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en su reunión celebrada el día 28 de enero de 2013, ha adoptado el siguiente Acuerdo:</p>
+<p class='parrafo_2'>1. De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de fecha 18 de julio de 2012, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 2.2, 4.2, 6, 8.1 y 9 de la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de Estabilidad Presupuestaria, ambas partes las consideran solventadas en razón a su interpretación como disposiciones adoptadas en ejercicio del mandato que resulta del art. 135.6 de la Constitución Española y en los términos que establece el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el marco de los principios y la normativa del Estado y la Unión Europea. En consecuencia las prescripciones expresadas en dichos artículos de la Ley catalana no excluyen la necesaria observancia de las prescripciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino que expresan condiciones complementarias a aquellas, determinadas por el Parlamento de Cataluña en ejercicio de sus potestades legislativas y su función presupuestaria en orden a un más severo cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.</p>
+<p class='parrafo'>2. En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a los preceptos contemplados en este acuerdo y concluidas las controversias planteadas.</p>
+<p class='parrafo'>3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».</p>
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+La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en su reunión celebrada el día 28 de enero de 2013, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
+1. De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de fecha 18 de julio de 2012, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 2.2, 4.2, 6, 8.1 y 9 de la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de Estabilidad Presupuestaria, ambas partes las consideran solventadas en razón a su interpretación como disposiciones adoptadas en ejercicio del mandato que resulta del art. 135.6 de la Constitución Española y en los términos que establece el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el marco de los principios y la normativa del Estado y la Unión Europea. En consecuencia las prescripciones expresadas en dichos artículos de la Ley catalana no excluyen la necesaria observancia de las prescripciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino que expresan condiciones complementarias a aquellas, determinadas por el Parlamento de Cataluña en ejercicio de sus potestades legislativas y su función presupuestaria en orden a un más severo cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
+2. En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a los preceptos contemplados en este acuerdo y concluidas las controversias planteadas.
+3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».","Que dice el Gob. que vale, que Catalunya puede llegar al 0,14% de déficit dos años antes, en 2018, que les dejan  #BOE",[],OTROS_ANUNCIOS,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,"Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de Estabilidad Presupuestaria",,[],2256,0.557404,419
+2014-03-03,,BOE-A-2014-2315,"Resolución de 7 de enero de 2014, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se publican las subvenciones concedidas en base a la convocatoria establecida en la Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>La Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio de 2013), convocaba la concesión de subvenciones para la realización de actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social, y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal cuyas bases reguladoras vienen incorporadas en la convocatoria de estas subvenciones para el año 2013.</p>
+<p class='parrafo'>Por resolución del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de fecha 17 de diciembre de 2013, se concedieron con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.484 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, subvenciones por un importe global de 1.560.473,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo I de la presente resolución; conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.441 de dichos presupuestos subvenciones por un importe global de 16.526,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo II; conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.470 de los citados presupuestos subvenciones por un importe global de 13.000,00 euros a las entidades reseñadas en el anexo III y con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.485 subvenciones por un importe global de 1.225.560,00 euros a las entidades relacionadas en los anexos IV, V, VI y VII de la presente resolución.</p>
+<p class='parrafo'>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas en las citadas resoluciones y que figuran en los anexos que se acompañan.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de enero de 2014.–El Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel García Martín.</p>
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+</texto>
+</documento>
+",Mon Mar 03 08:33:41 +0000 2014,"La Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio de 2013), convocaba la concesión de subvenciones para la realización de actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social, y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal cuyas bases reguladoras vienen incorporadas en la convocatoria de estas subvenciones para el año 2013.
+Por resolución del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de fecha 17 de diciembre de 2013, se concedieron con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.484 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, subvenciones por un importe global de 1.560.473,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo I de la presente resolución; conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.441 de dichos presupuestos subvenciones por un importe global de 16.526,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo II; conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.470 de los citados presupuestos subvenciones por un importe global de 13.000,00 euros a las entidades reseñadas en el anexo III y con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.485 subvenciones por un importe global de 1.225.560,00 euros a las entidades relacionadas en los anexos IV, V, VI y VII de la presente resolución.
+En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas en las citadas resoluciones y que figuran en los anexos que se acompañan.
+Madrid, 7 de enero de 2014.–El Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel García Martín.","Y sí, como sospechábais, muchas de las charlas de ""Emprender mola"" que crecen como setas estaban subvencionadas  #BOE",['103' '131'],SUBVENCIONES,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"Concedieron subvenciones por un importe global de 1.560.473,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo I ",,[],2138,0.5688725,305
+2013-08-01,,BOE-B-2013-29946,Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de 'servicios de mantenimiento de los centros y sistemas de gestión centralizada de los servicios de telecomunicaciones de las líneas de alta velocidad de Adif'.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<observaciones>Se modifica apertura por anuncio publicado el 21 de octubre de 2013 BOE-B-2013-39327.
+Mantenimiento de los centros y sistemas de gestión centralizada de los servicios de telecomunicaciones de las líneas de alta velocidad</observaciones>
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+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
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+<dd>
+<dl>
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+<dd>Subdirección de Contratación (Explotación).</dd>
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+<dd>C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de Chamartín. Edificio 22.</dd>
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+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>91.300.75.88.</dd>
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+<dd>91.300.66.23.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>auruciero@adif.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.adif.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el día 26 de septiembre de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>2.13/20506.0046.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicios arriba indicados.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>24 meses.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Sí.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>50330000-7.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Varios criterios.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>1.581.585,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.265.268,00 euros. Importe total: 1.530.974,28 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): 37.958,04 euros.  Definitiva (%): 5% si el importe de adjudicación se sitúa entre el 0% y el 10% de baja sobre el presupuesto de licitación. 6% si el importe de adjudicación se sitúa entre el 10% y el 15% de baja sobre el presupuesto de licitación. 7% si el importe de adjudicación se sitúa entre el 15% y el 20% de baja sobre el presupuesto de licitación. 8% si el importe de adjudicación se sitúa entre el 20% y el 25% de baja sobre el presupuesto de licitación. 9% si el importe de adjudicación se sitúa entre el 25% y el 30% de baja sobre el presupuesto de licitación. 10% si el importe de adjudicación representa una baja superior al 30% sobre el presupuesto de licitación. En caso de que la adjudicación recaiga sobre una oferta anormalmente baja, el porcentaje de la garantía definitiva será siempre del 10% del precio de adjudicación (todos los importes se entienden IVA excluido).</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Según se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las once (11:00) horas del día 27 de septiembre de 2013.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Subdirección de Contratación (Explotación).</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de Chamartín. Edificio 22.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28036.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>4 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de Chamartín. Edificio 22.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28036.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Día 17 de octubre de 2013, a las diez y treinta (10:30) horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>Día 29 de julio de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de julio de 2013.- El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Financiera y Corporativa.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Aug 01 06:42:06 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
 Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
@@ -218,3019 +355,2004 @@ Día 17 de octubre de 2013, a las diez y treinta (10:30) horas.
 Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.
 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
 Día 29 de julio de 2013.
-Madrid, 29 de julio de 2013.- El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Financiera y Corporativa.","Licitación sin descripción por importe de 1.530.974,28 euros de la Dirección General Financiera y Corporativa.","@Adif_es Buenos días, ¿me pueden indicar dónde están los pliegos de esta licitación?  Gracias"
-3513,"El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Comunidad Autónoma de Cataluña, han suscrito un Acuerdo de modificación del Convenio entre la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, que figura como anexo a esta resolución.
-Madrid, 14 de abril de 2014.–La Directora General de Política e Industrias Culturales y
-del Libro, Teresa Lizaranzu Perinat.
-ANEXO
-Acuerdo de modificación del Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona
-En Madrid, a 7 de abril de 2014.
-REUNIDOS
-De una parte, don José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre), y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 6 y la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
-De la otra, el Hble. señor Ferrán Mascarell i Canalda, Consejero de Cultura, nombrado por Decreto 202/2010, de 27 de diciembre, en representación de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en virtud de las facultades reconocidas en el artículo 12 k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
-Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente Acuerdo.
-MANIFIESTAN
-Por resolución de 16 de abril de 1982, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, se dispone la publicación de, entre otros, el Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1982). El acuerdo 1.1 del Convenio incluye la biblioteca pública de titularidad estatal de Girona en el ámbito de aplicación del mismo.
-Al amparo de lo dispuesto en el acuerdo 4 de dicho Convenio, se ha llevado a cabo la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona, de acuerdo con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Finalizadas las obras de construcción, se considera conveniente realizar el traslado de la Biblioteca de la sede actual al nuevo edificio, situado en la calle Emili Grahit, s/n, cuya titularidad pertenece al Estado, con la finalidad de hacer posible el mejor funcionamiento del servicio público que presta la institución citada.
-Por lo anteriormente expuesto, se formaliza dicho cambio de sede conforme a las siguientes
-CLÁUSULAS
-Primera.
-Se acuerda formalizar el traslado de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona de su sede actual al inmueble de titularidad estatal situado en la calle Emili Grahit, s/n.
-Segunda.
-El régimen de gestión y los compromisos establecidos por las partes firmantes del Convenio para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal no se modifican ni alteran por el cambio de sede.
-El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.–El Consejero de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda.",Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal.,"Curiosidades chorras: un ministro es ""don"", pero un conseller es ""honorable""  #BOE"
-820,"El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia.
-El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública.
-Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio.
-Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos.
-A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad.
-En su virtud, dispongo:
-Primero. Objeto.
-El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas.
-Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015.
-1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor.
-2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores.
-3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carácter vinculante o exhaustivo, sino orientativo, pues cabe la posibilidad de convocar nuevas ayudas, suprimirlas o modificarlas por necesidades sobrevenidas a lo largo de la anualidad, de conformidad con la legislación presupuestaria.
-Tercero. Medidas para la mejora de la gestión y tramitación de ayudas.
-El Ministerio llevará a cabo de manera paulatina una racionalización de los instrumentos reguladores existentes en materia de concesión de subvenciones con vistas a lograr una mejor y más eficiente gestión y tramitación de dichas ayudas.
-Cuarto. Medidas para la mejora de la tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas.
-1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las distintas fases del procedimiento de concesión de ayudas cuando así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas.
-La información sobre identificación, normativa regulatoria, sistemas de firmas aceptados, etc. de las sedes electrónicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentran en la dirección https://sede.educacion.gob.es/identifica-sede.html para la Sede Electrónica Educación y en la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp para la Sede Electrónica Cultura.
-2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará, según sus bases reguladoras, a través de la sede electrónica del organismo.
-3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en los procedimientos iniciados por medios electrónicos, las bases reguladoras podrán establecer que los interesados aporten al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original.
-4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo.
-5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables.
-6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las bases reguladoras podrán establecer que las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realicen bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
-7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan.
-Quinto. Medidas para la mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación.
-1. Tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hará constar expresamente la no exigencia de aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, siempre que tales datos o documentos sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos.
-En el caso de tratarse de datos de carácter personal deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o bien amparado por una norma con rango de ley.
-En los casos en que el interesado no autorice el acceso a su información, deberá presentar él mismo la documentación.
-2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones, cuando la normativa reguladora de la ayuda así lo prevea expresamente.
-Sexto. Medidas para favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres
-1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la mencionada ley orgánica.
-2. En aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, podrá establecerse asimismo como criterio objetivo de valoración de las entidades solicitantes, la existencia de planes de igualdad que contemplen medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.
-Se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas.
-Se promoverá la paridad en los tribunales responsables de valorar la concesión de ayudas y subvenciones, cuando los haya.
-Con vistas a incrementar la participación de las mujeres en el ámbito científico, tecnológico e investigador, se adoptarán paulatinamente medidas que refuercen la aplicación y seguimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, a través del Consejo de Universidades.
-Séptimo. Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
-1. El Ministerio incorporará paulatinamente medidas de acción positiva en las ayudas y subvenciones con vistas a promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural, tal y como establece el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
-2. Se podrá incorporar como criterio de valoración, de acuerdo con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el fomento de programas para mejorar la empleabilidad, el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables por parte de las entidades solicitantes.
-Octavo. Ayudas procedentes de la Unión Europea.
-El organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lleva a cabo la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020), además de otras iniciativas europeas. La información sobre las ayudas que ofrece el programa Erasmus+ puede encontrarse en las direcciones: www.sepie.es y www.erasmusplus.gob.es».
-Noveno. Efectos
-Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 9 de marzo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.","Orden para la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015","1,32M para fundaciones partidos vs 990.000€ para edición libros. Apoyo oferta legal audiovisual en Internet: 1,8M "
-3500,"El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
-EN NOMBRE DEL REY
-la siguiente
-SENTENCIA
-En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3460-2011, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación con el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Consejo de Gobierno de Cantabria y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
-I. Antecedentes
-1. El día 16 de junio de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal oficio del Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, al que se acompaña, junto con el testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento de conflicto colectivo núm. 85-2011, el Auto del referido órgano judicial de 6 de junio de 2011 por el que se acuerda plantear ante cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por la posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE.
-2. Los hechos de los que trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
-a) Ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander se sigue procedimiento de conflicto colectivo núm. 85-2011, en virtud de sendas demandas formuladas por la representación del Sindicato Independiente de Empleados Públicos, frente a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria y la sección sindical de Comisiones Obreras en dicha empresa, así como por la representación del sindicato Comisiones Obreras de Cantabria frente a la citada sociedad y a la sección sindical del Sindicato Independiente de Empleados Públicos. Ambas demandas, cuya acumulación fue acordada mediante Auto del Juzgado de 31 de marzo de 2011, tienen su origen en la decisión de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria de proceder a la regulación salarial de su personal en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, de modificación de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, por la que se trasladan al ámbito de dicha Comunidad Autónoma las previsiones contempladas en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
-En el art. 1.2 de dicho Real Decreto-ley –que modifica el art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010– se respeta el límite máximo de incremento salarial inicialmente previsto para el personal al servicio del sector público hasta el 31 de mayo de 2010 y se procede a aplicar, a partir del 1 de junio de 2010, una reducción de sus retribuciones del 5 por 100 en términos anuales respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. Por su parte, en la disposición adicional novena del mismo Real Decreto-ley se excluye expresamente de la citada reducción salarial, en lo que aquí interesa, al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
-En concreto, el precepto a aplicar en el proceso a quo resulta ser el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por el que se modifica el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010. En este precepto se establece que, con efectos desde el 1 de junio de 2010, el personal, entre otros, de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual. Y ello, en contraposición a lo pactado en el II convenio colectivo del personal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., firmado el 16 de noviembre de 2010, que prevé un incremento salarial del 2 por 100 para el año 2009 y del 0,3 por 100 para el año 2010, y cuya aplicación pretenden los recurrentes.
-b) Celebrado el juicio oral en el procedimiento de conflicto colectivo, fueron declarados los autos conclusos para sentencia y, mediante Auto de 19 de abril de 2011, el Juzgado, de conformidad con el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días alegaran lo que estimasen oportuno acerca de la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por presunta vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Tanto los demandantes como el Ministerio Fiscal manifestaron su conformidad con el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que la representación procesal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria se opuso al planteamiento de la cuestión, por entender que el precepto cuestionado no incurre en ninguna de las vulneraciones constitucionales indicadas.
-3. En el Auto de 6 de junio de 2011, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que a continuación resumimos.
-Comienza el Juzgado haciendo alusión al contenido de las demandas y a su coincidencia en las fundamentaciones y en la solicitud del planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Cantabria 5/2010, si bien, en el caso de la demanda interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras de Cantabria se solicita dicho planteamiento también respecto al Real Decreto-ley 8/2010.
-A este respecto, expresa el Auto el juicio de relevancia, señalando que la decisión empresarial de reducir la masa salarial a sus empleados es consecuencia directa de la aplicación de una norma con rango de ley dictada por la Comunidad Autónoma de Cantabria: el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de Cantabria, en su redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de cuya validez depende el fallo. De no existir esta última norma no se habría acordado la reducción salarial de los trabajadores afectados en el presente conflicto colectivo, puesto que el Real Decreto-ley 8/2010 excluye a dicho personal de tal medida y, por tanto, de él no depende el fallo.
-En cuanto a los concretos motivos de inconstitucionalidad de la normativa legal cuestionada se alude a la vulneración de los arts. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Se pone de manifiesto, al respecto, que el art. 22.1 g) de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010, señala que «a efectos de lo establecido en el presente artículo constituyen el sector público … g) las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación». Sin embargo, a efectos de determinar el concreto ámbito de la reducción salarial, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 prescribe que lo dispuesto en dicha Ley «en la redacción dada por el presente Real Decreto-ley en lo relativo a la reducción salarial, no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno. g) del artículo 22 de la citada Ley … salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
-Hasta tal punto existe, en opinión del Juzgado promotor de la cuestión, voluntad clara de excluir la reducción salarial respecto de ese colectivo de trabajadores, que la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8 /2010 dispone que «lo dispuesto en el artículo 1, apartado dos y tres y disposición adicional novena de este Real Decreto-ley, tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 de la Constitución». En definitiva, señala el Juzgado de lo Social que queda claro que la legislación básica estatal, dictada al amparo de los preceptos constitucionales recién citados, excluye la reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación.
-Asimismo, se considera vulnerado el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE). No desconoce el Juzgado que los convenios colectivos pueden quedar afectados por la regulación legal. Pero, en el presente caso, es el propio bloque de constitucionalidad, a través de una norma dictada con carácter de legislación básica, el que establece la necesidad de acudir a la negociación colectiva como única vía para acordar una medida de reducción salarial. Por ello, la Ley cántabra cercenaría esa negociación colectiva al aplicar la reducción salarial a todo el personal de organismos y entidades integrantes del sector público administrativo, empresarial y fundacional de la Administración de la Comunidad Autónoma.
-Por último, se habría visto infringido el art. 9.3 CE, que prohíbe la retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, al establecerse la reducción salarial con efectos de 1 de junio de 2010, pues la disposición final de la Ley 5/2010 establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria» (13 de julio de 2010), afectando, por tanto, a derechos devengados, nacidos e incluso percibidos en las nóminas del mes de junio de 2010.
-4. Mediante providencia de 13 de septiembre de 2011, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y reservar para sí el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10.1.c) LOTC; dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cantabria, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente se acordó comunicar dicha resolución al Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria».
-5. El día 23 de septiembre de 2011 el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal que la Presidencia de dicha Cámara, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, acordó dar por personada en el proceso a la Cámara Alta, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. En similares términos se expresa la comunicación del día 5 de octubre de 2011 del Presidente del Congreso de los Diputados, dando traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de su Diputación Permanente.
-6. El Abogado del Estado se personó en el procedimiento en nombre del Gobierno mediante escrito registrado el 7 de octubre de 2011, en el que se comienza precisando que la cuestión debe entenderse ceñida al término «empresarial» del primer párrafo del cuestionado art. 27.4 de la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, en la redacción dada por la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, toda vez que el litigio a quo es un proceso laboral de conflicto colectivo trabado respecto de una sociedad anónima de la que es único socio la Comunidad Autónoma de Cantabria y que recibe aportaciones presupuestarias de esta.
-Señala a continuación el Abogado del Estado que nos encontramos ante una cuestión basada en una pretendida inconstitucionalidad mediata de la norma cuestionada. Por este motivo el Abogado del Estado dirige su argumentación a fundamentar el carácter básico de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, que el Juzgado promotor de la cuestión entiende quebrantada por el precepto autonómico cuestionado. A este respecto, destaca en primer lugar el Abogado del Estado el innegable carácter básico de la citada disposición adicional desde el punto de vista formal. Asimismo, afirma su carácter materialmente básico, conforme a lo dispuesto en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, dejando al margen el análisis de la norma desde la perspectiva del art. 149.3 CE, porque el Juzgado proponente nada razona sobre su infracción y porque, aunque se entendiera que se refiere a la regla de prevalencia, la discusión sería ociosa, dado que la vinculación del legislador autonómico a la norma básica se desprende sin más de su propia naturaleza.
-Sostiene el Abogado del Estado que la reducción de retribuciones con efectos desde el 1 de junio de 2010 que establece el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, básico según su disposición final segunda, es una típica medida de reducción del gasto público y, por ende, del déficit público, que, de acuerdo con reiterada doctrina constitucional, se ampara en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE. En cuanto a la disposición adicional novena, que contiene una excepción a la medida básica de reducción salarial, está dotada también de carácter básico con arreglo a la máxima «si básica es la regla, básica debe ser la excepción», extraída de la doctrina constitucional (cita el Abogado del Estado las SSTC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 8; 174/1998, de 23 de julio, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 38; 38/2004, de 11 de marzo, FJ 3; y 31/2006, de 1 de febrero, FJ 4).
-Tal regla básica, en su proyección sobre el sector público estatal, ha de interpretarse según el Abogado del Estado como un precepto imperativo que niega aplicación directa al mandato legal de reducción salarial y exige la mediación del convenio colectivo para su imposición a tres entidades públicas empresariales estatales nominativamente indicadas y a las sociedades mercantiles estatales. Pero, en su proyección sobre el legislador autonómico, para dejarle un margen de maniobra a este, la disposición final novena debe entenderse simplemente como permisiva, es decir, como generadora de una opción libre, de manera que aquel podrá, tanto seguir la pauta marcada para las sociedades mercantiles estatales, como aplicar directamente a todo el sector público autonómico, incluidas las sociedades mercantiles en él integradas, la reducción salarial, como ha hecho el legislador cántabro. Esta decisión vendría justificada, además, de acuerdo a dos argumentos adicionales. El primero, que en virtud del principio de jerarquía normativa es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse a las normas con rango de ley (también las autonómicas) y no al revés y ello no puede venir alterado por lo dispuesto en una ley ordinaria estatal de carácter básico; menos aún si se trata de una disposición legislativa de urgencia, que tiene constitucionalmente prohibido afectar «al régimen de las Comunidades Autónomas» (art. 86.1 CE). El segundo argumento sería que la reducción del 5 por 100 aplicado a las Comunidades Autónomas, ha de interpretarse como un «tope» o mínimo obligatorio de reducción retributiva que aquellas pueden llevar más allá de acuerdo con su propia política de contención del déficit, tanto en la cuantía de la reducción, como en los sujetos afectados por ella.
-En consecuencia, el Abogado del Estado solicita la desestimación de la cuestión.
-7. También con fecha 7 de octubre de 2011 presentó su escrito de alegaciones el Letrado del Gobierno de Cantabria, que interesa la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
-Al igual que el Abogado del Estado, entiende la representación del Gobierno de Cantabria que el Real Decreto-ley 8/2010 establece una medida de contención del gasto que es, por tanto, encuadrable en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE y no en la materia de función pública (art. 149.1.18 CE). Dicha regulación ha de concebirse como un tope máximo o techo que prohíbe a las Comunidades Autónomas prever incrementos superiores a los de la Ley de presupuestos del Estado, pero no impide establecer mayores reducciones. Por ello, se entiende que la norma autonómica cuestionada no es contraria a la legislación básica estatal en este punto. Tampoco sería contraria al principio de igualdad, pues extiende la reducción salarial a las empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, igualando así a todos los empleados del sector público.
-Asimismo, se rechaza la posible contradicción con el derecho a la negociación colectiva recogido en el art. 37.1 CE, pues el convenio colectivo, conforme a jurisprudencia constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, está sujeto al principio de jerarquía normativa y, en consecuencia, el convenio pierde eficacia en la parte que sea modificada por una ley posterior.
-Por último, en cuanto a los posibles efectos retroactivos del precepto legal controvertido, se entiende que no hay infracción del art. 9.3 CE, pues no afecta a derechos devengados, nacidos ni percibidos en junio de 2010, sino que sólo contempla la manera de computar la reducción de las retribuciones salariales (un 5 por 100 del conjunto de retribuciones en cómputo anual), sin imponer la manera de obtener dicho resultado.
-8. Por escrito registrado el 11 de octubre de 2011, el Parlamento de Cantabria ofrece su colaboración a este Tribunal.
-9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal el 14 de octubre de 2011, poniendo de manifiesto que el art. 27.4 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, es contrario a los art. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. La regulación relativa a las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas contenida en el Real Decreto-ley 8/2010 se enmarca en el ámbito de dichos preceptos constitucionales, pues se trata de una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público. La normativa autonómica cuestionada, al contradecir lo dispuesto en el Real Decreto-ley, estaría vulnerando de forma mediata tales preceptos.
-En cuanto a los efectos retroactivos de la norma autonómica controvertida, entiende el Fiscal General del Estado que nos encontramos ante una retroactividad denominada doctrinalmente de «grado máximo», por aplicarse no sólo a actos realizados en periodos de tiempo anteriores, sino incluso a actos ya consumados y que han surtido los efectos jurídicos previstos en la normativa anterior que pretende modificarse con la norma retroactiva, vulnerándose por ello la interdicción de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE).
-10. Mediante providencia de 17 de diciembre de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
-II. Fundamentos jurídicos
-1. El Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, que establece lo siguiente:
-«Cuatro. Las retribuciones del personal de los organismos y entidades integrantes del sector público administrativo, empresarial y fundacional de la Administración de la Comunidad Autónoma no experimentarán un incremento superior al señalado en la presente Ley para los empleados públicos.
-Con efectos de 1 de junio de 2010, las retribuciones del personal citado en el párrafo anterior, experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual.»
-Según el Juzgado promotor de la cuestión, el precepto controvertido vulneraría, en primer lugar, los arts. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE, pues la normativa básica en esta materia, esto es, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, excluye al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual prevista con carácter general para los empleados públicos (art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010), «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
-De esta manera, se vulneraría igualmente, según el Juzgado promotor, el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), pues es la propia ley básica la que establece la necesidad de acudir a la negociación colectiva como única vía para acordar una medida de reducción salarial, cosa que, en este caso, no sólo no se ha producido, sino que, por el contrario, el precepto cuestionado entra en contradicción con el II convenio colectivo del personal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., firmado el 16 de noviembre de 2010, que establece un incremento salarial del 2 por 100 para el año 2009 y del 0,3 por 100 para el año 2010.
-Por último, se infringiría también el art. 9.3 CE, que prohíbe la retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, al establecerse la reducción salarial con efectos de 1 de junio de 2010, siendo así que la disposición final de la Ley 5/2010, de 6 de julio, establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria» (13 de julio de 2010), por lo que el precepto cuestionado afecta a derechos devengados, nacidos e incluso percibidos en las nóminas de junio de 2010.
-El Fiscal General del Estado coincide con el juicio de inconstitucionalidad formulado por el órgano judicial proponente de la presente cuestión, por lo que interesa su estimación, en tanto que el Abogado del Estado y el Letrado del Gobierno de Cantabria discrepan del mismo, solicitando la desestimación de la cuestión, en los términos que se detallan en los antecedentes de esta Sentencia.
-2. Antes de abordar el examen de la constitucionalidad del precepto legal cuestionado, es preciso señalar, en cuanto a la delimitación del objeto de nuestro pronunciamiento de fondo, que, como pone de manifiesto el Abogado del Estado, aun cuando el Auto de planteamiento cuestiona en su integridad el apartado cuatro del art. 27 de la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, la duda de constitucionalidad debe entenderse ceñida a lo dispuesto en dicho precepto sobre las retribuciones del personal de los organismos y entidades integrantes del sector público «empresarial», en tanto que el litigio a quo es un proceso laboral de conflicto colectivo trabado respecto a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., sociedad mercantil de la que es socio único la Comunidad Autónoma de Cantabria, como ya se dijo.
-3. El Juzgado proponente de la cuestión no pone en duda que la Comunidad Autónoma de Cantabria tenga competencia, con carácter general, para establecer una medida de reducción del gasto como la que aquí nos corresponde examinar. Lo que plantea, conforme a lo expuesto, es la existencia de una inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulneración de la normativa básica, de la que se derivaría la infracción de lo dispuesto en los arts. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. No obstante debe precisarse que la pretendida infracción del art. 149.3 CE ha de quedar en todo caso fuera de nuestro examen, toda vez que, como señala el Abogado del Estado, el Juzgado no ofrece en su Auto de planteamiento de la cuestión ningún razonamiento para fundamentar la vulneración de dicho precepto constitucional, en relación con alguna de las reglas o cláusulas que el mismo contempla (cláusula de asunción, cláusula residual, cláusula de prevalencia y cláusula de supletoriedad).
-Al problema de la inconstitucionalidad mediata o indirecta añade el Juzgado, como se ha visto, la infracción del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y de la prohibición de retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE).
-4. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la inconstitucionalidad mediata del precepto cuestionado, resulta que la norma básica que el Juzgado promotor de la presente cuestión de inconstitucionalidad considera infringida es la prevista en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, en la medida que esta disposición excluye al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos (o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación) de la reducción salarial del 5 por 100 impuesta con carácter general a todos los empleados públicos en el art. 22.2.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2010, en su redacción dada por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, salvo que por negociación colectiva las partes decidan la aplicación de la referida reducción salarial.
-Conforme a nuestra reiterada doctrina (por todas, SSTC 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 2; y 159/2012, de 17 de septiembre, FJ 2), para constatar la existencia de una inconstitucionalidad mediata o indirecta es necesaria la concurrencia de dos circunstancias: primero, que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado. Y, en segundo lugar, que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa.
-Por lo que respecta a la concurrencia de la primera circunstancia mencionada, resulta indiscutible el carácter básico de la norma de contraste (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) desde la perspectiva formal, porque tiene rango legal y la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010 en el que se inserta le atribuye expresamente carácter básico, al dictarse «al amparo de los artículos 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 de la Constitución».
-En cuanto a la perspectiva material, debemos comenzar trayendo a colación, por su cercanía al caso que nos ocupa, nuestra doctrina en relación con la cuantificación de los derechos económicos de los empleados públicos en la Ley de presupuestos generales del Estado. Dicha doctrina constitucional arranca de la STC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 11, donde tuvimos ocasión de señalar que cuando tal cuantificación tiene un carácter meramente coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo «constituye una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público», por lo que «su encuadramiento competencial adecuado es el título reservado al Estado por el art. 149.1.13 CE (en particular, STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3)» (STC 139/2005, de 26 de mayo, FJ 7).
-Dicho encuadramiento competencial ha llevado a este Tribunal a relacionar ese tipo de medidas con los posibles límites de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 156.1 CE), una de cuyas facetas más significativas es la capacidad para definir sus gastos en los correspondientes presupuestos. Tal autonomía aparece sometida a ciertos límites materiales que no son incompatibles con el reconocimiento de la realidad constitucional de las haciendas autonómicas (STC 14/1986, de 31 de enero), entre los que se encuentran «los derivados de la solidaridad entre todos los españoles y de la necesaria coordinación con la Hacienda del Estado, expresamente establecidos en el art. 156.1 de la Constitución» (STC 63/1986, FJ 11). En tal sentido, este Tribunal ha considerado justificado que, «en razón de una política de contención de la inflación a través de la reducción del déficit público, y de prioridad de las inversiones públicas frente a los gastos consuntivos, se establezcan por el Estado topes máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos, como los que impone el apartado 3.° del impugnado art. 2 de la Ley 44/1983, respecto de la masa salarial global para el personal laboral al servicio de las Administraciones y Organismos públicos, lo que, por otra parte, no vacía, aunque condicione la autonomía de gasto de las Comunidades» (STC 63/1986, FJ 11).
-Por todo ello, también de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, este tipo de medidas de contención de gastos de personal encontraría cobertura competencial en el principio de coordinación con la hacienda estatal reconocido en el art. 156.1 CE, puesto que la incidencia en la autonomía financiera y presupuestaria de las Comunidades Autónomas está directamente relacionada con la responsabilidad del Estado de garantizar el equilibrio económico general (por todas, SSTC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 2; 103/1997, de 22 de mayo FJ 1; y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6).
-Particular importancia reviste para el análisis de constitucionalidad que nos corresponde llevar a cabo ahora la doctrina sentada en la STC 171/1996, de 30 de octubre, respecto a la fijación en la Ley de presupuestos generales del Estado de topes al incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, incluyendo al de las Comunidades Autónomas. Admitió entonces este Tribunal la posibilidad de establecer esta suerte de restricciones a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas por fundamentar su carácter básico en el art. 149.1.13 CE y, al mismo tiempo, en el límite a la autonomía financiera que establece el principio de coordinación del art. 156.1 CE. Este último condicionamiento, «en virtud de lo establecido en el art. 2.1.b) LOFCA, exige a las Comunidades Autónomas que su actividad financiera se acomode a las medidas oportunas que adopte el Estado ‘tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa’, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general. Así, pues, como ya indicamos en la STC 63/1986 (fundamento jurídico 11), también con base en el principio de coordinación delimitado por la LOFCA cabe justificar que el Estado acuerde una medida unilateral con fuerza normativa general susceptible de incidir en las competencias autonómicas en materia presupuestaria» (STC 171/1996, FJ 2).
-5. A la luz de la citada doctrina ha de examinarse el carácter materialmente básico de la norma estatal de contraste, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, que establece una excepción respecto a la regla general contenida en el art. 1.2 del propio Real Decreto-ley 8/2010, en la que se fija una reducción del 5 por 100 en cómputo anual para el conjunto de las retribuciones del personal del sector público, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.
-En cuanto a la regla general de reducción del 5 por 100 de las retribuciones de los empleados públicos – cuyo carácter básico conforme a los arts. 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 CE es afirmado igualmente en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010– este Tribunal ya ha indicado reiteradamente que se trata de «una medida dirigida a la contención de los gastos del personal» [por todos, AATC 179/2011, de 13 de diciembre, FJ 7 b) y 246/2012, de 18 de diciembre, FJ 4], situándola así en el ámbito competencial estatal definido por los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, en consonancia con la doctrina constitucional antes mencionada. Se trata, pues, de una norma básica en el doble sentido material y formal.
-Por su parte, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 –cuyo carácter básico en sentido formal no ofrece ninguna duda, como ya dijimos– «excepciona de esta regla general, no siéndoles por tanto de aplicación la referida reducción salarial» (ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 5), al personal no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado 1 g) del art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010 (las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinados a cubrir déficit de explotación), ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
-Si básica es la regla general de reducción salarial del 5 por 100, en cómputo anual, de las retribuciones del personal del sector público, contenida en el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010 (que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010), básica debe ser también la excepción destinada al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, en tanto que esta norma contribuye a la delimitación exacta del alcance de la medida de contención del gasto. Como señala el Abogado del Estado, «si básica es la regla, básica debe ser también la excepción» [STC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 8 e)]. De este modo se articula un régimen jurídico homogéneo que asegura un tratamiento común en cuanto a la aplicación de la reducción salarial al personal laboral no directivo de las empresas públicas en todo el territorio nacional.
-En efecto, el legislador básico ha establecido sendas exclusiones, ambas referidas al personal laboral, en cuanto al ámbito de aplicación subjetivo de la regla general de reducción salarial del 5 por 100, en cómputo anual, de las retribuciones del personal del sector público respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010: de un lado, la reducción «no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre» (así lo dispone, también con carácter básico, el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010); de otro esa reducción salarial tampoco será de aplicación «al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación». La primera exclusión tiene carácter absoluto (en ningún caso se aplicará la regla general de reducción salarial del 5 por 100). La segunda, relativo (mediante la negociación colectiva los representantes de los trabajadores y de la empresa podrán acordar la aplicación de esa reducción salarial en el ámbito del sector público empresarial).
-Ciertamente, no resulta difícil entender la razón de excluir al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional de la aplicación de la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual; la mayor vulnerabilidad económica de aquellos trabajadores del sector público puede justificar que se les excluya de la aplicación de una medida que impone un severo sacrificio salarial a sus destinatarios, sin que ello suponga la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) de quienes sí se ven afectados por la reducción salarial, pues el diferente trato retributivo se establece bien «en función del distinto vínculo entre los empleados públicos y la Administración (funcionarios y personal laboral)», bien en función del «régimen de progresividad que demanda la mayor o menor capacidad económica de los afectados» [AATC 179/2011, de 13 diciembre, FJ 7.a); y 180/2011, de 13 diciembre, FJ 7 a)].
-En cuanto a la exclusión del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la aplicación de la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación», resulta que, con independencia de que tampoco esta exclusión determina la lesión del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) de quienes sí se ven afectados por la reducción salarial, al no existir «un término de comparación adecuado que permita fundar el juicio de igualdad» [AATC 179/2011, FJ 7 a); y 180/2011, FJ 7 a)], lo cierto es que en este caso no juega ningún papel la mayor o menor capacidad económica de los afectados, limitándose el legislador a deferir la cuestión a la autonomía de voluntad colectiva, lo que hace harto improbable, como resulta obvio, la aplicación de la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en el ámbito del sector público empresarial.
-En cualquier caso, no debe olvidarse que el control de la constitucionalidad de las leyes debe ejercerse por el Tribunal Constitucional de forma que no se impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus opciones políticas. No le corresponde, pues, a este Tribunal revisar desde criterios técnicos o de mera oportunidad las decisiones adoptadas por el legislador (por todas, SSTC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 1; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 8; 222/2006, de 6 de julio, FJ 4; 13/2007, de 18 de enero, FJ 4; y 45/2007, de 1 de marzo, FJ 4). El problema que le incumbe exclusivamente al Tribunal es el de determinar si la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 encuentra cobertura bastante en la competencia estatal ex arts. 149.1.13 y 156.1 CE que permita confirmar su carácter materialmente básico, cuestión a la que ya hemos dado respuesta afirmativa, al constatar que esta disposición contribuye a la delimitación exacta del alcance de la medida de contención del gasto público contenida en la regla general del art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, configurando un régimen jurídico de mínima y fundamental homogeneidad en cuanto a la aplicación de la reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en todo el territorio del Estado.
-6. Afirmado el carácter formal y materialmente básico de la norma estatal de contraste (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) ha de afirmarse, igualmente, la contradicción entre aquella y la norma autonómica cuestionada.
-La disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 resulta taxativa en cuanto a la exclusión del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial del 5 por 100 prevista, con carácter general, para todos los empleados públicos, sin perjuicio de que pueda acordarse su aplicación por las partes mediante la negociación colectiva. Por su parte, el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de Cantabria, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, determina que con efectos de 1 de junio de 2010 las retribuciones del personal de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentarán una reducción del 5 por 100 del conjunto de las mismas, en cómputo anual, aplicando así de forma inmediata la regla de reducción salarial del 5 por 100 al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas cántabras.
-De este modo, el precepto legal cuestionado se decanta por aplicar directamente a todo el personal del sector público de la Administración de Cantabria, incluido el personal laboral de las sociedades mercantiles públicas de esta Comunidad Autónoma, la reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual que establece con carácter general el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010 (que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010), obviando la excepción establecida en la disposición adicional novena del propio Real Decreto-ley 8/2010, que excluye de la aplicación de esa regla general de reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
-La contradicción del precepto autonómico cuestionado con la previsión contenida en la norma básica de contraste (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) resulta así patente, sin que pueda ser salvada por vía interpretativa. En efecto, dados los claros términos en los que aparece redactada la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 (la reducción salarial del 5 por 100 «no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas … salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación»), no es posible interpretar, como postulan el Abogado del Estado y el Letrado del Gobierno de Cantabria, que la norma básica estatal (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) ha de entenderse como un mínimo obligatorio de reducción retributiva que las Comunidades Autónomas son libres de llevar más allá de acuerdo con su propia política de contención del déficit, tanto en la cuantía de la reducción, como en los sujetos afectados por ella. Dicho de otro modo, sugieren que la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 no vendría a prohibir la reducción salarial del 5 por 100 establecida como regla general, sino que simplemente no la establecería de forma imperativa, dejando un margen de disposición a las Comunidades Autónomas para que, en virtud de su autonomía financiera, decidan si extienden de forma inmediata (esto es, sin necesidad de que las partes acuerden la reducción salarial en la negociación colectiva, en su caso) al personal laboral no directivo de sus sociedades mercantiles esa reducción salarial.
-En suma, esa interpretación de conformidad no es admisible porque contradice el enunciado de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 y olvida que la medida estatal básica de contención del gasto público viene determinada en este caso, según hemos señalado, tanto por la regla general de reducción salarial prevista el en el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010 (que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010) como por la excepción establecida en la disposición adicional novena del propio Real Decreto-ley 8/2010 para el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, en tanto que esta disposición contribuye a precisar el alcance de la medida de contención del gasto consistente en la reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual. Tal interpretación impediría la plena efectividad de las determinaciones del legislador básico estatal, que ha querido establecer un trato homogéneo para el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en todo el territorio nacional, disponiendo que a este personal no le sea directamente aplicable la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual, sin perjuicio de que pueda pactarse la aplicación de esa reducción salarial mediante la negociación colectiva. Debe, pues, descartarse esa interpretación del precepto cuestionado.
-7. De todo lo expuesto cabe concluir que el cuestionado apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria, en su redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, en tanto determina –en contra de lo dispuesto en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010– que, con efectos de 1 de junio de 2010, el personal de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual, es contrario a lo dispuesto en una norma estatal que tiene la condición de básica, formal y materialmente, ex arts. 149.1.13 y 156.1 CE. Lo que determina la consiguiente inconstitucionalidad y nulidad del precepto autonómico en cuestión.
-Alcanzada esta conclusión resulta necesario pronunciarse acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, siguiendo en este punto la doctrina recogida –entre otras muchas– en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11, 180/2000, de 29 de junio, FJ 7, 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art.9.3 CE), se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes.
-En fin, habiendo sido declarada la inconstitucionalidad y nulidad del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria, en su redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por vulnerar el orden constitucional de distribución de competencias, ello nos exime de pronunciarnos sobre las restantes vulneraciones que el órgano judicial imputa a dicho precepto.
-FALLO
-En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
-Ha decidido
-Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, en los términos y con los efectos establecidos en el fundamento jurídico 7 de esta Sentencia.
-Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dada en Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil trece.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado.","Sentencia TC que declarar inconstitucional y nulo el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.",Sentencia TC que anula recorte 5% a empleados empresas públicas  Cantabria  Ayer lo contó CCOO 
-1398,"La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado
-EN NOMBRE DEL REY
-la siguiente
-SENTENCIA
-En el recurso de amparo núm. 2818-2012, promovido por don A. F. A., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel del Pino Peño, bajo la dirección de la Letrada doña María Paloma García García, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña núm. 92/2012, de 27 de febrero, por la que se desestimó el recurso de apelación núm. 312-2011 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 5 de A Coruña núm. 206/2011, de 21 de junio, en el juicio oral núm. 85-2011. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer de la Sala.
-I. Antecedentes
-1. La Procuradora de los Tribunales doña Isabel del Pino Peño, en nombre y representación de don A. F. A., bajo la dirección de la Letrada doña María Paloma García García interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de julio de 2012.
-2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
-a) El demandante de amparo fue detenido el 19 de octubre de 2009 como posible autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 5 de A Coruña, que acordó por Auto de 20 de octubre de 2009 la incoación de las diligencias previas núm. 5410-2009 y tomar declaración al detenido con instrucción de sus derechos. El recurrente fue requerido para que designara un domicilio en España en que se harían las notificaciones, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio permitiría la celebración del juicio en su ausencia, si la pena solicitada no excede de dos años de privación de libertad, designando a dichos efectos la pensión en la que vivía y un número de teléfono móvil. En su declaración se ratificó en lo afirmado ante la policía de que estaba acompañado de otra persona que era quien había fracturado el ventanal del local y le había obligado mediante amenazas a recoger todas las cosas que había en el escaparate. Igualmente, declaró que paga una pensión a su ex mujer, está en tratamiento de depresión desde hace veinticinco años, tiene problemas de alcohol desde su separación. A preguntas de su Letrada afirmó que para completar sus ingresos también arregla pequeños electrodomésticos y tiene una minusvalía reconocida por la Xunta de Galicia del 68 por 100. Por sendos Autos de 20 de octubre de 2009 se acordó la libertad sin fianza del recurrente con obligación de comparecer el 1 y 15 de cada mes y la inhibición a favor del Juzgado de Instrucción núm. 4 de A Coruña, de conformidad con las normas de reparto.
-b) El Juzgado de Instrucción núm. 4 de A Coruña acordó por Auto de 30 de octubre de 2009 incoar diligencias previas núm. 5757-2009, en cuyo marco se acordó oír al perjudicado y hacerle ofrecimiento de acciones lo que se llevó a efecto el 16 de noviembre de 2009. Este mismo Juzgado, por Auto de 15 de enero de 2010, acordó incoar diligencias previas núm. 6707-2009, en relación con estos mismos hechos tras recibir un segundo Auto de inhibición. En el marco de estas diligencias previas acordó oír al perjudicado y hacerle ofrecimiento de acciones, lo que volvió a verificarse el 5 de febrero de 2010, y citar de comparecencia al recurrente el 9 de febrero de 2010, a fin de recibirle declaración como imputado con la asistencia de Letrado. La cédula de citación fue notificada el 2 de febrero de 2010 en la persona del dueño de la pensión en la que residía el recurrente. El recurrente acudió a esta citación y el Secretario judicial hizo constar mediante diligencia que no pudo celebrarse la declaración al no poder ser asistido por el Letrado del turno de oficio por haber recibido la asistencia por un Letrado distinto del turno de oficio en la declaración policial y no poder ser localizado en ese acto. Con ese motivo se dictó providencia de 9 de febrero de 2010 para nueva citación el 2 de marzo de 2010, con apercibimiento de que en caso de no comparecer se podrá acordar su detención y presentación en el Juzgado, lo que fue notificado personalmente al recurrente. Por Auto de 2 de marzo de 2010 se acordó que las diligencias previas núm. 6707-2009 se acumularan a las núm. 5757-2009, sin que conste que el recurrente compareciera a su citación para ser oído como imputado ni que fuera citado en ningún otro momento.
-Ya en el marco de las diligencia previas núm. 5757-2009, por providencia de 18 de marzo de 2010, se acordó librar oficio al Instituto de Medicina Legal de Galicia para que señalaran día y hora para el reconocimiento psiquiátrico del recurrente sobre su imputabilidad. Por providencia de 4 de mayo de 2010 se acordó citar al recurrente por medio de su Letrada para que compareciera el 14 de mayo de 2010 ante el Instituto de Medicina Legal de Galicia para ser reconocido sobre su imputabilidad. La Letrada del recurrente, mediante escrito registrado el 5 de mayo de 2010, comunicó que había entrado en contacto telefónico con su cliente para notificarle la citación. Por providencia de 14 de junio de 2010, ante la incomparecencia del recurrente, se acordó establecer como nueva fecha de comparecencia el 24 de septiembre de 2010 para que fuera notificada por medio de la Letrada con apercibimiento de acordarse su detención y conducción. Esta, mediante escrito registrado el 23 de septiembre de 2010, comunicó que se había puesto en contacto telefónico con el recurrente para recordarle la citación, advirtiendo de que en caso de no acudir sería detenido tal como se señalaba en la providencia. Por oficio del Instituto de Medicina Legal de Galicia de 21 de diciembre de 2010 se comunicó que el recurrente no había acudido a la cita para la emisión del informe y no consta que volviera a ser citado.
-c) Por Auto de 19 de enero de 2011 se acordó continuar las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado. Por Auto 8 de febrero de 2011 se acordó la apertura del juicio oral, teniendo por formulada una acusación por delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa con una petición de pena de nueve meses de prisión. Este Auto fue notificado personalmente al recurrente en la sede del Juzgado. En el escrito de defensa se solicitó como prueba documental que se tuviera por aportada copia de la certificación emitida por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que reconoce al recurrente un grado de minusvalía del 68 por 100 desde el 14 de mayo de 2001 por «Hernia discal L5-S1. Retraso mental leve». El Juzgado de lo Penal núm. 5 de A Coruña acordó por Auto de 31 de marzo de 2011 declarar pertinente la prueba propuesta por las partes para su práctica en el acto de juicio oral. Por diligencia de ordenación de 31 de marzo de 2011 se señaló para el comienzo de las sesiones del juicio oral el 20 de junio de 2011 con citación de las partes personadas y el acusado. La cédula de citación fue notificada personalmente al recurrente el 11 de abril de 2011 haciendo constar en negritas que de no comparecer «dada la pena solicitada, podrá celebrarse el juicio en su ausencia». El recurrente no compareció en el juicio oral. El Ministerio Fiscal interesó la celebración en ausencia, oponiéndose la defensa. El Juzgado acordó continuar la celebración del juicio en ausencia del recurrente, dado que existía una citación personal y que la pena de prisión solicitada era inferior a los dos años.
-d) El recurrente fue condenado por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 5 de A Coruña núm. 206/2011, de 21 de junio, como autor de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de nueve meses de prisión con accesorias y costas. La Sentencia considera hechos probados que el acusado sobre la 1:45 de la madrugada del 19 de octubre de 2009 se dirigió a un establecimiento denominado «Bazar Chino», arrojando una piedra contra el escaparate, siendo sorprendido por la policía en el interior del establecimiento portando «cuatro bolas con forma de senos femeninos, cinco brujitas de juguete, dos tetas de juguete saltarinas, un pene de juguete saltarín, dieciocho figuras de cristal con una planta de plástico, una linterna de color gris y una caja conteniendo siete figuras de aves de diferentes colores». La Sentencia expone, como cuestión previa, que se daban los requisitos legales establecidos en el artículo 786.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) para celebrar el juicio en ausencia tomando en consideración la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y que la citación a juicio oral del acusado se efectuó personalmente.
-e) El recurrente interpuso recurso de apelación que fue tramitado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña con el núm. 312-2011. El recurrente alegó, entre otros motivos, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haberse celebrado el juicio en ausencia, argumentando que no es una comparecencia injustificada ya que el acusado es una persona diagnosticada de retraso mental y debió atenderse a esa especial circunstancia para garantizar su presencia ante el órgano judicial para que pudiera declarar y dar su versión sobre los hechos. El recurso fue desestimado por Sentencia núm. 92/2012, de 27 de febrero, argumentando, en cuanto a este concreto motivo, que el acusado fue citado de manera personal y que la certificación de un determinado grado de minusvalía no puede considerarse un motivo que justifique, ante su incomparecencia al juicio, su suspensión.
-3. El demandante denuncia que se han vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Solicita que se le otorgue el amparo, se reconozca y restablezca en los derechos invocados y, en consecuencia, se acuerde la nulidad de las resoluciones impugnadas.
-El demandante alega, en relación con la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que la presencia del acusado es necesaria para la celebración del juicio oral, al incidir en su derecho de defensa y en las posibilidades de intervenir en ese acto prestando declaración sobre los hechos y ejerciendo el derecho a la última palabra. Argumenta que el artículo 786 LECrim, al regular la posibilidad de celebrar un juicio en ausencia, establece una excepción que está fundamentada en el carácter voluntario de la ausencia y que debe ser interpretada restrictivamente. En relación con ello, afirma que las resoluciones judiciales impugnadas no han razonado la procedencia de celebrar el juicio en ausencia por la voluntariedad de la incomparecencia y no han ponderado la circunstancia de que el acusado padecía una acreditada discapacidad psíquica y de que su no comparecencia a la citación del médico forense y al acto del juicio oral no está relacionada con desidia, dejadez o negligencia inexcusable sino con su falta de comprensión o de entendimiento.
-El demandante alega, en relación con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que existen hechos declarados probados, como son las circunstancias de que arrojó una piedra contra el escaparate o que entrara en el interior del establecimiento que no están respaldadas por la prueba testifical de los policías actuantes practicada en la vista oral.
-El demandante justifica la especial trascendencia constitucional del recurso en la necesidad de precisar si los requisitos legales para celebrar un juicio en ausencia quedan vinculados a la voluntariedad de la comparecencia y si tal se produce en los casos en que el acusado sea una persona con discapacidad mental.
-4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 7 de octubre de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir al órgano judicial el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo. Igualmente, se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se acordó por ATC 250/2013, de 4 de noviembre, suspender la ejecución exclusivamente en lo relativo a la pena de prisión de nueve meses y a la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
-5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2013, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al recurrente por un plazo de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.
-6. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 13 de enero de 2014, presentó sus alegaciones interesando que se otorgue el amparo al recurrente por la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la defensa (art. 24.2 CE) y que se declare la nulidad de lo actuado desde el acto de celebración del juicio oral.
-El Ministerio Fiscal afirma que, de conformidad con una jurisprudencia constitucional reiterada, la presencia del acusado es requisito imprescindible y necesario para la eficaz realización de los principios de inmediación y de contradicción y del derecho a la defensa; pero que esta necesidad no es tan radical que no admita excepciones en atención a otros intereses dignos de protección. Aduce que la posibilidad de celebrar un juicio en ausencia viene regulada en los artículos 775 y 786.1 LECrim y que los requisitos allí establecidos han sido formalmente cumplidos en el presente caso. Sin embargo, también argumenta que el requisito de que el acusado sea informado de las consecuencias que puede tener su no comparecencia precisa de la constatación de que el acusado lo ha comprendido. Esto presupone una plena capacidad en el acusado que debe llevar al Juzgador, en los supuestos en que haya duda sobre una capacidad limitada, a extremar las garantías por otorgarle una especial protección practicando las diligencias complementarias que resulten pertinentes, de conformidad con lo declarado en las SSTEDH de 12 de mayo de 1992, caso Megyeri c. Alemania; y de 30 de enero de 2001, caso Vaudelle c. Francia.
-El Ministerio Fiscal expone que en el presente caso existían suficientes muestras de que la situación del acusado no era de completa capacidad de obrar, ya que así lo declaró en su declaración judicial durante la instrucción; se acordó un reconocimiento psiquiátrico, que nunca llego a efectuarse; y se incorporó una certificación oficial en que se reflejaba un determinado grado de minusvalía por padecer también un retraso mental leve. Concluye que se ha producido la vulneración denunciada, ya que no se suspendió el juicio oral, a pesar de la existencia de datos en la causa que hacían dudar de la capacidad del acusado de comprender el alcance de sus actos sin que fueran despejadas bien forzando su examen médico o su comparecencia al acto del juicio; y de que su declaración resultaba relevante por haber declarado durante la instrucción que había actuado bajo amenazas de un tercero.
-Subsidiariamente, y en relación con la invocación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el Ministerio Fiscal argumenta que en realidad se está denunciando una errónea valoración probatoria que no forma parte del contenido de dicho derecho fundamental.
-7. El recurrente, en escrito registrado el 27 de diciembre de 2013, presentó sus alegaciones ampliando las manifestaciones contenidas en su escrito de demanda en relación con la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa.
-8. Por providencia 19 de mayo de 2014, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
-II. Fundamentos jurídicos
-1. El objeto principal de este recurso de amparo es analizar si la decisión judicial de celebrar el juicio oral sin la presencia del recurrente por considerar su ausencia injustificada ha vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la defensa (art. 24.2 CE), al existir en el procedimiento indicios suficientes sobre la existencia de una discapacidad psíquica en el recurrente que pudiera haber influido sobre su comprensión de las consecuencias legales derivadas de su incomparecencia.
-Las resoluciones judiciales impugnadas han fundamentado su decisión en el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este precepto establece en el párrafo primero que «[l]a celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor» y en el párrafo segundo que «[l]a ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente … no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad».
-El recurrente no niega que se haya dado cumplimiento a los requisitos legalmente previstos para la celebración del juicio en ausencia, sino que considera que se le ha generado una indefensión por no haber sido valorados los indicios existentes en el procedimiento de que sufría una discapacidad mental psíquica que hubieran obligado al órgano judicial a asegurarse sobre la plena compresión de las consecuencias derivadas de no acudir a la citación.
-2. Este Tribunal tiene declarado que (i) el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) exige la presencia del acusado en el juicio oral por la relevancia de las consecuencias que pueden derivarse del procedimiento penal y la circunstancia de que el juicio oral es el momento decisivo en el que con publicidad y plena contradicción se hace efectivo el derecho de defensa debatiendo acerca de la fundamentación de las pretensiones de condena y la fuerza de convicción de las pruebas aportadas por la acusación y la defensa para desvirtuar la presunción de inocencia; (ii) en aquellos supuestos en que esté legalmente establecido, la posibilidad de celebrar un juicio oral en ausencia del acusado queda condicionada, entre otros aspectos, a que se haya garantizado suficientemente su presencia, dándole la oportunidad de comparecer mediante una citación que produzca un conocimiento efectivo y, por tanto, verificando que la ausencia es el resultado de una decisión voluntaria (STC 135/1997, de 21 de julio, FFJJ 6 y 7).
-Esta jurisprudencia, según declara la STC 26/2014, de 13 de febrero, FJ 4, es coincidente con la establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El primero ha establecido que la presencia del acusado en el juicio es un derecho básico de éste, pero que no se infringe el art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libremente renunciar a su presencia en el juicio (STEDH de 23 de noviembre de 1993, caso Poitrimol c. Francia, § 35). El segundo ha afirmado, en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo y a la defensa (arts. 47 y 48.2 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea), que el derecho del acusado a comparecer en el juicio constituye un elemento esencial del derecho a un proceso equitativo, pero que el acusado puede renunciar a ese derecho por su libre voluntad, expresa o tácitamente, siempre que la renuncia conste de forma inequívoca, se acompañe de garantías mínimas correspondientes a su gravedad y no se oponga a ningún interés público relevante (STJUE de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni, apartado 49).
-En términos generales, este Tribunal ha afirmado que a los órganos judiciales incumbe un deber positivo de velar por evitar la indefensión del justiciable en el proceso penal. Se ha concluido, en aplicación de esta doctrina, que la obligación de proveer en ciertos casos de asistencia letrada gratuita no se satisface con la mera designación de profesionales del turno de oficio, sino que es preciso que los órganos judiciales desarrollen una vigilancia respecto de su efectivo cumplimiento (STC 1/2007, de 15 de enero, FJ 3). Igualmente, este deber ha llevado a concluir la necesidad de designación de profesionales del turno de oficio por parte de los órganos judiciales incluso en aquellos casos en que tal designación no es preceptiva, siempre que sea preciso para garantizar la igualdad de las partes y la efectiva contradicción para el correcto desarrollo del debate procesal (STC 146/2007, de 18 de junio, FJ 3).
-En materia de juicio en ausencia del acusado, la STEDH de 30 de enero de 2001, caso Vaudelle c. Francia, afirma que, si bien la notificación personal a un acusado es reveladora del conocimiento efectivo de la citación, la existencia de indicios de que dicho acusado pueda sufrir trastornos mentales que limiten su capacidad hace exigible que los órganos judiciales desarrollen las diligencias complementarias necesarias para despejar cualquier duda al respecto (§§ 59 y 60).
-El deber de realizar diligencias complementarias de las estrictamente legales para despejar cualquier duda en relación con la participación de personas con discapacidad mental en el proceso penal tiene sustento, en nuestro Derecho, en el mandato del artículo 9.2 CE, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sea efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y se ampara en el especial deber de protección y apoyo de que gozan las personas con discapacidad. Así:
-(a) El artículo 49 CE establece que los poderes públicos deben amparar a los disminuidos psíquicos para el disfrute de los derechos que el título I otorga a todos los ciudadanos, entre los que se encuentran los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
-(b) La STC 10/2014, de 27 de enero, FJ 4, en relación con la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad, declara que, desde la perspectiva del artículo 10.2 CE, cobra una especial relevancia la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, que parte como principio de «la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso» [preámbulo, letra j)]. El artículo 2 de esta Convención prohíbe todas las formas de discriminación de estas personas, entre ellas «la denegación de ajustes razonables», entendiendo por estos «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales». Respecto del derecho de acceso a la justicia, el artículo 13.1 de la Convención establece que «[l]os Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares».
-En conclusión, en los supuestos de posibilidad legal de celebración de un juicio oral por ausencia injustificada del acusado, la existencia de indicios de que dicho acusado pueda sufrir trastornos mentales que limiten su capacidad de comprensión y, por tanto, de la relevancia de las consecuencias legales de su incomparecencia, impone a los órganos judiciales un deber positivo de desarrollar la actividad necesaria para despejar cualquier duda al respecto.
-3. En el presente caso, como ha sido expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha quedado acreditado (i) que el recurrente declaró ante el Juez de instrucción que había realizado los hechos bajo amenazas de una tercera persona y que estaba en tratamiento por depresión desde hace veinticinco años, tenía problemas de alcohol y una minusvalía reconocida por la Xunta de Galicia del 68 por 100; (ii) que el Juzgado de instrucción acordó un reconocimiento psiquiátrico sobre la imputabilidad del recurrente que no llegó a practicarse por su incomparecencia ante el Instituto de Medicina Legal de Galicia al que fue citado en dos ocasiones; (iii) que en el escrito de defensa se aportó como prueba documental una copia de la certificación emitida por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que reconocía al recurrente un grado de minusvalía del 68 por 100 desde el 14 de mayo de 2001 por «hernia discal L5-S1. Retraso mental leve», que fue declarada pertinente; y (iv) que los órganos judiciales rechazaron la pertinencia de suspender la celebración del juicio oral solicitada por la defensa del recurrente con el argumento de que se cumplían los requisitos del artículo 786.1 LECrim.
-En atención a lo expuesto, debe concluirse, tal como también ha sostenido el Ministerio Fiscal, que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente, por las siguientes razones:
-(a) En el procedimiento existían indicios respecto de la existencia de una discapacidad mental en el recurrente. Estos indicios radican en sus propias manifestaciones ante la policía, en la ratificación ante el Juez, y en el hecho de que en un informe emitido hacía más de diez años por la Xunta de Galicia aparecía diagnosticado, a los efectos de la declaración legal de incapacidad, con un retraso mental leve.
-(b) El Juzgado de Instrucción, que pudo valorar las circunstancias del recurrente y las del hecho delictivo, entonces presunto, ciertamente singulares [antecedente 2 d)], consideró necesaria la obtención de un informe forense específico sobre su imputabilidad, que ordenó con especial rigor, pues se hizo una advertencia de detención al recurrente si no se presentaba, como efectivamente no hizo, a pesar de lo cual la advertencia no se cumplió, y no consta explicación alguna de ello. Esto es revelador de que durante la instrucción se apreciaban indicios relevantes de que el acusado podía sufrir algún tipo de anomalía o alteración que, en los términos del artículo 20.1 del Código Penal, le podía impedir comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Por otra parte, no aparece explicación alguna de las razones por las que se prescindió del dictamen forense, que hubiera sido fácil promover o practicar con ocasión de la comparecencia del recurrente en el Juzgado, hay que suponer que voluntaria, para recibir la notificación del auto de apertura del juicio oral.
-(c) Esas dudas apreciadas por el órgano judicial de instrucción sobre un eventual déficit de comprensión del recurrente respecto de la ilicitud del hecho determinan que el Juzgado de lo Penal, que no pudo apreciar personalmente sus circunstancias, no podía soslayar las dudas que se habían suscitado en el Juez de instrucción sobre un eventual déficit de comprensión, las cuales, en ese momento procesal, se traducían en dudas razonables sobre las consecuencias de todo tipo que podía suponer para el recurrente la incomparecencia en el juicio oral en el que el examen de su persona y su declaración podían resultar relevantes.
-El deber positivo impuesto por el artículo 24.1 CE de velar por evitar la indefensión que pudiera derivarse para el recurrente de celebrar un juicio oral sin su presencia exigía que el órgano judicial desarrollara las diligencias complementarias que considerara adecuadas. Estas diligencias deberían haber estado orientadas (i) a verificar que esa cierta discapacidad no era un obstáculo para que el acusado comprendiera la relevancia de la citación a juicio y de la advertencia de que podría ser juzgado en su ausencia o (ii) a asegurar su presencia en el juicio oral, especialmente tomando en consideración que había sostenido durante la instrucción haber cometido el hecho bajo la amenaza de un tercero y que la discapacidad mental que le afectaba podría tener una eventual influencia sobre su imputabilidad. En otros términos, la mera notificación personal al recurrente de la citación a juicio y de la advertencia de que podría celebrarse en su ausencia cumplía formalmente los mandatos de la ley, pero no era suficiente para despejar las dudas surgidas en la instrucción acerca de la discapacidad del recurrente y, por tanto, acerca de si la incomparecencia era resultado de una decisión plenamente voluntaria e informada y no necesitada del apoyo a que tienen derecho las personas discapacitadas.
-La declaración de que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente determina que, sin necesidad de entrar a analizar la invocación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), deba otorgarse el amparo solicitado. El restablecimiento del derecho vulnerado exige anular las resoluciones impugnadas y ordenar la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio oral para que se adopte una decisión respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
-FALLO
-En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
-Ha decidido
-Estimar el recurso de amparo interpuesto por don A. F. A. y, en su virtud:
-1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
-2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la decisión del Juzgado de lo Penal núm. 5 de A Coruña de 20 de junio de 2011 de continuar la celebración de la vista oral en ausencia del recurrente en el juicio oral núm. 85-2011, así como la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 5 de A Coruña núm. 206/2011, de 21 de junio, en el juicio oral núm. 85-2011, y la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña núm. 92/2012, de 27 de febrero, en el recurso de apelación núm. 312-2011.
-3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera decisión, para que se pronuncie una nueva respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
-Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dada en Madrid, a veintidós de mayo de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.",Tribunal Constitucional estimar el recurso de amparo: ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva ,Esta fue la noticia hace unos días &gt;  y esta la sentencia hoy &gt;  #BOE
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-La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece el nuevo marco retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este nuevo marco se ha plasmado, en primer lugar, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y, en segundo lugar, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
-La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, contempla en su artículo 14.4, para las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico, que al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.
-Dicha previsión se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Así mismo se añade que, como consecuencia de esta revisión, no se podrán eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.
-Los valores de la retribución a la operación se aprobaron por primera vez en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
-Por otra parte, la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, regula la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.
-La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los precios de los combustibles y, en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista.
-Dicha metodología no será de aplicación a las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación o cuando este sea nulo. En estos casos la retribución a la operación se calculará según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.
-Por tanto, la presente orden fija los valores de la retribución a la operación resultantes de lo anterior que serán de aplicación durante el segundo semestre de 2016, dando así cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que establece que la actualización de los valores de la retribución a la operación se realizará semestralmente, y serán de aplicación desde el 1 de enero o desde el 1 de julio según corresponda al primer o al segundo semestre del año.
-II
-La Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, fija la equivalencia entre las categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidos en dicho real decreto. Así mismo establece los parámetros retributivos de las instalaciones tipo correspondientes a las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
-La Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática de determinadas instalaciones en el Registro de régimen retributivo específico previsto en el título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, determinó que el 9 de julio de 2014 se inscribiesen automáticamente en dicho Registro las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera del mismo.
-Adicionalmente, teniendo en cuenta que la información necesaria para realizar la inscripción automática en el Registro de régimen retributivo específico procedía del sistema de liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la citada Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, establecía que dicha Comisión remitiría a la Dirección General de Política Energética y Minas la información incluida en el sistema de liquidación en el momento de realizar la inscripción.
-En cumplimiento de dicho mandato, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitió la citada información relativa a más de 64.000 unidades retributivas.
-El apartado 10 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, a solicitud del interesado, podrá modificar aquellas inexactitudes que pudieran contener los datos del Registro tras la inscripción automática realizada al amparo de dicha disposición transitoria. Como consecuencia de este procedimiento se ha comprobado que procede la definición de una nueva instalación tipo y su equivalencia con la correspondiente categoría, grupo y subgrupo definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a su vez el establecimiento de sus correspondientes parámetros retributivos.
-Teniendo en cuenta que la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y la disposición final tercera de la Ley 24/2013, de 26 de noviembre, establecen que el Gobierno aprobará un real decreto de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica con retribución primada que será de aplicación desde la entrada en vigor de dicho real decreto-ley, la nueva instalación tipo y sus parámetros retributivos resultarán de aplicación desde dicha fecha.
-Por último, se procede a realizar una corrección en el anexo IV la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con el objetivo de aclarar los parámetros retributivos de cierta instalación tipo.
-Mediante acuerdo de 14 de julio de 2016, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.
-En el Real Decreto 160/2016, de 15 de abril, se dispuso que el Ministro de Economía y Competitividad en funciones asumiera el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al citado Ministerio de Industria, Energía y Turismo. No obstante, con posterioridad y en virtud del Real Decreto 290/2016, de 13 de julio, se ha dispuesto que la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia en funciones sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en funciones en la tramitación y aprobación de la Orden por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. Por ello, esta orden se firmará por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia
-En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
-Artículo 1. Objeto.
-Constituye el objeto de esta orden:
-a) La fijación de los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 resultantes de la aplicación de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico a las instalaciones tipo a las que resulte de aplicación.
-b) El establecimiento de una nueva instalación tipo, definiendo para la misma la equivalencia entre la categoría, grupo y subgrupo definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la nueva categoría, grupo y subgrupo establecidos en el citado real decreto, indicando también su código correspondiente a efectos de la determinación del régimen retributivo aplicable.
-También en la presente orden se determinan los parámetros retributivos de la nueva instalación tipo que serán de aplicación al primer semiperiodo regulatorio definido en la disposición adicional primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, sin perjuicio de lo previsto en su artículo 20.
-Artículo 2. Actualización de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2016.
-1. La actualización de la retribución a la operación, correspondiente al segundo semestre del año 2016, de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. Las mencionadas instalaciones tipo son las correspondientes a los siguientes colectivos:
-a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
-b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
-Los datos necesarios para la aplicación de la citada metodología se recogen en el anexo I.
-2. Los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 resultantes de la aplicación de la metodología de actualización establecida mediante la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, a las instalaciones tipo a las que se refiere el apartado anterior se incluyen en el anexo II.
-Los valores de los parámetros A, B y C del segundo semestre de 2016, de las instalaciones tipo incluidas en el anexo II, son los establecidos en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, la Orden IET/1344/2015 de 2 de julio, la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, y en esta orden.
-Artículo 3. Aspectos retributivos de la instalación tipo.
-1. Se establecen en el anexo III la equivalencia entre la categoría, grupo y subgrupo definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la nueva categoría, grupo y subgrupo establecidos en el citado real decreto para una instalación tipo y su código correspondiente.
-La citada equivalencia, así como la instalación tipo establecida, será de aplicación a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, referidas en la disposición adicional segunda y en la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a las que no corresponda ninguna de las instalaciones tipo definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, y Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre.
-2. Los parámetros retributivos de la instalación tipo que concretan el régimen retributivo específico aplicable al año 2013 son los recogidos en el anexo IV.1.
-3. Los parámetros retributivos de la instalación tipo que concretan el régimen retributivo específico aplicables a los años 2014, 2015 y 2016 son los recogidos en el anexo IV.2. En dicho anexo se establece:
-a) El valor de la retribución a la inversión que será de aplicación en los años 2014, 2015 y 2016,
-b) el valor de la retribución a la operación que será de aplicación en el año 2014 y al primer semestre de 2015,
-c) el valor de la retribución a la operación que será de aplicación al segundo semestre de 2015, así como los valores de los parámetros A, B y C definidos en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio,
-d) el valor de la retribución a la operación que será de aplicación al primer semestre de 2016.
-4. Los parámetros retributivos referidos en los apartados 2, 3.a) y 3.b) anteriores se han calculado según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, considerando las hipótesis de cálculo recogidas en el anexo V de dicha orden y los parámetros incluidos en el anexo V de esta orden.
-5. Los parámetros retributivos referidos en el apartado 3.c) anterior se han calculado a partir de la metodología de actualización, hipótesis y datos establecidas en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico.
-6. Los parámetros retributivos referidos en el apartado 3.d) anterior se han calculado a partir de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, y los datos recogidos en el anexo VI de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre.
-Artículo 4. Vida útil regulatoria y valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo.
-1. La vida útil regulatoria para la instalación tipo definida en esta orden es de 25 años.
-2. El valor de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo definida en esta orden no podrán ser revisados, según lo dispuesto en el artículo 14.4.1.º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
-Disposición adicional única. Metodología de actualización de la retribución a la operación para al segundo semestre de 2016 de las instalaciones que utilicen como combustible principal biomasa, con autorización de explotación definitiva en 2015 y 2016, incluidas en la Orden IET/2212/2015,de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos.
-1. Para la actualización de la retribución a la operación, correspondiente al segundo semestre del año 2016, de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, que utilicen como combustible principal biomasa se aplicará la metodología descrita en el artículo 6 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.
-2. Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en 2015:
-a) El valor de ΔPcombs será igual al incremento del precio de la biomasa entre el segundo semestre de 2016 (Pcomb2016-2) y el valor establecido como media del precio de la biomasa para el año 2015 (Pcomb2015), tal y como se expresa en la siguiente ecuación:
-ΔPcombs = Pcomb2016-2 – Pcomb2015
-Donde:
-Pcomb2016-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.
-Pcomb2015: Precio estimado de la biomasa para el año 2015, expresado en €/MWhPCI.
-b) El valor del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2016 (Pcomb2016-2) se calcula suponiendo un incremento anual del 1 % respecto del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2015 (Pcomb2015-2), de acuerdo a la siguiente ecuación:
-Pcomb2016-2 = Pcomb2015-2 · (1+Ta)
-Donde:
-Pcomb2015-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2015, expresado en €/MWhPCI.
-Pcomb2016-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.
-Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.
-c) El precio de la biomasa para el segundo semestre de 2015 (Pcomb2015-2) se calcula del siguiente modo:
-Pcomb2015-2 = Pcomb2015 · (1+tb)
-Donde:
-Pcomb2015-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2015, expresado en €/MWhPCI.
-tb: Es la tasa trimestral de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, calculada mediante la siguiente ecuación:
-tb = (1+Ta)1/4 – 1
-Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.
-d) El valor de Ros-1 será igual al valor de la retribución a la operación para el año 2015 publicado para cada IT en la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre.
-e) Los valores del precio de la biomasa se obtendrán considerando un poder calorífico igual al establecido en al Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para combustibles del grupo b.6, igual a 3,49 MWhPCI/t.
-3. Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en 2016:
-a) El valor de ΔPcombs será igual al incremento del precio de la biomasa entre el segundo semestre de 2016 (Pcomb2016-2) y el valor establecido como media del precio de la biomasa para el año 2016 (Pcomb2016), tal y como se expresa en la siguiente ecuación:
-ΔPcombs = Pcomb2016-2 – Pcomb2016
-Donde:
-Pcomb2016-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.
-Pcomb2016: Precio estimado de la biomasa para el año 2016, expresado en €/MWhPCI.
-b) El precio de la biomasa para el segundo semestre de 2016 (Pcomb2016-2) se calcula del siguiente modo:
-Pcomb2016-2 = Pcomb2016 · (1+tb)
-Donde:
-Pcomb2016-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.
-tb: Es la tasa trimestral de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, calculada mediante la siguiente ecuación:
-tb = (1+Ta)1/4 – 1
-Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.
-c) El valor de Ros-1 será igual al valor de la retribución a la operación para el año 2016 publicado para cada IT en la Orden IET/2212/2015.
-d) Los valores del precio de la biomasa se obtendrán considerando un poder calorífico igual al establecido en al Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para combustibles del grupo b.6, igual a 3,49 MWhPCI/t.
-4. En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida de la metodología anterior sea menor que cero se considerará que la retribución a la operación toma valor nulo.
-5. Los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo actualizadas según lo previsto en el apartado anterior, correspondientes al segundo semestre de 2016 se incluyen en el anexo III.
-Disposición transitoria única. Aplicabilidad de los valores de la retribución a la operación y de la nueva instalación tipo.
-1. Los valores de la retribución a la operación del segundo semestre de 2016 serán de aplicación desde el día 1 de julio de 2016.
-2. Los aspectos retributivos de la nueva instalación tipo y sus parámetros retributivos, regulados en el artículo 3, resultarán de aplicación desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.
-Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.
-Disposición final primera. Título competencial.
-Esta orden tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases del régimen minero y energético.
-Disposición final segunda. Corrección de errores de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
-La Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, queda modificada como sigue:
-Uno. En la tabla del apartado 1 del anexo IV se introduce una tercera línea que tiene el siguiente contenido:
-Código de Identificación
-Vida útil regulatoria (años)
-Retribución a la inversión Rinv 2013 (€/MW)
-Retribución a la operación Ro 2013 (€/MWh)
-Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro 2013 (h)
-N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh 2013 (h)
-Umbral de funcionamiento
-Uf 2013 (h)
-IT-02077
-25
-–
-0,000
-–
-560
-180
-Dos. Al final del apartado 2 del anexo IV se introducen las siguientes tablas:
-Código de identificación
-Vida útil regulatoria (años)
-Coeficiente de ajuste C1,a
-Retribución a la inversión Rinv 2014-2016 (€/MW)
-Retribución a la operación Ro (€/MWh) 2014 y primer semestre 2015
-Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro (h)
-N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh anual
-2014-2016 (h)
-Umbral de funcionamiento Uf anual 2014-2016 (h)
-Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses (%)
-3 meses
-6 meses
-9 meses
-IT-02077
-25
-–
-–
-0,000
-–
-2.760
-840
-15%
-30%
-45%
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 20 de julio de 2016.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P.S. (Real Decreto 160/2016, de 15 de abril), el Ministro de Economía y Competitividad, P.S. (Real Decreto 290/2016, de 13 de julio), la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
-ANEXO I
-Datos necesarios para la actualización de la retribución a la operación que será de aplicación al segundo semestre de 2016, para la aplicación de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio
-Dato (según expresión definida en la Orden IET/1345/2015)
-Valor
-mr16
-0,00005
-mt16
-0,002
-β16
-0,47
-RC16-2
-1,1046 c€/kWhPCS
-Br16-2
-42,9264 $/bbl
-T16-2
-1,1339 $/€
-Trf16
-1,9612 c€/kWh/día/mes
-Trc16
-1,0848 c€/kWh/día/mes
-Tfc16,2
-6,8683 c€/kWh/día/mes
-Tfc16,3
-4,4971 c€/kWh/día/mes
-Tfc16,4
-4,1210 c€/kWh/día/mes
-Tfc16,5
-3,7887 c€/kWh/día/mes
-Tfc16,6
-3,4848 c€/kWh/día/mes
-Tvc16,2
-0,1540 c€/kWh
-Tvc16,3
-0,1249 c€/kWh
-Tvc16,4
-0,1121 c€/kWh
-Tvc16,5
-0,0983 c€/kWh
-Tvc16,6
-0,0852 c€/kWh
-Tvr16
-0,0116 c€/kWh
-Tgnl16
-3,240 c€/MWh/día
-Drs16
-20 días
-Tfas16
-0,0411 c€/kWh/mes
-Tvi16
-0,0244 c€/kWh
-Tve16
-0,0131 c€/kWh
-ANEXO II
-Valores actualizados de la Retribución a la operación
-Valores de retribución a la operación para el segundo semestre de 2016 de las instalaciones tipo sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, y en esta orden
-Código IT
-Retribución a la operación
-2.º sem. 2016
-(€/MWhE)
-IT-00825
-71,079
-IT-00826
-69,964
-IT-00827
-69,569
-IT-00828
-60,907
-IT-00829
-60,560
-IT-00830
-60,281
-IT-00831
-60,044
-IT-00832
-59,690
-IT-00833
-59,362
-IT-00834
-57,855
-IT-00835
-56,500
-IT-00836
-54,789
-IT-00837
-54,874
-IT-00838
-55,024
-IT-00839
-55,123
-IT-00840
-53,832
-IT-00841
-53,337
-IT-00842
-51,514
-IT-00843
-51,677
-IT-00844
-51,710
-IT-00845
-51,746
-IT-00846
-51,708
-IT-00847
-51,742
-IT-00848
-51,777
-IT-00849
-46,872
-IT-00850
-46,258
-IT-00851
-46,193
-IT-00852
-39,424
-IT-00853
-39,271
-IT-00854
-39,258
-IT-00855
-39,343
-IT-00856
-39,329
-IT-00857
-39,264
-IT-00858
-37,973
-IT-00859
-36,776
-IT-00860
-35,624
-IT-00861
-35,854
-IT-00862
-36,116
-IT-00863
-36,390
-IT-00864
-35,512
-IT-00865
-35,250
-IT-00866
-33,872
-IT-00867
-34,024
-IT-00868
-34,055
-IT-00869
-34,088
-IT-00870
-34,051
-IT-00871
-34,084
-IT-00872
-34,116
-IT-01039
-75,878
-IT-01040
-75,545
-IT-01041
-74,612
-IT-01042
-73,589
-IT-01043
-72,804
-IT-01044
-70,698
-IT-01045
-68,154
-IT-01046
-66,238
-IT-01047
-63,685
-IT-01048
-62,705
-IT-01049
-59,712
-IT-01050
-58,707
-IT-01051
-58,070
-IT-01052
-57,624
-IT-01053
-57,197
-IT-01054
-56,860
-IT-01055
-56,171
-IT-01056
-55,824
-IT-01057
-55,410
-IT-01058
-52,124
-IT-01059
-52,096
-IT-01060
-52,079
-IT-01061
-52,052
-IT-01062
-52,034
-IT-01063
-52,008
-IT-01064
-50,156
-IT-01065
-48,546
-IT-01066
-47,166
-IT-01067
-45,959
-IT-01068
-44,886
-IT-01069
-43,986
-IT-01070
-43,281
-IT-01071
-42,682
-IT-01072
-42,046
-IT-01073
-41,506
-IT-01074
-41,248
-IT-01075
-41,023
-IT-01076
-40,856
-IT-01077
-40,497
-IT-01078
-39,949
-IT-01079
-39,609
-IT-01080
-39,209
-IT-01081
-32,854
-IT-01082
-33,032
-IT-01083
-33,205
-IT-01084
-33,379
-IT-01085
-33,546
-IT-01086
-33,714
-IT-01087
-32,802
-IT-01088
-32,053
-IT-01089
-31,409
-IT-01090
-30,883
-IT-01091
-30,418
-IT-01092
-30,017
-IT-01093
-29,703
-IT-01094
-29,423
-IT-01095
-29,161
-IT-01096
-29,071
-IT-01097
-29,009
-IT-01098
-29,114
-IT-01099
-29,041
-IT-01100
-28,910
-IT-01101
-28,744
-IT-01102
-28,500
-IT-01103
-27,931
-IT-01104
-27,570
-IT-01105
-29,462
-IT-01106
-29,562
-IT-01107
-29,671
-IT-01108
-29,768
-IT-01109
-29,863
-IT-01110
-29,967
-IT-01111
-29,024
-IT-01112
-28,249
-IT-01113
-27,582
-IT-01114
-26,999
-IT-01115
-26,504
-IT-01116
-26,061
-IT-01117
-25,665
-IT-01118
-25,436
-IT-01119
-25,184
-IT-01120
-25,039
-IT-01121
-24,902
-IT-01122
-24,898
-IT-01123
-24,767
-IT-01124
-24,667
-IT-01125
-24,486
-IT-01126
-24,269
-IT-01127
-23,748
-IT-01128
-23,397
-IT-01129
-25,875
-IT-01130
-25,886
-IT-01131
-25,887
-IT-01132
-25,897
-IT-01133
-25,907
-IT-01134
-25,906
-IT-01135
-24,587
-IT-01136
-24,073
-IT-01137
-23,610
-IT-01138
-23,215
-IT-01139
-22,838
-IT-01140
-22,213
-IT-01141
-21,715
-IT-01142
-21,611
-IT-01143
-21,608
-IT-01144
-21,485
-IT-01145
-20,968
-IT-01146
-20,475
-IT-01147
-20,163
-IT-01148
-70,848
-IT-01149
-69,503
-IT-01150
-67,814
-IT-01151
-65,604
-IT-01152
-64,075
-IT-01153
-62,104
-IT-01154
-61,565
-IT-01155
-59,751
-IT-01156
-59,009
-IT-01157
-58,697
-IT-01158
-58,600
-IT-01159
-58,523
-IT-01160
-58,264
-IT-01161
-57,814
-IT-01162
-57,543
-IT-01163
-57,070
-IT-01164
-44,533
-IT-01165
-44,708
-IT-01166
-44,888
-IT-01167
-45,052
-IT-01168
-45,215
-IT-01169
-45,373
-IT-01170
-44,250
-IT-01171
-43,289
-IT-01172
-42,497
-IT-01173
-41,822
-IT-01174
-41,245
-IT-01175
-40,744
-IT-01176
-40,313
-IT-01177
-39,923
-IT-01178
-39,638
-IT-01179
-39,532
-IT-01180
-39,680
-IT-01181
-39,810
-IT-01182
-40,061
-IT-01183
-40,094
-IT-01184
-40,000
-IT-01185
-39,783
-IT-01186
-39,513
-IT-01187
-39,057
-IT-01188
-39,597
-IT-01189
-39,745
-IT-01190
-39,894
-IT-01191
-40,042
-IT-01192
-40,189
-IT-01193
-40,347
-IT-01194
-39,628
-IT-01195
-39,027
-IT-01196
-38,536
-IT-01197
-38,124
-IT-01198
-37,771
-IT-01199
-37,478
-IT-01200
-37,285
-IT-01201
-37,381
-IT-01202
-37,209
-IT-01203
-37,152
-IT-01204
-37,149
-IT-01205
-37,263
-IT-01206
-37,324
-IT-01207
-37,136
-IT-01208
-36,987
-IT-01209
-36,778
-IT-01210
-36,500
-IT-01211
-36,044
-IT-01212
-34,244
-IT-01213
-34,389
-IT-01214
-34,533
-IT-01215
-34,678
-IT-01216
-34,820
-IT-01217
-34,974
-IT-01218
-34,417
-IT-01219
-33,966
-IT-01220
-33,595
-IT-01221
-33,271
-IT-01222
-33,019
-IT-01223
-32,613
-IT-01224
-32,649
-IT-01225
-32,556
-IT-01226
-32,524
-IT-01227
-32,653
-IT-01228
-32,721
-IT-01229
-32,694
-IT-01230
-32,603
-IT-01231
-32,240
-IT-01232
-31,967
-IT-01233
-31,523
-IT-01234
-32,891
-IT-01235
-33,033
-IT-01236
-33,176
-IT-01237
-33,319
-IT-01238
-33,460
-IT-01239
-33,611
-IT-01240
-32,701
-IT-01241
-32,371
-IT-01242
-32,098
-IT-01243
-31,861
-IT-01244
-31,678
-IT-01245
-31,658
-IT-01246
-31,594
-IT-01247
-31,562
-IT-01248
-31,674
-IT-01249
-31,744
-IT-01250
-31,370
-IT-01251
-30,879
-IT-01252
-30,440
-IT-01253
-113,954
-IT-01254
-112,063
-IT-01255
-108,130
-IT-01256
-103,818
-IT-01257
-94,489
-IT-01258
-94,648
-IT-01259
-94,485
-IT-01260
-94,410
-IT-01261
-93,368
-IT-01262
-92,038
-IT-01263
-90,805
-IT-01264
-90,291
-IT-01265
-89,299
-IT-01266
-88,523
-IT-01267
-88,552
-IT-01268
-88,779
-IT-01269
-88,776
-IT-01270
-83,255
-IT-01271
-83,879
-IT-01272
-84,006
-IT-01273
-84,229
-IT-01274
-83,602
-IT-01275
-82,792
-IT-01276
-82,241
-IT-01277
-82,000
-IT-01278
-81,401
-IT-01279
-80,999
-IT-01280
-81,212
-IT-01281
-81,871
-IT-01282
-93,244
-IT-01283
-89,245
-IT-01284
-72,066
-IT-01285
-72,074
-IT-01286
-71,981
-IT-01287
-70,435
-IT-01288
-66,961
-IT-01289
-66,212
-IT-01290
-59,940
-IT-01291
-60,047
-IT-01292
-60,154
-IT-01293
-60,260
-IT-01294
-60,383
-IT-01295
-60,487
-IT-01296
-59,556
-IT-01297
-58,765
-IT-01298
-58,111
-IT-01299
-57,553
-IT-01300
-57,184
-IT-01301
-55,949
-IT-01302
-55,942
-IT-01303
-56,030
-IT-01304
-55,861
-IT-01305
-57,987
-IT-01306
-58,089
-IT-01307
-58,189
-IT-01308
-58,293
-IT-01309
-57,562
-IT-01310
-56,940
-IT-01311
-55,963
-IT-01312
-55,584
-IT-01313
-54,633
-IT-01314
-54,703
-IT-01315
-54,651
-IT-01316
-57,204
-IT-01317
-57,306
-IT-01318
-57,407
-IT-01319
-57,209
-IT-01320
-56,698
-IT-01321
-56,284
-IT-01322
-55,931
-IT-01323
-55,675
-IT-01324
-55,079
-IT-01325
-54,726
-IT-01326
-54,307
-IT-01327
-43,160
-IT-01328
-40,315
-IT-01329
-39,945
-IT-01330
-39,838
-IT-01331
-39,545
-IT-01332
-39,072
-IT-01333
-38,727
-IT-01334
-38,323
-IT-01335
-29,423
-IT-01336
-28,563
-IT-01337
-28,476
-IT-01338
-28,439
-IT-01339
-28,347
-IT-01340
-27,979
-IT-01341
-27,409
-IT-01342
-27,046
-IT-01343
-25,665
-IT-01344
-25,348
-IT-01345
-24,414
-IT-01346
-24,285
-IT-01347
-24,189
-IT-01348
-24,125
-IT-01349
-23,984
-IT-01350
-23,769
-IT-01351
-23,247
-IT-01352
-22,893
-IT-01353
-21,424
-IT-01354
-21,182
-IT-01355
-21,083
-IT-01356
-20,621
-IT-01357
-20,128
-IT-01358
-19,813
-IT-01359
-57,157
-IT-01360
-57,093
-IT-01361
-57,099
-IT-01362
-56,928
-IT-01363
-56,584
-IT-01364
-56,303
-IT-01365
-55,826
-IT-01366
-39,638
-IT-01367
-39,367
-IT-01368
-39,116
-IT-01369
-38,894
-IT-01370
-39,195
-IT-01371
-39,281
-IT-01372
-39,249
-IT-01373
-39,033
-IT-01374
-38,759
-IT-01375
-38,301
-IT-01376
-36,531
-IT-01377
-36,658
-IT-01378
-36,752
-IT-01379
-36,600
-IT-01380
-36,492
-IT-01381
-36,283
-IT-01382
-36,003
-IT-01383
-35,546
-IT-01384
-32,096
-IT-01385
-32,162
-IT-01386
-32,256
-IT-01387
-32,260
-IT-01388
-32,202
-IT-01389
-31,838
-IT-01390
-31,564
-IT-01391
-31,118
-IT-01392
-31,098
-IT-01393
-31,221
-IT-01394
-31,317
-IT-01395
-30,999
-IT-01396
-30,507
-IT-01397
-30,066
-IT-01398
-88,238
-IT-01399
-87,946
-IT-01400
-87,691
-IT-01401
-87,965
-IT-01402
-88,013
-IT-01403
-80,419
-IT-01404
-80,664
-IT-01405
-55,208
-IT-01406
-55,216
-IT-01407
-55,345
-IT-01408
-55,218
-IT-01409
-54,038
-IT-01410
-54,140
-IT-01411
-54,120
-IT-01412
-48,403
-IT-01413
-34,683
-IT-01414
-34,243
-IT-01415
-33,939
-IT-01416
-33,807
-IT-01417
-33,656
-IT-01418
-33,579
-IT-01419
-33,052
-IT-01420
-32,707
-IT-01421
-32,435
-IT-01422
-32,215
-IT-01423
-32,031
-IT-01424
-31,892
-IT-01425
-31,751
-IT-01426
-31,659
-IT-01427
-31,417
-IT-01428
-55,906
-IT-01429
-47,060
-IT-01430
-45,837
-IT-01431
-45,277
-IT-01432
-44,428
-IT-01433
-44,144
-IT-01434
-52,412
-IT-01435
-51,732
-IT-01436
-51,199
-IT-01437
-46,561
-IT-01438
-46,294
-IT-01439
-45,516
-IT-01440
-45,228
-IT-01441
-38,525
-IT-01442
-36,773
-IT-01451
-16,624
-IT-01452
-16,634
-IT-01453
-16,642
-IT-01454
-16,640
-IT-01455
-17,005
-IT-01457
-56,573
-IT-01458
-56,284
-IT-01459
-55,933
-IT-01460
-40,302
-IT-01461
-40,026
-IT-01462
-39,682
-IT-01463
-28,756
-IT-01464
-28,557
-IT-01465
-27,983
-IT-01466
-24,498
-IT-01467
-24,308
-IT-01468
-23,786
-IT-01469
-21,175
-IT-01470
-21,020
-IT-01471
-20,521
-IT-01472
-58,163
-IT-01473
-57,952
-IT-01474
-57,673
-IT-01475
-40,018
-IT-01476
-39,857
-IT-01477
-39,584
-IT-01478
-36,999
-IT-01479
-36,832
-IT-01480
-36,550
-IT-01481
-32,613
-IT-01482
-32,286
-IT-01483
-32,011
-IT-01484
-31,519
-IT-01485
-31,415
-IT-01486
-30,920
-IT-01487
-55,467
-IT-01488
-55,172
-IT-01489
-54,813
-IT-01490
-39,413
-IT-01491
-39,131
-IT-01492
-38,782
-IT-01493
-28,231
-IT-01494
-28,026
-IT-01495
-27,451
-IT-01496
-23,991
-IT-01497
-23,798
-IT-01498
-23,275
-IT-01499
-20,822
-IT-01500
-20,665
-IT-01501
-20,166
-IT-01502
-56,915
-IT-01503
-56,695
-IT-01504
-56,408
-IT-01505
-39,260
-IT-01506
-39,093
-IT-01507
-38,815
-IT-01508
-36,499
-IT-01509
-36,327
-IT-01510
-36,044
-IT-01511
-32,207
-IT-01512
-31,878
-IT-01513
-31,600
-IT-01514
-31,144
-IT-01515
-31,037
-IT-01516
-30,541
-IT-01517
-50,991
-IT-01518
-70,079
-IT-01519
-58,134
-IT-01523
-60,401
-IT-01524
-82,386
-IT-01525
-37,001
-IT-01526
-36,808
-IT-01527
-46,060
-ANEXO III
-Equivalencia entre categoría, grupo y subgrupo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, con la categoría, grupo y subgrupo del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, para una instalación tipo y su código correspondiente
-Clasificación de las tarifas según el Real Decreto 661/2007
-Clasificación de la instalación tipo según el Real Decreto 413/2014
-Grupo
-Subgrupo
-Combustible
-Rango de potencia
-Grupo
-Subgrupo
-Combustible
-Rango de potencia
-Subtipo de tecnología
-Modificación sustancial
-Año de autorización de explotación definitiva
-Código instalación tipo
-DT 2.ª
-Lodos de aceite de oliva.
-Gas natural.
-10 < P ≤ 25 MW
-DT 1.ª
-Lodos de aceite de oliva.
-Gas natural.
-10 < P ≤ 25 MW
-Motor.
-–
-2004
-IT-01527
-ANEXO IV
-Parámetros retributivos de la instalación tipo
-1. Parámetros retributivos de la instalación tipo aplicables en 2013.
-Código de identificación
-Vida útil regulatoria (años)
-Retribución a la inversión Rinv 2013 (€/MW)
-Retribución a la operación Ro 2013 (€/MWh)
-Horas de funcionamiento máximo para la percepción de 
-Ro 2013 (h)
-N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh 2013 (h)
-Umbral de funcionamiento 
-Uf 2013 (h)
-IT-01527
-25
-–
-67,306
-–
-760
-240
-Los valores de la retribución a la inversión, de las horas de funcionamiento máximo para la percepción de la Ro, del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y de los umbrales de funcionamiento, son los correspondientes al periodo del 14 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
-2. Parámetros retributivos de la instalación tipo aplicables en 2014, 2015 y 2016.
-Código de identificación
-Vida útil regulatoria (años)
-Coeficiente de ajuste C1,a
-Retribución a la inversión Rinv 2014-2016
-(€/MW)
-Retribución a la Operación Ro (€/MWh) 2014 y primer semestre 2015
-Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro (h)
-N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh anual 2014-2016 (h)
-Umbral de funcionamiento Uf anual 2014-2016 (h)
-Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses (%)
-3 meses
-6 meses
-9 meses
-IT-01527
-25
-–
--
-78,239
-–
-3.800
-1.140
-15%
-30%
-45%
-Código IT
-Parámetro A’ 2.º sem. 2015
-Parámetro B’ 2.º sem. 2015
-Parámetro C’ 2.º sem. 2015
-Retribución a la operación 2.º sem. 2015 (€/MWhE)
-Parámetro A 1.º sem. 2016
-Parámetro B 1.º sem. 2016
-Parámetro C 1.º sem. 2016
-Retribución a la operación
-1.º sem. 2016
-(€/MWhE)
-Parámetro A
-2.º sem. 2016
-Parámetro B 2.º sem. 2016
-Parámetro C
-2.º sem. 2016
-IT-01527
-2,910
-1,000
--0,873
-67,541
-2,910
-1,000
-0,206
-61,548
-2,910
-1,000
-0,000
-ANEXO V
-Parámetros considerados para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo
-Código de identificación: IT-01527.
-Caracterización de la instalación tipo:
-Valor estándar de la inversión inicial (€/MW): 640.227.
-Vida útil regulatoria (años): 25.
-Año
-Coste de combustible
-Costes de explotación
-Ingresos venta electricidad al sistema
-Ingresos venta electricidad al sistema por precio de mercado
-Otros ingresos de explotación canon/coste evitado tratamiento
-Horas equivalentes de funcionamiento
-Relación electricidad exportada / electricidad bruta (Cogen.)
-Histórico
-Futuro
-Histórico
-Futuro
-Histórico
-Futuro
-Futuro
-–
-€/MWhE brutos
-€/MWhE brutos
-€/MWhE brutos
-€/MWhE brutos
-€/MWhE brutos
-€/MWhE brutos
-h brutas
-h brutas
-p.u.
-2004
-40,03
-10,84
-–
-54,99
-–
-12,93
-–
-–
-–
-2005
-45,26
-12,56
-–
-77,06
-–
-13,16
-7.514
-–
-–
-2006
-66,00
-13,30
-–
-78,15
-–
-13,30
-7.495
-–
-–
-2007
-69,04
-14,04
-–
-93,43
-–
-13,43
-7.476
-–
-–
-2008
-80,41
-14,78
-–
-98,70
-–
-13,56
-7.472
-–
-–
-2009
-62,75
-16,33
-–
-106,18
-–
-13,67
-7.468
-–
-–
-2010
-68,85
-17,07
-–
-105,87
-–
-13,77
-7.467
-–
-–
-2011
-78,55
-18,31
-–
-117,52
-–
-14,16
-7.466
-–
-–
-2012
-93,70
-19,05
-–
-134,81
-–
-14,50
-7.465
-–
-–
-2013
-95,84
-33,94
-32,24
-137,50
-48,96
-14,89
-3.968
-3.497
-0,954
-2014
-102,59
-–
-33,14
-–
-46,02
-15,03
-–
-7.465
-0,954
-2015
-100,59
-–
-33,40
-–
-47,27
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2016
-101,25
-–
-33,86
-–
-47,49
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2017
-101,25
-–
-34,33
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2018
-101,25
-–
-34,76
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2019
-101,25
-–
-35,19
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2020
-101,25
-–
-35,68
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2021
-101,25
-–
-36,08
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2022
-101,25
-–
-36,49
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2023
-101,25
-–
-36,90
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2024
-101,25
-–
-37,20
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2025
-101,25
-–
-37,50
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2026
-101,25
-–
-37,81
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2027
-101,25
-–
-38,11
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2028
-101,25
-–
-38,43
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-2029
-101,25
-–
-38,74
-–
-49,64
-15,02
-–
-7.465
-0,954
-Histórico: Parámetros hasta 13 de julio de 2013.
-ANEXO VI
-Valores actualizados de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que utilicen como combustible principal biomasa, con autorización de explotación definitiva en 2015 y 2016, incluidas en la Orden IET/2212/2015 por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica
-Valores de retribución a la operación para el segundo semestre de 2016 de las instalaciones tipo sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, definidas en la Orden IET/2212/2015, y en la disposición adicional primera de esta orden
-Código IT
-Parámetro A
-2.º sem. 2015
-Parámetro B
-2.º sem. 2015
-Parámetro C
-2.º sem 2015
-Retribución a la operación
-2.º sem. 2016 (€/MWhE)
-IT-04001
-4,480
-1,000
-0,113
-51,742
-IT-04002
-4,480
-1,000
-0,000
-51,742",Orden donde fija los valores de la retribución a la operación resultantes de lo anterior que serán de aplicación durante el segundo semestre de 2016,Qué simbólica esta orden. Soria&gt;por sustitución&gt;De Guindos&gt; por sustitución&gt; Soraya  #BOE 
-1267,"El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia establece en su artículo 109 que, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social modificará la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, para aumentar las cuantías máximas de las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social dirigidas a financiar los costes de la formación inherente a dicho contrato, reguladas en al artículo 8 de la citada orden, siempre y cuando se contrate a un beneficiario de la Garantía Juvenil. Asimismo, mediante esta modificación introducirá una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje.
-Esto significa el establecimiento de nuevas medidas para el fomento del uso de los contratos para la formación y el aprendizaje, elevando la cuantía máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa cuando éstos sean celebrados con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, se recoge el compromiso de avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los costes inherentes a la formación, incluyendo los derivados de la necesaria tutorización del trabajador así como los de formación complementaria. La formación complementaria da respuesta tanto a las necesidades de las empresas como de los trabajadores y se establece que deberá formar parte del fichero de especialidades formativas y pasa ahora a ser objeto de financiación pública mediante bonificaciones con los mismos costes de formación establecidos para la formación acreditable.
-Por otro lado, mediante esta norma se procede a modificar la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, a fin de introducir modificaciones en la misma que refuercen los principios de eficacia y eficiencia en el ámbito de la formación profesional para el empleo, recogiendo con carácter general la obligación de aportación de garantías en el supuesto de abono anticipado de las subvenciones concedidas, cuando así lo prevean las correspondientes convocatorias.
-El apartado 1 de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, habilita al Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de dispuesto en el mismo. Asimismo, el artículo 24.1 y la disposición final segunda del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, habilitan a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad para su desarrollo. Finalmente, la disposición final segunda del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, habilita al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en la actualidad de Empleo y Seguridad Social, para dictar cuantas normas sean necesarias para su desarrollo y ejecución.
-En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, ha emitido informe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y han emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento y la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal.
-En su virtud, dispongo:
-Artículo 1. Modificación de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
-La Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual queda modificada como sigue:
-Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado como sigue:
-«2. La actividad formativa podrá incluir, además de la señalada en el apartado anterior, formación complementaria asociada a las necesidades específicas de la empresa o de la persona trabajadora, que no se considerará trabajo efectivo y que deberá ser autorizada por el Servicio Público de Empleo competente junto con la autorización de inicio de la actividad formativa regulada en el artículo 6, por lo que esta formación complementaria deberá estar programada en el acuerdo para la actividad formativa.
-La formación complementaria deberá corresponderse con una o varias de las especialidades formativas incluidas en el Fichero de especialidades formativas previsto en el artículo 20.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y por tanto se ajustará a los requisitos que figuran en los programas formativos que se encuentran disponibles en la página web: www.sepe.es.
-En el caso de que la formación complementaria no forme parte del Fichero de especialidades formativas se procederá según lo establecido en la Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el Fichero de especialidades formativas.
-Los centros, o en su caso la empresa, que impartan formación complementaria deberán estar inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación en la correspondiente especialidad.
-Esta formación complementaria será objeto de financiación pública mediante las bonificaciones previstas en el artículo 10, siendo de aplicación los costes de formación y financiación máxima establecidos en el artículo 8.1 y 8.3.»
-Dos. La letra e) del apartado 1 del artículo 5 queda redactada como sigue:
-«e) Las empresas que dispongan de autorización de la Administración educativa competente para impartir la formación de ciclos formativos y/o acreditación de la Administración laboral competente para impartir la formación vinculada a los certificados de profesionalidad, en los supuestos contemplados en el artículo 3.1, letras c), d) y e), del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, así como en su disposición adicional quinta respecto de las empresas de menos de cinco trabajadores para la impartición de certificados de profesionalidad de nivel 1 a sus propios trabajadores. En este último supuesto, los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos para impartir la formación serán los del correspondiente real decreto que regule el certificado de profesionalidad objeto de la formación, de manera proporcional al número de sus trabajadores a formar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
-Asimismo, en los certificados de profesionalidad que, de acuerdo con su normativa reguladora, se puedan impartir mediante la modalidad de teleformación, la tutoría-formación de la parte presencial obligatoria podrá realizarse en la propia empresa, en los supuestos contemplados en el artículo 3.1, letras c), d) y e), del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre. En este caso, se especificarán en el acuerdo para la actividad formativa los requerimientos que, según el centro de formación que suscribe el citado acuerdo, deberán cumplirse por parte de la empresa para garantizar la calidad de la formación y el cumplimiento de lo previsto en los correspondientes certificados de profesionalidad. En todo caso, será de aplicación a este supuesto la prueba de evaluación final de carácter presencial que corresponde realizar al centro de formación respecto de los módulos formativos impartidos mediante la modalidad de teleformación.»
-Tres. Se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 al artículo 8, con la siguiente redacción:
-«3. Cuando el contrato para la formación y el aprendizaje se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil la cuantía máxima de bonificaciones que podrá aplicarse la empresa para la financiación de los costes de formación será la que resulte de multiplicar el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 50 por ciento de la jornada durante el primer año del contrato, y del 25 por ciento de la jornada el segundo y tercer año. Estos porcentajes se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en el artículo 10.2 para el cálculo de las bonificaciones a aplicar por la empresa.
-4. A fin de financiar los costes derivados de la obligada tutorización en la empresa de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje, las empresas se podrán aplicar una bonificación adicional a los costes señalados en el apartado 1, con una cuantía máxima de 1,5 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno. En el supuesto de empresas de menos de cinco trabajadores la bonificación adicional tendrá una cuantía máxima de 2 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno.»
-Cuatro. Se añade un nuevo artículo 12, con la siguiente redacción:
-«Articulo 12. Funciones de tutoría en la empresa en los contratos para la formación y el aprendizaje.
-Corresponden al tutor de empresa, las siguientes funciones:
-a) Realizar la comunicación con el centro de formación a través del tutor del centro de formación.
-b) Coordinar con el tutor del centro de formación la elaboración del programa de formación correspondiente a la actividad formativa inherente al contrato.
-En dicho programa se determinaran, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje que serán objeto de adquisición en el centro de formación y en la empresa, así como los criterios a evaluar en ambos escenarios.
-c) Realizar el seguimiento del acuerdo para la actividad formativa, atendiendo al trabajador con la periodicidad que se establezca, durante el periodo de trabajo efectivo en la empresa, con el objeto de valorar el desarrollo del programa y establecer los apoyos formativos necesarios.
-d) Colaborar con el tutor del centro de formación en la evaluación del aprendizaje desarrollado durante el tiempo del contrato y al término del mismo.
-e) Velar para que el trabajador cumpla los correspondientes protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes puestos de trabajo y aprendizaje, suministrando el asesoramiento necesario.
-f) Elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo y los resultados de aprendizaje alcanzados en la empresa.»
-Cinco. Se modifica la disposición transitoria única, que queda redactada como sigue:
-«Disposición transitoria única. Contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación.
-1. Los contratos para la formación y el aprendizaje que transitoriamente, de conformidad con el apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, no estén vinculados a la obtención de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, se regirán por el siguiente procedimiento:
-a) El acuerdo para la actividad formativa se formalizará en el Anexo II que figura en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, no siendo de aplicación al mismo lo establecido en el artículo 6.
-b) El centro de formación que suscriba el citado acuerdo deberá enviar una copia, en todo caso, a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal que corresponda según la ubicación del puesto de trabajo, con independencia de que dicho acuerdo, junto con el contrato, se haya comunicado a través de Contrat@.
-c) La financiación del coste de la formación se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 9 y 10.
-d) El Servicio Público de Empleo Estatal realizará las actuaciones de gestión, control y seguimiento de los contratos para la formación y el aprendizaje a que se refiere esta disposición transitoria, sin perjuicio de la información que de ello proporcione a cada Comunidad Autónoma respecto de los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban en su ámbito territorial.
-2. Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 8 no será de aplicación en los contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación a que se refiere esta disposición transitoria única.»
-Artículo 2. Modificación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
-Se modifica la disposición adicional sexta de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, que queda redactada como sigue:
-«Disposición adicional sexta. Anticipo del pago de la subvención.
-En el ámbito de gestión de la Administración General del Estado los beneficiarios de subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal deberán garantizar los anticipos de pagos sobre las mismas, cuando así se prevea en las correspondientes convocatorias, de acuerdo con lo establecido en la Orden TAS/1622/2002, de 13 de junio, por la que se regula la forma de garantizar, por los beneficiarios de las subvenciones y ayudas públicas que conceda el Instituto Nacional de Empleo, los anticipos de pago sobre las mismas, así como por los obligados al pago en período voluntario de los fraccionamientos y aplazamientos que se concedan, resultantes del procedimiento de reintegro de dicho Organismo contenido en la Resolución de 20 de marzo de 1996.»
-Disposición transitoria primera. Aplicación de las medidas.
-1. Lo dispuesto en el artículo 1 será de aplicación a los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden.
-2. Lo dispuesto en el artículo 2 será de aplicación a los procedimientos de concesión de subvenciones que inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden.
-Disposición transitoria segunda. Aplicación de incentivos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
-Lo dispuesto en el nuevo apartado 3 del artículo 8 de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, será de aplicación en los contratos que se celebren hasta el 30 de junio de 2016.
-Disposición final primera. Titulo competencial.
-La presente orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin prejuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
-Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
-Se faculta al titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente orden.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 12 de enero de 2015.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.","aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia",Lo más interesante de la orden es que debía haberse aprobado el pasado mes de AGOSTO  #BOE #buenosgestores #takeiteasy
-2344,"El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, es el instrumento de programación del que dispone el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución a cargo de la Administración General del Estado de las políticas públicas de fomento y coordinación de las actividades de I+D+I y que permite desarrollar y financiar las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, asimismo aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros.
-Enmarcadas en este Plan Estatal de I+D+I, el 3 de marzo de 2015, ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria 2015 para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, cuyo órgano competente para la instrucción es la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación.
-La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo.
-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
-Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas a la I+D+i, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales. Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la múltiple y diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes, así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan.
-Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se viene presentando un número cada vez más elevado de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada. Este hecho hace que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que todos los procedimientos de solicitudes de subvenciones regulados en esta convocatoria puedan verse resueltos en los plazos establecidos.
-A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada.
-Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
-En base a lo anteriormente expuesto, esta Dirección dispone:
-Primero. Ampliación de plazos.
-Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 25 de febrero de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, de aquellas subvenciones que se citan a continuación:
-Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación y Movilidad:
-– Contratos i-PFIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Formación.
-– Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN), reguladas en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de Formación.
-– Contratos Río Hortega, regulados en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Formación.
-– Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
-– Contratos Miguel Servet, reguladas en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de formación.
-– Contratos Sara Borrell, regulados en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
-– Contratos Juan Rodés, regulados en la subsección 4.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
-– Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS, regulados en la subsección 5.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
-– Ayudas para la movilidad del personal investigador, reguladas en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Movilidad.
-Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional:
-– Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER, regulado en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional.
-Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento:
-– Proyectos integrados de excelencia en los IIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma de Generación del Conocimiento.
-– Proyectos de investigación en salud, regulados en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento.
-– Acciones complementarias de programación conjunta internacional, reguladas en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento.
-Segundo. Entrada en vigor.
-1. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria de subvenciones indicadas en el apartado primero.
-2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno.
-Madrid, 6 de julio de 2015.–El Director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Fernández Crespo.",Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 25 de febrero de 2015,El Tribunal de Cuentas investiga qué pasó con 62.779€ en @La_UPM  #BOE
-1184,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Madrid, 29 de julio de 2013.- El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Financiera y Corporativa.","@Adif_es Buenos días, ¿me pueden indicar dónde están los pliegos de esta licitación?  Gracias",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Fomento,"Licitación sin descripción por importe de 1.530.974,28 euros de la Dirección General Financiera y Corporativa.",,[],1820,0.571711,522
+2015-02-24,,BOE-B-2015-5712,"Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para contratar la reforma de la planta cuarta del pabellón 8 de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821125601'>
+<metadatos>
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+<titulo>Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para contratar la reforma de la planta cuarta del pabellón 8 de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.</titulo>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='3'>Obras</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>25 de marzo de 2015, a las 18.00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>Apertura de proposiciones técnicas 7 de abril de 2015, a partir de las 11.30 horas. La valoración técnica obtenida se comunicará el 28 de abril de 2015, a partir de las 11.00 horas, fecha y hora de la apertura de las proposiciones económicas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>713.039,69</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>45000000 Trabajos de construcción</materias_cpv>
+<observaciones>Se corrigen errores por anuncio publicado el 14 de marzo de 2015 BOE-B-2015-7964.
+Reforma</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Oficina Técnica de Adquisiciones.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Jorge Manrique, 27.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28006.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>Toda la información y documentación en https://contrataciondelestado.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>12/15.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Obras.</dd>
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+<dd>Obra antes indicada.</dd>
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+<dd>Un año.</dd>
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+<dd>45453100-8.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
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+<dt>a) Tramitación: </dt>
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+<dd> Definitiva (%): 5,00.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo: C; subgrupos: 1, 4, 6, 8; categoría: d.</dd>
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+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
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+</dd>
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+</dl>
+</dd>
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+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Jorge Manrique, 27, Salón de Actos.</dd>
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+<dd>Apertura de proposiciones técnicas 7 de abril de 2015, a partir de las 11.30 horas. La valoración técnica obtenida se comunicará el 28 de abril de 2015, a partir de las 11.00 horas, fecha y hora de la apertura de las proposiciones económicas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de febrero de 2015.- Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución de 12 de julio de 2012, BOE de 19 de julio de 2012), el Secretario general, Alberto Sereno Álvarez.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Feb 24 09:50:11 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Oficina Técnica de Adquisiciones.
+2) Domicilio: 
+Jorge Manrique, 27.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28006.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+Toda la información y documentación en https://contrataciondelestado.es.
+d) Número de expediente: 
+12/15.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Obras.
+b) Descripción: 
+Obra antes indicada.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Un año.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+45453100-8.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 589.289,00 euros. Importe total: 713.039,69 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5,00.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Grupo: C; subgrupos: 1, 4, 6, 8; categoría: d.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+25 de marzo de 2015, a las 18.00 horas.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
+2) Domicilio: 
+Serrano, 117.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28006.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+Tres meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+b) Dirección: 
+Jorge Manrique, 27, Salón de Actos.
+c) Localidad y código postal: 
+28006, Madrid.
+d) Fecha y hora: 
+Apertura de proposiciones técnicas 7 de abril de 2015, a partir de las 11.30 horas. La valoración técnica obtenida se comunicará el 28 de abril de 2015, a partir de las 11.00 horas, fecha y hora de la apertura de las proposiciones económicas.
+10. Gastos de publicidad: 
+Por cuenta del adjudicatario.
+Madrid, 11 de febrero de 2015.- Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución de 12 de julio de 2012, BOE de 19 de julio de 2012), el Secretario general, Alberto Sereno Álvarez.",Reformas en la planta 4 Facultad de Medicina de Complutense de Madrid  ¿Para cuándo el sótano? ,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Economía y Competitividad,"Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura licita obras por importe total de 713.039,69 euros. ",,[],2423,0.5811601,334
+2016-01-30,,BOE-B-2016-2792,"Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se anuncia licitación para la contratación de la 'Organización y realización de un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el verano de 2016'.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 707.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>91 701 83 24.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>91 701 86 74.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.contrataciondelestado.es y www.mecd.gob.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>160004.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Administrativo especial.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Citada en el encabezamiento.</dd>
+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
+<dd>Sí.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Según pliego.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Según pliego.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>80580000-3.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Según pliego.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>2.400.000 € exento de IVA. Valor estimado de cada lote: 400.000 € exento de IVA.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 2.400.000 €. Presupuesto base de licitación de cada lote: 400.000 €.. Importe total: 2.400.000 €. Importe total de cada lote: 400.000 €.. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio base de licitación.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Según pliego.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>13 de febrero de 2016.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Según pliego.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General del Departamento.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Los Madrazo,15-17, planta baja.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>3 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>C/ Los Madrazo, 15-17, 1.ª planta, sala 112.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>1 de marzo de 2016 a las 10,00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor tendrá lugar el 23 de febrero a las 10 horas en el M.º de Educación, Cultura y Deporte, c/ Los Madrazo, 17, 1.ª planta, Sala 112, Madrid 28014.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 25 de enero de 2016.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Marcial Marín Hellín.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Jan 30 09:07:32 +0000 2016,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya.
+Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Área de gestión Tic.
+Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya.
+Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
 2) Domicilio: 
-C/ Salvador Espriu, 45-51.
+C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 707.
 3) Localidad y código postal: 
-L'Hospitalet de Llobregat 08908.
+Madrid, 28071.
 4) Teléfono: 
-935574000.
+91 701 83 24.
 5) Telefax: 
-935574025.
-6) Correo electrónico: 
-correu.ctti@gencat.cat.
+91 701 86 74.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000&.
+www.contrataciondelestado.es y www.mecd.gob.es.
 d) Número de expediente: 
-CTTI/2013/60.
+160004.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Administrativo especial de servicios.
+Administrativo especial.
 b) Descripción: 
-Servicio de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC).
+Citada en el encabezamiento.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Sí.
 d) Lugar de ejecución/entrega: 
 1) Domicilio: 
-C/ Salvador Espriu, 45-51.
-2) Localidad y código postal: 
-L'Hospitalet de Llobregat 08908.
+Según pliego.
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-La duración del servicio será de 4 años.
-f) Admisión de prórroga: 
-Sí. Se podrá prorrogar hasta 2 años más.
+Según pliego.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-72267100-0 Mantenimiento de sofware de tecnología de la información.
+80580000-3.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
-Abierto armonizado.
+Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: 
-A)Oferta económica (hasta 44 puntos); b) Plan de descuentos (hasta 4p); c) Mejoras en el plan de renovación de los contenidos (hasta 4p); d) Mejoras en el horario de atención (hasta 2p); e) Mejoras en la calidad del servicio (hasta 6p); f) Propuesta técnica (hasta 18p); g) Plan de negocio del servicio (hasta 10p) y h) Otras mejoras (hasta 12p).
+Según pliego.
 4. Valor estimado del contrato:
-1.449.153,72 euros (IVA no incluido).
+2.400.000 € exento de IVA. Valor estimado de cada lote: 400.000 € exento de IVA.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 966.102,48 euros. Importe total: 1.168.984,00 euros. 
+ Importe neto: 2.400.000 €. Presupuesto base de licitación de cada lote: 400.000 €.. Importe total: 2.400.000 €. Importe total de cada lote: 400.000 €.. 
 6. Garantías exigidas. 
- Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido).
+Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio base de licitación.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
-a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
-No es preceptiva esta exigencia dado que el presente contrato es administrativo especial.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-A) Los fondos própios de la compañia tienen que superar el 20% del presupuesto máximo de licitación. No se aceptaran licitadores con cuentas con fondos própios negativos o préstamos participativos; b) Cifra de negocios mínima anual de 250.000,00 euros en los últimos tres ejercicios (2010, 2011 y 2012); c) Realización de tres de los principales trabajos en los últimos tres años que tengan como finalidad la prestación de servicios con plataformas de e-learning. Alternativamente, las empresas cumpliran la solvencia económica y financiera y técnica y profesional mediante la clasificación empresarial vigente en los siguientes grupos, subgrupos y categorias: V, 2, B; V, 5, B y V, 8, B.
+Según pliego.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-8 de enero de 2014, a las 12:00 horas.
+13 de febrero de 2016.
+b) Modalidad de presentación: 
+Según pliego.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña.
+Registro General del Departamento.
 2) Domicilio: 
-C/ Salvador Espriu, 45-51.
+C/ Los Madrazo,15-17, planta baja.
 3) Localidad y código postal: 
-L'Hospitalet de Llobregat 08908.
-4) Dirección electrónica: 
-correu.ctti@gencat.cat.
+Madrid, 28071.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-2 meses.
+3 meses.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Obertura de sobre B, documentación técnica.
+Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 b) Dirección: 
-C/ Salvador Espriu, 45-51.
+C/ Los Madrazo, 15-17, 1.ª planta, sala 112.
 c) Localidad y código postal: 
-L'Hospitalet de Llobregat 08908.
+Madrid, 28071.
 d) Fecha y hora: 
-17 de enero de 2014, a las 12:00 h.
+1 de marzo de 2016 a las 10,00 horas.
 10. Gastos de publicidad: 
-Serán a cargo del adjudicatario.
-11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-11 de noviembre de 2013.
-L'Hospitalet de Llobregat, 12 de noviembre de 2013.- El Director de Servicios Corporativos.","Licitación para el servicio de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) por importe total de 1.168.984,00 euros.",Pruebas ACTIC que hace Gencat le cuestan un millón en cuatro años  40.000 personas la han hecho 
-747,"El artículo 38, número 1, letra d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
-Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.
-El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el “Boletín Oficial del Estado”. Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
-Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».
-En su virtud, esta Presidencia resuelve remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2015 que fuera aprobada por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del citado Consejo en su 19.ª reunión, celebrada en Madrid, a las 9,30 horas del día 26 de septiembre de 2016 y que se adjunta como anexo único a la presente.
-Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez.
-ANEXO ÚNICO
-Consejo de transparencia y buen gobierno
-Memoria de cumplimiento de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de actividades del organismo durante el ejercicio 2015
-I. Evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante el ejercicio 2015.
-I.1 Alcance.
-De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), la función evaluadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG):
-− Se refiere a su aplicación por todos los sujetos obligados, esto es, las Administraciones públicas, los restantes sujetos de derecho público y los sujetos de derecho privado comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley.
-− Se refiere al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley, tanto en materia de publicidad activa como de acceso a la información y buen gobierno.
-− Se refiere exclusivamente a la determinación del grado de aplicación de la Ley, lo que implica, en principio, una apreciación genérica del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma por los sujetos involucrados.
-− Sus resultados habrán de recogerse en la Memoria que el organismo debe presentar anualmente a las Cortes Generales por lo que necesariamente se refiere al cumplimiento de la Ley durante el año anterior al de elaboración de dicha memoria.
-No obstante, a la hora de determinar el alcance de la evaluación efectuada por el CTBG durante 2015, es preciso tener en cuenta la concurrencia de distintas circunstancias que han obligado a modular en varios sentidos la aplicación de los parámetros contemplados en la Ley:
-1. En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno, es necesario tener en cuenta que la LTAIBG, en el supuesto de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado (en adelante AGE), atribuye la competencia para la imposición de las sanciones previstas al Consejo de Ministros o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas –hoy de Hacienda y Función Pública– y la instrucción de los correspondientes expedientes a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de este último Departamento y, en el supuesto de altos cargos de la Administración Local y Autonómica, a los órganos que, en cada caso, tengan atribuida la gestión del correspondiente régimen disciplinario.
-Estos órganos, tanto la OCI como sus equivalentes autonómicos o los órganos de las CC.AA. o las Corporaciones locales competentes en materia de buen gobierno y conflictos de intereses están obligados a publicar e informar de los resultados de su gestión a los Parlamentos, Asambleas o Plenos correspondientes –en el ámbito de la AGE, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, obliga a la OCI a elevar al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas–.
-Así, para evitar duplicidades o incoherencias, parece aconsejable excluir de la función de evaluación del CTBG toda la materia de buen gobierno, tanto en el ámbito de la AGE como en el de las Administraciones autonómica y local.
-2. Existe un grupo completo de sujetos obligados que no puede ser identificado de modo directo ni figura como tal en ninguna plataforma o registro de las Administraciones Públicas: las entidades privadas que reciben ayudas, subvenciones o financiación pública por encima del umbral económico marcado por la Ley.
-La complejidad de abordar el proceso de identificación e individualización de estas entidades –especialmente con los medios actualmente disponibles por el CTBG– ha aconsejado excluir los datos relativos a las entidades privadas de la evaluación para 2015 y diferir a próximos ejercicios la medición de su nivel de cumplimiento de la Ley.
-3. Contabilizando los tres niveles de Administración –central, autonómica y local–, a 1 de enero de 2015 existían en España casi 19.000 organizaciones y entidades públicas obligados por la Ley a los que habría que sumar las organizaciones privadas comprendidas en el ámbito subjetivo de la norma.
-El análisis exhaustivo de un universo de esta magnitud es difícilmente abordable sin recurrir a medios humanos y materiales muy superiores a los que figuran actualmente a disposición del CTBG. Por ello, en los casos de las organizaciones o entidades más numerosas, la evaluación se ha realizado en base a sistemas de muestreo.
-4. Las competencias en materia de transparencia y acceso a la información de las organizaciones e instituciones comprendidas en el ámbito de cobertura de la LTAIBG son competencias compartidas por el Estado y las Comunidades Autónomas (en adelante CC.AA.). Por otra parte, las Entidades integrantes de la Administración Local (en adelante EELL) tienen también reconocido legalmente un ámbito de autonomía en materias relacionadas con la gestión de la transparencia y la información a los ciudadanos.
-Por ello, la evaluación del cumplimiento de la Ley por los sujetos de ámbito autonómico y local se abordado por este Consejo solicitando a las CCAA y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en aplicación de los principios de colaboración y cooperación institucional, una autoevaluación del nivel de cumplimiento de la Ley.
-5. Para finalizar, hay que tener en cuenta que, en el ámbito de las CCAA y las EELL, la plena entrada en vigor de la Ley de Transparencia no se produjo hasta el 10 de diciembre de 2015, a diferencia del caso de la Administración General del Estado, en la que la Ley entró en vigor el 10 de diciembre de 2014.
-I.2 Metodología.
-Dado que en España, en estos momentos, no existe una metodología de evaluación de la transparencia adaptada específicamente a la Ley y susceptible de ser aplicada y asumida por todos los sujetos implicados, el CTBG ha debido desarrollar una metodología específica para efectuar la evaluación del cumplimiento de la Ley.
-El deseo de abordar la elaboración de esta metodología con el menor coste presupuestario y el adecuado nivel de calidad aconsejó al Consejo recurrir durante 2015 a la colaboración de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), organismo encargado de la evaluación de políticas públicas en el ámbito de la AGE.
-La colaboración se formalizó a través de un convenio suscrito por ambos organismos, firmado en 2016 y sin contrapartidas económicas, que ha dado origen a la metodología de evaluación empleada en la presente memoria referida a 2015 y que, a partir de 2016, permitirá disponer de una metodología completa aplicable por los organismos garantes de la transparencia y el acceso a la información en el ámbito autonómico y por el resto de organismos o instituciones públicas obligados al cumplimiento de la Ley.
-La metodología consta de tres fases:
-− Determinación de los catálogos de obligaciones de la Ley.
-− Recogida de datos.
-− Evaluación.
-Su aplicación a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley se ha realizado agrupando éstos en los siguientes grupos de tratamiento:
-– Grupo I. Órganos constitucionales, de relevancia constitucional y órganos independientes de ámbito estatal.
-– Grupo II. AGE y organismos vinculados y dependientes.
-– Grupo III. Fundaciones, corporaciones, consorcios y sociedades mercantiles de ámbito estatal.
-– Grupo IV. CC.AA., organismos vinculados y dependientes y sector público autonómico
-– Grupo V. EELL, organismos vinculados y dependientes y sector público local.
-En el caso de los Grupos I, II y III, la clasificación se ha establecido en atención a que la LTAIBG no ha establecido un catálogo homogéneo de obligaciones para todos los sujetos involucrados sino que ha establecido obligaciones diferentes para cada una de estas clases o categorías.
-En el caso de los Grupos IV y V, se han establecido grupos de tratamiento diferenciados en atención en que la evaluación se ha realizado por los propios sujetos obligados o por una asociación representativa de estos.
-Por lo que se refiere al contenido de la metodología de evaluación y a los indicadores empleados en la medición, son diferentes en el ámbito de la publicidad activa y en el del acceso a la información.
-1. En el ámbito de la publicidad activa, se ha tomado como unidad de análisis la publicación de los datos o informaciones enumerados por la LTAIBG con carácter obligatorio en la página web del sujeto obligado o en el portal electrónico de la correspondiente Administración Pública y se ha medido el cumplimiento de los requerimientos de la Ley en base a los siguientes indicadores:
-a) Publicación: Evalúa si la información se ha publicado en la web institucional del sujeto obligado, en el portal electrónico de la Administración Pública correspondiente o en ambos.
-b) Integridad: Evalúa si la información publicada recoge íntegramente todos los datos requeridos por la Ley.
-c) Presentación: Evalúa si el acceso a la información se identificada con un banner, botón o epígrafe específico, identificado como «transparencia» o «información e transparencia».
-d) Forma: Evalúa si la información se publica en forma directa –esto es, directamente en la página o portal de que se trate o mediante un vínculo directo al sitio en que aparece publicada– o si, por el contrario, lo que figura en la página o el portal es simplemente un vínculo a una base de datos o plataforma centralizada de la Administración o cualquier organismo público donde el usuario debe buscar los datos concretos.
-e) Características:
-– Estructuración: Evalúa si la información aparece agrupada y organizada en un único lugar del soporte electrónico correspondiente o, por el contrario, aparece dispersa en diversos lugares y es necesario para reunirla que el usuario realice una navegación a lo largo del sitio.
-– Accesibilidad: Evalúa la facilidad de acceso a la información en términos del número de clicks necesarios para acceder a ella desde la página home o inicio de la web o portal correspondiente.
-– Claridad: Evalúa si la información se publica acompañada o no de informaciones complementarias en forma de documentos explicativos, fichas, gráficos, infografías o tablas.
-– Actualización: Evalúa si junto con la información se publican las datas, fechas o registros temporales necesarios para determinar el período a que corresponden.
-– Reutilización: Evalúa si la información se publica o no en un soporte susceptible de reutilización por medios automáticos.
-2. En el ámbito del acceso a la información, se han tomado como unidades de análisis los servicios o unidades de transparencia, información o atención al ciudadano de las distintas Administraciones y entidades públicas obligadas y se ha medido el número de solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos, el número de solicitudes resueltas, el número de resoluciones estimatorias, desestimatorias y de inadmisión y el número de solicitudes pendientes.
-I. 3 Percepción y respuesta ciudadana.
-Cualquier evaluación del primer año de cumplimiento de la LTAIBG por nuestras instituciones públicas no quedaría completa sin valorar el impacto en la ciudadanía de las nuevas medidas legislativas y los valores propios de la transparencia, la información pública y la rendición de cuentas.
-El CTBG ha valorado resumidamente el impacto ciudadano de la Ley de Transparencia, concretándola en el análisis de dos indicadores fundamentales:
-− El grado de conocimiento de la Ley y su valoración por los ciudadanos (percepción ciudadana).
-− El nivel de respuesta de la ciudadanía a los distintos instrumentos y herramientas establecidos por la misma (respuesta ciudadana).
-Para la medición del primero de estos indicadores, el CTBG ha propiciado la incorporación a la encuesta anual sobre calidad de los servicios públicos, que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por encomienda de la AEVAL, de algunas cuestiones sobre la LTAIBG y los instrumentos jurídicos que proporciona a la ciudadanía.
-Para la medición del segundo se han utilizado los datos de uso del Portal de la Transparencia de la AGE, gestionado por el Ministerio de la Presidencia –hoy de Presidencia y Administraciones Territoriales–, junto con los datos de actividad del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de los portales o páginas web de algunos países de nuestro entorno (Reino Unido, México, Chile)
-I.4 Resultados de la evaluación.
-I.4.1 Generales.
-1. Regulación de la transparencia y el derecho a saber.
-El primer punto que hay que destacar es el avance positivo que ha supuesto la LTAIBG y su entrada en vigor.
-España era, junto a Malta y Chipre, el único país del entorno europeo que no contaba con regulación específica que amparara la transparencia en la gestión pública y el derecho a saber. Es cierto, como señala la Exposición de Motivos de la Ley de Transparencia que, antes de la publicación de esta, ya existían en nuestro ordenamiento jurídico normas sectoriales que contenían obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Y también es cierto que el acceso a la información pública se encontraba regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su modalidad de acceso singular o individualizado de los interesados a los procedimientos que les afectan. Pero estas eran regulaciones específicas, de alcance restringido, que se encontraban dispersas en legislaciones separadas y no satisfacían por completo las exigencias sociales y políticas de la España del siglo XXI.
-La Ley de Transparencia ha venido a superar estas deficiencias, a colmar el vacío legislativo existente y a avanzar y profundizar en el tratamiento de las obligaciones de publicidad activa, que se generalizan a un amplio número de sujetos además de a las Administraciones públicas (por ejemplo, la Casa de SM el Rey) y en el régimen del derecho de acceso, que pasa a ser universal y a ser ejercido sin legitimación especial ni motivación expresa. Consecuentemente, su entrada en vigor ha de ser valorada como un paso adelante en el proceso de regeneración democrática de las instituciones públicas.
-Es de destacar que la Ley ha supuesto además la implementación de todo un subsistema normativo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, en el ámbito de las Administraciones territoriales; en segundo lugar, desde una perspectiva transversal, pues la cultura de la transparencia y la información pública se han incorporado como contenido propio a la mayor parte de las iniciativas normativas y las políticas y programas públicos iniciados durante 2015.
-Baste señalar como ejemplo las distintas medidas relacionadas con la transparencia y sus valores que han incorporado las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobadas en 1 de octubre de 2015: expresa incorporación de la transparencia y el servicio al ciudadano a los principios de funcionamiento de las Administraciones públicas; impulso de la administración electrónica; establecimiento del registro nacional de convenios e instrumentos de cooperación; establecimiento del inventario de entidades públicas; nueva regulación de la audiencia al ciudadano en los procedimientos administrativos; establecimiento de las consultas previas en los procedimientos de elaboración normativa, etc…
-2. Nivel de cumplimiento.
-A nivel genérico y a juicio de este Consejo, el cumplimiento de la Ley de Transparencia por los sujetos obligados ha sido durante 2015 más que aceptable, máxime teniendo en cuenta que la transparencia en la actividad de las instituciones públicas y todo lo que la misma implica es una novedad en nuestro sistema jurídico-político, que se trata de una materia que reclama transformaciones profundas de actitudes y comportamientos y que se trata del primer año de aplicación de la Ley.
-3. Publicación de la información disponible y facilidad para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
-En materia de publicidad activa, hay que señalar que, si bien se ha dado un alto grado de cumplimiento de la obligación de publicar los contenidos de la LTAIBG, el cumplimiento de las obligaciones complementarias o formales que impone también la norma en materia de publicación de la información (claridad, accesibilidad, actualización, reutilización, etc…) es muy mejorable, especialmente desde el punto de vista de la utilización y comprensión de la misma por personas no especializadas y legas en materia de derecho administrativo y organización de las instituciones públicas.
-Es evidente que una de las razones fundamentales de esta situación es que la práctica totalidad de las obligaciones relativas a las cualidades que debe cumplir la información implica necesariamente la realización de modificaciones estructurales en los sistemas de información, las páginas webs y los procesos tecnológicos y que estas modificaciones requieren ordinariamente inversiones en recursos vinculados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), difíciles de abordar en momentos como el presente. No obstante, a criterio de este Consejo, es necesario hacer lo posible por abordarlas en el corto y a medio plazo.
-4. Percepción y respuesta ciudadana.
-Transcurridos casi dos años desde publicación de la Ley de Transparencia, la mitad de los ciudadanos desconocen su existencia y, los que la conocen, ignoran en buena medida su contenido esencial. Por otra parte, los ciudadanos sienten una gran desconfianza respecto de la eficacia de la Ley para modificar y contribuir a implantar efectivamente la cultura de la transparencia. Finalmente, el nivel de utilización de las herramientas establecidas en la Ley para las consultas de publicidad activa y las solicitudes de acceso a la información ha sido muy bajo durante el ejercicio 2015.
-Esta situación es más clara en el terreno del derecho a saber que en el de la publicidad activa.
-A juicio de este Consejo, las causas de esta situación son diversas:
-− Falta de divulgación: No ha existido, en opinión del Consejo, una fuerte campaña de información ni de publicidad que preparara a los ciudadanos, titulares de los derechos a la transparencia activa y pasiva, para conocer y ejercer los derechos y facultades previstos en la Ley.
-− Decalaje en la entrada en vigor de la Ley: El decalaje en la entrada en vigor de la norma para CC.AA. y EELL –que viene avalado sin duda por la necesidad de realizar las adaptaciones normativas y de procesos requeridos para el cumplimiento de la Ley– ha tenido como consecuencia negativa que, para el conjunto del territorio y la ciudadanía en general, no ha existido una conciencia de la llegada de la transparencia a los españoles hasta dos años después de la publicación de la Ley.
-− Déficit de formación: Salvo en lo referente a los empleados públicos, respecto de los cuales –especialmente de los destinados en oficinas de atención al ciudadano y servicios de información al público– sí se ha realizado un esfuerzo, la aprobación de la Ley no ha venido acompañada de ninguna medida específica de formación destinada al personal docente, a los profesionales, a los alumnos de centros de enseñanza o a la ciudadanía en general respecto de los contenidos de aquélla y de las herramientas que pone a disposición del ciudadano.
-I.4.2 Por grupos de tratamiento.
-1. Grupo I.–Órganos constitucionales, de relevancia constitucional y órganos independientes de ámbito estatal.
-Durante 2015 las entidades de ámbito estatal del Grupo I –la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social, además del Banco de España y de las entidades de derecho público con independencia funcional o especial autonomía que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo– han cumplido adecuadamente durante 2015 las obligaciones de la LTAIBG.
-En el ámbito de la publicidad activa han cumplido en un porcentaje significativo las obligaciones materiales de la Ley e incluso han publicado datos o informaciones no comprendidas en el mínimo obligatorio. No obstante, a juicio de este Consejo. Sería conveniente avanzar en los aspectos formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos de claridad, actualización y reutilización.
-En el ámbito del acceso a la información, la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ha sido eficaz y ajustada a los requerimientos de la Ley. En la mayor parte de los portales o páginas web se han establecido canales para la presentación telemática de solicitudes de derecho de acceso a la información pública, obviamente sin perjuicio de la presentación de solicitudes de manera presencial o por correo postal.
-2. Grupo II.–AGE y organismos vinculados y dependientes.
-En 2015, tanto la AGE como sus organismos vinculados y dependientes, han publicado la mayor parte de los datos e informaciones sometidos a publicidad activa por la LTAIBG y han dado respuesta a los ciudadanos, tramitando las solicitudes de acceso a la información pública planteadas eficazmente y con arreglo a las previsiones legales.
-La AGE, con recursos propios y en un tiempo record, ha puesto en funcionamiento el Portal de Transparencia a que se refiere el art. 10 de la Ley, incorporando al mismo más de 1,3 millones de registros de información y enlazando a todos los Departamentos ministeriales y las principales bases de datos centralizadas de las Administraciones Públicas.
-Igualmente, ha establecido y dotado de medios humanos y materiales una estructura organizativa encargada de gestionar las solicitudes de acceso a la información, constituida por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI) del Ministerio de Presidencia y las unidades especializadas previstas en el art. 24 de la LTAIBG –las Unidades de Información y Transparencia (UITS) de los distintos Departamentos ministeriales–. Así mismo, se han establecido, además, los procedimientos electrónicos necesarios para tramitar eficazmente estas solicitudes.
-Por otra parte –y también sin práctico incremento del gasto público–, ha puesto en funcionamiento este CTBG como órgano independiente encargado de velar por la aplicación de la Ley, controlar el cumplimiento de las obligaciones de los Departamentos ministeriales y otros órganos de la AGE y de resolver en vía administrativa las reclamaciones formuladas por los ciudadanos respecto de las resoluciones adoptadas por estos últimos en materia de acceso a la información pública.
-Desde este punto de vista, el cumplimiento de las previsiones de la LTAIBG por la AGE y sus organismos vinculados y dependientes ha de evaluarse positivamente.
-Ello no obstante existen algunos factores necesitados de mejora. Tres de ellos se refieren al ámbito de la publicidad activa y el último al del acceso a la información.
-A. Publicación de la información en las páginas web de los Departamentos y en el Portal de Transparencia.
-La LTAIBG permite que la información sujeta a publicidad activa de los órganos y entidades de la AGE se publique en dos lugares diferentes: la web o sede electrónica del órgano o entidad correspondiente y/o la sede del Portal de Transparencia.
-La obligación principal se refiere a la publicación de la información en la web del organismo, siendo la réplica de la información en el Portal de la Transparencia una solución facilitadora que busca proporcionar al ciudadano un punto único de acceso y aliviarle de la carga de conocer previamente la estructura orgánica de la Administración para saber a qué órgano o entidad le corresponde publicar los datos o informaciones que desea consultar.
-No obstante, la literalidad de la Ley no recoge exactamente esta configuración, aunque tampoco la prohíbe. La indefinición de la Ley ha provocado un cierto confusionismo y hasta ha posibilitado la interpretación contraria, es decir, que se sostenga que lo decisivo para el cumplimiento de la obligación es la publicación de la información en el Portal.
-La decisión por un criterio u otro no es baladí, especialmente desde el punto de vista de la responsabilidad. Si se entiende que la obligación principal es la publicación en la web o sede del organismo o entidad, la responsabilidad corresponderá a éste; si se entiende que lo decisivo es la publicación en el Portal, la responsabilidad corresponderá a los gestores de éste.
-A juicio de este Consejo, el esclarecimiento de esta cuestión resulta decisivo y debería decantarse en el sentido de la preferencia de la publicidad en las páginas web de los Departamentos u órganos de la AGE para evitar el desconcierto del ciudadano y facilitar el ejercicio de las facultades de control de este organismo sobre posibles incumplimientos de las obligaciones de publicidad.
-B. Responsabilidad en casos de información centralizada.
-Tanto en el Portal de Transparencia como en las web de los Departamentos y órganos de la AGE se observa una abundancia del recurso de vincular el acceso a la información a la búsqueda en bases centralizadas de información (plataformas de contratación, información de ayudas y subvenciones, órganos de fiscalización y control externo, sistemas de contabilidad pública, etc…). A juicio de este CTBG esta situación debería mejorarse pues puede incidir negativamente en la facilidad y claridad de las consultas del ciudadano y plantea nuevamente el problema de la responsabilidad en caso de incumplimiento de la Ley.
-C. Claridad y comprensión de la información.
-Se observa tanto en las web como en el Portal de Transparencia una ausencia casi general de información complementaria o explicativa de los datos que se publican.
-Abundan las referencias jurídicas o las estadísticas sin explicación alguna que hacen que su lectura sea prácticamente indescifrable para la ciudadanía. No se encuentran explicaciones asociadas a conceptos complejos y de carácter técnico –encomiendas de gestión, contratos menores o armonizados, negociados sin publicidad, reglamentos, directivas, resoluciones, modificados, ampliaciones, suplementos etc…– ni existe información visual, resúmenes gráficos o infografías que ayuden la comprensión de los datos.
-En general, la terminología y los conceptos utilizados resultan muy alejados de los usos cotidianos y corrientes, sin que exista un glosario o diccionario de términos técnicos que facilite la comprensión del lenguaje jurídico por quien no es experto ni asocie los términos y expresiones afines en orden a facilitar el resultado exitoso de las búsquedas.
-Esta situación, unida a la abundancia de datos en soporte pdf –imágenes y no documentos– generan dificultades para el ciudadano en el uso de los motores de búsqueda o buscadores establecidos por los propios portales de las Administraciones Públicas.
-A juicio de este CTBG, la situación es manifiestamente mejorable desde el punto de vista de la claridad y debería abordarse a corto plazo. Debe recordarse que datos no son lo mismo que información y que, en este terreno, la cantidad de información no siempre es el elemento de referencia, ya que no es igual buscar que encontrar.
-D. Identificación electrónica.
-En el ámbito de la AGE el ejercicio por medios electrónicos del derecho de acceso a la información solo es posible, como en el resto de los procedimientos, mediante la identificación y firma electrónica del interesado a través del Sistema Cl@ve, gestionado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –hoy Secretaría General de Administración Digital– de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –hoy de Función Pública–. Así lo tiene previsto la aplicación GESAT, implementada en el Portal de Transparencia, que canaliza la tramitación electrónica de las solicitudes de acceso dirigidas por los ciudadanos a los órganos de la AGE.
-Desde los momentos iniciales de funcionamiento de GESAT, este sistema de identificación y firma ha sido criticado tanto en los medios de comunicación (electrónicos y en papel) como en el ámbito parlamentario, las organizaciones ciudadanas y los ciudadanos en general.
-Las principales críticas realizadas pueden resumirse como sigue:
-– El sistema es complejo en cualquiera de sus modalidades.
-– El sistema dificulta la actuación electrónica de las personas jurídicas.
-– El sistema discrimina a las personas extranjeras, que carecen de DNI o certificados electrónicos admitidos en la Unión Europea.
-Este CTBG comparte estas críticas y considera que Cl@ve puede resultar de uso difícil para los ciudadanos y que es percibido por estos y sus organizaciones como una traba o un obstáculo innecesario al ejercicio del derecho de acceso.
-Hay que tener en cuenta que la LTAIBG no establece en ningún lugar de su articulado la identificación y firma a través de certificados electrónicos o claves concertadas como requisito necesario para la presentación electrónica de solicitudes. Por otra parte, si se acude a la normativa internacional en materia de acceso a la información pública, se observa en los países europeos una gran facilidad en los requisitos de acceso. Así mismo sucede en el ámbito autonómico, en que algunas CC.AA. no exigen certificado electrónico para acceder a la información, y en el caso de la mayoría de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional.
-A juicio de este Consejo, sería necesario sustituir el Sistema Cl@ve –al menos en el ámbito del procedimiento de acceso a la información pública– por algún otro sistema de identificación y firma de utilización más sencilla y que, reuniendo las necesarias garantías, no pueda ser considerado por los ciudadanos como una traba para el ejercicio de sus derechos.
-3. Grupo III.–Fundaciones, corporaciones, consorcios y sociedades mercantiles de ámbito estatal.
-En general, durante el ejercicio 2015, la práctica totalidad de las instituciones y organismos de este grupo han adoptado medidas en cumplimiento de la LTAIBG, circunstancia que debe valorarse positivamente desde el punto de vista de la aplicación de la Ley. Igualmente, debe valorarse positivamente la respuesta dada por las entidades y organismos a las peticiones de información que les ha dirigido este CTBG con motivo de la evaluación de cumplimiento de la Ley.
-Ahora bien: Analizando detalladamente las medidas adoptadas, se observa un gap entre el cumplimiento de la Ley en materia de publicidad activa y el cumplimiento en materia de derecho a la información.
-En materia de publicidad activa, prácticamente no se han adoptado medidas específicas por las instituciones y organismos examinados, que han mantenido sus portales y páginas webs en el estado en que se hallaban con anterioridad a la publicación de la LTAIBG, sin modificaciones o desarrollos adicionales.
-Esta situación está justificada, por un lado, en la percepción de que los mencionados sites (normalmente dotados de motores potentes y altos estándares de calidad, por tratarse de empresas mercantiles o entidades de carácter comercial, industrial o financiero) cumplen suficientemente las exigencias de la Ley y, por otro, en la dificultad de realizar inversiones cuantiosas en soportes o estructuras tecnológicas que cumplen sobradamente sus finalidades. Ello no obstante este CTBG considera que los portales del sector público deben ser objeto de mejora, especialmente en relación con los aspectos presupuestarios y la contabilidad y en materia de presentación, accesibilidad, claridad, estructuración, etc…
-En materia de derecho a la información, la práctica totalidad de los entes y organismos examinados han establecido procesos de gestión adecuados y ajustados a los requisitos de la Ley. Las responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información han sido atribuidas mayoritariamente a los servicios jurídicos de los organismos examinados, lo que parece indicar una especial preocupación por la aplicación correcta de la normativa relativa al derecho de acceso, especialmente en lo referente a sus límites y a la protección de datos de carácter personal.
-4. Grupo IV.–CC.AA., organismos vinculados y dependientes y sector público autonómico.
-La mayoría de las CC.AA. que no habían aprobado su propia legislación en materia de transparencia e información pública con anterioridad a la Ley estatal han aprobado durante 2015 sus leyes de desarrollo de la normativa básica del Estado, y las que contaban con normativa propia han procedido a adaptarla a las bases fijadas por la Ley de Transparencia.
-Además han procedido a establecer sus propios organismos independientes, garantes de la transparencia y el acceso a la información pública en sus territorios, bien encomendando sus funciones a instituciones preexistentes o suscribiendo los convenios de colaboración con el Consejo que prevé la disposición adicional 4.ª de la Ley de Transparencia en defecto de las soluciones anteriores.
-Desde este punto de vista, el cumplimiento de la Ley ha sido positivo.
-Respecto de las concretas obligaciones de publicidad activa y en materia de acceso a la información que establece la LTAIBG, hay que señalar que:
-− La respuesta dada por las CC.AA. a las peticiones de información del CTBG ha sido muy favorable y se han establecido canales adecuados de cooperación y colaboración institucional.
-− La plena exigencia de las obligaciones establecidas no se ha producido para las CC.AA hasta el 10 de diciembre de 2015, de modo que, teniendo en cuenta la fecha de cierre de esta memoria, el período de aplicación plena de la Ley ha sido muy breve.
-− En este reducido período de 2015, los resultados de las autoevaluaciones practicadas coinciden prácticamente con los observados respecto de los otros grupos de sujetos obligados: un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias legales en materia de acceso a la información y, a nivel cuantitativo, también en materia de publicidad activa. A nivel cualitativo (requisitos técnicos de la publicación), algunos de los resultados ofrecidos pueden ser mejorados.
-5. Grupo V.–EELL, organismos vinculados y dependientes y sector público local.
-Desde el punto de vista del desarrollo normativo, hay que señalar que, ya desde el año 2014 y a lo largo de 2015, varias EELL de mediano y gran tamaño han aprobado normas sobre transparencia y acceso a la información y que la FEMP ha aprobado una Ordenanza Tipo de Transparencia para ayudar a la implantación normativa de esta materia en las Entidades de menor tamaño. Aunque dado el carácter básico de la LTAIBG, las EELL pueden cumplir las obligaciones establecidas en ella sin necesidad de aprobar una Ordenanza de transparencia, ambas circunstancias han de valorarse positivamente desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley.
-Ahora bien, a criterio de este CTBG, la implantación de la LTAIBG en el ámbito local –especialmente en el caso de las entidades de pequeño o mínimo tamaño– no requiere solo de un adecuado desarrollo normativo sino que exige un importante cambio organizativo de los medios económico-presupuestarios, materiales y humanos al servicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Tomando en consideración la compleja estructura de la Administración local española –con un altísimo porcentaje de entidades de pequeño tamaño–, el resultado es que un importante número de EELL de nuestro país carecen de los medios necesarios para implantar la Ley.
-Es cierto que las Diputaciones Provinciales y las CC.AA. realizan una labor de cooperación y asistencia –especialmente en el ámbito tecnológico– respecto de las Entidades de su territorio y que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (hoy de Función Pública) ha suscrito un convenio de colaboración con la FEMP para suministrar gratuitamente a las EELL que lo deseen un servicio «en la nube» de construcción de portales electrónicos de transparencia. Pero es evidente que estas medidas no pueden sustituir plenamente la necesaria reforma organizativa.
-Desde este punto de vista, y como conclusión de carácter genérico, puede decirse que a 31 de diciembre de 2015 solo las EELL de mayor tamaño han cumplido adecuadamente las obligaciones establecidas en la Ley.
-Por lo demás, y ciñéndonos al ámbito de estas últimas y al cumplimiento de las concretas obligaciones de publicidad activa y en materia de acceso a la información que establece la LTAIBG, hay que señalar que:
-− Tal y como sucedía en el caso de las CC.AA., la plena exigencia de las obligaciones establecidas no se ha producido para las CC.AA. hasta el 10 de diciembre de 2015, de modo que, teniendo en cuenta la fecha de cierre de esta memoria, el período de aplicación plena de la Ley ha sido muy breve.
-− Igualmente y tal y como se decía en relación con las CC.AA., en este reducido período, los resultados ofrecidos por la FEMP coinciden prácticamente con los observados respecto de los otros grupos de sujetos obligados: un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias legales en materia de acceso a la información y, a nivel cuantitativo, también en materia de publicidad activa.
-II. Actividades del CTBG durante el ejercicio 2015.
-Las actuaciones realizadas por el Consejo desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2015 aparecen estructuradas en la Memoria alrededor de los ocho ejes de actuación señalados en el Plan Estratégico 2015-2020 del CTBG con sus correlativos retos y objetivos estratégicos: ACTIVA, RESUELVE, COLABORA, INTERPRETA, SUPERVISA, FORMA, COMUNICA y RINDE. Además el documento da cuenta también de la actividad desarrollada por el órgano colegiado del organismo, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, durante el mismo período.
-Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
-La Comisión se constituyó el 19 de enero de 2015 en el Senado, con la presencia del Presidente de la Cámara, la Vicepresidenta del Gobierno, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso.
-Además de D.ª Esther Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los miembros iniciales de la Comisión fueron:
-– D.ª Pilar Cortés Bureta, Diputada, a propuesta del Congreso de los Diputados.
-– Jokin Bildarratz Sorron, Senador, a propuesta del Senado.
-– D.ª María José de la Fuente y de la Calle, Consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del mismo.
-– D. José Manuel Sánchez Saudinós, Secretario General del Defensor del Pueblo, a propuesta de éste.
-– D. Agustín Puente Escobar, Abogado del Estado Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la citada Agencia.
-– D.ª María Pía Junquera Temprano, Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos, representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
-– D. José Luis Martínez-Almeida Navasqües, Director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a propuesta de ésta.
-– D. Francisco Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, que actúa como Secretario.
-La composición inicial de la Comisión ha sido alterada en 2015 en dos ocasiones. El 8 de mayo, el Sr. Martínez-Almeida Navasqüés perdió la condición de miembro al cesar a petición propia en el cargo de director de la división jurídico-institucional de la AIREF y fue sustituido por D. Diego Pérez Martínez, su sustituto en el cargo. Y el 27 de octubre, perdió la condición de Vocal la Sra. Cortés Bureta al cesar como Diputada debido a la disolución de las Cortes Generales.
-Durante el año 2015, la Comisión se ha reunido en 13 ocasiones. Las actas de las reuniones pueden consultarse en la web institucional del CTBG.
-1. Eje ACTIVA.
-El CTBG, en su condición de organismo público que actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines, debe resolver y atender por sí mismo y con sus propios medios y recursos todas aquellas cuestiones de índole presupuestaria, patrimonial, organizativa y administrativa que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, gestionar sus recursos humanos y materiales además de establecer la estructura orgánica y los flujos y procesos de trabajo precisos para que su administración interna sea lo más ágil, eficiente y eficaz posible.
-En el EJE ACTIVA del Plan Estratégico se agrupan las actuaciones del CTBG para la puesta en marcha de su actividad y la organización de su estructura y funcionamiento interno.
-Durante 2015, su primer año de funcionamiento, estas actuaciones han ocupado un importante esfuerzo al organismo, especialmente en lo referente a la puesta en marcha de su organización, que, al ser de nueva creación, había que estructurar partiendo de cero.
-2. Eje RESUELVE.
-En torno al EJE RESUELVE del Plan Estratégico se agrupan las actuaciones correspondientes a la tramitación y resolución de las reclamaciones formuladas por los ciudadanos respecto de las denegaciones expresas o presuntas (silencio administrativo) de sus solicitudes de acceso a la información por parte de los Ministerios y organismos de la AGE. Así mismo se incluyen las actuaciones de tramitación y contestación de las restante iniciativas ciudadanas: peticiones de información, consultas, quejas, sugerencias, etc…
-El CTBG ha tramitado durante 2015 un total de 982 iniciativas de los ciudadanos. Centrándonos en las reclamaciones, durante 2015 se han presentado 517. Es de destacar que, a lo largo del año, se ha ido produciendo una aceleración en el ritmo de presentación de las solicitudes, que se intensifica especialmente en el último trimestre. Este comportamiento constituye un indicador positivo de la influencia de las actividades de difusión y sensibilización que ha ido realizando a lo largo del ejercicio el Consejo y los órganos administrativos responsables del acceso a la información.
-El sentido de las citadas 517 resoluciones ha sido el siguiente:
-– Archivadas: 8 (1,93%).
-– Inadmitidas por falta de competencia del CTBG u otros motivos: 153 (36,87%).
-– Desestimadas: 158 (38,07%).
-– Estimadas: 96 (23,13%).
-3. Eje COLABORA.
-El EJE COLABORA del Plan Estratégico engloba las actividades y medidas emprendidas por el CTBG en el ámbito de la cooperación y la colaboración institucional.
-Durante 2015, en esta materia, el Consejo ha realizado actuaciones de cooperación y colaboración en tres niveles distintos:
-– CC.AA. y EELL.
-– Organismos Internacionales (Red Iberoamericana de Autoridades de Transparencia - RTI y red de Comisionados europeos de Transparencia y Acceso a la Información).
-– Organizaciones representativas y asociaciones ciudadanas (Transparencia Internacional España, Access Info Europe, Fundación CIVIO, Asociación ACREDITRA, etc…)
-4. Eje INTERPRETA.
-En torno al EJE INTERPRETA del plan estratégico se agrupa la actividad del CTBG en cuanto a la interpretación de la LTAIBG. La acción del organismo en este ámbito tiene como objetivo aclarar y fijar los contenidos y el alcance de las disposiciones incluidas en la Ley.
-En este marco, y entre otras actuaciones, el CTBG ha aprobado en 2015 los siguientes criterios de interpretación uniforme de la LTAIBG:
-01. Obligaciones del sector público estatal de facilitar información sobre RPT y retribuciones.
-02. Aplicación de los límites al derecho de acceso a la información.
-03. Alcance de las obligaciones de transparencia de las entidades privadas.
-04. Publicidad activa sobre los datos del DNI y la firma manuscrita.
-05. Actuación ante solicitudes de información complejas o voluminosas.
-06. Causas de inadmisión de solicitudes de información: información auxiliar o de apoyo.
-07. Causas de inadmisión de solicitudes de información que requieran para su divulgación una acción previa de reelaboración.
-08. Aplicación de la disposición adicional 1ª de la Ley sobre regulaciones especiales del derecho de información.
-09. Actuación del órgano o unidad responsable cuando se solicite información ya objeto de publicidad activa.
-De acuerdo con el Estatuto del CTBG, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, todos estos criterios se han elaborado con el informe favorable de la Comisión y, de acuerdo con la LTAIBG, en el caso de los números 1, 2 y 4, se han formulado conjuntamente con la AEPD por afectar a cuestiones relacionadas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.
-5. Eje SUPERVISA.
-El EJE SUPERVISA del Plan Estratégico incorpora las actuaciones del CTBG en materia de evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la LTAIBG.
-En este ámbito las principales actuaciones realizadas por el CTBG han sido las siguientes:
-− Establecimiento en colaboración con la AEVAL de una metodología de evaluación del cumplimiento de la LTAIBG por los sujetos obligados.
-− Evaluación del cumplimiento de la Ley durante 2015 con realización de «mapeos» de cumplimiento por: A) AGE y organismos dependientes y vinculados; B) Órganos constitucionales y de relevancia constitucional y organismos públicos de regulación especial; C) Sector público estatal; D) CC.AA. y sector público autonómico y E) EELL y sector público local.
-− Establecimiento de un buzón para las denuncias y alertas de las asociaciones y responsables de la sociedad civil y ciudadanos –denuncias@consejodetransparencia.es– y tramitación de las denuncias formuladas (un total de 26, 17 de ellas referidas al ámbito de competencias de este Consejo).
-6. Eje FORMA.
-El EJE FORMA del Plan Estratégico del Consejo agrupa las acciones de éste en materia de formación y sensibilización.
-La LTAIBG encomienda al Consejo la misión de promover actividades en estas materias, en el ámbito tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad en general, para el mejor conocimiento y con el objeto de propiciar y gestionar el cambio organizativo y cultural que supone la implantación de la transparencia en la actuación de las organizaciones públicas
-Las principales actividades desarrolladas durante 2015 en este ámbito por el Consejo son las siguientes:
-− Plan de Formación.
-− Colaboración con Universidades –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá (UAH), Universidad Carlos III y Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)–.
-− Jornadas de sensibilización. La primera de ellas tuvo lugar el 25 de junio de 2015 en el Instituto Nacional de Administración Pública, con el título: «Transparencia: ¿lema o realidad?», con varias mesas redondas compuestas por periodistas, funcionarios públicos con responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, así como representantes de la sociedad civil y consultores especializados en transparencia. La segunda jornada tuvo lugar el 28 de septiembre, en el Ateneo de Madrid, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber. El formato también fueron tres mesas redondas, que relacionaban la transparencia con tres áreas fundamentales, la investigación, la cultura y la transparencia en la calle.
-− Participación en foros, cursos, seminarios o talleres –más de 50 participaciones durante 2015–.
-7. Eje COMUNICA.
-Dentro del EJE COMUNICA se incluyen todas las acciones emprendidas por el Consejo en el ámbito de la promoción y difusión de la transparencia y el acceso a la información pública entre la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones públicas y privadas y los medios de comunicación.
-Las medidas de este eje comprenden tanto las redes sociales –intercambio de Información, los medios de comunicación –colaboración con éstos y apariciones en prensa, radio y TV difundiendo las actividades del Consejo y la cultura de la transparencia–, la celebración de jornadas y encuentros públicos y privados, la gestión de la página web del Consejo como modelo dinámico de información.
-Durante 2015 la Presidenta del CTBG ha aparecido en los medios en más de 20 ocasiones y ha celebrado más de 28 entrevistas en distintos medios escritos, digitales y audiovisuales.
-8. Eje RINDE.
-De acuerdo con el Plan Estratégico del CTBG, el Eje RINDE, último eje temático, integra las actuaciones de rendición de cuentas del organismo entendidas en sentido diferente al de las actuaciones formales de rendición de cuentas ante los órganos de control interno y externo –Intervención Delegada y Tribunal de Cuentas–. Estas actuaciones formales pertenecen al eje activa y se relacionan intrínsecamente con la gestión ordinaria del Consejo.
-Dentro de las actuaciones propias del Eje RINDE, cabe destacar que el CTBG se ha dotado durante 2015 de un Código Ético, aprobado por Resolución de 20 de julio de su Presidenta –publicada en la web institucional del Consejo– y que ha rendido cuentas durante 2015 publicando en su página web toda la información referente a su actividad de cara al exterior, no solo en aquellas materias recogidas por las normas de publicidad activa, sino en todas aquellas que se ha entendido justificado que sean conocidas por los organismos públicos o la ciudadanía en general.
-Finalmente, cabe referirse a las comparecencias de la Presidenta del Consejo ante las Cortes Generales durante 2015. La Presidenta, que ya había comparecido el 20 de noviembre de 2014 en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso a efectos del refrendo de su nombramiento, volvió a comparecer en la mencionada Comisión, esta vez a petición propia, el día 29 de septiembre de 2015 para informar sobre el Plan Estratégico del CTBG y, en general, sobre las actuaciones realizadas a dicha fecha.
-Madrid, diciembre de 2016.","Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno encomienda al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados",Llega el #BOE la memoria 2015 del @ConsejoTBG  Un par de tweets sobre cosas importantes que cuenta:
-959,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Por cuenta del adjudicatario.
+12. Otras informaciones: 
+La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor tendrá lugar el 23 de febrero a las 10 horas en el M.º de Educación, Cultura y Deporte, c/ Los Madrazo, 17, 1.ª planta, Sala 112, Madrid 28014.
+Madrid, 25 de enero de 2016.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Marcial Marín Hellín.",Programas de inmersión en inglés en pueblos de España (los extranjeros se anularon) pasan de 2000 a 2400 plazas  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte","Licitación sin descripción por importe total de 2.400.000,00 euros.",,[],2942,0.5976204,444
+2022-03-29,,BOE-B-2022-9900,"FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>Convoca para el año 2022, en su XXVII Edición, los siguientes premios:</p>
+<p class='parrafo'>PREMIO LUIS AZCÁRRAGA. INNOVACIÓN AERONÁUTICA.- Pueden optar a este premio los trabajos, estudios o proyectos que constituyan una contribución singular y práctica para el transporte aéreo en sus manifestaciones de: 1.- Planificación y organización. 2.- Gestión económica y administrativa. 3.- Impacto y preservación medioambiental. 4.- Investigación e innovación tecnológica. Los trabajos serán de autor o autores de nacionalidad española, o extranjeros residentes en España, estarán redactados en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés y habrán sido realizados o publicados durante el año 2021. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.</p>
+<p class='parrafo'>PREMIO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VILLARES. FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER- Pueden optar a este premio los autores de proyectos Fin de Grado o Fin de Máster de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, así como de las disciplinas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones y Arquitectura, realizados sobre navegación aérea o aeropuertos en cualquier universidad española, redactados en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés, y por autores de nacionalidad española o extranjeros residentes en España. Los proyectos deberán haber sido presentados y aprobados en su correspondiente centro durante el año 2021. Se concederán anualmente hasta un máximo de cuatro premios, dotados con 3.000 euros cada uno: dos a proyectos que versen sobre navegación aérea y otros dos de tema aeroportuario.</p>
+<p class='parrafo'>PREMIO PERIODISMO AERONÁUTICO.- Pueden optar a este premio los profesionales que hayan realizado trabajos de carácter periodístico en prensa, radio, televisión, y medios digitales o publicaciones on line, relacionados con el transporte y la navegación aérea, así como con las instalaciones y los servicios aeroportuarios en general. Los trabajos presentados deberán haber sido publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, por autor o autores de nacionalidad española o extranjeros residentes en España, en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés, en periódicos o revistas editados en España, en publicaciones on line españolas o difundidos en emisoras de radio o televisión de nuestro país, y su contenido será de carácter divulgativo. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.</p>
+<p class='parrafo'>Las bases pueden descargarse en www.fundacionenaire.es.</p>
+<p class='parrafo'>Las propuestas deberán dirigirse antes del 31 de mayo de 2022 siguiendo las indicaciones de la página web de FUNDACIÓN ENAIRE.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 23 de marzo de 2022.- La Directora Gerente, Dª Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz.</p>
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+",Tue Mar 29 05:40:51 +0000 2022,"Convoca para el año 2022, en su XXVII Edición, los siguientes premios:
+PREMIO LUIS AZCÁRRAGA. INNOVACIÓN AERONÁUTICA.- Pueden optar a este premio los trabajos, estudios o proyectos que constituyan una contribución singular y práctica para el transporte aéreo en sus manifestaciones de: 1.- Planificación y organización. 2.- Gestión económica y administrativa. 3.- Impacto y preservación medioambiental. 4.- Investigación e innovación tecnológica. Los trabajos serán de autor o autores de nacionalidad española, o extranjeros residentes en España, estarán redactados en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés y habrán sido realizados o publicados durante el año 2021. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.
+PREMIO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VILLARES. FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER- Pueden optar a este premio los autores de proyectos Fin de Grado o Fin de Máster de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, así como de las disciplinas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones y Arquitectura, realizados sobre navegación aérea o aeropuertos en cualquier universidad española, redactados en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés, y por autores de nacionalidad española o extranjeros residentes en España. Los proyectos deberán haber sido presentados y aprobados en su correspondiente centro durante el año 2021. Se concederán anualmente hasta un máximo de cuatro premios, dotados con 3.000 euros cada uno: dos a proyectos que versen sobre navegación aérea y otros dos de tema aeroportuario.
+PREMIO PERIODISMO AERONÁUTICO.- Pueden optar a este premio los profesionales que hayan realizado trabajos de carácter periodístico en prensa, radio, televisión, y medios digitales o publicaciones on line, relacionados con el transporte y la navegación aérea, así como con las instalaciones y los servicios aeroportuarios en general. Los trabajos presentados deberán haber sido publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, por autor o autores de nacionalidad española o extranjeros residentes en España, en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés, en periódicos o revistas editados en España, en publicaciones on line españolas o difundidos en emisoras de radio o televisión de nuestro país, y su contenido será de carácter divulgativo. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.
+Las bases pueden descargarse en www.fundacionenaire.es.
+Las propuestas deberán dirigirse antes del 31 de mayo de 2022 siguiendo las indicaciones de la página web de FUNDACIÓN ENAIRE.
+Madrid, 23 de marzo de 2022.- La Directora Gerente, Dª Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz.","Amiguis periodistas: si el año pasado escribisteis algo chulo sobre aviones o similares, echadle un ojo a este premio:  🤑 #BOE",[],CONVOCATORIAS,Anuncios particulares,"Convocatoria del premios:
+Premio Luis Azcárra para Innovación aeronáutica de 12.000 euros
+4 Premio José Ramón López Villares de 3.000 euros cada uno.
+Premio Periodismo Aeronáutico de 12.000 euros.",,[],2835,0.60100025,403
+2014-06-14,,BOE-B-2014-21351,Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Objeto: Servicio de difusión en medios de comunicación de las campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres (2014). Expediente: 2014/422PA003.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Objeto: Servicio de difusión en medios de comunicación de las campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres (2014). Expediente: 2014/422PA003.</titulo>
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+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
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+<fecha_presentacion_ofertas>hasta las 13:00 horas del 19 de Julio de 2014</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>10 de Septiembre de 2014 a las 12:00 (Apertura sobres nº 3 y a las 11:50 (lectura informe valoración técnica))  y 30 de Julio de 2014 a las 12:00 (Apertura sobres oferta técnica)</fecha_apertura_ofertas>
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+<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
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+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
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+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
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+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Subdirección General de Programación Económico-Financiera.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo del Prado, 18-20.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
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+<dd>915961860.</dd>
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+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>2014/422PA003.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio de difusión en medios de comunicación de las campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres (2014).</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>hasta  el 9 de diciembre de 2014.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79341400 (Servicios de campañas de publicidad).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Ver Pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>1.355.371,90 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.355.371,90 euros. Importe total: 1.640.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>T1d [Servicios de publicidad (A partir de 600.000 euros)].</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver Pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Fasta las 13:00 horas del 19 de julio de 2014.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo del Prado, 18-20, esquina calle Lope de Vega.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>3 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Paseo del Prado, 18-20 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y Paseo del Prado, 18-20 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>10 de septiembre de 2014 a las 12:00 [Apertura sobres n.º 3 y a las 11:50 (lectura informe valoración técnica)]  y 30 de julio de 2014 a las 12:00 (Apertura sobres oferta técnica).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>10 de junio de 2014.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 10 de junio de 2014.- La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Jun 14 09:22:29 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias.
+Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Servicio de Contratación.
+Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias.
+Subdirección General de Programación Económico-Financiera.
 2) Domicilio: 
-Calle Príncipe de Vergara, 140, tercera planta.
+Paseo del Prado, 18-20.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid 28004.
+Madrid, 28014, España.
 4) Teléfono: 
-914801712 y 914801711.
+915961860.
 5) Telefax: 
-915889247.
-6) Correo electrónico: 
-agssyecontratacion@madrid.es.
+915961858.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://www.madrid.es/perfildecontratante.
-8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-El mismo día de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez días de antelación al plazo límite para recepción de ofertas.
+http://contrataciondelestado.es.
 d) Número de expediente: 
-300/2015/00484.
+2014/422PA003.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Suministro.
+Servicios.
 b) Descripción: 
-Adquisición y puesta en marcha de dispositivos aéreos pilotados en remoto (rpas) con destino a cuerpos operativos del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
-d) Lugar de ejecución/entrega: 
-1) Domicilio: 
-La entrega de los dispositivos y accesorios se hará efectiva en la sede de la Dirección General, en la Avenida Principal, 2.
-2) Localidad y código postal: 
-Madrid 28011.
+Servicio de difusión en medios de comunicación de las campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres (2014).
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-Total: 2 años. Fecha prevista de Inicio: El plazo máximo de entrega del suministro, que se realizará de una sola vez, será de dos meses a partir de la fecha de formalización del contrato, prevista para el 1 de octubre de 2015, finalizando en todo caso antes del 15 de diciembre de 2015.
+hasta  el 9 de diciembre de 2014.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-35.120000-1 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad.
+79341400 (Servicios de campañas de publicidad).
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
 Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: 
-Pluralidad de criterios. No valorables en cifras y porcentajes: Memoria Técnica de Funcionalidades (máximo 35 puntos). Valorables en cifras y porcentajes, precio (máximo 65 puntos).
+Ver Pliegos.
 4. Valor estimado del contrato:
-165.200,00 euros, IVA excluido.
+1.355.371,90 euros.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 165.200,00 euros. Importe total: 199.892,00 euros. 
+ Importe neto: 1.355.371,90 euros. Importe total: 1.640.000,00 euros. 
 6. Garantías exigidas. 
- Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación.
+ Definitiva (%): 5.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+T1d [Servicios de publicidad (A partir de 600.000 euros)].
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Acreditación de la solvencia económica y financiera:
-Artículo 75 Apartado: c) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia: Haber alcanzado en el último año (2014) un volumen global de negocios de al menos el presupuesto base de licitación del presente contrato. Medio de acreditación: Declaración responsable del representante legal de la empresa relativa al volumen global de negocios del último año (2014).
-Acreditación de la solvencia técnica:
-Artículo 77 Apartado: a) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia: Haber realizado en el conjunto de los tres últimos años (2012, 2013 y 2014) al menos dos suministros que guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado de, como mínimo el presupuesto base de licitación. Medio de acreditación: Los suministros se acreditarán en los términos indicados en el citado artículo. Se acompañará de una descripción detallada de lo suministrado en dicho período. 
-Apartado: e) del TRLCSP. Medio de acreditación: Los licitadores presentarán:
-Memoria técnica exhaustiva con descripción de las características de los equipos y sus accesorios, incluidas fotografías; suficiente para comprobar las exigencias del pliego técnico.
-Folleto informativo del usuario.
+Ver Pliegos.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-21 de septiembre de 2015, hasta las catorce horas.
+Fasta las 13:00 horas del 19 de julio de 2014.
 b) Modalidad de presentación: 
 Manual.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Unidad de Registro del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias.
+Registro General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 2) Domicilio: 
-Calle Príncipe de Vergara, 140, planta baja.
+Paseo del Prado, 18-20, esquina calle Lope de Vega.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid 28002.
+Madrid, 28014, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-Dos meses desde la apertura de la oferta económica.
+3 meses.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Apertura de criterios no valorables en cifras o porcentajes.
+Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
 b) Dirección: 
-Calle Príncipe de Vergara, 140.
+Paseo del Prado, 18-20 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y Paseo del Prado, 18-20 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
 c) Localidad y código postal: 
-Madrid 28002.
+Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
 d) Fecha y hora: 
-7 de octubre de 2015, a las diez treinta horas.
-10. Gastos de publicidad: 
-Por cuenta del adjudicatario.
-Madrid, 24 de agosto de 2015.- La Secretaria General Técnica, P.S. El Director General de la Policía Municipal (Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, de 14 de agosto de 2015), Andrés Serrano Sanz.","Licitación para la adquisición y puesta en marcha de dispositivos aéreos pilotados en remoto (rpas) con destino a cuerpos operativos del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid por importe total de 199.892,00 euros.",.@MADRID comprará más drones para emergencias. No están -o no encuentro- los pliegos en su perfil de contratante  #BOE
-1767,"La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, en su articulo 10.2 establece que es atribución del Consejo Rector de las agencias estatales, entre otras, la aprobación de un informe general de actividad valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas. Esta misma competencia, referida al Consejo Rector de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado viene recogida en el artículo 10.1 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre.
-El Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013, fue aprobado por el Consejo Rector en su reunión del 15 de julio de 2014.
-El artículo 4.2.a) del Estatuto de la Agencia establece que, una vez aprobado el informe general de actividad, se publicará un resumen de dicho documento en el «Boletín Oficial del Estado», en el que se hará mención de la dirección de la «página web» de la Agencia en la que podrá ser consultado el texto completo del mismo.
-En su virtud, y de acuerdo con las competencias que el artículo 11.3 del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado atribuye al Director, resuelvo:
-Primero.
-Publicar el resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013, aprobado por el Consejo Rector en su reunión de 15 de julio de 2014, cuyo texto se inserta a continuación como anexo.
-Segundo.
-El contenido completo de dicho documento se podrá consultar en la sede electrónica de la Agencia: http://www.boe.es.
-Madrid, 1 de septiembre de 2014.–El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero Secades.
-ANEXO
-Resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013
-1. Presentación
-La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) es un organismo público de los establecidos en el artículo 43.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Se creó mediante el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, en virtud de la autorización otorgada al Gobierno por la disposición adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos (Ley de Agencias).
-Dispone de patrimonio propio, integrado por el conjunto de bienes y derechos de que es titular, y autonomía de gestión y funcional, dentro de los límites establecidos por la Ley de Agencias y por su propio Estatuto.
-Es el organismo competente para la publicación y difusión de las leyes, disposiciones y otros actos a que se refiere el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»; de los datos a que se refieren los artículos 420 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, y demás disposiciones y actos que legal o reglamentariamente se determine.
-Asimismo, la agencia es competente para la publicación y difusión en cualquier soporte, por sí misma o en colaboración con otras administraciones públicas, ministerios, organismos o entidades de derecho público, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de disposiciones que se consideren de especial interés, y para la permanente actualización y consolidación de lo publicado.
-De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, le corresponde a la Agencia la gestión del portal de subastas electrónicas.
-La Agencia se constituye como organismo especializado de la Administración General del Estado para la edición y distribución de publicaciones oficiales, y tiene la consideración de medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho, en el ámbito editorial y de las artes gráficas.
-Los órganos de gobierno de la Agencia son el Presidente y el Consejo Rector.
-El órgano ejecutivo de la Agencia es su Director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.
-Del Director de la Agencia dependen las siguientes unidades:
-La Secretaría General.
-La Subdirección de la Imprenta Nacional.
-El Departamento de Gestión Editorial, Documentación e Información.
-El Departamento de Tecnologías de la Información.
-El Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
-El Departamento de Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión.
-2. Seguimiento del contrato de gestión y del plan de acción anual
-2.1 Objetivos estratégicos. Partiendo de las competencias y funciones encomendadas por la ley a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y de la previsión del escenario en el que desarrollará su actividad, el Contrato de Gestión para el periodo 2013-2016, aprobado por Orden PRE/454/2014, de 17 de marzo, estable los siguientes tres objetivos estratégicos:
-Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
-Objetivo 2: Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
-Objetivo 3: Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen los fines de la Agencia y prestar dichos servicios a otras administraciones públicas en los términos que se acuerden.
-Además de definir los objetivos estratégicos, en el Contrato de Gestión se establecen los indicadores de gestión y de impacto que sirven para evaluar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, los rangos de cumplimiento y la ponderación de cada indicador en el Índice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia (IGA) para los años 2013 y 2014.
-Se analiza a continuación el resultado alcanzado en cada uno de los indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos en el año 2013.
-2.1.1 Publicación de los diarios oficiales. La competencia de publicación de los diarios oficiales dio a lugar al establecimiento del primer objetivo estratégico. Para determinar su grado de cumplimiento hay establecidos los cinco indicadores que se analizan a continuación:
-Publicación del diario «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto los domingos
-El diario «Boletín Oficial del Estado» se ha publicado todos los días que correspondía su publicación antes de las 8 horas.
-Publicación del periódico «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en la sede electrónica de la Agencia, a las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid
-El periódico «Boletín Oficial del Registro Mercantil» se ha publicado antes de las 8 horas todos los días que correspondía su publicación.
-Tiempo de publicación de anuncios en los diarios oficiales (porcentaje de anuncios publicados el primer día de cada uno de los plazos establecidos)
-Del total de anuncios publicados en los diarios oficiales BOE y BORME, en el año 2013, el 97,34% se han publicado en el primer día de cada uno de los plazos establecidos. Dichos plazos son de cinco a ocho días para los presentados con firma autógrafa, y de tres a seis días los presentados con firma electrónica, ambos plazos contados desde la conformidad del anuncio (pagado y correcto).
-Correcciones de erratas en el diario BOE respecto al total de disposiciones y anuncios publicados (porcentaje)
-Al finalizar el año, el porcentaje de erratas en el diario oficial BOE ha sido del 0,08 % que coincide con el valor del objetivo establecido.
-Páginas web que enlazan con boe.es (diferencia entre la variación porcentual del número de páginas web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las siete webs públicas de referencia)
-El «mantenimiento del statu quo» entre la posición de boe.es y la media de las siete webs públicas de referencia, a lo largo del año, da lugar a un valor del indicador de «cumplimiento normal», es decir, del 76 %.
-A 31 de diciembre, la posición de la web boe.es, respecto a la media de las siete webs de referencia, se ha incrementado en 0,54 puntos porcentuales.
-2.1.2 Difusión de la legislación. La competencia de difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados de información jurídica, dio lugar al segundo objetivo estratégico. Para determinar su grado de cumplimiento hay establecidos los cinco indicadores que se analizan a continuación:
-Número de accesos a las bases de datos de la Agencia
-El número de accesos a las bases de datos de la Agencia en el año 2013 ha sido de 311,4 millones, muy superior al valor de los 210 millones fijado como objetivo.
-Plazo en actualizar las normas consolidadas (promedio de días hábiles, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia)
-El objetivo en esta materia es actualizar las normas en el mismo día en que se publica la norma que las modifica. Las 699 normas consolidadas a lo largo del año se han actualizado en un promedio de 1,16 días hábiles.
-Número de suscriptores de los servicios de alertas
-A 31 de diciembre, el número de suscriptores de los servicios de alertas ha sido de 65.514, mientras que el valor fijado como objetivo anual era de 60.000 suscriptores.
-En este incremento ha influido la puesta en marcha del BOE a la carta, que ha supuesto la ampliación, a lo largo del año, de los servicios de alertas, incorporando las de «personal», el seguimiento de las normas consolidadas y de los códigos electrónicos, y las alertas relacionadas con las «búsquedas» que los usuarios pueden realizar.
-Número de libros electrónicos disponibles en la web
-A 31 de diciembre, en la web de la Agencia estaban disponibles 61 libros, uno más que los fijados como objetivo, de ellos 34 pertenecen a la colección de códigos electrónicos.
-Número de títulos publicados en edición y coedición
-A lo largo del año se han publicado 75 títulos en edición y coedición, mientras que el valor fijado como objetivo anual era publicar 80 títulos.
-2.1.3 Ser la imprenta y distribuidor de referencia de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público. La consideración de la Agencia como medio propio instrumental de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, dio lugar al establecimiento del tercer objetivo estratégico. Para determinar su grado de cumplimiento hay establecidos los tres indicadores que se analizan a continuación.
-Hay que señalar que en el grado de cumplimiento de los indicadores que miden este objetivo estratégico, ha tenido un efecto positivo la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA), al incluir entre las medidas propuestas la «Reorganización de las imprentas y servicios de reprografía y unificación de la edición e impresión de la AGE en la AEBOE», que ha determinado un incremento del número de encargos y de clientes de la Imprenta Nacional.
-Importe de la facturación de los trabajos de la Imprenta Nacional (millones de euros)
-En el año 2013, la facturación por los trabajos que la Imprenta Nacional realiza como medio propio ha sido de 2,23 millones de euros, mientras que el valor del objetivo anual era alcanzar los 2 millones.
-Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional
-El número medio de clientes de la Agencia en el año 2013 ha sido de 45,6, mientras que el objetivo fijado era de 45 clientes.
-Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte
-A lo largo del año en la Imprenta Nacional se han elaborado 158 obras para terceros, en formato papel y electrónico, mientras que el objetivo anual estaba fijado en 120 obras.
-2.2 Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA). A partir del índice de cumplimiento obtenido para cada uno de los indicadores y la ponderación de cada uno de ellos, se calcula el Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA).
-El IGA obtenido en el año 2013 ha sido de 94. En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de dicho índice.
-Índice General de cumplimiento de los objetivos de la agencia
-Objetivos estratégicos
-Indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos
-Resultado
-Cumplimiento
-(VII)
-Ponderación
-(Pij)
-Producto
-Vij*Pij
-Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
-1.1 Publicación del diario «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto los domingos (minutos de retraso).
-0
-100
-0,15
-15,0
-1.2 Publicación del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid (minutos de retraso).
-0
-100
-0,10
-10,0
-1.3 Tiempo de publicación de anuncios en los diarios oficiales (porcentaje de anuncios publicados el primer día de cada uno de los plazos establecidos).
-97,34%
-97
-0,05
-4,9
-1.4 Corrección de erratas en el «Boletín Oficial del Estado» (porcentaje de erratas respecto del número de disposiciones y anuncios publicados).
-0,08%
-100
-0,05
-5,0
-1.5 Páginas web que enlazan con boe.es (el 76 %, más la diferencia entre la variación porcentual del n.º de páginas web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las 7 webs públicas de referencia).
-76,54%
-77
-0,10
-7,7
-Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
-2.1 Número de accesos a las bases de datos de la Agencia (millones).
-311,4
-100
-0,10
-10,0
-2.2 Plazo en actualizar las normas consolidadas (promedio de días hábiles en actualizar las normas, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia.
-1,16
-77
-0,12
-9,2
-2.3 Número de suscriptores de alertas al finalizar el año.
-65.514
-100
-0,10
-10,0
-2.4 Número de libros electrónicos disponibles en la web al finalizar el año.
-61
-100
-0,05
-5,0
-2.5 Número de títulos publicados en edición y coedición.
-75
-83
-0,05
-4,2
-Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen los fines de la Agencia y prestar dichos servicios a otras administraciones públicas en los términos que se acuerden.
-3.1 Importe de la facturación por los trabajos de la Imprenta Nacional (millones).
-2,23
-100
-0,05
-5,0
-3.2 Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.
-45,6
-100
-0,03
-3,0
-3.3 Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte.
-158
-100
-0,05
-5,0
-Índice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia
-94
-2.3 programas y proyectos. En el Plan de Acción del año 2013 se aprobaron los 56 programas y proyectos que integran el conjunto de actividades concretas a desarrollar por la Agencia, ese año, para lograr sus objetivos.
-Cada uno de los programas y proyectos, contemplados en el Plan de Acción, tiene establecido el objetivo anual, los criterios para evaluar su cumplimiento, y las unidades responsables de su ejecución.
-El 66 % de los programas y proyectos incluidos en el Plan de acción 2013 han alcanzado un grado de cumplimiento del 100 %.
-3. Recursos humanos, materiales y presupuestarios
-En el año 2013, la Agencia para llevar a cabo las competencias que la ley le atribuye ha contado con los recursos humanos, materiales y presupuestarios que se exponen a continuación:
-3.1 Recursos humanos. La plantilla efectiva de la Agencia, a 31 de diciembre de 2013, era de 437 empleados, 17 menos que en la misma fecha del año anterior.
-Las actividades de la Agencia, ligadas al ámbito editorial y de las artes gráficas, determinan la peculiar configuración de su plantilla, integrada en un 81 % por personal laboral y un 19 % por funcionarios.
-3.2 Recursos materiales y presupuestarios. A 1 de enero de 2013, el valor neto contable del inmovilizado de la Agencia ascendía a 21.396.710,70 euros.
-El carácter industrial de algunas actividades de la Agencia tiene su reflejo en la composición de su inmovilizado, en el que sigue teniendo un peso importante el equipamiento industrial, si bien, la utilización cada vez mayor de las nuevas tecnologías, incluso en las actividades industriales del organismo, determina que el peso correspondiente a equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas vaya incrementándose.
-El presupuesto de gastos de la Agencia en 2013 ha sido de 64.130.040 euros, de los que 30.366.000 euros corresponden a la transferencia que se realiza al Tesoro Público.
-Cabe señalar que, respecto al ejercicio 2012, los ingresos han disminuido un 3,12 %, mientras que los gastos se han mantenido prácticamente igual, sólo disminuyen un 0,31 %, si bien el 54 % del gasto corresponde a la transferencia al Tesoro Público.
-Durante este ejercicio ha sido necesario financiar gastos mediante el remanente de tesorería por un importe de 14,4 millones de euros.
-Ejecución del presupuesto de ingresos 2013
-Clasificación económica
-Explicación
-Presupuesto definitivo
-Derechos reconocidos
-%
-(2) (1)
-Capítulo 3
-Tasas, precios públicos y otros ingresos
-51.897.550,00
-41.594.989,58
-80,15
-Capítulo 5
-Ingresos patrimoniales
-5.000,00
-151,17
-3,02
-Capítulo 6
-Enajenación de inversiones reales
-0,00
-743,80
-   
-Capítulo 8
-Activos financieros
-12.227.490,00
-14.551.278,87
-119,00
-Total presupuesto de ingresos
-64.130.040,00
-56.147.163,42
-87,55
-Ejecución del presupuesto de gastos 2013
-Clasificación económica
-Explicación
-Presupuesto definitivo
-Derechos reconocidos
-%
-(2) (1)
-Capítulo 1
-Gastos de personal
-22.597.490,00
-19.311.630,30
-85,46
-Capítulo 2
-Gastos corrientes en bienes y servicios
-9.311.350,00
-5.415 .950,29
-58,17
-Capítulo 3
-Gastos financieros
-16.720,00
-3.564,36
-21,32
-Capítulo 4
-Transferencias corrientes
-79.270,00
-63.427,65
-80,01
-Capítulo 6
-Inversiones reales
-1.624.210,00
-852.390,76
-52,48
-Capítulo 8
-Activos financieros
-135,000,00
-134.200,06
-99,41
-Total (Programa 921,R)
-33.764.040,00
-25.781.163,42
-76,36
-Capítulo 4
-Transferencias corrientes
-30.366.000,00
-30.366.000,00
-100,00
-Total (programa 000,X)
-30.366.000,00
-30.366.000,00
-100,00
-Total presupuesto de gastos
-64.130.040,00
-56.147.163,42
-87,55",Resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013.,"Curiosidades #BOE: En 2013 salió todos los días a tiempo (antes de las 8) y el porcentaje de erratas fue del 0,08% "
-2264,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+10 de septiembre de 2014 a las 12:00 [Apertura sobres n.º 3 y a las 11:50 (lectura informe valoración técnica)]  y 30 de julio de 2014 a las 12:00 (Apertura sobres oferta técnica).
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+10 de junio de 2014.
+Madrid, 10 de junio de 2014.- La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.",Mato lo ha vuelto a hacer. Vuelve a dejar la puerta abierta para repartir la publi institucional como le plazca  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,"Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","Licitación para el servicio de difusión en medios de comunicación de las campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres (2014) por un máximo de 1.640.000,00 euros. ",,[],1378,0.60281795,417
+2012-11-10,,BOE-B-2012-38251,"Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para las sedes de la Avda. Manoteras y de la calle Trafalgar, para el año 2013. Expediente: 2012/01000214.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185458'>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 17:30 horas del 10 de diciembre de 2012</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>18 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>532.400,00</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28050, España.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondel estado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 17:30 horas del 10 de diciembre de 2012.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>2012/01000214.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para las sedes de la Avda. Manoteras y de la calle Trafalgar, para el año 2013.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Hasta el 31 de diciembre de 2013.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>90911200 (Servicios de limpieza de edificios).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>880.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 440.000,00 euros. Importe total: 532.400,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 17:30 horas del 10 de diciembre de 2012.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28050, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>2 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Avda. Manoteras, 54 (salón de actos de la AEBOE).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28050, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>18 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>30 de octubre de 2012.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de octubre de 2012.- Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Nov 10 08:39:53 +0000 2012,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Generalidad de Cataluña. Departamento de Economía y Conocimiento. Comisión Central de Suministros.
+Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Secretaría Técnica.
+Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Secretaría Técnica.
+Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 2) Domicilio: 
-Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 2.ª planta.
+Avenida de Manoteras, 54.
 3) Localidad y código postal: 
-Barcelona 08010.
-4) Teléfono: 
-93 316 22 66.
-5) Telefax: 
-93 316 22 40.
-6) Correo electrónico: 
-licitacionsccs.eco@gencat.cat.
+Madrid, 28050, España.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccs.
+http://contrataciondel estado.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-16 de mayo de 2014, a las 13:00 horas.
+Hasta las 17:30 horas del 10 de diciembre de 2012.
 d) Número de expediente: 
-2013/3.
+2012/01000214.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Suministros.
+Servicios.
 b) Descripción: 
-Suministro de energía eléctrica, gas natural y gas propano a los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya y a las entidades adheridas al Sistema Central de Adquisiciones (SCA) de la Comisión Central de Suministros.
-c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
-Lote 1: Puntos de consumo con tarifa de acceso 6.1 o la que la pueda sustituir. Lote 2: Puntos de consumo con tarifa de acceso 3.1A o la que la pueda sustituir. Lote 3: Puntos de consumo con tarifa de acceso 3.0A o la que la pueda sustituir. Lote 4: Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.1A o la que la pueda sustituir. Lote 5: Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.1DHA o la que la pueda sustituir. Lote 6: Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.0A o la que la pueda sustituir. Lote 7: Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.0DHA o la que la pueda sustituir. Lote 8: Gas natural canalizado con tarifas de acceso 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 o las que las puedan sustituir. Lote 9: Gas natural licuado (GNL). Lote 10: Gas propano.
-d) Lugar de ejecución/entrega: 
-1) Domicilio: 
-Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a planta.
-2) Localidad y código postal: 
-Barcelona 08010.
+Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para las sedes de la Avda. Manoteras y de la calle Trafalgar, para el año 2013.
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-1 año.
-f) Admisión de prórroga: 
-En períodos sucesivos de 1 año hasta una vigencia total de 4 años.
-g) Establecimiento de un acuerdo marco: 
-Sí.
+Hasta el 31 de diciembre de 2013.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-31154000-0.
+90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
 Abierto.
-d) Criterios de adjudicación: 
-Diversos criterios de adjudicación.
 4. Valor estimado del contrato:
-595.983.011,54 euros.
+880.000,00 euros.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 132.440.669,23 euros. Importe total: 160.253.209,76 euros. 
+ Importe neto: 440.000,00 euros. Importe total: 532.400,00 euros. 
 6. Garantías exigidas. 
-Provisional (importe): Exenta..  Definitiva (%): Exenta.
+ Definitiva (%): 5.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Según lo estipulado en la cláusula décimosegunda del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
+Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-26 de mayo de 2014 a las 12:00 horas.
+Hasta las 17:30 horas del 10 de diciembre de 2012.
 b) Modalidad de presentación: 
-Según lo estipulado en la cláusula décimosexta del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
+Manual.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Secretaría Técnica.
+Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 2) Domicilio: 
-Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a.
+Avenida de Manoteras, 54.
 3) Localidad y código postal: 
-Barcelona 08010.
-4) Dirección electrónica: 
-licitacionsccs.eco @gencat.cat.
+Madrid, 28050, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-3 meses.
+2 meses.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Acto público.
+Apertura sobre oferta económica.
 b) Dirección: 
-Sala de actos de Gran Via de les Corts Catalanes, 635.
+Avda. Manoteras, 54 (salón de actos de la AEBOE).
 c) Localidad y código postal: 
-Barcelona.
+Madrid, 28050, España.
 d) Fecha y hora: 
-2 de junio de 2014, a las 13:00 horas.
-10. Gastos de publicidad: 
-En la cuantía aproximada de 2.000 euros, a distribuir proporcionalmente entre las empresas adjudicatarias.
+18 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas.
 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-25 de abril de 2014.
-12. Otras informaciones: 
-En el supuesto que el último de los anuncios de licitación publicados en el 'BOE'y el 'DOGC' fuera posterior al 10.5.2014, la fecha límite de recepción de proposiciones, así como la de apertura, se retrasará tantos días naturales como días transcurra.
-Barcelona, 29 de abril de 2014.- El Subdirector General de Suministros y Servicios.","Suministro de energía eléctrica, gas natural y gas propano a los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya y a las entidades adheridas al Sistema Central de Adquisiciones por un importe total de 160.253.209,76 euros.",Grandes consumidores de energía. Hoy: Adif (200 millones para AVE):  y Gencat (160 mill.)  #BOE
-3292,"La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que el bono social será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE y será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.
-El artículo 45 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se refiere a los aspectos relativos a los consumidores vulnerables, determina que serán considerados como tales los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por real decreto del Consejo de Ministros. Asimismo, establece que el bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que puedan quedar acogidos al mismo.
-Se definen las tarifas de último recurso como aquellos precios de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables y a aquellos que, sin cumplir con los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.
-El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, especifica los requisitos y fija las obligaciones de los comercializadores de referencia. En concreto, por dicho real decreto se determina el contenido del bono social, estableciendo un descuento del 25 por ciento respecto a la facturación del término de potencia y de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor.
-Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en su artículo 45, regula los aspectos básicos relativos al reparto del coste del bono social. Para ello, por dicha disposición legal se establece que el procedimiento de determinación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar se deberá calcular anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalando que dicho cálculo se hará de acuerdo al procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
-En virtud de este mandato, fue aprobado el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que establece las bases para el cálculo de los porcentajes.
-En concreto, dicho real decreto desarrolla el método de cálculo de los porcentajes de reparto que debe seguir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y fija las condiciones para el cálculo de estos porcentajes de reparto.
-A estos efectos, la citada Comisión deberá, asimismo, publicar en su página web, en el mes de noviembre de cada año, la información referida al año móvil anterior y relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. Deberá remitir, antes del 1 de diciembre de cada año, una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de cada una de las sociedades, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
-La presente orden tiene por objeto, conforme a la normativa anterior, aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2016.
-Con fecha 28 de diciembre de 2015 ha tenido entrada en el Registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el «Informe sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016» remitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El citado informe fue aprobado, con fecha 17 de diciembre de 2015, por la Sala de Supervisión Regulatoria de la citada Comisión.
-La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha seguido, con carácter general, la metodología y cumplido con las condiciones que se establecen en el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre. Así, ha solicitado información a las empresas distribuidoras con arreglo a la Circular 3/2015, de solicitud de información a las empresas distribuidoras de electricidad para calcular anualmente los porcentajes de reparto de la financiación del coste del bono social, aprobada por ésta con fecha 22 de julio de 2015. De acuerdo con el marco aplicable, el periodo temporal considerado ha sido el último año completo disponible, por lo que se solicitaron los datos a las empresas distribuidoras a fecha 31 de diciembre de 2014. Asimismo ha contrastado la información obtenida e identificado las sociedades que deben participar en el reparto del bono social con base en su criterio. Finalmente, ha procedido a realizar su propuesta para el cálculo del porcentaje de financiación con base al número de clientes de las empresas comercializadoras y el número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras en que participe el grupo empresarial o de la sociedad correspondiente, respectivamente.
-Posteriormente, y tras la detección de sendos errores materiales en el mencionado informe, con fecha 17 de febrero de 2016, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobaba la «Resolución de corrección de errores al informe de 17 de diciembre de 2015 sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016».
-A la vista de dicha información, se solicitó a la citada Comisión la elaboración y concreción definitiva de los sujetos obligados a la financiación del bono social relativo al año 2016 y sus correspondientes porcentajes de reparto, mediante escritos de la Secretaría de Estado de Energía de fechas 5 de febrero y 17 de mayo de 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia procedió, en respuesta a lo anterior, a remitir el Acuerdo adoptado por la Sala de Supervisión Regulatoria de fecha 9 de junio de 2016 por el que se emite el «Informe consolidado sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016».
-A la vista de la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la presente orden se fijan los porcentajes de reparto del coste del bono social para el año 2016, de acuerdo con los establecido en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y el artículo 2 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre.
-Teniendo en cuenta lo anterior, en uso de la competencia prevista en el artículo 2.5 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, resuelvo:
-Primero.
-Fijar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016 por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, por las sociedades que desarrollan simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica que figura a continuación:
-Sociedad matriz
-Porcentaje de reparto asignado
-AGRI-ENERGÍA,SA	
-0,047174
-CANDIN ENERGÍA, S.L.	
-0,016286
-COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, COOP.V	
-0,006511
-COOPERATIVA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO DE ASIS	
-0,050256
-ELECTRA ADURIZ SA	
-0,037333
-ELECTRA CALDENSE, S.A.	
-0,042802
-ELECTRA DEL CARDENER, S.A.	
-0,024629
-ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.	
-0,070177
-ELÉCTRICA VAQUER, S.A.	
-0,010899
-ENDESA S.A.	
-41,098217
-ESTABANELL y PAHISA	
-0,199437
-FUClÑOS RIVAS,S.L.	
-0,016875
-GAS NATURAL SDG, S.A.	
-14,789487
-GRUPO CORINPA, S.L.	
-0,000004
-HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.U.	
-3,263348
-HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A.,	
-0,081359
-IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U	
-37,951119
-NAVARRO GENERACIÓN, S.A.	
-0,007620
-POPULAR DE FLUID ELECTRIC CAMPRODON, S.C.C.L.	
-0,006903
-PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A.	
-0,043204
-SAMPOL INGENIERÍA y OBRAS SA	
-0,000721
-SERVILIANO GARCÍA SA	
-0,014167
-VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SL	
-2,221472
-  Total general	
-100,000000
-Segundo.
-Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo encargado de las liquidaciones, que será responsable de su gestión. A estos efectos antes del día 15 de cada mes, los comercializadores de referencia deberán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información de la facturación correspondiente al mes anterior de los consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de períodos y facturación, para determinar la cuantía total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas.
-Estas liquidaciones incluirán las regularizaciones de las cuantías del bono social aplicado en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2016 que corresponda realizar desde que surta efectos la presente orden.
-Tercero.
-La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación en la primera liquidación que corresponda realizar de conformidad con la normativa en vigor.
-La presente orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
-También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
-Madrid, 8 de septiembre de 2016.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P. S. (Real Decreto 160/2016, de 15 de abril), el Ministro de Economía y Competitividad, P. S. (Real Decreto 329/2016, de 31 de agosto), la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.","Reglamentación del bono social para las eléctricas, que será considerado obligación de servicio público.",Pasan los años y no dejan de parecerme bellas y simbólicas estas cosas  #BOE 
-2657,"En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se hace público un resumen de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta resolución. Dicha Cuenta fue remitida al Tribunal de Cuentas mediante acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 31 de octubre de 2013.
-Madrid, 15 de noviembre de 2013.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.
-ANEXO
-Cuenta General del Estado
-Ejercicio 2012
-Resumen
-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), se ha formado, por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012.
-Dicha Cuenta General se estructura, de acuerdo con el punto 2 del apartado primero de la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los siguientes documentos:
-– Cuenta General del sector público administrativo.
-– Cuenta General del sector público empresarial.
-– Cuenta General del sector público fundacional.
-Cada uno de estos documentos se acompaña de una Memoria que completa, amplía y comenta la información contenida en los mismos.
-La Cuenta General del sector público administrativo comprende, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 del apartado segundo de la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, las cuentas de las entidades que integran dicho sector y que aplican los principios contables públicos y las normas de contabilidad establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública (aprobado mediante la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril) y sus normas de desarrollo. De un total de 160 entidades, se han integrado las cuentas de 140 con el siguiente desglose:
-– La Administración General del Estado.
-– Las entidades del Sistema de la Seguridad Social (sus cuatro Entidades Gestoras, la Tesorería General y las 24 Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).
-– 55 Organismos autónomos, de un total de 64.
-– 7 Agencias estatales, de un total de 8.
-– 18 Organismos públicos, de un total de 21, que presentan sus cuentas aplicando las normas de contabilidad a las que se ha hecho referencia (entidades del artículo 2.1.g) de la LGP).
-– 16 Consorcios, de un total de 20, a los que se refiere el artículo 2.1.h) de la LGP que formen parte del sector público administrativo estatal.
-– 14 Fondos, de un total de 17, a los que se refiere el artículo 2.2 de la LGP, carentes de personalidad jurídica y cuya dotación se efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado.
-La Cuenta General del sector público administrativo relativa al ejercicio 2012 se ha formado mediante consolidación de los Balances, de las Cuentas del resultado económico patrimonial, de los Estados de cambios en el patrimonio neto, de los Estados de flujos de efectivo y de los Estados de liquidación de los presupuestos de las cuentas de las entidades que integran dicho sector, y la conforman los siguientes estados:
-Balance consolidado.
-Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada.
-Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
-Estado de flujos de efectivo consolidado.
-Estado de liquidación del presupuesto consolidado.
-Memoria.
-La Cuenta General del sector público empresarial está formada, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 del apartado tercero de la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, por las cuentas de las entidades del sector público estatal que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad vigente para la empresa española (aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), y en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (aprobadas mediante Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre), así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan. De un total de 228 entidades, se han integrado las cuentas de 207, con el siguiente desglose:
-13 Entidades públicas empresariales, de un total de 14, dependientes de la Administración General del Estado o de cualesquiera otros Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, reguladas en el Capítulo III del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), entre las que se encuentran una entidad que realiza actividades de seguros y una entidad que realiza actividades de crédito.
-157 Sociedades mercantiles estatales, de un total de 169, definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, entre las que se encuentran 8 sociedades que realizan actividades de seguros.
-32 Organismos públicos, de un total de 37, que aplican las normas de contabilidad citadas [entidades del artículo 2.1.g) de la LGP].
-1 Consorcio, de un total de 2, de los previstos en el artículo 2.1.h) de la LGP, pertenecientes al sector público empresarial estatal.
-4 Fondos de capital riesgo, de un total de 6, pertenecientes al sector público empresarial estatal.
-La Cuenta General del sector público empresarial relativa al ejercicio 2012 se ha formado mediante agregación de los estados financieros que conforman las cuentas anuales de las entidades que integran dicho sector, y consta de los siguientes estados:
-Balance agregado.
-Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada.
-Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos agregado.
-Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto agregado.
-Estado de Flujos de Efectivo agregado.
-Memoria.
-La Cuenta General del sector público fundacional comprende, en virtud de lo dispuesto en el punto 1 del apartado cuarto de la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, las cuentas de las entidades del sector público estatal que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (aprobada mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre) y en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (aprobado mediante Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). Son aquellas fundaciones a las que se refiere el artículo 2.1.f) de la LGP. De un total de 49 Fundaciones estatales se han integrado las cuentas de 43.
-La Cuenta General del sector público fundacional relativa al ejercicio 2012 se ha formado mediante agregación de los Balances de situación y de las Cuentas de resultados de las cuentas de las entidades que integran dicho sector, y consta de los siguientes estados:
-Balance agregado.
-Cuenta de resultados agregada.
-Memoria.","Resumen de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, cuyos detalles están en documentos anexados.",2012-Gasto en pensiones superó en+ de 2.000 millones lo presupuestado y el de desempleo en + de 3.000 millones  #BOE
-3686,"La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 27 de junio de 2013, adoptó un Acuerdo por el que, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se resuelven expedientes de solicitud de incentivos regionales y solicitudes de modificación de condiciones de expedientes en vigor previstos en la Ley 50/1985.
-Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, este Ministerio, tiene a bien disponer:
-Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al texto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 27 de junio de 2013. Dicho texto, con relación nominal de las empresas afectadas, se incluye como anexo a esta orden ministerial.
-Madrid, 22 de julio de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás.
-ANEXO
-Texto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
-La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
-ACUERDA
-La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, constituye un instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas dentro del mismo.
-Los Reales Decretos 162/2008, de 8 de febrero, 169/2008, de 8 de febrero y 171/2008, de 8 de febrero, establecieron la delimitación de las Zonas de Promoción Económica de Andalucía, Canarias y Castilla y León, respectivamente, y fijaron los objetivos dentro de dichas zonas, así como los sectores promocionables, la naturaleza y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse en dichas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de inversión y cumplan los requisitos exigidos.
-Se ha presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regionales, así como solicitudes de modificación de expedientes en vigor, acogiéndose a los Reales Decretos de delimitación citados, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislación que les afecta. Una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, se elevan las respectivas propuestas de concesión a esta Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
-Primero. Concesión de Incentivos Regionales.
-Se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversión que se relacionan en el Anexo I de este Acuerdo en el que se indican el importe de los mismos, la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear.
-Segundo. Modificación de condiciones.
-Se acepta la modificación de los expedientes que figura en el Anexo II, en el que se especifican los datos de la inversión, subvención y puestos de trabajo a crear, concedidos inicialmente y los resultados de esta modificación.
-Tercero. Resoluciones individuales.
-1. La Dirección General de Fondos Comunitarios notificará individualmente a las empresas, a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales particulares que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.
-2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, para la instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma y las correspondientes ordenanzas municipales.
-Cuarto. Abono de las subvenciones.
-1. La adquisición de los derechos por los perceptores de las subvenciones que puedan derivarse del presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la aprobación del correspondiente expediente de gasto por el órgano competente, previa la preceptiva fiscalización favorable de la Intervención.
-2. El abono de las subvenciones a que dé lugar el presente Acuerdo quedará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado en la sección 15 «Hacienda y Administraciones Públicas», rúbrica 15.14.422A.771 del vigente presupuesto y posteriores ejercicios, en el momento de presentarse la primera liquidación de subvención.
-3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuerdo quedan sujetos a lo establecido en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
-4. Cuando la subvención se cofinancie por los Fondos Estructurales de la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación específica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así como a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea.
-5. Los pagos parciales, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, estarán debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente.
-6. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en la normativa vigente como en la resolución individual, el beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delitos contra la hacienda pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
-ANEXO I
-Cod. Expte.
-Empresa/localización
-Inversión
-Subvención
-Empleo
-   
-Zona de Promoción Económica de Canarias
-   
-   
-   
-   
-Las Palmas
-   
-   
-   
-GC/ 618/P06
-Centro Helioterápico de Canarias, S.A., San Bartolome de Tirajana.
-25.702.793,00
-4.626.502,74
-80
-   
-Zona de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
-   
-   
-   
-   
-Palencia
-   
-   
-   
-P/ 421/P0
-Renault España, S.A., Villamuriel de Cerrato.
-133.558.000,00
-5.342.320,00
-0
-   
-Valladolid
-   
-   
-   
-VA/ 616/P07
-Iveco España, S.L., Valladolid
-37.480.555,00
-2.623.638,85
-0
-   
-Zona de Promoción Económica de Andalucía
-   
-   
-   
-   
-Granada
-   
-   
-   
-GR/ 550/P08
-Bahía Fenicia Residencial, S.L., Almuñécar
-21.563.561,00
-4.743.983,42
-90
-ANEXO II
-Cod. Expte.
-Empresa
-Calificación anterior
-Calificación modificada
-   
-Zona de Promoción Económica de Canarias
-   
-   
-   
-   
-S. C. Tenerife
-   
-   
-   
-TF/ 380/P06
-Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.
-C.D.G.A.E. 19/10/2006
-   
-   
-   
-   
-INVERSIÓN
-44.889.663,00
-41.239.618,00
-   
-   
-SUBVENCIONES:
-3.142.276,41
-2.886.773,26
-   
-   
-EMPLEO:
-108
-108
-TF/ 492/P06
-Explotaciones Santonel, S.L.
-D.G.F.C. 14/05/2010
-   
-   
-   
-   
-INVERSIÓN:
-71.304.834,00
-48.530.919,00
-   
-   
-SUBVENCIONES:
-9.982.676,76
-6.794.328,66
-   
-   
-EMPLEO:
-76
-76
-   
-Zona de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
-   
-   
-   
-   
-León
-   
-   
-   
-LE/ 747/P07
-Vestas Nacelles Spain, S.A.
-C.D.G.A.E. 21/05/2009
-   
-   
-   
-   
-INVERSIÓN:
-49.099.964,00
-33.249.331,00
-   
-   
-SUBVENCIONES:
-12.274.991,00
-5.984.879,58
-   
-   
-EMPLEO:
-388
-113
-   
-Palencia
-   
-   
-   
-P/ 386/P07
-Papeles y Cartones de Europa, S.A
-C.D.G.A.E. 09/12/2010
-   
-   
-   
-   
-INVERSIÓN:
-74.811.000,00
-58.554.050,00
-   
-   
-SUBVENCIONES
-2.244.330,00
-1.756.621,50
-   
-   
-EMPLEO
-0
-0","Publicadas las subvenciones y se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversión, además se expecifican la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear.","Hacienda da subvención de 4,6 millones a empresario alemán Theo Gerlach para el Centro Helioterápico de Canarias  #BOE"
-2855,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Maldita.es contra la Desinformación: Periodismo, Educación, Investigación y Datos en Nuevos Formatos resultan los siguientes
-Antecedentes de hecho
-Primero. Constitución de la Fundación.
-La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Julio Montes Moreno, Doña Clara Jiménez Cruz y la entidad «Asociación Maldita contra la Desinformación: Periodismo, Educación, Investigación y Datos en Nuevos Formatos» según consta en la escritura otorgada ante el notario de Zaragoza, don Augusto Ariño García Belenguer, el 30 de octubre de 2019 con el número 3409 de protocolo.
-Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
-El domicilio de la Fundación quedó establecido en la Calle Embajadores, 196, 6.ºA, 28045 de Madrid, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España
-Tercero. Dotación.
-Dotación inicial: treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y ha sido desembolsada íntegramente según se acredita con el certificado bancario
-Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
-Cuarto. Fines de la Fundación.
-Dotar a la ciudadanía de herramientas para que sea más difícil el que resulte engañada o desinformada y para fortalecer un control y un debate público que implique a todos los agentes y que busque denunciar y solucionar estos problemas. Todo ello mediante publicación, formación, cooperación al desarrollo, tecnología, educación e investigación y desarrollo.
-Quinto. Patronato.
-Don Julio Montes Moreno, doña Clara Jiménez Cruz y Asociación Maldita contra la Desinformación Periodismo, Educación Investigación y Datos en Nuevos Formatos.
-Cargos:
-Presidenta: Doña Clara Jiménez Cruz.
-Vicepresidente: Don Julio Montes Moreno.
-Tesorero: Asociación Maldita Contra la Desinformación Periodismo, Educación Investigación y Datos en Nuevos Formatos, representada por don Julio Montes Moreno.
-Secretario no patrono: Don Ramón Pérez Lucena.
-Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
-Fundamentos de Derecho
-Primero.
-Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
-El artículo 34 de la Constitución española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
-La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
-El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
-La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes.
-El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de competencia estatal.
-Segundo.
-Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 30 de agosto de 2020
-Tercero.
-Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
-Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Maldita.es Contra la Desinformación: Periodismo, Educación, Investigación y Datos en Nuevos Formatos su Patronato y cargos dentro del mismo.
-Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Madrid, 27 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.","Inscripción de la Fundación Maldita.es, cuyos fines son dotar a la ciudadanía de herramientas para que sea más difícil el que resulte engañada o desinformada.","@Montesjulio @cjimenezcruz Mirad a ver, que hoy salís en el #BOE 😜 "
-1504,"Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
+30 de octubre de 2012.
+Madrid, 30 de octubre de 2012.- Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.",Metaboe: cuando el BOE se referencia a sí mismo en una licitación  #matadme,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de la Presidencia,"Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para las sedes de la Avda. Manoteras y de la calle Trafalgar, para el año 2013, por importe total 532.400,00 euros.",,[],2213,0.6057279,378
+2015-05-19,,BOE-B-2015-15768,Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación. Expediente: 39-L-4160; 51.14/15.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dd>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Carreteras.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondel estado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 5 de Junio de 2015.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>39-L-4160; 51.14/15.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Obras.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>6 meses.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>45230000 (Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>1.215.724,29 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.215.724,29 euros. Importe total: 1.471.026,39 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>G4e (Con firmes de mezclas bituminosas. (Desde 840.000 euros hasta 2.400.000 euros)).</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 11:00 horas del 15 de Junio de 2015.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Carreteras.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, n.º 67, 1.ª planta (sala de proyecciones) (Ministerio de Fomento).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>6 de Julio de 2015 a las 10:00.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>3.000,00 euros.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de mayo de 2015.- Director General de Carreteras.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue May 19 08:00:26 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Dirección General de Carreteras.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección General de Carreteras.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Carreteras.
+2) Domicilio: 
+Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondel estado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 14:00 horas del 5 de Junio de 2015.
+d) Número de expediente: 
+39-L-4160; 51.14/15.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Obras.
+b) Descripción: 
+Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+6 meses.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+45230000 (Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+1.215.724,29 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 1.215.724,29 euros. Importe total: 1.471.026,39 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+G4e (Con firmes de mezclas bituminosas. (Desde 840.000 euros hasta 2.400.000 euros)).
+c) Otros requisitos específicos: 
+Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 11:00 horas del 15 de Junio de 2015.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Carreteras.
+2) Domicilio: 
+Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Paseo de la Castellana, n.º 67, 1.ª planta (sala de proyecciones) (Ministerio de Fomento).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+d) Fecha y hora: 
+6 de Julio de 2015 a las 10:00.
+10. Gastos de publicidad: 
+3.000,00 euros.
+Madrid, 14 de mayo de 2015.- Director General de Carreteras.","Para que veas, @malvartinez, que a veces también leo cosas y me acuerdo de ti. ¡Más rotondas!  @NacionRotonda #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Fomento,"Licitación para la construcción de glorietas en la carretera N-260. Valor estimado de 1.215.724,29 euros",,[],718,0.60663056,382
+2015-06-03,,BOE-B-2015-17990,"Resolución de la Gerencia del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica la formalización del contrato denominado: Programación, coordinación y ejecución de las Fiestas del Distrito de Tetuán 2015.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Resolución de la Gerencia del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica la formalización del contrato denominado: Programación, coordinación y ejecución de las Fiestas del Distrito de Tetuán 2015.</titulo>
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+<dd>Respecto a la calidad técnica del proyecto, la empresa Merino y Merino Producciones S.L. presenta un amplio abanico de alternativas, con una programación específica, asimismo presenta un estudio de todos los artistas de relevante actualidad artística y mediática. En total 19 opciones: 7 para la actuación estelar de primera línea y 12 para las otras dos actuaciones, de diferentes grupos de renombre, con disponibilidad de los mismos a lo largo de los tres días oficiales de fiestas tanto para gente joven, como público en general. En cuanto al diseño de la decoración, revestimiento, iluminación y ornamentación del escenario principal, así como del resto del entorno la propuesta de la empresa Merino y Merino es muy detallada y minuciosa. En cuanto a la planificación del trabajo la empresa Merino y Merino presenta un proyecto de trabajo estructurada en tres fases detallada cada una de ellas, pormenorizando el calendario de programación y cronograma de actividades día a día con una detallada y exhaustiva descripción de medios personales y materiales, oferta asimismo el mejor precio con una baja de 10,87 % sobre el presupuesto de licitación.</dd>
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+<p class='parrafo_2'>Madrid, 27 de mayo de 2015.- La Gerente del Distrito de Tetuán, Catalina Bennaceur Vindel.</p>
+</texto>
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+",Wed Jun 03 08:50:39 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: 
+a) Organismo: 
+Ayuntamiento de Madrid.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Distrito de Tetuán.
+c) Número de expediente: 
+300/2015/00261.
+d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.madrid.es.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Programación, coordinación y ejecución de las Fiestas del Distrito de Tetuán 2015.
+d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+92.000000-1 'Servicios de esparcimiento,culturales y deportivos'.
+g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 
+BOE núm. 87.
+h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
+Sábado 11 de abril de 2015.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+107.438,02 euros.
+5. Presupuesto base de licitación.
+ Importe neto: 107.438,02 euros. Importe total: 130.000,00 euros. 
+6. Formalización del contrato:
+a) Fecha de adjudicación: 
+25 de mayo de 2015.
+b) Fecha de formalización del contrato: 
+27 de mayo de 2015.
+c) Contratista: 
+Merino y Merino Producciones, S.L. (CIF B-81590606).
+d) Importe o canon de adjudicación: 
+ Importe neto: 95.750,00 euros. Importe total: 115.857,50 euros. 
+e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
+Respecto a la calidad técnica del proyecto, la empresa Merino y Merino Producciones S.L. presenta un amplio abanico de alternativas, con una programación específica, asimismo presenta un estudio de todos los artistas de relevante actualidad artística y mediática. En total 19 opciones: 7 para la actuación estelar de primera línea y 12 para las otras dos actuaciones, de diferentes grupos de renombre, con disponibilidad de los mismos a lo largo de los tres días oficiales de fiestas tanto para gente joven, como público en general. En cuanto al diseño de la decoración, revestimiento, iluminación y ornamentación del escenario principal, así como del resto del entorno la propuesta de la empresa Merino y Merino es muy detallada y minuciosa. En cuanto a la planificación del trabajo la empresa Merino y Merino presenta un proyecto de trabajo estructurada en tres fases detallada cada una de ellas, pormenorizando el calendario de programación y cronograma de actividades día a día con una detallada y exhaustiva descripción de medios personales y materiales, oferta asimismo el mejor precio con una baja de 10,87 % sobre el presupuesto de licitación.
+Madrid, 27 de mayo de 2015.- La Gerente del Distrito de Tetuán, Catalina Bennaceur Vindel.","Esto SÍ es informar sobre por qué 1 empresa se lleva 1 contrato  Y nada del clásico ""ventajas: ser la mas ventajosa""",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"Programación, coordinación y ejecución de las Fiestas del Distrito de Tetuán 2015 presupuestado con importe total de 130.000,00 euros
+",,[],1285,0.60981596,369
+2015-09-16,,BOE-B-2015-27757,"Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de suministro de equipamiento informático necesario para la implantación de la nueva asignatura de 'Programación' en centros educativos públicos que imparten educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<observaciones>Varias adjudicaciones</observaciones>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
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+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.</dd>
+<dt>c) Número de expediente: </dt>
+<dd>A/SUM-033697/2015.</dd>
+<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://www.madrid.org/contratospublicos.</dd>
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+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Suministros.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Suministro de equipamiento informático necesario para la implantación de la nueva asignatura de 'Programación' en centros educativos públicos que imparten educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid.</dd>
+<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>Lotes 1 a 3: 30213100-6. Lote 4: 30237200-1. Lotes 5 a 7: 30120000-0.</dd>
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+<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
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+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
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+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>1.551.250,00 euros.</dd>
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+<dd>Importe total: Lote 1: 379.516,50 euros. Lote 2: 368.354,25 euros. Lote 3: 368.354,25 euros. Lote 4: 131.890,00 euros. Lote 5: 209.632,50 euros. Lote 6: 209.632,50 euros. Lote 7: 209.632,50. </dd>
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+<dl>
+<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
+<dd>24 de julio de 2015.</dd>
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+<dd>MCR Info Electronic., S.L.: 21 de agosto de 2015. El Secretario, S.L. 21 de agosto de 2015. Informática El Corte Inglés, S.A.: 19 de agosto de 2015.</dd>
+<dt>c) Contratista: </dt>
+<dd>Lotes 1, 2 y 3: MCR Info Electronic., S.L. Lote 4: El Secretario, S.L. Lotes 5, 6 y 7: Informática El Corte Inglés, S.A.</dd>
+<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
+<dd>Importe total: Lote 1: 301.761,90 euros. Lote 2: 292.886,55 euros. Lote 3: 292.886,55 euros. Lote 4: 92.928,00 euros. Lote 5: 148.465,06 euros. Lote 6: 148.465,06 euros. Lote 7: 148.465,06. </dd>
+</dl>
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+<p class='parrafo'>Madrid, 8 de septiembre de 2015.- El Director General de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado Aguirre.</p>
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+",Wed Sep 16 09:20:11 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: 
+a) Organismo: 
+Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
+c) Número de expediente: 
+A/SUM-033697/2015.
+d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://www.madrid.org/contratospublicos.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Suministros.
+b) Descripción: 
+Suministro de equipamiento informático necesario para la implantación de la nueva asignatura de 'Programación' en centros educativos públicos que imparten educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid.
+d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+Lotes 1 a 3: 30213100-6. Lote 4: 30237200-1. Lotes 5 a 7: 30120000-0.
+e) Acuerdo marco: 
+No.
+h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
+DOUE: 13 de mayo de 2015. BOE: 30 de mayo de 2015. BOCM: 8 de mayo de 2015. Perfil de contratante: 8 de mayo de 2015.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+1.551.250,00 euros.
+5. Presupuesto base de licitación.
+Importe total: Lote 1: 379.516,50 euros. Lote 2: 368.354,25 euros. Lote 3: 368.354,25 euros. Lote 4: 131.890,00 euros. Lote 5: 209.632,50 euros. Lote 6: 209.632,50 euros. Lote 7: 209.632,50. 
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+MCR Info Electronic., S.L.: 21 de agosto de 2015. El Secretario, S.L. 21 de agosto de 2015. Informática El Corte Inglés, S.A.: 19 de agosto de 2015.
+c) Contratista: 
+Lotes 1, 2 y 3: MCR Info Electronic., S.L. Lote 4: El Secretario, S.L. Lotes 5, 6 y 7: Informática El Corte Inglés, S.A.
+d) Importe o canon de adjudicación: 
+Importe total: Lote 1: 301.761,90 euros. Lote 2: 292.886,55 euros. Lote 3: 292.886,55 euros. Lote 4: 92.928,00 euros. Lote 5: 148.465,06 euros. Lote 6: 148.465,06 euros. Lote 7: 148.465,06. 
+Madrid, 8 de septiembre de 2015.- El Director General de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado Aguirre.","Costará 1,4M€ e incluye portátiles/tablet (arranque dual Windows/Linux), impresoras 3D y carros  #BOE 2/2",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunidad de Madrid,"Contrato para el Suministro de equipamiento informático necesario para la implantación de la nueva asignatura de 'Programación' por un importe total de 1.425.858,18 euros.
+",,[],2797,0.61111045,317
+2013-07-23,,BOE-B-2013-28574,Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto la contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Dirección de Servicios de Administración.</dd>
+<dt>c) Número de expediente: </dt>
+<dd>Expediente 0514/12.</dd>
+<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.bcn.cat/perfilde contractant.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Contrato administrativo de servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
+<dt>c) Lote: </dt>
+<dd>4 Lotes: Lote 1: seguros de accidentes personales; Lote 2: seguros de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio; Lote 3: seguros de vehículos terrestres; lote 4: seguros de responsabilidad patrimonial y civil.</dd>
+<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>672020.</dd>
+<dt>e) Acuerdo marco: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
+<dd>Anuncio al DOUE 2012/S 126-209338; anuncio en el BOE número 164; Perfil de contratante del Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
+<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
+<dd>Doue: 4 de julio de 2012; Boe: 10 de julio de 2012; Perfil de contratante: 3 de julio de 2012.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>11.900.000,48.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
+<dd> Importe neto: 11.900.000,48 euros. Importe total: 11.900.000,48 euros. </dd>
+<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
+<dd>31 de octubre del 2012.</dd>
+<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
+<dd>27 de noviembre del 2012.</dd>
+<dt>c) Contratista: </dt>
+<dd>Lote 1: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 2: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 3: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 4: Zurich Insurance PLC Sucursal en España.</dd>
+<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
+<dd> Importe neto: 9.519.999,00 euros. Importe total: 9.519.999,00. De acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: 932.268,00 euros; Lote 2: 1.295.295,00 euros; Lote 3: 603.142,00 euros; Lote 4: 6.689.294,00 euros. </dd>
+<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
+<dd>La mejor oferta económica en la subasta electrónica celebrada.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Barcelona, 17 de julio de 2013.- El Secretario Delegado, Antonio Galiano Barajas.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Jul 23 08:08:38 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: 
+a) Organismo: 
+Ayuntamiento de Barcelona.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección de Servicios de Administración.
+c) Número de expediente: 
+Expediente 0514/12.
+d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.bcn.cat/perfilde contractant.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Contrato administrativo de servicios.
+b) Descripción: 
+Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.
+c) Lote: 
+4 Lotes: Lote 1: seguros de accidentes personales; Lote 2: seguros de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio; Lote 3: seguros de vehículos terrestres; lote 4: seguros de responsabilidad patrimonial y civil.
+d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+672020.
+e) Acuerdo marco: 
+No.
+g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 
+Anuncio al DOUE 2012/S 126-209338; anuncio en el BOE número 164; Perfil de contratante del Ayuntamiento de Barcelona.
+h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
+Doue: 4 de julio de 2012; Boe: 10 de julio de 2012; Perfil de contratante: 3 de julio de 2012.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+11.900.000,48.
+5. Presupuesto base de licitación.
+ Importe neto: 11.900.000,48 euros. Importe total: 11.900.000,48 euros. 
+6. Formalización del contrato:
+a) Fecha de adjudicación: 
+31 de octubre del 2012.
+b) Fecha de formalización del contrato: 
+27 de noviembre del 2012.
+c) Contratista: 
+Lote 1: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 2: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 3: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 4: Zurich Insurance PLC Sucursal en España.
+d) Importe o canon de adjudicación: 
+ Importe neto: 9.519.999,00 euros. Importe total: 9.519.999,00. De acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: 932.268,00 euros; Lote 2: 1.295.295,00 euros; Lote 3: 603.142,00 euros; Lote 4: 6.689.294,00 euros. 
+e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
+La mejor oferta económica en la subasta electrónica celebrada.
+Barcelona, 17 de julio de 2013.- El Secretario Delegado, Antonio Galiano Barajas.","Zurich, compañía aseguradora del ayuntamiento de Barcelona, por 9 millones y medio  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona por importe total de 9.519.999,00. (Lote 1: 932.268,00 euros; Lote 2: 1.295.295,00 euros; Lote 3: 603.142,00 euros; Lote 4: 6.689.294,00 euros.)",,[],776,0.6123388,307
+2015-02-27,,BOE-A-2015-2080,"Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria de desarrollo de software orientado al entretenimiento en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria de desarrollo de software orientado al entretenimiento en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital.</titulo>
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+<posteriores></posteriores>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (<em>«</em>Boletín Oficial del Estado» Núm. 111 de 9 de mayo de 2013) y por Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (<em>«</em>Boletín Oficial del Estado» Núm. 152 de 23 de junio de 2014), se ha realizado la convocatoria de desarrollo de software orientado al entretenimiento.</p>
+<p class='parrafo'>Una vez resuelto el procedimiento de concesión por Resolución de esta Secretaría de Estado de 12 de noviembre de 2014, procede dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.</p>
+<p class='parrafo'>En consecuencia, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, resuelve:</p>
+<p class='articulo'>Artículo único.</p>
+<p class='parrafo'>Dar publicidad a las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria de desarrollo de software orientado al entretenimiento en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. Todas estas ayudas figuran en el anexo que se adjunta, distribuidas según las aplicaciones presupuestarias que las financian. En el anexo también se indican el número del proyecto, NIF del beneficiario, su razón social, título del proyecto e importe de la ayuda concedida en cada caso.</p>
+<p class='parrafo'>Las ayudas concedidas a los proyectos cuya realización se produzca en regiones de Convergencia, Transitorias de Convergencia y Transitorias de Competitividad y Empleo, podrán estar cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), bien con cargo al Programa Operativo Plurirregional, Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el Beneficio de las Empresas, Fondo Tecnológico del período 2007-2013, o bien con cargo a los Programas Operativos Regionales 2007-2013. En cualquier caso, la cofinanciación comunitaria máxima será del 80 %, salvo en las Islas Canarias que será del 85 %.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de enero de 2015.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.</p>
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+</texto>
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+",Fri Feb 27 09:59:02 +0000 2015,"Por Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital («Boletín Oficial del Estado» Núm. 111 de 9 de mayo de 2013) y por Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información («Boletín Oficial del Estado» Núm. 152 de 23 de junio de 2014), se ha realizado la convocatoria de desarrollo de software orientado al entretenimiento.
+Una vez resuelto el procedimiento de concesión por Resolución de esta Secretaría de Estado de 12 de noviembre de 2014, procede dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.
+En consecuencia, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, resuelve:
+Artículo único.
+Dar publicidad a las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria de desarrollo de software orientado al entretenimiento en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. Todas estas ayudas figuran en el anexo que se adjunta, distribuidas según las aplicaciones presupuestarias que las financian. En el anexo también se indican el número del proyecto, NIF del beneficiario, su razón social, título del proyecto e importe de la ayuda concedida en cada caso.
+Las ayudas concedidas a los proyectos cuya realización se produzca en regiones de Convergencia, Transitorias de Convergencia y Transitorias de Competitividad y Empleo, podrán estar cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), bien con cargo al Programa Operativo Plurirregional, Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el Beneficio de las Empresas, Fondo Tecnológico del período 2007-2013, o bien con cargo a los Programas Operativos Regionales 2007-2013. En cualquier caso, la cofinanciación comunitaria máxima será del 80 %, salvo en las Islas Canarias que será del 85 %.
+Madrid, 30 de enero de 2015.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.",Reciben ayudas proyectos llamados INNOVADOR ESPACIO AUDIOVISUAL DEL DIARIO AS BASADO EN EL CONCEPTO LIVE  #uuu #BOE,['129' '130'],DECRETO_LEY,"Ministerio de Industria, Energía y Turismo",Decreto para el reparto de la publicidad para poner en conocimiento las ayudas concedidas en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. ,,[],1745,0.61385494,380
+2012-12-04,,BOE-B-2012-41911,"Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 'Suministro de diverso material de oficina para las unidades administrativas de los servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte'.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821112601'>
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+<titulo>Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 'Suministro de diverso material de oficina para las unidades administrativas de los servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte'.</titulo>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
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+<dd>Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 707.</dd>
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+<dd>91 701 83 24.</dd>
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+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
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+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
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+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
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+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
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+</dd>
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+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>22 de diciembre de 2012 hasta las 13:00 horas.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Según pliego.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General del Departamento.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/Los Madrazo, 17, planta baja.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28071.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>C/Alcalá, 34, 3.ª planta, sala 332.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28071.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>17 de enero de 2013 a las 10:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>13 de noviembre de 2012.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor tendrá lugar el martes 8 de enero de 2013, a las 10 horas, en Madrid 28014, c/ Alcalá, 34, 3.ª planta, sala 332.</dd>
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+<p class='parrafo_2'>Madrid, 21 de noviembre de 2012.- El Subsecretario, Fernando Benzo Sáinz.</p>
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+",Tue Dec 04 09:38:05 +0000 2012,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
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+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Oficialía Mayor.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
+2) Domicilio: 
+C/Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 707.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071.
+4) Teléfono: 
+91 701 83 24.
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+91 701 86 74.
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+120018.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Suministros.
+b) Descripción: 
+Citada en el encabezamiento.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+7 lotes.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
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+Según pliego.
+f) Admisión de prórroga: 
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+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
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+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
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+C/Los Madrazo, 17, planta baja.
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+Madrid 28071.
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+La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor tendrá lugar el martes 8 de enero de 2013, a las 10 horas, en Madrid 28014, c/ Alcalá, 34, 3.ª planta, sala 332.
+Madrid, 21 de noviembre de 2012.- El Subsecretario, Fernando Benzo Sáinz.",300.000 euros/año en material de oficina  para el Ministerio Wert.  Para escribir cosas bonitas como la reforma. #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte","Licitación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por importe total de 301.510,33 euros.301.510,33 ",,[],1079,0.6180592,405
+2016-03-30,,BOE-A-2016-3005,"Orden ECC/402/2016, de 18 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2859/2015, de 17 de diciembre, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<referencias>
+<anteriores></anteriores>
+<posteriores></posteriores>
+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo de esta orden, que habían sido convocados mediante Orden ECC/2859/2015, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2016), modificada y ampliada por Orden ECC/19/2016, de 19 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 2016) para ser provistos por el procedimiento de libre designación.</p>
+<p class='parrafo'>La fecha de toma de posesión será el 1 de septiembre de 2016, excepto para la plaza n.º 1 que será incorporación inmediata.</p>
+<p class='parrafo'>Quedan ratificados en sus actuales destinos los funcionarios que ocupan los puestos incluidos en la segunda y tercera parte de la citada convocatoria, salvo el funcionario destinado actualmente en la plaza 22 de la segunda parte del anexo de esta orden de resolución.</p>
+<p class='parrafo_2'>Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de marzo de 2016.–El Ministro de Economia y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz Ponce.</p>
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+",Wed Mar 30 09:12:51 +0000 2016,"De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
+Este Ministerio, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo de esta orden, que habían sido convocados mediante Orden ECC/2859/2015, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2016), modificada y ampliada por Orden ECC/19/2016, de 19 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 2016) para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
+La fecha de toma de posesión será el 1 de septiembre de 2016, excepto para la plaza n.º 1 que será incorporación inmediata.
+Quedan ratificados en sus actuales destinos los funcionarios que ocupan los puestos incluidos en la segunda y tercera parte de la citada convocatoria, salvo el funcionario destinado actualmente en la plaza 22 de la segunda parte del anexo de esta orden de resolución.
+Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
+Madrid, 18 de marzo de 2016.–El Ministro de Economia y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz Ponce.","…Inés Carpio, que se va a Viena y era dtra de la oficina económica del presidente del Gobierno  Entre ellos… (2 de 2)",[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Economía y Competitividad,Publicada la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo de esta orden.,,[],2364,0.62527496,317
+2015-04-15,,BOE-A-2015-4070,"Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201512'>
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+<titulo>Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego.</titulo>
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+<p class='parrafo'>Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de marzo de 2015.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit'>Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego</p>
+<p class='parrafo_2'>La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha adoptado el siguiente Acuerdo:</p>
+<p class='parrafo_2'>1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de fecha 29 de agosto de 2014, para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los artículos 2 y 4.4.b) de la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego, ambas partes las consideran solventadas en razón de los compromisos siguientes asumidos respecto de los preceptos de dicha Ley:</p>
+<p class='parrafo_2'>A) Ambas partes coinciden en que la limitación a la implantación de otros parques temáticos que enuncia el artículo 2 de la Ley de Cataluña 6/2014, se refiere únicamente al propio ámbito territorial delimitado como Centro Recreativo Turístico de Vila-seca y Salou (CRT), y no impide su posible implantación en otros puntos de Cataluña. La limitación responde a la existencia en la actualidad de un parque temático dentro del perímetro del CRT, orientado a un público infantil y juvenil, y a su necesaria separación respecto de las demás áreas comprendidas dentro del perímetro del CRT donde la propia Ley habilita la posible implantación de diversos casinos de juego, con las ubicaciones concretas que se acaben determinando en función de la delimitación urbanística de usos dentro de ese espacio que fije el planeamiento urbanístico que actualmente se encuentra en tramitación.</p>
+<p class='parrafo'>B) Ambas partes coinciden también en considerar que el artículo 4.4.b) no exige ninguna inversión previa, sino que únicamente formula una habilitación para que en los procedimientos de concurrencia competitiva (la bases de los concursos), mediante los que se podrán conceder las autorizaciones para la instalación y explotación de casinos en los centros recreativos turísticos, se defina una dimensión mínima de la inversión inicial ligada a cada una de esas autorizaciones.</p>
+<p class='parrafo_2'>2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en este Acuerdo y concluida la controversia planteada.</p>
+<p class='parrafo'>3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Apr 15 07:56:16 +0000 2015,"Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
 Madrid, 30 de marzo de 2015.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
 ANEXO
 Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego
@@ -3239,567 +2361,345 @@ La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos
 A) Ambas partes coinciden en que la limitación a la implantación de otros parques temáticos que enuncia el artículo 2 de la Ley de Cataluña 6/2014, se refiere únicamente al propio ámbito territorial delimitado como Centro Recreativo Turístico de Vila-seca y Salou (CRT), y no impide su posible implantación en otros puntos de Cataluña. La limitación responde a la existencia en la actualidad de un parque temático dentro del perímetro del CRT, orientado a un público infantil y juvenil, y a su necesaria separación respecto de las demás áreas comprendidas dentro del perímetro del CRT donde la propia Ley habilita la posible implantación de diversos casinos de juego, con las ubicaciones concretas que se acaben determinando en función de la delimitación urbanística de usos dentro de ese espacio que fije el planeamiento urbanístico que actualmente se encuentra en tramitación.
 B) Ambas partes coinciden también en considerar que el artículo 4.4.b) no exige ninguna inversión previa, sino que únicamente formula una habilitación para que en los procedimientos de concurrencia competitiva (la bases de los concursos), mediante los que se podrán conceder las autorizaciones para la instalación y explotación de casinos en los centros recreativos turísticos, se defina una dimensión mínima de la inversión inicial ligada a cada una de esas autorizaciones.
 2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en este Acuerdo y concluida la controversia planteada.
-3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».","Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado: resuelta todas las discrepancias. ","Tras resolver discrepancias, el Gobierno da el ok a la ley catalana que permite levantar Barcelona World  #BOE"
-1576,"Su Majestad el Rey, Felipe VI, siguiendo la tradición de la Casa Real, y contando con el asesoramiento de la Real Academia de la Historia, ha tenido a bien aprobar las Armas que utilizará durante su reinado, por lo que ha de modificarse el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, con el objeto de crear el guión y el estandarte correspondiente al nuevo Rey.
-De acuerdo con el referido dictamen de la Real Academia de la Historia, la ordenación del guión y del estandarte que ha de ostentar como Rey Don Felipe de Borbón y Grecia será la misma que tuvo como Príncipe de Asturias, con la salvedad de desaparecer el lambel diferenciador y timbrarse el escudo con la Corona Real de España, en lugar de la de Príncipe de Asturias. Esta es la práctica generalmente seguida en la heráldica europea cuando un príncipe heredero accede al trono.
-Asimismo, se establece que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, una vez sea efectiva su abdicación, siga usando el guión y el estandarte que ha venido utilizando durante su reinado.
-Por último, se adapta al nuevo escudo el distintivo que actualmente utiliza el personal mencionado en el Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, por el que se crea el distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey.
-En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de junio de 2014,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Creación del guión y el estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI.
-Se crea el guión y el estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI, cuya imagen y descripción se insertan en el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.
-Artículo 2. Modificación del Reglamento.
-Se modifican las Reglas números 1 y 2 del título II del Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, que quedarán redactadas como sigue:
-«REGLA NÚMERO 1
-Guión de Su Majestad el Rey
-1. Descripción
-Será un pendón cuadro, todo él rodeado de un cordoncillo de oro, del que arranca un fleco de hilo del mismo metal.
-El fondo será de color carmesí, y bordado sobre él, en su centro, escudo cuartelado: 1.°, de gules, con un castillo de oro, almenado, mazonado de sable y aclarado de azur, que es de Castilla; 2.°, de plata, con un león rampante de púrpura coronado de oro, lampasado y armado de gules, que es de León; 3.°, de oro, con cuatro palos de gules, que es de Aragón; 4.º, de gules, con una cadena de oro puesta en orla, en cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es de Navarra; entado en punta, de plata, con una granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople, que es de Granada. Sobre el todo, un escusón de azur con tres flores de lis de oro, bordura de gules, que es de Borbón.
-El escudo se timbra con un corona cerrada, que es un círculo de oro, engastado en piedras preciosas en sus colores, compuesto de ocho florones de hojas de acanto visibles cinco, interpolados de perlas en su color, de los que parten ocho diademas de perlas vistas cinco, que convergen en un orbe azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro, la corona forrada de rojo y va rodeado del collar del Toisón de Oro.
-2. Confección
-Con terciopelo de algodón, bordado por ambas caras en sus esmaltes.
-3. Medidas
-Ancho y alto del guión: 800 milímetros.
-Ancho del fleco: 22 milímetros.
-Altura del escudo: 440 milímetros.
-Separación de los extremos del escudo a los bordes superior e inferior: 180 milímetros.
-4. Colores
-Guión: Color carmesí.
-Escudo: En sus esmaltes.
-5. Uso
-Para ser portado por un Oficial de la escolta cuando ésta acompañe a Su Majestad.
-REGLA NÚMERO 2
-Estandarte de Su Majestad el Rey
-1. Descripción
-Será una bandera cuadra de igual color que el guión y con su misma composición sin el cordoncillo de oro ni el fleco.
-2. Colores
-Estandarte: Carmesí.
-Escudo: En sus esmaltes.
-3. Tipos
-Número 1-a: 1.600 milímetros.
-Número 2-a: 1.200 milímetros.
-Número 3-a: 1.000 milímetros.
-Número 4-a: 800 milímetros.
-Número 5-a: 400 milímetros.
-4. Confección
-Será de tejido fuerte de lanilla o de fibra sintética, estampado, o con sobrepuestos por ambas caras.
-5. Usos
-   
-Gala
-Diario
-Días de mal tiempo
-Palacios
-1
-2
-4
-Campamentos y aeródromos
-2
-3
-4
-Buques de más de 5.000 toneladas
-1
-2
-4
-Buques de 5.000 a 1.000 toneladas
-2
-3
-4
-Buques y embarcaciones inferiores a 1.000 toneladas
-3
-4
-4
-Aeronaves y vehículos terrestres
-5
-5
-5»
-Disposición transitoria única. Guión y estandarte de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
-Su Majestad, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón seguirá usando el guión y el estandarte que venía utilizando hasta su abdicación como rey, tal y como aparecen descritos en las reglas 1 y 2 del título II del Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, antes de su modificación por medio de este real decreto.
-Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
-1. Quedan derogadas todas aquellas normas de igual e inferior rango que se opongan a lo previsto en el presente real decreto.
-2. Queda derogada la Orden de Presidencia del Gobierno de 30 de abril de 1974, por la que se aprueba el distintivo de la Casa de Su Alteza Real el Príncipe de España.
-Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, por el que se crea el distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey.
-Se modifica el anexo al Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, por el que se crea el distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey, que queda redactado como sigue:
-«ANEXO
-Características y modelo del distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey
-Descripción: Consistirá en un óvalo de latón cuyo eje mayor, en posición vertical, tendrá treinta y cinco milímetros de longitud y treinta milímetros el eje menor. El anverso estará esmaltado en carmesí, rodeado de un borde dorado de un milímetro de ancho en todo su contorno. En el centro llevará el escudo de Su Majestad el Rey.
-DISTINTIVO DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY
-Disposición final segunda. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor en el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
-Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.
-FELIPE R.
-La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
-SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN",Publicado en el BOE la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón,@Andres_Boix Esta mañana me he acordado de ti. Mira la entrada en vigor :/ 
-1839,"De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo séptimo de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos, y en el artículo undécimo de la Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2012, (BOE núm. 148, de 21 de junio de 2012),
-Este Ministerio ha resuelto hacer pública la composición de la Comisión de Asesoramiento y Valoración, así como las ayudas concedidas a las entidades solicitantes de las mismas durante el año 2012.
+3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».","Tras resolver discrepancias, el Gobierno da el ok a la ley catalana que permite levantar Barcelona World  #BOE",[],OTROS_ANUNCIOS,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,"Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado: resuelta todas las discrepancias. ",,[],1504,0.63359994,547
+2012-10-25,,BOE-A-2012-13228,"Orden HAP/2272/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.</p>
+<p class='parrafo'>Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» del 29),</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el Anexo adjunto.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P. D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Juan Ignacio Romero Sánchez.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO I</p>
+<p class='anexo_tit'>Convocatoria libre designación</p>
+<p class='centro_cursiva'>Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012)</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Número de orden: 9. Código puesto: 1976851. Puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura. Jefe/Jefa de Dependencia. Nivel: 28.</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura, León. Nivel: 28.</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='puesto adjudicado'>Apellidos y nombre: Monroy Lobato, Víctor Benito. NRP: 1016932813. Grupo: A1. Cuerpo o escala: A1210. Situación: Activo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Oct 29 12:47:20 +0000 2012,"Por Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
+Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» del 29),
+Este Ministerio ha dispuesto:
 Primero.
-La Comisión de Asesoramiento y Valoración quedó constituida de la siguiente manera:
-Presidente: Don Jesús Prieto de Pedro, Director General del Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
-Vicepresidente: Don Severiano Hernández Vicente, Subdirector General de los Archivos Estatales.
-Vocales:
-Doña María Aurelia del Corral Sacristán, Subdirectora General Adjunta de los Archivos Estatales.
-Don Santiago Gabaldón García, Vocal Asesor de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
-Don Alfonso Sánchez Mairena, Jefe de Área de Relaciones Institucionales de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
-Doña Blanca Desantes Fernández, Jefe de Área de Programación y Coordinación de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
-Doña Alejandra Martín Moreno,Técnico Superior de Archivos de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
-Doña Raquel Sánchez Hoyo, Jefa de la unidad de Protección y Promoción del Patrimonio documental de la Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid.
-Don Carlos Joaquín Idoate Ezquieta, Director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Foral de Navarra.
-Doña Graciela Fernández Rivero, Ayudante de archivos. Archivo Histórico Provincial de Cantabria.
-Secretaria: Doña Teresa Engenios Martín, Jefa de Servicio de coordinación archivística de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
-Se hace constar que todos los integrantes de la misma manifestaron su conformidad personal para ser designados miembros de este órgano colegiado.
+Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el Anexo adjunto.
 Segundo.
-Previo informe de la Comisión de Asesoramiento y Valoración, de acuerdo con la puntuación resultante de la aplicación de la baremación de los criterios de valoración establecidos en el punto 3 del apartado octavo de la citada orden de convocatoria, y una vez aprobada y notificada la propuesta de resolución definitiva, se conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, en el año 2012, a 22 entidades, por importe de doscientos tres mil ochocientos euros (203.800 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.332A.484.05 del programa «Archivos» del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2012. Dichas entidades constan en el documento que como anexo I acompaña a la presente orden, asimismo en anexo II figura la lista de suplentes, por orden de puntuación, habiendo sido desestimadas el resto de las solicitudes presentadas correspondientes a 2012.
-Todos los beneficiarios han aceptado, previamente, la ayuda propuesta, dentro del plazo reglamentariamente establecido en la orden de convocatoria de estas ayudas.
+La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
 Tercero.
-De la información que obra en poder de esta Subdirección General se desprende que tanto los beneficiarios como los suplentes cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de puntuación, siempre y cuando la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes suplentes.
-Cuarto.
-Se establece que las cuantías concedidas como ayuda para cada proyecto sólo podrán destinarse a cada uno de los proyectos concedidos que figuran en los anexos, no pudiendo trasvasarse cantidades de uno a otro proyecto.
-Quinto.
-Los beneficiarios quedan sujetos a las obligaciones establecidas en los artículos decimosegundo y decimotercero de la citada orden de convocatoria.
-Sexto.
-Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
-Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
-Madrid, 5 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Jesús Prieto de Pedro.","Convocatoria de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, con un importe total de 203.800 euros.",@prazadorei mira! 15.000 más para Fund. Pablo Iglesias de hoy mismo 
-2049,"Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante Agencia Tributaria), en cuanto ente público encargado de la aplicación del sistema tributario estatal y del aduanero, un papel esencial en el cumplimento de la senda de consolidación fiscal que ha permitido una importante reducción del déficit público en los años anteriores y cuya principal novedad en 2014 es que dicho proceso se enmarca en un entorno de moderado crecimiento económico.
-En efecto, es responsabilidad de la Agencia Tributaria allegar los recursos públicos necesarios para la financiación de los servicios públicos fomentando el cumplimiento voluntario no solo mediante el aumento del nivel de la calidad de los servicios que presta a los contribuyentes sino también a través de la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude que constituye para la Agencia Tributaria una línea prioritaria de actuación.
-Una de las principales características de la actuación de la Agencia Tributaria es la planificación de sus actuaciones, como elemento que permite establecer de un modo preciso y ordenado las prioridades de los diferentes órganos y áreas de la Agencia Tributaria y efectuar un seguimiento y medición de los objetivos asignados y de los resultados obtenidos.
-En este proceso planificador, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero es fundamental, en cuanto marca y establece las líneas prioritarias de actuación de la Agencia Tributaria para el año en curso. El Plan Anual, al que el artículo 116 de la Ley General Tributaria atribuye carácter reservado, se estructura en los correspondientes Planes Parciales de Control de Inspección Financiera y Tributaria, de Aduanas e Impuestos Especiales, de Gestión Tributaria y de Recaudación.
-Como es sabido, en el año 2012 se aprobaron un conjunto de medidas normativas muy novedosas que han permitido un refuerzo de las actuaciones de control y de lucha contra el fraude, como son la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude o la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
-También en 2013 se han producido importantes cambios normativos como los que se derivan de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización o los incluidos en la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
-Medidas normativas a las que hay que añadir las adoptadas por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, además de las adoptadas en 2012 con una importante repercusión en el ejercicio 2014.
-Todo ello conforma un entorno normativo muy dinámico que si desde el punto de vista de la lucha contra el fraude ha supuesto un importante refuerzo de la actuación de la Agencia Tributaria, desde el punto de vista de los servicios de asistencia y ayuda al contribuyente implica un reto especial de flexibilidad y capacidad de adaptación para dar cumplida respuesta a este entorno tan cambiante.
-Como no puede ser de otro modo, la planificación de las actuaciones parte y se asienta en lo realizado en años anteriores incorporando nuevas actuaciones y reforzando las existentes con anterioridad. Todo ello se explicita en las líneas directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014, que contienen los principios generales que lo inspiran y una referencia a las actuaciones de prevención y control del fraude más relevantes articuladas en torno a tres grandes ejes: la comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en la fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.
-En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones que me están conferidas, he acordado:
-Aprobar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014 que, a continuación, se enuncian y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» así como su difusión por cualquier medio que resulte adecuado para su general conocimiento.
-I. Comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero
-La Agencia Tributaria desarrolla un amplio conjunto de actuaciones de control dirigidas a la comprobación de la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas al igual que lleva a cabo actuaciones de investigación con el objeto de descubrir rentas no declaradas.
-La actuación de la Agencia Tributaria en este ámbito se asienta en un sistema de tratamiento de la información que permite, por un lado, detectar obligados tributarios y operaciones con mayor riesgo fiscal y, por otro, una adecuada selección de los contribuyentes que serán objeto de control.
-Este sistema de identificación de bienes, derechos, rentas o actividades de los obligados tributarios se nutre de información procedente de las propias declaraciones impositivas o de carácter informativo, del desarrollo de actuaciones selectivas de captación de información y de la información obtenida en virtud de acuerdos de intercambio de información suscritos con otras Administraciones Públicas nacionales e internacionales.
-Junto con la explotación de la información obtenida en años anteriores, en 2014 se impulsará la ampliación de las fórmulas de colaboración para que la Agencia Tributaria pueda obtener información de otras Administraciones Públicas, especialmente en aquellos supuestos en los que existan registros administrativos relativos al ejercicio de actividades económicas.
-En 2014 se avanzará en la incorporación de la información contenida en la base de datos nacional de subvenciones al sistema de información, de garantizar la tributación correcta por parte de los perceptores de las mismas.
-Además, se continuarán realizando actuaciones selectivas de captación de información sobre contribuyentes que ejerzan actividades profesionales y empresariales para descubrir ingresos de la actividad no declarados. Asimismo, se analizará la existencia de signos externos de riqueza que no se correspondan con el nivel de renta y patrimonio declarados previamente.
-La captación de información sobre rentas, bienes o activos financieros radicados en paraísos fiscales o en territorios o países de baja tributación figurará entre las prioridades de la Agencia Tributaria en 2014, al objeto de identificar rentas obtenidas en España y, por tanto, sujetas a tributación en nuestro país. Se procederá a captar información sobre operaciones financieras nacionales o internacionales para identificar titulares de activos financieros que no declaren las rentas obtenidas o cuyas inversiones no se correspondan con su renta o patrimonio declarados.
-En colaboración con los organismos de la Unión Europea competentes en la materia, en particular la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, se intensificará la captación de información para identificar el verdadero país de origen de las mercancías importadas y los valores reales de transacción para la correcta aplicación de los tributos que gravan el comercio exterior, así como sobre la circulación intracomunitaria de productos sujetos a impuestos especiales de fabricación con objeto de impedir su desvío a circuitos ilegales.
-Partiendo de la información sobre los bienes, derechos, rentas o actividades económicas de los obligados tributarios, la Agencia Tributaria potenciará la selección óptima de los obligados que serán objeto de control reforzando las actuaciones coordinadas de selección entre las distintas áreas con funciones de control en la Agencia Tributaria.
-Se promoverá una distribución eficiente de los distintos riesgos fiscales entre los diversos órganos y procedimientos de control, de manera que quede garantizado no solo que cada incumplimiento se comprueba con el procedimiento más adecuado sino también que los medios personales más especializados centren su actuación en los riesgos fiscales más complejos.
-En el ámbito del control extensivo, se avanzará en la mejora de los criterios de selección de contribuyentes incidiendo en los de mayor riesgo fiscal, potenciando la uniformidad de actuaciones mediante la Unidad de Selección Centralizada del Departamento de Gestión Tributaria que estará en pleno desarrollo en 2014.
-La lucha contra el fraude fiscal y aduanero exige mantener las actuaciones de prevención y control desarrolladas en los últimos años e incorporar nuevas líneas prioritarias de actuación que se adapten a las variaciones de la situación socioeconómica, que contemplen el auge de nuevos sectores de actividad o modalidades de negocio, el desarrollo de nuevas tecnologías así como los cambios normativos o las propias modificaciones del comportamiento de los obligados tributarios.
-Es importante resaltar que continuará prestándose durante 2014 la colaboración activa de la Agencia Tributaria con los órganos jurisdiccionales en los procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública y en otros relacionados con el ámbito tributario.
-Esta colaboración se manifiesta en diversos ámbitos: el suministro de información a juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal, la realización durante el proceso penal de labores de auxilio judicial, la actuación de Vigilancia Aduanera como policía judicial y finalmente, la actuación de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
-La persecución del contrabando de tabaco constituirá una actuación prioritaria de control en el área de Aduanas e Impuestos Especiales y, en especial, para las unidades de Vigilancia Aduanera. También se potenciará la participación de Vigilancia Aduanera en las actuaciones de lucha contra el fraude tributario y las estrategias de investigación patrimonial y localización de activos propias de las actuaciones contra el blanqueo de capitales.
-En 2014 la Agencia Tributaria centrará su atención en los sectores o tipologías de fraude que se exponen a continuación:
-1. Economía sumergida.
-La economía sumergida comprende las actividades que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral. Estas actividades suponen una grave erosión de los ingresos públicos además de una competencia desleal y un desincentivo hacia los ciudadanos y empresas que cumplen con sus obligaciones.
-La Agencia Tributaria mantiene en 2014 como uno de los principales focos de su actividad la ejecución de una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida para lo que se reforzarán las actuaciones de prevención y control consistentes en la obtención de información que permitan la detección precoz de actividades ocultas y se potenciarán las actuaciones presenciales en aquellos sectores en los que se aprecie una especial percepción social sobre la existencia de elevados niveles de economía sumergida.
-En 2014 serán prioritarias las actuaciones de comprobación llevadas a cabo con el apoyo de personal especializado en técnicas de auditoría informática, al objeto de detectar situaciones de manipulación de los libros de contabilidad y de los libros registro, de llevanza de doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad, de conformidad con los informes sobre la materia elaborados por la OCDE.
-Igualmente, en 2014 se incluye como actuación prioritaria el desarrollo de actuaciones presenciales dirigidas al análisis de la facturación y los medios de pago al objeto de verificar la efectividad del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo establecida en la Ley 7/2012.
-En particular, se desarrollarán las siguientes líneas principales de actuación:
-a) Actuaciones de captación y explotación de información, en los siguientes ámbitos.
-– Información de otras Administraciones Públicas, especialmente en aquellos supuestos en los que existan registros administrativos relativos al ejercicio de actividades económicas.
-– Información relativa a flujos de fondos, facturación a través de tarjetas de crédito o situaciones patrimoniales inconsistentes con el contenido de las declaraciones tributarias.
-b) Actuaciones presenciales.
-– Desarrollo de actuaciones de comprobación e investigación con apoyo de personal especializado en técnicas de auditoría informática.
-– Realización de actuaciones presenciales orientadas a la verificación del cumplimiento de obligaciones de carácter formal así como de toma de datos de la actividad visitada, incluyendo la verificación de la situación censal de obligados tributarios respecto de los que existan indicios de deslocalización o simulación de actividad para ocultar la verdadera actividad o el verdadero titular de las rentas.
-– Actuaciones dirigidas a la verificación del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.
-– Realización de actuaciones presenciales para la detección de alquileres no declarados.
-c) Control de actividades de importación y venta de productos importados con objeto de detectar ventas internas no declaradas o la infravaloración de los valores en la importación o en las ventas interiores subsiguientes a la importación, analizando los márgenes reales de la actividad.
-2. Fiscalidad internacional.
-La orientación de las actuaciones de control en materia de fiscalidad internacional se incardina en el conjunto de las iniciativas seguidas por las organizaciones internacionales de las que España forma parte como la Unión Europea, la OCDE, el G20 y el Consejo de Europa.
-Continuará en 2014 el apoyo de la Agencia Tributaria a las numerosas iniciativas internacionales tendentes a reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
-Destaca el proyecto BEPS (siglas inglesas que se corresponden con «Erosión de las bases imponibles y desviación de Beneficios»), que se dirige al establecimiento de diversas medidas en relación con el problema de la doble no imposición (o doble «desimposición») y la desviación artificial de beneficios a terceros Estados, provocado por las oportunidades que ofrece la interacción de los sistemas tributarios nacionales combinados con los convenios bilaterales para evitar la doble imposición.
-Igualmente es preciso mencionar la iniciativa de la Unión Europea de modificación de la Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades y filiales de Estados miembros diferentes.
-Asimismo, hay que reseñar las actuaciones en el marco de la estrategia diseñada en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en el que se promueve la adopción y extensión de estándares internacionales para el efectivo intercambio de información internacional.
-Como mecanismo para obtener e intercambiar información completa y relevante, con vistas a detectar de forma temprana áreas de riesgo fiscal significativas, resalta la importancia del acuerdo firmado con Estados Unidos para el intercambio automático de información financiera (FATCA) y los que previsiblemente se firmen con otros países de la Unión Europea y la OCDE, que explicitan una apuesta clara por el intercambio de información y la transparencia como instrumentos esenciales para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
-La ampliación de la red española de acuerdos y convenios que posibilitan el intercambio de información permitirá realizar requerimientos internacionales dirigidos a aquellos territorios y jurisdicciones tradicionalmente considerados paraísos fiscales.
-La Agencia Tributaria continuará en 2014 con el pleno desarrollo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional impulsando las actividades de planificación sobre las áreas de riesgo, junto con el desarrollo de actuaciones directas y de apoyo, cooperación y coordinación con unidades y equipos de inspección, así como de coordinación entre los mismos, para garantizar la homogeneidad de criterio en las actuaciones más trascendentes y complejas, valor que tiene especial relevancia en la fiscalidad internacional por su repercusión exterior y por los procedimientos intergubernamentales que pueden generarse como consecuencia de las mismas.
-En particular, en el ámbito de la fiscalidad internacional durante el año 2014 serán objeto de atención preferente las siguientes:
-a) Utilización abusiva de la normativa interna e internacional.
-– Actuaciones relativas a la utilización abusiva de mecanismos «híbridos», ya sean «entidades híbridas» o «instrumentos financieros híbridos», que, aprovechando la diferente calificación de determinadas formas jurídicas u operaciones en los sistemas fiscales de distintos países y el juego de los Convenios de Doble Imposición, determinen una minoración artificial de su tributación.
-– Actuaciones de control sobre aquellos pagos al exterior de especial relevancia u operaciones de mayor complejidad a los que resulte de aplicación medidas antiabuso contempladas en la normativa interna o en los convenios bilaterales para garantizar la adecuada tributación en España de las rentas.
-b) Actuaciones de control de operaciones realizadas con paraísos fiscales.
-– Verificación de la tributación de las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales para garantizar que se ajustan a las limitaciones y reglas especiales previstas por nuestra normativa tributaria en relación con estos supuestos.
-– Control sobre personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, sobre todo en países o territorios de baja tributación o paraísos fiscales, con el propósito de eludir el pago de impuestos en España.
-c) Precios de transferencia.
-– Control de la correcta aplicación de las normas sobre precios de transferencia, especialmente en operaciones de reestructuración empresarial complejas, servicios intragrupo, acuerdos de reparto de costes y operaciones sobre intangibles relevantes.
-– Impulso de los acuerdos previos de valoración como instrumento de prevención del fraude que eliminan los riesgos derivados de la política de precios de transferencia de las empresas.
-d) Otras actuaciones de control en materia de fiscalidad internacional.
-– Detección de establecimientos permanentes radicados en España para aquellos contribuyentes que tributan como no residentes sin establecimiento permanente, especialmente en el marco de grupos multinacionales con presencia en España. Para ello se prestará especial atención a la estructura y funcionalidad tanto de las entidades filiales residentes en España como de las no residentes.
-– Actividades desarrolladas en España por profesionales, artistas o deportistas no residentes, al objeto de verificar su correcta tributación.
-3. Economía digital.
-El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y la creciente globalización de la economía han supuesto que la comunicación entre los distintos agentes de la actividad económica se produzca en tiempo real, de manera que cualquier oferente pone a disposición de sus potenciales clientes sus bienes o servicios a través de la web, y cualquier demandante puede adquirir dichos bienes o servicios con un solo clic en el ordenador. El uso de la tecnología ha cambiado la forma de relación entre comprador y vendedor y, por ende, ha de cambiar la actuación de control de la Administración Tributaria.
-En este contexto, la Agencia Tributaria ha de hacer frente a nuevas formas de fraude dado que la deslocalización permitida por la red posibilita la existencia de actividades totalmente sumergidas junto con otras que, bajo apariencia extranjera, son en realidad empresas españolas que usan Internet para intentar eludir sus obligaciones fiscales.
-En este ámbito de actuación, continuarán las actividades de investigación dirigidas al análisis de las operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red y a la determinación de patrones de riesgo fiscal que deban ser objeto de control. En el marco de estas actividades de investigación y determinación de perfiles de riesgo, se desarrollarán actuaciones dirigidas a la comprobación de la tributación de negocios que operen exclusivamente a través de la red.
-En particular, las áreas de atención prioritaria durante 2014 serán las siguientes:
-a) Captación y explotación de la información disponible en Internet que permita descubrir actividades ocultas.
-b) Actuaciones de control sobre las personas físicas o entidades titulares de páginas web receptoras de publicidad para asegurar la adecuada tributación de los ingresos por publicidad en España.
-c) Actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet para garantizar la adecuada tributación en España de las rentas generadas en la actividad económica.
-4. Planificación fiscal agresiva.
-Continúa siendo prioritario en el Plan de Control de 2014 el desarrollo de actuaciones de control dirigidas a la regularización de la situación tributaria de aquellos contribuyentes que hubieran utilizado mecanismos agresivos de planificación fiscal.
-Se mantiene el foco en aquellos contribuyentes con residencia fiscal en España que, con el objetivo de eludir o minorar el pago de impuestos, se sirvan de entidades o estructuras híbridas o fiduciarias o actúen mediante otras fórmulas de planificación agresiva.
-Se perseguirán aquellas actuaciones dirigidas al doble aprovechamiento de pérdidas o gastos; la generación de pérdidas mediante transmisiones de valores intragrupo; o el desvío de rentas de actividades económicas mediante la interposición de entidades sin ánimo de lucro.
-También serán objeto de control las operaciones de reorganización empresarial acogidas al régimen especial establecido en el capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para disfrutar de dicho régimen.
-De igual forma, se continuará con el control de la deducibilidad de los gastos financieros, especialmente intragrupo, y de la compensación indebida de bases imponibles negativas.
-5. Fraude organizado.
-La lucha contra el fraude organizado ha constituido una prioridad de la Agencia Tributaria desde su creación.
-El Plan de Control de 2014 continúa centrando la atención sobre aquellas tramas de fraude que utilizan abusivamente los regímenes de estimación objetiva mediante la emisión de facturas irregulares destinadas a reducir la tributación en el receptor. La Ley 7/2012 regula nuevos supuestos de exclusión de estos regímenes aplicables a contribuyentes que realicen determinadas actividades y que operen principalmente con empresarios. Por ello, en 2014 se ha establecido como ámbito de atención prioritaria el desarrollo de actuaciones de control para verificar que la modificación del régimen de estimación objetiva no ha dado lugar a una intensificación de aquellas modalidades de fraude asociadas a la utilización abusiva del régimen.
-Continuarán las actuaciones de control en las tramas de fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones intracomunitarias, junto con el control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros para evitar la utilización de estos regímenes con fines de elusión fiscal. Respecto a las estructuras organizadas de fraude, se atenderá especialmente en 2014 a la detección y regularización de aquellas operaciones fraudulentas dirigidas a dificultar la exigencia de responsabilidades tributarias a los titulares de las sociedades.
-En particular, serán objeto de especial seguimiento las siguientes operaciones o colectivos:
-a) Contribuyentes acogidos al régimen de estimación objetiva.
-– Detección de emisores de facturas irregulares destinadas a reducir la tributación del receptor de dichas facturas, prestándose especial atención a la utilización indebida del régimen de módulos con esta finalidad.
-– Supuestos de división artificial de la actividad para conseguir el mantenimiento en el régimen de módulos.
-b) Tramas de fraude.
-– Control dirigido a impedir la aparición de tramas de fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones intracomunitarias con una estrategia orientada a la detección temprana de dichas tramas, que se desarrollará mediante la realización de las actuaciones de investigación y de control preventivo del Registro de Operadores Intracomunitarios y, en su caso, la judicialización temprana de los expedientes.
-– Control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros para evitar la utilización de estos regímenes con fines de elusión fiscal. En particular, se analizará la información periódica a suministrar por parte de los titulares de los establecimientos respecto a la repercusión de las cuotas de los Impuestos Especiales.
-– Detección de esquemas organizados de fraude a través de los que se produce la adquisición masiva y por precios simbólicos de sociedades sobre las que recaen o van a recaer importantes contingencias fiscales, por parte de personas ilocalizables, con el fin de facilitar la elusión de las responsabilidades tributarias de todo tipo en las que hubieran incurrido los anteriores titulares de dichas sociedades.
-6. Prestación de servicios de alto valor.
-En 2014 las actividades profesionales continuarán siendo objeto de especial seguimiento utilizando para ello las fuentes de información tradicionales de la Agencia Tributaria, así como la información que pueda obtenerse procedente de registros administrativos o privados y de requerimientos de información a clientes finales.
-De igual forma, continuará el análisis y selección de contribuyentes a partir de signos externos de riqueza en los casos en los que dichos signos no resulten acordes con su historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes.
-Además, en caso de profesionales que operen en sectores en los que tradicionalmente se utiliza el cobro en efectivo, se examinará la aplicación de la limitación de pagos en efectivo.
-En línea con lo anterior se intensificarán los siguientes controles:
-a) Obtención de información sobre prestación de servicios personales de alto valor en registros, administrativos o privados, o por requerimientos de información a clientes finales.
-b) Control de gastos declarados que garanticen que solo son objeto de deducción los relacionados con la actividad económica y detección de ingresos no declarados mediante la utilización de nuevas fuentes de información y análisis de signos externos de riqueza.
-c) Utilización improcedente de personas jurídicas que canalicen rentas de personas físicas con el único objeto de reducir la tributación de la persona física por la diferencia de tipos o que incorporen gastos personales no relacionados con la actividad.
-7. Control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específica.
-Junto con los ámbitos de control prioritario señalados previamente, existen determinados sujetos, sectores o regímenes tributarios sobre los que la Agencia Tributaria ha desarrollado sus actuaciones de control en años precedentes que deben mantenerse.
-No obstante, destaca como novedad en 2014 la explotación de la información del modelo 720, relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero para detectar las posibles rentas procedentes de dichos bienes y asegurar su correcta tributación.
-Por último, se llevará a cabo un especial seguimiento de la implantación de las nuevas vías de presentación, por medios telemáticos, de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, reduciendo al máximo posible la presentación en papel.
-Los ámbitos prioritarios de actuación serán los siguientes:
-a) En el control de grandes empresas, se profundizará en el análisis de riesgos específicos con el objeto de potenciar actuaciones de control parcial que incidan en un mayor número de contribuyentes. El análisis de riesgos específicos incluirá, entre otros, el control de los ajustes al resultado contable, la compensación de bases imponibles negativas y la aplicación de deducciones en cuota.
-b) Se prestará especial atención a aquellos sectores económicos que, no habiendo sido especialmente afectados por el descenso de actividad producido durante los años de crisis económica, presenten declaraciones tributarias inconsistentes con indicios que pongan de manifiesto niveles de facturación o capacidad económica relevante.
-c) Intensificación de las actuaciones de control de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro al objeto de evitar supuestos de utilización abusiva del régimen fiscal especial. En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser remitida por las entidades públicas que ejerzan funciones de patronazgo sobre las citadas fundaciones.
-d) Impulso de las actuaciones de comprobación sobre las entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y en el Régimen Especial de Grupos del IVA.
-e) Control extensivo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades llevados a cabo por las grandes empresas.
-f) Actuaciones de comprobación del IVA soportado incluido como deducible tanto por los sujetos pasivos que opten por el régimen de IVA de caja como por aquellos otros que realicen adquisiciones a aquellos que estén en dicho régimen.
-g) Control sobre el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de bienes y derechos en el extranjero, modelo 720.
-h) Tratamiento de la información del modelo 720 para asegurar la tributación correcta de las rentas procedentes de los bienes situados en el extranjero.
-i) Potenciación de los procedimientos de revocación del NIF utilizando la información derivada de la campaña de inclusión en el sistema de Notificaciones Electrónicas Obligatorias.
-j) Actuaciones de control de tributación de las subvenciones percibidas por los contribuyentes.
-k) Se prestará atención a los incumplimientos de la obligación de presentación de autoliquidaciones mensuales o trimestrales explotando sistemáticamente la información de terceros que pongan de manifiesto una actividad económica.
-l) Actuaciones de seguimiento de la implantación de la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria por medios telemáticos.
-8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales.
-En este ámbito, se potenciarán los siguientes controles:
-a) La implantación del sistema EMCS (control de movimientos de productos sujetos a Impuestos Especiales) en el ámbito interno, cuya puesta en marcha para la totalidad de los operadores de Impuestos Especiales se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2014, requiere intensificar las actuaciones encaminadas a la obtención de información, detección y subsanación de errores, así como al control de cumplimiento por parte de los obligados de los requisitos y condiciones propias de este sistema de mensajes electrónicos.
-b) La detección de posibles irregularidades en las fábricas de biogás.
-c) Control de los obligados tributarios beneficiarios de la exención parcial del Impuesto sobre la Electricidad a determinadas actividades industriales vigente desde el 1 enero de 2014.
-d) Especial seguimiento de las sociedades de nueva creación titulares de establecimientos autorizados a efectos de los Impuestos Especiales de Fabricación, para garantizar la adecuada tributación tanto por dichos impuestos como por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
-e) Control del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los establecimientos autorizados, así como de las demás condiciones exigidas para el desarrollo de su actividad, con revocación de las autorizaciones en caso de incumplimiento, en especial en empresas del sector de la electricidad.
-f) Verificación de la correcta cumplimentación de la declaración del nuevo Impuesto sobre Hidrocarburos incluyendo lo relativo a la Comunidad Autónoma de consumo. Asimismo, se controlarán las declaraciones presentadas por los reexpedidores, que deben declarar los hidrocarburos remitidos para consumo en Comunidades Autónomas diferentes a las inicialmente declaradas por el contribuyente.
-9. Control de los impuestos medioambientales.
-La creación del nuevo Impuesto sobre los Gases Fluorados de efecto invernadero, en vigor a partir del 2014, exige la implantación de nuevos controles y líneas de actuación para garantizar la correcta gestión del nuevo impuesto.
-También resulta necesaria la puesta en marcha de nuevos mecanismos de gestión, control y tramitación de devoluciones de los recién creados Impuestos medioambientales (Impuesto sobre el Valor de la producción de la Energía eléctrica, Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, e Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos).
-10. Control aduanero.
-En este ámbito, se intensificarán los siguientes controles:
-a) Control en los recintos aduaneros.
-La Agencia Tributaria continuará realizando en los recintos aduaneros actuaciones de prevención y control con una doble finalidad. Por un lado, asegurar la correcta liquidación de los derechos arancelarios y demás tributos que gravan las mercancías objeto del trafico con terceros países y, por otro, garantizar la protección de nuestras fronteras y la seguridad de la cadena de suministros impidiendo la entrada de mercancías de tráfico ilícito o potencialmente peligrosas para la salud de los consumidores o el medio ambiente.
-Así, se reforzarán en 2014 las actuaciones de control de la importación y exportación de mercancías sujetas a controles adicionales, cuando no a prohibiciones específicas, como alimentos, medicamentos, material radiactivo, productos o residuos peligrosos, precursores de estupefacientes, material de defensa y de doble uso, mercancías falsificadas, especies de la fauna y flora silvestres en peligro de extinción amparadas por el Convenio CITES, etc.
-Para ello, se utilizarán técnicas de análisis de riesgo y se efectuarán reconocimientos físicos de las mercancías o mediante escáneres.
-Asimismo, serán objeto de control en los recintos aduaneros los movimientos de efectivo por viajeros para detectar cantidades no declaradas o superiores a las autorizadas, tanto con la finalidad de prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, como para garantizar el cumplimiento de las limitaciones en el uso de efectivo introducidas por la Ley 7/2012.
-Finalmente, será objeto de especial seguimiento la utilización de las franquicias aduaneras y fiscales tanto en relación con las mercancías transportadas por viajeros como en los envíos entre particulares efectuados por vía postal o a través de empresas de mensajería. En este ámbito se pondrá especial énfasis en las mercancías con mayores niveles de tributación, tabaco y bebidas alcohólicas, que atraviesen las fronteras terrestres.
-b) Actuaciones integrales de control sobre los productos vinculados a un depósito aduanero o a un depósito distinto del aduanero, mediante el seguimiento de los movimientos de mercancías en los establecimientos autorizados. Asimismo, se reforzará el control de las obligaciones que incumben a los titulares de los establecimientos, revocando las autorizaciones en caso de incumplimiento.
-c) Actuaciones de comprobación y reevaluación del cumplimiento de las condiciones de acceso al estatus de Operador Económico Autorizado (OEA) o a procedimientos de declaración simplificada.
-Se continuará con la verificación del mantenimiento de los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para gozar del estatus de Operador Económico Autorizado o para la aplicación de procedimientos de declaración simplificada.
-La revisión alcanzará a los requisitos de solvencia financiera, historial de cumplimiento, gestión de registros comerciales y de transporte y seguridad establecidos en las disposiciones comunitarias.
-d) Controles posteriores a la importación.
-Una vez introducidas las mercancías en territorio comunitario, los controles irán dirigidos a verificar el origen, clasificación arancelaria y valor en aduana declarados con motivo de la importación de mercancías, con objeto de impedir la elusión de derechos arancelarios, derechos antidumping o el Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación aplicables, con especial incidencia en los despachos a libre práctica de bienes para su posterior entrega en otro Estado miembro y en las tramas de fraude organizado. Se potenciarán, en este ámbito, las actuaciones de control con los representantes indirectos de los importadores.
-11. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.
-En 2014 la Agencia Tributaria continuará con su labor de prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente de dichos ilícitos con el objetivo no solo de descubrir e interceptar las mercancías sino principalmente de desmantelar logística y financieramente las redes organizadas dedicadas a estos comercios ilícitos.
-Para ello, se continuará vigilando el espacio aéreo español, las aguas jurisdiccionales y los recintos aduaneros, realizando actuaciones de investigación con técnicas de policía judicial, de análisis de riesgo y potenciando el intercambio de información y la colaboración internacional.
-En 2014 se incrementarán los controles encaminados a detectar productos y sustancias no catalogados susceptibles de ser utilizados como drogas (las denominadas «legal highs»), precursores de drogas, medicamentos no homologados, productos dopantes u otros usos, con grave riesgo para la salud, así como a identificar las organizaciones responsables de dicho tráfico ilícito.
-Especial atención se prestará al contrabando de tabaco. La combinación de determinados factores en el contexto económico y social ha provocado un incremento del contrabando de tabaco en general y de los cigarrillos en particular que ha supuesto una relevante detracción de ingresos tributarios.
-Por ello, se impulsarán los controles mediante la constante evaluación y control de los principales sectores intervinientes: transporte, distribución minorista, viajeros, envíos postales, depósitos fiscales o comercio electrónico.
-Se reforzarán especialmente los controles en los recintos aduaneros portuarios, terrestres y aéreos, en particular en los transportes de viajeros y mercancías procedentes de áreas de menor tributación, mediante la utilización de técnicas de análisis de riesgos, o la utilización de la inspección no intrusiva para la detección de mercancía de contrabando, o incorrectamente declarada, por medio de escáneres de contenedores, de vehículos o de paquetería.
-II. Control del fraude en fase recaudatoria
-En los últimos años, el control del fraude en la fase recaudatoria se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad para la consecución de los objetivos y resultados de la Agencia Tributaria.
-En este contexto, el Plan de Control de 2014 sigue esencialmente las líneas marcadas por los planes de ejercicios anteriores, si bien incorpora mejoras con la finalidad de aumentar la eficacia en la gestión recaudatoria de las deudas tributarias, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
-La utilización sistemática de la presentación de solicitudes de aplazamiento para retrasar injustificadamente el pago de deudas tributarias constituye uno de los ámbitos de actuación prioritaria para 2014. En este sentido, serán objeto de control aquellas solicitudes que, por referirse a retenciones e ingresos a cuenta o a deudores en proceso concursal, deban ser objeto de inadmisión.
-Igualmente, se aplicará el nuevo supuesto de derivación de responsabilidad introducido en el artículo 43.2 de la Ley General Tributaria por la Ley 7/2012, destinado a facilitar la acción de cobro contra los administradores de aquellas empresas que, carentes de patrimonio embargable pero con actividad económica regular, realizan una actividad recurrente y sistemática consistente en la presentación formal de autoliquidaciones sin ingreso efectivo.
-La experiencia acumulada sigue apuntando la necesidad de mejorar la coordinación con las áreas liquidadoras tanto gestoras como inspectoras, al objeto de lograr la detección temprana del fraude recaudatorio.
-Asimismo, la lucha contra el fraude en fase recaudatoria exige intensificar las actuaciones más cualificadas mediante la adopción de medidas cautelares y acuerdos de derivación de responsabilidad, así como por medio del desarrollo de actuaciones de investigación patrimonial que permitan detectar posibles insolvencias ficticias.
-En particular, durante 2014 se prevé el desarrollo de actuaciones de embargo sobre bienes y activos financieros situados en el extranjero. Igualmente, para combatir determinadas conductas fraudulentas en sede recaudatoria consistentes en la despatrimonialización de sociedades, se potenciarán los acuerdos de prohibición de disponer de los bienes inmuebles de las entidades cuyas acciones o participaciones hubiesen sido objeto de embargo.
-En materia concursal se mantiene como línea prioritaria la detección de actuaciones fraudulentas en el seno de los concursos que perjudiquen a la Hacienda Pública como acreedora, con la finalidad de determinar y exigir la responsabilidad tributaria que proceda no solo al concursado y a sus administradores sino también a aquellos que actúen al amparo de la acción o inacción de los mismos.
-Por último, continúa siendo preferente la realización de actuaciones dirigidas a asegurar el cobro de las deudas derivadas de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
-En particular, durante 2014 se desarrollarán las siguientes líneas de actuación:
-a) Aplazamientos de pago.
-– Control de las solicitudes de aplazamientos que tengan por objeto conseguir una dilación o retraso injustificado en el pago de las deudas tributarias resultantes de autoliquidaciones o de liquidaciones practicadas por la Administración.
-– Impulso de las actuaciones dirigidas a acordar la derivación de la responsabilidad tributaria en los casos de fraude consistente en la falta de ingreso reiterada de autoliquidaciones por retenciones o impuestos repercutidos.
-b) Coordinación con áreas liquidadoras.
-– Consolidación de los Programas de Seguimiento de Actuaciones Coordinadas entre los Equipos y Unidades de Inspección Financiera y Tributaria, Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales y Recaudación desde el inicio de la actuación de comprobación para, en primer lugar, anticipar la adopción de medidas cautelares y el desarrollo de los procedimientos de declaración de responsabilidad, con la finalidad de garantizar el cobro de las deudas tributarias resultantes de dichos procedimientos de comprobación; y, en segundo lugar, favorecer una pronta reacción ante conductas presuntamente constitutivas de delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, continuarán las actuaciones de coordinación con el área de gestión tributaria.
-c) Control selectivo en el área de recaudación.
-– Intensificación de la presencia efectiva de los órganos de Recaudación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes de los obligados tributarios.
-– Control de deudores con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. Se realizarán actuaciones dirigidas a practicar el embargo de los bienes situados en sus sedes y de cuantos créditos sea posible en función de la información contable que se pueda recabar en las citadas actuaciones. Todo ello con la finalidad de cobrar la deuda pendiente y de dificultar su participación en el mercado e impedir el perjuicio que se deriva para la Hacienda Pública así como la competencia ilícita que genera.
-– Incremento del uso de herramientas de investigación que permitan realizar seguimientos patrimoniales e identificación de conductas defraudatorias. En este punto, destaca la importancia de la colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude para atajar y combatir casos especialmente cualificados de fraude recaudatorio.
-– Intercambios de información administrativos con otras Administraciones Públicas, nacionales o extranjeras, con el fin de mejorar la utilidad de la información disponible y actuar de una manera más ágil, eficiente y eficaz en la traba de bienes.
-– Utilización de la información obtenida por medio del modelo 720 para la intensificación de las actuaciones de embargo de bienes o derechos situados en el extranjero de los titulares que sean deudores a la Hacienda Pública.
-– Refuerzo de las derivaciones de responsabilidad y de la adopción de medidas cautelares. Se potenciarán las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables de las deudas y a acreditar la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de la deuda tributaria, en particular, en los casos de mayor complejidad y gravedad.
-– Intensificación de los acuerdos de prohibición de disponer previstos en el artículo 170.6 de la Ley General Tributaria. Estas actuaciones estarán dirigidas a evitar el vaciamiento patrimonial en los casos de embargo de acciones o participaciones de entidades tenedoras de bienes inmuebles cuando el titular de las mismas, deudor frente a la Hacienda Pública, ejerza un control efectivo sobre las sociedades.
-– Se continuará con el control de deudores que han sido declarados fallidos y sus créditos cancelados por incobrables para detectar supuestos de solvencia sobrevenida y proceder, en su caso, a su rehabilitación.
-– Investigación de la participación de deudores aparentemente insolventes en la constitución de otras sociedades mercantiles que no ingresen sus obligaciones tributarias dificultando la recuperación de las deudas pendientes de cobro.
-– Impulso de las acciones penales por insolvencia, en la medida que la denuncia de estas conductas supone la mejor defensa de los derechos de la Hacienda Pública.
-d) Actuaciones en materia concursal.
-Potenciación de acciones específicas que permitan combatir el fraude en este ámbito; ello exige, por un lado, detectar comportamientos desarrollados por el concursado y sus administradores que perjudican a la Hacienda Pública como acreedor y, por otro, identificar los perjuicios causados a los intereses de la Hacienda Pública como consecuencia de la acción o inacción de los administradores concursales. Todo ello, con el objetivo final de exigir a cada uno de los anteriores la responsabilidad tributaria que proceda.
-e) Delito contra la Hacienda Pública.
-Refuerzo de las actuaciones de los órganos de recaudación, en las distintas fases procesales, en los casos de delito contra la Hacienda Pública. En una primera fase, mediante la adopción de medidas cautelares amparadas por lo dispuesto en el artículo 81.8 de la Ley General Tributaria.
-En una fase intermedia, mediante el establecimiento de sistemas de vigilancia patrimonial de todos los implicados en un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, en virtud de la disposición adicional decimonovena de la Ley General Tributaria.
-En una tercera fase, mediante la realización de todas las actuaciones que resulten posibles para cobrar las responsabilidades civiles y las multas penales impuestas por este tipo de ilícitos y cuya encomienda de cobro haya sido recibida por la Administración Tributaria, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 305.7 del Código Penal.
-III. Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas
-En cuanto a las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (en adelante, Comunidades Autónomas), la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias autonómicas resulta esencial para el adecuado control de los tributos cedidos, sean gestionados por la Agencia Tributaria o por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado.
-La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento total o parcial en su territorio de una serie de tributos estatales, y delega la competencia para la gestión de una parte de esos tributos -asumida por las Comunidades Autónomas- concretamente la gestión de los Impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de determinados Tributos sobre el Juego.
-La citada Ley consagra como principio esencial la colaboración entre las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en particular, el fomento y desarrollo de intercambios de información y la planificación coordinada de las actuaciones de control sobre los tributos cedidos.
-De acuerdo con dicha ley, el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria –y los correspondientes Consejos Territoriales en el ámbito de cada Comunidad–, es el órgano colegiado de coordinación de la gestión de los tributos cedidos integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas al que se atribuyen, entre otras, las funciones de concretar criterios uniformes y procedimientos comunes de intercambio de información y acordar las líneas básicas y directrices de ejecución de programas de control sobre los tributos cedidos.
-La Agencia Tributaria, en el marco de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo Superior y de los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, potenciará los intercambios de información con trascendencia tributaria entre las Administraciones tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y, singularmente, potenciar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
-Así, continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, base de datos consolidada de información censal obtenida por las Administraciones tributarias autonómicas y estatal.
-Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos gestionados por las Comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, los tributos estatales sobre el juego gestionados por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio.
-Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando a las Administraciones tributarias autonómicas acceso a la información sobre los impuestos cedidos que sea necesaria para su adecuada gestión tributaria.
-Además de estos intercambios de información generales, se potenciarán los intercambios de información específicos sobre determinados hechos, operaciones, valores, bienes o rentas con trascendencia tributaria que resulten relevantes para la gestión tributaria de cualquiera de las Administraciones, especialmente para la lucha contra el fraude.
-Se fomentará la transmisión por parte de las Comunidades Autónomas de información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las Administraciones tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.
-Del mismo modo, se potenciará la remisión de información por parte de las Comunidades Autónomas sobre la constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas pendientes de pago con la Agencia Tributaria.
-Por su parte, la Agencia Tributaria facilitará a las Comunidades Autónomas información específica sobre aportaciones de activos a sociedades que no supongan aumento de capital y no consten documentadas en escritura pública.
-Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias autónomas en la transmisión de la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas gestionadas por otra Administración.
-En 2014 se intensificarán los intercambios de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, con la finalidad de garantizar la adecuada tributación de los sujetos pasivos en las distintas figuras impositivas.
-La planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control será otra área de atención preferente. En este ámbito, destacan:
-1. Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas, partiendo especialmente de la información suministrada por dichas Comunidades.
-2. Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2012 o ejercicios anteriores no prescritos y su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a presentar declaración.
-3. Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
-4. Operaciones societarias más relevantes declaradas exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido al régimen fiscal especial del capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
-5. Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a través de la comprobación de la principal fuente de renta.
-6. Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las cooperativas.
-7. Domicilios declarados y sus modificaciones.
-Finalmente, por lo que se refiere a las Comunidades de régimen foral, tanto el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo), como el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (aprobado por Ley 28/1990, de 26 de diciembre), contemplan entre sus principios esenciales los de coordinación y colaboración mutua entre dichas Comunidades y el Estado en la aplicación de sus respectivos regímenes tributarios.
-La línea fundamental de colaboración entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco vendrá constituida por el intercambio de la información necesaria para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y luchar contra el fraude fiscal, especialmente aquel que pretende aprovecharse de las diferencias normativas en los distintos territorios o de la existencia de Administraciones tributarias diferentes, mediante fórmulas de deslocalización o planificaciones fiscales abusivas.
-Madrid, 10 de marzo de 2014.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.",Aprobadas las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014,Subvenciones a asoc. de usuarios (sólo para las grandes) se mantienen en 3 millones  #BOE
-3701,"El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia.
-El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública.
-Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio.
-Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos.
-A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad.
-En su virtud, dispongo:
-Primero. Objeto.
-El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas.
-Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015.
-1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor.
-2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores.
-3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carácter vinculante o exhaustivo, sino orientativo, pues cabe la posibilidad de convocar nuevas ayudas, suprimirlas o modificarlas por necesidades sobrevenidas a lo largo de la anualidad, de conformidad con la legislación presupuestaria.
-Tercero. Medidas para la mejora de la gestión y tramitación de ayudas.
-El Ministerio llevará a cabo de manera paulatina una racionalización de los instrumentos reguladores existentes en materia de concesión de subvenciones con vistas a lograr una mejor y más eficiente gestión y tramitación de dichas ayudas.
-Cuarto. Medidas para la mejora de la tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas.
-1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las distintas fases del procedimiento de concesión de ayudas cuando así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas.
-La información sobre identificación, normativa regulatoria, sistemas de firmas aceptados, etc. de las sedes electrónicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentran en la dirección https://sede.educacion.gob.es/identifica-sede.html para la Sede Electrónica Educación y en la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp para la Sede Electrónica Cultura.
-2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará, según sus bases reguladoras, a través de la sede electrónica del organismo.
-3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en los procedimientos iniciados por medios electrónicos, las bases reguladoras podrán establecer que los interesados aporten al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original.
-4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo.
-5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables.
-6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las bases reguladoras podrán establecer que las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realicen bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
-7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan.
-Quinto. Medidas para la mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación.
-1. Tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hará constar expresamente la no exigencia de aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, siempre que tales datos o documentos sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos.
-En el caso de tratarse de datos de carácter personal deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o bien amparado por una norma con rango de ley.
-En los casos en que el interesado no autorice el acceso a su información, deberá presentar él mismo la documentación.
-2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones, cuando la normativa reguladora de la ayuda así lo prevea expresamente.
-Sexto. Medidas para favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres
-1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la mencionada ley orgánica.
-2. En aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, podrá establecerse asimismo como criterio objetivo de valoración de las entidades solicitantes, la existencia de planes de igualdad que contemplen medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.
-Se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas.
-Se promoverá la paridad en los tribunales responsables de valorar la concesión de ayudas y subvenciones, cuando los haya.
-Con vistas a incrementar la participación de las mujeres en el ámbito científico, tecnológico e investigador, se adoptarán paulatinamente medidas que refuercen la aplicación y seguimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, a través del Consejo de Universidades.
-Séptimo. Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
-1. El Ministerio incorporará paulatinamente medidas de acción positiva en las ayudas y subvenciones con vistas a promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural, tal y como establece el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
-2. Se podrá incorporar como criterio de valoración, de acuerdo con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el fomento de programas para mejorar la empleabilidad, el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables por parte de las entidades solicitantes.
-Octavo. Ayudas procedentes de la Unión Europea.
-El organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lleva a cabo la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020), además de otras iniciativas europeas. La información sobre las ayudas que ofrece el programa Erasmus+ puede encontrarse en las direcciones: www.sepie.es y www.erasmusplus.gob.es».
-Noveno. Efectos
-Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 9 de marzo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.","Aprobado el Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015.",Premios Nacionales de diferentes cuantías. Por ejemplo: 30.000€ tauromaquia vs 20.000€ ilustración  #BOE #fin
-2653,"La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Gobierno de Aragón, han suscrito con fecha 11 de diciembre de 2019, un Convenio para fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes.
-Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio, como anexo a la presente Resolución.
-Madrid, 13 de enero de 2020.–La Secretaría General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez.
-ANEXO
-Convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes
-En Zaragoza, a 11 de diciembre de 2019.
-INTERVIENEN
-Por parte de la Administración General del Estado, don José Antonio Benedicto Iruiñ, Secretario de Estado de Función Pública, nombrado mediante el Real Decreto 569/2018, de 18 de junio, que actúa en virtud de las facultades conferidas por la Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo, y que ejerce la suplencia del Secretario de Estado de Política Territorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
-Por parte del Gobierno de Aragón, doña María Teresa Pérez Esteban, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, de la Comunidad Autónoma de Aragón, nombrada mediante el Decreto de 5 de agosto de 2019, actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, en virtud de Acuerdo del Gobierno de Aragón de 3 de diciembre de 2019.
-Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del presente Convenio.
-De acuerdo con los principios de equilibrio territorial y sostenibilidad, la Administración General del Estado interviene en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica. La Comunidad Autónoma de Aragón interviene en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico.
-EXPONEN
+Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
+Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P. D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Juan Ignacio Romero Sánchez.
+ANEXO I
+Convocatoria libre designación
+Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012)
+Puesto adjudicado:
+Número de orden: 9. Código puesto: 1976851. Puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura. Jefe/Jefa de Dependencia. Nivel: 28.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura, León. Nivel: 28.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Monroy Lobato, Víctor Benito. NRP: 1016932813. Grupo: A1. Cuerpo o escala: A1210. Situación: Activo.","El extraño caso de un cargo público nombrado a dedo antes, incluso, de publicar la convocatoria  #BOE",[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,Nombramiento de Víctor Benito Monroy Lobato como Jefe de Dependencia como Delegación del Gobierno en Castilla y León.,,[],447,0.6373506,365
+2016-01-30,,BOE-A-2016-892,"Orden ESS/2962/2015, de 17 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/2410/2015, de 5 de noviembre.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201520'>
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+<titulo>Orden ESS/2962/2015, de 17 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/2410/2015, de 5 de noviembre.</titulo>
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+<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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+<analisis>
+<notas></notas>
+<materias></materias>
+<alertas></alertas>
+<referencias>
+<anteriores></anteriores>
+<posteriores></posteriores>
+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden ESS/2410/2015, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), se anunció, para su cobertura por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idónea para el desempeño del puesto que se le asigna y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado.</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 17 de diciembre de 2015.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit'>Gabinete de la Ministra</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>Denominación: Vocal Asesor/Vocal Asesora.</p>
+<p class='parrafo'>Nivel complemento destino: 30.</p>
+<p class='parrafo'>Complemento específico: 19.626,88 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicataria:</p>
+<p class='parrafo_2'>Destino de procedencia: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>Apellidos y nombre: Piñar Pinedo, María de Fátima.</p>
+<p class='parrafo'>Número registro personal: 5300636124 A1603.</p>
+<p class='parrafo'>Grupo: A1.</p>
+<p class='parrafo'>Cuerpo: Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>Situación Administrativa: Servicio activo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Jan 30 09:57:36 +0000 2016,"Por Orden ESS/2410/2015, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), se anunció, para su cobertura por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idónea para el desempeño del puesto que se le asigna y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado.
+Este Ministerio ha dispuesto:
 Primero.
-La Constitución Española reconoce en su artículo 158 el principio de solidaridad como un instrumento para atenuar las desigualdades territoriales y procurar la cohesión interna como un objetivo de la política económica y social.
+Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
 Segundo.
-Este principio constitucional se materializa mediante el Fondo de Compensación Interterritorial, previsto en el citado artículo, del cual no es beneficiaria la Comunidad Autónoma de Aragón por su nivel de renta. Existen, no obstante, desigualdades estructurales internas en la Comunidad Autónoma de Aragón que afectan a la provincia de Teruel y sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos generales disponibles. En este sentido, la provincia de Teruel requiere de una acción pública específica para promover medidas tendentes a corregir los desequilibrios existentes en la provincia y la generación de actividad económica y de empleo.
+La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
 Tercero.
-La Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo establecido en el artículo 20.c) del Estatuto de Autonomía de Aragón, y en el ejercicio de la competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma en el artículo 71.32.ª de su Estatuto, desarrolla una acción sostenida para promover la corrección de los desequilibrios económicos y sociales que afectan a la provincia de Teruel, fomentando y adoptando las medidas necesarias para hacer efectiva la solidaridad entre los territorios que integran la comunidad autónoma.
-Cuarto.
-La Administración General del Estado ha manifestado su voluntad de colaborar en el objetivo de superar los desequilibrios estructurales de la provincia de Teruel, para lo que concurre con el Gobierno de Aragón mediante la cooperación financiera que se refleja en este Convenio.
-Quinto.
-Ambas Administraciones vienen colaborando desde el año 1992, a través de la suscripción de sucesivos convenios destinados a la financiación de inversiones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel.
-Sexto.
-Esta línea de cooperación y la ejecución de estos convenios ha permitido avanzar en la dirección de los objetivos señalados, si bien la evaluación de los resultados obtenidos pone de relieve la necesidad de garantizar la continuidad y la concurrencia de ambas Administraciones con el instrumento convencional diseñado, y ello no sólo mediante la financiación de proyectos estratégicos de naturaleza análoga a los que hasta ahora se han venido llevando a cabo, sino también ampliando el objetivo a todas las líneas de acción que puedan materializar el objetivo último del Convenio.
-Asimismo se estima necesario introducir mejoras en los instrumentos de gestión de las aportaciones financieras de las partes y en la ejecución de los proyectos financiados con cargo a las mismas, para lo cual se han seguido las pautas marcadas a través de las recomendaciones y observaciones formuladas por la Cámara de Cuentas de Aragón, órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón. Todo ello redundará necesariamente en una más adecuada consecución de los objetivos perseguidos.
-Séptimo.
-Ambas partes consideran, por lo tanto, que los objetivos antes citados continúan siendo plenamente vigentes y creen oportuno renovar su compromiso de seguir financiando actuaciones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel, suscribiendo un nuevo Convenio.
-Por lo expuesto, ambas partes acuerdan la formalización del presente Convenio con arreglo a las siguientes
-CLÁUSULAS
-Cláusula 1.ª Objeto.
-El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de la cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, para fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios estructurales territoriales identificados.
-A tal efecto, es objeto de este Convenio la financiación de proyectos de inversión que promuevan la creación de un espacio de competitividad necesario para superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica.
-Cláusula 2.ª Proyectos de inversión financiables.
-1.  A los efectos del presente Convenio se entenderá por proyecto de inversión aquella actuación que tenga la consideración de operación de capital imputada a los capítulos VI, VII y VIII de los presupuestos de las entidades gestoras de estos fondos. En concreto, tendrán esta consideración los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. En particular, un gasto se considera amortizable cuando contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios futuros.
-2. La relación de los distintos proyectos de inversión financiados con el Fondo será la que se efectúe de común acuerdo entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, y que se formalice mediante acuerdo expreso de la Comisión de Seguimiento.
-3. No podrán financiarse gastos corrientes ni ampliaciones de capital para reequilibrar la situación financiera de entidades. No obstante, sí podrá financiarse de forma excepcional el gasto corriente vinculado a la puesta en marcha de los proyectos de inversión por un período máximo de un año y sin que el gasto corriente financiado pueda superar el 30 % del total del gasto financiado. En los casos en los que la Comisión de Seguimiento decida financiar gasto corriente en estos términos, podrá aprobar de forma motivada la elevación del límite del 30 % para un proyecto concreto cuando concurran razones extraordinarias que así lo justifiquen.
-4. Se entenderá por proyecto, las actuaciones individuales o grupo de actuaciones con un mismo objetivo. El coste mínimo de cada proyecto será de 125.000 euros para garantizar que produzca un impacto real sobre el territorio.
-5. Se financiarán los proyectos de inversión enmarcados en las siguientes líneas de actuación:
-a) Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte, que tengan como finalidad mejora la conectividad de la provincia de Teruel y su integración en las redes de transporte intraautonómicas e interautonómicas.
-b) Apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico, con pleno respeto a la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
-c) Apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas.
-d) Apoyo a la realización de inversiones que tengan como finalidad la protección y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales.
-e) Apoyo a la realización de iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la sociedad de la información en el ámbito de la provincia.
-f) Apoyo a las inversiones necesarias para desarrollar la cohesión social, en especial en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, y para incrementar el bienestar social de sus habitantes.
-g) Apoyo al fomento de iniciativas culturales, en especial las destinadas a la rehabilitación y creación de bienes de contenido cultural.
-h) Apoyo a la realización de inversiones que tenga como finalidad la dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos.
-i) Apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos.
-6. La Comisión de Seguimiento podrá determinar el carácter estratégico de proyectos plurianuales en atención a su relevancia y especificidad, dentro del periodo de vigencia del presente Convenio. En ningún caso un proyecto estratégico podrá ser inferior a 3 millones de euros.
-7. De la dotación anual del Fondo de Inversiones de Teruel, una parte de la misma se destinará a financiar la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias en dicha provincia.
-Cláusula 3.ª Aportaciones de las partes, financiación y pago.
-1. La aportación de la Administración General del Estado para la realización de los proyectos de inversión será, como máximo, de 30.000.000,00 de euros, subvención a la que le será aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo beneficiaria de la misma la Comunidad Autónoma de Aragón. Se imputará el total de la aportación en el ejercicio presupuestario de 2019.
-La aportación de la Administración General del Estado se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 22.04.942A.753 «A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel» y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 703/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel que favorezcan la generación de actividad económica en dicha provincia.
-2. La aportación de la Comunidad Autónoma de Aragón será de 30.000.000,00 de euros, aportados a lo largo de la vigencia del Convenio e imputándose al ejercicio presupuestario que corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 11.ª del presente Convenio.
-3. La aportación del Estado se transferirá de forma efectiva, en un único pago, una vez aprobados por la Comisión de Seguimiento los proyectos de inversiones y acciones a realizar.
-4. El Gobierno de Aragón podrá ejecutar directamente los diferentes proyectos o hacerlo en régimen de cooperación con otras Administraciones de la comunidad autónoma, en especial con las Entidades que forman la Administración Local.
-5. Los proyectos serán ejecutados por cualquiera de las entidades del sector público autonómico o local del territorio de Aragón.
-6. Cuando algunos de los proyectos que se aprueben por la Comisión de Seguimiento como financiables con cargo al Fondo se correspondan con actuaciones cuya ejecución sea competencia del Estado, mediante el oportuno Convenio, y previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento, se realizará la asignación de los fondos correspondientes con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.
-7. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá transferir anticipadamente la totalidad de los fondos correspondientes a un proyecto, una vez se haya producido su asignación por parte de la Comisión de Seguimiento, cuando la ejecución corresponda a otras administraciones públicas.
-8. Cuando la comunidad autónoma financie los proyectos mediante la convocatoria de ayuda, deberá como regla general aplicar procedimientos de concurrencia competitiva, pudiendo acudir excepcionalmente a la concesión de ayudas directas cuando concurran especiales razones de interés público, social, económico o humanitario que justifiquen su concesión en este régimen. Las ayudas nominativas solamente serán posibles en favor de Entidades Locales cuando la ayuda únicamente pueda ser otorgada a una entidad concreta, bien por razones competenciales o bien por el ámbito territorial determinado en el que se va a desarrollar la actuación.
-9. El periodo de ejecución de los proyectos podrá ser anual o plurianual, conforme a la previsión que para cada uno de ellos se realice en el momento de aprobación de los mismos por la Comisión de Seguimiento, pudiendo acordarse los reajustes de anualidades que fueran necesarios en el transcurso de la propia ejecución, y sin que en ningún caso dicho reajuste pueda exceder del plazo de vigencia del presente Convenio.
-Cláusula 4.ª Comisión de Seguimiento del Convenio.
-1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por cinco representantes de la Administración General del Estado y cinco representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
-Por parte de la Administración General del Estado, la integrarán tres representantes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y dos representantes de la Delegación del Gobierno en Aragón.
-Por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, formarán parte de la Comisión de Seguimiento tres representantes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, uno en representación del Instituto Aragonés de Fomento, y uno en representación del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
-La presidencia corresponderá al titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial. La secretaría de la Comisión de Seguimiento será desempeñada por el titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
-2. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Presidencia, de común acuerdo con la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
-3. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos dos veces al año.
-4. La Comisión de Seguimiento es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por las partes; y, a tal efecto, le corresponden las siguientes funciones:
-a) Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de inversión propuestos por la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las posibles modificaciones.
-b) Analizar y aprobar, en su caso, el plan financiero de los proyectos a financiar y su periodificación temporal, así como la modificación de esta en función de las circunstancias que pudieran sobrevenir durante la ejecución de los mismos.
-c) Analizar la documentación justificativa aportada por la comunidad autónoma, una vez aprobada la liquidación de su presupuesto, donde se analizará el balance de cumplimiento y ejecución de los proyectos, tanto individualmente considerados, como desde una perspectiva de cumplimiento de los objetivos del presente Convenio.
-d) Efectuar un seguimiento del estado de las inversiones acordadas y financiadas de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.
-e) Identificar y debatir los indicadores de gestión aportados por la Comunidad Autónoma de Aragón para valorar la idoneidad de las medidas adoptadas.
-f) Resolver las discrepancias que pudieran suscitarse con ocasión de la ejecución del Convenio.
-5. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a las previsiones contenidas en la sección 3.ª, del capítulo II, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo atendida con medios personales, técnicos, materiales y presupuestarios de las administraciones públicas que la integran.
-6. La aprobación de proyectos a financiar y la adscripción de recursos financieros se llevará a cabo a partir de la propuesta de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la que se adjuntará un informe de cada uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón a los que se asigne la gestión de las diferentes líneas de actuación financiables y que tendrán la consideración de órganos responsables de la ejecución a todos los efectos, que habrá de recoger tanto la verificación desde una perspectiva técnica a las prescripciones del presente Convenio, como la conformidad de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a la elegibilidad de los mismos al objeto de su posterior justificación y certificación conforme al procedimiento establecido en la cláusula 7.ª
-7. En el momento de la reunión de balance de cumplimiento, la Comunidad Autónoma de Aragón aportará el correspondiente informe de la Intervención General de la comunidad autónoma, sobre la ejecución de aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución concluya en el año en curso.
-8. La Comisión de Seguimiento podrá, para facilitar con ello un funcionamiento más operativo, acordar la creación de una Subcomisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de cada una de las dos Administraciones, para entender y resolver las cuestiones operativas que se determinen, lo que se trasladará a la Comisión de Seguimiento.
-9. La aprobación de los proyectos y la adscripción de recursos financieros a los mismos se aprobará por la Comisión de Seguimiento inmediatamente después a la firma del Convenio y en todo caso antes del 13 de diciembre de 2019.
-Cláusula 5.ª Publicidad.
-La información pública que se difunda sobre el contenido del presente Convenio incluirá la participación de ambas administraciones públicas. A tal fin, los beneficiarios de los fondos previstos en el presente Convenio deberán destacar y difundir este hecho, mediante los soportes adecuados y que se determinen por la Comisión de Seguimiento, incluyendo el lema «Actuación subvencionada por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel».
-Cláusula 6.ª Compatibilidad con otras subvenciones.
-Los proyectos podrán ser financiados mediante otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, de acuerdo con los límites establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de aplicación. Asimismo, las aportaciones correspondientes a cada una de las partes que suscriben el presente Convenio podrán ser cofinanciadas con Fondos Europeos.
-Cláusula 7.ª Forma de justificación.
-1. El gasto certificado por la Comunidad Autónoma de Aragón deberá corresponder al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022.
-2. Se considerará que los proyectos están ejecutados cuando las facturas o documentos con valor probatorio equivalente, y el pago correspondiente se hayan emitido y realizado respectivamente dentro del plazo de vigencia del Convenio. En el caso de préstamos participativos se considerará ejecutado el gasto en el momento de concesión del crédito.
-3. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá elaborar un informe de rendición de cuentas anualmente y de forma individualizada, en el que se certifique el gasto efectivamente realizado en aplicación de los fondos previstos en el Convenio, así como realizar una verificación y comprobación material de las inversiones, o en su caso, conforme a lo previsto en la Ley General de Subvenciones, que el gasto ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el plazo y las condiciones previstas para cada una de las acciones que se hubieren aprobado por la Comisión de Seguimiento. Este informe deberá remitirse antes del 31 de marzo de cada anualidad de vigencia del Convenio.
-4. La Dirección General de Relaciones Institucionales del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón enviará a la Comisión de Seguimiento el informe previsto en el apartado 7 de la Cláusula 4.ª del presente Convenio, así como al menos la siguiente documentación:
-a) Certificado emitido por el titular del Departamento responsable de la gestión de los proyectos financiados con el presente Convenio, por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad del Convenio.
-b) Informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Comunidad Autónoma de Aragón, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de los gastos efectuados, desglosando el concepto y el coste total final de los mismos. Se acreditará expresamente que el importe de las subvenciones o financiación afectada a los proyectos financiados por este Convenio, no supera los límites a los que se refiere el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-c) Memoria explicativa de los proyectos ejecutados que acredite el cumplimiento de la finalidad del Convenio, de acuerdo con el formato y los indicadores acordados por la Comisión de Seguimiento.
-5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá remitir oficialmente el informe de rendición de cuentas previsto en la Ley General de Subvenciones y en su correspondiente Reglamento, a la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Cooperación Local y Autonómica. Este informe deberá remitirse antes del 31 de marzo de cada anualidad de vigencia del Convenio.
-6. La Comunidad Autónoma de Aragón deberá identificar de forma separada en su sistema contable los fondos gestionados con cargo a los fondos aportados al presente Convenio, al objeto de permitir un seguimiento eficaz de los ingresos y de los gastos asociados a los proyectos. Asimismo las partes se obligan a que su parte de financiación se identifique presupuestariamente con un código financiador específicamente dirigido a la financiación de este Convenio.
-Cláusula 8.ª Gestión, comprobación, control financiero y reintegro de los ayudas.
-1. De acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, la gestión, comprobación, control financiero y, en su caso, reintegro de los fondos otorgados en forma de subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel se llevará a cabo por la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normativa autonómica que resulte de aplicación. En el caso de que se inicien expedientes de reintegro la comunidad autónoma informará de su evolución en cada reunión de la Comisión de Seguimiento.
-2. Si a consecuencia de la concesión de una subvención por la Comunidad Autónoma de Aragón a otra entidad de Derecho Público, esta convocara a su vez una ayuda para financiar proyectos que se enmarquen en la finalidad de la ayuda concedida por la comunidad autónoma, dicha convocatoria se regirá igualmente por la normativa de subvenciones citada en el apartado anterior.
-Cláusula 9.ª Contratación y préstamos participativos.
-1. Cuando la Comunidad Autónoma de Aragón o cualquier otra entidad del sector público emplee en el marco de este Convenio los fondos comprometidos en operaciones que impliquen licitación de contratos, dichas entidades se someterán plenamente a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo.
-2. En el supuesto de que se apruebe como proyecto de inversión la concesión de instrumentos financieros, tales como préstamos participativos, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 7.ª, apartado 2, el proyecto se entenderá adecuadamente ejecutado con la formalización del préstamo a lo largo de la vigencia del Convenio y, en ningún caso, con la mera puesta a disposición de los fondos en la entidad prestataria. Únicamente se financiarán proyectos a través de instrumentos financieros cuando haya una cofinanciación aportada por el interesado que alcance al menos el 60% del importe total de la inversión. En todo caso deberá exigirse al interesado la demostración de la viabilidad técnica y financiera del proyecto.
-3. Los intereses de los instrumentos financieros se destinarán a sufragar los gastos incurridos en la gestión de la oficina, personal, gestión de inversiones y su recuperación, gastos externos asociados, así como gastos de promoción de las líneas de financiación de la entidad prestataria. Las devoluciones del capital, en todo caso, y de los intereses sobrantes después de aplicarlos a las finalidades antes descritas, se reintegrarán necesariamente al Fondo de Inversiones de Teruel considerándose remanentes del mismo a los efectos de la cláusula 10.ª
-4. Las entidades gestoras de los instrumentos financieros deberán tener la consideración de entidades de crédito, incluyendo los establecimientos financieros de crédito, y serán seleccionadas mediante un proceso de concurrencia competitiva previo de acuerdo con los criterios que fije la Comisión de Seguimiento.
-5. Las entidades seleccionadas que gestionen los instrumentos financieros deberán enviar al Departamento competente de la Comunidad Autónoma de Aragón información semestral sobre la evolución de los préstamos concedidos y, en particular, sobre las cifras de préstamos concedidos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel en relación con proyectos financiables, nivel de morosidad y las actuaciones de recuperación de cantidades respecto de los prestatarios incursos en morosidad.
-6. Los portales de transparencia de las entidades prestatarias recogerán la información exigida por la normativa de transparencia aplicable instrumentos financieros formalizados con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.
-Cláusula 10.ª Gestión de remanentes.
-Si por razón de reintegro o por cualquier otra circunstancia se produjesen remanentes en un ejercicio, la Comisión de Seguimiento podrá acordar su reasignación a otros proyectos, o la reprogramación de los previstos, con el límite de los plazos de ejecución establecidos en el clausulado del presente Convenio. En el caso de reasignación o reprogramación la Comisión de Seguimiento deberá fijar los nuevos plazos concretos de realización. La Subcomisión de Seguimiento únicamente podrá proponer pero no acordar la reasignación o reprogramación de remanentes.
-Cláusula 11.ª Régimen aplicable a los importes no ejecutados derivados de convenios anteriores.
-1. De conformidad con la certificación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 7 de noviembre de 2019, y una vez realizadas las comprobaciones correspondientes a las anualidades de 2013 a 2016, el importe no ejecutado en aplicación de los convenios correspondientes a dicho periodo asciende a 39.972.360,93 euros. Esta cantidad, conforme al Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 11 de abril de 2019, es imputable a las aportaciones correspondientes a la comunidad autónoma.
-Al objeto de mantener el equilibrio de las aportaciones correspondientes a ejercicios anteriores, la Comunidad Autónoma de Aragón deberá realizar una aportación adicional a la prevista en la Cláusula 3.ª del presente Convenio, que se distribuirá de la siguiente forma durante la vigencia del presente Convenio:
-– 2019: 6.000.000,00 euros.
-– 2020: 11.300.000,00 euros.
-– 2021: 11.372.360,93 euros.
-– 2022: 11.300.000,00 euros.
-La Comisión de Seguimiento deberá proceder a la aprobación de proyectos a financiar con cargo a estas aportaciones especiales, en los términos previstos en el apartado 6, de la cláusula 4.ª, para las aportaciones ordinarias recogidas en el presente Convenio.
-2. Una vez se proceda a la liquidación de las aportaciones realizadas conforme a los Convenios de 2017 y 2018, en los términos previstos en los mismos, si resultara una inejecución de los proyectos inicialmente aprobados, al importe de la misma deberá aplicarse el mismo procedimiento previsto en los apartados anteriores de la presente cláusula. A tal efecto, la Comisión de Seguimiento dispone de las facultades necesarias para aprobar la propuesta que habrá de formular el Gobierno de Aragón con la periodificación de las aportaciones que fueran aplicables.
-Cláusula 12.ª Naturaleza, régimen jurídico aplicable y resolución de controversias.
-1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.
-2. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión de Seguimiento prevista en este Convenio, la resolución de los litigios que pudieran plantearse sobre la interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
-Cláusula 13.ª Eficacia y vigencia.
-1. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio se perfeccionará con la prestación del consentimiento de las partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
-No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 703/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel que favorezcan la generación de actividad económica en dicha provincia, serán financiables con cargo a las aportaciones realizadas por las partes en el presente Convenio, las actuaciones previstas en la cláusula 2.ª del presente Convenio que se hayan desarrollado desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.
-2. El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo unánime de las partes adoptado de forma expresa por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
-Cláusula 14.ª Modificación del Convenio.
-De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
-Cláusula 15.ª Causas de extinción y resolución.
-1. Este Convenio se extinguirá por concurrir cualquiera de las causas previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
-2. En el supuesto de resolución por incumplimiento de las obligaciones y compromisos por alguno de los firmantes se estará a lo dispuesto en el artículo 51.2.c).
-En prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en duplicado ejemplar original, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–El Secretario de Estado de Política Territorial (por sustitución, el Secretario de Estado de Función Pública), P.D., Orden TFP/296/2019, José Antonio Benedicto Iruiñ.–La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Esteban.",Convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes.,"Multa de 5,4 millones a @INGDirectsp por no informar bien sobre el TAE y no controlar cómo lo contaban las gestorías que ofrecían sus servicios.  Se contó, por ejemplo, aquí:  #BOE"
-3088,"En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 21 y 34 de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
-En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo, contenida en el anexo a la presente Resolución.
-Madrid, 3 de diciembre de 2012.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
+Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
+Madrid, 17 de diciembre de 2015.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
 ANEXO
-Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo
-Artículo 21. De las disposiciones comunes a los diferentes Estamentos (ciclistas, clubes, Directores deportivos/entrenadores, Jueces árbitros y cronometradores y otros colectivos).
-1. Todos los miembros de los diferentes Estamentos (ciclistas, clubes, jueces árbitros y cronometradores, Técnicos (Directores Deportivos/Entrenadores) y otros colectivos, que forman la Asamblea General deberán disponer de la correspondiente licencia emitida por la RFEC.
-2. La licencia es el vínculo de integración de cada uno de los miembros de los diferentes Estamentos, en esta RFEC. Dicha vinculación se efectúa a petición propia a través de la Federación Autonómica que le corresponda por la situación geográfica y su domicilio legal –lugar de empadronamiento–, a excepción de las licencias correspondientes al ciclismo profesional, que se tramitan directamente por la RFEC.
-3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados por los Estamentos físicos federativos, serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la RFEC, que reúnen las medidas de seguridad de nivel básico y que se encuentran inscritos en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. El responsable de dicho fichero es la RFEC. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de las competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio de las funciones y obligaciones de la RFEC, así como en su caso, a patrocinadores de la RFEC, con el fin de realizar acciones publicitarias sobre descuentos en material deportivo u otros, previa aceptación por parte de los afiliados en su solicitud de licencia. Así mismo la RFEC podrá realizar envíos publicitarios, bien por la propia RFEC, bien a través de una empresa que la Federación designe para los mismos, con el fin de informar a los federados sobre promociones interesantes para el mismo, previa aceptación del federado en su solicitud de licencia.
-El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la RFEC, sita en la calle Ferraz, n.º 16, 5.ª planta de Madrid, CP 28008.
-4. La adscripción e integración en la RFEC a través de la suscripción y renovación de la licencia federativa, implica la aceptación expresa y libre asunción por parte de los federados, de los siguientes efectos:
-a) Su consentimiento para que en la relación de inscripciones de competiciones y en la publicación de los resultados de ésta, aparezcan publicados sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia, así como en su caso el código UCI.
-b) Su autorización y consentimiento para la comunicación de sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia o sociales, a países sedes de competiciones internacionales de ciclismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de protección de datos equiparable a la española. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora para participar en esta competición.
-c) Su autorización y consentimiento, para comunicar y ceder a la UCI y a la Agencia Estatal Antidopaje, los datos relativos a los controles de dopaje en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España, así como el contenido de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores incoados, en su caso, como consecuencia de dichos controles.
-d) Su autorización y consentimiento, para que en caso de que cualquier federado sea sancionado con la prohibición de competir, la RFEC publique en su página Web (Intranet), a efectos de que dicha sanción sea conocida por todos los afiliados a la RFEC, los datos siguientes: Nombre y apellidos, precepto normativo infringido y período de duración de la sanción. A estos efectos, la RFEC, de acuerdo con lo establecido en la Convención internacional contra el Dopaje de la UNESCO, en la normativa antidopaje de la UCI, así como el Código Mundial Antidopaje, de obligado cumplimiento para la misma, procederá a notificar a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Deporte las sanciones impuestas por el CNCDD de la RFEC, en materia de dopaje previstas en la Ley Orgánica 7/2006 de 22 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, para su publicación a través de la página Web del Consejo Superior de Deportes, al ser éste el órgano titular de la potestad disciplinaria en materia de dopaje, siendo contrario a la Ley Orgánica 15/1999 el tratamiento posterior de los datos publicados por cualquier sujeto distinto del Consejo Superior de Deportes.
-La publicación únicamente contendrá los datos relativos al infractor, la especialidad deportiva, el precepto vulnerado, la sanción impuesta y, únicamente cuando ello resulte imprescindible, la sustancia consumida o el método utilizado.
-Sólo será posible la publicación de las sanciones que sean firmes en vía administrativa, no pudiendo producirse dicha publicación con anterioridad.
-El plazo máximo durante el que los datos podrán ser objeto de publicación no deberá nunca exceder del tiempo por el que se produzca la suspensión o privación de licencia federativa.
-Las resoluciones adoptadas en los procedimientos de sanciones disciplinarias por dopaje tramitados por el Comité de Competición y Disciplina Deportiva de esta Federación, en el ámbito de sus competencias, deberán incluir la notificación al interesado de que, en caso de haberse impuesto una sanción disciplinaria, ésta será objeto de publicación en Internet, en los términos indicados en este precepto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.
-Artículo 34. Régimen de las sesiones y convocatoria.
-1. La Asamblea General se reunirá, en sesión plenaria y con carácter ordinario, una vez al año para los fines de su competencia, siendo convocada en la fecha y lugar propuesta por la Junta Directiva y aprobada por el Presidente.
-2. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y se celebrarán, cuantas veces sea convocada, a instancia del Presidente, por acuerdo de la Comisión Delegada, adoptado por mayoría, o a solicitud del veinte por ciento, al menos, de los miembros de la propia Asamblea.
-Toda convocatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita a todos sus miembros con expresa mención al lugar, día y hora de celebración en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día de los asuntos a tratar. El orden del día de las sesiones se establecerá por la Comisión Delegada.
-3. La convocatoria, así como la documentación que sea concerniente a los asuntos que vayan a tratarse en el orden del día, podrán remitirse a los Asambleístas a la dirección de correo electrónico recabada para tal fin mediante formulario elaborado cumpliendo con las exigencias previstas por la LOPD. Los datos facilitados por los Asambleístas en este formulario serán incluidos en un fichero responsabilidad de la RFEC, inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
-4. Sin perjuicio de lo anterior, igualmente se enviará esta documentación por correo postal, a todos aquellos miembros de la Asamblea que así lo soliciten.
-5. Del mismo modo, la documentación relativa a los asuntos que compongan el orden del día, podrá remitirse dentro de los diez días anteriores previstos a la fecha de su celebración o, incluso, presentarse el propio día de la sesión, en los supuestos de urgencia que prevé el punto 3 del artículo anterior.
-6. Las convocatorias se realizarán con un preaviso no inferior a 15 días naturales, excepto en el supuesto contemplado para la moción de censura al Presidente.
-7. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar una diferencia de 30 minutos.
-8. Los miembros de la Asamblea General deberán obtener su acreditación, que será necesaria para participar en la misma, y que le será facilitada por los servicios administrativos de la RFEC el mismo día de la sesión, a partir de una hora antes de su inicio, en la propia sala de aquélla.
-9. Llegada la hora señalada para la celebración de la Asamblea General, no se autorizará el acceso a la sala de más representantes y se comprobará si concurre la mayoría exigida para la primera convocatoria; una vez cumplido el anterior requisito, se declara abierta la sesión, permitiéndose la entrada a cuantos asambleístas lo deseen.
-10. La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria, la mayoría de sus miembros o en segunda convocatoria, la tercera parte de los mismos.
-11. No obstante lo anterior, la Asamblea General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto cuando se encuentren reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
-12. Podrá asistir a las sesiones de la Asamblea, con voz pero sin voto, el Presidente saliente del último mandato, así como los miembros de la Comisión Ejecutiva de la RFEC, que no lo sean de la Asamblea General, y el Presidente del Consejo de Ciclismo Profesional.
-13. Al inicio de cada sesión se designarán por la Mesa tres miembros de aquélla con la misión de verificar el acta que, con el visto bueno del Presidente, levantará el Secretario. En su ausencia, actuará como Secretario quien designe la Asamblea.
-14. Es función del Secretario asistir al Presidente en la verificación del recuento de asistentes y la confección del Acta de la reunión.
-15. El Secretario de la RFEC, actuará como Secretario de la Asamblea General. En su ausencia, actuará como Secretario quien designe la Asamblea.
-16. El Acta de cada reunión recogerá los nombres de los asistentes, especificará el nombre de las personas que intervengan y demás circunstancias que se estimen oportunas, así como el texto de los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en su caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos adoptados.
-17. Los votos contrarios a los acuerdos adoptados o las abstenciones motivadas eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los acuerdos de los órganos colegiados.
-18. El Acta de la reunión podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno correspondiente, sin perjuicio de su posterior remisión a los miembros del mismo.
-19. En caso de no aprobarse el Acta al término de la reunión, será remitida a todos los miembros de la Asamblea en un término máximo de treinta días.
-20. El Acta se considerará aprobada si, transcurridos treinta días naturales, desde su remisión, no se hubiere formulado observación alguna sobre su contenido.
-21. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los miembros de la Asamblea y/o demás personas físicas o jurídicas afiliadas a la RFEC, a impugnar los acuerdos adoptados según los trámites previstos en la legislación vigente. La impugnación de los acuerdos adoptados no suspenderá la eficacia de los mismos.
-22. El Presidente de la RFEC, presidirá la Asamblea General, abrirá, suspenderá y en su caso, cerrará las sesiones de la Asamblea. Conducirá los debates, regulando el uso de la palabra y sometiendo a votación las proposiciones o medidas que deban adoptarse. A tal fin, podrá dividir cada ponencia en diversas secciones, para proceder a su debate por separado. Resolverá las cuestiones de orden y procedimiento que puedan plantearse. Podrá ampliar o limitar las intervenciones cuando así lo exija la materia o el tiempo, y está facultado para amonestar e, incluso, retirar la palabra a los miembros de la Asamblea que se dirijan de forma irrespetuosa a la Presidencia o a otros miembros de la misma.
-23. Los debates se iniciarán con una exposición relativa a la ponencia que corresponda, a cargo del Presidente o de la persona a quien éste designe.
-24. Sólo serán objeto de debate particularizado, aquéllas cuestiones o preceptos que hayan sido objeto de enmienda y lo que el Presidente o la mayoría de la Asamblea considerasen preciso. Las cuestiones o preceptos no enmendados se entenderán aprobados, salvo que resulten afectados por enmiendas aceptadas en relación con otros temas o preceptos.
-25. Todo miembro de la Asamblea podrá presentar enmiendas a las ponencias que sean sometidas a la consideración del órgano correspondiente.
-26. Las enmiendas deberán ser recibidas en la RFEC con siete días de antelación a la celebración de la sesión correspondiente.
-27. El Presidente, oída la Comisión Delegada, podrá admitir con carácter excepcional, enmiendas presentadas fuera de plazo.
-28. Durante la sesión sólo podrán presentarse enmiendas transaccionales que pretendan aproximar el contenido de las enmiendas presentadas y el texto de la ponencia. Las enmiendas transaccionales deberán presentarse por escrito antes de iniciarse la votación del texto o precepto correspondiente. La calificación y admisión de tales enmiendas corresponderá al Presidente.
-29. Por cada enmienda podrán producirse dos turnos a favor y dos en contra por tiempo no superior a tres minutos cada uno. En caso de enmiendas que se formulen en el mismo sentido, el Presidente podrá dividir los turnos a favor entre los enmendantes.
-30. Finalizado el debate de todas las enmiendas relativas a un mismo tema o precepto, se someterá a votación el texto que, en ese momento, proponga el Presidente. Si fuera rechazado, se someterán a votación, por el orden de su debate, las enmiendas presentadas hasta que alguna resulte aprobada.
-31. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el Orden del Día se procederá a verificar el recuento de asistentes, resolviendo el Presidente las impugnaciones o reclamaciones que pudieran formularse en cuanto a la inclusión o exclusión del algún asistente.
-32. El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un veinte por ciento de los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a las sesiones de la misma a personas que no sean miembros de ella, para informar de los temas que se soliciten.
-33. Los acuerdos deberán ser adoptados expresamente, previa redacción de los mismos y tras la consiguiente votación. La votación será secreta en la elección de Presidente y miembros de la Comisión Delegada y en la moción de censura.
-Será pública en los casos restantes, salvo que la tercera parte de los asistentes solicite votación secreta. La votación pública se efectuará a mano alzada.
-El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e indelegable.
-Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, salvo en los supuestos en que los presentes estatutos exijan mayoría cualificada para su adopción.
-El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
-34. La sesión extraordinaria de la Asamblea que conozca de una moción de censura se iniciará con una exposición de la misma por uno de sus signatarios, por tiempo máximo de veinte minutos. El Presidente de la Federación, o el asambleísta que éste designe, podrán hacer uso de la palabra a continuación por un tiempo máximo de veinte minutos.
-Ambos intervinientes podrán hacer uso de la palabra en sendos turnos de réplica y dúplica por tiempo no superior a cinco minutos cada uno.
-35. A continuación podrá intervenir el candidato incluido en la moción de censura por tiempo no superior a veinte minutos. El Presidente podrá contestar en un tiempo máximo de veinte minutos. Ambos intervinientes podrán hacer uso de los turnos de réplica y dúplica por tiempo no superior a cinco minutos cada uno.
-36. En caso de que se hayan presentado mociones alternativas, se procederá a su debate, siguiendo los criterios establecidos en el artículo anterior y por su orden de presentación.
-37. Finalizado el debate, la moción o mociones serán sometidas a votación por el orden de su presentación. La votación será secreta y se efectuará con llamamiento nominal y por papeletas, en las que se consignará sí o no, según se apruebe o rechace la moción. La aprobación de la moción de censura, requerirá mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la asamblea.",Modificación de los estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo.,Estos son los dos links  y  #BOE
-1430,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Gabinete de la Ministra
+Puesto adjudicado:
+Denominación: Vocal Asesor/Vocal Asesora.
+Nivel complemento destino: 30.
+Complemento específico: 19.626,88 euros.
+Datos personales adjudicataria:
+Destino de procedencia: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+Apellidos y nombre: Piñar Pinedo, María de Fátima.
+Número registro personal: 5300636124 A1603.
+Grupo: A1.
+Cuerpo: Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Seguridad Social.
+Situación Administrativa: Servicio activo.","Báñez ascendió a la nieta de Blas Piñar a 3 días de las elecciones. Subió 2 puestos, a asesora de su gabinete  #BOE",[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"Ministerio de Empleo y Seguridad Social adjudica el puesto de vocal asesora a María de Fátima Piñar Pinedo con complementos específico de 19.626,88 euros.",,[],2620,0.6375946,417
+2013-10-21,,BOE-B-2013-39338,Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. Objeto: Contratación de los medios de comunicación para las campañas publicitarias internacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Expediente: J13.030.04.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>hasta las 17:30 horas del 27 de noviembre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>17 de diciembre de 2013 a las 10:30 y 10 de diciembre de 2013 a las 10:30</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>2.000.000,00</importe>
+<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, n.º 162, planta 14, despachos 32-36.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28046, España.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>915835420.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>ptoledano@tesoro.mineco.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>hasta las 14:30 horas del 27 de noviembre de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>J13.030.04.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Contratación de los medios de comunicación para las campañas publicitarias internacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Sí, existe posibilidad de prórroga, de conformidad con las casillas 8.d) y 26 del Cuadro Resumen del PCAP.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79340000 (Servicios de publicidad y de marketing) y 79341000 (Servicios de publicidad).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Precio (máximo 30 puntos) y Calidad en el planteamiento estratégico (máximo 70 puntos).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>3.305.785,12 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.652.892,56 euros. Importe total: 2.000.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>T1d (Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)).</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Solvencia económica y financiera: (Empresarios no españoles, pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea, ver casilla 16 del Cuadro Resumen del PCAP). Solvencia técnica y profesional: (Empresarios no españoles, pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea, ver casilla 17 del Cuadro Resumen del PCAP).</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>hasta las 17:30 horas del 27 de noviembre de 2013.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General del Departamento.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, n.º 162, planta baja.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28046, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>15 días.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, n.º 162, planta 1.ª, sala F (Ministerio de Economía y Competitividad) y Paseo de la Castellana, n.º 162, planta 1.ª, sala F (Ministerio de Economía y Competitividad).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28046, España y Madrid 28046, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>17 de diciembre de 2013 a las 10:30 y 10 de diciembre de 2013 a las 10:30.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>1.900,00 euros.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>16 de Octubre de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 16 de octubre de 2013.- Subsecretario.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Oct 21 09:27:02 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
 Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
@@ -3882,374 +2782,983 @@ d) Fecha y hora:
 1.900,00 euros.
 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
 16 de Octubre de 2013.
-Madrid, 16 de octubre de 2013.- Subsecretario.","Licitación para la contratación de los medios de comunicación para las campañas publicitarias internacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con un máximo de 2.000.000,00 euros.","En 2014, Gob. prevé gastar 5 mill. en anuncios de deuda pública  y 2+ en medios internacionales "
-1731,"De acuerdo con la Disposición Final Tercera del Real Decreto 220/2001, de 2 de marzo, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por aviones civiles, se dicta la Resolución de 9 de enero de 2002, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen criterios operacionales para la aplicación uniforme del requisito establecido en JAR-OPS 1.110 relativo al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo (Circular Operativa 01/02).
-Con fecha 5 de octubre de 2012 la Comisión Europea adoptó, como medidas de aplicación conforme con el Reglamento (CE) n.º 216/2008, el Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
-El citado Reglamento n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre, continuando con lo dispuesto en JAR OPS 1.110, establece criterios y requisitos operacionales para el uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo.
-Paralelamente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), conforme al artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 216/2008, y por medio de las Decisiones adoptadas n.º 2012/015, 2012/016, 2012/017, 2012/018 y 2012/019 de 24 de octubre de 2012, publicó medios aceptables de cumplimiento (aceptable means of compliance AMC), así como también material guía (guidance material GM) para la aplicación del citado Reglamento (CE) n.º 216/2008, y de sus normas de implementación [Reglamento (UE) n.º 965/2012].
-En particular, el anexo a la Decisión 2012/018/R, de 24 de octubre de 2012, del Director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, establece los medios aceptables de cumplimiento y el material guía que recogen los criterios y requisitos operacionales relativos al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves.
-Recientemente, la Decisión 2012/018/R del Director de EASA ha sido revisada adoptando la Decisión n.º 2013/028/R de 26 de noviembre de 2013, aplicable al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves, además de lo previsto en EASA Safety Information Bulletin (SIB: 2013-21) de 9 de diciembre de 2013.
-Estos medios aceptables de cumplimiento y guías asociados, han sido actualizados en relación a lo que se contemplaba en la JAA Temporary Guidance Leaflet TGL 29 «Guidance Concerning the Use of Portable Electronic Devices on Board Aircraft» y que sirvió de base para dictar la Resolución de 9 de enero de 2002 de la Dirección General de Aviación Civil (Circular Operativa 01/02).
-Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación civil en la Unión Europea, las medidas de aplicación deben reflejar el estado actual de la técnica, en particular las mejores prácticas, así como los progresos científicos y técnicos en materia de operaciones aéreas, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos acordados bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional y por las Autoridades Conjuntas de Aviación Europeas hasta el 30 de junio de 2009, así como la legislación vigente sobre especificidades nacionales.
-La Agencia Estatal de Seguridad Aérea como autoridad supervisora del cumplimiento de la normativa en el ámbito de la aviación civil en España, y por las facultades conferidas por el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es la encargada de establecer y mantener un nivel elevado y uniforme de seguridad en dicho ámbito, de conformidad con el objetivo principal del Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento y del Consejo de 20 de febrero de 2008 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE.
-En virtud de todo lo expuesto, la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, resuelve, la aplicación obligatoria de lo dispuesto en el punto AMC1 CAT.GEN.MPA.140 de las Decisiones 2012/018/R de 24 de octubre de 2012 modificada por la Decisión 2013/028/R de 26 de noviembre de 2013 y sus anexos adoptadas por el Director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, así como lo dispuesto EASA Safety Information Bulletin (SIB: 2013-21) de 9 de diciembre de 2013, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre, como medio de cumplimiento para lo establecido en OPS 1.110 (Reglamento (CE) 859/2008 de 20 de agosto que modifica el Reglamento (CEE) 3922/1991 del Consejo en lo relativo a los procedimientos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión), y JAR OPS 3.110 (Orden FOM/2189/2010, de 7 de julio, por la que se sustituye el anexo del Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros civiles).
-Esta resolución dejará sin efecto lo contemplado en la Circular 01/02 en todo lo que contradiga la presente resolución.
-La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 20 de diciembre de 2013.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.",Se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por aviones civiles,"@teoleongross aquí, no &gt;  ;) E resto del año leerá libros de esos que huelen a viejo para calentar"
-2428,"La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, en su articulo 10.2 establece que es atribución del Consejo Rector de las agencias estatales, entre otras, la aprobación de un informe general de actividad valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas. Esta misma competencia, referida al Consejo Rector de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado viene recogida en el artículo 10.1 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre.
-El Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013, fue aprobado por el Consejo Rector en su reunión del 15 de julio de 2014.
-El artículo 4.2.a) del Estatuto de la Agencia establece que, una vez aprobado el informe general de actividad, se publicará un resumen de dicho documento en el «Boletín Oficial del Estado», en el que se hará mención de la dirección de la «página web» de la Agencia en la que podrá ser consultado el texto completo del mismo.
-En su virtud, y de acuerdo con las competencias que el artículo 11.3 del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado atribuye al Director, resuelvo:
-Primero.
-Publicar el resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013, aprobado por el Consejo Rector en su reunión de 15 de julio de 2014, cuyo texto se inserta a continuación como anexo.
-Segundo.
-El contenido completo de dicho documento se podrá consultar en la sede electrónica de la Agencia: http://www.boe.es.
-Madrid, 1 de septiembre de 2014.–El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero Secades.
-ANEXO
-Resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013
-1. Presentación
-La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) es un organismo público de los establecidos en el artículo 43.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Se creó mediante el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, en virtud de la autorización otorgada al Gobierno por la disposición adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos (Ley de Agencias).
-Dispone de patrimonio propio, integrado por el conjunto de bienes y derechos de que es titular, y autonomía de gestión y funcional, dentro de los límites establecidos por la Ley de Agencias y por su propio Estatuto.
-Es el organismo competente para la publicación y difusión de las leyes, disposiciones y otros actos a que se refiere el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»; de los datos a que se refieren los artículos 420 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, y demás disposiciones y actos que legal o reglamentariamente se determine.
-Asimismo, la agencia es competente para la publicación y difusión en cualquier soporte, por sí misma o en colaboración con otras administraciones públicas, ministerios, organismos o entidades de derecho público, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de disposiciones que se consideren de especial interés, y para la permanente actualización y consolidación de lo publicado.
-De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, le corresponde a la Agencia la gestión del portal de subastas electrónicas.
-La Agencia se constituye como organismo especializado de la Administración General del Estado para la edición y distribución de publicaciones oficiales, y tiene la consideración de medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho, en el ámbito editorial y de las artes gráficas.
-Los órganos de gobierno de la Agencia son el Presidente y el Consejo Rector.
-El órgano ejecutivo de la Agencia es su Director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.
-Del Director de la Agencia dependen las siguientes unidades:
-La Secretaría General.
-La Subdirección de la Imprenta Nacional.
-El Departamento de Gestión Editorial, Documentación e Información.
-El Departamento de Tecnologías de la Información.
-El Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
-El Departamento de Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión.
-2. Seguimiento del contrato de gestión y del plan de acción anual
-2.1 Objetivos estratégicos. Partiendo de las competencias y funciones encomendadas por la ley a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y de la previsión del escenario en el que desarrollará su actividad, el Contrato de Gestión para el periodo 2013-2016, aprobado por Orden PRE/454/2014, de 17 de marzo, estable los siguientes tres objetivos estratégicos:
-Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
-Objetivo 2: Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
-Objetivo 3: Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen los fines de la Agencia y prestar dichos servicios a otras administraciones públicas en los términos que se acuerden.
-Además de definir los objetivos estratégicos, en el Contrato de Gestión se establecen los indicadores de gestión y de impacto que sirven para evaluar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, los rangos de cumplimiento y la ponderación de cada indicador en el Índice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia (IGA) para los años 2013 y 2014.
-Se analiza a continuación el resultado alcanzado en cada uno de los indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos en el año 2013.
-2.1.1 Publicación de los diarios oficiales. La competencia de publicación de los diarios oficiales dio a lugar al establecimiento del primer objetivo estratégico. Para determinar su grado de cumplimiento hay establecidos los cinco indicadores que se analizan a continuación:
-Publicación del diario «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto los domingos
-El diario «Boletín Oficial del Estado» se ha publicado todos los días que correspondía su publicación antes de las 8 horas.
-Publicación del periódico «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en la sede electrónica de la Agencia, a las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid
-El periódico «Boletín Oficial del Registro Mercantil» se ha publicado antes de las 8 horas todos los días que correspondía su publicación.
-Tiempo de publicación de anuncios en los diarios oficiales (porcentaje de anuncios publicados el primer día de cada uno de los plazos establecidos)
-Del total de anuncios publicados en los diarios oficiales BOE y BORME, en el año 2013, el 97,34% se han publicado en el primer día de cada uno de los plazos establecidos. Dichos plazos son de cinco a ocho días para los presentados con firma autógrafa, y de tres a seis días los presentados con firma electrónica, ambos plazos contados desde la conformidad del anuncio (pagado y correcto).
-Correcciones de erratas en el diario BOE respecto al total de disposiciones y anuncios publicados (porcentaje)
-Al finalizar el año, el porcentaje de erratas en el diario oficial BOE ha sido del 0,08 % que coincide con el valor del objetivo establecido.
-Páginas web que enlazan con boe.es (diferencia entre la variación porcentual del número de páginas web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las siete webs públicas de referencia)
-El «mantenimiento del statu quo» entre la posición de boe.es y la media de las siete webs públicas de referencia, a lo largo del año, da lugar a un valor del indicador de «cumplimiento normal», es decir, del 76 %.
-A 31 de diciembre, la posición de la web boe.es, respecto a la media de las siete webs de referencia, se ha incrementado en 0,54 puntos porcentuales.
-2.1.2 Difusión de la legislación. La competencia de difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados de información jurídica, dio lugar al segundo objetivo estratégico. Para determinar su grado de cumplimiento hay establecidos los cinco indicadores que se analizan a continuación:
-Número de accesos a las bases de datos de la Agencia
-El número de accesos a las bases de datos de la Agencia en el año 2013 ha sido de 311,4 millones, muy superior al valor de los 210 millones fijado como objetivo.
-Plazo en actualizar las normas consolidadas (promedio de días hábiles, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia)
-El objetivo en esta materia es actualizar las normas en el mismo día en que se publica la norma que las modifica. Las 699 normas consolidadas a lo largo del año se han actualizado en un promedio de 1,16 días hábiles.
-Número de suscriptores de los servicios de alertas
-A 31 de diciembre, el número de suscriptores de los servicios de alertas ha sido de 65.514, mientras que el valor fijado como objetivo anual era de 60.000 suscriptores.
-En este incremento ha influido la puesta en marcha del BOE a la carta, que ha supuesto la ampliación, a lo largo del año, de los servicios de alertas, incorporando las de «personal», el seguimiento de las normas consolidadas y de los códigos electrónicos, y las alertas relacionadas con las «búsquedas» que los usuarios pueden realizar.
-Número de libros electrónicos disponibles en la web
-A 31 de diciembre, en la web de la Agencia estaban disponibles 61 libros, uno más que los fijados como objetivo, de ellos 34 pertenecen a la colección de códigos electrónicos.
-Número de títulos publicados en edición y coedición
-A lo largo del año se han publicado 75 títulos en edición y coedición, mientras que el valor fijado como objetivo anual era publicar 80 títulos.
-2.1.3 Ser la imprenta y distribuidor de referencia de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público. La consideración de la Agencia como medio propio instrumental de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, dio lugar al establecimiento del tercer objetivo estratégico. Para determinar su grado de cumplimiento hay establecidos los tres indicadores que se analizan a continuación.
-Hay que señalar que en el grado de cumplimiento de los indicadores que miden este objetivo estratégico, ha tenido un efecto positivo la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA), al incluir entre las medidas propuestas la «Reorganización de las imprentas y servicios de reprografía y unificación de la edición e impresión de la AGE en la AEBOE», que ha determinado un incremento del número de encargos y de clientes de la Imprenta Nacional.
-Importe de la facturación de los trabajos de la Imprenta Nacional (millones de euros)
-En el año 2013, la facturación por los trabajos que la Imprenta Nacional realiza como medio propio ha sido de 2,23 millones de euros, mientras que el valor del objetivo anual era alcanzar los 2 millones.
-Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional
-El número medio de clientes de la Agencia en el año 2013 ha sido de 45,6, mientras que el objetivo fijado era de 45 clientes.
-Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte
-A lo largo del año en la Imprenta Nacional se han elaborado 158 obras para terceros, en formato papel y electrónico, mientras que el objetivo anual estaba fijado en 120 obras.
-2.2 Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA). A partir del índice de cumplimiento obtenido para cada uno de los indicadores y la ponderación de cada uno de ellos, se calcula el Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA).
-El IGA obtenido en el año 2013 ha sido de 94. En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de dicho índice.
-Índice General de cumplimiento de los objetivos de la agencia
-Objetivos estratégicos
-Indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos
-Resultado
-Cumplimiento
-(VII)
-Ponderación
-(Pij)
-Producto
-Vij*Pij
-Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
-1.1 Publicación del diario «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto los domingos (minutos de retraso).
-0
-100
-0,15
-15,0
-1.2 Publicación del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid (minutos de retraso).
-0
-100
-0,10
-10,0
-1.3 Tiempo de publicación de anuncios en los diarios oficiales (porcentaje de anuncios publicados el primer día de cada uno de los plazos establecidos).
-97,34%
-97
-0,05
-4,9
-1.4 Corrección de erratas en el «Boletín Oficial del Estado» (porcentaje de erratas respecto del número de disposiciones y anuncios publicados).
-0,08%
-100
-0,05
-5,0
-1.5 Páginas web que enlazan con boe.es (el 76 %, más la diferencia entre la variación porcentual del n.º de páginas web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las 7 webs públicas de referencia).
-76,54%
-77
-0,10
-7,7
-Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
-2.1 Número de accesos a las bases de datos de la Agencia (millones).
-311,4
-100
-0,10
-10,0
-2.2 Plazo en actualizar las normas consolidadas (promedio de días hábiles en actualizar las normas, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia.
-1,16
-77
-0,12
-9,2
-2.3 Número de suscriptores de alertas al finalizar el año.
-65.514
-100
-0,10
-10,0
-2.4 Número de libros electrónicos disponibles en la web al finalizar el año.
-61
-100
-0,05
-5,0
-2.5 Número de títulos publicados en edición y coedición.
-75
-83
-0,05
-4,2
-Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen los fines de la Agencia y prestar dichos servicios a otras administraciones públicas en los términos que se acuerden.
-3.1 Importe de la facturación por los trabajos de la Imprenta Nacional (millones).
-2,23
-100
-0,05
-5,0
-3.2 Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.
-45,6
-100
-0,03
-3,0
-3.3 Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte.
-158
-100
-0,05
-5,0
-Índice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia
-94
-2.3 programas y proyectos. En el Plan de Acción del año 2013 se aprobaron los 56 programas y proyectos que integran el conjunto de actividades concretas a desarrollar por la Agencia, ese año, para lograr sus objetivos.
-Cada uno de los programas y proyectos, contemplados en el Plan de Acción, tiene establecido el objetivo anual, los criterios para evaluar su cumplimiento, y las unidades responsables de su ejecución.
-El 66 % de los programas y proyectos incluidos en el Plan de acción 2013 han alcanzado un grado de cumplimiento del 100 %.
-3. Recursos humanos, materiales y presupuestarios
-En el año 2013, la Agencia para llevar a cabo las competencias que la ley le atribuye ha contado con los recursos humanos, materiales y presupuestarios que se exponen a continuación:
-3.1 Recursos humanos. La plantilla efectiva de la Agencia, a 31 de diciembre de 2013, era de 437 empleados, 17 menos que en la misma fecha del año anterior.
-Las actividades de la Agencia, ligadas al ámbito editorial y de las artes gráficas, determinan la peculiar configuración de su plantilla, integrada en un 81 % por personal laboral y un 19 % por funcionarios.
-3.2 Recursos materiales y presupuestarios. A 1 de enero de 2013, el valor neto contable del inmovilizado de la Agencia ascendía a 21.396.710,70 euros.
-El carácter industrial de algunas actividades de la Agencia tiene su reflejo en la composición de su inmovilizado, en el que sigue teniendo un peso importante el equipamiento industrial, si bien, la utilización cada vez mayor de las nuevas tecnologías, incluso en las actividades industriales del organismo, determina que el peso correspondiente a equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas vaya incrementándose.
-El presupuesto de gastos de la Agencia en 2013 ha sido de 64.130.040 euros, de los que 30.366.000 euros corresponden a la transferencia que se realiza al Tesoro Público.
-Cabe señalar que, respecto al ejercicio 2012, los ingresos han disminuido un 3,12 %, mientras que los gastos se han mantenido prácticamente igual, sólo disminuyen un 0,31 %, si bien el 54 % del gasto corresponde a la transferencia al Tesoro Público.
-Durante este ejercicio ha sido necesario financiar gastos mediante el remanente de tesorería por un importe de 14,4 millones de euros.
-Ejecución del presupuesto de ingresos 2013
-Clasificación económica
-Explicación
-Presupuesto definitivo
-Derechos reconocidos
-%
-(2) (1)
-Capítulo 3
-Tasas, precios públicos y otros ingresos
-51.897.550,00
-41.594.989,58
-80,15
-Capítulo 5
-Ingresos patrimoniales
-5.000,00
-151,17
-3,02
-Capítulo 6
-Enajenación de inversiones reales
-0,00
-743,80
-   
-Capítulo 8
-Activos financieros
-12.227.490,00
-14.551.278,87
-119,00
-Total presupuesto de ingresos
-64.130.040,00
-56.147.163,42
-87,55
-Ejecución del presupuesto de gastos 2013
-Clasificación económica
-Explicación
-Presupuesto definitivo
-Derechos reconocidos
-%
-(2) (1)
-Capítulo 1
-Gastos de personal
-22.597.490,00
-19.311.630,30
-85,46
-Capítulo 2
-Gastos corrientes en bienes y servicios
-9.311.350,00
-5.415 .950,29
-58,17
-Capítulo 3
-Gastos financieros
-16.720,00
-3.564,36
-21,32
-Capítulo 4
-Transferencias corrientes
-79.270,00
-63.427,65
-80,01
-Capítulo 6
-Inversiones reales
-1.624.210,00
-852.390,76
-52,48
-Capítulo 8
-Activos financieros
-135,000,00
-134.200,06
-99,41
-Total (Programa 921,R)
-33.764.040,00
-25.781.163,42
-76,36
-Capítulo 4
-Transferencias corrientes
-30.366.000,00
-30.366.000,00
-100,00
-Total (programa 000,X)
-30.366.000,00
-30.366.000,00
-100,00
-Total presupuesto de gastos
-64.130.040,00
-56.147.163,42
-87,55",Se publica el resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2013.,Curiosidades #BOE: 65.000 personas estaban suscritas a su servicio de alertas en 2013 (la menda anda por ahí) 
-1636,"De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Efemérides.–2018. 50 Aniversario de S.M. el Rey Felipe VI».
-En su virtud, hemos resuelto:
-Primero. Estampación.
-Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos de correo denominada «Efemérides.–2018. 50 Aniversario de S.M. el Rey Felipe VI».
-Segundo. Características.
-«Efemérides.–2018. 50 Aniversario de S.M. el Rey Felipe VI».
-El día 30 de enero de 2018, dentro de la serie denominada «Efemérides», se emitirá un sello de correo conmemorativo del «50 Aniversario de S.M. el Rey Felipe VI». En el sello se reproduce una imagen de Su Majestad con indumentaria civil.
-Características técnicas:
-– Procedimiento de impresión: Offset + Cold foil.
-– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
-– Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical).
-– Formato del sello: 40,9 x 57,6 mm (horizontal).
-– Efectos en pliego: 16 sellos.
-– Valor postal del sello: 1 euro.
-– Tirada: 200.000 sellos.
-Tercero. Puesta en circulación y distribución.
-1. La venta y puesta en circulación de esta serie se iniciará el 30 de enero de 2018.
-2. La distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 2020, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión.
-Cuarto. Reservas.
-De este efecto la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia.
-Asimismo, otras 500 unidades serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional.
-Quinto. Material utilizado para la impresión.
-Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos.
-Madrid, 28 de diciembre de 2017.–La Subsecretaria de Fomento, Rosana Navarro Heras.–El Subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico.",Emisión y puesta en circulación de sellos de correos por el 50 Aniversario del Rey Felipe VI,Que cumplas 50 y te regalen un sello ;)  #BOE
-1493,"Con fecha 6 de agosto de 2014 se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz.
-Dicho real decreto tiene por objeto, a tenor de lo establecido en su artículo 1, por un lado, la declaración como servicio de interés económico general de la emisión simultánea y transitoria por los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico de sus canales de televisión que vienen emitiendo en las frecuencias afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz (banda del dividendo digital); y, por otro lado, la concesión de subvenciones directas a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión.
-El artículo 3.1 del citado real decreto establece que los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria por los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico de sus canales de televisión que vienen emitiendo en las frecuencias afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz se compensarán a través de las subvenciones reguladas en este real decreto, hasta el importe máximo por beneficiario establecido en el artículo 7.3.
-En la relación de posibles beneficiarios de las subvenciones a conceder, en virtud de lo establecido en el artículo 4 y anexo del repetido real decreto, figura, entre otros, la Corporación Radio Televisión Española S.A.
-Con fecha 1 de septiembre de 2014, la Corporación Radio Televisión Española S.A. presentó solicitud de concesión de subvención destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto.
-Se ha procedido a analizar los diferentes requisitos y condiciones establecidos en el artículo 10 del citado Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, en relación con la solicitud de la Corporación Radio Televisión Española S.A., incluida la documentación que acompaña a la mencionada solicitud, de la que se concluye, asimismo, que la emisión simultánea y transitoria que el solicitante se compromete a realizar cumple las condiciones estipuladas en el artículo 5 del mencionado real decreto.
-De dicho análisis, se constata que el solicitante ha cumplido los requisitos y condiciones para poder ostentar la condición de beneficiario de la subvención regulada en el Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto.
-De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, el importe máximo de la subvención para la Corporación Radio Televisión Española S.A. es de 6.787.500 euros. El importe solicitado es de 3.438.275,5 euros, cuantía no superior a la indicada anteriormente.
-Con fecha 7 de noviembre de 2014, a tenor de lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información formuló y notificó propuesta de resolución de concesión de subvención en favor de la Corporación Radio Televisión Española S.A. por cuantía de 3.438.275,5 euros.
-La propuesta de resolución ha sido aceptada por la Corporación Radio Televisión Española S.A. mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2014.
-El artículo 12.1 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, establece que transcurrido el plazo para aceptar o rechazar la propuesta de resolución, el titular del órgano concedente dictará resolución de concesión de subvención a las propuestas que hayan sido aceptadas, en un plazo máximo de 20 días hábiles.
-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, el órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones directas reguladas en el citado real decreto es el Ministro de Industria, Energía y Turismo.
-Considerado todo lo anterior y atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz; y en la demás normativa de aplicación, resuelvo:
-Primero.
-Conceder a la Corporación Radio Televisión Española S.A., CIF A84818558, la subvención regulada en el Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz.
-Segundo.
-La cuantía de la subvención es de 3.438.275,5 euros.
-Tercero.
-El beneficiario está obligado a efectuar la emisión simultánea y transitoria de los canales de televisión del servicio público de comunicación audiovisual televisiva que gestiona en la banda de 790-862 MHz cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, y en las estaciones emisoras identificadas y por la duración indicada en su solicitud.
-En particular, la duración de la emisión simultánea en las diferentes estaciones no podrá superar la fecha que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información determine para el cese de las emisiones en los canales radioeléctricos de la banda de 790-862 MHz.
-Cuarto.
-A fin de justificar y acreditar la aplicación de la subvención a la finalidad prevista en la resolución de concesión, el beneficiario debe aportar los justificantes de gasto y de pago, a tenor de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto.
-Las facturas deberán presentarse en el plazo de tres meses, a contar desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, con el desglose oportuno que permita apreciar de manera pormenoriza los costes incurridos.
-Quinto.
-Si como consecuencia de las acciones de justificación y comprobación de la aplicación de la subvención se desprende que los gastos incurridos son inferiores a la subvención recibida o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la subvención, el beneficiario deberá proceder al reintegro procedente, según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto.
-Sexto.
-La presente orden pone fin a la vía administrativa, y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha orden, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En tal caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
-Madrid, 12 de diciembre de 2014.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.","Subvenciones para las cadenas públicas, con un total de 3.438.275,5 euros. ",(2 de 3) Solo la TV canaria (443.750€) y la castellanomanchega (550.000€) pidieron el máximo subvencionable  #BOE
-2612,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, resultan los siguientes:
-Antecedentes de hecho
-Primero. Constitución de la Fundación.
-La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Gonzalo Federico Rodríguez-Fraile Díaz, según consta en la escritura pública número 2.616, otorgada el 15 de diciembre de 2014, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Juan Aznar de la Haza.
-Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
-El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Almagro, número 30, bajo izquierda, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
-Tercero. Dotación.
-Dotación inicial: en la escritura de constitución se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros).
-La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por el fundador.
-Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
-Cuarto. Fines de la Fundación.
-En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
-Promover, mediante la elaboración y difusión de estudios, líneas de pensamiento e investigaciones, un aumento en el nivel de consciencia de las personas, a fin de que progresen en su desarrollo vital y contribuyan al bien común de la sociedad actual.
-Quinto. Patronato.
-Presidente: Doña Felicidad Cristóbal Rodríguez.
-Vicepresidente: Don Gonzalo Federico Rodríguez-Fraile Díaz.
-Vocal: Don Ignacio Gil Herraiz.
-Secretario, no patrono: Don Álvaro Pavía Cervera.
-Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución y en la diligencia autorizada el 16 de diciembre de 2014 por el notario don Juan Aznar de la Haza.
-Fundamentos de Derecho
-Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
-El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
-La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
-El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
-La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
-Segundo.
-Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
-Tercero.
-Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
-Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia y su Patronato.
-Madrid, 19 de enero de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.","Inscripción de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, cuyos fines son promover, mediante la elaboración y difusión de estudios, líneas de pensamiento e investigaciones, un aumento en el nivel de consciencia de las personas.",Pocas veces he visto tanta palabrería junta en la constitución de una fundación &gt;  #BOE
-3335,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Madrid, 16 de octubre de 2013.- Subsecretario.","En 2014, Gob. prevé gastar 5 mill. en anuncios de deuda pública  y 2+ en medios internacionales ",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Economía y Competitividad,"Licitación para la contratación de los medios de comunicación para las campañas publicitarias internacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con un máximo de 2.000.000,00 euros.",,[],1430,0.63788426,550
+2014-11-08,,BOE-B-2014-39312,"Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de: 'Contratación para la edición, redacción, impresión y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército' (Expediente 2094714014600), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<fecha_presentacion_ofertas>12:00 horas del día 10 de diciembre de 2014</fecha_presentacion_ofertas>
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+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, Edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>917803496</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>917803508</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.contratacióndelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>12 horas del día 9 de diciembre de 2014.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>2094714014600</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Contratación para la edición, redacción, impresión, y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército.</dd>
+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecuci��n/entrega: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79824000-6.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Urgente.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd>Importe total: 185.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Ver pliego.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo T, subgrupo 3, categoría B ó Grupo M, subgrupo 4, categoría B.</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>12:00 horas del día 10 de diciembre de 2014.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>28071 Madrid.</dd>
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+</dl>
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+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
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+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 4.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>28071 Madrid.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>18 de diciembre de 2014, a las 10:00.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>31 de octubre de 2014.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid,, 31 de octubre de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Nov 08 09:17:21 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, Edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.
 2) Domicilio: 
-Alcalá, 47.
+C/ Prim, 6-8.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid, 28014, España.
+Madrid, 28071.
+4) Teléfono: 
+917803496
+5) Telefax: 
+917803508
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://contrataciondelestado.es.
+www.contratacióndelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+12 horas del día 9 de diciembre de 2014.
 d) Número de expediente: 
-1400084.
+2094714014600
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
 Servicios.
 b) Descripción: 
-Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+Contratación para la edición, redacción, impresión, y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Ver pliego.
 d) Lugar de ejecución/entrega: 
 1) Domicilio: 
-Alcalá, n.º 47 (El lugar de prestación de los servicios objeto del presente contrato será la sede en Madrid de la CNMC).
+Ver pliego.
+2) Localidad y código postal: 
+Ver pliego.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Ver pliego.
+f) Admisión de prórroga: 
+Ver pliego.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+79824000-6.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Urgente.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Ver pliego.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: 185.000,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Ver pliego.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Grupo T, subgrupo 3, categoría B ó Grupo M, subgrupo 4, categoría B.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver pliego.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+12:00 horas del día 10 de diciembre de 2014.
+b) Modalidad de presentación: 
+Ver pliego.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim, 6-8.
+3) Localidad y código postal: 
+28071 Madrid.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 4.
+b) Dirección: 
+C/ Prim, 6-8.
+c) Localidad y código postal: 
+28071 Madrid.
+d) Fecha y hora: 
+18 de diciembre de 2014, a las 10:00.
+10. Gastos de publicidad: 
+Por cuenta del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+31 de octubre de 2014.
+Madrid,, 31 de octubre de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.",Otro ejemplo de mala planificación: Defensa licita la redacción de la revista Tierra vía urgente porque ¿se les pasó? ,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Defensa,"Defensa licita lla edición, redacción, impresión, y distribución del Boletín Informativo Tierra por importe total de 185.000,00 euros. ",,[],806,0.639064,423
+2017-12-27,,BOE-A-2017-15603,"Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se concede el Premio Francisco Tomás y Valiente 2017.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con la Resolución de 23 de enero de 2017 («BOE» número 29, de 3 de febrero) del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), por la que se convocó el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional, instituido conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 22 de noviembre se constituyó un jurado presidido por D. Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional, y D. Benigno Pendás García, Director del CEPC, en calidad de vicepresidente, e integrado por los siguientes vocales:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. Alfredo Montoya Melgar, Magistrado del Tribunal Constitucional.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Universidad y Magistrado Emérito.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D.ª Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. Andrés Gutiérrez Gil, Secretario General del Tribunal Constitucional, en calidad de Secretario.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicho jurado acordó, por unanimidad, conceder el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 a la obra que lleva por título «Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional». Tras este acuerdo, se procedió a la apertura de la Plica para conocer la autoría de la obra premiada, que resultó ser de D. Alejandro Saiz Arnaiz.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con la base quinta de la convocatoria, el fallo del jurado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección del CEPC en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás García.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Dec 27 07:49:21 +0000 2017,"De conformidad con la Resolución de 23 de enero de 2017 («BOE» número 29, de 3 de febrero) del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), por la que se convocó el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional, instituido conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 22 de noviembre se constituyó un jurado presidido por D. Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional, y D. Benigno Pendás García, Director del CEPC, en calidad de vicepresidente, e integrado por los siguientes vocales:
+– D. Alfredo Montoya Melgar, Magistrado del Tribunal Constitucional.
+– D. Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Universidad y Magistrado Emérito.
+– D.ª Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
+– D. Andrés Gutiérrez Gil, Secretario General del Tribunal Constitucional, en calidad de Secretario.
+Dicho jurado acordó, por unanimidad, conceder el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 a la obra que lleva por título «Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional». Tras este acuerdo, se procedió a la apertura de la Plica para conocer la autoría de la obra premiada, que resultó ser de D. Alejandro Saiz Arnaiz.
+De acuerdo con la base quinta de la convocatoria, el fallo del jurado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
+La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección del CEPC en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
+Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás García.","Educación modifica los tipos de trabajo del cuestionario para padres de la prueba de 6º de Primaria (cambia categorías) pero sigue obligando a responder por el padre y la madre, como si no hubiera más familias.  #BOE",[],PREMIOS_Y_MEDALLAS,Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,"El Premio ""Francisco Tomás y Valiente"" 2017 a Alejandro Saiz Arnaiz por la obra que lleva por título ""Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional"".",,[],3067,0.6419643,348
+2014-01-30,,BOE-B-2014-3029,SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<analisis></analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>Edicto.</p>
+<p class='parrafo'>Actuaciones Previas número 157/13. Ramo: Sociedades Estatales (Correos). Lugar: Madrid.</p>
+<p class='parrafo'>Doña María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia,</p>
+<p class='parrafo'>Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Delegada Instructora la siguiente:</p>
+<p class='parrafo'>'Providencia.-Delegada Instructora señora Castellanos Garijo.-En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil catorce.-Habiéndose practicado en el día de hoy Liquidación Provisional en las Actuaciones Previas anotadas al margen, y resultando la existencia de un presunto alcance por un importe total de mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (1.474,59 euros), de los que corresponden 1.392 € a principal y 82,59 € a intereses, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra f), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo requerir a doña Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q para que reintegre, deposite o afiance, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, y en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta resolución, el importe provisional del alcance más los intereses, bajo apercibimiento, en caso de no atender este requerimiento, de proceder al embargo de sus bienes.-Notifíquese a los interesados.-Dado que doña Elisabeth García Busnadiego se encuentra en ignorado paradero, notifíquesele mediante edicto, que se publicará en el 'Boletín Oficial del Estado' y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.-Lo manda y firma la Delegada Instructora, de lo que doy fe.-La Secretaria de las Actuaciones: María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.-Firmado y rubricado.'</p>
+<p class='parrafo'>Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal.</p>
+<p class='parrafo'>Lo que se hace público para que sirva de notificación a doña Elisabet García Busnadiego.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 21 de enero de 2014.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Jan 30 11:47:35 +0000 2014,"Edicto.
+Actuaciones Previas número 157/13. Ramo: Sociedades Estatales (Correos). Lugar: Madrid.
+Doña María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia,
+Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Delegada Instructora la siguiente:
+'Providencia.-Delegada Instructora señora Castellanos Garijo.-En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil catorce.-Habiéndose practicado en el día de hoy Liquidación Provisional en las Actuaciones Previas anotadas al margen, y resultando la existencia de un presunto alcance por un importe total de mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (1.474,59 euros), de los que corresponden 1.392 € a principal y 82,59 € a intereses, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra f), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo requerir a doña Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q para que reintegre, deposite o afiance, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, y en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta resolución, el importe provisional del alcance más los intereses, bajo apercibimiento, en caso de no atender este requerimiento, de proceder al embargo de sus bienes.-Notifíquese a los interesados.-Dado que doña Elisabeth García Busnadiego se encuentra en ignorado paradero, notifíquesele mediante edicto, que se publicará en el 'Boletín Oficial del Estado' y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.-Lo manda y firma la Delegada Instructora, de lo que doy fe.-La Secretaria de las Actuaciones: María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.-Firmado y rubricado.'
+Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal.
+Lo que se hace público para que sirva de notificación a doña Elisabet García Busnadiego.
+Madrid, 21 de enero de 2014.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.","Oye, @psmadrid, que en el Tribunal de Cuentas buscan a una de las vuestras para que pague una cosilla  Mirad a ver",[],TRIBUNAL_DE_CUENTAS,TRIBUNAL DE CUENTAS,"El Tribunal de Cuentas busca a Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q para que reintegre, deposite o afiance el importe de 1.474,59 euros.",,[],2119,0.64293236,337
+2016-04-11,,BOE-A-2016-3436,"Orden ECC/507/2016, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Orden ECC/507/2016, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre.</titulo>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre («BOE» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Competitividad.</p>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, del título III del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento y el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio acuerda, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, dar publicidad a la resolución parcial de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.</p>
+<p class='parrafo'>El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del mencionado reglamento.</p>
+<p class='parrafo'>Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 1 de abril, de 2016.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.</p>
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+</texto>
+</documento>
+",Mon Apr 11 09:56:10 +0000 2016,"Por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre («BOE» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Competitividad.
+De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, del título III del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento y el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
+Este Ministerio acuerda, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, dar publicidad a la resolución parcial de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.
+El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del mencionado reglamento.
+Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
+Madrid, 1 de abril, de 2016.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.","Si los apellidos no engañan, la hija de Pedro Solbes es asesora del ministro de Guindos  Ya fue subdirectora #BOE",[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Economía y Competitividad,Convocatoria de puestos de trabajo de libre designación en el Ministerio de Economía y Competitividad.,,[],785,0.6430896,317
+2016-09-17,,BOE-A-2016-8519,"Real Decreto 332/2016, de 15 de septiembre, por el que se dispone que la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia en funciones sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en funciones en la tramitación y aprobación de las órdenes por las que se determina el traspaso de los clientes de determinadas empresas comercializadoras de energía eléctrica a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministro de Economía y Competitividad en funciones, que ha asumido el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en virtud del Real Decreto 160/2016, de 15 de abril, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ha considerado procedente abstenerse del ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con las órdenes por las que se determina el traspaso de los clientes de determinadas empresas comercializadoras de energía eléctrica a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicha abstención viene motivada por concurrir la causa prevista en el artículo 11.2.e) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,</p>
+<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>DISPONGO:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Que la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia en funciones sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en funciones, que ha asumido el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en virtud del Real Decreto 160/2016, de 15 de abril, en la tramitación y aprobación de las siguientes órdenes:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Orden por la que se determina el traspaso de los clientes de la empresa Vertsel Energía, S.L.U. a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Orden por la que se determina el traspaso de los clientes de la empresa Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 15 de septiembre de 2016.</p>
+<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>FELIPE R.</p>
+<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Presidente del Gobierno,</p>
+<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>MARIANO RAJOY BREY</p>
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+",Sat Sep 17 07:08:29 +0000 2016,"El Ministro de Economía y Competitividad en funciones, que ha asumido el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en virtud del Real Decreto 160/2016, de 15 de abril, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ha considerado procedente abstenerse del ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con las órdenes por las que se determina el traspaso de los clientes de determinadas empresas comercializadoras de energía eléctrica a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.
+Dicha abstención viene motivada por concurrir la causa prevista en el artículo 11.2.e) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
+En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
+DISPONGO:
+Que la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia en funciones sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en funciones, que ha asumido el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en virtud del Real Decreto 160/2016, de 15 de abril, en la tramitación y aprobación de las siguientes órdenes:
+1. Orden por la que se determina el traspaso de los clientes de la empresa Vertsel Energía, S.L.U. a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.
+2. Orden por la que se determina el traspaso de los clientes de la empresa Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.
+Dado en Madrid, el 15 de septiembre de 2016.
+FELIPE R.
+El Presidente del Gobierno,
+MARIANO RAJOY BREY","Y, de nuevo, Sánchez de Santamaría sustituye a De Guindos en otra orden sobre eléctricas  #BOE",['139'],OTROS_ANUNCIOS,Presidencia del Gobierno,Traspaso de clientes de las empresas Vertsel Energía y Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza a un comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.,,[],2005,0.6469565,321
+2015-02-02,,BOE-A-2015-929,"Orden ECD/121/2015, de 19 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, resultan los siguientes:</p>
+<p class='centro_negrita'>Antecedentes de hecho</p>
+<p class='articulo'>Primero. Constitución de la Fundación.</p>
+<p class='parrafo'>La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Gonzalo Federico Rodríguez-Fraile Díaz, según consta en la escritura pública número 2.616, otorgada el 15 de diciembre de 2014, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Juan Aznar de la Haza.</p>
+<p class='articulo'>Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.</p>
+<p class='parrafo'>El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Almagro, número 30, bajo izquierda, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.</p>
+<p class='articulo'>Tercero. Dotación.</p>
+<p class='parrafo'>Dotación inicial: en la escritura de constitución se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros).</p>
+<p class='parrafo'>La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por el fundador.</p>
+<p class='parrafo'>Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.</p>
+<p class='articulo'>Cuarto. Fines de la Fundación.</p>
+<p class='parrafo'>En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:</p>
+<p class='parrafo_2'>Promover, mediante la elaboración y difusión de estudios, líneas de pensamiento e investigaciones, un aumento en el nivel de consciencia de las personas, a fin de que progresen en su desarrollo vital y contribuyan al bien común de la sociedad actual.</p>
+<p class='articulo'>Quinto. Patronato.</p>
+<p class='parrafo'>Presidente: Doña Felicidad Cristóbal Rodríguez.</p>
+<p class='parrafo'>Vicepresidente: Don Gonzalo Federico Rodríguez-Fraile Díaz.</p>
+<p class='parrafo'>Vocal: Don Ignacio Gil Herraiz.</p>
+<p class='parrafo'>Secretario, no patrono: Don Álvaro Pavía Cervera.</p>
+<p class='parrafo_2'>Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución y en la diligencia autorizada el 16 de diciembre de 2014 por el notario don Juan Aznar de la Haza.</p>
+<p class='centro_negrita'>Fundamentos de Derecho</p>
+<p class='articulo'>Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:</p>
+<p class='parrafo'>El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.</p>
+<p class='parrafo'>La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.</p>
+<p class='parrafo'>El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.</p>
+<p class='parrafo'>El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.</p>
+<p class='parrafo'>La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.</p>
+<p class='parrafo_2'>Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia y su Patronato.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de enero de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.</p>
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+",Mon Feb 02 08:29:04 +0000 2015,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, resultan los siguientes:
+Antecedentes de hecho
+Primero. Constitución de la Fundación.
+La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Gonzalo Federico Rodríguez-Fraile Díaz, según consta en la escritura pública número 2.616, otorgada el 15 de diciembre de 2014, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Juan Aznar de la Haza.
+Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
+El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Almagro, número 30, bajo izquierda, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
+Tercero. Dotación.
+Dotación inicial: en la escritura de constitución se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros).
+La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por el fundador.
+Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
+Cuarto. Fines de la Fundación.
+En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
+Promover, mediante la elaboración y difusión de estudios, líneas de pensamiento e investigaciones, un aumento en el nivel de consciencia de las personas, a fin de que progresen en su desarrollo vital y contribuyan al bien común de la sociedad actual.
+Quinto. Patronato.
+Presidente: Doña Felicidad Cristóbal Rodríguez.
+Vicepresidente: Don Gonzalo Federico Rodríguez-Fraile Díaz.
+Vocal: Don Ignacio Gil Herraiz.
+Secretario, no patrono: Don Álvaro Pavía Cervera.
+Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución y en la diligencia autorizada el 16 de diciembre de 2014 por el notario don Juan Aznar de la Haza.
+Fundamentos de Derecho
+Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
+El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
+La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
+El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
+El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
+La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
+Segundo.
+Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
+Tercero.
+Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
+Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia y su Patronato.
+Madrid, 19 de enero de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.",Pocas veces he visto tanta palabrería junta en la constitución de una fundación &gt;  #BOE,[],REGISTRO_EMPRESA_ONG,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte","Inscripción de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, cuyos fines son promover, mediante la elaboración y difusión de estudios, líneas de pensamiento e investigaciones, un aumento en el nivel de consciencia de las personas.",,[],2612,0.6492292,585
+2015-06-03,,BOE-A-2021-3950,"Orden ECD/1029/2015, de 18 de mayo, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Según certificación del Director General de Presidencia y Justicia, por delegación del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Orden Foral 446/2012, de 5 de julio (Boletín Oficial de Navarra de 13 de julio de 2012), el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2015, adoptó, entre otros, el Acuerdo «… por el que se resuelve el expediente disciplinario incoado a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave.».</p>
+<p class='parrafo'>En dicho Acuerdo, se dispone: «Sancionar a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 64, apartado c), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, con la sanción consistente en la separación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.4.b), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.»</p>
+<p class='parrafo'>La Directora del Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, mediante escrito fechado el 22 de abril de 2015, comunica a este Departamento que «el citado Acuerdo, que ya es firme, se notificó al interesado el 11 de febrero de 2015, fecha en la que debe hacerse efectiva la pérdida de la condición de funcionario…»</p>
+<p class='parrafo'>Visto el artículo 63 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece que la sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario de carrera.</p>
+<p class='parrafo'>Vista la propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra,</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='parrafo_2'>Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza, Número de Registro de Personal 1820275768 A0597, DNI 18202757, con efectos de 11 de febrero de 2015.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Jun 03 08:13:11 +0000 2015,"Según certificación del Director General de Presidencia y Justicia, por delegación del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Orden Foral 446/2012, de 5 de julio (Boletín Oficial de Navarra de 13 de julio de 2012), el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2015, adoptó, entre otros, el Acuerdo «… por el que se resuelve el expediente disciplinario incoado a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave.».
+En dicho Acuerdo, se dispone: «Sancionar a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 64, apartado c), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, con la sanción consistente en la separación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.4.b), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.»
+La Directora del Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, mediante escrito fechado el 22 de abril de 2015, comunica a este Departamento que «el citado Acuerdo, que ya es firme, se notificó al interesado el 11 de febrero de 2015, fecha en la que debe hacerse efectiva la pérdida de la condición de funcionario…»
+Visto el artículo 63 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece que la sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario de carrera.
+Vista la propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra,
+Este Ministerio ha dispuesto:
+Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza, Número de Registro de Personal 1820275768 A0597, DNI 18202757, con efectos de 11 de febrero de 2015.
+Madrid, 18 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.","2 funcionarios pierden plaza. Una, por malversación de caudales públicos  Otro, por abandono ",[],ERRORES_MODIFICACIONES_BOE,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Fermín Javier Sánchez Agurruza pierde su plaza de funcionario del cuerpo de Maestros.,,[],3406,0.65087926,380
+2017-09-21,"EN RELACIÓN con
+la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre",BOE-A-2017-10741,"Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, publicado mediante Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre («BOE» núm. 224, de 16 de septiembre de 2017), ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicación de dicho Acuerdo, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que se haya dado cumplimiento a dicho acuerdo, y de conformidad con lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, procede adoptar dicho acuerdo por el Ministro de Hacienda y Función Pública que lo comunicará al Presidente de la Comunidad Autónoma y su Interventor General.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En virtud de lo anterior, dispongo:</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo no recogidos como anexo I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, conforme a los criterios de clasificación recogidos en los certificados emitidos por la Interventora General de la Comunidad Autonómica de Cataluña, en cumplimiento de dicho Acuerdo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El acuerdo de no disponibilidad afectará al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto. El acuerdo de no disponibilidad supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo.</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Acuerdo de no disponibilidad alcanzará a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de otras entidades del sector público administrativo, y que tengan por destino otras entidades integrantes del sector público administrativo, por el importe de los créditos declarados no disponibles en estas últimas.</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Excepcionalmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del presente Acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 20 de septiembre de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.</p>
+</texto>
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+",Thu Sep 21 05:39:12 +0000 2017,"La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, publicado mediante Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre («BOE» núm. 224, de 16 de septiembre de 2017), ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicación de dicho Acuerdo, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015.
+Habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que se haya dado cumplimiento a dicho acuerdo, y de conformidad con lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, procede adoptar dicho acuerdo por el Ministro de Hacienda y Función Pública que lo comunicará al Presidente de la Comunidad Autónoma y su Interventor General.
+En virtud de lo anterior, dispongo:
+Primero.
+Se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo no recogidos como anexo I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, conforme a los criterios de clasificación recogidos en los certificados emitidos por la Interventora General de la Comunidad Autonómica de Cataluña, en cumplimiento de dicho Acuerdo.
+El acuerdo de no disponibilidad afectará al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto. El acuerdo de no disponibilidad supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo.
+Segundo.
+El Acuerdo de no disponibilidad alcanzará a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de otras entidades del sector público administrativo, y que tengan por destino otras entidades integrantes del sector público administrativo, por el importe de los créditos declarados no disponibles en estas últimas.
+Tercero.
+Excepcionalmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del presente Acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.
+Madrid, 20 de septiembre de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.",La orden con la que Montoro declara el cierre del grifo de gasto en Cataluña ya está en el BOE. ,['127'],OTROS_ANUNCIOS,Ministerio de Hacienda y Función Pública,"Orden HFP/878/2017, donde ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015.","SE DEROGA
+, por Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre",['665' '1759' '3927' '4568' '5685'],613,0.6514175,444
+2014-10-14,,BOE-A-2016-3235,Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400084.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400084.</titulo>
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+<departamento codigo='9534'>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</departamento>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 15:30 horas del 28 de octubre de 2014</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>12 de noviembre de 2014, a las 12:30</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>154.843,70</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Alcalá, 47.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>1400084.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Alcalá, n.º 47 (El lugar de prestación de los servicios objeto del presente contrato será la sede en Madrid de la CNMC).</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>12 meses.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>El contrato podrá ser objeto de una o varias prórrogas, por mutuo acuerdo entre las partes, y la duración total de la/s prórroga/s no podrá superar, individual o conjuntamente consideradas, el límite máximo de 6 meses adicionales (El contrato tendrá una duración máxima de 12 meses desde la formalización del oportuno contrato administrativo).</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>98390000 (Otros servicios).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Hora festiva, de 6 a 22 horas, sábados, domingos y festivos, hora nocturna y festiva, de 22 a 6 horas, sábados, domingos y festivos, hora nocturna, de 22 a 6 horas y precio 4 servicios auxiliares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>191.955,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 127.970,00 euros. Importe total: 154.843,70 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Solvencia económica y financiera: Informe de entidades financieras (Declaración apropiada de entidad financiera) y cifra anual de negocio (Declaración del volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios). Solvencia técnica y profesional: (Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años).</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 15:30 horas del 28 de octubre de 2014.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Alcalá, 47.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>3 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Alcalá, n.º 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>12 de noviembre de 2014, a las 12:30.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 10 de octubre de 2014.- Secretaria General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Oct 14 09:03:32 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+2) Domicilio: 
+Alcalá, 47.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28014, España.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+d) Número de expediente: 
+1400084.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Alcalá, n.º 47 (El lugar de prestación de los servicios objeto del presente contrato será la sede en Madrid de la CNMC).
 2) Localidad y código postal: 
 Madrid, 28014, España.
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
@@ -4302,13601 +3811,14464 @@ c) Localidad y código postal:
 Madrid, 28014, España.
 d) Fecha y hora: 
 12 de noviembre de 2014, a las 12:30.
-Madrid, 10 de octubre de 2014.- Secretaria General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.","Contrato de servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por un importe total de 154.843,70 euros.
-","¿Veis este contrato de ""servicios auxiliares"" para CNMC?  En realidad son 4 conductores  #BOE"
-871,"I
-La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.
-El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual.
-Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos.
-En primer lugar, se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno.
-En segundo término, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto.
-Y en último lugar, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.
-De este modo, se incorpora a nuestra legislación la normativa supranacional, en especial, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –en adelante Convenio de Lanzarote– satisfaciendo el compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
-II
-Por otra parte, de conformidad con el artículo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se dispone la incorporación al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo, junto con el resto de información penal que conste en el Registro Central de Penados así como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
-Para ello, el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de Datos Nacional de ADN, será el interlocutor para incorporar el código identificador del perfil genético del condenado, así como para comunicar la cancelación de la inscripción del Registro Central de Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelación del perfil genético prevista en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
-En el marco de la necesaria coordinación con las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores, se establece que el soporte en el que deberán almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino también en otros países, así como colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el intercambio de información en este ámbito.
-De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitará, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a los órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; y a la policía judicial en el ámbito de sus competencias para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. En todo caso, el acceso deberá estar vinculado a las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro.
-Por otra parte, se permite la obtención de los datos inscritos, incluso sin necesidad de contar con el consentimiento del interesado, en el caso de los órganos judiciales o de que la certificación sea recabada por las entidades públicas de protección de menores competentes territorialmente.
-Para completar la protección dispensada por el Registro Central de Delincuentes Sexuales a los menores y evitar la reiteración delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales, el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, exige como requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos, debiendo entenderse referida a la que tiene fines de explotación sexual, tanto en España como en el extranjero. En consonancia con la precitada exigencia legal, el presente real decreto recoge un régimen de certificación de este tipo de inscripciones, a instancia del propio interesado o de las Administraciones públicas con el consentimiento del interesado o su representante.
-El régimen de cancelación de las inscripciones del Registro Central de Delincuentes Sexuales se establece en función de la edad de la víctima y del condenado. Si la víctima fuera mayor de edad, la cancelación se hace coincidir con la de los antecedentes penales, sin que se extienda la vigencia de la inscripción más allá de los efectos que el Código Penal establece atendiendo a la gravedad del delito cometido.
-Por el contrario, si la víctima tuviera la condición de menor de edad, se considera conveniente seguir un régimen distinto en relación con los límites temporales establecidos para la cancelación de los antecedentes penales y ampliar la duración de la inscripción hasta 30 años, atendiendo a la especifica función y finalidad de las inscripciones de este registro, que no se constituyen como una pena sino como una medida para la protección de la infancia y adolescencia. Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o reinserción pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia.
-No obstante, si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, no será de aplicación lo anterior, sino que se estará al plazo de cancelación de los antecedentes penales con la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar su estigmatización.
-Por otra parte, previendo la inscripción en el Registro de condenas dictadas por tribunales extranjeros, se establece con carácter general, respecto de las mismas, que la cancelación estará condicionada a la previa comunicación del Estado de condena, tal como dispone el art. 5.2 de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, respecto de las condenas dictadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
-III
-A lo largo de la regulación del presente real decreto late la protección del interés del menor como último fin de la norma, respondiendo así el legislador, en consonancia con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/2012 de 17 de octubre, al mandato constitucional que recibe directamente del artículo 39 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos la obligación de velar por la protección integral de los niños de conformidad con los Convenios Internacionales.
-Siguiendo esta máxima, cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño parte de un principio fundamental: el interés del niño ha de considerarse superior a los demás intereses en juego y su exigibilidad no queda al criterio de los Estados. La rotundidad de este postulado se deriva de la posición de partida de los menores, que tienen menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses.
-La trascendencia de este principio lleva a que el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, declare que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los tribunales, o los órganos legislativos, primarán el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
-La Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, relativa a los derechos de las víctimas ha dado lugar a la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, cuyo artículo 19, al referirse al derecho de las víctimas, establece la obligación para las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos, de adoptar las medidas necesarias para su protección, confiriendo una especial importancia al Ministerio Fiscal cuando la víctima sea menor.
-La determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador, que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y así se ha hecho en el presente real decreto, cuyo fin primordial no es otro que la creación de un instrumento eficaz para dar respuesta al clamor social de proteger el interés de los menores, potenciales víctimas de estos delitos especialmente reprochables y que afectan de una manera fundamental al desarrollo normal de la personalidad de los niños.
-Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos.
-En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de diciembre de 2015,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Objeto y ámbito.
-1. Este real decreto tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél.
-2. Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos en esta materia por España.
-Artículo 2. Derecho de aplicación supletoria.
-En todo aquello que no esté específicamente previsto en el presente real decreto resultará de aplicación supletoria el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
-Artículo 3. Naturaleza y finalidad.
-1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima. Esta información se referirá a las condenas dictadas tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.
-2. La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior.
-Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.
-Artículo 4. Organización.
-1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales se integra en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia regulado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Su gestión corresponde a la Secretaria de Estado de Justicia a través de la Secretaría General de la Administración de Justicia.
-2. El encargado del Registro será responsable de su control, organización y gestión; adoptará las medidas necesarias para asegurar la agilidad en la transmisión de la información regulada en el artículo siguiente, así como la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en las inscripciones. Asimismo, garantizará, con plena eficacia jurídica, la autenticidad e integridad de los datos certificados e impulsará el cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las inscripciones.
-Artículo 5. Información contenida en las inscripciones.
-1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales contendrá toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, en los términos previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Asimismo, deberá constar el código identificador del perfil genético (ADN) del condenado cuando así se haya acordado por el órgano judicial.
-No accederán al Registro los datos de identidad de la víctima, salvo, en su caso, su condición de menor de edad.
-2. La inscripción, el acceso, rectificación, cancelación y certificación de los datos, así como las medidas de seguridad de la información contenida en el Registro se regirán por lo establecido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, con las especialidades establecidas en el presente real decreto.
-Artículo 6. Comunicación entre registros.
-1. El Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores remitirán de forma automática al Registro Central de Delincuentes Sexuales, la información relativa a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere el artículo anterior, en el mismo momento en que proceda su inscripción en los respectivos registros, así como cualquier modificación que se produzca con posterioridad, incluida la cancelación del antecedente penal.
-2. La transmisión de datos al Registro Central de Delincuentes Sexuales se realizará a través de los procedimientos regulados en este real decreto y en las disposiciones administrativas que lo desarrollen.
-Artículo 7. Soporte de la información.
-Los datos se almacenarán en soportes apropiados para su mantenimiento y expresión, con garantía jurídica y de modo indubitado, de toda la información que ha de constar en el Registro, asegurando su disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad, conservación e interoperabilidad.
-Artículo 8. Acceso a la información contenida en las inscripciones.
-1. El Ministerio de Justicia autorizará para la satisfacción de las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información contenida en el Registro:
-a) A los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de cada órgano u oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia, incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias.
-b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada órgano u oficina fiscal autorizado por el Fiscal Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas.
-c) A la policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 549. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la prevención, persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro.
-2. El Ministerio de Justicia habilitará a los funcionarios autorizados encargados de la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior para que puedan incorporar el código identificador del perfil genético previsto en el artículo 5.
-3. En todo caso, conforme a lo previsto en el capítulo IV del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, quedará constancia de la identidad de las personas que accedan al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de los datos consultados, correspondiendo al encargado del Registro la realización de auditorías periódicas para verificar que los accesos acaecidos se corresponden con las finalidades previstas en el presente real decreto.
-Artículo 9. Certificación de los datos inscritos.
-1. Los órganos judiciales, en relación con las causas que tramiten y para su unión al procedimiento, podrán obtener directamente los datos contenidos en el Registro y aportarlos al procedimiento judicial mediante diligencia de constancia del Letrado de la Administración de Justicia, con plena validez jurídica, sin necesidad de solicitar certificación al responsable del registro.
-2. El encargado del Registro, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales, y previo consentimiento del interesado o de su representante, informará de los datos relativos al mismo contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a instancia de cualquier órgano de las Administraciones Públicas ante el que se tramite un procedimiento para acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con menores, así como para su ejercicio. En ausencia de tal consentimiento, el certificado se expedirá a instancia del propio interesado en los términos previstos en el apartado siguiente.
-3. A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos a su persona y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas. Tratándose de menores de edad o personas con la capacidad modificada judicialmente la solicitud habrá de efectuarse, en todo caso, por su representante legal. La certificación positiva contendrá la transcripción de los datos inscritos, tal y como obren en el Registro en el momento de su expedición, excluyendo las inscripciones que, conforme a una norma con rango de ley, se hallen a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales.
-En todo caso, los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3.
-4. Las Entidades Públicas de protección de menores competentes territorialmente podrán solicitar, por vía telemática, al encargado del Registro Central de Delincuentes Sexuales los datos que resulten necesarios del inscrito para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de quien sea su progenitor, tutor, guardador o acogedor, aún sin consentimiento de aquél y siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales. Cada una de estas Entidades Públicas identificará al órgano responsable del control de esos datos y lo comunicará al encargado del Registro para garantizar su confidencialidad.
-5. Asimismo, a instancia de autoridades judiciales o policiales extranjeras que lo requieran en el marco de una investigación judicial o policial, o de prevención del delito, el encargado del Registro comunicará la información que constara en él, sin consentimiento del interesado, en las formas y supuestos que determinen las normas comunitarias y los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España.
-6. En todo caso, la solicitud, expedición y obtención de los certificados se hará preferentemente por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
-Artículo 10. Cancelación de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme.
-1. Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicación del órgano judicial, en los siguientes supuestos:
-a) Cuando la víctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, la cancelación se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en función de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
-b) Cuando la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados del que aquélla tiene su origen no conllevará la cancelación de esta información. Por otra parte, dicha información no podrá, por sí misma, servir de prueba para constatar la reincidencia.
-2. La cancelación de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por Jueces o Tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de condena.
-3. Una vez se produzca la cancelación de los antecedentes penales de los inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y respecto de aquellas causas en las que constara el código identificador del perfil genético del condenado, el encargado del Registro comunicará tal circunstancia a la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
-Artículo 11. Elaboración de estadísticas.
-La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, en el marco del Plan de Transparencia Judicial, podrán elaborar estadísticas de los datos contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, eludiendo toda referencia personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias.
-Disposición adicional primera. Incorporación de datos relativos a penas y medidas de seguridad anteriores a la entrada en vigor de este real decreto.
-Los datos relativos a penas y medidas de seguridad por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, se remitirán automáticamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales en el estado en que se encuentren.
-Disposición adicional segunda. Colaboración entre las Administraciones públicas y otras instituciones.
-1. El Ministerio de Justicia colaborará con las Administraciones públicas y otras Instituciones a fin de favorecer la aplicación del presente real decreto durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, estableciendo a tal fin los convenios que resulten necesarios en aquellos ámbitos donde la actividad se desarrolle con menores de edad.
-2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en colaboración con los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promoverá las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.
-Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
-El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia queda modificado como sigue:
-Uno. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
-«2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.»
-Dos. Se incluye una letra f) en el apartado 3 del artículo 2 con la siguiente redacción:
-«f) Registro Central de Delincuentes Sexuales: la inscripción de la información relativa a quienes hayan sido condenados por sentencia judicial firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, de conformidad con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.»
-Disposición final segunda. Título competencial.
-El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
-Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
-Se autoriza al Ministro de Justicia para adoptar las disposiciones administrativas y medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
-Disposición final cuarta. No incremento del gasto.
-Las medidas recogidas en este real decreto no pueden generar incremento, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.
-Disposición final quinta. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 11 de diciembre de 2015.
-FELIPE R.
-El Ministro de Justicia,
-RAFAEL CATALÁ POLO",Creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales ,"Y no, para la creación de este registro, como para todo lo que sale de Justicia, no se dedicará ni un duro  #BOE"
-1010,"FELIPE VI
-REY DE ESPAÑA
-A todos los que la presente vieren y entendieren.
-Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:
-PREÁMBULO
-El Estado Autonómico pactado en la Transición y diseñado por la Constitución Española de 1978 ha funcionado razonablemente bien durante los más de treinta y cinco años que la norma fundamental lleva en vigor. Ha permitido la creación y consolidación de un Estado de las Autonomías fuerte y se ha erigido en factor decisivo en la construcción de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
-La Constitución Española de 1978, en su artículo 147, configura los Estatutos de Autonomía como la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante del ordenamiento jurídico. De tal suerte que los Estatutos de Autonomía comparten con la Constitución, en el ámbito respectivo de su Comunidad Autónoma, su conceptualización como principio inspirador y su condición de fundamento del orden social y la convivencia política y cívica.
-Por todo ello, resulta evidente que los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado. Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de constitucionalidad.
-En este sentido, el parecer del Consejo de Estado, en su informe sobre las reformas de la Constitución española emitido en 2006, es diáfano cuando afirma que «este control a posteriori tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad».
-Ciertamente, la existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma no constituye una novedad desde un punto de vista histórico-jurídico. De hecho, la existencia del recurso previo de inconstitucionalidad se encontraba instituida por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y no fue suprimido hasta la promulgación de la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, cuando se encontraban todos -o casi todos- los Estatutos de Autonomía en vigor.
-Todo ello permite inferir que, para evitar el cuestionamiento constitucional e institucional y vertebrar con rigor jurídico y cohesión social el Estado, se torna necesario y conveniente restablecer, adaptándolo a la actual configuración del Estado, el recurso previo de inconstitucionalidad, eso sí, sólo para los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma. Se evita así el principal reproche que mereció en el pasado esta institución jurídica cuando pudo ser utilizada por los grupos minoritarios para paralizar la entrada en vigor de normas legales, de carácter orgánico, aprobadas por las Cortes Generales.
-En definitiva, se hace necesario garantizar el, no siempre fácil, equilibrio entre la especial legitimidad que tienen los Estatutos de Autonomía como norma institucional básica de las Comunidades Autónomas, en cuya aprobación intervienen tanto las Comunidades Autónomas como el Estado y, en ocasiones, el cuerpo electoral mediante referéndum, y el respeto de dicho texto al marco constitucional, construido alrededor de la Constitución como norma fundamental del Estado y de nuestro ordenamiento jurídico.
-El alcance de la reforma afecta a tres preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
-Se modifica el artículo 2, a efectos de incluir entre las funciones del Tribunal Constitucional el control previo de constitucionalidad en los casos previstos en el artículo 79 de la presente Ley (Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma).
-Se modifica el artículo 10, a efectos de incluir entre los asuntos de los que corresponde conocer al Tribunal en Pleno, los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma.
-Se añade un nuevo Título VI bis y un nuevo artículo 79 (que había dejado sin contenido la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio), que es el que regula el nuevo control previo de inconstitucionalidad de los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma, señalando que el recurso tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo del proyecto de Estatuto o de la propuesta de reforma de Estatuto tras su tramitación en ambas Cámaras de las Cortes Generales. Por lo demás, el procedimiento se rige por lo previsto para los recursos de inconstitucionalidad, si bien, por la naturaleza propia de este recurso, el plazo para su interposición es extremadamente breve (tres días). Y para impedir dilaciones indeseables en su resolución, se establece un plazo improrrogable de seis meses para que el Tribunal resuelva con carácter preferente. El nuevo artículo 79 precisa además los efectos de la interposición del recurso -que suspende automáticamente la tramitación del proyecto-, y de la Sentencia estimatoria del mismo, que tendrá como consecuencia la imposibilidad de seguir el procedimiento en tanto los proyectos declarados inconstitucionales no hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.
-Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
-Uno. Se añade un nuevo epígrafe e) bis en el apartado uno del artículo segundo, con la siguiente redacción:
-«e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.»
-Dos. Se añade un nuevo epígrafe d) bis en el párrafo uno del artículo diez, con la siguiente redacción:
-«d) bis. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.»
-Tres. Se añade un nuevo título VI bis y un nuevo artículo setenta y nueve, que tendrán la siguiente redacción:
-«TÍTULO VI BIS
-Del recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía
-Artículo setenta y nueve.
-Uno. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos.
-Dos. El recurso tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de Reforma de un Estatuto, una vez aprobado por las Cortes Generales.
-Tres. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitución y con esta Ley Orgánica, están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía.
-Cuatro. El plazo para la interposición del recurso será de tres días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». La interposición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes.
-Cinco. Cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.
-Seis. El recurso previo de inconstitucionalidad se sustanciará en la forma prevista en el capítulo II del título II de esta Ley y deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de seis meses desde su interposición. El Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación.
-Siete. Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a su entrada en vigor, incluido, en su caso, el correspondiente procedimiento de convocatoria y celebración de referéndum.
-Ocho. Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexión o consecuencia quedan afectados por tal declaración y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.
-Nueve. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa.»
-Disposición final.
-La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Por tanto,
-Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
-Madrid, 22 de septiembre de 2015.
-FELIPE R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY",Nuevo recurso exprés a reformas estatutos: se puede presentar los 3 días siguientes a publicación en el BOE y TC tiene 6 meses para resolver,"Por cierto, lo del recurso previo ya existió de 1979 a 1985. El PP lo recupera solo para los estatutos de autonomía "
-761,"ECLI:ES:TC:2018:61.
-El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
-EN NOMBRE DEL REY
-la siguiente
-SENTENCIA
-En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3688-2013, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Ha intervenido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal.
-I. Antecedentes
-1. Con fecha 13 de junio de 2013, doña Virginia Aragón Segura, comisionada por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
-2. En el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad se aducen dos motivos de inconstitucionalidad:
-a) El primer motivo se refiere a la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto habilitante para la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013. Los recurrentes sostienen que el análisis y la constatación de la no concurrencia del presupuesto habilitante pueden hacerse en dos planos, distinguiendo a tal efecto las circunstancias en las que genéricamente se ampararía el Real Decreto-ley en su conjunto de aquellas otras que específicamente habilitarían las medidas individuales.
-En cuanto al primer plano se afirma que la única justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del conjunto de la norma adoptada se ofrece en la memoria de análisis de impacto normativo y que allí solo se contienen afirmaciones genéricas, abstractas y formuladas en términos tales que serían de aplicación a cualquier tipo de reforma legislativa que tuviese algún contenido de impacto económico. Así se apela a «circunstancias difíciles» o «coyunturas económicas» que exigen una respuesta normativa inmediata. Los recurrentes subrayan que, si bien la norma adoptada contiene un conjunto de medidas con un impacto presupuestario reflejado en la memoria del Real Decreto-ley y, por tanto, dirigidas a reducir el gasto en pensiones como fórmula adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno no invoca que el sistema de Seguridad Social esté sufriendo tensiones financieras desde hace años, como consecuencia de la caída del número de afiliados. Los recurrentes señalan que las medidas previstas tienen una vocación de proyección en el largo plazo poco compatible con la naturaleza del decreto-ley y, sobre todo, que su impacto presupuestario es muy reducido en el corto plazo, lo que no permitiría justificar una excepción al procedimiento legislativo ordinario y mucho menos al de urgencia.
-Como pruebas de la limitación de efectos presupuestarios en el corto plazo se aducen dos ejemplos. Por un lado, el régimen transitorio que se establece en materia de pensión de jubilación (art. 8 del Real Decreto-ley 5/2013) y que afecta a la medida más importante de la norma, la novedosa regulación sobre jubilación anticipada y jubilación parcial: sus nuevas previsiones no tendrán plenos efectos hasta 2019. Por otro lado, el nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y trabajo: aunque en este caso las estimaciones de la memoria de análisis de impacto normativo son más cercanas en el tiempo, pecan de optimismo y son, en cualquier caso, insignificantes en términos presupuestarios a efectos de la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.
-A juicio de los recurrentes, incluso aceptando que se trata de dar respuesta a «coyunturas económicas problemáticas» que exigen una respuesta normativa, difícilmente puede justificarse que tal respuesta deba ser inmediata o simplemente más rápida que la que se obtendría recurriendo al procedimiento legislativo de urgencia. Además de que el deseo de inmediatez del Gobierno «no constituye en sí mismo una razón en términos de justificación constitucional» (STC 68/2007), se trataría de un supuesto de inidoneidad constitucional material por la falta de conexión de sentido entre la situación definida por el Gobierno y las medidas adoptadas (SSTC 68/2007, 31/2011, 1/2012 y 39/2013).
-A continuación, el escrito de interposición indaga si, más allá de las razones formales explicitadas, existen razones materiales específicas que acrediten la concurrencia del presupuesto habilitante. Sostiene que la exposición de motivos, la memoria de análisis de impacto normativo y la intervención de la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el debate de convalidación en el Congreso de los Diputados ponen claramente de manifiesto la preocupación del Gobierno por la viabilidad del sistema de Seguridad Social en el largo plazo como consecuencia del impacto demográfico del envejecimiento de la población. Por ello, afirma que, si con carácter general, el Gobierno ha optado por hacer frente a esa situación en el largo plazo a través del establecimiento del denominado factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y, para ello, ha procedido a designar una comisión de expertos para que formule una propuesta de implementación que pueda ser elevada posteriormente al Pacto de Toledo antes del trámite parlamentario, debe ser porque para el propio Gobierno no concurre una urgencia tan elevada que exigiese no someterse a tales trámites previos. A juicio de los recurrentes, mayor impacto y efectos sobre el conjunto del sistema tendrían esas otras medidas y mucho menor alcance las adoptadas por medio del Real Decreto-ley 5/2013.
-Por otro lado, se considera que la explícita vocación «de largo plazo» del Real Decreto-ley denota una dimensión estructural, no coyuntural, un rasgo que solo excepcionalmente resulta compatible con la figura del decreto-ley. De la jurisprudencia constitucional se extrae la idea de que una necesidad de adaptación estructural «no alcance por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno», con la única salvedad de que se trate de situaciones especialmente cualificadas por «notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia» (SSTC 68/2007, de 28 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre; en el mismo sentido, SSTC 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de julio; 237/2012, de 13 de diciembre, y 51/2013, de 28 de febrero). A este respecto recuerda la apreciación de este Tribunal de que «lo contrario supondría excluir prácticamente en bloque del procedimiento legislativo parlamentario el conjunto de la legislación laboral y de Seguridad Social, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo de distribución de poderes».
-En cuanto al segundo plano antes indicado, el escrito de interposición analiza el esfuerzo justificativo desplegado en el apartado V de la exposición de motivos en relación con diversas previsiones de la Ley: las relativas a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, contempladas en los capítulos II (arts. 5 a 8) y III (art. 9); a los cambios en la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo (capítulo I, arts. 1 a 4, junto a las disposiciones primera, segunda y tercera); a las modificaciones introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad (art. 10, dentro del capítulo IV); a algunas de las medidas introducidas por la disposición final primera que afectan a la Ley general de Seguridad Social (LGSS); y a las medidas previstas en la disposición final segunda.
-Los recurrentes destacan dos aspectos. El primero es que la exposición de motivos no ofrece justificación alguna para tres cambios normativos recogidos en la disposición final primera que afectan a sendos aspectos regulados en la Ley general de Seguridad Social: entre otros, la previsión del art. 215.1.3 LGSS. Respecto de estas concretas materias, la ausencia absoluta de justificación por parte de la exposición de motivos y de los documentos complementarios, determina un incumplimiento total de las exigencias señaladas por la jurisprudencia constitucional. Se subraya que, dado que la razón genérica que justifica el conjunto de la norma es débil o inexistente, un número apreciable de disposiciones adicionales y finales, con contenido autónomo respecto a los anteriores, carecen de presupuesto habilitante.
-El segundo aspecto es la laxa justificación de algunas de las medidas: así la vaga justificación de los cambios introducidos en la determinación de las aportaciones económicas en los supuestos de despido de trabajadores mayores. En particular se analiza con detenimiento el argumento de la proximidad del 31 de marzo de 2013, fecha de vencimiento del plazo de suspensión de la regulación de la jubilación anticipada y parcial, como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley. Se subraya que esa nueva regulación es la modificación más relevante introducida por la norma y que el posible agotamiento de ese plazo constituye el presupuesto que habilita, directa o indirectamente, el grueso de medidas del Real Decreto-ley. De ahí la trascendencia de la denuncia de la falta de concurrencia de urgencia y de extraordinaria necesidad.
-A juicio de los recurrentes, la constatación de la falta de urgencia en relación con la proximidad del 31 de marzo de 2013 debe partir de una doble consideración previa: la vocación de largo plazo del Real Decreto-ley 5/2013 como iniciativa dirigida a hacer frente al envejecimiento de la población y así garantizar la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social; y el reconocimiento, en la propia exposición de motivos, de que la regulación sobre jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011, que se modifica, estaba bien orientada. Pues bien, la Ley 27/2011 tomó en consideración las mismas circunstancias que determinaron una acción de reforma legislativa y esta reforma se hizo por la vía de la legislación ordinaria, sin que el actual Gobierno justifique hechos sobrevenidos y diferentes que determinen una necesidad de actuación por vía de urgencia. La urgente necesidad es algo más que la ventaja de la rapidez y la oportunidad de actuar inmediatamente.
-Los recurrentes aducen tres razones fundamentales para descartar la urgencia en conexión con la proximidad del 31 de marzo de 2013. En primer lugar, esta fecha procede del Real Decreto-ley 29/2012, de 29 de diciembre, que suspendió la regulación sobre la jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011 hasta entonces. Esos tres meses habrían permitido la tramitación de esos cambios a través del procedimiento legislativo de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno contaba con una solución alternativa, extender la suspensión más allá del 31 de marzo de 2013. Dado que el Real Decreto-ley 29/2012 no justifica esa fecha, más allá de dar a entender que es el tiempo necesario para aprobar una regulación más satisfactoria, y que tampoco el Real Decreto-ley 5/2013 acredita cuál es el perjuicio que produciría el incumplimiento del plazo, el alargamiento de la suspensión podría haber sido contemplado como fórmula menos «excepcional» y más respetuosa con el procedimiento legislativo que la modificación de la regulación a través de un decreto-ley. En tercer lugar, el agotamiento del plazo del 31 de marzo no iba a producir ningún vacío normativo, sino que habría dado lugar a la entrada en vigor de la regulación prevista por la Ley 27/2011. Como se señaló en la STC 31/2011, de 17 de marzo, «la inexistencia de un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa… supone… una contradicción con el uso del Decreto-ley». En el presente caso no se acredita cuál es el perjuicio derivado de la entrada en vigor de tal regulación –que fue un aspecto clave en el ATC 239/2012, de 12 de diciembre– más allá del inconveniente que supondría la aplicación de normas consecutivas sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo. Por todo ello, se concluye en la artificiosidad de la razón de urgencia derivada del agotamiento del plazo del 31 de marzo de 2013.
-Los recurrentes también descartan la concurrencia del otro componente del presupuesto de hecho habilitante, la extraordinaria necesidad. Aunque admiten que la imprevisibilidad no es imprescindible para poder apreciarla, no quieren pasar por alto que en este caso la necesidad era particularmente previsible, lo que debe hacer más estricta la exigencia de excepcionalidad. Y lo que a juicio de los recurrentes es más importante: no se acreditan cuáles serían los efectos negativos, los perjuicios graves por excepcionales, que llevaría aparejada que la entrada en vigor de la nueva regulación sobre jubilación anticipada y parcial se demorara unas semanas, como mucho unos meses, en el caso de que la iniciativa se hubiera tramitado como un proyecto de ley, por el procedimiento ordinario o de urgencia, en lugar de recurrir a la más expeditiva vía del decreto-ley. Al igual que sucedía en la STC 137/2011, de 14 de septiembre, en el caso del Real Decreto-ley 5/2013 no sólo es que nada se haya alegado sobre la necesidad, sino «que tampoco en momento alguno se [han] justificado, ni a ellos se [ha] aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario».
-A lo anterior los recurrentes añaden tres observaciones sobre el carácter no extraordinario de la necesidad de introducir la nueva regulación sobre jubilación anticipada y parcial. Primera, tal como argumenta la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013, las previsiones de la Ley 27/2011 cuya entrada en vigor se suspende tres meses podrían en su caso resultar «insuficientes», pero en ningún caso dañinas o perjudiciales. Segunda, esa misma regulación constituía un avance con respecto a la anteriormente vigente. Y tercera, los efectos buscados se proyectan en el largo plazo, por lo que carecería de relevancia desde esta perspectiva que la tramitación del nuevo régimen se demorara unas semanas o unos meses. Por todo ello, se concluye que el Gobierno hace una utilización abusiva del decreto-ley, pues no concurre ninguno de los dos elementos que conforman el presupuesto de hecho habilitante de esa figura según el artículo 86 CE.
-Los recurrentes finalizan con otras dos reflexiones. De una parte, sostienen que en la valoración sobre la concurrencia o no de la extraordinaria y urgente necesidad no debería ser indiferente el contenido de las medidas del decreto-ley de que se trate: si a través de él se recortan derechos o al menos se frustran legítimas expectativas –como hace el Real Decreto-ley 5/2013–, y si la regulación modificada está avalada por el consenso sobre el que se construye la reforma de 2011, parece razonable defender que la exigencia de ese requisito debe ser más estricta. De otra parte, la decisión del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno de rechazar en solitario la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia no puede considerarse más que como una manifestación de actitud cerrada al diálogo. Esta búsqueda de puntos de encuentro, siempre deseable, es necesaria particularmente en materia de pensiones, pues como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «cualquier ajuste en el sistema de pensiones» que no se lleve «a cabo de manera gradual, prudente y medida… podría poner en peligro la paz social, la previsibilidad del sistema y de la seguridad jurídica» (STEDH de 17 de febrero de 2011, Andrle c. República Checa).
-b) El segundo motivo de impugnación se refiere a la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I de la Constitución. Los recurrentes sostienen que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, las previsiones relativas a las jubilaciones anticipada y parcial (arts. 6 y 7) vulneran esa prohibición constitucional al afectar a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social reconocidos en el artículo 41 CE.
-Los recurrentes reconocen que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente acerca de si la limitación material del artículo 86.1 CE resulta también aplicable al capítulo III –siempre dentro del título I– o, al menos, a algunas de las previsiones allí contenidas. Sin embargo, consideran que existen dos razones para entender que las restricciones materiales del decreto-ley también juegan en este sentido. La primera es el propio tenor literal del artículo 86.1 CE, que genéricamente se refiere al título I, a los «derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados» en el mismo. La segunda es que el Tribunal Constitucional no sólo no ha descartado que los derechos del capítulo III estén sujetos a esa prohibición, sino que implícitamente lo ha admitido. Al interpretar la prohibición de «afectación» del artículo 86.1 CE, la STC 111/1983, de 2 de diciembre, insta a tener «muy en cuenta la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso, e incluso su colocación en el texto constitucional dentro de las diversas secciones y capítulos de su título I, dotados de mayor o menor rigor protector a tenor del artículo 53 de la CE». Los recurrentes deducen de ello que la aplicación de la limitación del artículo 86.1 CE al capítulo III dependerá de si el precepto afectado reconoce o no un derecho, deber o libertad.
-Para los recurrentes, la Constitución reconoce en el artículo 41 un auténtico derecho a la Seguridad Social. Sin utilizar el término «derecho», establece un mandato a los poderes públicos de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social. Esta comprensión de la Seguridad Social como un derecho constitucional se ve reforzada por su estrecha conexión con otros preceptos constitucionales de indudable trascendencia, así como por la normativa internacional y supranacional, con arreglo al artículo 10.2 CE. En cuanto a la normativa internacional y supranacional, citan el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 12 de la Carta Social Europea y el artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cuanto a la vinculación del artículo 41 CE con preceptos constitucionales esenciales, mencionan la proclamación del carácter social de nuestro Estado democrático (art. 1.1 CE), lo que implica la búsqueda de un orden social justo que tiene como piezas fundamentales la promoción de la igualdad (art. 9.2 CE) y el respeto de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). Se argumenta que la dignidad de la persona no solo comprende derechos inmateriales, sino también los derechos patrimoniales necesarios para garantizar una existencia digna (SSTC 113/1989, de 22 de junio, y 19/2012, de 15 de febrero; y SSTEDH de 22 de octubre de 2009, Apostolakis c. Grecia, y de 7 de julio de 2011, Stummer c. Austria), y que un presupuesto de la igualdad buscada por el artículo 9.2 CE es la cohesión social. Los recurrentes entienden que la doctrina constitucional que proclama la consagración de la Seguridad Social como función del Estado en forma de garantía institucional, «cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (SSTC 32/1981, 26/1987, 76/1988, 37/1994, 213/2005 y 128/2009, entre otras muchas), puede considerarse un reconocimiento del derecho constitucional a la Seguridad Social como parte del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático.
-La segunda exigencia de la prohibición del artículo 86 CE es que el contenido del decreto-ley afecte a la configuración del derecho, lo que significa alterar el régimen general o los elementos esenciales del derecho, deber o libertad (SSTC 111/1983, 182/1997, 137/2003, 108/2004, 189/2005 y 100/2012). En atención a tres razones, los recurrentes sostienen que el Real Decreto-ley 5/2013 o, al menos, las previsiones relativas a la jubilación anticipada y, en su caso, parcial afectan a los elementos esenciales de la configuración del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social. En primer lugar, porque la nueva regulación sobre la jubilación anticipada y parcial modifica los dos aspectos más relevantes del régimen jurídico de cualquier modalidad contributiva de jubilación: la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello. En segundo lugar, porque el 40 por 100 de las altas en jubilación que se producen cada año son anticipadas y casi una cuarta parte de ellas parciales. En tercer lugar, porque la nueva regulación supone «una alteración sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema» de Seguridad Social que «afecta a la esencia» del derecho constitucional a la Seguridad Social que enuncia el artículo 41 CE (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, en cuanto que la analogía con el tipo de gravamen del impuesto de la renta de las personas físicas es evidente y 245/2004, de 16 de diciembre).
-3. Por providencia de 9 de julio de 2013 el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado».
-4. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 19 de julio de 2013, se personó en el recurso en nombre del Gobierno, y solicitó una prórroga del plazo otorgado para formalizar el escrito de alegaciones. Por providencia de 22 de julio, el Pleno acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado, tenerlo por personado en la representación que ostenta y otorgarle una prórroga de ocho días respecto al plazo concedido por providencia de 20 de septiembre de 2011, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
-5. Por escrito registrado el 25 de julio de 2013, el Presidente del Congreso de los Diputados notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento, de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC y de remitir la documentación a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General. Por escrito registrado el día 6 de septiembre de 2013, el Presidente del Senado notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
-6. El 12 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, formuló las siguientes alegaciones:
-a) Por lo que respecta a la infracción del artículo 86.1 CE, comienza exponiendo la doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante (SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de diciembre, FFJJ 5 y ss.; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 3; 137/2011, de 14 de septiembre, y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6). Entrando en el análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante en el Real Decreto-ley 5/2013, afirma que los órganos políticos han cumplido formalmente con la exigencia de exteriorizar las razones de la urgencia que legitiman la utilización de esta modalidad normativa: en la exposición de motivos (apartado V), en la memoria de impacto normativo y en el debate de convalidación.
-El Abogado del Estado señala que, aunque la modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial es el eje del Real Decreto-ley, contiene también otras medidas cuya procedencia se razona. El análisis de la constitucionalidad del Real Decreto-ley no puede hacerse de manera global, sino distinguiendo, por una parte, las medidas asociadas a la reforma de la jubilación anticipada y parcial y, por otra parte, el resto de las previsiones.
-Del contenido de la exposición de motivos, de la memoria de impacto normativo y del debate de convalidación, el Abogado del Estado extrae las siguientes razones a favor de la justificación material del Real Decreto-ley 5/2013 y de la conexión de sentido de sus preceptos con los presupuestos habilitantes:
-– En cuanto al contenido más sustancial del Real Decreto-ley –la modificación de las previsiones de la Ley 27/2011–, la memoria lo justifica en que «no parecen adecuarse totalmente a las exigencias que impone el marco social y económico actual, por lo que resulta conveniente una reconsideración de sus contenidos, de manera que respondan a los objetivos que debe perseguir el establecimiento de mecanismos de acceso anticipado a la jubilación, en un contexto de envejecimiento de la población y de dificultades financieras del sistema de pensiones». Por ello, se modifica el capítulo II –arts. 5 a 7– de la regulación de las modalidades de jubilación parcial, así como la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante. La norma impugnada razona que la extraordinaria y urgente necesidad es consecuencia de que los preceptos que se modifican de la citada Ley 27/2011 debieron entrar en vigor el 1 de enero de 2013, pero su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre. En la exposición de motivos y en la memoria se afirma que, dentro del citado plazo de tres meses, no era posible tramitar un proyecto de ley de la complejidad de la norma impugnada. Además, en la memoria se señala que se trata de evitar la existencia de normas consecutivas sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo y la imposibilidad material de que las entidades gestoras de Seguridad Social tuviesen adaptados en esa fecha los procedimientos de gestión a los cambios que debían efectuarse. Por último, el Abogado del Estado argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido que la situación de necesidad sea causada por la falta de diligencia del propio Gobierno y que, además, el Gobierno tiene el legítimo derecho a modificar las decisiones políticas anteriores.
-– En cuanto a la regulación de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo (capítulo I de la norma), resulta necesaria desde el momento en que se aborda la reforma de la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, como de la jubilación parcial. Dadas estas modificaciones de las modalidades de acceso a la jubilación, en la memoria se afirma, como nueva razón en apoyo de la procedencia del decreto-ley, «la conveniencia de que se pongan a disposición de los interesados, simultáneamente, en un mismo texto legal todas las alternativas para pasar de la vida activa a la condición de pensionista de jubilación, incluyendo la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo».
-– Asimismo, el Gobierno ha considerado obligado regular mediante decreto-ley las modificaciones en relación con las modalidades de jubilación anticipada, voluntaria e involuntaria, y parcial anunciadas en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, y que justificaron que se suspendiera durante tres meses la entrada en vigor de las previstas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Lo reducido del plazo dado para la modificación legal prevista justifica sobradamente el recurso a su tramitación mediante decreto-ley.
-– La modificación de la Ley 27/2011, en cuanto a la jubilación anticipada y parcial, obliga también a modificar mediante decreto-ley el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, en concreto los apartados primero y tercero de su artículo 4. En la disposición final quinta del Decreto-ley se amplía el plazo de dos meses que establecía el Real Decreto 1716/2012 a partir de su entrada en vigor (que tuvo lugar el 1 de enero de 2013), hasta el 15 de abril de 2013. De esta forma se persigue que los trabajadores y las empresas tengan el tiempo suficiente para comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, de los convenios colectivos de cualquier ámbito y de los acuerdos colectivos de empresa y de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales en los que se contemple la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, todo ello con el fin de que puedan aplicarse los efectos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011.
-– También se modifican los artículos 6 y 7 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en tanto constituyen la normativa laboral concordante con la normativa de Seguridad Social que se modifica.
-– Por último, se incluyen varias disposiciones adicionales y finales cuya aprobación se hacía inaplazable, dada la urgente necesidad de modificar las normas a que se refieren, a la vista de los evidentes perjuicios que su mantenimiento en la redacción anterior al Real Decreto-ley implicaría para los interesados. El escrito de interposición analiza las referidas disposiciones y concluye en su directa conexión con las modalidades de jubilación reguladas en la norma. Así, se mencionan expresamente las disposiciones adicional primera y finales primera, segunda, cuarta, quinta y sexta.
-El Abogado del Estado finaliza sus alegaciones sobre el primer motivo de impugnación con dos consideraciones adicionales. La primera se refiere a los ahorros significativos que no solo a medio y a largo plazo, sino también de manera inmediata, se obtienen gracias a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley impugnado. Como se expone en la memoria (pág. 37 y sigs.), los ahorros comienzan en el propio ejercicio 2013. Esto conecta tanto con el objetivo, reflejado en la memoria y en el debate de convalidación, de asegurar la sostenibilidad no solo del sistema de pensiones sino la reducción del gasto público, como con una de las finalidades del decreto-ley, la atención a coyunturas económicas problemáticas. El Tribunal Constitucional no se ha mostrado ajeno a la gravedad de la crisis presupuestaria (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5, y 147/2012, de 16 de julio, FJ 6).
-La segunda consideración responde a las alegaciones de los recurrentes de que las medidas adoptadas tienen un carácter estructural y son impropias de un decreto-ley. La reforma que se aborda el Real Decreto-ley 5/2013 puede ser considerada como estructural solo en un ámbito muy concreto de la Seguridad Social y ciertamente tiene vocación de permanencia en el tiempo. La cuestión fue tratada, entre otras, en la STC 137/2011, de 14 de septiembre, y no ha motivado por sí censura del Tribunal Constitucional.
-b) Por lo que respecta a la alegada vulneración del artículo 41 CE, se señala que el Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la Seguridad Social es un derecho de configuración legal, por lo que el legislador ordinario puede modularlo en atención a las circunstancias económicas o sociales de cada momento, y que no existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional que restrinja el recurso al decreto-ley para regular las materias incluidas en el capítulo III del título I de la Constitución. De hecho, la STC 111/1983, de 2 de diciembre, que alegan los recurrentes, refuerza la anterior consideración puesto que el artículo 53 CE prevé una tutela distinta de los derechos regulados en el capítulo III del título I. Y en la STC 65/1987 (FJ 17) se señaló que el sistema de Seguridad Social se configura como un régimen legal, en el que tanto las aportaciones de los afiliados como las prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones vienen determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las modificaciones que el legislador introduzca, y en el que «no puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar, o las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento». El Abogado del Estado se remite a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (SSTC 32/1981, FJ 3; 103/1983, FJ 3; 26/1987, FJ 4; 65/1987, FJ 17; 76/1988, FJ 4, y 37/1994).
-A mayor abundamiento, se señala que el derecho a la Seguridad Social que deducen los recurrentes del artículo 41 CE no resultaría afectado, en el sentido del artículo 86 CE, por el Real Decreto-ley 5/2013, pues en ningún caso regula los elementos esenciales del régimen de la Seguridad Social, sino solamente los aspectos antes indicados.
-7. Por providencia de 5 de junio de 2018, se señaló el día 7 dicho mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
-II. Fundamentos jurídicos
-1. El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es analizar la constitucionalidad del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
-Las tachas de inconstitucionalidad que se oponen al Real Decreto-ley se refieren a la vulneración de dos de las exigencias del artículo 86.1 CE: la falta de concurrencia del presupuesto habilitante y la vulneración de uno de los límites materiales que establece el artículo 86 CE. Debemos comenzar con la pretensión impugnatoria vinculada a la falta de concurrencia del presupuesto habilitante, ya que su examen es prioritario, toda vez que la cuestión de la legitimidad constitucional de la utilización de una norma de urgencia como el Real Decreto-ley 5/2013 ha de ser previa al enjuiciamiento de la vulneración de los límites materiales de la norma de urgencia, de modo que, si se estimaran las alegaciones relativas a la no concurrencia del presupuesto habilitante, resultaría innecesario el examen de las restantes alegaciones (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3).
-Durante la pendencia del proceso algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 han sido derogados. Es lo que ha ocurrido con los artículos 1 a 4 y con las disposiciones adicional primera y final primera, derogadas por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, así como con la disposición adicional sexta, derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores. Dichas derogaciones no hacen perder objeto al recurso, ni siquiera de forma parcial, al plantearse en el mismo la posible conculcación del artículo 86.1 CE [por todas, STC 35/2017, de 1 de marzo, FJ 2 e)].
-2. La reforma del sistema de pensiones que se articula mediante el Real Decreto-ley 5/2013 impugnado persigue su adecuación y sostenibilidad, favoreciendo la prolongación de la vida laboral, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.
-Los preceptos del Real Decreto-ley abordan las siguientes materias:
-– El capítulo I (arts. 1 a 4) regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo.
-– El capítulo II contiene modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social: la cuantía de la pensión de jubilación en los supuestos de anticipación en el acceso a la misma (art. 5), la jubilación anticipada (art. 6), la jubilación parcial (art. 7) y normas transitorias en materia de pensión de jubilación (art. 8).
-– El capítulo III (art. 9) modifica el contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo.
-– El capítulo IV (art. 10) contiene medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos.
-El Real Decreto-ley impugnado se completa con nueve disposiciones adicionales y doce finales, además de una disposición transitoria única y una disposición derogatoria única:
-– Las disposiciones adicionales regulan un amplio abanico de cuestiones: el mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo (primera), el nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación (segunda) y su fecha de aplicación (tercera), la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada (cuarta), el contenido del informe sobre la recomendación décimo sexta del Pacto de Toledo (quinta), la actuación de la comisión consultiva nacional de convenios colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas (sexta), el informe previo a cualquier propuesta de despido colectivo o similar de las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el fondo de reestructuración ordenada bancaria y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal (séptima), normas sobre políticas activas de empleo para mayores de 55 años (octava) y la creación de un comité de expertos para el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social (novena).
-– Las disposiciones finales modifican diversas normas legales y reglamentarias: el entonces vigentes texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (primera); el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de la gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (segunda); el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (tercera); el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (cuarta); el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (quinta); el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (sexta); el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años (séptima); y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (octava).
-3. Tal y como quedó reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, los diputados recurrentes sostienen que en el Real Decreto-ley impugnado no concurre la «extraordinaria y urgente necesidad» habilitante del uso de la facultad legislativa de urgencia del Gobierno, dado que no puede justificarse su aprobación por las razones señaladas por el Gobierno.
-En relación con los cambios normativos derivados del Real Decreto-ley, se denuncia en unos casos la total ausencia de justificación y, en otros casos, el carácter vago y laxo de la justificación aportada. En particular se rechaza la urgencia en relación con la proximidad del 31 de marzo de 2013, fecha de vencimiento del plazo de suspensión de la regulación de la jubilación anticipada y parcial contenida en la Ley 27/2011 y que es uno de los aspectos centrales de la regulación del Real Decreto-ley 5/2013. A su juicio no se acredita cuál es el perjuicio que produciría el incumplimiento del plazo, pues su expiración hubiera dado lugar a la entrada en vigor de la regulación prevista por la Ley 27/2011, sin que existiera vacío normativo alguno.
-A lo anterior los recurrentes añaden dos factores adicionales que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta en la valoración de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad: el contenido restrictivo de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley y el carácter consensuado de la regulación modificada en contraposición al carácter no consensuado del Real Decreto-ley. Por lo que respecta a la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I, la demanda afirma que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, sus previsiones sobre la jubilación anticipada, afectan a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto que regula la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello, contraviniendo con ello la prohibición del artículo 86.1 CE por cuanto se estaría afectando al derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que consagra el artículo 41 CE.
-El Abogado del Estado afirma, sustancialmente, que la extraordinaria y urgente necesidad justificativa de la aprobación del contenido más sustancial del Real Decreto-ley –la modificación de las previsiones de la Ley 27/2011– derivaría de la intención de adecuarse a las exigencias que impone el marco social y económico actual. Igualmente ha justificado la conformidad constitucional de alguno de los restantes contenidos de la norma.
-4. La doctrina del Tribunal sobre este primer motivo de inconstitucionalidad relativo al régimen constitucional del real decreto-ley puede resumirse en los términos siguientes:
-a) El concepto de extraordinaria y urgente necesidad que contiene la Constitución no es, en modo alguno, «una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes», razón por la cual, este Tribunal puede, «en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada» (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
-b) El control de este Tribunal consiste en un control jurisdiccional ex post, y tiene por misión velar porque el Gobierno no se haya apartado del margen de apreciación concedido por la norma, esto es, que aquél se mantenga dentro del concepto jurídicamente asequible que es la situación de «extraordinaria y urgente necesidad». Se trata, en definitiva, de un «control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3, y las que allí se citan).
-c) La adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). Como señalamos en la STC 332/2005, de 15 de diciembre (FJ 6), aunque ambos aspectos están íntimamente ligados, su examen por separado facilita desde un punto de vista metodológico el análisis de las consideraciones de las partes y, en última instancia, el control que le corresponde efectuar a este Tribunal.
-d) En cuanto a la definición de la situación de urgencia, la doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
-e) En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el Real Decreto-ley se adoptan– nuestra doctrina «ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).
-f) Generalmente, se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).
-5. En el marco de la doctrina citada hay que comprobar ahora, en primer lugar, si en los concretos preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 objeto del presente recurso concurre el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» exigido por el artículo 86.1 CE.
-Debemos por tanto analizar dos elementos: en primer lugar, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4); en segundo lugar, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
-Entrando, en primer lugar, a analizar los motivos explicitados por el Gobierno para la aprobación del Real Decreto-ley objeto del presente recurso, debemos acudir a la exposición de motivos de la norma, así como al debate parlamentario de convalidación y, en su caso, al expediente de elaboración de la norma (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 7).
-En este sentido, y en relación con el primer elemento, nuestro análisis ha de partir necesariamente del examen de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 impugnado. Pues bien, en los apartados I y II de la exposición de motivos se señala que el Real Decreto-ley tiene los siguientes objetivos: a) el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones; b) el impulso del envejecimiento activo; c) la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo; d) la racionalización del sistema de prestaciones por desempleo. Una vez descritas en los apartados III y IV las medidas que en cumplimiento de dichos objetivos se incluyen en el Real Decreto-ley, la exposición de motivos concluye en el apartado V efectuando las siguientes consideraciones, relacionadas con la plasmación del criterio del Gobierno sobre la concurrencia del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia:
-«La modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, tal y como está prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que se refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que si bien debieron entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, debe tener efectos antes del transcurso del plazo indicado, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real Decreto-ley, ante la inminente finalización del mismo.
-Las mismas razones de urgente necesidad derivada de la perentoriedad del plazo de suspensión cabe apreciar respecto a la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo a que se refiere el artículo 9, afectados ambos igualmente por el mismo, además de que en este caso la fecha de entrada en vigor de estas modificaciones debe hacerse coincidir con la correspondiente a la de la jubilación parcial, al objeto de mantener la adecuada coordinación entre los ordenamientos jurídicos laboral y de Seguridad Social.
-A efectos de mantener igualmente un tratamiento coherente y uniforme en relación con la fecha de efectos tanto del artículo 8, relativo a normas transitorias en materia de pensión de jubilación, y por el que se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como de la disposición final cuarta, por la que se modifica la redacción del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de aquélla en materia de prestaciones, y ante la inminente entrada en vigor de las importantes modificaciones operadas tanto en la regulación de la jubilación anticipada, como de la jubilación parcial, procede su regulación mediante el real Decreto-ley, al estar justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad para ello.
-Similares argumentos que los esgrimidos en el párrafo anterior justifican la necesidad de regular mediante este real Decreto-ley la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, a que se refiere el capítulo I, así como lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera y segunda, en las que se regula la obligatoriedad por parte de las empresas de mantener el nivel de empleo previo existente en las mismas y se dispone la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las entidades de la Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada, dotando así al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses.
-Las razones de extraordinaria y urgente necesidad de las distintas modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social contenidas en la disposición final primera tienen varias justificaciones. Por lo que respecta a la extensión de la aplicación de la jubilación parcial a los socios de las cooperativas, por la necesidad de coordinar sus efectos con las modificaciones introducidas en la regulación de esta modalidad de jubilación. En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones.
-Por lo que respecta a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de estos despidos ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, determinan la extraordinaria y urgente necesidad de regular esta materia mediante un real Decreto-ley.
-En cuanto a la disposición final segunda, en la que se modifica con efectos de 1 de enero de 2013 el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a fin de adecuar su redacción a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como la subsanación de la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión, la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real Decreto-ley.»
-Según se desprende de los párrafos transcritos, la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artículo 86.1 CE para la adopción por el Gobierno de decretos-leyes vendría en el caso analizado determinada por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la necesidad de introducir una serie de modificaciones en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, antes del transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de dicha Ley que estableció el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. En segundo lugar, en conexión con lo anterior, el mantenimiento de un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas pretendidas y la coordinación de sus efectos. Ambas razones son predicables, esencialmente, de las modificaciones introducidas en los artículos 1 a 9, en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta y en parte de la disposición final primera y en la disposición final quinta del Real Decreto-ley 5/2013. En tercer lugar, la no demora de los efectos beneficiosos que proporciona la norma, motivo que justificaría parte de las reformas que se introducen en la disposición final primera. En cuarto lugar, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de los despidos de trabajadores de cincuenta o más años de edad ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, razón que justificaría las reformas introducidas en el artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima. En quinto lugar, predicable de la disposición final segunda, la necesidad de adecuar la redacción del artículo 6.2 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013 así como la necesidad de subsanar la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión.
-Posteriormente, en el debate parlamentario correspondiente al trámite de convalidación del Real Decreto-ley («Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», Pleno y Diputación Permanente. X Legislatura. Año 2013, núm. 103), el Gobierno, por medio de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, señala en su exposición inicial lo siguiente:
-«La norma que sometemos hoy a convalidación contiene una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público de pensiones...
-La reforma de la jubilación anticipada y parcial que se hizo en 2011 presentaba –entendemos– algunas distorsiones… Nos parecía fundamental actuar conforme a la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, que aconseja dar mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, especialmente en la jubilación anticipada, aproximar la edad real a la edad legal de jubilación, y favorecer la coexistencia entre salario y pensión…
-[U]n sistema de pensiones no puede funcionar claramente cuando casi una de las dos nuevas jubilaciones que se producen cada año es anticipada. La pensión media de jubilación de forma anticipada el año pasado fue un 16 por ciento mayor que la pensión media ordinaria. Tampoco puede funcionar un sistema cuando el número de jubilaciones anticipadas se ha incrementado un 33 por ciento desde el inicio de la crisis, generando un coste adicional de unos 7000 millones de euros anuales. Esta es una situación además que nos otorgaba una extraña y disfuncional singularidad en el conjunto de los países de la Unión Europea… Y ante esta realidad el Gobierno se ha visto en la obligación de actuar, y también de hacerlo en el momento oportuno.
-El objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que genera y, por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto… El resultado es un régimen que refuerza la sostenibilidad y la equidad del sistema…
-La norma que presento a convalidación articula a su vez una serie de medidas en el ámbito de la regulación del mercado de trabajo y de los subsidios por desempleo, que contribuyen al alargamiento de la vida activa así como a diversas medidas que refuerzan también la lucha contra el fraude. Son medidas perfectamente alineadas con los objetivos de los cambios en la regulación de la jubilación. La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general…
-En cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio…»
-De lo aquí expuesto se concluye que las razones aportadas por el Gobierno en el debate de convalidación se centran en dos planos. El primero, general, se refiere a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el segundo, concreta dicha pretensión específicamente respecto a algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley. Así sucede en la vertiente de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, modificando algunos aspectos de la reforma llevada a cabo en el año 2011, centrándose la urgencia en la adopción de las medidas en la necesidad de aprobarla antes de que vencieran los tres meses de suspensión de la entrada en vigor de la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial fijada por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (disposición adicional primera). También se alude a cuestiones relacionadas con la regulación de los despidos colectivos, que penalizan la inclusión en ellos de mayores de cincuenta años, así como a la regulación del subsidio de mayores de cincuenta y cinco años para que se ajuste a situaciones de verdadera necesidad.
-Por último, debemos examinar el expediente de elaboración de la norma impugnada. En concreto, el documento aportado a los autos por el Abogado del Estado, cuyo nombre completo es «Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo», ha sido elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y lleva fecha de 4 de marzo de 2013. Su función es exponer la oportunidad de la propuesta, examinar jurídicamente su contenido y su fundamento jurídico, y analizar los llamados «impactos» (adecuación al orden de competencias, impacto económico y presupuestario, impacto de género, etc.). Esta memoria señala que «la finalidad es eliminar la rigidez que presenta el actual ordenamiento de la Seguridad Social, que está constituyendo un freno a la potenciación de la presencia más activa de los trabajadores de más edad en la sociedad, en cumplimiento de las recomendaciones referidas a la edad de jubilación anunciadas tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno en la Recomendación núm. 12 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo». Indica que «desde diferentes organizaciones internacionales (y, en especial, en el ámbito de la Unión Europea) se recomienda una reconsideración de la regulación en el acceso a la pensión de jubilación y una desincentivación de las jubilaciones anticipadas, tanto por sus consecuencias en la viabilidad del sistema de pensiones, como por sus efectos sobre la incentivación de la permanencia de los trabajadores de mayor edad en la actividad laboral o profesional… La Ley 27/2011, de 1 de agosto, introdujo varias modificaciones en la regulación de las jubilaciones anticipadas, que no parecen adecuarse totalmente a las exigencias que impone el marco social y económico actual, por lo que resulta conveniente una reconsideración de sus contenidos». Afirma que «las medidas relativas a la jubilación anticipada y parcial encuentran una justificación evidente: la necesidad de que su aprobación y entrada en vigor se produzca antes del 1 de abril de 2013, momento en el que expira el plazo de suspensión de tres meses acordado por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre… La misma urgencia concurre respecto del contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo dado que las modificaciones introducidas se dirigen a adaptar su régimen jurídico a las novedades previstas en el Real Decreto-ley respecto de la jubilación anticipada y parcial. Respecto a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la regulación de estas medidas mediante Real Decreto-ley se justifica en la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario que estos despidos generan sobre el sistema de protección por desempleo así como cumplir con los compromisos presupuestarios». La memoria también afirma que «[c]oncurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad respecto de todas las medidas adoptadas de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que justifica acudir al Real Decreto-ley en 'circunstancias difíciles que requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta (STC 6/83, de 4 de febrero)».
-Además, en otros apartados de esa misma memoria se hacen referencias específicas a la urgencia en la adopción de algunas otras modificaciones, a las que se aludirá posteriormente.
-6. Conocidas las circunstancias y las razones explicitadas por el Gobierno para justificar la utilización del instrumento normativo excepcional del Real Decreto-ley 5/2013, debemos adentrarnos en el control de constitucionalidad del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE, lo que requiere una advertencia previa.
-Atendiendo al planteamiento procesal de los recurrentes, que también es compartido por el Abogado del Estado, esa tarea no debe realizarse de manera global, sino distinguiendo entre los distintos bloques a los que se refiere la norma impugnada.
-Tanto los diputados recurrentes como el Abogado del Estado han diferenciado las medidas asociadas a la jubilación anticipada y parcial, incluyendo la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, del resto de las previsiones del Real Decreto-ley 5/2013. Entre éstas últimas los recurrentes distinguen las modificaciones introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad del resto de medidas contenidas en el citado Real Decreto-ley 5/2013.
-Así pues, la concurrencia de la urgencia y la necesidad debe analizarse respecto de cada grupo de preceptos, porque solo de este modo podrá realizarse un examen apropiado sobre la conexión de sentido entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma. Si las medidas son diversas, las situaciones concretas de urgencia y necesidad que justifican su adopción también son susceptibles de serlo (en un sentido similar, STC 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 5). Ante el Decreto-ley impugnado hemos de limitarnos a realizar un juicio de constitucionalidad, ya que no nos compete efectuar un control de su calidad técnica, del mismo modo que hemos afirmado que no poseemos esta facultad en relación con el análisis de la perfección técnica de las leyes [SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ 3 c); 226/1993, de 8 de julio, FJ 4; 226/1993, de 8 de julio, FJ 5, y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 4].
-De acuerdo con ello, cumple advertir, en primer lugar, que, respecto de determinadas disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley 5/2013, no se justifica la urgencia en su adopción, pues respecto de ellas nada dicen ni la exposición de motivos, ni el debate de convalidación ni la memoria de impacto normativo, ni, en fin, el propio Abogado del Estado en su contestación a la demanda. Eso es lo que ocurre con las disposiciones adicionales sexta (como ya dijimos, derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y séptima y con las disposiciones finales primera. Dos (igualmente derogada por el citado Real Decreto Legislativo) y octava.
-Puesto que «la causa justificativa del Decreto-ley –la situación de extraordinaria y urgente necesidad– ha de ser explicitada por el propio Gobierno» (STC 125/2016, de 7 de julio, FJ 2), su carencia determina que no podamos apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante que los diputados recurrentes niegan, el Gobierno no acredita y este Tribunal no puede presumir. Por tanto debemos declarar en este momento su inconstitucionalidad y nulidad por vulnerar el artículo 86.1 CE.
-7. Señalado lo anterior, procede ya iniciar el examen del resto de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2013, siguiendo, como se ha avanzado, el planteamiento de los recurrentes, compartido por el Abogado del Estado, en el sentido de que el análisis de la constitucionalidad de la norma no puede hacerse de manera global, pues, aunque muy genéricamente relacionadas entre sí, las diferentes medidas incluidas en el Real Decreto-ley tienen su justificación propia en función de su específica naturaleza.
-Comenzando por el análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante respecto a las medidas consistentes en la modificación del régimen de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, debemos precisar, en primer lugar, que a tal cuestión se dedica, de una u otra forma, una parte sustancial de la norma impugnada, en concreto, sus artículos 1 a 9, así como las disposiciones adicionales primera a quinta y las disposiciones finales primera. Cinco y quinta. Todos estos preceptos regulan medidas relacionadas entre sí en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la compatibilidad entre vida activa y pensión.
-Del contenido de la exposición de motivos de la norma, del debate de convalidación de ésta y de las afirmaciones de la memoria se deduce que la extraordinaria y urgente necesidad que apreció el Gobierno se relacionan con el transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de la regulación contenida en la Ley 27/2011.
-Conviene que comencemos examinando el origen y la razón de ese plazo de suspensión. La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estaba prevista para el 1 de enero de 2013 (disposición final duodécima). Sin embargo, el ya mencionado Real Decreto-ley 29/2012 suspendió durante tres meses la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (disposición adicional primera).
-De la exposición de motivos del Real Decreto-ley 29/2012 se desprende que la razón de la suspensión parcial de la aplicación de la Ley 27/2011 fue la de evitar que entrara en vigor una regulación –relativa a la jubilación anticipada y parcial– que se consideraba que poco después tendría que ser modificada y adaptada en consonancia con el contenido de nuevos informes técnicos y diversas propuestas de reforma que debían ser debatidas en el seno del foro llamado «Pacto de Toledo» y en la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En suma, la suspensión respondía al deseo de evitar la aplicación de unas disposiciones legales condenadas a ser modificadas en un breve plazo y, a la vez, a la necesidad de dar tiempo para que las modificaciones necesarias fueran debatidas y promulgadas. En efecto, como se pone de manifiesto en la memoria de impacto normativo, el Gobierno consideraba que las modificaciones introducidas por la Ley 27/2011 en materia de jubilación anticipada no se adecuaban a las exigencias del marco social y económico actual. Esas medidas entraban en vigor el 1 de enero de 2013 y por ello se acordó su suspensión. Como el plazo de suspensión finalizaba el 31 de marzo de 2013, el Gobierno estimó necesario aprobar las modificaciones oportunas antes de dicha fecha.
-Por lo que respecta al Real Decreto-ley impugnado, su exposición de motivos destaca, en el apartado III, que «[l]a sostenibilidad de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales que determinan el acceso a la protección o la cuantía de las prestaciones se adecuen a las circunstancias y realidades sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve. Resulta, por tanto, esencial que la edad de acceso tenga en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida, como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior. En este sentido, las medidas adoptadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral». Además se añade que «ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real Decreto-ley». Esa misma razón se reitera, con una formulación diferente, en el apartado V de la exposición de motivos y también aparece en el expediente de elaboración de la norma.
-En el debate parlamentario de convalidación, la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno, indicó que el Real Decreto-ley impugnado contenía «una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público». Señaló también que se trataba de reforzar la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta; que el Decreto-ley nacía del compromiso de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo; que se habían recabado informes técnicos, realizados en octubre de 2012 y debatidos en la comisión del Pacto de Toledo entre noviembre de 2012 y marzo de 2013; que se habían realizado numerosas reuniones con diferentes actores políticos y sociales, así como en particular jornadas de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión, en las que habían participado numerosos técnicos, profesionales y académicos. Igualmente se afirmó en el trámite de convalidación que «[e]l objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que genera, y por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto». En concreto los cambios se relacionan con la posibilidad de utilizar incorrectamente la jubilación parcial como modalidad de acceso a la jubilación anticipada; otra, con la falta de regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión; y la última, con la incorporación de mayores niveles de contributividad para la jubilación anticipada y la fijación de coeficientes reductores naturales.
-Conforme al control externo que corresponde a este Tribunal podemos considerar que el Gobierno ha satisfecho la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que le llevó a dictar las disposiciones ya mencionadas del Real Decreto-ley 5/2013, de modo que la carga de justificar la concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE puede considerarse cumplida. No se trata de una descripción mediante fórmulas rituales o genéricas aplicables a todo tipo de realidades de un modo intercambiable, sino a través de una precisa referencia a una situación concreta en relación con la Seguridad Social. La reforma del sistema de pensiones y, más limitadamente, de determinados aspectos de la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial abordada mediante el Real Decreto-ley impugnado responde a una exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general para garantizar la sostenibilidad del sistema, así como para satisfacer las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de 10 de julio de 2012, en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo. Esta reforma debía acometerse en un plazo tasado, sin que pueda admitirse de contrario el argumento de la inexistencia de vacío normativo, derivado de la entrada en vigor de las pospuestas previsiones de la Ley 27/2011, ya que, precisamente, la modificación de estas previsiones por razones vinculadas a la mejor adecuación a las exigencias de sostenibilidad del sistema es el objetivo que persigue el Gobierno. Nada afecta a la anterior consideración el hecho de que pudiera pretenderse resolver una situación de carácter estructural y no coyuntural, pues ya hemos indicado en otras ocasiones (por todas, STC 33/2017, de 1 de marzo, FJ 3) que eso no es, por sí mismo, determinante para estimar que se haya hecho un uso constitucionalmente inadecuado de la figura del decreto-ley.
-Igualmente, en cuanto que relacionada con la anterior, puede aceptarse como justificación la pretensión de obtener un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas así como la coordinación de sus efectos. Se trata de una razón a la que aluden tanto la exposición de motivos como la memoria de impacto normativo; razón que, aun siendo instrumental en relación con el contenido mismo de la norma impugnada, se relaciona con las finalidades perseguidas por ella, en particular, para dotar «al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses». Se trata así de un conjunto sistemático de reformas que adquieren sentido en su visión global y no desde una perspectiva meramente aislada [SSTC 23/1993, FFJJ 4 y 5; 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 7 b) y 10, y 183/2016, de 3 de noviembre, entre otras].
-En cuanto al segundo elemento de nuestro canon, atendiendo al control que corresponde a este Tribunal, el cual debe respetar el margen de discrecionalidad política que en la apreciación de este requisito corresponde al Gobierno, podemos considerar que no se ha vulnerado la conexión de sentido entre la medida adoptada y la situación de urgencia previamente definida. La reforma se ajusta a los objetivos que la propia exposición de motivos de la norma afirma perseguir –garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores mayores–. En efecto, las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley impugnado son coherentes con la eventual situación de necesidad consistente en la reforma de numerosos aspectos del régimen de jubilación anticipada y parcial y modifican de modo inmediato la situación jurídica existente.
-Procede, por tanto, desestimar el recurso en este punto.
-8. Debemos examinar ahora las reformas introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos a las que se refiere el artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima.
-La exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 justifica la urgencia en la adopción de esta medida en la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de los despidos de trabajadores de cincuenta o más años de edad ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, razón que también aparece en la memoria de impacto normativo.
-Por su parte, en el debate de convalidación se argumentó lo siguiente:
-«La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general.
-Los principales cambios que hemos introducido en la norma son los siguientes: por una parte, se limita la obligación de la contribución a aquellas empresas que realicen despidos discriminatorios con los trabajadores de más edad. La regulación anterior planteaba situaciones que a veces podríamos llamar injustas con empresas que debían afrontar un ajuste de personal, y que tenían una plantilla compuesta mayoritariamente por trabajadores de más edad. En estos casos la obligación de contribuir suponía una penalización adicional para empresas con trabajadores de elevada edad en la plantilla, y podría tener efectos perversos sobre las decisiones de contratación de trabajadores más experimentados. Por eso limitamos la obligación de contribución a aquellos casos en los que el despido colectivo de trabajadores de más edad sea realmente discriminatorio; es decir, la obligación solo surge cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años afectados por un despido colectivo es mayor que su peso real sobre el total de la plantilla. Por otro lado, a partir de este momento la obligación de contribución va a afectar también a aquellas empresas que actualmente se encuentren en pérdidas, pero que en el futuro más cercano puedan obtener beneficios, potenciando de esa manera el efecto desincentivador de incluir a mayores en medidas colectivas extintivas.»
-De acuerdo con lo expuesto y en el ámbito del «control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 182/1997, de 30 de octubre, FJ 3), el Tribunal aprecia, en primer lugar, que el Gobierno cumple con la exigencia de exponer explícita y razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le habilita para dictar disposiciones legislativas provisionales con la forma de decretos-leyes. Se aporta una justificación suficiente que permite apreciar la existencia de dicho presupuesto habilitante en el sentido de responder a una necesidad urgente. En la concreta coyuntura económica en que la medida se adopta, es aceptable la razón relativa a la producción de ahorros inmediatos en el gasto público mediante la reducción de las cargas sobre las arcas públicas así como la relacionada con desincentivar este tipo de despido, habida cuenta de la situación del mercado laboral en el momento de aprobarse la norma de urgencia y las dificultades de continuidad en dicho mercado que presenta el colectivo afectado, intentando, en consecuencia, incentivar en mayor medida el aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de los trabajadores mayores.
-La medida guarda conexión de sentido con la situación de urgencia. Persigue compensar el impacto que estos despidos generan sobre el sistema público de protección por desempleo en un doble sentido. En primer lugar, incrementando la cuantía recaudada por la obligación de contribuir de las empresas, y en segundo lugar, entendiendo que el reforzamiento de la exigibilidad de esta aportación económica opera como incentivo para no despedir a personas mayores de 50 años, lo que también supone un menor coste de las prestaciones por desempleo.
-Consecuentemente, procede desestimar este motivo de inconstitucionalidad respecto del artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima.
-9. Las restantes medidas contenidas en las disposiciones adicional, transitoria y finales del Real Decreto-ley 5/2013 deben ser examinadas separadamente, atendiendo al planteamiento que se ha expuesto en el fundamento jurídico 6.
-a) Comenzaremos por las relativas al subsidio por desempleo para mayores de 55 años y, en relación con ellas, las vinculadas a las políticas activas de empleo para mayores de esa edad (disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1).
-Respecto de dichas medidas, la exposición de motivos de la norma señala que «[l]a disposición adicional octava establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo a fin de fomentar su permanencia en el mercado de trabajo prolongando su vida laboral», así como, respecto a la disposición final primera, que «[s]e incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado primero del artículo 215 en el que se exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio, que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo».
-La Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social afirmó en el debate de convalidación que «[e]n cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio… El único cambio en la regulación consiste en limitar dicho subsidio a situaciones de verdadera necesidad. Señorías, es hacerlo más equitativo y más justo, pero nadie –repito, nadie– que verdaderamente necesite este subsidio lo va a dejar de percibir, porque como bien saben, primero, no afectará a los que ya lo perciben, y en el futuro lo recibirán todos aquellos que lo tengan que recibir. Como bien saben, los recursos públicos son limitados, y la redistribución de renta para ser verdaderamente justa tiene que tener en cuenta la situación económica privada del beneficiario. Ahora bien –y lo que es muy importante–, para reforzar la capacidad de reinsertar a estos trabajadores de más edad en el mercado laboral la nueva regulación establece que aquellos trabajadores de más edad que no tuvieran derecho a prestación, y que deseen continuar activos, serán objeto de atención preferente por los servicios públicos de empleo en el marco de la ejecución de las políticas activas de empleo».
-Finalmente, la memoria de impacto normativo alude a la necesidad de ordenar el marco regulador de este subsidio, señalando que con ello se cumplen recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea para España.
-De lo expuesto se deduce que ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria de impacto normativo se indica que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6). En todo caso, lo que si puede advertirse es la razón por la que el Gobierno entiende que es necesario reformar el subsidio para mayores de 55 años, pero no una explicación de por qué esta reforma sea urgente en los términos exigidos por la doctrina constitucional para entender cumplida la exigencia del presupuesto habilitante derivado del artículo 86.1 CE.
-Por tanto, las disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1 del Real Decreto-ley 5/2013 vulneran el artículo 86.1 CE y son inconstitucionales y nulas.
-b) De la disposición final primera, debemos atender ahora a lo previsto en sus apartados tercero y cuarto, pues ya hemos examinado sus apartados primero y segundo.
-Respecto al primero de ellos la exposición de motivos hace referencia al contenido de la reforma que se introduce, sin que haya mención alguna a esta medida en el debate de convalidación. La memoria añade a la explicación de la exposición de motivos que la razón de la reforma es «ofrecer al colectivo de mutualistas del Régimen Especial del Mar el mismo trato que el dispensado a los mutualistas del Régimen General de la Seguridad Social». Resulta así que el Gobierno, si bien argumenta la razón de su adopción, no ha justificado la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida que permitiría su regulación por decreto-ley. Eso determina su inconstitucionalidad y nulidad por infracción del artículo 86.1 CE.
-Por su parte, la disposición final primera.4 modifica la disposición adicional trigésima novena del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social a fin de, según afirma la exposición de motivos, facilitar «la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida». La misma exposición de motivos justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la medida del siguiente modo: «En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones». En similares términos se pronuncia la memoria que, en tres ocasiones, señala que «[s]e facilita, a través de la modificación de la disposición adicional trigésima novena, la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida».
-Aun reconociendo los efectos beneficiosos que la simplificación de trámites implica, lo que es relevante en el enjuiciamiento que se nos demanda es la explicación acerca de que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para su tramitación legislativa. No se han aducido efectos beneficiosos para unos colectivos concretos, sino unos imprecisos efectos beneficiosos para el sistema en su conjunto, fruto de la inmediata entrada en vigor de la norma impugnada. Por tanto, debemos concluir que la invocación genérica y abstracta de los efectos beneficiosos que puede acarrear la inmediata entrada en vigor de la regulación contenida en un decreto-ley no puede considerarse una situación caracterizada de la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve. No se cumple, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE.
-c) La disposición final segunda modifica el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social en dos aspectos relacionados con la necesidad de adecuar la redacción del artículo 6.2 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013; y con la necesidad de subsanar la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión.
-La exposición de motivos justifica la urgencia de estas reformas afirmando que «la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican [sic] en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real Decreto-ley». Nada se dice sobre esta norma en el debate de convalidación, mientras que la memoria afirma que «[e]l hecho de que el incremento de las pensiones y determinación del importe y condiciones de los complementos por mínimos deba tener efectos desde el 1 de enero de 2013 dispensa de ofrecer más aclaración sobre la necesidad de recurrir a la fórmula del real Decreto-ley, sin que exista alguna otra alternativa a esta medida».
-Debemos descartar que pueda justificar la extraordinaria y urgente necesidad requerida como presupuesto habilitante la que se refiere a la no demora de los efectos beneficiosos que proporciona la norma. En la STC 68/2007, de 28 de marzo, rechazamos como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad la mera conveniencia de que el acceso a la protección de colectivos hasta entonces desprotegidos se realizara de manera inmediata. Entonces dijimos que «[e]l que una medida legislativa determine la ampliación de la cobertura del sistema de protección social incluyendo en su ámbito de aplicación a sujetos hasta entonces desprotegidos no es, por sí misma, razón que justifique el recurso a la legislación de urgencia, si no se acredita que la inmediata entrada en vigor de la medida constituye, a su vez, una necesidad extraordinaria y urgente. Lo contrario supondría excluir per se del procedimiento legislativo ordinario toda aquella medida de mejora del sistema de protección social susceptible de beneficiar a un determinado colectivo, y más aún, con carácter general, toda aquella decisión que comporte un beneficio para sus destinatarios, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo constitucional. Por lo demás, es preciso tener en cuenta que la anticipación de los efectos beneficiosos de una medida de ampliación de la cobertura del sistema de protección social puede, en principio, lograrse, sin afectar al procedimiento legislativo, mediante el recurso a técnicas de ordenación intertemporal de la norma, por lo que, en este caso no está justificada la extraordinaria y urgente necesidad para lograr el pretendido beneficio en el colectivo destinatario de la medida» (FJ 8).
-Aquí ocurre algo similar. La retroacción de efectos forma parte del propio contenido de la medida, luego no puede servir para justificar su extraordinaria y urgente necesidad, pues, precisamente por ese efecto retroactivo, ningún inconveniente habría para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6).
-Por tanto en el presente caso el Real Decreto-ley no ha cumplido el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE, lo que determina la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 5/2013.
-d) Examinaremos ahora las disposiciones finales cuarta y sexta.
-Acerca de la primera, la exposición de motivos afirma que «se modifica el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, ampliando el plazo para la presentación de solicitud de suscripción de convenio especial hasta el 31 de diciembre de 2014 y el número máximo de mensualidades en que se puede efectuar el pago fraccionado del convenio especial». Por su parte, la memoria señala que la reforma responde «al objeto de dotar de mayor flexibilidad, dada la actual situación económica, a las condiciones de suscripción del convenio especial previsto en su disposición adicional primera para las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del citado real decreto, hubieran participado en programas de formación, cuyo plazo de solicitud ha expirado el 31 de diciembre de 2012. Así, con esta modificación se amplía el plazo para solicitar la suscripción de dicho convenio especial y se aumenta el número de mensualidades en las que puede fraccionarse su pago». Más adelante, la misma memoria, señala que estas razones «justifican su inclusión en el Real Decreto-ley».
-Sobre la disposición final sexta afirma la exposición de motivos que «[l]as disposiciones finales quinta y sexta establecen diversas modificaciones técnicas del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social y del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo». En el debate de convalidación nada se dijo acerca de esta norma. La memoria de impacto normativo alude a que la norma responde a la necesidad de atribuir, en el ámbito provincial, la competencia para sancionar determinadas infracciones graves, señalando posteriormente que «[p]arece conveniente incorporar al texto del real Decreto-ley la modificación de esta norma procedimental, a fin de solventar la indefinición competencial indicada, máxime cuando en el mismo se introducen algunas modificaciones en la propia Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social incorporándose dos nuevos tipos de infracciones».
-De nuevo, en el presente caso nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida. Tampoco en momento alguno se ha justificado, ni a ellos se ha aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario (STC 137/2011, FJ 7).En la exposición de motivos de la norma y en la memoria se explica el contenido de las medidas y, todo lo más, las razones que llevan al Gobierno a adoptarlas, pero no hay elemento alguno que permita a este Tribunal inferir la urgencia en su adopción. Lo que ahora importa no son las medidas adoptadas, sino que la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, habilitante de la legislación de urgencia, haya sido efectivamente acreditada. No se ha cumplido, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE.
-Consecuentemente, las disposiciones finales cuarta y sexta del Real Decreto-ley 5/2013 son inconstitucionales y nulas.
-10. Llegados a este punto, todavía debemos examinar el segundo motivo de inconstitucionalidad planteado por los recurrentes.
-Estos alegan la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I CE, afirmando que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, sus previsiones sobre la jubilación anticipada de los artículos 6 y 7, afectan a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto que regula la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello, contraviniendo con ello la prohibición del artículo 86.1 CE por cuanto se estaría afectando al derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que consagra el artículo 41 CE.
-A este argumento se ha opuesto el Abogado del Estado señalando que el derecho a la Seguridad Social del artículo 41 CE es un derecho de configuración legal, lo que permite al legislador modularlo en atención a las circunstancias económicas o sociales de cada momento, sin que exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional que restrinja el recurso al decreto-ley para regular las materias incluidas en el capítulo I del título III CE.
-Este segundo motivo de inconstitucionalidad ha de ser desestimado en atención a la doctrina de la STC 139/2016, de 21 de julio, FJ 6, en la que se examinaba una queja relacionada con la infracción de los límites materiales del decreto-ley en relación con el artículo 43 CE. En su examen concluimos que «[e]l precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el art. 53.3 CE, por lo que su reconocimiento, respeto y protección «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», estatales y autonómicos. Asimismo, sólo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Atendiendo, por tanto, a su ubicación sistemática, el artículo 43 CE se configura como un principio rector, razón por la que carece de contenido constitucionalmente esencial que pueda ser afectado por la legislación de urgencia».
-Esas mismas razones son predicables del artículo 41 CE, que ahora se ve afectado por la regulación del Real Decreto-ley 5/2013, ya que el precepto impone un mandato a los poderes públicos que, dada su ubicación sistemática en el texto constitucional, no impide su regulación mediante el recurso a la legislación de urgencia.
-11. En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, hay que señalar que la nulidad que, como regla y de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sigue a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, debe ser matizada en este caso concreto. En efecto, debemos limitar los efectos de las anteriores declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de parte de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013, en el sentido de que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), sino también, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9: 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10; 86/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 206/2013, de 5 de diciembre, FJ 3).
-FALLO
-En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
-Ha decidido
-1.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad, con los efectos indicados en el fundamento jurídico 11, de las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava; disposición transitoria única y disposiciones finales primera.1, 2, 3 y 4; segunda; cuarta; sexta y octava.
-2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
-Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dada en Madrid, a siete de junio de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
-Voto particular que formulan los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3688-2013
-En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, formulamos el presente Voto particular para expresar nuestra discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo de la presente Sentencia, que estima solo parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
-Nuestra discrepancia estriba en el análisis de las justificaciones que relacionan la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley con el transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de la regulación contenida en la Ley 27/2011. Tanto el preámbulo del Real Decreto-ley como el miembro del Gobierno que defendió la norma en el trámite de convalidación parlamentaria se refieren al transcurso de dicho plazo como justificación principal (preámbulo) o, incluso, única (tramite de convalidación) de la concurrencia de la causa de extraordinaria y urgente necesidad. La Sentencia considera que esa justificación es suficiente para acreditar el cumplimiento del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE con respecto al contenido principal del Real Decreto-Ley impugnado (arts. 1 a 9, relativos a la jubilación anticipada y parcial), aunque no para las normas incluidas en determinadas disposiciones adicionales y finales y la transitoria única, respecto a las cuales nada se dice en el preámbulo de la norma, en la intervención de la Ministra que la defendió en el Congreso o durante el procedimiento de elaboración.
-Para exponer por qué no compartimos esa conclusión, conviene que comencemos examinando el origen del referido plazo de suspensión. La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estaba prevista para el 1 de enero de 2013 (disposición final duodécima). Sin embargo, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (publicado en el «BOE» de 31 de diciembre de 2013) suspendió durante tres meses la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (disposición adicional primera).
-Del preámbulo del Real Decreto-ley 29/2012 se desprende que la razón de la suspensión parcial de la aplicación de la Ley 27/2011 fue la de evitar que entrara en vigor una regulación –relativa a la jubilación anticipada y parcial– que se consideraba que poco después tendría que ser modificada y adaptada en consonancia con el contenido de nuevos informes técnicos y diversas propuestas de reforma que debían ser debatidas en el seno del foro llamado «Pacto de Toledo» y en la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En suma, la suspensión respondía al deseo de evitar la aplicación de unas disposiciones legales condenadas a ser modificadas en un breve plazo y, a la vez, a la necesidad de dar tiempo para que las modificaciones necesarias fueran debatidas y promulgadas.
-Por lo que respecta al Decreto-ley impugnado, su preámbulo destaca que «las medidas adoptadas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral», y que «ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real decreto-ley».
-Por su parte, en el debate parlamentario de convalidación la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno, indicó que el Decreto-ley impugnado contenía «una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público». Señaló también que se trataba de reforzar la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta; que el decreto-ley nacía del compromiso de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo; que se habían recabado informes técnicos, realizados en octubre de 2012 y debatidos en la comisión del Pacto de Toledo entre noviembre de 2012 y marzo de 2013; que se habían realizado numerosas reuniones con diferentes actores políticos y sociales, así como en particular jornadas de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión, en las que habían participado numerosos técnicos, profesionales y académicos.
-En nuestra opinión, ninguna de las razones apuntadas reviste los rasgos caracterizadores de una situación de extraordinaria y urgente necesidad en los términos de nuestra jurisprudencia. Como recordamos en la STC 68/2007, «aun habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia». Ello no parece concurrir, sin embargo, en el caso ahora analizado, como, por otra parte, pone de relieve la propia intervención del Gobierno en el debate parlamentario de convalidación. En efecto, en dicho debate la Ministra de Empleo y Seguridad Social, al presentar en nombre del Gobierno los objetivos y finalidades de la norma cuya convalidación solicitaba y el escenario en que la misma se insertaba, no describió una situación económica, social o de otro tipo que, de algún modo, pudiera identificarse con las notas de gravedad y excepcionalidad a las que hemos hecho referencia. Tras recordar que la reforma de las pensiones de 2011 supuso «un avance en materia de sostenibilidad», consideró que el sistema «goza de buena salud» aunque «necesita de ajustes periódicos». Señaló asimismo que la reforma de 2011 no había sido suficiente en determinados aspectos y que el Gobierno había abordado «el necesario refuerzo de la sostenibilidad de nuestro sistema desde el primer momento de la legislatura». En concreto señaló que la reforma de la jubilación anticipada y parcial que se había hecho en 2011 presentaba «algunas distorsiones»: una de las distorsiones que se explicitan se relaciona con la posibilidad de utilizar incorrectamente la jubilación parcial como modalidad de acceso a la jubilación anticipada; otra, con la falta de regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión; y la última, con la incorporación de mayores niveles de contributividad para la jubilación anticipada y la fijación de coeficientes reductores naturales.
-La reforma del sistema de pensiones y, más limitadamente, de determinados aspectos de la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial abordada mediante el Real Decreto-ley impugnado responde por tanto, más que a una actuación de urgencia para hacer frente a una evolución imprevista de los factores demográficos y a una problemática emergente y extraordinaria en los ámbitos económico y de Seguridad Social, a una exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general, como expresamente reconoce la Sentencia de la que disentimos.
-En esencia, la única razón que ha apuntado el miembro del Gobierno para justificar la urgencia de la aprobación del Decreto-ley impugnado es el vencimiento del plazo de tres meses de suspensión de la aplicación de la regulación anterior. Razón que da por buena la Sentencia de la que discrepamos, afirmando que «esta reforma debía acometerse en un plazo tasado» para «la mejor adecuación a las exigencias de sostenibilidad del sistema» que era «el objetivo que persigue el Gobierno». Junto a esa finalidad, la Sentencia añade «la pretensión de obtener un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas así como la coordinación de sus efectos».
-En nuestra opinión, ni la finalización del plazo de suspensión de una norma legal vigente ni la mejor adaptación de la regulación existente al interés general ni la consecución de un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas o la coordinación de sus efectos, pueden considerarse aisladamente o en conjunto una situación caracterizada de la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve. En efecto, ello no significaba la existencia de un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa en esta materia, ni un obstáculo a la aplicación de los preceptos suspendidos de una norma legal vigente.
-Se trataba, en definitiva, únicamente de introducir modificaciones en el sistema de pensiones que reforzaran su sostenibilidad en el largo plazo, modificaciones que se abordaban desde una situación de relativa normalidad del sistema de pensiones al que la propia Ministra atribuía «una buena salud». Esta percepción sobre la finalidad básica de la norma analizada y sobre la situación en la que la misma se inserta, que «responde más al esquema propio de los tratamientos continuados preventivos y de acompañamiento que al de las acciones quirúrgicas de emergencia» (STC 68/2007, FJ 10), es coherente, desde luego, con los objetivos que el propio preámbulo de la norma afirma perseguir –garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores mayores– y no hace sino proseguir el proceso continuado de reformas legales, dirigidas todas ellas a finalidades idénticas o similares, desarrollado en las últimas décadas en materia de Seguridad Social, desde la firma del trascendental Pacto de Toledo en 1995 y su renovación en 2003. Es claro que la realidad misma sobre la que actúan las disposiciones reguladoras del sistema de pensiones exige una acción de permanente adaptación a la evolución de los factores demográficos y sociales que la conforman. Pero tal necesidad de adaptación no es coyuntural, sino estructural, y salvo en situaciones especialmente cualificadas por notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no alcanza por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno.
-Es cierto que, como destaca la propia Sentencia en su fundamento jurídico 4, este Tribunal ha declarado que la circunstancia de que un decreto-ley pretenda afrontar una situación de carácter estructural y no coyuntural no es suficiente para apreciar que no se ha hecho un uso constitucionalmente adecuado de la figura del decreto-ley, puesto que, aun configurándose como un instrumento normativo constitucionalmente apropiado ante problemas o situaciones coyunturales, no cabe excluir en principio y con carácter general su uso ante problemas o situaciones estructurales (SSTC 31/2011, FJ 4; y 137/2011, FJ 7).
-No obstante, aunque haya descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, este Tribunal ha exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10; y 137/2011, FJ 7).
-Pues bien, en este caso, el Gobierno, al que le corresponde acreditar la concurrencia del presupuesto habilitante del decreto-ley, nada ha dicho en el preámbulo, ni nada dijo tampoco la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el trámite de convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley, sobre la necesidad y la urgencia de corregir las distorsiones diagnosticadas en la regulación de la jubilación anticipada y parcial precisamente mediante las medidas incluidas en la norma impugnada. Nada ha alegado tampoco sobre la necesidad de una acción normativa inmediata, como la llevada a cabo a través del Decreto-ley impugnado, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia, sin que tampoco en momento alguno se haya justificado, ni a ellos se haya aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario (STC 137/2011, FJ 7).
-Como señala la propia Sentencia en el fundamento jurídico 4, la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6). Sin embargo, como hemos indicado, en el presente caso nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida. Antes bien, por las razones dichas, si algo despunta en la regulación controvertida es que la misma se inserta en el esfuerzo continuado de los órganos políticos por garantizar el sistema de pensiones y, al cabo, por asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Así lo pone de manifiesto la intervención de la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el trámite de convalidación parlamentaria, quien subraya no solo el compromiso gubernamental desde el inicio de la legislatura por reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino muy especialmente la pluralidad de acciones preparatorias, durante un plazo de más de medio año, de las medidas incluidas en el Decreto-ley impugnado: la encomienda al servicio jurídico de la Seguridad Social, ya en el verano de 2012, de una jornada de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión; la existencia de informes técnicos desde octubre de 2012; el debate de tales informes en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo durante varios meses (desde noviembre de 2012 a marzo de 2013); y la realización de 15 reuniones de trabajo con diferentes grupos parlamentarios y agentes sociales.
-Así pues, tal esfuerzo y objetivo continuado, que son por cierto los mismos a los que responde la ley parcialmente modificada por el Decreto-ley impugnado (la Ley 27/2011, de 1 de agosto), no es, como también se ha observado, coyuntural sino estructural y, en consecuencia, en defecto de la existencia de una situación especialmente cualificada por las notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no alcanza por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno.
-En suma, a la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, en el presente caso era forzoso concluir que el Gobierno no aportó una justificación suficiente que permitiera apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el artículo 86.1 CE para el uso de la legislación de urgencia en relación con el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo. La constatación del incumplimiento del primer elemento que integra el presupuesto habilitante obligaba a estimar íntegramente el presente recurso de inconstitucionalidad, es decir, no solo para las normas incluidas en determinadas disposiciones adicionales y finales y la transitoria única del Real Decreto-ley, sino para la totalidad de su regulación, sin necesidad de examinar el cumplimiento del segundo elemento, esto es, la existencia de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a ella.
-Madrid, a siete de junio de dos mil dieciocho.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.","Sentencia del TC declara la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de los arts. 215.1.3 y 229, y disposiciones adicionales 8.6 y 39 de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto-ley 5/2013.","Hoy lleva el #BOE una nueva (¡y van...!) sentencia del TC en la que tumba partes de un Decreto-Ley porque no son medidas urgentes y extraordinarias. En este caso, además, es el clásico potaje (temas distintos en una sola norma, a lo loco) &gt; "
-955,"La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, es el organismo encargado del control y medición de los trofeos de caza. Se trata de un organismo con hondo arraigo institucional, con más de cincuenta años de existencia al servicio de la actividad cinegética, en la calificación y catalogación y homologación de las características biométricas de las diferentes especies, que le otorgan su consideración como trofeos de caza, y en el archivo de éstos.
-Si bien la caza se encuentra entre las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas por virtud del artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza ha venido manteniendo sus funciones inalteradas hasta la fecha en la medida en que se trata de competencias de coordinación que no pueden ser ejercidas por las comunidades autónomas.
-El aprovechamiento cinegético, como todo aprovechamiento forestal, es parte inherente de la actividad económica del sector forestal de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por su vinculación tanto a las políticas de desarrollo rural como de conservación de la naturaleza.
-Pero más allá de la homologación de trofeos, el tratamiento ordenado de la información procedente de los archivos en poder de la Junta Nacional desde el inicio de su actividad, en 1962, hasta la actualidad, ha cobrado mayor relevancia entre las funciones actuales de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, lo que obliga a revisar las competencias y funciones de dicho órgano.
-El relevante incremento de datos e información como caudal de experiencia útil para contribuir a mejorar la gestión, tanto pública como privada, de la riqueza cinegética hace aconsejable crear el Archivo Nacional de Trofeos de Caza y regular el procedimiento de inscripción en el mismo así como el de la homologación de trofeos.
-En su tramitación han sido consultadas las comunidades autónomas y los representantes del sector afectado.
-En su virtud, a iniciativa de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo:
-Artículo 1. Objeto.
-El objeto de la presente orden es la regulación de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, como órgano colegiado de carácter ministerial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal con la finalidad de llevar a cabo la catalogación, homologación y archivo de trofeos de caza.
-Asimismo, tiene por objeto la creación del Archivo Nacional de Trofeos de Caza como parte del Fondo Documental del Monte.
-Artículo 2. Composición.
-1. La Junta estará compuesta por un total de veinte miembros: un presidente, un vicepresidente, y dieciocho vocales.
-2. El presidente será libremente designado por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de una terna propuesta por la propia Junta.
-3. El vicepresidente será nombrado por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entre los altos cargos del departamento.
-4. Vocales:
-a) Siete en representación de las Comunidades y Ciudades de Ceuta y Melilla que lo soliciten, las cuales asistirán como miembros por rotación anual por riguroso orden alfabético. En aquellas Comunidades Autónomas así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla en las que exista su propia Junta de homologación de trofeos de caza, el nombramiento de los representantes autonómicos recaerá en los presidentes de las respectivas Juntas de Homologación de Trofeos de caza.
-b) Nueve en representación del sector, a propuesta de la Junta que por su experiencia acreditada se consideren más idóneos.
-c) Dos representantes funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, con rango al menos de subdirector general.
-5. El Secretario, que tendrá derecho a voz pero no a voto, será directamente designado de entre los funcionarios del Departamento por el titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
-6. La Junta, en la forma que determine su reglamento interno, podrá estar asistida por asesores colaboradores, los cuales podrán ser convocados a las reuniones de la Junta con voz pero sin voto.
-7. La Junta se renovará cada cinco años por terceras partes, salvo la representación autonómica que se somete a rotación anual. Todos los cargos podrán reelegirse indefinidamente.
-Artículo 3. Funciones.
-Serán funciones de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza las siguientes:
-1. Definir las fórmulas de valoración correspondientes a cada especie, ajustándose en lo posible a las adoptadas por el Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna (CIC), y establecer las puntuaciones mínimas exigidas para las distintas categorías.
-2. Cooperar para una correcta aplicación de dichas fórmulas promoviendo la unificación de criterios de interpretación entre las comisiones de homologación de las diferentes Comunidades Autónomas, atendiendo preferentemente a los criterios definidos por el CIC.
-3. Definir los procedimientos de homologación de los trofeos para acceder a los listados del Archivo Nacional de Trofeos de Caza, definiendo al tiempo los conceptos de Récord Nacional de cada especie, Récord absoluto histórico o cualquier otro que la Junta pudiera considerar oportuno para estimular la gestión de la riqueza cinegética en base a un aprovechamiento sostenible de los recursos de caza.
-4. Definir los sistemas de catalogación de los trofeos y promover e impulsar la coordinación de dichos sistemas entre las distintas comisiones de homologación de las Comunidades Autónomas al objeto de consolidar la catalogación en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza.
-5. Facilitar el intercambio de información y registros del Archivo Nacional de Trofeos de Caza con cada una de las comisiones de homologación de las Comunidades Autónomas cuando así lo requieran.
-6. Mantener una estrecha colaboración con los organismos internacionales encargados de cometidos similares a los de la Junta.
-7. Actuar como órgano consultivo en materia de caza, gestión cinegética y conservación de los ecosistemas para la Administración General del Estado y para las distintas Comunidades Autónomas.
-8. Informar a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal respecto de asuntos relacionados con caza mayor que pudieran afectar a más de una Comunidad Autónoma, bien a petición de la misma o por propia iniciativa, y proponer las medidas que estime pertinentes.
-9. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal la renovación, el aumento o disminución de sus miembros cuando las circunstancias lo requieran, así como el nombramiento de asesores colaboradores.
-10. Medir y homologar toda clase de trofeos de caza españoles, tanto en concursos y exposiciones oficiales como a requerimiento de los propietarios, y expedir los justificantes de las homologaciones realizadas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
-11. Confeccionar los catálogos de trofeos de caza, en los que se recogerán los trofeos homologados y cuantos datos considere necesarios con el fin de resaltar la evolución y desarrollo de las distintas especies.
-12. Velar por la protección de la diversidad biológica de la fauna cinegética española y, en particular, por su pureza genética.
-13. Poner en valor los recursos cinegéticos existentes en España y hacer trascender estos valores a las organizaciones internacionales existentes en la materia.
-Artículo 4. Homologaciones.
-Las homologaciones de trofeos de caza mayor se ajustarán a las normas que determine la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, asegurando en todo caso la recopilación de todos los datos que afecten a la propiedad del trofeo y a la forma en que se ha obtenido, de manera que dichos datos puedan ser incorporados al fondo documental del Archivo Nacional de Trofeos de Caza.
-Artículo 5. Catalogación de las homologaciones de trofeos.
-La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza podrá exigir, con carácter previo a la catalogación de las homologaciones de trofeos, cuantos datos e informes considere necesarios para comprobar la veracidad de los antecedentes de sus capturas, su lugar y su fecha, así como la identidad de su propietario. Podrá ser rechazada la incorporación al Archivo Nacional de Trofeos de Caza de las homologaciones de trofeos cuando el solicitante no acredite en forma fehaciente los extremos a los que se extienda su declaración.
-Artículo 6. Rehomologación de trofeos.
-Un trofeo oficialmente homologado y catalogado no podrá volver a medirse, salvo que, previa reclamación razonada a la Junta, ésta así lo acuerde, o el trofeo sea valorado entre los cinco primeros de la especie en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza en esa fecha. En estas circunstancias el trofeo será medido nuevamente por el pleno de la Junta, con el fin de determinar la homologación oficial definitiva, siendo el resultado de tal medición promediada con la valoración obtenida en la primera medición realizada por la propia Junta o por cualquiera de las comisiones autonómicas y dará lugar a la homologación oficial definitiva de la que se dará traslado al Archivo Nacional y a la Comisión Autonómica correspondiente.
-Artículo 7. Archivo Nacional de Trofeos de Caza.
-Se crea el Archivo Nacional de Trofeos de Caza que contendrá todas las mediciones de los trofeos de caza homologables a nivel nacional, así como el titular del trofeo y una referencia al lugar donde fue cazado. Estarán incluidos en él los datos de los trofeos que actualmente constituyen el archivo de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal será la responsable de la gestión de este archivo.
-La Junta determinará el procedimiento a seguir para la incorporación al Archivo Nacional de Trofeos de Caza de los trofeos homologados por la Junta y las Comisiones Autonómicas de homologación.
-Para todo trofeo cuyas mediciones le otorguen estar, en el momento de su homologación, entre los primeros cinco trofeos de una determinada especie será preceptiva una nueva medición del pleno de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. La valoración final se obtendrá del promedio de ambas mediciones.
-Artículo 8. Régimen de funcionamiento.
-1. La Junta se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario.
-2. Con carácter extraordinario se reunirá:
-a) Cuando el Presidente lo estime necesario.
-b) A petición de tres o más miembros de la Junta.
-c) Siempre que sea necesario, para homologar aquellos trofeos que puedan estar clasificados entre los cinco de mayor puntuación de cada especie.
-En lo no regulado en esta orden será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Artículo 9. Asistencia a las reuniones de la Junta Nacional de Trofeos de Caza.
-La asistencia a las reuniones de la Junta será obligatoria para todos los miembros de ésta, quienes deberán justificar su ausencia en caso de producirse. En casos de ausencia o enfermedad y, en general cuando concurra alguna causa justificada, los vocales serán sustituidos por otros miembros de la Junta, designados por el mismo procedimiento que los titulares a quienes sustituyan.
-Tres ausencias consecutivas o cinco alternas sin justificar de vocales representantes del sector cinegético supondrán el cese automático como miembro de la Junta.
-Artículo 10. Acuerdos.
-Los acuerdos en las reuniones de la Junta se adoptarán por mayoría de los miembros presentes y representados, salvo la propuesta de nuevos miembros y la propuesta de modificación del presente reglamento en que será necesaria la mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros de la Junta.
-Para la realización de informes específicos o el desempeño de tareas concretas, la Junta podrá delegar todas aquellas funciones que estime oportunas en comités que, en todo caso, estarán formado por vocales de la misma.
-Artículo 11. Carácter no retribuido de los vocales y asesores colaboradores.
-Todos los miembros de la Junta, incluidos los asesores colaboradores, ejercerán sus competencias y cumplirán con sus responsabilidades y ningún cargo podrá ser retribuido.
-Disposición transitoria primera. Comisiones Regionales creadas por la Junta Nacional.
-Las Comisiones Regionales creadas por la Junta Nacional, a que se refiere el artículo 6, letra i) de la Resolución del Director General del ICONA de 22 de octubre de 1982 por la que fue aprobado el Reglamento de Régimen Interno de la Junta, mantendrán su funcionamiento hasta la creación por la Comunidad Autónoma correspondiente de la Comisión Autonómica de Homologación de Trofeos de Caza en virtud de sus competencias.
-Disposición transitoria segunda. Nombramientos previos a esta orden.
-Todos los miembros que componen la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza a la fecha de la publicación de esta Orden mantendrán en vigor sus nombramientos sin solución de continuidad, hasta la renovación, si procede, prevista en el artículo segundo.
-Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
-Queda derogada la Orden del Ministerio de Agricultura de 19 de febrero de 1969 por la que se reorganiza la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza creada por Orden de 26 de noviembre de 1962.
-Disposición final primera. No incremento del gasto público.
-El funcionamiento de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza no supondrá incremento de gasto público y se atenderá con los recursos disponibles de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. La asistencia a las sesiones del órgano por parte de sus miembros o invitados en ningún caso dará lugar a la percepción de indemnizaciones por razón de servicio.
-Disposición final segunda. Entrada en vigor.
-Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 1 de julio de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.",Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza se reune para la creación del Archivo Nacional de Trofeos de Caza,Junta para ver quién la tiene más grande (la presa). El párrafo 3 va a hacer maldecir a cualquier ecologista  #BOE
-3455,"Advertidos errores y errata en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de 23 de febrero de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
-En la página 15220, séptimo párrafo, primera línea, donde dice: «El título primero desarrolla…», debe decir: «El Título I desarrolla…».
-En la página 15221, sexto párrafo, tercera línea, donde dice: «… importe, aplicable el primer período…», debe decir: «… importe, aplicable en el primer período…».
-En la página 15221, décimo párrafo, segunda línea, donde dice: «… mayores de 45 años y contratación…», debe decir: «… mayores de 45 años y la contratación…».
-En la página 15222, en la exposición de motivos en su apartado IV, párrafo tercero, donde dice: «… contenidas en el Título III…», debe decir: «… contenidas en el Capítulo I del Título III…».
-En la página 15229, artículo 1.Uno, en la redacción dada al apartado 2 de la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, octava línea, donde dice: «… excepto en la incapacidad temporal…», debe decir: «… incluida la incapacidad temporal…».
-En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 1 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, cuarta línea, donde dice: «… propia o en el Régimen…», debe decir: «… propia en el Régimen…».
-En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 1 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, séptima línea, donde dice: «… cada momento, excepto en la incapacidad temporal.», debe decir: «… cada momento, incluida la incapacidad temporal.».
-En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 2 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, séptima línea, donde dice: «… contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal,…», debe decir: «… contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal,…».
-En la página 15231, en la rúbrica del artículo 2, donde dice: «… compatibiliar…», debe decir: «… compatibilizar…».
-En la página 15232, en la redacción dada, por el artículo 4.uno, al apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, en la regla 3ª.a), segundo párrafo, donde dice: «… mujeres jóvenes menores 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad…», debe decir: «… mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose la edad…».
-En la página 15233, artículo 5.Dos, donde dice: «Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que redactada…», debe decir: «Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que queda redactada…».
-En la página 15233, en el artículo 5.Dos, en la redacción dada al artículo 212.4.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, décima línea, donde dice: «… duración igual o inferior a sesenta meses El derecho…», debe decir: «… duración inferior a sesenta meses.». Y, como párrafo diferente, tras punto y aparte: «El derecho…».
-En la página 15237, artículo 9.7, primera línea, donde dice: «… las medidas a que se refiere este apartado…», debe decir: «… las medidas a que se refiere este artículo…».
-En la página 15237, artículo 9.8, segunda línea, donde dice: «… Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo…», debe decir: «… Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo…».
-En la página 15239, artículo 12.6, primera línea, donde dice: «… las medidas a que se refiere este apartado…», debe decir: «… las medidas a que se refiere este artículo…».
-En la página 15241, primera línea, en la redacción dada, por el artículo 15 a la disposición adicional trigésima segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde dice: «… en el Sistema Nacional de Empleo no podrán ser objeto de estos contratos marco…», debe decir: «… en el Sistema Nacional de Empleo.». Y, como párrafo diferente, tras punto y aparte: «No podrán ser objeto de estos acuerdos marco…».
-En la página 15245, artículo 25.1, donde dice: «1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo x, la entidad local elaborará un plan de ajuste,....», debe decir: «1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo 23, la entidad local elaborará un plan de ajuste,....»
-En la página 15246 artículo 25.3, donde dice: «3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo x de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado…», debe decir: «3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado…»
-En la página 15247 artículo 29, apartado 1, sexta línea, la referencia al artículo 9, debe hacerse al artículo 28.
-En las páginas 15247 y 15248 artículo 30, apartados 1, 3 y 5, las referencias realizadas al artículo 10 deben realizarse al artículo 29.
-En la página 15254, segundo párrafo, apartado Uno del artículo 39, en la nueva redacción que se da al apartado 41.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, al final del último párrafo debe eliminarse un signo ortográfico de punto.
-En la página 15254, apartado Dos del artículo 39, en la nueva redacción que se da del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, a continuación del último párrafo debe insertarse el siguiente texto: «Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo».
-En la página 15257, el tercer párrafo donde dice: «Durante el periodo de carencia, lo previsto en el apartado 5 de la presente disposición transitoria no será de obligado cumplimiento», debe decir «Durante el periodo de carencia, lo previsto en el apartado 4 de la presente disposición transitoria no será de obligado cumplimiento».
-En la página 15258, en el inciso final de la disposición adicional cuarta, donde dice «Estos, contratos no podrán incluir cláusulas que…», debe decir «Estos contratos no podrán incluir cláusulas que…».
-En la página 15260, disposición final primera, segunda línea, donde dice: «… artículo lo 149.1.7.ª y 17.ª…», debe decir: «… artículo 149.1.7.ª, 17.ª y 18.ª…».",Corrección de errores del real decreto-ley 4/2013.,"El R-D de autónomos jóvenes, lleno de errores. La cuota por contingencias comunes sí incluye la incapacidad temporal "
-3810,"El artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina la composición y las reglas de cómputo de la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social.
-El Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, desarrolla esa regulación legal en su artículo 23, en el que se concreta el alcance tanto de los conceptos retributivos que constituyen la base de cotización en dicho régimen como de aquellos otros que no se computan en ella.
-El citado artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha sido objeto de reforma por los Reales Decretos-leyes 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que en ambos casos han obedecido a una necesidad urgente de actualizar esas reglas para el cómputo de la base de cotización a fin de integrar en ella conceptos retributivos cuya exclusión no resultaba ya justificada y de mejorar al mismo tiempo la información a facilitar por las empresas sobre tales conceptos, garantizándose así la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y la consiguiente mejora de la acción protectora de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General.
-El objeto de este real decreto consiste en armonizar y adaptar el desarrollo reglamentario de las reglas de determinación de la base de cotización al Régimen General, establecidas en el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, a la regulación legal vigente sobre la materia, contenida en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-En la nueva redacción dada al artículo 23 del citado Reglamento general y siguiendo la misma estructura que la hasta ahora vigente, se comienza definiendo, en su apartado 1, los conceptos retributivos que conforman la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, estableciendo las reglas de valoración de las distintas percepciones en especie que forman parte de la remuneración y que estarán constituidas por su importe total, de venir establecido su valor nominal y, con carácter general, por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, excepto en tres casos:
-Por una parte, en el supuesto de utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles, la valoración se efectuará en los términos del artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; por otra parte, respecto a la prestación del servicio de educación por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, así como la prestación del servicio de guardería por los propios medios de las empresas, cuya valoración vendrá determinada por el coste marginal que suponga a esos centros la prestación de tal servicio, y en el supuesto de los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico.
-El apartado 2 de este artículo 23 sigue dedicado a los conceptos excluidos de la base de cotización, si bien ajustándose a los ahora previstos en el artículo 109.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y concretando algunos aspectos del alcance de su exclusión.
-La previsión recogida en el apartado 3 del artículo modificado coincide esencialmente con su actual redacción.
-Finalmente, se establece mediante la disposición final primera una ampliación del plazo para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las primeras mensualidades de los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización.
-En su proceso de tramitación, el proyecto ha sido sometido al trámite de audiencia a los agentes sociales y han emitido informe diversas asociaciones afectadas por su contenido.
-Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 5 y en la disposición final séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
-En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2014,
-DISPONGO:
-Artículo único. Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
-El artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactado en los siguientes términos:
-«Artículo 23. Base de cotización.
-1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, así como por los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de dicho régimen, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.
-A) Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año.
-B) A efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la totalidad de las percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie y ya retribuyan el trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como de trabajo, así como los importes que excedan de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
-A estos efectos, constituyen percepciones en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.
-a) Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo para que éste adquiera bienes, derechos o servicios, la percepción económica y el importe del vale o cheque recibido por el trabajador se valorarán por la totalidad de su importe.
-También se valorarán por la totalidad de su importe: las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores que se valorarán en el momento en que se acuerda su concesión de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio; las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores; las contribuciones satisfechas a planes de pensiones en el marco del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo, y las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de las previstas en el apartado 2.C) de este artículo.
-b) Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los empresarios vendrá determinada por el coste medio que suponga para los mismos la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio.
-c) No obstante lo previsto en el párrafo b), cuando se trate de la prestación del servicio de educación en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada, en el momento de inicio del curso escolar correspondiente, por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio, entendiendo este como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional de la etapa de enseñanza que corresponda. Asimismo, la valoración del resto de servicios educativos prestados por los centros autorizados en la atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos, vendrá determinada por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio.
-Esta misma valoración será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados.
-d) La utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles se valorará en los términos previstos para estos bienes en el artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
-e) Asimismo, los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico.
-2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:
-A) Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y en las cuantías siguientes:
-a) No se computarán en la base de cotización las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismos se hallen exceptuados de gravamen conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 9.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
-El exceso sobre los límites señalados en los apartados citados, se computará en la base de cotización a la Seguridad Social.
-Tampoco se computarán en la base de cotización los gastos de manutención, abonados o compensados por las empresas a trabajadores a ellas vinculados por relaciones laborales especiales, por desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto de este en diferente municipio, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, con los límites establecidos en el artículo 9.B) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-El exceso sobre los límites señalados en el citado artículo 9.B) se computará en la base de cotización a la Seguridad Social.
-b) A los mismos efectos de su exclusión en la base de cotización a la Seguridad Social, se consideran gastos de locomoción las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio.
-Los gastos de locomoción, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, estarán excluidos de la base de cotización en su totalidad cuando se utilicen medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente. De utilizarse otros medios de transporte, estarán excluidos de la base de cotización en los términos y con el alcance establecido en los apartados A).2, 4, 5 y 6 y B) del artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-El exceso sobre las cantidades señaladas en los citados apartados, se incluirá en la base de cotización a la Seguridad Social.
-B) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses, en los términos previstos en el artículo 109.2.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-De superar el importe de estas indemnizaciones los límites establecidos en el citado artículo, el exceso a incluir en la base de cotización se prorrateará a lo largo de los doce meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que las motive.
-C) Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.
-D) Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
-E) Las horas extraordinarias, salvo en la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sin perjuicio de la cotización adicional por tal concepto en los términos establecidos en el artículo 24 de este reglamento.
-3. Lo establecido en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de las especialidades previstas en la sección 10.ª de este mismo capítulo, así como de las facultades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para establecer el cómputo de las horas extraordinarias en la determinación de la base de cotización por contingencias comunes, ya sea con carácter general o ya por sectores laborales en los que la prolongación de la jornada sea característica de su actividad.»
-Disposición final primera. Ampliación del plazo para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las primeras mensualidades de los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización.
-Se amplía el plazo de liquidación e ingreso de los nuevos conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social y del importe en que se hayan incrementado otros conceptos a incluir en dicha base, como consecuencia de la modificación del artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por parte del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, correspondiente a los períodos de liquidación de diciembre de 2013 a julio de 2014, los cuales podrán ser objeto de liquidación complementaria e ingreso, sin aplicación de recargo o interés alguno, hasta el 30 de septiembre de 2014.
-Disposición final segunda. Título competencial.
-Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-Lo dispuesto en este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 25 de julio de 2014.
-FELIPE R.
-La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
-FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA",Decreto sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.,"En realidad, este decreto aclara conceptos que estaban en el aire  Porque se hizo corriendo y en navidad. Y claro..."
-2994,"La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece, en su artículo 17, la necesidad de aprobar por Orden Ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión mediante concurrencia competitiva se iniciará siempre mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente.
-Mediante la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14 de mayo), se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.
-De acuerdo con lo anterior, se aprueba esta convocatoria, en el ejercicio de las competencias en materia de subvenciones, que atribuye al Subsecretario de Empleo y Seguridad Social el artículo 4.5.A) de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de 28 de marzo), por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos.
-En su virtud, resuelvo:
-Primero. Objeto.
-1. El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria correspondiente al año 2014, para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical. La finalidad de estas subvenciones es fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
-2. En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, serán de aplicación las bases reguladoras aprobadas por la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14 de mayo).
-Segundo. Financiación.
-1. La financiación de las subvenciones que se concedan en virtud de las solicitudes presentadas de acuerdo con esta convocatoria, se imputará a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2014.
-2. La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder será de 8.883.890 euros.
-3. Dicha cuantía se distribuirá entre todas las organizaciones solicitantes que cumplan los requisitos exigidos en plazo, proporcionalmente al número de representantes que hayan obtenido en las elecciones sindicales, y conforme a los resultados en dichas elecciones vigentes a fecha 1 de enero de 2014.
-Tercero. Procedimiento de concesión.
-El procedimiento de concesión se tramitará según el régimen de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1, último párrafo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-Cuarto. Requisitos de los beneficiarios y documentación acreditativa.
-1. Beneficiarios.–Podrán ser beneficiarios las organizaciones sindicales que cumplan los siguientes requisitos:
-a) Estar legalmente constituidas.
-b) Tener representación sindical el día 1 de enero de 2014.
-c) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-2. Documentación.–Los interesados que participen en esta convocatoria presentarán los siguientes documentos:
-a) Índice numerado e indicativo de todos los documentos que se acompañan.
-b) Solicitud de subvención ajustada al modelo que figura como anexo I de la presente Resolución de convocatoria, debidamente cumplimentado y firmado por quien presente la documentación actuando en nombre de la entidad interesada.
-c) Copia auténtica o fotocopia compulsada de los Estatutos de la organización sindical y certificado de su depósito o, en su caso, documento acreditativo de su presentación en la oficina pública correspondiente.
-d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal. La denominación del sindicato habrá de coincidir exactamente en la tarjeta de identificación fiscal y los estatutos.
-e) Datos de identificación y autorización para su verificación, de la persona que firma la solicitud o, en caso de no prestar su consentimiento, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o del documento que legal o reglamentariamente lo sustituya. Si la instancia es presentada por dos o más personas por exigirse su actuación mancomunada, deberán acompañarse los datos de identificación y autorización para su verificación, o bien la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya, de todas ellas.
-f)	Documentación que acredite la capacidad del solicitante para actuar en nombre y representación de la organización sindical, en original o fotocopia compulsada. En caso de que la capacidad de representación corresponda a dos o más personas de manera mancomunada, la instancia y demás documentos a presentar habrán de ir firmados por las personas cuya actuación mancomunada se exija.
-Si la capacidad de representación se ostenta en virtud de nombramiento para un cargo determinado dentro del sindicato (es decir, si viniera atribuida en los estatutos a quien ostente dicho cargo), habrá de acompañarse certificado del nombramiento por órgano o autoridad competente debidamente firmado.
-Si la capacidad de representación se ostenta en virtud de poder conferido por órgano competente dentro del sindicato, deberá acompañarse certificado de dicho acuerdo emitido por órgano o autoridad competente.
-En todo caso habrá de acompañarse declaración responsable firmada de que el nombramiento o poder de representación se encuentra vigente (si bien en aras de facilitar la tramitación, este extremo ya ha sido incluido en el modelo de instancia que constituye el anexo I de la presente Resolución).
-g) Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, que se hallen vigentes, o autorización para que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social obtenga de forma directa, de los órganos competentes, los certificados telemáticos acreditativos de dicho cumplimiento.
-h) Declaración responsable sobre el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al anexo II de la presente Resolución.
-i)	Declaración responsable de no estar incursa la entidad sindical en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme al modelo que figura como anexo III de la presente Resolución.
-j)	Memoria de las actividades para las que se solicita la subvención, ejecutadas o a ejecutar durante el año 2014, que responderá al modelo que se acompaña como anexo IV de la presente Resolución. La citada memoria habrá de contener las actividades para cuya financiación se solicita la subvención, indicando el coste estimado de cada una y su contenido y objetivos. Asimismo, habrá de estar firmada por quien o quienes suscriban la solicitud.
-k) Comunicación, en su caso, de haber obtenido para el mismo proyecto o actividad otra ayuda o subvención cuando ésta sea incompatible, en los términos establecidos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
-Quinto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
-El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Administración Financiera.
-Las subvenciones serán concedidas mediante resolución motivada de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, que pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso previo potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
-Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
-Las organizaciones sindicales que opten a la subvención deberán presentar su solicitud dirigida a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria. Las solicitudes presentadas serán examinadas por el órgano instructor; en caso de que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o no se acompañe alguno de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para que proceda a la subsanación en el plazo máximo e improrrogable de deiz días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
-La Subdirección General de Administración Financiera elaborará la propuesta de resolución provisional que será notificada a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles, presenten alegaciones. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados, la Subdirección General de Administración Financiera formulará la propuesta de resolución definitiva que elevará al órgano competente para resolver.
-Séptimo. Plazo de resolución.
-El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución a los interesados, éstos podrán entender desestimada su solicitud.
-Octavo. Notificaciones.
-Las notificaciones que hayan de practicarse como consecuencia del presente procedimiento se realizarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Noveno. Régimen jurídico.
-En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, y supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo.
-Décimo. Eficacia.
-La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 20 de mayo de 2014.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
-ANEXO I
-ANEXO II
-Modelo de declaración responsable de que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, a efectos de lo previsto en el artículo 13.2.G) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
-Don/Doña ……..................................................……………………......………………...., con documento nacional de identidad (o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya) número .............……......……, con domicilio en ................................................... (localidad, provincia, calle, etc.) ………...............................………………....................……, en representación de la entidad ……………...................…………………................………., con N.I.F. ………….……, en su calidad de …………....................................………………...
-DECLARA RESPONSABLEMENTE:
-Que a efectos del procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical, correspondiente al ejercicio 2014, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, de fecha …………………………………. de 2014, la reseñada entidad no tiene deudas con la Administración Pública por reintegros de subvenciones en período ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
-En …………….., a ….. de ………………… de 2014.
-Fdo.:
-ANEXO III
-Modelo de declaración responsable de que la entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
-Don/Doña ……..................................................……………………......………………...., con documento nacional de identidad (o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya) número .............……......……, con domicilio en ................................................... (localidad, provincia, calle, etc.) ………...............................………………....................……, en representación de la entidad ……………...................…………………................………., con N.I.F. ………….……, en su calidad de …………....................................………………...
-DECLARA RESPONSABLEMENTE:
-Que a efectos del procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, correspondiente al ejercicio 2014, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de fecha ……………………………. de 2014, la reseñada entidad no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-En …………….., a ….. de ………………… de 2014.
-Fdo.:
-ANEXO IV
-Modelo de memoria
-Don/Doña ……..................................................……………………......………………, con documento nacional de identidad (o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya) número .............……......…… con domicilio en .................................................... (localidad, provincia, calle, etc.) ………...............................………………....................……, en representación de la entidad ……………...................…………………................………., con N.I.F. ………….……, en su calidad de …………....................................………………...
-Expone la presente MEMORIA de actividades realizadas o a realizar por la entidad sindical durante el ejercicio 2014, y a cuya financiación será destinada la subvención que pudiera concederse en virtud del procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, correspondiente al ejercicio 2014, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, de fecha …………………… de 2014:
-1.ª actividad:
-Denominación:
-Contenido:
-Objetivos:
-Coste estimado:
-2.ª actividad:
-Denominación:
-Contenido:
-Objetivos:
-Coste estimado:
-…...............................……………………..
-………………...............................………..
-…………………...............................……..
-En …………….., a ….. de ………………… de 2014.
-Fdo.:",Las subvenciones generales para sindicatos en 2014 serán de 8.883.890 euros.,"Subvenciones generales sindicatos 2014: 8,8 millones  Igual que 2013, pero en 2012 eran 11 mill. y en 2011, 15,8. #BOE"
-809,"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, estableció las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2021, facultando en su apartado diecisiete al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.
-En esta determinación se tuvo en cuenta el incremento para el año 2021 de los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que fijó un incremento progresivo de los mismos durante los años 2020 y 2021.
-No obstante ello, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, procedió a suspender tal incremento de los tipos de cotización a partir del 1 de febrero de 2021, hasta tanto no se llevase a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para este ejercicio.
-Debe tenerse en cuenta, igualmente, que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, prorrogó la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 2021.
-Esta determinación se ha efectuado finalmente mediante el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, si bien se fijan sus efectos a partir del 1 de septiembre de 2021.
-De este modo, mediante la orden se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional. A través de ella se reproducen las bases y tipos de cotización y, en desarrollo de las facultades atribuidas por el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se adaptan las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.
-En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para los trabajadores por cuenta ajena será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
-A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial o exclusión de alguna contingencia.
-También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social.
-Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el establecimiento del tope máximo y mínimo, y de las bases máximas y mínimas de cotización a los distintos regímenes de la Seguridad Social, así como el desarrollo de las normas de cotización para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados.
-Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
-En su proceso de tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha sometido al trámite de audiencia e información pública a través de su publicación en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de la consulta directa a los agentes sociales.
-Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el artículo 24.1.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, en relación con el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, el artículo 5.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
-En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto:
-CAPÍTULO I
-Cotización a la Seguridad Social
-Sección 1.ª Régimen General de la Seguridad Social
-Artículo 1. Determinación de la base de cotización.
-1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:
-Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización.
-Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.
-Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a esta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
-2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
-Artículo 2. Topes máximo y mínimo de cotización.
-1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de septiembre de 2021, de 4.070,10 euros mensuales.
-2. Desde el 1 de septiembre de 2021, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 1.125,90 euros mensuales..
-Artículo 3. Bases máximas y mínimas de cotización.
-Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:
-Grupo de cotización
-Categorías profesionales
-Bases mínimas
-–
-Euros/mes
-Desde el 1 de septiembre 2021
-Bases máximas
-–
-Euros/mes
-1
-Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
-1.572,30
-4.070,10
-2
-Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
-1.303,80
-4.070,10
-3
-Jefes Administrativos y de Taller.
-1.134,30
-4.070,10
-4
-Ayudantes no Titulados.
-1.125,90
-4.070,10
-5
-Oficiales Administrativos.
-1.125,90
-4.070,10
-6
-Subalternos.
-1.125,90
-4.070,10
-7
-Auxiliares Administrativos.
-1.125,90
-4.070,10
-Grupo de cotización
-Categorías profesionales
-Bases mínimas
-–
-Euros/día
-Desde el 1 de septiembre 2021
-Bases máximas 
-–
-Euros/día
-8
-Oficiales de primera y segunda.
-37,53
-135,67
-9
-Oficiales de tercera y especialistas.
-37,53
-135,67
-10
-Peones.
-37,53
-135,67
-11
-Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
-37,53
-135,67
-Artículo 4. Tipos de cotización.
-A partir del 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes:
-a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
-b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
-En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
-Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.
-Artículo 5. Cotización adicional por horas extraordinarias.
-La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.
-La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.
-La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
-Artículo 6. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, y en los casos de compatibilidad del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial.
-1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, aunque estos supongan una causa de suspensión de la relación laboral.
-2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la incapacidad, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
-Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
-Primera. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, para determinar la base de cotización durante dicha situación.
-Segunda. Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.
-Tercera. Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes.
-3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual.
-4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establezca lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización.
-5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
-En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
-Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.
-6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes:
-a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al período de descanso.
-b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada.
-Artículo 7. Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración.
-1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2 de esta orden.
-2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino.
-Artículo 8. Base de cotización en la situación de desempleo protegido.
-1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.
-2. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.
-3. La reanudación de la prestación por desempleo en los supuestos de suspensión del derecho supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los apartados anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.
-4. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del artículo 269.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la indicada en el apartado 1 de este artículo, correspondiente al momento del nacimiento del derecho por el que se opta o, en su caso, las indicadas en el apartado 2 de este artículo, correspondientes al momento del nacimiento del derecho por el que se opta.
-5. Durante la percepción de la prestación solo se actualizará la base de cotización indicada en los anteriores apartados cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.
-6. Durante la percepción de la prestación por desempleo que proviene del contrato para la formación y el aprendizaje, se aplicarán las normas establecidas en los apartados anteriores, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 2 en los que la cotización a la Seguridad Social se efectuará aplicando las cuotas únicas a que se refiere el artículo 42.1 de esta orden, y, en todo caso, lo previsto en el artículo 273 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-Artículo 9. Cotización en la situación de pluriempleo.
-1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas:
-a) Para las contingencias comunes:
-Primera. El tope máximo de las bases de cotización, establecido en 4.070,10 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.
-Segunda. Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne.
-Tercera. La base mínima correspondiente al trabajador, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si al trabajador le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral se tomará para su distribución la base mínima de superior cuantía.
-b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
-Primera. El tope máximo de la base de cotización, establecido en 4.070,10 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.
-Segunda. El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo.
-Tercera. La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los límites que se le hayan asignado, según las normas anteriores.
-2. En el supuesto de que uno de los empleos conlleve la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos indicados en el artículo 136.2.c) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la distribución del tope máximo correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales solo se efectuará al objeto de determinar las cuotas correspondientes a las contingencias comúnmente protegidas por ambas modalidades de inclusión, así como los demás conceptos de recaudación conjunta. A tal fin, se efectuará una doble distribución del tope máximo de cotización citado, una de ellas para determinar la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para formación profesional, y la otra para determinar la cotización por desempleo y para el Fondo de Garantía Salarial.
-3. Los prorrateos indicados en los apartados anteriores se llevarán a cabo a petición de las empresas o trabajadores afectados. La distribución así determinada tendrá efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar.
-4. Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones, de oficio o a instancia del trabajador o empresario afectados, podrán rectificar la distribución entre las distintas empresas, efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, cuando de acuerdo con dicha distribución se produzcan desviaciones en las bases de cotización resultantes.
-Artículo 10. Cotización de los artistas.
-1. A partir de 1 de septiembre de 2021, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas a que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, será de 4.070,10 euros mensuales.
-El tope máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
-2. Las bases de cotización a cuenta para determinar la cotización de los artistas, previstas en el artículo 32.5.b) del Reglamento general citado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de septiembre de 2021 y para todos los grupos de cotización, las siguientes:
-Retribuciones íntegras
-Euros/día
-Hasta 461,00 euros.
-270,00
-Entre 461,01 y 829,00 euros.
-341,00
-Entre 829,01 y 1.386,00 euros.
-407,00
-Mayor de 1.386,00 euros.
-542,00
-3. La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas en los que se mantenga voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será la base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización de dicho régimen.
-El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.
-Artículo 11. Cotización de los profesionales taurinos.
-1. A partir de 1 de septiembre de 2021, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías de los profesionales taurinos a que se refiere el artículo 33.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social será de 4.070,10 euros mensuales.
-El tope máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
-2. Las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales por los profesionales taurinos, previstas en el artículo 33.5.b) del Reglamento general mencionado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de septiembre de 2021 y para cada grupo de cotización, las siguientes:
-Grupo de cotización
-Euros/día
-1
-1.256,00
-2
-1.157,00
-3
-868,00
-7
-519,00
-Artículo 12. Cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
-De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, a partir del 1 de septiembre de 2021, la cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social, se efectuará de la siguiente manera:
-1. La aportación a la cotización por todas las contingencias de los empresarios incluidos en este sistema especial se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido con carácter general para el Régimen General de la Seguridad Social y mediante el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere el artículo 22.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-2. A partir del 1 de septiembre de 2021, los empresarios encuadrados en ese sistema especial tendrán derecho a una reducción del 70 por ciento y una bonificación del 8,75 por ciento en dicha aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.
-Artículo 13. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
-1. Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad:
-a) A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:
-Grupo de cotización
-Categorías profesionales
-Bases mínimas
-–
-Euros/mes
-Desde el 1 de septiembre
-Bases máximas
-–
-Euros/mes
-1
-Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
-1.572,30
-4.070,10
-2
-Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
-1.303,80
-4.070,10
-3
-Jefes Administrativos y de Taller.
-1.134,30
-4.070,10
-4
-Ayudantes no Titulados.
-1.125,90
-4.070,10
-5
-Oficiales Administrativos.
-1.125,90
-4.070,10
-6
-Subalternos.
-1.125,90
-4.070,10
-7
-Auxiliares Administrativos.
-1.125,90
-4.070,10
-8
-Oficiales de primera y segunda.
-1.125,90
-4.070,10
-9
-Oficiales de tercera y especialistas.
-1.125,90
-4.070,10
-10
-Peones.
-1.125,90
-4.070,10
-11
-Trabajadores menores de 18 años.
-1.125,90
-4.070,10
-Las empresas que opten por esta modalidad de cotización mensual deberán comunicar dicha opción a la Tesorería General de la Seguridad Social al inicio de la actividad de los trabajadores, en los términos y condiciones que determine dicho servicio común de la Seguridad Social.
-Esta modalidad de cotización deberá mantenerse durante todo el período de prestación de servicios, cuya finalización deberá comunicarse igualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que esta determine.
-Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de, al menos, treinta días naturales consecutivos, la cotización se realizará con carácter proporcional a los días trabajados en el mes.
-Esta modalidad de cotización mensual resultará de aplicación con carácter obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre estos a los que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a los cuales tendrá carácter opcional.
-b) A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado 1.a) anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:
-Grupo de cotización
-Categorías profesionales
-Bases mínimas diarias de cotización/euros
-Desde el 1 de septiembre
-Bases máximas diarias de cotización
-–
-Euros
-1
-Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
-68,36
-176,96
-2
-Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
-56,69
-176,96
-3
-Jefes Administrativos y de Taller.
-49,32
-176,96
-4
-Ayudantes no Titulados.
-48,95
-176,96
-5
-Oficiales Administrativos.
-48,95
-176,96
-6
-Subalternos.
-48,95
-176,96
-7
-Auxiliares Administrativos.
-48,95
-176,96
-8
-Oficiales de primera y segunda.
-48,95
-176,96
-9
-Oficiales de tercera y especialistas.
-48,95
-176,96
-10
-Peones.
-48,95
-176,96
-11
-Trabajadores menores de 18 años.
-48,95
-176,96
-Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado 1.a) de este artículo.
-2. La base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial, durante los períodos de inactividad, será de 1.125,90 euros mensuales desde el 1 de septiembre de 2021.
-A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de días naturales en que el trabajador figure de alta en el sistema especial en dicho mes sea superior al número de jornadas reales en el mismo multiplicado por 1,3636.
-El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta laboral en el mes y el número de jornadas reales en el mes multiplicadas por 1,3636.
-La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar el número de días de inactividad en el mes por la base de cotización diaria correspondiente al Régimen General y por el tipo de cotización aplicable.
-3. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial serán los siguientes:
-a) Durante los períodos de actividad:
-Para la cotización por contingencias comunes, respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
-Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 24,70 por ciento, siendo el 20,00 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
-Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
-b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
-Con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2020, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2021 una reducción del 19,11 por ciento.
-4. Desde el 1 de septiembre de 2021 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios:
-a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento.
-En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,68 euros por jornada real trabajada.
-b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:
-Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:
-Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:
-No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 101,47 euros mensuales o 4,61 euros por jornada real trabajada.
-5. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores:
-a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social.
-El tipo resultante a aplicar será:
-1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
-2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
-b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el párrafo a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.
-En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad en el cuidado del lactante, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
-6. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este sistema especial, la base de cotización será la establecida en el artículo 8.
-El tipo de cotización será el 11,50 por ciento.
-7. Con relación a los trabajadores incluidos en el sistema especial, no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el artículo 119, Dos, 3 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
-Artículo 14. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
-1. Desde el 1 de septiembre de 2021, las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral.
-Tramo
-Retribución mensual
-–
-Euros/mes
-Base de cotización
-–
-Euros/mes
-1.º
-Hasta
-259,00
- 
- 
-222,00
-2.º
-Desde
-259,01
-Hasta
-403,00
-365,00
-3.º
-Desde
-403,01
-Hasta
-548,00
-509,00
-4.º
-Desde
-548,01
-Hasta
-692,00
-653,00
-5.º
-Desde
-692,01
-Hasta
-838,00
-798,00
-6.º
-Desde
-838,01
-Hasta
-981,00
-941,00
-7.º
-Desde
-981,01
-Hasta
-1125,90
-1.125,90
-8.º
-Desde
-1.125,91
-Hasta
-1228,00
-1.177,00
-9.º
-Desde
-1.228,01
-Hasta
-1388,00
-1.322,00
-10.º
-Desde
-1.388,01
- 
- 
-Retribución mensual
-A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.
-2. La base de cotización mensual a aplicar por la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de determinar la cuota a ingresar, en función de los datos de que aquella disponga, no podrá ser inferior a las indicadas a continuación.
-En los casos de contratos a tiempo completo o cuando las horas de trabajo sean 160 mensuales o 40 semanales, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista en el tramo en el que se encuentre incluida la retribución equivalente al salario mínimo interprofesional mensual vigente, incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.
-En los supuestos de contratos a tiempo parcial o cuando las horas de trabajo sean inferiores a 160 horas mensuales o 40 semanales y la retribución pactada sea mensual, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista en el tramo en el que se encuentre incluida la retribución equivalente al salario mínimo interprofesional mensual vigente incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias en proporción a la jornada pactada en el contrato.
-En los supuestos de contratos a tiempo parcial, en aquellos casos de empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo habiéndose pactado una retribución por horas que incluya todos los conceptos retributivos, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista para el tramo en el que se incluya la retribución que resulte de multiplicar el salario mínimo por hora vigente por el número de horas mensuales de trabajo.
-En el supuesto de que no conste a la Tesorería General de la Seguridad Social que la retribución pactada sea mensual o por horas, se considerará, a los efectos establecidos en este apartado, que la retribución pactada es mensual, sin perjuicio de que los empleadores puedan probar, a través de cualquier medio admitido en derecho, que la retribución se ha pactado por horas.
-3. Desde el 1 de septiembre de 2021, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.
-4. Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según el apartado 1, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.
-5. Desde el 1 de septiembre de 2021 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial.
-Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
-Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
-Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador y asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-Sección 2.ª Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos
-Artículo 15. Bases y tipos de cotización.
-A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes y profesionales en este régimen especial serán los siguientes:
-1. Tipos de cotización:
-a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se aplicará una reducción en la cuota que correspondería ingresar de acuerdo con el tipo para contingencias comunes equivalente a multiplicar el coeficiente reductor del 0,055 por dicha cuota.
-b) Para las contingencias profesionales:
-A partir del 1 de septiembre de 2021, el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
-Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-2. Bases de cotización aplicables con carácter general:
-a) Base mínima de cotización: 944,40 euros mensuales.
-b) Base máxima de cotización: 4.070,10 euros mensuales.
-3. La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, sean menores de 47 años de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.
-Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2020 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales, o causen alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha.
-En otro caso su base máxima de cotización será de 2.077,80 euros mensuales.
-Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.077,80 euros mensuales, salvo que hayan ejercitado su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2021, con efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.
-4. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 944,40 y 2.077,80 euros mensuales.
-No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años, tendrán las siguientes cuantías:
-a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros mensuales.
-b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y el importe de aquella por la que viniera cotizando, con el tope de la base máxima de cotización.
-Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el artículo 132, apartado Cuatro.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
-5. Los trabajadores cuya alta en este régimen especial se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este régimen especial.
-6. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de septiembre de 2021, una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 869,40 euros mensuales.
-Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán también elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de septiembre 2021 una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.
-7. Lo previsto en el párrafo primero del apartado 6 será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores.
-En tales casos, en el supuesto en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.
-La elección de bases de cotización prevista en el párrafo precedente también será de aplicación a las personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.
-8. En los supuestos a los que se refieren los apartados 6 y 7, por tratarse de actividades exclusivas de venta, no están incluidos aquellos casos en los que, además, se fabrican o elaboran los productos objeto de venta.
-9. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2020 en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, por una cuantía igual o superior a 13.822,06 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes.
-La devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo fijado por el artículo 313.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarla en ese plazo o resulte necesaria la aportación de los datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad al mismo.
-10. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, desde el 1 de septiembre de 2021, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar.
-También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir del 1 de enero de 2009.
-La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida de conformidad con lo previsto en el apartado 7, el tipo de cotización aplicable de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.
-11. Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía fijada en 1.214,10 euros mensuales.
-12. Los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha de efectos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización de cuantía fijada para el año 2021 en 1.214,10 euros mensuales.
-13. A efectos de lo establecido en el artículo 313 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuantías correspondientes a los distintos porcentajes de la base de cotización por la que podrán optar los trabajadores incluidos en este régimen especial en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento, serán desde el 1 de septiembre 2021 las siguientes: 472,20 euros, cuando la base elegida sea del 50 por ciento de la base mínima de cotización; 708,30 euros, cuando se corresponda con el 75 por ciento, y 802,80 euros, cuando coincida con el 85 por ciento de dicha base mínima.
-Artículo 16. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
-1. A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases de cotización a este sistema especial serán las establecidas con carácter general para el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el artículo precedente.
-2. Los tipos de cotización por contingencias comunes serán los siguientes:
-a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento.
-Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.133,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento.
-b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será el 3,30 por ciento, o el 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
-3. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
-En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el tipo del 1,00 por ciento.
-Igualmente, los trabajadores incluidos en este sistema especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-Sección 3.ª Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
-Artículo 17. Normas aplicables.
-1. Lo previsto en los artículos 1 a 9 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, y para la cotización por contingencias comunes, de la aplicación para los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero, de los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
-No obstante, lo previsto en los artículos 4.b) y 6.5 respecto a la aplicación del tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en la tarifa de primas a las empresas que ocupen a trabajadores a quienes resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, no resultará aplicable a los trabajadores embarcados en barcos de pesca de hasta 10 toneladas de Registro Bruto incluidos en este régimen especial.
-2. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este régimen especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se efectuará teniendo en cuenta las remuneraciones efectivamente percibidas, siendo estas las que se determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones más representativas del sector.
-Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.
-Dichas bases serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las establecidas para las distintas categorías profesionales.
-3. Lo previsto en los apartados 2 a 5; 9; y 11 a 13 del artículo 15 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
-4. Desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia serán los siguientes:
-a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento.
-b) Para las contingencias profesionales:
-El 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
-No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias profesionales se determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
-Sección 4.ª Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón
-Artículo 18. Peculiaridades en la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
-1. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. Tal base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.
-2. La cotización por contingencias comunes, respecto de los trabajadores pertenecientes a categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tengan asignada la correspondiente base normalizada, y hasta que esta se determine, se realizará en función de la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
-Este criterio será también de aplicación a los supuestos de categorías o especialidades profesionales que, habiendo desaparecido, vuelvan a crearse de nuevo.
-3. La cotización en el convenio especial suscrito en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, se efectuará del siguiente modo:
-a) Categorías o especialidades profesionales que tienen fijada base normalizada de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial. En los supuestos señalados, se aplicarán las siguientes reglas:
-Primera. La base inicial de cotización correspondiente al convenio especial será la base normalizada vigente en el momento de la suscripción del convenio para la categoría o especialidad profesional a la que pertenecía el trabajador. Las sucesivas bases de cotización serán equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejercicio económico, se fijen para la respectiva categoría o especialidad profesional.
-Segunda. Si la base normalizada de la categoría o especialidad profesional de que se trate tuviese, en el ejercicio económico correspondiente, un importe inferior a la base del convenio especial, esta permanecerá inalterada hasta que la base normalizada que se fije sea de una cuantía igual o superior a la del convenio especial.
-Tercera. En el supuesto de que desaparezca la categoría o especialidad profesional a la que perteneció, en su momento, el trabajador que suscribió el convenio especial, la base de cotización del convenio especial podrá ser actualizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, pudiendo incrementarse dicha base, como máximo, en el porcentaje de variación de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.
-A partir del momento en que vuelva a fijarse la base normalizada de cotización para la categoría o especialidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, la base de cotización en el convenio especial será dicha base normalizada, sin perjuicio de lo señalado en la regla segunda.
-b) Categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tienen fijada base normalizada en el momento de la suscripción del convenio especial.
-En los supuestos indicados, la base de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial, será la que resulte de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 6.2.1.b) de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. La base inicial así determinada será sustituida por la base normalizada que, para la categoría o especialidad profesional, se fije por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
-4. A efectos de determinar la cotización por los pensionistas de incapacidad permanente, en los supuestos referidos en los artículos 20 y 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, y cuando no exista base normalizada de cotización correspondiente a la categoría o especialidad profesional que ocupaban los pensionistas, en todos o en alguno de los períodos que han de tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación y a efectos de determinar las cantidades a deducir de la pensión de jubilación, se aplicarán las siguientes reglas:
-Primera. Se tendrá en cuenta como base de cotización y por los períodos indicados la base de cotización fijada para la categoría o especialidad profesional de que se trate, antes de su desaparición.
-Segunda. La citada base de cotización se incrementará aplicándole el porcentaje de incremento que haya experimentado la base mínima de cotización en el Régimen General correspondiente al grupo de cotización en que estuviese encuadrada la categoría o especialidad profesional a la que perteneciese, en su momento, el trabajador.
-5. A efectos del cálculo de las bases de cotización normalizadas, la Tesorería General de la Seguridad Social tomará los días trabajados y de alta que figuren en el Fichero General de Afiliación, según la información facilitada por las empresas del sector de acuerdo con las obligaciones que establece el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
-6. Para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
-Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.
-Sección 5.ª Coeficientes reductores de la cotización aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia
-Artículo 19. Coeficientes aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia.
-Desde el 1 de septiembre de 2021, los coeficientes reductores que han de aplicarse a las cuotas devengadas por las empresas excluidas de alguna contingencia serán los siguientes:
-a) En las empresas excluidas de la contingencia de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, se aplicará el coeficiente del 0,055, correspondiendo el 0,046 a la cuota empresarial, y el 0,009 a la cuota del trabajador.
-b) En el supuesto de exclusión de las contingencias de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, respecto a los funcionarios públicos y demás personal a que se refiere la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente del 0,065, correspondiendo el 0,054 a la aportación empresarial y el 0,011 a la aportación del trabajador.
-Artículo 20. Aplicación de los coeficientes reductores.
-El importe a deducir de la cotización en los supuestos referidos en el artículo anterior se determinará multiplicando por los coeficientes señalados o la suma de los mismos, en su caso, la cuota íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a las correspondientes bases de cotización.
-Sección 6.ª Coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial
-Artículo 21. Coeficientes aplicables.
-1. En el convenio especial se aplicarán, a partir de 1 de septiembre de 2021, los siguientes coeficientes:
-a) Cuando el convenio especial tenga por objeto la cobertura de todas las prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor, el 0,94.
-b) Cuando el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 y tenga por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes, y servicios sociales, el 0,77.
-c) En los supuestos de convenio especial suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 por trabajadores contratados a tiempo parcial y en los supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, el 0,77. Si el convenio especial se hubiera suscrito con posterioridad a 1 de enero de 1998, en los indicados supuestos o durante la situación de alta especial motivada por huelga legal o cierre patronal, el 0,94.
-d) En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación, que suscriban el convenio especial regulado por el artículo 24 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre:
-Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,14.
-Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,80.
-Si el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 o trajera su causa de expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad a esa misma fecha, se aplicarán los siguientes coeficientes:
-Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,33.
-Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,40.
-e) En los convenios especiales regulados por el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, sobre inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los españoles no residentes en territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando se hubieren suscrito antes de 1 de enero de 2000, se aplicará el 0,77. A los suscritos con posterioridad a dicha fecha les será de aplicación el 0,94.
-f) En los supuestos de convenio especial suscrito por quienes pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea, para la cobertura de las prestaciones por incapacidad permanente, el 0,25.
-g) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes, se aplicará el 0,77.
-h) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, se aplicará el 0,77. Igualmente, se efectuará una cotización por formación profesional en una cuantía equivalente al 0,20 por ciento de la base de cotización a que se refiere el artículo 4.1 del citado real decreto.
-i) En los convenios especiales suscritos al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se aplicará el 0,77.
-j) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, se aplicará el 0,89.
-2. Para determinar la cotización en los supuestos señalados en el apartado anterior se calculará la cuota íntegra aplicando a la base de cotización que corresponda el tipo único de cotización vigente en el Régimen General, y el resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente que en cada caso corresponda, constituyendo el producto que resulte la cuota a ingresar.
-Sección 7.ª Coeficiente aplicable para determinar la cotización en supuestos de subsidio por desempleo de nivel asistencial
-Artículo 22. Determinación del coeficiente.
-Para determinar la cotización que corresponde efectuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio de desempleo a que se refiere el artículo 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluidos los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente reductor 0,20, a deducir de la cuota íntegra resultante.
-Sección 8.ª Financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en relación con la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal
-Artículo 23. Determinación de la fracción de cuota.
-1. La financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores de las empresas asociadas que hayan optado por formalizar la cobertura con ellas se efectuará desde el 1 de septiembre 2021 mediante la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración de dichas entidades, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, aplicando el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes. Dicho coeficiente será del 0,07 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, todo ello en los términos que con la suficiente antelación se determinen por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante resolución dictada al efecto y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
-Así mismo, en aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente que corresponda, fijado en el párrafo anterior, la fracción de cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa, con el tope máximo que corresponda al coeficiente del 0,075.
-No obstante lo indicado anteriormente, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la determinación de la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración citado se efectuará aplicando el coeficiente del 0,030 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes; coeficiente que será del 0,033 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera de dicho coeficiente en base a circunstancias estructurales, con los mismos requisitos que los exigidos en el primer párrafo para la aplicación del coeficiente específico para los supuestos de insuficiencia financiera en base a circunstancias estructurales.
-2. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado anterior, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se fija desde el 1 de septiembre 2021 en el resultado de aplicar el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a los trabajadores autónomos por contingencias comunes.
-3. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado 1, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se fija desde el 1 de septiembre 2021 en el resultado de aplicar el tipo del 2,70 o del 3,20 por ciento a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
-Sección 9.ª Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas colaboradoras para el sostenimiento de los servicios comunes
-Artículo 24. Coeficientes aplicables.
-A partir del 1 de septiembre de 2021:
-1. Las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por ciento.
-La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.
-2. Se fija en el 31,00 por ciento el coeficiente para determinar la cantidad que deben ingresar las empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en concepto de aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a las exigencias de solidaridad nacional.
-El citado coeficiente se aplicará a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recaudadas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
-Sección 10.ª Cotización a la Seguridad Social en supuestos especiales
-Artículo 25. Incremento en la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos temporales de corta duración.
-En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, a partir del 1 de septiembre de 2021, en un 40,00 por ciento. Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
-Artículo 26. Cotización en los supuestos de abono de salarios con carácter retroactivo.
-1. Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, como consecuencia de ellos, se realizará en los plazos señalados en el artículo 56.1.c) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
-En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a cuyo fin se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios correspondan.
-2. De igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, a efectos del prorrateo establecido en el artículo 1, a cuyo fin las empresas deberán formalizar una liquidación complementaria por las diferencias de cotización relativas a los meses del año ya transcurridos, e incrementar, en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes de ingresar durante el ejercicio económico del año 2021.
-3. Las liquidaciones complementarias a que se refieren los apartados anteriores se confeccionarán con detalle separado de cada uno de los meses transcurridos.
-Artículo 27. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas.
-Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.
-La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.
-No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización.
-Artículo 28. Cotización por los salarios de tramitación.
-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su derecho a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes a dichos salarios en los términos previstos en el artículo 56.5 de esta última ley y en el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido y demás disposiciones complementarias.
-El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará en el plazo previsto en el artículo 56.1.c), 4.º, del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.
-Artículo 29. Tipo de cotización en supuestos especiales.
-1. A partir del 1 de septiembre de 2021:
-a) El tipo de cotización por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en los supuestos a que se refiere el artículo 152 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será desde el 1 de septiembre de 2021 el 1,55 por ciento, del que el 1,30 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,25 por ciento a cargo del trabajador.
-b) El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será desde el 1 de septiembre de 2021 del 1,56 por ciento para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y para los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
-c) El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será el 3,30 o el 2,80 por ciento, según proceda, para trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el sistema especial a que se refiere el artículo 16 de esta orden.
-2. Desde el 1 de septiembre de 2021, a los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y a los miembros de los cuerpos de Policía local al servicio de las administraciones locales a que se refiere el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, les será de aplicación un tipo de cotización adicional del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.
-CAPÍTULO II
-Cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y por cese de actividad y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días de los trabajadores autónomos
-Artículo 30. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena.
-1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias, a excepción de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuya base de cotización será determinada mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
-En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje, se estará a lo previsto en el artículo 42.
-Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por horas extraordinarias, según dispone el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-2. Los tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional serán, a partir de 1 de septiembre de 2021, los siguientes:
-a) Desempleo:
-1.º Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento: 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
-2.º Contratación de duración determinada:
-Contratación de duración determinada a tiempo completo: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
-Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
-3.º Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida: Cuando el contrato de duración determinada, a tiempo completo o parcial, se transforme en un contrato de duración indefinida, se aplicará el tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).1.º desde el día de la fecha de la transformación.
-4.º Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).1.º, si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido, y al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º, si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada.
-5.º Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas: Los funcionarios de empleo de las administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal cotizarán según lo previsto en el apartado 2.a).1.º, si esos servicios son de interinidad o sustitución, y según lo previsto en el apartado 2.a).2.º, si esos servicios son de carácter eventual.
-6.º Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada: El tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).2.º se modificará por el establecido en el apartado 2.a).1.º a partir de la fecha en que se reconozca al trabajador un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.
-7.º Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas: A los representantes de comercio que presten servicios como tales para varias empresas les será de aplicación el tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación.
-8.º Internos que trabajen en talleres penitenciarios y menores: A los penados y menores que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y centros de internamiento les será de aplicación el tipo previsto en el apartado 2.a).1.º.
-9.º Cargos públicos y sindicales: Los cargos públicos y sindicales incluidos en el artículo 264.1.e) y f) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º
-10.º Reservistas: Los reservistas voluntarios, salvo cuando sean funcionarios de carrera, y los reservistas de especial disponibilidad, cuando sean activados para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º
-b) Fondo de Garantía Salarial: el 0,20 por ciento, a cargo de la empresa.
-c) Formación profesional: el 0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.
-Artículo 31. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
-La cotización por la contingencia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en este sistema especial, se obtendrá aplicando a las bases de cotización establecidas en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 13, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda al trabajador, los siguientes tipos:
-1. Desempleo:
-a) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
-b) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
-No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de contratos de duración determinada o celebrados con trabajadores con discapacidad a los que se refiere el artículo 30.2.a).1.º, el tipo aplicable será el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
-No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, desde el 1 de septiembre de 2021 se aplicará para todos los trabajadores en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como nacimiento y cuidado del menor causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que puedan encuadrarse, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
-2. Fondo de Garantía Salarial: el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa.
-3. Formación profesional: el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador.
-Artículo 32. Normas aplicables para la cotización por desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
-En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base de cotización por desempleo será la determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.
-A la base de cotización por desempleo de los grupos segundo y tercero le serán de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
-Artículo��33. Bases y tipos de cotización por formación profesional, por cese de actividad, y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días de los trabajadores autónomos.
-1. La base de cotización correspondiente a la protección por formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como la base de cotización por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado régimen especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales régimen y sistema especiales.
-En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización correspondiente a la protección por formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
-2. Tanto en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, como en el Sistema Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de actividad será la correspondiente a la base reguladora de la misma en los términos establecidos en el artículo 339.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única vigente en el correspondiente régimen y de acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en el beneficiario.
-Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad.
-3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 308.2 y 329.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se fija en el 0,31 el coeficiente a aplicar al total de cuotas por cese de actividad que correspondan al Servicio Público de Empleo Estatal, al objeto de sufragar las cuotas por todas las contingencias durante la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica que deba asumir dicha entidad.
-4. Desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización para la protección por cese de actividad serán:
-a) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar el 0,90 por ciento.
-b) En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos el 2,20 por ciento.
-5. A partir del 1 de septiembre de 2021, el tipo de cotización por formación profesional en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar será del 0,1 por ciento.
-Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización por formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se determinará aplicando el tipo de cotización del 1 por ciento al importe de las cuotas por cese de actividad.
-CAPÍTULO III
-Cotización en los supuestos de contratos a tiempo parcial
-Artículo 34. Bases de cotización.
-1. La cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se efectuará en razón de la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas en el mes que se considere.
-2. Para determinar la base de cotización mensual correspondiente a las contingencias comunes se aplicarán las siguientes normas:
-Primera. Se computará la remuneración devengada por las horas ordinarias y complementarias en el mes a que se refiere la cotización, cualquiera que sea su forma o denominación, con independencia de que haya sido satisfecha diaria, semanal o mensualmente.
-Segunda. A dicha remuneración se adicionará la parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal y festivos, pagas extraordinarias y aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del año natural.
-Tercera. Si la base de cotización mensual, calculada conforme a las normas anteriores, fuese inferior a las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 35 o superior a las máximas establecidas con carácter general para los distintos grupos de categorías profesionales, se tomarán estas o aquellas, respectivamente, como bases de cotización.
-3. Para determinar la base de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, se computará, asimismo, la remuneración correspondiente a las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor realizadas, teniéndose en cuenta las normas primera y segunda del apartado anterior. En ningún caso, la base así obtenida podrá ser superior, al tope máximo señalado en el artículo 2.1 ni inferior desde el 1 de septiembre de 2021 a 6,78 euros por cada hora trabajada.
-Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por estas horas extraordinarias.
-4. La remuneración que obtengan los trabajadores a tiempo parcial por el concepto de horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor a las que se refiere el artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda sujeta a la cotización adicional regulada en el artículo 5 de esta orden.
-Artículo 35. Bases mínimas de cotización por contingencias comunes.
-1. A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán las siguientes:
-Grupo de cotización
-Categorías profesionales
-Base mínima por hora/euros
-Desde 1 de septiembre de 2021
-1
-Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
-9,47
-2
-Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
-7,85
-3
-Jefes Administrativos y de Taller.
-6,83
-4
-Ayudantes no Titulados.
-6,78
-5
-Oficiales Administrativos.
-6,78
-6
-Subalternos.
-6,78
-7
-Auxiliares Administrativos.
-6,78
-8
-Oficiales de primera y segunda.
-6,78
-9
-Oficiales de tercera y especialistas.
-6,78
-10
-Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados.
-6,78
-11
-Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
-6,78
-2. La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria que se establece en el apartado anterior.
-Artículo 36. Cotización en los supuestos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor.
-Durante las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la base diaria de cotización será la base reguladora diaria de la correspondiente prestación. En las situaciones de incapacidad temporal y nacimiento y cuidado del menor en las que no se haya causado derecho al respectivo subsidio, la base diaria de cotización se calculará, asimismo, en función de la base reguladora diaria de la prestación que hubiera correspondido, de haberse causado derecho a la misma.
-Esta base de cotización se aplicará durante todos los días naturales en que el trabajador permanezca en alguna de las situaciones antes indicadas.
-Artículo 37. Cotización en la situación de pluriempleo.
-Cuando el trabajador preste sus servicios en dos o más empresas en régimen de contratación a tiempo parcial, cada una de ellas cotizará en razón de la remuneración que le abone. Si la suma de las retribuciones percibidas sobrepasase el tope máximo de cotización a la Seguridad Social, este se distribuirá en proporción a las abonadas al trabajador en cada una de las empresas.
-Artículo 38. Cotización en los supuestos de trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta.
-1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en que los trabajadores hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual, la cotización a la Seguridad Social se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:
-Primera. La base de cotización se determinará al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año, con exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento general citado y demás disposiciones complementarias.
-Segunda. El importe obtenido se prorrateará entre los doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de ellos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo.
-Tercera. La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 35.
-Cuarta. Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual de cotización durante el mismo, conforme a las reglas anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar, en su caso, la devolución de las cuotas que resulten indebidamente ingresadas.
-Quinta. Asimismo, la Administración de la Seguridad Social podrá efectuar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones solicitadas que sean procedentes, en especial, en los supuestos de extinción de la relación laboral de estos trabajadores con contrato a tiempo parcial por jubilación ordinaria o anticipada, por reconocimiento de la pensión por incapacidad permanente, por fallecimiento o por cualquier otra causa, con la consiguiente baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y cese en la obligación de cotizar.
-2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera.3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
-Artículo 39. Base mínima de cotización respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado, en los supuestos de contrato a tiempo parcial.
-La base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación:
-Grupo de Cotización
-Base mínima mensual desde el 1 de septiembre de 2021
-1
-707,5
-2
-521,5
-3
-453,7
-4 a 11
-450,4
-Artículo 40. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
-Con independencia del número de horas de trabajo realizadas en cada jornada, la base de cotización de los trabajadores del sistema especial no podrá tener desde el 1 de septiembre de 2021 una cuantía inferior a 48,95 euros/día.
-Artículo 41. Cotización en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar.
-En el caso de trabajadores y empleados públicos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y en los artículos 48 y 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, realicen una jornada reducida con disminución proporcional de sus retribuciones, la cotización se efectuará en función de las retribuciones que perciban sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la cotización por las bases mínimas horarias señaladas en el artículo 35.1 de esta orden.
-CAPÍTULO IV
-Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje
-Artículo 42. Determinación de las cuotas.
-1. Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
-a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 54,73 euros por contingencias comunes, de los que 45,63 euros serán a cargo del empresario y 9,10 euros a cargo del trabajador, y de 6,28 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario.
-b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 3,46 euros a cargo del empresario.
-c) Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 30.2.a).1.º
-d) Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6.
-e) Las retribuciones que perciban los trabajadores en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a la cotización adicional regulada en el artículo 5.
-2. Lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 será de aplicación para la cotización de las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y para efectuar la cotización de las personas que realicen prácticas no laborales al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
-Disposición adicional primera. Cotización por contingencias profesionales en los supuestos de suspensión de la relación laboral.
-La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por aquellos trabajadores que tengan suspendida la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentren en situación de desempleo total, se efectuará aplicando los tipos establecidos para la respectiva actividad económica, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
-Disposición adicional segunda. Cotización por contingencias profesionales de los trabajadores desempleados que realicen trabajos de colaboración social.
-1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, las administraciones públicas que, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, utilicen trabajadores desempleados para la realización de trabajos de colaboración social, vendrán obligadas a formalizar la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondientes a las citadas contingencias.
-2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el apartado anterior se calculará conforme al promedio de las bases de cotización por dichas contingencias, en los últimos seis meses de ocupación efectiva, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8.
-En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, la base de cotización será equivalente al tope mínimo de cotización a que se refiere el artículo 2.
-Disposición adicional tercera. Cotización durante la percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género.
-Durante el período de percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género que tengan suspendida la relación laboral, la entidad gestora de las prestaciones ingresará la cotización a la Seguridad Social conforme a lo establecido para los supuestos de extinción de la relación laboral.
-Disposición adicional cuarta. Cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
-Desde el 1 de septiembre de 2021, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será esta por la que se efectuará la cotización mensual.
-A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieren integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo.
-Disposición adicional quinta. Cotización por contingencias profesionales de las personas sometidas a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
-Conforme a lo previsto en el capítulo IX del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las personas sentenciadas a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola únicamente se efectuará por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.
-La cotización se determinará aplicando al tope mínimo de cotización fijado en cada ejercicio en el Régimen General de la Seguridad Social el tipo de cotización establecido en la tarifa de primas que corresponda a la actividad económica de prestación de servicios a la comunidad en general, efectuándose el ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter anual, dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre.
-A tal efecto, el Ministerio del Interior certificará los importes adeudados correspondientes a las cotizaciones devengadas en los 12 meses naturales anteriores, en los términos y con los requisitos que se determinen por la Tesorería General de la Seguridad Social.
-Disposición adicional sexta. Cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que tienen autorizada la colaboración en la gestión de la incapacidad temporal.
-Desde el 1 de septiembre de 2021 el tipo de cotización aplicable a la base de cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, será el 27,15 por ciento, del que el 26,51 por ciento corresponde a la cobertura de contingencias comunes excluida la incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las contingencias profesionales correspondientes a incapacidad permanente, muerte y supervivencia, no estando cubierta la protección por cese de actividad, siempre que dichos institutos cuenten con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal.
-Disposición transitoria primera. Opción de bases de cotización, en determinados supuestos, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
-Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que, en la fecha de surtir efectos las bases de cotización previstas en el artículo 15, hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta ese momento, podrán elegir, hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquella por la que vinieran cotizando y el límite máximo que les sea de aplicación. La nueva base elegida surtirá efectos a partir de 1 de septiembre de 2021.
-Disposición transitoria segunda. Ingreso de diferencias de cotización.
-1. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de septiembre de 2021, se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
-2. Asimismo, las diferencias de cotización que se produzcan como consecuencia de lo que se establece en la disposición transitoria primera, cuando los trabajadores a los que se refiere opten por una base de cotización superior a aquella por la que vinieren cotizando, se podrán ingresar sin recargo hasta el último día del mes siguiente a aquel en que finalice el plazo de opción que se fija en la disposición señalada.
-Disposición transitoria tercera. Determinación provisional de las bases de cotización aplicables en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
-La cotización por los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, respecto de contingencias comunes, se efectuará sobre las bases establecidas para 2020, hasta tanto se aprueben las bases de cotización que han de regir en el presente ejercicio, sin perjuicio de las regularizaciones a que, con posterioridad, hubiere lugar.
-Disposición derogatoria única. Derogación de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero.
-Se deroga la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
-Disposición final primera. Título competencial.
-Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
-Disposición final segunda. Aplicación de la norma.
-La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de septiembre de 2021.
-Madrid, 2 de diciembre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.","El nuevo SMI (salario mínimo interprofesional) será de 965 euros al mes (32,17 euros al día).","Ojo: aquí la orden ministerial que aplica la subida del SMI a los tipos de cotizaciones mínimas que dependen de él para el cálculo. Como el nuevo SMI, sale ahora pero es retroactivo desde septiembre, así que se viene pitostio en las gestorías 💃🏽 #BOE"
-2238,"Suscrita el 24 de junio de 2016 la Sexta revisión del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) para la autorización de uso de dos institutos de educación secundaria y cinco colegios públicos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.
-Madrid, 14 de octubre de 2016.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez.
-ANEXO
-Sexta revisión del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) para la autorización de uso de dos institutos de educación secundaria y cinco colegios públicos
-En Madrid a 24 de junio de 2016.
-REUNIDOS
-De una parte, la Señora D.ª Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Subsecretaria de Defensa, actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa, por delegación de firma expresa del Sr. Ministro para este acto.
-De otra parte, el Señor D. Rafael van Grieken Salvador, titular y en representación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en virtud de su nombramiento como Consejero de Educación, Juventud y Deporte por Decreto 31/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Ambas partes se reconocen recíprocamente legitimadas para la formalización del presente Convenio cuyo contenido se establece a continuación.
-EXPONEN
-Con fecha 6 de septiembre de 2001, se formalizó un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación) para la autorización de uso de dos Institutos de Educación Secundaria y cinco Colegios Públicos.
-Dicho Convenio establece, en su estipulación segunda, punto 4, que «El C.P. «General Izquierdo», ubicado en el recinto militar del Laboratorio de Pólvoras y Explosivos de La Marañosa (término municipal de San Martín de la Vega), será objeto de autorización de uso en los términos que se indican en las estipulaciones del citado Convenio, hasta el momento de su clausura que se producirá cuando el alumnado pueda ser escolarizado en otro Centro Docente de la zona y no más tarde del año 2004».
-Posteriormente, con fecha 8 de abril de 2005, se firmó por ambas Administraciones una primera revisión al citado convenio prorrogando el plazo máximo de autorización de uso del Colegio Público «General Izquierdo» hasta la finalización del curso 2007/2008.
-Con fecha 10 de diciembre de 2008, se firmó por ambas Administraciones una segunda revisión al citado convenio prorrogando el plazo máximo de autorización de uso del Colegio Público «General Izquierdo» hasta la finalización del curso 2010/2011.
-Con fecha 5 de octubre de 2010, se firmó por ambas Administraciones una tercera revisión al citado convenio prorrogando el plazo máximo de autorización de uso del Colegio Público «General Izquierdo» hasta la finalización del curso 2011/2012.
-Con fecha 27 de agosto de 2012, se firmó por ambas Administraciones una cuarta revisión al citado convenio prorrogando el plazo máximo de autorización de uso del Colegio Público «General Izquierdo» hasta la finalización del curso 2013/2014.
-Con fecha 27 de junio de 2014, se firmó por ambas Administraciones una cuarta revisión al citado convenio prorrogando el plazo máximo de autorización de uso del Colegio Público «General Izquierdo» hasta la finalización del curso 2015/2016.
-Vista la demanda de plazas escolares del municipio de San Martín de la Vega, que hace inviable el traslado de los alumnos del citado Colegio a otros centros ya existentes en dicho municipio, así como las limitaciones presupuestarias de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para afrontar la construcción de un nuevo Colegio en San Martín de la Vega, la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) ha planteado al Ministerio de Defensa la permanencia del Colegio Público «General Izquierdo» en las instalaciones de la Marañosa hasta la finalización del curso 2019/2020.
-Por todo lo anterior, ambas Instituciones
-ACUERDAN
-Primero.
-Modificar lo dispuesto en el párrafo primero del apartado cuarto de la estipulación segunda del Convenio suscrito con fecha 6 de septiembre de 2001, entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, de manera que el plazo de autorización de uso del Colegio Público «General Izquierdo», se prorrogue hasta la finalización del curso 2019/2020.
-En prueba de conformidad, se firma el presente documento en el lugar y fecha indicados.–Por el Ministerio de Defensa, la Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña.–Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, el Consejero, Rafael van Grieken Salvador.",Sexta revisión del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid.,…se cerraría el cole dentro del complejo militar y los niños irían a otro centro. Aún no se ha cumplido [2/2]  #BOE
-34,"La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de febrero de 2000, indica en su artículo 4.1.c) que las cuantías máximas de las subvenciones, señaladas en los apartados a) y b) del citado artículo, se actualizarán cada año natural de acuerdo con la evolución que experimente el índice de precios al consumo.
-No obstante lo anterior, el apartado 3 de la disposición transitoria de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española establece que «por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero».
-Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, tanto para el año 2016 como para años sucesivos, mientras otra norma no disponga lo contrario, se mantienen, al igual que en el año 2015, las cuantías máximas de las subvenciones establecidas en la Resolución de 25 de febrero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2014 las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.
-En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.c) de la Orden de 20 de enero de 1998 citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha resuelto:
-Primero.
-Las cuantías máximas con las que el Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las retribuciones totales y la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos del personal necesario para la ejecución de las acciones en función de las normas legales y reglamentarias del Convenio colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa de aplicación en las administraciones públicas para funcionarios, y para el año 2016 y años sucesivos, serán las siguientes:
-a) Para los técnicos, las establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 34.912,11 euros por año.
-b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 24.438,50 euros por año.
-Disposición final.
-Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 8 de marzo de 2016.–La Directora del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.","Subvenciones para realizar la orientación para empleo: para los técnicos hasta 34.912,11 euros por año, para el personal de apoyo, hasta 24.438,50 euros por año.","Gracias a ley que desvinculó ayudas del IPC, las de actividades de orientación para empleo se quedan igual  #BOE"
-3821,"La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su Título I da una nueva regulación a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social introducida en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
-El ámbito de aplicación de la tasa se extiende a todo el territorio español, ya que tiene carácter estatal, y todo ello sin perjuicio de la exacción de otras tasas u otros tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.
-El hecho imponible de la citada tasa está constituido por el ejercicio de los siguientes actos procesales:
-En el orden jurisdiccional civil, se grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, oposición a la ejecución de títulos judiciales, así como la formulación de reconvención, la petición inicial de proceso monitorio y del proceso monitorio europeo, la interposición del recurso de apelación contra sentencias y de casación, el recurso extraordinario por infracción procesal, la solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
-En el orden contencioso-administrativo está sujeta la interposición de la demanda, así como la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación.
-En el orden social, la interposición de recurso de suplicación y de casación.
-El texto legal establece determinados supuestos de exención, tanto de naturaleza subjetiva como objetiva y de carácter total y parcial; todos ellos regulados en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
-En cuanto a los sujetos pasivos de la tasa, éstos son a título de contribuyentes, los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes citados y realicen el hecho imponible de la misma, pudiendo realizarse el pago de la tasa por la representación procesal o el abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. A estos efectos se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.
-La cuota tributaria está integrada por una cantidad fija determinada en función de cada clase de proceso, y otra variable, resultado de aplicar la escala prevista en el artículo 7 de la citada Ley 10/2012 a la base imponible monetaria derivada de la cuantía del procedimiento judicial o recurso objeto de gravamen, en los términos estipulados en el artículo 6 de la mencionada Ley.
-El tributo se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, la cual se verificará a través del modelo oficial aprobado por esta Orden, modelo 696. Salvo en los supuestos de exención, todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo deberá ir acompañado del justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado.
-Se regulan en el artículo 8, apartados 5 y 6, de la Ley 10/2012, dos supuestos novedosos de devoluciones que responden a la naturaleza de devoluciones derivadas de la normativa del tributo, reguladas en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Estos supuestos son, en primer lugar, la devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio en el proceso cuyo inicio dio lugar al devengo de este tributo. En este caso, se establece que se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación. El segundo supuesto, se recoge en el apartado 6 del artículo 8 de la Ley, donde se establece una devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos.
-En ambos casos, el procedimiento para la práctica de la devolución se iniciará a instancia del sujeto pasivo mediante la presentación en estos supuestos de una solicitud de devolución de la que resulte la cantidad a devolver. El modelo para la solicitud de devolución será el «695» que también resulta aprobado en esta Orden.
-En cuanto a las formas de presentación del modelo 696 («Autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social») y del modelo 695 («Solicitud de devolución por solución extrajudicial y por acumulación de procesos»), hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo de tasa anterior, la desaparición del papel preimpreso.
-En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.
-En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución también podrán presentarse en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente para cada uno de los modelos aprobados que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
-La adecuada gestión del tributo requiere la colaboración de los órganos judiciales, ya que el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 señala que en caso de que no se acompañe el justificante de pago de la tasa en todo escrito procesal que origine el hecho imponible de este tributo, el Secretario judicial procederá a requerir al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. No obstante, la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
-Del mismo modo resulta estratégica e indispensable la colaboración de los órganos judiciales a la hora de la comprobación de la correcta autoliquidación de la tasa y en la tramitación de forma eficiente y ágil de las devoluciones establecidas en la Ley 10/2012.
-En efecto, existen diversos preceptos, todos ellos contenidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que fundamentan esta colaboración. A estos efectos cabe señalar lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 94 de la citada Ley 58/2003, en el sentido de que las autoridades, de cualquier naturaleza, y quienes en general ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, tales autoridades participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
-Además, esta obligación se encuentra concretada en el apartado tercero de dicho artículo 94 a cuyo tenor «Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales».
-En tal sentido, en esta Orden y sin necesidad de la remisión física de documentación, se establece que las comunicaciones de los datos relevantes de las autoliquidaciones presentadas se realicen a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», mediante el cual la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria como órgano encargado de la gestión del tributo la cuantía definitiva del proceso al que se refiere la tasa y la fecha de la resolución en la que se determine la misma, de modo que permita su contraste no sólo con la autoliquidación inicial realizada por el contribuyente sino también con las autoliquidaciones complementarias y con las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones que se pudieran presentar.
-Del mismo modo, se procederá a transmitir aquellos datos que permitan comprobar el fundamento de las devoluciones solicitadas, en particular los números de justificante identificativos de los ingresos realizados tanto en la autoliquidación original del proceso finalizado por solución extrajudicial como en la autoliquidación o autoliquidaciones en los que se ha acordado la acumulación de procesos.
-La Orden se dicta en uso de la habilitación contenida en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, donde se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para regular los procedimientos y establecer los modelos oficiales de autoliquidación de la tasa.
-En su virtud dispongo:
-Artículo 1. Aprobación del modelo 696, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación.
-1. Se aprueba el modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», que figura como anexo I a esta Orden.
-Dicho modelo consta de los tres ejemplares siguientes:
-Ejemplar para el sujeto pasivo.
-Ejemplar para la Administración de Justicia.
-Ejemplar para la entidad colaboradora.
-El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 696 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 696. No obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de justificante comenzará con el código 697.
-2. Están obligados a presentar el modelo 696 los sujetos pasivos de la tasa, siendo estos los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que realicen el hecho imponible de la misma. No obstante, no existe la obligación de presentación en los supuestos que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
-Artículo 2. Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.
-1. Se aprueba el modelo 695, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos», que figura como anexo II a esta Orden.
-Dicho modelo consta de los dos ejemplares siguientes:
-Ejemplar para el sujeto pasivo.
-Ejemplar para la entidad colaboradora-AEAT.
-El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 695 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 695. No obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de justificante comenzará con el código 698.
-2. Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social podrán solicitar la devolución de los siguientes porcentajes:
-a) El 60% del importe de la cuota de esta tasa, por haber alcanzado una solución extrajudicial en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.
-b) El 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la acumulación de procesos.
-Artículo 3. Plazo de presentación e ingreso del modelo 696.
-La presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal mediante el que se realiza el hecho imponible de este tributo.
-El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
-Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 695.
-Se podrá presentar la solicitud de devolución en el plazo de cuatro años a contar desde las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de esta Orden.
-De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que la Administración haya ordenado su pago, ésta devengará el interés de demora previsto en el artículo 26 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
-Artículo 5. Formas de presentación de los modelos 696 y 695.
-1. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden en los artículos 7 y 8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el modelo 695.
-2. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación telemática por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su Sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los respectivos formularios disponibles en la citada Sede electrónica. Será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación.
-Cuando la autoliquidación se genere mediante la utilización del servicio de impresión anteriormente citado, serán de aplicación las siguientes disposiciones:
-a) No será precisa la utilización de etiquetas identificativas ya que el servicio de impresión genera el propio código de barras de la etiqueta, con los datos identificativos del titular.
-b) La confirmación de los datos incorporados a la declaración se producirá con la presentación de la correspondiente autoliquidación en los lugares señalados en el artículo 6 de esta Orden.
-c) No se deberá ensobrar ni remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la autoliquidación cuando ésta se presente en una entidad colaboradora.
-d) No producirán efectos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria las alteraciones o correcciones manuales de los datos impresos que figuran en las autoliquidaciones, salvo los que se refieran al código de cuenta cliente en el momento de la presentación en la entidad colaboradora.
-No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá cumplimentar manualmente.
-Artículo 6. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 696 en impreso.
-La presentación e ingreso de la autoliquidación modelo 696 en papel impreso obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo anterior será realizada en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito).
-Artículo 7. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 696.
-1. La presentación de la declaración por vía telemática a través de Internet podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
-2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones:
-a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).
-b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado.
-c) Para efectuar la presentación telemática el declarante, o en su caso, el presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 696 aprobado en el artículo 1 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
-3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
-4. La transmisión telemática del modelo deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión telemática de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión telemática hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.
-Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 696.
-El procedimiento a seguir para la presentación telemática de autoliquidaciones de la tasa judicial será el siguiente:
-a) El declarante o, en su caso, el presentador se pondrá en comunicación con la entidad de depósito que actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía telemática de forma directa, o a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien acudiendo a sus oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:
-NIF del sujeto pasivo (9 caracteres).
-Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).
-Periodo: 2 caracteres: OA.
-Documento de ingreso: 696.
-Tipo de autoliquidación = I Ingreso.
-Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros).
-La entidad colaboradora, una vez realizado el ingreso, asignará un Número de Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado.
-Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un recibo que contendrá, como mínimo los datos señalados en el artículo 3.3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación anterior se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su Sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el formulario con la autoliquidación a transmitir, e introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora.
-c) A continuación procederá a transmitir la autoliquidación con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto.
-Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su certificado.
-d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso, modelo 696, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
-e) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla un mensaje con la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
-f) El declarante deberá imprimir y conservar la autoliquidación aceptada, modelo 696, debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación.
-Artículo 9. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 695 en impreso.
-La presentación del modelo 695 «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por la solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos», en papel impreso obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo 5 de esta Orden, se presentará en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito) donde el sujeto pasivo desee recibir el importe de la devolución. Asimismo, podrá presentarse también en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal.
-En el supuesto de que el sujeto pasivo no tenga cuenta abierta en entidad de depósito sita en territorio español, o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará constar dicho extremo adjuntando a la solicitud escrito dirigido al titular de la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España. Asimismo, se podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria.
-Artículo 10. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 695.
-1. La presentación de la solicitud de devolución por vía telemática a través de Internet podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
-2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones:
-a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).
-b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado.
-c) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 695 aprobado en el artículo 2 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
-3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la solicitud por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
-Artículo 11. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 695.
-El procedimiento a seguir para la presentación telemática será el siguiente:
-a) El declarante o, en su caso, el presentador, se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su Sede Electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el modelo a transmitir (modelo 695).
-b) A continuación procederá a transmitir el modelo con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto.
-Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su certificado.
-c) Si la presentación fuera aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del modelo 695, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
-d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
-e) El declarante deberá imprimir y conservar la solicitud aceptada, modelo 695, debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación.
-Artículo 12. Tramitación en la Oficina judicial del modelo 696.
-1. El sujeto pasivo deberá adjuntar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 696 con el ingreso debidamente validado, y en su caso el justificante de pago del mismo.
-2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, el Secretario judicial comprobará la incorporación del modelo de autoliquidación a todo escrito procesal de modo que, si el sujeto pasivo no lo hubiese adjuntado, dictará la correspondiente resolución acordando requerir al interesado para que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes procesales, apercibiéndole de no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de esta deficiencia no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
-3. Una vez realizada la comprobación de la autoliquidación o subsanada la deficiencia de la falta de presentación, la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada autoliquidación, modelo 696, presentada entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el tipo de proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de la interposición.
-Artículo 13. Procedimiento de modificación de la cuantía del modelo 696.
-1. Si en el transcurso de la tramitación del procedimiento, el órgano judicial fijara una cuantía superior a la que inicialmente se determinó por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.
-Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada, y en su caso que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
-2. La Oficina judicial bajo la dirección del Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos de cada autoliquidación que se modifica entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la autoliquidación modificada, la fecha de la notificación de la resolución y la modificación de la cuantía.
-Artículo 14. Comunicación de la Oficina judicial de determinados datos de las devoluciones solicitadas.
-En aquellos procesos en los que se produzca una solución extrajudicial del litigio o bien se acuerde la acumulación de procesos de tal modo que, de conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Ley 10/2012 el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa o tasas previamente ingresadas, la Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la solución extrajudicial del litigio o la fecha del acuerdo de acumulación de procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas.
-Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
-A la entrada en vigor de esta Orden quedará derogada la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
-Disposición final primera. Modificación de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-La Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, queda modificada como sigue:
-Uno. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
-«2. Autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-Sin perjuicio de lo anterior, la anulación del NRC precisará de autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los siguientes casos:
-a) Liquidaciones practicadas por la Administración, relativas a deudas de comercio exterior (modelo 031).
-b) Declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (modelo 576).
-c) Declaraciones-liquidaciones correspondientes a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. (modelo 696).
-d) En los demás casos en que así se establezca por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
-En estos supuestos, cuando la Entidad colaboradora generase un NRC erróneo, el obligado al pago comunicará, presencial o telemáticamente, la incidencia a los siguientes órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:
-1.º Cuando el NRC corresponda a una declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (modelo 576) o a una declaración-liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social (modelo 696), a los órganos de recaudación de las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-2.º Cuando corresponda a una deuda de comercio exterior (modelo 031), a las Dependencias y Administraciones de Aduanas.
-Dichos órganos, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, facilitarán al obligado un documento que autorizará expresamente la inmediata anulación del NRC erróneamente generado. En base a ese documento, que deberá ser entregado por el obligado a la Entidad colaboradora, ésta procederá tanto a la anulación del NRC erróneo como a la retrocesión de la operación de ingreso que motivó su generación.
-En los casos en que siendo requisito necesario, la Entidad colaboradora anulase un NRC sin contar con una autorización previa y escrita de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Entidad no quedará liberada de la obligación de ingresar en el Tesoro el importe del recibo improcedentemente anulado.
-En todo caso, el documento de autorización de anulación que emitan los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contendrá un código mediante el cual la correspondiente Entidad colaboradora deberá comprobar la autenticidad y validez del documento de autorización que le sea presentado. Dicha comprobación podrá ser realizada en todo caso a través de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-Será responsabilidad de las Entidades colaboradoras las incidencias que se deriven de la anulación de NRC sin comprobar previamente la autenticidad y validez del documento de autorización.»
-Dos. En el anexo VI, Modelos de autoliquidación cuyo resultado sea una solicitud de devolución y gestionables a través de entidades colaboradoras, se incluye el siguiente modelo de declaración:
-«Código de modelo: 695».
-Denominación: «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos».
-«Período: OA».
-Disposición final segunda. Entrada en vigor.
-La presente Orden entrará en vigor el día 17 de diciembre de 2012, aplicándose a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la misma.
-No obstante lo anterior, las disposiciones referentes al modelo 695 recogidas en los artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11 así como lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12, en el apartado 2 del artículo 13 y en el artículo 14, entrarán en vigor el 1 de abril de 2013.
-En caso de que las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de la orden sean anteriores al 1 de abril de 2013, el plazo de cuatro años para la presentación del modelo 695 previsto en el artículo 4, comenzará a contar desde dicha fecha.
-Madrid, 13 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
-ANEXO I
-ANEXO II",Decreto donde se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.,Ya están los impresos. Las tasas de Gallardón entran en vigor el lunes  #BOE
-1866,"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, ha resuelto ordenar la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del 2012, relacionadas en el anexo adjunto.
-Madrid, 21 de enero de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
-ANEXO
-APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
-BENEFICIARIO
-NIF
-IMPORTE
-FINALIDAD
-Resolución de 25 de octubre de 2012 por la que se renuevan cuatro becas en las distintas unidades de la Subdirección General de Deporte y Salud.
-28 106 336A 486
-Falcón Murciano, Idania Luisa.
-51492155P
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-28 106 336A 486
-Recatero Rude, Guillermo.
-53492477C
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-28 106 336A 486
-Luque Siles, Carmen.
-26005369M
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-28 106 336A 486
-Gutiérrez Oliver, Tamara.
-47520860P
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-Resolución de 15 de noviembre de 2012 por la que se adjudican cuatro becas en las distintas unidades de la Subdirección General de Deporte y Salud.
-28 106 336A 486
-Segura Dorado, José Luis.
-53104326V
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-28 106 336A 486
-Martínez García, María.
-12414383H
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-28 106 336A 486
-Jiménez Morales, Roberto.
-70814587W
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-28 106 336A 486
-Gutiérrez Oliver, Tamara.
-47520860P
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-Resolución de 13 de diciembre de 2012 por la que se adjudica por lista de espera una beca en la Subdirección General de Deporte y Salud por renuncia a la prórroga de Tamara Gutiérrez Oliver.
-28 106 336A 486
-Lucas Adeva, Estefanía.
-50981973N
-14.400,00
-Beca de formación postgrado 2013.
-Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas y a las agrupaciones clubes de ámbito estatal para los años 2010, 2011 y 2012.
-336A-781.01-14.11
-Federación Española de Tiro Olímpico.
-ES000Q2878040A
-179.995,00
-Colaborar gastos de inversión del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico.
-336A-483.01-14.11
-Federación Española de Tiro Olímpico.
-ES000Q2878040A
-100.000,00
-Colaborar gastos de funcionamiento del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico.
-336A-781.01-14.11
-Federación Española de Vela.
-ES000Q2878043E
-170.000,00
-Colaborar gastos de inversión del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela.
-Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para centros de alto rendimiento, centros especializados de alto rendimiento, centros de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva, el año 2012.
-336A-456.01-14.11
-Ciudad Autónoma de Ceuta.
-ES000S6100007A
-40.000,00
-Colaborar gastos de funcionamiento del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Piragüismo.
-Convenio de colaboración, de 15 de noviembre de 2012, entre el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya a través del Consell Catalá de l’Esport y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en el ejercicio 2012.
-336A-442-14.11
-Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.
-ES000Q5856178H
-1.350.000,00
-Colaborar gastos de funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.
-336A-742-14.11
-Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.
-ES000Q5856178H
-3.250.000,00
-Colaborar gastos de inversión del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.
-Resolución de 13 de febrero de 20012, de la Dirección General de Deportes, por la que se convocan ayudas a las CCLL para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional.
-21 11 336-A 761 01
-Ayuntamiento de Barcelona.
-ES000P0801900B
-500.000,00
-Adecuación de infraestructuras para actividades deportivas en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
-21 11 336A 791 01
-Ayuntamiento de Granollers.
-ES000P0809500B
-198.915,66
-Acondicionamiento de los vestuarios y megafonía del palacio de Deportes de Ganollers.
-21 11 336A 791 01
-Ayuntamiento de Santander.
-ES000P3907500G
-247.495,98
-Campo de Hockey olímpico del complejo deportivo de La Albericia en Santander.
-Convocatoria 12164 (año 2012) Resolución de 12 de julio de 2010, de Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a Federaciones Deportivas Españolas, Comité Olímpico Español y Agrupaciones de clubes de ámbito estatal.
-336A 483 01 12 11
-Comité Olímpico Español.
-S2805007H
-2.149.999,97
-Distintas actividades.
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Actividades Subacuáticas.
-Q0878001G
-66.997,98
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Ajedrez.
-Q2878002A
-76.932,44
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Bádminton.
-G78025913
-171.946,32
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Baloncesto.
-Q2878005D
-562.429,73
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Billar.
-Q2878008H
-62.997,01
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Bolos.
-Q2878009F
-65.095,77
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-211.448,87
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Caza.
-Q2878011B
-58.632,80
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Deportes de Hielo.
-G84574987
-146.495,55
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
-Q2878026J
-111.548,22
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Espeleología.
-G08850315
-31.637,54
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Esquí Náutico.
-Q0878002E
-61.493,69
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Galgos.
-Q2878016A
-5.185,92
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Halterofilia.
-Q2878020C
-210.776,41
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Karate.
-G28557056
-156.689,95
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Kickboxing.
-G80954241
-26.540,23
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Lucha.
-Q2878024E
-139.231,19
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Orientación.
-G83774109
-21.422,37
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Pádel.
-Q2878071F
-41.940,04
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Patinaje.
-Q2878030B
-233.096,27
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-160.382,29
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Pentatlón Moderno.
-Q0801097G
-73.826,38
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Pesca y Casting.
-Q2878032H
-41.385,10
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Petanca.
-Q2878050J
-43.469,26
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Piragüismo.
-Q2878033F
-590.933,16
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Remo.
-Q2878035A
-480.973,64
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Rugby.
-Q2878036I
-198.100,58
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
-Q2878037G
-55.686,06
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Squash.
-G28930584
-51.164,63
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Surf.
-G15734205
-35.551,35
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Taekwondo.
-Q0878007D
-243.774,99
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Tiro a Vuelo.
-Q2878041I
-14.054,27
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-254.053,94
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Aeronáutica Española.
-Q2878001C
-73.120,21
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Colombófila Española.
-Q2878013H
-13.771,47
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Atletismo.
-Q2878003I
-1.021.420,24
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Automovilismo.
-Q2878004G
-110.061,03
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Balonmano.
-Q2878006B
-520.240,06
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Béisbol y Softbol.
-Q2878007J
-172.429,14
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Ciclismo.
-Q2878012J
-580.525,76
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Colombicultura.
-Q4678001A
-13.750,55
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Deportes de Invierno.
-Q2878015C
-424.371,81
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Esgrima.
-Q2878014F
-362.250,68
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Gimnasia.
-Q2878018G
-528.922,40
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Golf.
-Q2878019E
-124.480,43
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Hípica.
-Q2878021A
-430.596,09
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-406.607,95
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Judo y DD.AA.
-Q2878023G
-304.565,17
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Motonáutica.
-Q2878028F
-44.810,42
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Natación.
-Q2878029D
-755.887,83
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Polo.
-Q2878034D
-20.862,02
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Tenis.
-Q0878003C
-425.181,13
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Tenis de Mesa.
-Q2878038E
-125.165,70
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Tiro con Arco.
-Q2878039C
-117.521,98
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Tiro Olímpico.
-Q2878040A
-342.698,45
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Vela.
-Q2878043E
-659.489,37
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Española de Voleibol.
-Q2878044C
-414.107,86
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 01 12 11
-Real Federación Motociclista Española.
-Q2878027H
-281.525,50
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 481 12 13
-Agrupación Española de Baile Deportivo.
-G65231979
-11.031,73
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 481 12 13
-Agrupación Española de Baile Deportivo.
-G65231979
-8.788,38
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 481 12 13
-Agrupación Española de Futbol Americano.
-G60920782
-16.158,62
-Subvención ordinaria 3.ª
-336A 483 04 12 11
-Real Federación Española de Ciclismo.
-Q2878012J
-150,00
-Ayudas por resultados.
-336A 483 04 12 11
-Real Federación Española de Natación.
-Q2878029D
-58.650,00
-Ayudas por resultados.
-336A 483 04 12 11
-Real Federación Española de Voleibol.
-Q2878044C
-10.800,00
-Ayudas por resultados.
-144A 482 12 11
-Real Federación Española de Atletismo.
-Q2878003I
-300.000,00
-Actividad exterior. Ordinaria.
-144A 482 12 11
-Real Federación Española de Deportes de Invierno.
-Q2878015C
-200.000,00
-Actividad exterior. Ordinaria.
-144A 482 12 11
-Real Federación Española de Judo y DD.AA.
-Q2878023G
-100.000,00
-Actividad exterior. Ordinaria.
-144A 482 12 11
-Real Federación Española de Natación.
-Q2878029D
-99.900,00
-Actividad exterior. Ordinaria.
-336A 781 01 12 11
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-300.000,00
-Construcción Instalaciones Deportivas.
-Convocatoria n.º 4576, Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes la que se convocan ayudas para los desplazamientos a la península de los equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal.
-336A 455 12 11
-Ciudad de Ceuta.
-S6100007A
-125.378,00
-Desplazamientos Península.
-336A 455 12 11
-Ciudad de Melilla.
-S7900010E
-197.587,00
-Desplazamientos Península.
-Convocatoria n.º 4576, Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes la que se convocan ayudas para los desplazamientos a la península de los equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Ajedrez.
-Q2878002A
-3.005,00
-Federación Iberoamericana Ajedrez.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Bádminton.
-G78025913
-7.512,50
-Federación. Iberoamericana. Bádminton.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Bádminton.
-G78025913
-16.000,00
-Promoción candidatura presidente BWF.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Baloncesto.
-Q2878005D
-40.000,00
-4 Proyectos: Fiba-Americana-Africa-Europa-Mundo.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Billar.
-Q2878008H
-9.500,00
-Requena C.E. y Presidencia UMD.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Bolos.
-Q2878009F
-44.000,00
-2 Proyectos. Refuerzo-Relación Feb.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-5.635,00
-European Boxing Association.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Deportes de. Montaña y Escalada.
-Q2878026J
-7.513,00
-Unión Internacional. Assoc. Dalpinism.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Espeleología.
-G08850315
-3.289,01
-Unión Europea.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Halterofilia.
-Q2878020C
-6.010,00
-Conf. Iberoamericana. Levantamiento. Pesas.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Karate.
-G28557056
-3.005,00
-Federación. Iberoamericana Karate.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Karate.
-G28557056
-2.817,50
-Federación Europea Kárate.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Karate.
-G28557056
-9.391,25
-Federación Mundial Kárate.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Pádel.
-Q2878071F
-4.323,05
-Fed. Inter. de Pádel.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Patinaje.
-Q2878030B
-3.005,00
-Consejo Iberoamericana. Patinaje.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-7.513,00
-Federación. Internacional. Pelota Vasca.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-4.508,00
-Unión Federaciones. Europeas.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-11.213,12
-Consolidación. Y Promoción. Directores españoles en organismos internacionales.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Piragüismo.
-Q2878033F
-6.010,00
-Conf. Iberoamericana Canoa.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Piragüismo.
-Q2878033F
-15.025,00
-Fed. Internacional de Canoa.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
-Q2878037G
-3.005,00
-Federación. Latinoamericana. Salvamento y Socorrismo.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Taekwondo.
-Q0878007D
-6.010,00
-Unión Mundial Iberoamericana. Taekwondo.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-15.025,00
-International Triatlón Unión.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-7.512,50
-Asociación. Iberoamericana. Triatlón.
-336A 483 02 12 11
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-64.000,00
-Reelección Hidalgo-Presidente. ITU Sede en España.
-336A 483 02 12 11
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-15.025,00
-Fed. Inter.de Hockey.
-336A 483 02 12 11
-Real Federación Española de Tenis de Mesa.
-Q2878038E
-7.512,50
-Fed. Iberoamericana Tenis de Mesa.
-336A 483 02 12 11
-Real Federación Española de Tenis de Mesa.
-Q2878038E
-39.124,57
-Elección Machado, Reelección. Presidencia y Vicepresidencia.
-336A 483 02 12 11
-Real Federación Española de Tiro Olímpico.
-Q2878040A
-6.010,00
-Confederación. Iberoamericana Tiro.
-Convocatoria 4575 según Resolución de 4 de marzo de 2010 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas por la asistencia de directivos españoles, pertenecientes a Comités Ejecutivos de Organismos Internacionales, Europeos e Iberoamericanos, a las reuniones que les convoquen.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Bádminton.
-G78025913
-1.397,41
-David Cabello Manrique.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Bádminton.
-G78025913
-2.000,00
-David Cabello Manrique.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Bádminton.
-G78025913
-2.611,75
-David Cabello Manrique.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Baloncesto.
-Q2878005D
-200,00
-José Luís Sanz Regalado.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-3.094,52
-Juan Luis Torralba.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-1.717,98
-Antonio Martín Galán.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-904,87
-Félix Peña Clemente.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Dep. Montaña y Escalada.
-Q2878026J
-100,00
-Lluis López Léiro.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Orientación.
-G83774109
-457,47
-José Ángel Nieto Poblete.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-526,10
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-832,10
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-526,10
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-496,00
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-526,10
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-526,10
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-426,10
-Julián García Angulo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
-Q2878037G
-928,19
-Isabel Garcia Sanz.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-496,85
-Alicia García Pérez.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-752,31
-Alicia García Pérez.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Automovilismo.
-Q2878004G
-1.222,36
-Carlos Gracia Fuertes.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Automovilismo.
-Q2878004G
-1.522,23
-Carlos Gracia Fuertes.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Automovilismo.
-Q2878004G
-1.389,54
-Carlos Gracia Fuertes.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Gimnasia.
-Q2878018G
-584,51
-M.ª Rosa Guillamet González Agüero.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-463,67
-Jorge Alcaver García-Tornel.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-514,64
-Jorge Alcaver García-Tornel.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-538,66
-Jorge Alcover García.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-536,83
-Jorge Alcaver García-Tornel.
-Convocatoria n.º 4575 según Resolución de 4 de marzo de 2010 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para proyectos de actividades fuera del territorio español, dirigidas al fomento de la presencia de directivos españoles en organismos deportivos internacionales.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-16.500,00
-Promoción Varios Directivos.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Espeleología.
-G08850315
-5.000,00
-Elecciones Buró UIS.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Karate.
-G28557056
-22.800,00
-Candidatura Kárate. Olímpico 2020.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Lucha.
-Q2878024E
-600,00
-Carlos Cargía a Comité Ejecutivo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Patinaje.
-Q2878030B
-18.000,00
-Presidencia Cirh-Firs.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-8.000,00
-Consolidar Cargos Presidente.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Piragüismo.
-Q2878033F
-1.270,00
-Mantenimiento en comité ejecutivo.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
-Q2878037G
-8.000,00
-Renovación Cargos Ils.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Taekwondo.
-Q0878007D
-14.000,00
-Reelección Presidencia. Iberoamericana.
-144A 482 12 14
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-3.830,00
-Optar a cargos en Comité ejecutivo.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Hípica.
-Q2878021A
-11.000,00
-Presencia Españoles Fei Eef.
-144A 482 12 14
-Real Federación Española de Motonáutica.
-Q2878028F
-1.000,00
-Inclusion Martinez C.Ej Uim.
-Convocatoria 18903. Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se regula la convocatoria para la concesión de préstamos a federaciones deportivas españolas, agrupaciones de clubes de ámbito estatal y entes de promoción deportiva por la realización de inversiones y actividades relacionadas con el desarrollo de su actividad y como apoyo a la integración profesional de los deportistas de alto nivel para el año 2012.
-336A 831 08
-Real Federación Aeronáutica Española.
-Q2878001C
-79.500,00
-Financiación Campeonato del Mundo.
-336A 831 08
-Real Federación Española de Atletismo.
-Q2878003I
-600.000,00
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Federación Española de Baloncesto.
-Q2878005D
-258.750,00
-Financiación Inversión y adquisición.
-336A 831 08
-Federación Española de Boxeo.
-Q2878010D
-195.000,,00
-Amortización Póliza de Crédito.
-336A 831 08
-Real Federación Española de Ciclismo.
-Q2878012J
-420.000,00
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Real Federación Española de Esgrima.
-Q2878014F
-400.000,00
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Real Federación Española de Gimnasia.
-Q2878018G
-300.000,00
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Real Federación Española de Hockey.
-Q2878022I
-796.655,98
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Federación Española de Karate.
-G28557056
-150.000,00
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Federación Española de Pelota.
-Q2878031J
-100.000,00
-Financiación Copa del Mundo.
-336A 831 08
-Real Federación Española de Piragüismo.
-Q2878033F
-150.000,00
-Saneamiento Financiero.
-336A 831 08
-Federación Española de Salvamento Y Socorrismo.
-Q2878037G
-60.000,00
-Amortización Déficit y Actividades.
-336A 831 08
-Federación Española de Triatlón.
-Q0878004A
-280.000,00
-Financiación Campeonato del Mundo.
-336A 831 08
-Asociación Española de Baile Deportivo.
-G65231979
-50.000,00
-Financiación Gastos Constitución federación.
-Convocatoria 126-Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año 2012 y se publica la convocatoria de las correspondientes subvenciones.
-11.11 322K.453
-Universidad de A Coruña.
-Q6550005J
-11.759,88
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Alcalá de Henares.
-Q2818018J
-3.806,64
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Alicante.
-Q0332001G
-16.942,68
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Almería.
-Q5450008G
-56.763,96
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Autónoma de Barcelona.
-Q0818002H
-6.221,76
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Autónoma de Madrid.
-Q2818013A
-8.287,08
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Barcelona.
-Q0818001J
-26.751,96
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Burgos.
-Q0968272E
-11.793,00
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Cádiz.
-Q1132001G
-8.896,92
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Cantabria.
-Q1132001G
-29.838,36
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Carlos III.
-Q2818029G
-5.843,88
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Castilla-La Mancha.
-Q1368009E
-3.839,28
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Complutense de Madrid.
-Q2818014I
-13.416,96
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Córdoba.
-Q1418001B
-2.818,68
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Extremadura.
-Q0618001B
-13.704,72
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Girona.
-Q6750002E
-8.831,40
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Granada.
-Q1818002F
-24.898,20
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Huelva.
-Q7150008F
-2.351,16
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Illes Balears.
-Q0718001A
-4.266,54
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Jaén.
-Q7350006H
-4.472,04
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Jaume I.
-Q6250003H
-7.947,12
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de La Laguna.
-Q3818001D
-13.124,32
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Las Palmas.
-Q3518001G
-21.820,22
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de León.
-Q2432001B
-14.115,00
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Lleida.
-Q7550001G
-20.107,56
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Málaga.
-Q2918001E
-21.971,28
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Miguel Hernández.
-Q5350015C
-11.062,44
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Murcia.
-Q3018001B
-7.171,08
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Oberta de Cataluña.
-G60667813
-577,92
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Oviedo.
-G3318001I
-12.491,04
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Pablo Olavide.
-Q9150016E
-7.478,88
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad del País Vasco.
-Q4818001B
-13.559,04
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Politécnica de Cartagena.
-Q8050013E
-1.511,16
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Politécnica de Cataluña.
-Q0818003F
-10.402,08
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Politécnica de Madrid.
-Q2818015F
-18.471,00
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Politécnica de Valencia.
-Q4618002B
-21.328,32
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Pompeu Fabra.
-Q5850017D
-3.985,56
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Pública Navarra.
-Q3150012G
-8.433,36
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Rey Juan Carlos.
-Q2803011B
-4.218,84
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Rovira i Virgili.
-Q9350003A
-6.472,92
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Salamanca.
-Q3718001E
-9.071,76
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Santiago Compostela.
-Q1518001A
-6.811,20
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Sevilla.
-Q4118001I
-20.153,40
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Nacional de Educación a Distancia.
-Q2818016D
-4.749,96
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Valencia.
-Q4618001D
-18.544,68
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Valladolid.
-Q4718001C
-26.474,76
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Vigo.
-Q8650002B
-11.140,92
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Zaragoza.
-Q5018001G
-13.378,08
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de A Coruña.
-Q6550005J
-3.062,40
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Alicante.
-Q0332001G
-1.002,40
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Almería.
-Q5450008G
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Autónoma de Barcelona.
-Q0818002H
-733,79
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Barcelona.
-Q0818001J
-1.372,65
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Burgos.
-Q0968272E
-911,74
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Cádiz.
-Q1132001G
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Cantabria.
-Q1132001G
-10.023,68
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Carlos III.
-Q2818029G
-560,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Córdoba.
-Q1418001B
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Extremadura.
-Q0618001B
-10.572,80
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Girona.
-Q6750002E
-1.209,12
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Granada.
-Q1818002F
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Huelva.
-Q7150008F
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Illes Balears.
-Q0718001A
-3.872,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Jaén.
-Q7350006H
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Jaume I.
-Q6250003H
-768,95
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Las Palmas.
-Q3518001G
-9.352,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de León.
-Q2432001B
-1.323,96
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Lleida.
-Q7550001G
-1.302,61
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Málaga.
-Q2918001E
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Miguel Hernández.
-Q5350015C
-1.021,10
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Murcia.
-Q3018001B
-3.204,48
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Oviedo.
-G3318001I
-6.979,20
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Pablo Olavide.
-Q9150016E
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad del País Vasco.
-Q4818001B
-33.509,52
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Politécnica de Cataluña.
-Q0818003F
-832,47
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Politécnica de Valencia.
-Q4618002B
-830,81
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Pompeu Fabra.
-Q5850017D
-1.480,26
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Pública Navarra.
-Q3150012G
-9.113,04
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad Rovira i Virgili.
-Q9350003A
-1.060,09
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Salamanca.
-Q3718001E
-924,80
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Santiago Compostela.
-Q1518001A
-4.808,80
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Sevilla.
-Q4118001I
-1.100,00
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Valencia.
-Q4618001D
-665,60
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Valladolid.
-Q4718001C
-1.640,01
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Vigo.
-Q8650002B
-4.329,60
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Zaragoza.
-Q5018001G
-9.968,88
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.453
-Universidad de Zaragoza.
-Q5018001G
-13.000,00
-Proyectos relacionados con la actividad Universitaria.
-11.11 322K.471
-Universidad Abat Oliva CEU.
-G63095848
-2.737,20
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Alfonso X.
-A78518529.
-867,36
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Antonio de Nebrija.
-A78094158
-16,32
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Camilo Jose Cela.
-A79336947
-5.539,08
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Cardenal Herrera CEU.
-G28423275
-2.287,32
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Católica Santa Teresa de Ávila.
-Q0500336C
-103,80
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Católica San Antonio.
-G30626303
-25.960,44
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Católica San Vicente mártir.
-G97025787
-11.381,92
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Deusto.
-Q4868004E
-1.889,52
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Europea de Madrid.
-B79122305
-4.351,12
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Europea Miguel de Cervantes.
-B47511431
-4.216,32
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Francisco de Vitoria.
-G80480197
-250,08
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Mondragón.
-F20560991
-1.021,80
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Navarra.
-Q3168001J
-3.018,96
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Pontificia de Salamanca.
-Q3700047H
-529,32
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Pontificia de Comillas.
-Q2800395B
-3.745,68
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Ramón Llull.
-G59069740
-116.109,60
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de San Jorge.
-G99047672
-708,12
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad San Pablo CEU.
-G28423275
-1.640,04
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Vic.
-G58020124
-6.499,44
-Subvención por participación en fases finales en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Abat Oliva CEU.
-G63095848
-23,25
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Cardenal Herrera CEU.
-G28423275
-404,06
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Católica San Antonio.
-G30626303
-11.528,72
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Católica San Vicente mártir.
-G97025787
-1.307,07
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad Europea Miguel de Cervantes.
-B47511431
-199,49
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Mondragón.
-F20560991
-700,16
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Navarra.
-Q3168001J
-1.056,64
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Ramón Llull.
-G59069740
-883,68
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.
-11.11 322K.471
-Universidad de Vic.
-G58020124
-1.102,08
-Subvención por fases previas en Campeonatos de España Universitarios 2012.",Ayudas y subvenciones del Consejo Superior de Deportes concedidas en el cuarto trimestre del 2012.,"Ayudas CSD 4º trimestre 2012: más de 2 millones al COE, 1 a la fed. esp. de atletismo, 4.600.000 CAR Sant Cugat...  #BOE"
-1549,"Advertidos errores en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 314, de 31 de diciembre de 2012, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
-En la página 89538, en la exposición de motivos, en el apartado III, segundo párrafo, cuarta y quinta líneas, donde dice: «… del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ...», debe decir: «del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, ...».
-En la página 89538, en la exposición de motivos, en el apartado III, último párrafo, penúltima línea, donde dice: «… Ley 17/2012, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…», debe decir: «… Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…».
-En la página 89543, en la exposición de motivos, en el apartado IX, quinto párrafo, segunda línea, donde dice: «… Ley 17/2012, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…», debe decir: «… Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…».
-En la página 89543, en la exposición de motivos, en el apartado IX, quinto párrafo, séptima línea, donde dice: «… necesidad de regular también el presente…», debe decir: «… necesidad de regular también en el presente…».
-En la página 89547, en el artículo 5, apartado 1, primer párrafo, primera línea, donde dice: «… Ley 27/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…», debe decir: «… Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…».
-En la página 89548, en el artículo 5, apartado 1, último párrafo, primera línea, donde dice: «… Ley 27/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…», debe decir: «… Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…».
-En la página 89548, en el artículo 5, apartado 1, último párrafo, séptima línea, donde dice: «… asignaciones por hijo a cargo minusválido mayor de 18 años…», debe decir: «… asignaciones por hijo a cargo mayor de 18 años…».
-En la página 89549, en el artículo 5, apartado 4.c), segundo párrafo, tercera línea, donde dice: «… revalorizadas aquéllas…», debe decir «… incrementadas aquéllas…».
-En la página 89549, en el artículo 5, apartado 4.c), segundo párrafo, quinta línea, donde dice «… se revalorizará en un importe igual a…», debe decir: «… se incrementará en un importe igual a…».
-En la página 89549, en el artículo 5, apartado 4.d), segunda línea, donde dice: «…Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2011, …», debe decir: «… Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2012, ...».
-En la página 89550, en el artículo 6, apartado 2, segunda línea, donde dice: «… percibiéndolos, no excedan de 7.063,07 euros al año.», debe decir: «… percibiéndolos, excedan de 7.063,07 euros al año.»
-En la página 89550, en el artículo 6, apartado 4, segundo párrafo, segunda línea, donde dice: «… a que se refiere el apartado anterior…», debe decir: «… a que se refiere el párrafo anterior…».
-En la página 89553, en la disposición adicional tercera, tercera línea, donde dice: «… Ley 27/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…», debe decir: «… Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013…».
-En la página 89554, en la disposición final primera, primer párrafo, inciso final, donde dice: «… queda redactado del siguiente modo:», debe decir: «… queda redactada del siguiente modo:».",Corrección de errores del Real Decreto-ley 29/2012,"Si no es suficiente con que regulen -para mal- el trabajo de empleadas de hogar, llenan el Real Decreto Ley de errores "
-3487,"España, como líder mundial en la producción de aceite de oliva, tiene un firme compromiso con todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la competitividad de este importante sector.
-El canal HORECA, entendido como el conjunto de establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y de los servicios de catering, ha venido contribuyendo a poner en valor y acercar el aceite de oliva español a sus clientes.
-El «Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión Europea» establece una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector oleícola, entre las que se encuentra estimular a los Estados miembros a exigir la utilización de envases que no permitan el relleno en el canal HORECA.
-Esta medida persigue continuar avanzando en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y de las marcas productoras consolidadas en el mercado, e informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición.
-Se considera que el Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, es el marco idóneo para incorporar en el ordenamiento jurídico nacional la exigencia de envases irrellenables en el canal HORECA, por lo que resulta necesaria su modificación.
-En el proceso de tramitación de este real decreto, han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
-Dado el carácter marcadamente técnico de los requisitos regulados en la presente disposición y la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la unidad de mercado, el instrumento idóneo para establecerlos es el real decreto.
-En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de noviembre de 2013,
-DISPONGO:
-Artículo único. Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.
-El artículo 4 del Real Decreto 1431/2003 de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva se modifica en los siguientes aspectos:
-Uno. El título del artículo 4 se modifica por el siguiente «Etiquetado y envasado».
-Dos. Se establece un nuevo apartado 2, pasando el apartado existente a numerarse como 1, con la siguiente redacción:
-«2. En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.
-Los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.»
-Disposición adicional única. Aplicabilidad del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases.
-El presente real decreto no afectará a la plena aplicación del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases, establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
-Disposición transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto.
-Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.
-Disposición final única. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
-Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2013.
-JUAN CARLOS R.
-La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
-SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN",Decreto para imponer la no reutilización de envases en el canal HORECA para los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva.,"Crean sede electrónica de CNMC. Para cualquier trátmite, hace falta certificado. Si funciona igual de bien que AEAT.. "
-1920,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación por Causa de Investigación y Periodismo, resultan los siguientes:
-Antecedentes de hecho
-Primero. Constitución de la Fundación.
-La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Gumersindo Lafuente Frutos; doña Lucila Rodríguez-Alarcón Martín; don Gonzalo Fanjul Suárez y don Carlos Martínez de la Serna, en Madrid, según consta en la escritura pública número 719, otorgada el 18 de septiembre de 2013, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla.
-Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
-El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, número 2-6.º y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
-Tercero. Dotación.
-Dotación inicial: Treinta mil euros (30.000 euros). La dotación es dineraria y se ha procedido al desembolso de siete mil quinientos euros (7.500 euros). El resto de la dotación de veintidós mil quinientos euros (22.500 euros) deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a cinco años desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución por los fundadores en los términos establecidos en la escritura de constitución.
-Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
-Cuarto. Fines de la Fundación.
-En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
-– La promoción del periodismo de datos y el periodismo de investigación sobre asuntos relacionados con el desarrollo social, la desigualdad, la exclusión, la sostenibilidad y la pobreza, dentro y fuera de España. Con ello se busca el fortalecimiento de un debate público informado y de calidad sobre aspectos centrales para el interés general.
-Quinto. Patronato.
-Presidente: Don Gumersindo Lafuente Frutos.
-Vicepresidente: Doña Lucila Rodríguez-Alarcón Martín.
-Secretario: Don Gonzalo Fanjul Suárez.
-Vocal: Don Carlos Martínez de la Serna.
-Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución.
-Fundamentos de Derecho
-Primero.
-Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
-El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
-La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
-El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
-La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
-Segundo.
-Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
-Tercero.
-Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
-Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación por Causa de Investigación y Periodismo y su Patronato.
-Madrid, 3 de febrero de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.",La Fundación por Causa de Investigación y Periodismo queda inscrita. Presidente: Don Gumersindo Lafuente Frutos. Vicepresidente: Doña Lucila Rodríguez-Alarcón Martín. Secretario: Don Gonzalo Fanjul Suárez. Vocal: Don Carlos Martínez de la Serna.,"La fundación @porcausaorg, inscrita   Presi: @sindolafuente, vicep: @lularoal, secr: @GonzaloFanjul, Voc: @cmdelaserna"
-3132,"En el año 1999 se cumplió el Primer Centenario del nacimiento del Ingeniero Eduardo Torroja Miret, que a lo largo de su trayectoria profesional simultaneó las labores propias de un proyectista prestigioso, con la docencia en la Cátedra de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Dirección del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, antecedente del actual CEDEX, y la creación del Instituto de la Construcción, que más tarde se unió al Instituto del Cemento, para crear, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de la Construcción y del Cemento, que, a su muerte y como homenaje a su figura, fue rebautizado como Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
-De su fructífera colaboración con tan notables arquitectos como Arniches, Domínguez, Sánchez-Arcas, Zuazo o López Otero surgieron obras, que hoy ya pertenecen a la Historia de la Arquitectura y de la Edificación.
-El Ministerio de Fomento, tras la celebración de aquel primer Centenario, convocó en mayo de 2002 el Premio Bienal Eduardo Torroja para fomentar y destacar la obra conjunta de arquitectos e ingenieros bajo el lema «Tecnicae Plures, Opera Unica» que inspiró su obra y hoy inspira la de la Fundación Eduardo Torroja, entidad colaboradora del Ministerio de Fomento en esta iniciativa.
-Habiendo transcurrido varios años desde su primera edición, se ha decidido retomar su concesión, por su especificidad dentro del panorama de galardones existentes, y para fomentar la colaboración interdisciplinar de arquitectos e ingenieros.
-El premio se refiere al bienio anterior a su concesión, si bien, en esta convocatoria, de manera excepcional, se abarcará el ámbito temporal transcurrido desde la anterior edición.
-En su virtud, dispongo:
-Artículo único.
-Se aprueban las bases de la convocatoria del Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, que figuran en el anexo de esta Orden.
-Disposición final.
-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 13 de noviembre de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
-ANEXO
-Bases reguladoras
-Primera. Objeto.
-Se convoca el Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, que tiene por objeto reconocer la integración de los valores arquitectónicos, constructivos y estructurales de una obra, tratados como una unidad y resultado de una concepción única de la misma, realizada por un equipo interdisciplinar de Ingenieros y Arquitectos españoles, de manera equilibrada y armónica entre ambas profesiones, tanto en el proyecto como en la dirección de la obra.
-Se otorgará a una obra construida que haya finalizado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012.
-El Premio Eduardo Torroja es un premio de honor que no comporta dotación en metálico.
-Segunda. Presentación de propuestas.
-Las obras propuestas vendrán presentadas por escrito, por alguna de las siguientes Instituciones o grupos de personas:
-La Real Academia de Ingeniería.
-La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
-Las Administraciones Públicas de carácter nacional, autonómico o local.
-El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
-El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
-El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
-El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
-Las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros y de Arquitectura.
-Un mínimo de quince ingenieros y arquitectos.
-Tercera. Aceptación de las bases.
-Los participantes, por el mero hecho de su presentación a este concurso, se obligan a aceptar todas las condiciones establecidas en las bases del mismo.
-Cuarta. Documentación.
-Memoria en la que se hará constar los méritos y circunstancias especiales que concurren en la candidatura propuesta y todo el material documental que se estime oportuno, incluyendo al menos:
-Datos técnicos (autores, titulaciones, promotor, constructor-contratista, consultores, presupuesto total, etc.).
-Plantas, alzados, secciones y detalles constructivos.
-Breve reportaje fotográfico.
-Certificado del Colegio Oficial que corresponda para cada uno de los miembros del equipo, estableciendo la colegiación del mismo.
-Autorización expresa y firmada por parte del promotor o institución promotora de la obra, así como de sus autores.
-La carencia de alguno de estos documentos o datos significará la desestimación de la propuesta por el Jurado.
-Quinta. Forma y plazo de presentación.
-Las solicitudes para concurrir al Premio Eduardo Torroja deberán presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta convocatoria y se dirigirán, junto con la documentación que corresponda, al Subdirector General de Arquitectura y Edificación, debiendo tener entrada, en tiempo hábil, en el Registro General del Ministerio de Fomento, o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-También podrán presentarse las candidaturas por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
-Sexta. Jurado.
-Estará compuesto como sigue:
-El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que actuará como Presidente del Jurado, o persona en quien delegue.
-Vicepresidente: Don José Antonio Torroja Cavanillas, en representación de la Fundación Eduardo Torroja.
-Un miembro de la Real Academia de Ingeniería.
-Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
-El ingeniero premiado en la edición anterior.
-El arquitecto premiado en la edición anterior.
-Tres ingenieros de reconocido prestigio designados por:
-El Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX.
-El Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
-El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
-Tres arquitectos de reconocido prestigio designados por:
-La Directora General de Arquitectura, Vivienda, y Suelo.
-El Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
-El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
-Con objeto de poder formar un jurado paritario, cada una de las entidades deberá proponer necesariamente a dos miembros o representantes, hombre y mujer, entre los que la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo designará al que corresponda para mantener dicha paridad.
-Actuará como Secretario del Jurado, con voz y voto, el Subdirector General de Arquitectura y Edificación, del Ministerio de Fomento, o persona en quien delegue.
-El Jurado, teniendo en cuenta los criterios señalados en la base Primera, valorará las propuestas, la Memoria y la documentación presentadas y, mediante informe motivado propondrá una obra para el premio. El premio no podrá declararse desierto.
-El jurado emitirá su informe sobre las solicitudes presentadas en el plazo máximo de dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
-En lo no previsto en la presente Orden, será de aplicación lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las correspondientes dietas y gastos de viaje, de acuerdo con la legislación vigente.
-Séptima. Premio.
-El Premio quedará acreditado por la entrega de un objeto conmemorativo y un Diploma, que se entregarán a cada uno de los Ingenieros y Arquitectos autores de la obra que conformen el equipo.
-Igualmente se entregará una placa alusiva para su colocación en la obra premiada, tras obtener las oportunas autorizaciones.
-Octava. Incompatibilidades.
-No podrán optar al Premio las obras de las que sean autores los miembros del Jurado, así como los familiares, asociados o colaboradores con carácter permanente de todos ellos.
-Novena. Concesión.
-El fallo del Jurado se elevará a la Ministra de Fomento, quien concederá el Premio mediante Resolución.
-Esta resolución será notificada a las personas premiadas dentro de los diez días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo será publicada en la página web del Ministerio de Fomento.
-La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y con carácter previo y potestativo, ante el mismo órgano que dicte la resolución, recurso de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-El plazo máximo para dictar la correspondiente resolución será de cinco meses desde el día siguiente a la entrada en vigor de la presente Orden.
-Décima. Recogida de documentación.
-Toda la documentación presentada por los proponentes sobre los candidatos que no hayan sido premiados podrá ser retirada en el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución.
-Undécima. Entrega del Premio.
-La entrega del Premio Eduardo Torroja se efectuará en un acto público convocado al efecto, al que se dotará de la trascendencia y solemnidad adecuadas.",Convocatoria del Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura,"Eduardo Torroja, ingeniero reconocido que hasta un premio lleva su nombre  Y abuelo de Ana Torroja, sí #geneticafail"
-1853,"El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) quiere orientar su actividad al objetivo de promover una buena Administración orientada al bien común. Es este el criterio que guiará toda la actividad de este Instituto, especialmente la oferta formativa y de aprendizaje que dirige a los empleados públicos.
-En este sentido, el INAP, para cumplir con los fines anteriormente descritos y de acuerdo con las funciones de formación y perfeccionamiento de los funcionarios de Administración local que tiene asignadas, conforme con lo establecido en el Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, pretende continuar atendiendo las principales demandas de los entes locales españoles mediante la ejecución de diversas modalidades de aprendizaje, entre las que se encuentran las acciones formativas centralizadas.
-En consecuencia, esta Dirección adopta la siguiente resolución:
-Primero. Objeto y destinatarios.
-Mediante esta resolución se convoca la siguiente acción formativa en el lugar y la fecha que se indican:
-Jornada sobre contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público.
-Fecha: 20 de junio de 2018.
-Lugar celebración: Gran Anfiteatro del Colegio de Médicos.
-Código: FLP18-3060-00001.
-Horas lectivas: 5 horas.
-Número de plazas: 450.
-Fecha límite de inscripción: 4 de junio de 2018.
-Destinatarios: Funcionarios de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y otros funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1 y A2, y personal laboral fijo asimilado, de todas las Administraciones públicas.
-Objetivos: Análisis de los problemas planteados por la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con los llamados contratos menores.
-Programa:
-09.30 h–10.00 h.
-Apertura de la jornada.
-Manuel Arenilla Sáez.
-Director del INAP.
-10.00 h–11.00 h.
-Parte I.
-Los contratos menores en la nueva ley.
-Miguel Pardo González.
-Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
-11.30 h–12.30 h.
-Parte II.
-Principios generales de la contratación pública y contratos menores.
-José Antonio Moreno Molina.
-Catedrático de Derecho Administrativo.
-12.30 h–13.30 h.
-Parte III.
-Expediente de contratación en los contratos menores y los riesgos del fraccionamiento del objeto del contrato.
-José Manuel Martínez Fernández.
-Vicesecretario General.
-Ayuntamiento de Valladolid.
-13.30 h–14.30 h.
-Parte IV.
-Fiscalización de contratos menores.
-Javier Tena Ruiz.
-Subdirector General de Coordinación de la Contratación.
-Ayuntamiento de Madrid.
-14.30 h–15.00 h.
-Turno de preguntas.
-Segundo. Presentación de solicitudes.
-Quien desee participar en la actividad formativa convocada deberá presentar la correspondiente solicitud que será accesible, tras la selección de la jornada, en las siguientes direcciones: https://buscadorcursos.inap.es y http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local
-El consentimiento del superior jerárquico se entiende concedido desde el momento en que accede a participar en acciones formativas en las que haya resultado seleccionado.
-El envío de la solicitud telemática debidamente cumplimentada supone la aceptación expresa de las normas y procedimientos que rigen la jornada.
-Tercero. Selección.
-1. La Subdirección de Formación Local seleccionará a los asistentes de entre las solicitudes que cumplan los requisitos, atendiendo al perfil de los candidatos en relación con los objetivos de la jornada.
-2. Los empleados públicos podrán participar en cursos de formación durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
-3. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados públicos y empleadas públicas. Asimismo, se reservará al menos un 40 por ciento de las plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje.
-4. En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, se valorará como criterio de selección el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las personas con discapacidad que soliciten el curso podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán indicar, asimismo, las adaptaciones necesarias en el curso formativo, siempre y cuando hayan sido seleccionadas.
-Cuarto. Régimen de asistencia.
-Los alumnos habrán de asistir con regularidad a la jornada.
-Una inasistencia superior al 10 por ciento en el cómputo total de horas lectivas programadas imposibilitará la expedición de la certificación y dará lugar a la baja en la jornada, con pérdida de todos los derechos.
-Los participantes que acrediten un buen aprovechamiento de las enseñanzas impartidas recibirán un correo electrónico indicándoles la dirección a la que podrán acceder para descargarse su certificado en soporte digital.
-Quinto. Régimen académico.
-Los alumnos seleccionados que no observen las reglas elementales de participación, respeto y consideración hacia profesores, compañeros o personal del INAP y, en general, que contravengan lo dispuesto en el Código Ético del INAP (que podrá consultarse en (www.inap.es/conocenos) podrán ser excluidos de las actividades formativas.
-Para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, los alumnos contarán con el acceso gratuito a «Ágora» (http://agora.edu.es/), a La Administración al Día (http://laadministracionaldia.inap.es) y al Banco de Conocimiento (http://bci.inap.es/), así como a la Red Social Profesional (https://social.inap.es/).
-Sexto. Información adicional.
-La información detallada de la jornada será expuesta en la página web del Instituto. Se podrá solicitar información adicional a través del correo electrónico fl@inap.es
-Madrid, 8 de mayo de 2018.–El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez.","Resolución donde se convoca la jornada sobre contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. El número de plaza es 450 y está destinado a funcionarios de la Escala de funcionarios de Administración local
-","Cuando una ley es taaan compleja que es necesario dar un curso de cinco horas sobre solo uno de sus puntos, en este caso los contratos menores en la nueva LCSP:  #BOE"
-538,"Vistos los antecedentes que obran en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y a tenor de los siguientes
-Antecedentes de hecho
-Primero.
-El artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece que durante la duración del estado de alarma se podrán ordenar medidas encaminadas a impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados.
-El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
-En el artículo 4.3 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se habilita a las autoridades competentes delegadas para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
-Asimismo, de acuerdo con el artículo 13.a) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad, como autoridad delegada competente, puede impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado con los productos necesarios para la protección de la salud pública.
-Segundo.
-Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 existe, a día de hoy, una gran demanda en el mercado de soluciones y geles hidroalcohólicos para desinfección de manos que ayudan a prevenir posibles contagios de la enfermedad trasmitida por el citado virus.
-Con la finalidad de poder abastecer el mercado con soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos necesarios para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue necesario adoptar medidas especiales que permitiesen disponer de etanol suficiente para atender la creciente demanda de los mencionados productos. En consecuencia, se dictó la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
-Tercero.
-La Orden SND/321/2020, de 3 de abril, habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a modificar su anexo en función de la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
-Cuarto.
-El aumento de la demanda de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos y el riesgo de salud pública derivado de un posible desabastecimiento de etanol hacen necesario actualizar el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, para permitir incrementar los medios efectivos disponibles para evitar los contagios por el COVID-19.
-En virtud de lo expuesto, resuelvo:
-1. Actualizar el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda redactado en los siguientes términos:
-«Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos
-El bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos deberá satisfacer las siguientes especificaciones:
-– Metanol < 200 ppm (V/V).
-– Acetaldehído < 50 ppm (V/V).
-– Benceno < 2 ppm (V/V).
-– Total, de otras impurezas* < 3000 ppm.
-* Junto a la solicitud de autorización se presentará un certificado con las impurezas presentes en el bioetanol justificativo de esta especificación. Este certificado se evaluará por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de forma previa a la concesión de la autorización de las soluciones y geles hidroalcohólicos que empleen bioetanol en su fabricación.
-Además, independientemente de lo anterior, la mezcla de componentes carcinogénicos total presentes en el bioetanol debe ser < 0,1%.
-La desnaturalización deberá hacerse con los desnaturalizantes establecidos en el artículo 15 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos.»
-Madrid, 9 de abril de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.",Se permite el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos de forma extraordinaria.,"Hoy, además, se rebajan las condiciones mínimas que debe cumplir  #BOE "
-1306,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Madrid, 10 de octubre de 2014.- Secretaria General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.","¿Veis este contrato de ""servicios auxiliares"" para CNMC?  En realidad son 4 conductores  #BOE",[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,"Contrato de servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por un importe total de 154.843,70 euros.
+",,[],3335,0.6514923,550
+2013-04-29,,BOE-B-2013-16326,Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-B-2013-16326</identificador>
+<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+<fecha_publicacion>20130429</fecha_publicacion>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
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+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>Indicado en el perfil del contratante</fecha_apertura_ofertas>
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+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>31000000 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación
+45000000 Trabajos de construcción</materias_cpv>
+<observaciones>Suministros y obras</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Ayuntamiento de Fuenlabrada.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Negociado de Contratación.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Negociado de Contratación.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Plaza de la Constitución, número 1.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Fuenlabrada 28943.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>91 649 70 00.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>91 649 70 99.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.ayto-fuenlabrada.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el día final del plazo de recepción de ofertas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>C.5.C.13.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Suministro.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Ayuntamiento de Fuenlabrada.</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Fuenlabrada .</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Dos años.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Posibilidad de prórroga por dos años más.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>A) Número de trabajadores destinados al servicio de guardia y mantenimiento (Hasta 20 puntos); B) Oferta Ecónomica (Hasta 80 puntos).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>370.746,62.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 185.373,31 euros. Importe total: 224.301,71 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación; Impuesto del Valor Añadido (I.VA.). Excluido.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>No se exige.</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Indicado en el pliego administrativo.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2013.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Negociado de Contratación.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Plaza de la Constitución, número 1, Edificio 2, planta segunda.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Fuenlabrada 28943.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>Dos meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura: A las 12:00 horas del día 6 de junio de 2013. Primera planta.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Plaza de la Constitución, número 1, primera planta.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Fuenlabrada.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Indicado en el perfil del contratante.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>A cargo del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>17 de abril de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Fuenlabrada, 19 de abril de 2013.- El Alcalde, don Manuel Robles Delgado.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Apr 29 10:17:59 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
+Ayuntamiento de Fuenlabrada.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Secretaría General Técnica.
+Negociado de Contratación.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Secretaría General Técnica.
+Negociado de Contratación.
 2) Domicilio: 
-Complejo Administrativo San Caetano, Edificio n.º 1, 2.ª planta.
+Plaza de la Constitución, número 1.
 3) Localidad y código postal: 
-Santiago de Compostela, 15781.
+Fuenlabrada 28943.
 4) Teléfono: 
-Información de índole técnica: 981 544203 / 981 544286 e información de índole administrativa: 981 957349 / 981 544517.
+91 649 70 00.
 5) Telefax: 
-981 544239.
-6) Correo electrónico: 
-contratación.vicepresidencia@xunta.gal; natalia.lobato.mosquera@xunta.gal; nicolas.vazquez.iglesias@xunta.gal.
+91 649 70 99.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=94022.
+www.ayto-fuenlabrada.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-6 de febrero de 2017, hasta las 14:00 horas.
+Hasta el día final del plazo de recepción de ofertas.
 d) Número de expediente: 
-2017-SESE 01 EM.
+C.5.C.13.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Contrato administrativo de servicios.
+Suministro.
 b) Descripción: 
-Prestación del servicio consistente en la realización de trabajos para la elaboración y publicación de la edición electrónica del Diario Oficial de Galicia.
-c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
-No lleva lotes.
+Suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.
 d) Lugar de ejecución/entrega: 
 1) Domicilio: 
-El indicado en el apartado 3.2.3. del pliego de prescripciones técnicas.
+Ayuntamiento de Fuenlabrada.
+2) Localidad y código postal: 
+Fuenlabrada .
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-Veinticuatro meses a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.
+Dos años.
 f) Admisión de prórroga: 
-Si, por un plazo máximo igual al del contrato.
+Posibilidad de prórroga por dos años más.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-79970000-4. Servicios de edición.
+45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
-Ordinaria, sujeta a regulación armonizada y anticipada de gasto.
+Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
-Abierto con pluralidad de criterios.
-c) Subasta electrónica: 
-No.
+Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: 
-Los establecidos en el apartado J de la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares.
+A) Número de trabajadores destinados al servicio de guardia y mantenimiento (Hasta 20 puntos); B) Oferta Ecónomica (Hasta 80 puntos).
 4. Valor estimado del contrato:
-2.621.818,18 euros.
+370.746,62.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 1.191.735,54 euros. Importe total: 1.442.000,00 euros, IVA incluido. 
+ Importe neto: 185.373,31 euros. Importe total: 224.301,71 euros. 
 6. Garantías exigidas. 
-Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
+Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación; Impuesto del Valor Añadido (I.VA.). Excluido.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
-Lo indicado en el apartado E de la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares.
+No se exige.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Solvencia económica y financiera: deberá justificarse por los medios señalados en el apartado F de la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares. Solvencia técnica y profesional: deberá justificarse por los medios señalados en el apartado G de la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares.
+Indicado en el pliego administrativo.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-6 de febrero de 2017, a las 14:00 horas.
-b) Modalidad de presentación: 
-Directamente en el lugar indicado en el apartado c) de este punto. Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciarle al órgano de contratación la remisión de la mencionada oferta mediante telegrama, fax o burofax el mismo día. El número de fax es el 981 544239.
+Hasta las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2013.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Oficina de Registro General e Información a la Ciudadanía del Complejo Administrativo San Caetano.
+Negociado de Contratación.
 2) Domicilio: 
-Complejo Administrativo San Caetano.
+Plaza de la Constitución, número 1, Edificio 2, planta segunda.
 3) Localidad y código postal: 
-Santiago de Compostela, 15781.
-e) Admisión de variantes: 
-No procede.
+Fuenlabrada 28943.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-Dos meses a contar desde la fecha de la apertura de las proposiciones.
+Dos meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Sala de juntas 'D' del Complejo Administrativo San Caetano. Edificio de la Pirámide.
+Apertura: A las 12:00 horas del día 6 de junio de 2013. Primera planta.
 b) Dirección: 
-Edificio Administrativo San Caetano. Sótano.
+Plaza de la Constitución, número 1, primera planta.
 c) Localidad y código postal: 
-Santiago de Compostela, 15781.
+Fuenlabrada.
 d) Fecha y hora: 
-El primer acto público, apertura del sobre B 'Documentación relativa a los criterios de adjudicación no evaluables automáticamente' tendrá lugar, a las 12:00 horas, el día 16 de febrero de 2017. El lugar, día y hora del segundo acto público, 'Lectura y evaluación del sobre B' y de la apertura del sobre C 'Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática', se indicarán oportunamente en el perfil del contratante.
+Indicado en el perfil del contratante.
 10. Gastos de publicidad: 
-Serán por cuenta del adjudicatario.
+A cargo del adjudicatario.
 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-29 de diciembre de 2016.
-Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 2016.- La secretaria general técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Beatriz Cuiña Barja.","Licitación para la prestación del servicio consistente en la realización de trabajos para la elaboración y publicación de la edición electrónica del Diario Oficial de Galicia por un importe total de 1.442.000,00 euros","La publicación electrónica del Diario Oficial de Galicia, privatizada. Publican unas 211 páginas/día  #BOE"
-3789,"El artículo 10 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, garantiza al alumnado, a sus padres, madres o tutores y órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho del primero a recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio del derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro.
-La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesorado designado por las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la conformidad de ésta.
-Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán los establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
-La disposición adicional segunda sobre enseñanza de la Religión, de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el apartado 2 que la enseñanza de otras religiones diferentes a la católica se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con las respectivas confesiones religiosas. La misma disposición, en su apartado 3, expresa que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas.
-Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su disposición adicional tercera sobre enseñanzas de religión, establece que las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14, de este real decreto.
-Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad de que éste reciba o no reciba enseñanzas de religión.
-La evaluación de Religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Asimismo, dispone que la determinación del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.
-De acuerdo con los preceptos indicados, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha determinado el currículo de la enseñanza de la religión evangélica para la Educación Secundaria Obligatoria.
-En su virtud, a propuesta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, resuelvo:
-[precepto]Primero.
-Dar publicidad al currículo de la materia Religión evangélica en Educación Secundaria Obligatoria, que se incluye en el anexo.
-[precepto]Segundo.
-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 23 de julio de 2015.–El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez Pérez.
-ANEXO
-Introducción
-En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la materia Religión evangélica tiene la finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad de la que forma parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas que el alumnado en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona.
-Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Religión evangélica se ha realizado asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje de Religión evangélica en relación al resto de materias que se imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se les da a los profesionales, desde su autonomía pedagógica, la posibilidad de cumplir con su función de programar para adoptar innovaciones metodológicas y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los equipos docentes de los centros en que se integran.
-Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar en Educación Secundaria Obligatoria mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta materia en los siguientes bloques fundamentales: la Biblia y su estudio, la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana.
-Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado.
-En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el ordenamiento vigente a fin de que en la enseñanza de Religión evangélica, como en el resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
-No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre en la búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y teológicos que son propios de esta materia.
-En esta situación, la finalidad de la enseñanza de Religión evangélica se concreta en:
-1. Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de dichas enseñanzas.
-2. Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus implicaciones en el plan salvífico de Dios.
-3. Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios que demanda una respuesta de cada ser humano.
-4. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en las personas que se relacionaron con Él.
-5. Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI.
-6. Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano.
-7. Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella.
-8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano.
-9. Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la capacidad creadora de Dios.
-10. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica.
-11. Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual.
-Además de lo dicho hasta ahora, la enseñanza de Religión evangélica ha de desarrollar prioritariamente en el alumnado una «Conciencia y expresión cristiana» que supera los ámbitos competenciales descritos que comparte con el resto de materias de la Educación Secundaria Obligatoria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica a la que este currículo da respuesta. Esta finalidad implica que el alumnado valore, mida, aprecie, interiorice, y comunique, entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas, puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica implica que simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la enseñanza de Religión evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa.
-Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en la asignatura Religión evangélica incluyen la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La programación docente incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz.
-Orientaciones de metodología didáctica
-De acuerdo con el actual currículo, la definición de objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ha de completarse con la referencia a las orientaciones de metodología didáctica, entendiendo por tal el proceso por el que los anteriores se alcanzan. La propia identidad de la enseñanza de Religión evangélica determina las orientaciones metodológicas necesarias para que docentes y discentes desarrollen el currículo de acuerdo con las decisiones de concreción del mismo adoptadas en las correspondientes programaciones didácticas y secuencia de unidades didácticas. Como parte de todo el currículo cursado por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la programación de enseñanza de Religión evangélica debe integrarse en el proyecto educativo de cada centro en que se imparte desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que contribuye a enriquecer.
-En el desarrollo de este currículo, los docentes que imparten enseñanzas de Religión evangélica tienen un especial protagonismo al integrar su capacitación específica en el área que imparten, su conocimiento y participación en el contexto en que lo hacen, y su identidad personal como cristianos convencidos del mensaje y la labor que desarrollan. En este sentido adquiere una relevancia significativa, dentro de las funciones que comparte con el resto del profesorado de la etapa, la de elaborar la programación didáctica y diseñar y desarrollar las unidades didácticas y las tareas de clase según las características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado.
-En la aplicación práctica de estas programaciones el profesorado ha de tener en cuenta que los alumnos y alumnas aprenden cuando participan en experiencias, sean estas reales, simuladas o ficticias. En este sentido, el profesor de Religión evangélica se convierte en un facilitador de experiencias en las que, además de plantear los contenidos y actitudes que se pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a su alumnado con personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora, aportando en el proceso de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación los hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye en guía, aportando una visión bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones cotidianas. Tiene, por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a aprender subliminalmente actitudes de las personas de autoridad. Por ello, los profesores de Religión evangélica han de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y una función de guía que aporte al alumnado los recursos, medios y orientaciones necesarios para que sean capaces de elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones planteadas.
-El alumnado que aprende Religión evangélica ha de ser un alumnado activo, a quien se le propone múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, desde edades tempranas, en el conocimiento y el manejo de la Biblia, pues ha de remitirse a esta a lo largo de todo su aprendizaje como fuente básica para la comprensión del modo en que Dios se ha acercado y revelado al ser humano. Esta capacitación para la investigación bíblica se complementa con el uso de fuentes extrabíblicas, en ocasiones coincidentes con otras materias que también estudia (literarias, históricas, documentales) como garantía de la complementariedad de la enseñanza de Religión evangélica con el resto del currículo y su aportación a la formación integral del adolescente.
-Tener en cuenta el aprendizaje en esta edad implica tomar en consideración sus propios intereses y sus características evolutivas a la hora de plantear distintas situaciones de aprendizaje. Es por eso que, a lo largo de la etapa, la enseñanza de Religión evangélica debe tender a facilitar una cada vez mayor autonomía del alumno y una progresión desde el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. Se deben potenciar a medida que se avanza en la etapa situaciones con una cada vez mayor dosis de confrontación y ejercicio crítico, que permitan al alumnado afianzar la fe y valores cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el que no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado cuanto que sea aprendido. No se pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero sí esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente profundas.
-La enseñanza de Religión evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, como en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras opciones. Para ello el docente planificara tareas dinámicas de aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones personales y/o grupales.
-De igual modo el docente ha de reflexionar sobre la gestión del tiempo al proponer al alumnado las tareas propias de la materia, a fin de que estas permitan al alumnado trabajar de manera adecuada tanto cuando está aproximándose por primera vez a las propuestas como cuando está revisando su trabajo. El docente de Religión evangélica debe, en definitiva, gestionar el tiempo y los espacios de trabajo de manera que facilite el trabajo activo y responsable del alumnado.
-Es pertinente plantear la relevancia de los recursos didácticos entre las decisiones metodológicas a adoptar, de manera que está en la propia identidad del área el uso prioritario de la Biblia como recurso básico e imprescindible. No obstante, se incluirán en el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales, impresos, digitales o de otro tipo, que se incorporan como medios para estimular el estudio de la Biblia. El docente de Religión evangélica participa en la producción de estos materiales y en su difusión e intercambio en foros específicos creados en el marco de FEREDE, que tienen la importancia de ser un espacio de crecimiento profesional al facilitar la formación e innovación permanente del profesorado.
-En cuanto a las estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la enseñanza de Religión evangélica con un único método universalmente aplicado, sino que es el docente el que debe adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el trabajo en cada caso para alcanzar los fines previstos, con las máximas cotas posibles de calidad, de acuerdo con el contexto en que se ubica. En cualquier caso, al adoptar estas decisiones metodológicas el docente debe tener en cuenta la importancia de estimular la motivación del alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar estrategias de trabajo compartido y potenciar la comunicación con las familias.
-Por último, la evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para ello (trimestral, anual o al finalizar la etapa).
-Es necesario destacar que la evaluación de Religión evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello.
-Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por un lado los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de esta materia (tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo) la respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación de la calificación.
-No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de evaluación, aunque no se pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo y procedimental. En la evaluación de las actitudes ha de esperarse respuestas voluntarias, no sistematizadas, sino representativas: indicios de la actitud o actitudes que se pretende que los alumnos aprendan. Para ello es imprescindible que el docente, en su metodología, cuente con registros adecuados de recogida de información basados en los propios elementos del currículo, y que cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de comunicación fluida con las familias. Esta participación del alumnado y sus familias, en conjunción con la labor del docente de Religión evangélica, puede contribuir a que el desarrollo personal, espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente.
-La enseñanza de Religión evangélica, también en la Educación Secundaria Obligatoria, contribuye al desarrollo integral del individuo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de ordenación del sistema educativo. En este sentido asume que cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y permitir la movilización y aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. La enseñanza de Religión evangélica persigue, por tanto, que -todo el alumnado adquiera conocimientos, desarrolle destrezas y habilidades y manifieste actitudes propias de ciudadanos responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana.
-RELIGIÓN EVANGÉLICA
-1.º ESO
-Contenidos
-Criterios de evaluación
-Estándares de aprendizaje evaluables
-Bloque 1. La Biblia y su estudio
-La composición del Antiguo Testamento. Resumen esquemático y canon.
-La composición del Nuevo Testamento. Resumen esquemático y canon.
-El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la Biblia.
-1. Conocer la estructura del Antiguo y Nuevo Testamento e identificar los autores por libro y ser capaz de resumir brevemente la historia bíblica.
-2. Extraer y elaborar información relacionada con la inspiración, revelación, canon y propósito de la Palabra de Dios.
-3. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano.
-1.1. Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.
-1.2. Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos relativos a su composición.
-1.3. Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.
-1.4. Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.
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-2.1. Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a partir de la utilización de diversas fuentes.
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-2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
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-2.3. Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
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-2.4. Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.
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-2.5. Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para comprender la composición de la Biblia.
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-3.1. Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano.
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-3.2. Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las características generales de cada situación.
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-3.3. Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.
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-3.4. Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el ser humano.
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-Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo
-Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios.
-La promesa de un Salvador.
-Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre.
-La Torre de Babel: un camino equivocado.
-Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un Salvador.
-Isaac, Jacob, José.
-1. Investigar los principales sucesos en la historia bíblica desde Adán hasta José elaborando la información recogida.
-2. Analizar las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad.
-1.1. Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia para la humanidad.
-1.2. Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus palabras.
-1.3. Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro del plan de Dios para redimir la humanidad.
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-1.4. Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el comportamiento de sus contemporáneos.
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-1.5. Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.
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-1.6. Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.
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-2.1. Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias inmediatas y posteriores.
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-2.2. Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.
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-2.3. Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.
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-2.4. Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.
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-2.5. Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.
-Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
-Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. Desarrollo de su labor ministerial.
-La figura de Jesús:
-Jesús: Dios y hombre.
-Jesús: ejemplo de vida.
-Jesús: buenas nuevas de salvación.
-1. Identificar y ordenar cronológicamente las etapas de nacimiento, crecimiento y primeros años del ministerio de Jesús, que relatan los evangelios.
-2. Obtener y analizar información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, utilizando la Biblia como fuente.
-3. Explicar la figura de Jesús, analizando su divinidad y humanidad, así como su ejemplo de vida.
-4. Valorar las buenas nuevas de salvación analizando textos bíblicos.
-1.1. Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.
-2.1. Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o por escrito.
-2.2. Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación.
-2.3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida de Jesús.
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-3.1. Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.
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-3.2. Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.
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-4.1. Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.
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-4.2. Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas.
-Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI
-Orígenes de la Iglesia.
-La obra misionera de Pablo.
-La extensión de la iglesia y las epístolas de Pablo.
-1. Obtener información concreta y relevante sobre los orígenes de la Iglesia, utilizando diferentes fuentes.
-1.1. Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla comparativa.
-2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano en el período neotestamentario, analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos.
-1.2. Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
-2.1. Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.
-2.2. Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.
-2.3. Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.
-2.4. Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus consecuencias prácticas.
-2.5. Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la extensión del evangelio a las naciones.
-3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender y expresar contenidos sobre la historia del cristianismo primitivo.
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-4. Participar en diálogos y debates sobre los cambios producidos por el cristianismo en los distintos ámbitos de la sociedad antigua y actual.
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-2.6. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo..
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-3.1. Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar trabajos y/o tareas específicas.
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-3.2. Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia en la etapa estudiada.
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-4.1. Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en la transmisión del Evangelio de Jesús.
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-4.2. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.
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-4.3. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.
-Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida
-El ser humano como creación de Dios.
-La imagen de Dios en el ser humano.
-La dignidad de todas las personas.
-El valor de la vida y el amor de Dios por toda la humanidad.
-1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que muestran que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios.
-1.1. Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.
-1.2. Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.
-1.3. Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona: espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.
-1.4. Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.
-2. Identificar y localizar en pasajes bíblicos, ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios.
-3. Explicar el amor de Dios por la humanidad y por cada individuo en particular, analizando las implicaciones.
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-1.5. Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y la capacidad creadora del ser humano.
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-1.6. Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo bíblicamente.
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-1.7. Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus implicaciones prácticas.
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-2.1. Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que adopta en la vida.
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-2.2. Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de toda persona según las palabras y hechos de Jesús.
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-2.3. Escucha y respeta las ideas de los otros.
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-2.4. Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad humana.
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-3.1. Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se traduce en un plan para cada persona en particular.
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-3.2. Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.
-Bloque 6. Ética cristiana
-La libertad de conciencia y la responsabilidad personal.
-El matrimonio y la familia cristiana.
-1. Analizar la importancia de la libertad de conciencia y la responsabilidad en el marco bíblico y en el contexto social.
-2. Entender la base bíblica de la familia cristiana.
-1.1. Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida expresado a lo largo de la Biblia.
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-1.2. Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad que tenemos asociada a la libertad.
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-1.3. Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.
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-1.4. Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.
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-2.1. Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.
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-2.2. Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.
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-2.3. Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su propia vida.
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-2.4. Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser humano.
-2.º ESO
-Contenidos
-Criterios de evaluación
-Estándares de aprendizaje evaluables
-Bloque 1. La Biblia y su estudio
-Líneas directrices del mensaje bíblico.
-La relación de Dios con el ser humano.
-La desobediencia del hombre y el plan de salvación.
-1. Identificar las principales enseñanzas de la Biblia sobre Dios y su relación con el ser humano.
-2. Explicar el plan de salvación y la obra de Cristo comprendiendo la importancia de la resurrección.
-3. Identificar y estudiar textos bíblicos la ascensión de Cristo, y la obra del Espíritu Santo.
-4. Analizar la base bíblica de la justificación por fe, el reino de Dios y la Iglesia.
-1.1. Reconoce y memoriza textos bíblicos identificando las enseñanzas sobre el amor de Dios hacia el hombre.
-2.1. Realiza una investigación bíblica sobre el plan de salvación y la obra de Cristo revelada a través de pasajes específicos de la Biblia.
-2.2. Identifica y memoriza versículos clave, acerca del plan de salvación de Dios y analiza su alcance a todos los pueblos de la tierra.
-La obra redentora de Cristo.
-La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano.
-La justificación por la fe.
-El reino de Dios y la Iglesia.
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-2.3. Extrae enseñanzas y conclusiones relacionadas con la resurrección y ascensión de Cristo y las relaciona con la enseñanza del apóstol Pablo sobre este tema.
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-3.1. Identifica pasajes paralelos sobre la resurrección y ascensión de Cristo, valorando la importancia de estos hechos para la vida del creyente.
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-3.2. Identifica y lee pasajes bíblicos que indican la obra del Espíritu Santo (Paracleto) y su fruto en la vida del cristiano.
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-4.1. Analiza y memoriza pasajes claves de las cartas de Pablo que resumen la justificación por gracia a través de la fe.
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-4.2. Usa rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico.
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-4.3. Examina en el Nuevo Testamento el concepto del Reino de Dios, el origen de la iglesia y su misión en el mundo hoy, resumiendo sus conclusiones.
-Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo
-El pueblo de Israel en Egipto.
-El significado de la Pascua.
-Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto.
-Moisés y el pacto de Dios con su pueblo.
-La ley: Normas éticas, civiles, ceremoniales.
-1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el periodo de los Patriarcas hasta la llegada a la Tierra Prometida, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes).
-1.1. Identifica los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa de su historia y los ubica en la línea del tiempo.
-1.2. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia del pueblo de Israel hasta la muerte de Moisés y señala los hechos y hechos personajes más relevantes.
-1.3. Explica adecuadamente el significado de la Pascua identificando su simbolismo y estableciendo relaciones con la obra de Cristo.
-La ley y el evangelio.
-2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua y tipos de leyes del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento.
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-1.4. Explica y enumera los Diez mandamientos y la importancia del día de reposo en la vida del cristiano.
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-1.5. Identifica eventos religiosos, sociales y culturales de Israel en la antigüedad.
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-2.1. Comprende el principio de la tipología bíblica identificando diferentes ejemplos relacionados con el tema de la salvación.
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-2.2. Analiza y reflexiona debatiendo en clase el propósito y funciones de la ley.
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-2.3. Aprecia en el libro de Hebreos la relación entre la ley y la obra superior de Jesús.
-Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
-Las relaciones de Jesús:
-Con el pueblo: religiosos, necesitados y autoridades.
-Con el Padre.
-Con los discípulos.
-1. Analizar en textos del evangelio las relaciones de Jesús con el Padre, los discípulos, diversas personas del pueblo y con nosotros, y comunicando sus hallazgos al resto de la clase.
-1.1. Lee textos bíblicos donde Jesús habla con el Padre, o enseña sobre su relación con Él, analizando las enseñanzas más importantes que identifica.
-1.2. Contrasta los diversos textos en los que Jesús se encuentra con diferentes personas resumiendo las actitudes que Jesús demostró hacia ellos.
-1.3. Analiza y expone su opinión con respecto a los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas: religiosos, necesitados, autoridades y discípulos, etc.
-Con nosotros.
-2. Sacar conclusiones acerca de qué significa y qué implicaciones personales tiene ser discípulo de Jesucristo, mediante el estudio, individual y grupal, de diversos textos de los Evangelios que relatan encuentros de Jesús con diferentes personas.
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-1.4. Aprecia el ofrecimiento de amistad personal que hace Jesús a cada ser humano, explicando qué significa esa amistad en su experiencia personal.
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-2.1. Analiza las características que identifican a un discípulo de Jesús y debate las implicaciones personales que tiene ser discípulo de Jesús en la actualidad.
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-2.2. Trabaja de manera guiada y grupal, la búsqueda de información de los encuentros de Jesús con diferentes personas.
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-2.3. Entiende la importancia de que cada persona cultive su relación personal con Dios, analizando la relación de Jesús con Dios Padre.
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-2.4. Distingue y señala en textos bíblicos la importancia de la lectura de la Biblia y la oración como los medios que Dios ha provisto para tener una relación con él, justificando en el grupo la selección de los textos.
-Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI
-La época de las persecuciones.
-La Iglesia en el Bajo Imperio Romano.
-De la concesión de la libertad a la proclamación del cristianismo como religión oficial del estado.
-1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes fuentes.
-2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano desde el período neotestamentario hasta el Concilio de Nicea, analizando las consecuencias de los mismos.
-1.1. Explica y describe el desarrollo del cristianismo bajo los gobiernos de varios emperadores romanos (Nerón, Domiciano, Adriano, Galerio y Diocleciano) consultando diversas fuentes.
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-1.2. Sitúa cronológicamente los hechos y personajes más importantes de la edad apostólica de la Iglesia.
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-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio de la historia de la Iglesia desde la etapa en el Bajo Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad Media.
-1.3. Muestra sensibilidad y es capaz de establecer conexiones entre el contexto histórico de la Iglesia de los primeros siglos y la persecución de los cristianos hoy en día.
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-4. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y formas de pensar, sin renunciar a un juicio crítico desde una perspectiva bíblica.
-2.1. Analiza la importancia histórica del edicto de Milán situándolo en su contexto histórico y geográfico.
-2.2. Investiga sobre la importancia del Concilio de Nicea y el edicto de Tesalónica en la historia de la Iglesia exponiendo sus conclusiones personales de forma oral o por escrito.
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-3.1. Identifica y localiza en el tiempo y el espacio las primeras controversias, percibiendo las implicaciones de estos acontecimientos.
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-3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas sobre la expansión del cristianismo en esta etapa.
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-4.1. Analiza y resume las consecuencias sociales e históricas de la proclamación del cristianismo como religión oficial del estado.
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-4.2. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades, culturas y etapas históricas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.
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-4.3. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja el papel de la oración y la perseverancia en la vida cristiana.
-Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida
-La separación entre Dios y el hombre.
-1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que expresan las consecuencias del pecado en la relación con Dios, con nosotros mismos y con otras personas.
-1.1. Define el concepto bíblico del pecado e identifica las consecuencias que trajo para el ser humano, en su relación con Dios, con otras personas y con la naturaleza.
-1.2. Señala y comenta la importancia del relato del libro de Génesis acerca de la creación del hombre a imagen de Dios y su posterior deterioro.
-1.3. Debate sobre los efectos de la ruptura de la comunión con Dios en la naturaleza humana y en la imagen de Dios en el hombre.
-Las consecuencias de la caída.
-La esperanza de restauración
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-2. Saber identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios y entender la esperanza de restauración que la Biblia enseña.
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-1.4. Analiza la realidad humana general a través de los medios informativos, identificando las situaciones problemáticas más importantes y exponiendo en clase sus conclusiones personales.
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-2.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el interés de Dios por cada persona y su restauración.
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-2.2. Utiliza información bíblica para dar respuesta a realidades de la persona tales como la culpa, ansiedad, soledad, y crisis de identidad.
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-2.3. Crea y comparte textos, videoclips, cortos, para describir la necesidad espiritual del ser humano de relacionarse con Dios.
-Bloque 6. Ética cristiana
-El respeto y amor al prójimo.
-El cuidado de la creación.
-La responsabilidad social.
-La importancia del trabajo.
-1. Comprender la perspectiva bíblica sobre el respeto y amor al prójimo, el cuidado de la creación, la responsabilidad social y la importancia del trabajo.
-1.1. Demuestra mediante ejemplos de diversas fuentes, el amor al prójimo y el servicio en la vida del cristiano.
-   
-2. Participar activamente en algún proyecto colectivo (en la familia, el centro escolar, el barrio, el pueblo o la ciudad donde vive) que contribuya a cubrir las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano, manifestando actitudes de solidaridad y compromiso.
-1.2. Identifica las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano y enumera maneras de aliviarlas y ayudar.
-1.3. Analiza a través de la prensa la marginación, el racismo y la integración o falta de ella y debate sobre estos temas.
-1.4. Compara y explica el respeto y convivencia frente al desprecio y la violencia.
-1.5. Valora su importancia en el grupo de clase y la labor que desarrolla.
-2.1. Desarrolla en grupo un proyecto de cuidado del medio ambiente manifestando actitudes de solidaridad y compromiso.
-2.2. Debate en clase sobre nuestra responsabilidad frente a los problemas sociales y el egoísmo.
-2.3. Toma conciencia de la necesidad de mostrar solidaridad con los demás seres humanos en diferentes situaciones: exclusión social, catástrofes, etc.
-2.4. Identifica injusticias humanas contemporáneas ubicadas en su entorno proponiendo alternativas bíblicas de denuncia y/o solución.
-2.5. Se interesa por una entidad que manifiesta actitudes de solidaridad y compromiso y participa en algún proyecto colectivo solidario.
-3.1. Utiliza diferentes fuentes (libros, artículos de revistas o periódicos, entrevistas, cuestionarios, programas de radio o televisión, películas, anuncios publicitarios), e identifica la solidaridad y el consumismo, contrastándolos con los valores éticos cristianos.
-   
-3. Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos según las enseñanzas de la Biblia.
-   
-2. Participar activamente en algún proyecto colectivo (en la familia, el centro escolar, el barrio, el pueblo o la ciudad donde vive) que contribuya a cubrir las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano, manifestando actitudes de solidaridad y compromiso.
-   
-3. Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos según las enseñanzas de la Biblia.
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-3.2. Da soluciones creativas a situaciones de cooperación y conflicto entre diferentes colectivos o grupos.
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-3.3. Investiga sobre la base bíblica del valor y la dignidad del trabajo, exponiendo sus conclusiones en clase.
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-3.4. Investiga sobre la visión bíblica de los Derechos Humanos, especialmente en las enseñanzas de Jesús.
-3.º ESO
-Contenidos
-Criterios de evaluación
-Estándares de aprendizaje evaluables
-Bloque 1. La Biblia y su estudio
-La Biblia como palabra de Dios (autoridad).
-La veracidad de la Biblia.
-La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia.
-Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias históricas y arqueológicas.
-Cómo nos ha llegado la Biblia.
-1. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano.
-1.1. Analiza textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela al ser humano identificando los más relevantes en la Biblia.
-2. Extraer y elaborar información relacionada con la inspiración, autenticidad, autoridad, unidad y coherencia de la composición bíblica, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación como recurso de apoyo.
-1.2. Valora la autenticidad y autoridad de la Biblia justificando adecuadamente sus respuestas.
-2.1. Analiza y debate el concepto de inspiración de Dios en la Biblia a través de los distintos escritores.
-3. Realizar una sencilla investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, a partir de laconsulta de diversas fuentes secundarias –algunas seleccionadas por el profesor y otras por los propios alumnos– recogiendo evidencias externas e internas al texto bíblico, y comunicando los resultados a los demás compañeros y compañeras al resto de la clase.
-2.2. Valora y ejemplifica cómo la Biblia puede orientar el desarrollo individual y colectivo.
-2.3. Identifica la unidad, coherencia y fiabilidad de la Biblia razonando sobre la importancia de estas características.
-2.4. Comprende cómo se estableció el canon actual de la Biblia y explica cómo nos ha llegado hasta el día de hoy.
-3.1. Investiga y explica las bases arqueológicas y antropológicas sobre las evidencias de la narración bíblica.
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-3.2. Debate sobre la racionalidad de la revelación bíblica explorando criterios extrínsecos (históricos y racionales) e intrínsecos (empíricos y deductivos).
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-3.3. Planifica y realiza una investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, comunicando el resultado de su investigación al resto de la clase.
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-3.4. Memoriza versículos clave, acerca de diversos temas relacionados con la Biblia (su autoridad, veracidad, inspiración, utilidad, etc.).
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-3.5. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y entiende cómo aplicarlas en la vida diaria.
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-Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo
-Josué y la conquista de la tierra prometida.
-El periodo de los jueces.
-Samuel y la monarquía.
-Dios renueva su promesa con David.
-La división del Reino. El mensaje de los profetas y la cautividad.
-1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el establecimiento en la Tierra Prometida hasta el exilio, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes).
-2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad.
-1.1. Reconoce quiénes fueron los principales jueces de Israel (desde Josué a Samuel).
-1.2. Identifica en el texto bíblico la promesa de un reinado eterno a través de la descendencia de David.
-1.3. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia principal del pueblo de Israel (hasta s.VI a.C.).
-1.4. Discrimina quiénes son los personajes clave en este periodo de la historia del pueblo de Israel.
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-1.5. Identifica el contexto histórico-geográfico del periodo que va desde la llegada a la Tierra Prometida hasta la cautividad en Babilonia, representándolas en una línea del tiempo.
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-1.6. Reconoce quiénes fueron los principales reyes de Israel y Judá y su contribución positiva o negativa a la nación.
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-1.7. Aprecia ejemplos positivos de algunos reyes del reino del norte y del sur y reflexiona en sus vidas y obediencia a Dios y su ley.
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-2.1. Analiza el mensaje de los profetas, situando a cada uno en su contexto histórico e identificando la respuesta del pueblo al mensaje y sus consecuencias históricas.
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-2.2. Identifica en qué aspectos el pueblo de Israel cambió después del cautiverio en Babilonia.
-Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
-Muerte, resurrección y ascensión.
-Jesucristo y la salvación del creyente.
-La promesa de su segunda venida.
-1. Analizar en los evangelios la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, relacionando estos hechos con distintas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron.
-1.1. Identifica y clasifica los textos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan de la obra salvadora de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión.
-1.2. Compara producciones artísticas (películas, pinturas, etc.) sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, con el relato bíblico, resumiendo sus conclusiones.
-2.1. Reflexiona sobre las implicaciones personales que tiene responder al mensaje de Jesús.
-2.2. Razona y debate sobre las consecuencias de la obra de Jesús en la humanidad.
-2.3. Toma conciencia de la misión de Jesús en la Tierra a favor de todos los seres humanos.
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-2. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra salvadora de Dios, a lo largo de la historia, a favor de la humanidad y reflexionar en las implicaciones personales que tiene la respuesta a su mensaje.
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-3. Investigar la base bíblica para la promesa de la segunda venida de Jesucristo, explicando sus resultados a la clase.
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-3.1. Utiliza recursos para la investigación bíblica: concordancia bíblica, diccionario bíblico, comentarios de diversos autores, etc.
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-3.2. Identifica en el Nuevo Testamento pasajes bíblicos que indican que Jesucristo vendrá por segunda vez, analizando también el contexto histórico de estos pasajes.
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-3.3. Debate en clase la importancia de la promesa de la segunda venida de Jesucristo, elaborando sus argumentos para el debate.
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-3.4. Elabora trabajos que reflejen la investigación realizada y explica sus conclusiones personales o de grupo a la clase.
-Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI
-La Iglesia cristiana desde el siglo IV hasta la ruptura de la Iglesia de Oriente con Roma.
-El cristianismo en la Península Ibérica.
-1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes fuentes.
-1.1. Comenta textos relacionados con este periodo de la historia del cristianismo.
-1.2. Describe la interacción histórica de judíos, cristianos (a partir del s.III) y musulmanes (a partir del s.VII) en la evolución del cristianismo en España a partir de fuentes diversas.
-1.3. Analiza comparativamente diversas fuentes históricas investigando sobre la configuración del cristianismo en la Península Ibérica.
-2.1. Explica la relación que hubo en España entre los reyes visigodos y el cristianismo.
-2.2. Sitúa en su contexto histórico la llegada del Islam a la península.
-2.3. Ejemplifica la convivencia y tensiones interreligiosas en la Edad Media, situando en el mapa de España ciudades que tuvieron especial relevancia en este aspecto (como Toledo, Lucena, Córdoba o Granada).
-La evolución de la Iglesia en la Edad Media y el poder del papado.
-2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del cristianismo en la Edad Media analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos.
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-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio de la historia de la Iglesia desde la etapa en el Bajo Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad Media.
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-3.1. Investiga y explica las características de la Iglesia en la Edad Media en España y en el resto de Europa, profundizando en la cuestión del clero y laicos, la evolución del dogma y la relación Iglesia/Estado.
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-3.2. Explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia en Europa en la etapa estudiada.
-Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida
-La restauración de la imagen de Dios en el ser humano a través de Jesús.
-El nuevo nacimiento. Jesús es Salvador.
-El discipulado. Jesús es Señor.
-1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que expresan el concepto de que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y la restauración de la misma a través de Jesús.
-1.1. Repasa lo aprendido en los anteriores cursos respecto al plan eterno de Dios para el ser humano a través de la provisión de Dios en su hijo Jesús.
-1.2. Enumera textos bíblicos que exponen el propósito y plan eterno de Dios para el ser humano.
-1.3. Comprende y explica bíblicamente el concepto de nuevo nacimiento leyendo diversos textos bíblicos de los evangelios.
-1.4. Explica con sus propias palabras lo que es el nuevo nacimiento y los cambios que se producen en la persona mediante la obra de Jesús.
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-2. Saber, identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios y el papel de perseverar en la vida cristiana como seguidores de Jesús.
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-2.1. Busca y analiza testimonios e historias de personas que han seguido a Jesús como discípulos.
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-2.2. Debate con sus compañeros el concepto del discipulado y el llamado del cristiano a seguir a Jesús.
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-2.3. Confecciona un pequeño trabajo individual reflexionando sobre la importancia de perseverar, madurar y profundizar en la fe cristiana dando ejemplos prácticos de ello.
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-2.4. Reconoce la lectura de la Biblia y la oración como elementos fundamentales de la vida del cristiano.
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-2.5. Analiza, de forma crítica, textos de las cartas de Pablo que hablan sobre las características, dificultades o dilemas de seguir a Jesús.
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-2.6. Investiga, a través de internet, algunos ejemplos del efecto que tuvo en su vida la respuesta dada a Jesús por parte de personajes históricos o bíblicos.
-Bloque 6. Ética cristiana
-La responsabilidad personal.
-Las relaciones interpersonales.
-La comunidad cristiana.
-1. Profundizar en los aspectos prácticos de vivir la vida cristiana en una relación personal con Dios mismo y con otras personas y lo que ello supone.
-1.1. Entiende y puede argumentar por escrito la importancia de mantener una relación con Dios en la vida cristiana.
-1.2. Puede expresar, debatir y escuchar a otros lo que significa tener una relación personal con Dios.
-1.3. Debate en clase aspectos prácticos de las relaciones interpersonales: la amistad, el noviazgo, la familia, etc. dentro del marco bíblico.
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-2. Crear un entendimiento y actitud de la importancia de la diligencia y responsabilidad en el desarrollo de su futuro y formación educativa y formal al igual que espiritual.
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-1.4. Comprende y expone con ejemplos cotidianos la importancia del perdón y la restauración en las relaciones.
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-1.5. Es capaz de reflexionar acerca de su papel en la comunidad cristiana.
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-1.6. Identifica y describe valores éticos cristianos sobre las relaciones interpersonales.
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-1.7. Realiza un estudio en grupo de personajes del Nuevo o Antiguo Testamento que reflejan actitudes de responsabilidad y cuidado hacia familiares u otros.
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-2.1. Observa y analiza principios bíblicos que apelan al valor y la responsabilidad del creyente en su trabajo.
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-2.2. Identifica y describe actitudes y comportamientos en otras personas que pueden ayudar a formarse en su vida profesional, y espiritual.
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-2.3. Es consciente de la responsabilidad de cada uno en su formación educativa y espiritual.
-4.º ESO
-Contenidos
-Criterios de evaluación
-Estándares de aprendizaje evaluables
-Bloque 1. La Biblia y su estudio
-Criterios/ Bases de interpretación bíblica:
-El lenguaje del texto.
-El marco histórico, geográfico, cultural y filosófico.
-Contexto y pasajes paralelos y complementarios.
-Jesús: clave interpretativa del mensaje Bíblico.
-1. Analizar cómo y por qué Jesús es clave en la interpretación del mensaje bíblico.
-1.1. Trabaja en grupo, la coherencia interna de la Biblia y cómo Jesús es clave en su interpretación.
-2. Iniciarse en el estudio sistemático de la Biblia analizando distintos elementos que intervienen en la interpretación de los pasajes: lenguaje, contexto, etc.
-1.2. Muestra confianza leyendo la Biblia por sí mismo y relacionando conceptos teológicos básicos desarrollados a lo largo de la Biblia.
-1.3. Busca información sobre prototipos, modelos bíblicos y algunos ejemplos de tipología bíblica y la presenta al grupo.
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-2.1. Hace uso de concordancias y diccionarios bíblicos cuando lo considera necesario en el estudio de la Biblia.
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-2.2. Entiende el contexto y el tipo de lenguaje utilizado en el estudio de pasajes bíblicos
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-2.3. Observa y tiene en cuenta los pasajes bíblicos complementarios y paralelos de los evangelios u otros libros de la Biblia a la hora de hacer estudios bíblicos.
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-2.4. Profundiza en el marco histórico, geográfico, religioso, cultural y filosófico en el que está enmarcado el texto bíblico y extrae conclusiones que ayudan a interpretar y entender el pasaje bíblico.
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-2.5. Justifica el valor del rigor crítico y la objetividad en el estudio bíblico.
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-2.6. Realiza un estudio bíblico sobre un pasaje de los evangelios, poniendo en práctica los criterios y bases de interpretación bíblica.
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-2.7. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y es capaz de reflexionar acerca de la aplicación de las mismas a la vida diaria.
-Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo
-El regreso de la cautividad en Babilonia.
-La reconstrucción del templo de Jerusalén.
-Esdras y Nehemías.
-Periodo intertestamentario y dominaciones de otros imperios.
-La promesa del Mesías y del Nuevo Pacto.
-El significado de la Pascua Cristiana.
-1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el regreso del exilio hasta el nacimiento de Jesús, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes).
-1.1. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia principal del pueblo de Israel en este periodo (hasta s.I d.C.).
-1.2. Representa en una línea del tiempo los principales acontecimientos de la historia de Israel desde el regreso de la cautividad en Babilonia hasta el nacimiento de Cristo.
-1.3. Discrimina quiénes son los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa.
-2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento.
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-1.4. Analiza antecedentes y consecuencias de las guerras macabeas para el pueblo de Israel.
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-2.1. Explica, utilizando textos bíblicos, porque Jesús es llamado el Cordero de Dios.
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-2.2. Lee y analiza textos del Nuevo Testamento para comprender el significado de La Santa Cena y el nuevo significado de la Pascua, obteniendo y presentado conclusiones.
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-2.3. Extrae conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia del pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios.
-Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
-Historicidad de los Evangelios.
-El contexto histórico, político y geográfico.
-Jesús y las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento.
-1. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra salvadora de Dios (mediante el estudio de diversos textos del Antiguo y Nuevo Testamento), a lo largo de la historia, evaluando las implicaciones personales que tiene la respuesta que dé a su mensaje.
-1.1. Estudia y analiza la historicidad de los Evangelios, y explica la complementariedad de los evangelios sinópticos.
-1.2. Analiza el contexto histórico, político y geográfico del s.I en Palestina, resumiendo las circunstancias más destacadas en el tiempo de Jesús.
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-1.3. Identifica elementos sobresalientes de la influencia de los griegos y del imperio romano en Palestina.
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-1.4. Reconoce en la narración de los evangelios el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Jesús.
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-1.5. Explora libros del Nuevo Testamento que relacionan el Antiguo y Nuevo Testamento de manera explícita.
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-1.6. Analiza y explica los aspectos de la cultura y filosofía hebrea y griega que son relevantes al leer la Biblia.
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-1.7. Conoce cuáles son los documentos y manuscritos históricos más importantes respecto a la historia del cristianismo como pruebas históricas.
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-1.8. Reconoce algunos argumentos e historiadores que han cuestionado quién era Jesús y su figura histórica.
-Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI
-Precedentes medievales de la Reforma.
-La Reforma protestante en Europa, causas y valores.
-La Reforma en España El concilio de Trento y la Contrarreforma.
-1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes fuentes.
-1.1. Identifica los precedentes medievales de la reforma protestante.
-1.2. Analiza el reinado de los reyes Católicos, la expulsión de judíos y musulmanes y la situación social y religiosa a partir de la implantación de la inquisición en España.
-2.1. Investiga sobre la iglesia de Roma en la Edad Media, la cuestión de las indulgencias y el papel de Martin Lutero.
-2.2. Investiga y debate sobre los personajes claves de la Reforma protestante en Europa, resumiendo sus biografías y aportes.
-2.3. Analiza y sitúa en la línea del tiempo y en el mapa de Europa a los Reformadores: Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wycliffe, John Huss y sus contribuciones en la situación político-religiosa europea.
-2.4. Busca, selecciona y organiza información sobre el movimiento reformador en España e identifica personajes destacados.
-3.1. Identifica en un mapa la extensión de la Reforma y la división de las fronteras en Europa por motivos religiosos.
-2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano desde el final de la Edad Media hasta el periodo de la Contrarreforma, analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos.
-3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender y expresar contenidos sobre la historia del cristianismo hasta el siglo XVI.
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-4. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, en la interacción cotidiana en el aula y en el Centro escolar, manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y formas de pensar, reconociendo que es mantener una perspectiva bíblica sin renunciar a un juicio crítico.
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-3.2. Analiza y explica la importancia de la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, citando ejemplos concretos en distintos países europeos.
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-4.1. Valora las repercusiones sociales e históricas que la Reforma protestante en Europa ha tenido en el mundo.
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-4.2. Comprende el papel desempeñado por Carlos V y Felipe II en la Contrarreforma y comenta en clase sus conclusiones personales.
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-4.3. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y culturas distintas a la propia.
-Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida
-Los frutos de la vida cristiana.
-La responsabilidad de ser luz y sal en el mundo que nos rodea.
-Ser cristiano: un camino de eternidad.
-1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que señalan los frutos, la responsabilidad y trascendencia de la vida cristiana.
-1.1. Analiza y explica en qué consiste el término santificación del creyente.
-1.2. Investiga qué dice la Biblia acerca del carácter cristiano, por medio del estudio de textos de las cartas paulinas y resume sus conclusiones.
-1.3. Debate con sus compañeros sobre la importancia de crecer y madurar en la fe cristiana y sobre la responsabilidad y el servicio cristiano hacia los demás.
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-2. Saber identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de conducta, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios y entender la responsabilidad que esto implica.
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-1.4. Valora la importancia de otras personas con las que tenga relación comentando la labor que desarrollan en el servicio a los demás.
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-1.5. Analiza en diversos textos bíblicos la comparación de la vida cristiana como una carrera de fe y la necesidad de perseverar.
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-1.6. Desarrolla un estilo de vida saludable basado en las enseñanzas bíblicas.
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-2.1. Selecciona y organiza la información en la Biblia para dar respuesta a interrogantes que se plantean en la vida sobre la conducta del cristiano.
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-2.2. Distingue y relaciona la fe con otros elementos que intervienen en su vida cotidiana (contexto familiar, social, cultural, etc.).
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-2.3. Identifica injusticias humanas ubicadas en su entorno proponiendo alternativas bíblicas de denuncia y/o solución.
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-2.4. Estudia sobre la segunda venida de Jesús explicando cómo la imagen de Dios quedará restaurada en su totalidad en la nueva creación.
-Bloque 6. Ética cristiana
-Fe cristiana y convivencia interreligiosa.
-Desafíos contemporáneos a la fe y la vida cristiana.
-La vocación y el llamamiento cristiano en la profesión.
-1. Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos que se encuentran expresamente en los Evangelios y las Epístolas o se deducen de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles.
-1.1. Investiga y presenta el panorama actual del cristianismo en el mundo y su crecimiento usando diversas fuentes (libros, artículos de revistas o periódicos, entrevistas, cuestionarios, programas de radio o televisión, películas, Internet, etc.).
-1.2. Analiza la situación actual de otras religiones mayoritarias del mundo: Islam, Budismo e Hinduismo, detallando la presencia que tienen en Europa y en España.
-1.3. Reflexiona acerca de diversas tendencias contemporáneas como: el secularismo y el humanismo, agnosticismo, el relativismo y el sincretismo y debate en clase con sus compañeros acerca de sus implicaciones en los distintos ámbitos de influencia.
-2. Deducir y recapacitar en la misión del creyente a través de su carrera y trabajo a lo largo de su vida, de acuerdo a la vocación que Dios da a cada individuo.
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-1.4. Contrasta los valores éticos cristianos con los promovidos por otras instancias de la sociedad.
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-1.5. Toma conciencia y redacta los valores éticos cristianos que se encuentran expresamente en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, analizando diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos.
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-1.6. Extrae principios de actuación a través de la vida y ejemplo de diferentes personajes bíblicos.
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-1.7. Elige una biografía de un personaje histórico y estudia su intervención y aporte como creyente a la sociedad de su tiempo.
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+17 de abril de 2013.
+Fuenlabrada, 19 de abril de 2013.- El Alcalde, don Manuel Robles Delgado.",Ayto Fuenlabrada: más de medio millón en infraestructuras y 224.000 en luces para festejos  ,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"Licitación para el suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015 por importe total de 224.301,71 euros. ",,[],777,0.6531188,437
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+</texto>
+</documento>
+",Sat Oct 04 08:52:08 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.
+2) Domicilio: 
+Paseo del Pardo, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+El Pardo (Madrid), 28048, España.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+d) Número de expediente: 
+10007 14 0083 00.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Suministros.
+b) Descripción: 
+Suministro de alimentación y cama de ganado equino para la Guardia Real.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+15700000 (Alimentos para el ganado).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Urgente.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+1.320.365,22 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 550.152,17 euros. Importe total: 632.675,00 euros. 
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio > 63267 (Volumen de negocios referido a los tres últimos ejercicios). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de los principales suministros similares efectuados en los tres últimos años) , Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar (Ficha técnica del pienso ofertado) , Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales (ISO 9001 o equivalente) y (Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos ISO 22000 o equivalente).
+c) Otros requisitos específicos: 
+Capacidad de obrar.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 12:00 horas del 12 de noviembre de 2014.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.
+2) Domicilio: 
+Paseo del Pardo, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+El Pardo (Madrid), 28048, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Paseo del Pardo, 43 (Sala de conferencias de la Sala Histórica de la Guardia Real).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28048, España.
+d) Fecha y hora: 
+18 de noviembre de 2014, a las 09:30.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+1 de octubre de 2014.
+El Pardo (Madrid), 1 de octubre de 2014.- Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Guardia Real.","La Casa Real cuesta muuuucho más que los 7,7 millones directos del presupuesto. Hoy, 600.000€ para los caballos  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Defensa,"Contrato de la Casa Real para el suministro de alimentación y cama de ganado equino para la Guardia Real por un importe total de 632.675,00 euros",,[],2123,0.65473074,425
+2015-11-12,,BOE-A-2015-12225,"Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se modifica la de 3 de febrero de 2015, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de ayuntamientos participantes en la primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España, efectuada por Resolución de 24 de junio de 2014.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se modifica la de 3 de febrero de 2015, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de ayuntamientos participantes en la primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España, efectuada por Resolución de 24 de junio de 2014.</titulo>
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+<p class='parrafo'>Por Resolución de 24 de junio de 2014 de la Entidad Pública Empresarial Red.es, se efectuó la convocatoria para la selección de los ayuntamientos participantes en la «Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España», publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014.</p>
+<p class='parrafo'>Mediante la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 2015, se resolvió la citada convocatoria, concediéndose la ayuda solicitada a las iniciativas con mayor puntuación y estableciéndose, en virtud de la Base Duodécima, un registro de reserva por comunidad autónoma y orden de prelación, para el caso de posibles renuncias o revocaciones de las entidades beneficiarias.</p>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con lo anterior, el Director General de Red.es, quien ostenta facultades suficientes para este acto, de acuerdo con lo dispuesto en la base duodécima, resuelve:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Cancelar la concesión de la ayuda en especie otorgada al siguiente beneficiario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, debido a la renuncia a la misma:</p>
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+<p class='parrafo_2'>Puesto que no se han realizado las inversiones objeto de la ayuda, se acepta la solicitud de renuncia se la entidad local mencionada, resolviéndose de mutuo acuerdo el Convenio asociado a la concesión de la ayuda, sin proceder reintegro alguno.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Base Duodécima, conceder la ayuda a la siguiente entidad local, primera clasificada por orden de prelación en el registro de reserva de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015:</p>
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+<td>
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+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Presupuesto</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
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+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Smartdepeñas.</p>
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+<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de octubre de 2015.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Daniel Noguera Tejedor.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Nov 12 08:45:07 +0000 2015,"Por Resolución de 24 de junio de 2014 de la Entidad Pública Empresarial Red.es, se efectuó la convocatoria para la selección de los ayuntamientos participantes en la «Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España», publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014.
+Mediante la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 2015, se resolvió la citada convocatoria, concediéndose la ayuda solicitada a las iniciativas con mayor puntuación y estableciéndose, en virtud de la Base Duodécima, un registro de reserva por comunidad autónoma y orden de prelación, para el caso de posibles renuncias o revocaciones de las entidades beneficiarias.
+De acuerdo con lo anterior, el Director General de Red.es, quien ostenta facultades suficientes para este acto, de acuerdo con lo dispuesto en la base duodécima, resuelve:
+Primero.
+Cancelar la concesión de la ayuda en especie otorgada al siguiente beneficiario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, debido a la renuncia a la misma:
+Ayuntamiento
+Nombre de la iniciativa
+Presupuesto
+Ciudad Real.
+Ciudad Real: Ciudad y Destino Inteligente y Sostenible.
+832.800,23 €
+Puesto que no se han realizado las inversiones objeto de la ayuda, se acepta la solicitud de renuncia se la entidad local mencionada, resolviéndose de mutuo acuerdo el Convenio asociado a la concesión de la ayuda, sin proceder reintegro alguno.
+Segundo.
+Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Base Duodécima, conceder la ayuda a la siguiente entidad local, primera clasificada por orden de prelación en el registro de reserva de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015:
+Ayuntamiento
+Nombre de la iniciativa
+Presupuesto
+Valdepeñas.
+Smartdepeñas.
+800.000 €
+Madrid, 30 de octubre de 2015.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Daniel Noguera Tejedor.",Smartdepeñas… Lo de las smart cities se nos está yendo de las manos ,[],SUBVENCIONES,"Ministerio de Industria, Energía y Turismo","Se cancela la concesión de la ayuda en especie otorgada al siguiente beneficiario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, debido a la renuncia a la misma: Smartdepeñas",,[],1402,0.65476304,323
+2014-10-07,,BOE-B-2014-34901,"Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de septiembre de 2014, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación del servicio de tratamiento y control de la jurisprudencia.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de septiembre de 2014, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación del servicio de tratamiento y control de la jurisprudencia.</titulo>
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+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
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+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>3.514.441,36</importe>
+<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
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+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Consejo General del Poder Judicial.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Secretaría General/Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos Generales.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Unidad de Contratación y Asuntos Generales.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Marqués de la Ensenada, 8.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28004.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>91 700 5951/6111/6112.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>91 7006358 (Registro General).</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>Mesa.Contratacion@cgpj.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.poderjudicial.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>14/07.0.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>De servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Tratamiento y control de la jurisprudencia.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Dos años.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd>Importe total: 3.514.441,36 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General del Consejo General del Poder Judicial.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Marqués de la Ensenada, 8.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28004.</dd>
+<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
+<dd>Mesa.Contratacion@cgpj.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula matemática.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>C/ Marqués de la Ensenada, 8.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28004.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Los gastos de publicación de este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>24 de septiembre de 2014.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas, en la sede central del Consejo, (Marqués de la Ensenada, 8, Madrid).</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 25 de septiembre de 2014.- El Secretario general, José Luis Terrero Chacón.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Oct 07 07:54:03 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Consejo General del Poder Judicial.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Secretaría General/Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
+2) Domicilio: 
+Calle Marqués de la Ensenada, 8.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004.
+4) Teléfono: 
+91 700 5951/6111/6112.
+5) Telefax: 
+91 7006358 (Registro General).
+6) Correo electrónico: 
+Mesa.Contratacion@cgpj.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.poderjudicial.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.
+d) Número de expediente: 
+14/07.0.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+De servicios.
+b) Descripción: 
+Tratamiento y control de la jurisprudencia.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Dos años.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: 3.514.441,36 euros. 
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General del Consejo General del Poder Judicial.
+2) Domicilio: 
+C/ Marqués de la Ensenada, 8.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004.
+4) Dirección electrónica: 
+Mesa.Contratacion@cgpj.es.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula matemática.
+b) Dirección: 
+C/ Marqués de la Ensenada, 8.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004.
+d) Fecha y hora: 
+28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+Los gastos de publicación de este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+24 de septiembre de 2014.
+12. Otras informaciones: 
+La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas, en la sede central del Consejo, (Marqués de la Ensenada, 8, Madrid).
+Madrid, 25 de septiembre de 2014.- El Secretario general, José Luis Terrero Chacón.","Convertir las sentencias que llegan al CGPJ en formatos tratables cuesta 3,5 millones. Son nuestros datos  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Consejo General del Poder Judicial,"Licitación del servicio de tratamiento y control de la jurisprudencia del CGPJ por importe total de 3.514.441,36 euros.",,[],3255,0.65629613,357
+2015-03-03,,BOE-B-2015-6602,"Resolución del 20 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Medios, por la que se anuncia el acuerdo marco de los servicios de elaboración, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, de los años 2015-2016.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<identificador>BOE-B-2015-6602</identificador>
+<titulo>Resolución del 20 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Medios, por la que se anuncia el acuerdo marco de los servicios de elaboración, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, de los años 2015-2016.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios Audiovisuales.</dd>
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+<dd>Edificios Administrativos San Caetano, s/n.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Santiago de Compostela 15781.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
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+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>981 541 289.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>xestionmedios@xunta.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22053.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el último día del plazo de presentación de las proposiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
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+</dl>
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+<dd>
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+<dt>a) Tipo: </dt>
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+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Acuerdo Marco de los servicios de elaboración, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, de los años 2015-2016.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Sí.</dd>
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+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
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+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto, sujeto a regulación armonizada.</dd>
+</dl>
+</dd>
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+<dd> Importe neto: 1.450.108,50 euros. Importe total: 1.754.631,29 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo T, subgrupo 1, categoría D.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>23 de marzo de 2015.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro general único del complejo administrativo de San Caetano. Cuando la proposición se envíe por correo, deberá cumplirse con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Edificio Administrativo San Caetano, s/n.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Santiago de Compostela 15781.</dd>
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+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
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+<dd>Se publicará en el perfil del contratante.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>El importe del anuncio relativo a este concurso será por cuenta del/os adjudicatario/s del acuerdo marco.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>20 de febrero de 2015.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>Documentación que deben presentar los licitadores: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Santiago de Compostela, 20 de febrero de 2015.- La Secretaria General de Medios, Mar Sánchez Sierra.</p>
+</texto>
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+",Tue Mar 03 09:56:20 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Xunta de Galicia.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Secretaría General de Medios.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios Audiovisuales.
+2) Domicilio: 
+Edificios Administrativos San Caetano, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+Santiago de Compostela 15781.
+4) Teléfono: 
+981 541 291.
+5) Telefax: 
+981 541 289.
+6) Correo electrónico: 
+xestionmedios@xunta.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22053.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta el último día del plazo de presentación de las proposiciones.
+d) Número de expediente: 
+AM 1/2014.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Acuerdo Marco de los servicios de elaboración, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, de los años 2015-2016.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.
+f) Admisión de prórroga: 
+Sí.
+g) Establecimiento de un acuerdo marco: 
+Sí.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria, documentalmente simplificada.
+b) Procedimiento: 
+Abierto, sujeto a regulación armonizada.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 1.450.108,50 euros. Importe total: 1.754.631,29 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+23 de marzo de 2015.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro general único del complejo administrativo de San Caetano. Cuando la proposición se envíe por correo, deberá cumplirse con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
+2) Domicilio: 
+Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
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+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Se publicará en el perfil del contratante.
+10. Gastos de publicidad: 
+El importe del anuncio relativo a este concurso será por cuenta del/os adjudicatario/s del acuerdo marco.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+20 de febrero de 2015.
+12. Otras informaciones: 
+Documentación que deben presentar los licitadores: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.
+Santiago de Compostela, 20 de febrero de 2015.- La Secretaria General de Medios, Mar Sánchez Sierra.",Acuerdo marco publi institucional Xunta Galicia  Traducción: tendremos menos info de cada campaña #BOE :(,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunidad Autónoma de Galicia,"Licitación del acuerdo Marco de los servicios de elaboración, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, de los años 2015-2016 por importe total de 1.754.631,29 euros.",,[],1026,0.6569487,403
+2016-04-11,"DE CONFORMIDAD con
+el art. 4.1 c) de la Orden de 20 de enero de 1998",BOE-A-2016-3460,"Resolución de 8 de marzo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan, para el año 2016 y años sucesivos, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
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+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de febrero de 2000, indica en su artículo 4.1.c) que las cuantías máximas de las subvenciones, señaladas en los apartados a) y b) del citado artículo, se actualizarán cada año natural de acuerdo con la evolución que experimente el índice de precios al consumo.</p>
+<p class='parrafo'>No obstante lo anterior, el apartado 3 de la disposición transitoria de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española establece que «por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero».</p>
+<p class='parrafo'>Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, tanto para el año 2016 como para años sucesivos, mientras otra norma no disponga lo contrario, se mantienen, al igual que en el año 2015, las cuantías máximas de las subvenciones establecidas en la Resolución de 25 de febrero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2014 las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.</p>
+<p class='parrafo'>En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.c) de la Orden de 20 de enero de 1998 citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha resuelto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Las cuantías máximas con las que el Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las retribuciones totales y la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos del personal necesario para la ejecución de las acciones en función de las normas legales y reglamentarias del Convenio colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa de aplicación en las administraciones públicas para funcionarios, y para el año 2016 y años sucesivos, serán las siguientes:</p>
+<p class='parrafo_2'>a) Para los técnicos, las establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 34.912,11 euros por año.</p>
+<p class='parrafo'>b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 24.438,50 euros por año.</p>
+<p class='articulo'>Disposición final.</p>
+<p class='parrafo'>Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 8 de marzo de 2016.–La Directora del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Apr 11 09:42:32 +0000 2016,"La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de febrero de 2000, indica en su artículo 4.1.c) que las cuantías máximas de las subvenciones, señaladas en los apartados a) y b) del citado artículo, se actualizarán cada año natural de acuerdo con la evolución que experimente el índice de precios al consumo.
+No obstante lo anterior, el apartado 3 de la disposición transitoria de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española establece que «por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero».
+Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, tanto para el año 2016 como para años sucesivos, mientras otra norma no disponga lo contrario, se mantienen, al igual que en el año 2015, las cuantías máximas de las subvenciones establecidas en la Resolución de 25 de febrero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2014 las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.
+En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.c) de la Orden de 20 de enero de 1998 citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha resuelto:
+Primero.
+Las cuantías máximas con las que el Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las retribuciones totales y la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos del personal necesario para la ejecución de las acciones en función de las normas legales y reglamentarias del Convenio colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa de aplicación en las administraciones públicas para funcionarios, y para el año 2016 y años sucesivos, serán las siguientes:
+a) Para los técnicos, las establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 34.912,11 euros por año.
+b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 24.438,50 euros por año.
+Disposición final.
+Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
+Madrid, 8 de marzo de 2016.–La Directora del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.","Gracias a ley que desvinculó ayudas del IPC, las de actividades de orientación para empleo se quedan igual  #BOE",['131'],SUBVENCIONES,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"Subvenciones para realizar la orientación para empleo: para los técnicos hasta 34.912,11 euros por año, para el personal de apoyo, hasta 24.438,50 euros por año.",,['420' '3160' '7886' '6800'],34,0.6619637,517
+2012-12-03,,BOE-B-2012-41762,"Resolución de 15 de noviembre de 2012, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura. Expte. n.º NG-011112.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<observaciones>Se renuncia al procedimiento por anuncio núm. A120085269 (BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012)</observaciones>
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+<dd>26/12/2012.</dd>
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+<dt>a) Tipo: </dt>
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+<dt>b) Descripción: </dt>
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+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Dos (2) años desde la firma del contrato.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Dos renovaciones anuales.</dd>
+</dl>
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+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
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+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Ver Bases Jurídicas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>8.000.000,00 €.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 4.000.000,00 euros. Importe total: 8.000.000,00 euros. </dd>
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+</dd>
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+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 15:00 horas, del 26 de diciembre de 2012.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Formato papel y electrónico.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
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+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.</dd>
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+<dd>ofertas.cexma@canalextremadura.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>Tres (3) meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura Sobre 2.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Avda. de la Constitución, s/n.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Mérida (Badajoz), 06800.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Se publicará en el perfil del contratante con suficiente antelación.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Deberán ser abonados por el adjudicatario según las tasas vigentes.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>15 de noviembre de 2012.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Mérida, 21 de noviembre de 2012.- Administradora Única de la 'Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU', Beatriz Maesso Corral.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Dec 03 11:16:43 +0000 2012,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Órgano de Contratación.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU.
+2) Domicilio: 
+Avda. de las Américas, 1.
+3) Localidad y código postal: 
+Mérida, 06800.
+4) Teléfono: 
+924.38.76.50.
+6) Correo electrónico: 
+ofertas.cexma@canalextremadura.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+26/12/2012.
+d) Número de expediente: 
+NG-011112.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicio.
+b) Descripción: 
+Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Avda. de las Américas, 1.
+2) Localidad y código postal: 
+Mérida, 06800.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Dos (2) años desde la firma del contrato.
+f) Admisión de prórroga: 
+Dos renovaciones anuales.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
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+4. Valor estimado del contrato:
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+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
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+b) Modalidad de presentación: 
+Formato papel y electrónico.
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+1) Dependencia: 
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+2) Domicilio: 
+Avda. de la Constitución, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+Mérida, 06800.
+4) Dirección electrónica: 
+ofertas.cexma@canalextremadura.es.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+Tres (3) meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura Sobre 2.
+b) Dirección: 
+Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Avda. de la Constitución, s/n.
+c) Localidad y código postal: 
+Mérida (Badajoz), 06800.
+d) Fecha y hora: 
+Se publicará en el perfil del contratante con suficiente antelación.
+10. Gastos de publicidad: 
+Deberán ser abonados por el adjudicatario según las tasas vigentes.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+15 de noviembre de 2012.
+Mérida, 21 de noviembre de 2012.- Administradora Única de la 'Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU', Beatriz Maesso Corral.","La TV pública de Extremadura subcontrata, por 4 millones/año, sus programas divulgativos.  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Otros Poderes Adjudicadores,"Licitación del Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura, por importe total de 8.000.000,00 euros. 
+",,[],852,0.6644497,373
+2015-02-12,,BOE-A-2015-1371,"Resolución de 29 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, del Policía don Roberto Sampayo Urtiaga.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Resolución de 29 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, del Policía don Roberto Sampayo Urtiaga.</titulo>
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+<p class='parrafo'>Vista la solicitud presentada por el Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Roberto Sampayo Urtiaga, número de Registro Personal 72703568 02QA 8347 y documento nacional de identidad número 72703568 Q, y</p>
+<p class='parrafo'>Resultando que, don Roberto Sampayo Urtiaga, en instancia de fecha 28 del presente mes de enero de 2015 ha solicitado la renuncia a la condición de funcionario con esta misma fecha;</p>
+<p class='parrafo'>Considerando:</p>
+<p class='parrafo_2'>Primero.–Que el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público contempla, como una de las causas de la perdida de la condición de funcionario, la Renuncia que será aceptada siempre que el funcionario lo manifieste por escrito y el mismo no esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su caso auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, circunstancias favorables que reúne el solicitante.</p>
+<p class='parrafo'>Segundo.–Que el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, atribuye al Secretario de Estado de Interior (hoy de Seguridad) la competencia para nombrar funcionarios de Carrera del Cuerpo Nacional de Policía, motivo por el cual puede considerarse competente para aceptar la renuncia a tal condición, con la que se extingue la relación funcionarial.</p>
+<p class='parrafo_2'>En atención a lo antedicho, esta Secretaría de Estado acuerda aceptar la renuncia formulada por don Roberto Sampayo Urtiaga, con número de Registro Personal 72703568 02QA 8347 y documento nacional de identidad 72703568 Q, a su condición de funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, con pérdida de todos los derechos inherentes y causando baja en el citado Cuerpo.</p>
+<p class='parrafo_2'>Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la disposición adicional 15.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrá el interesado interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de un mes, conforme a los artículo, 116 y 117 de la Ley 30/1992 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero), o bien, recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal correspondiente en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de enero de 2015.–El Secretario de Estado de Seguridad, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Feb 12 11:04:08 +0000 2015,"Vista la solicitud presentada por el Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Roberto Sampayo Urtiaga, número de Registro Personal 72703568 02QA 8347 y documento nacional de identidad número 72703568 Q, y
+Resultando que, don Roberto Sampayo Urtiaga, en instancia de fecha 28 del presente mes de enero de 2015 ha solicitado la renuncia a la condición de funcionario con esta misma fecha;
+Considerando:
+Primero.–Que el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público contempla, como una de las causas de la perdida de la condición de funcionario, la Renuncia que será aceptada siempre que el funcionario lo manifieste por escrito y el mismo no esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su caso auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, circunstancias favorables que reúne el solicitante.
+Segundo.–Que el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, atribuye al Secretario de Estado de Interior (hoy de Seguridad) la competencia para nombrar funcionarios de Carrera del Cuerpo Nacional de Policía, motivo por el cual puede considerarse competente para aceptar la renuncia a tal condición, con la que se extingue la relación funcionarial.
+En atención a lo antedicho, esta Secretaría de Estado acuerda aceptar la renuncia formulada por don Roberto Sampayo Urtiaga, con número de Registro Personal 72703568 02QA 8347 y documento nacional de identidad 72703568 Q, a su condición de funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, con pérdida de todos los derechos inherentes y causando baja en el citado Cuerpo.
+Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la disposición adicional 15.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrá el interesado interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de un mes, conforme a los artículo, 116 y 117 de la Ley 30/1992 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero), o bien, recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal correspondiente en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
+Madrid, 29 de enero de 2015.–El Secretario de Estado de Seguridad, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez.",Me gustaría mucho conocer las razones por las que este policía nacional ha renunciado a su plaza  #BOE,[],ELECCIONES,Ministerio del Interior,Renuncia el puesto de policía de Roberto Sampayo Urtiaga.,,[],2875,0.6647782,448
+2018-01-08,,BOE-B-2013-42763,Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para los servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival de 2018.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821152601'>
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+<precio codigo=''></precio>
+<importe>20.000,00</importe>
+<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
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+<materias_cpv>55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración
+63000000 Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes</materias_cpv>
+<observaciones>Se corrige texto/plazo/apertura, por anuncio publicado el 15 de enero de 2018 BOE-B-2018-2258
+Varios lotes</observaciones>
+</analisis>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
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+",Mon Jan 08 08:50:19 +0000 2018,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Jefe de la Sea 15 de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Negociado de Contratación.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Secretaría de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército del Aire y Mando de Personal.
+2) Domicilio: 
+Plaza de la Moncloa, s/nº.
+3) Localidad y código postal: 
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+mpcgeacontratacion@ea.mde.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
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+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+23 de enero de 2018.
+d) Número de expediente: 
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+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
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+Importe total: 20.000,00 euros (IVA incluido). 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+24 de enero de 2018, hasta las 11:00 horas.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.
+2) Domicilio: 
+Plaza de la Moncloa, s/nº.
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+Tres meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Económicos. Pta. B43.
+b) Dirección: 
+Plaza de la Moncloa, s/nº.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071.
+d) Fecha y hora: 
+31 de enero de 2018, a las 11:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+A cargo del adjudicatario.
+Madrid, 2 de enero de 2018.- La Secretaria de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército del Aire y MAPER.","Un año más, apartamentos de verano subvencionados -en parte- para militares. Hoy, ejército del Aire  #BOE",[],TRIBUNAL_DE_CUENTAS,Ministerio de Defensa,"Contratación del servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival de 2018 por importe total de 349.772,73 euros. La licitación será de 20.000,00 euros.",,[],3642,0.66480005,360
+2013-12-04,,BOE-B-2013-46019,"Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, utilizando un único criterio para la adjudicación, con el fin de contratar el 'Suministro de carburantes para la flota de vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante'.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+",Wed Dec 04 10:13:01 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Ayuntamiento de Alicante.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Atención Urbana.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Atención Urbana.
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+Calle Arzobispo Loaces, 13 - 1ª planta.
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+965149621.
+5) Telefax: 
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+contratacion.atencionurbana@alicante-ayto.es.
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+www.alicante.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+13 de enero de 2014.
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+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+2) Localidad y código postal: 
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+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Dos (2) años.
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+Una (1) prórroga de dos (2) años más.
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+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
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+d) Criterios de adjudicación: 
+Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
+4. Valor estimado del contrato:
+1.428.099,16 euros, IVA excluido.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: No se establece tipo de licitación alguno. Los licitadores deberán ofertar un porcentaje de baja único aplicable por euros/litros de carburante, lo cual constituirá la oferta económica del mismo.. 
+6. Garantías exigidas. 
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+7. Requisitos específicos del contratista: 
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+Se justificará de conformidad con los medios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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+c) Lugar de presentación:
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+e) Admisión de variantes: 
+No se admitirán.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
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+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
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+Por cuenta del adjudicatario.
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+7 de noviembre de 2013.
+Alicante, 7 de noviembre de 2013.- El Concejal Delegado de Atención Urbana.",Alicante gasta unos 432.000 E/año en carburante  Gracias a eso sabemos: parque móvil: 435 vehículos (185 son turismos),[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,Licitación para el suministro de carburantes para la flota de vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Importe total no incluido.,,[],1235,0.66505426,441
+2014-09-06,,BOE-B-2014-31022,"Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79411000-8, 79421100-2, 71210000-3, 71356200-0.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Urgente.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>672.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 672.000,00 euros. Importe total: 813.120,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver Pliego de Condiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>09/10/14.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Planta baja del Pabellón 21.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avenida de Valdecilla, s/n.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Santander, 39008.</dd>
+<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
+<dd>suministros@humv.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio Cántabro de Salud.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Cardenal Herrera Oria, s/n. Planta baja.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Santander, 39011.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Apertura de proposiciones figurará en el perfil del contratante http://cantabria.es y página web del Hospital: http://suministros.humv.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Serán por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>27/08/14.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Santander, 1 de septiembre de 2014.- Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resol. 20/12/10. BOC extra n.º 36, del 31-12-10). Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, D. César Pascual Fernández.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Sep 06 07:50:40 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Gerencia de atención especializada, Área 1. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Servicio de Compras y Suministros.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pabellón 21.
+2) Domicilio: 
+Avenida de Valdecilla, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+Santander, 39008.
+4) Teléfono: 
+942 203591.
+5) Telefax: 
+942 203426.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://cantabria.es y en la página web del Hospital http://suministros.humv.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+09/10/14.
+d) Número de expediente: 
+HV/2014/0/0033.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
+2) Localidad y código postal: 
+Santander, 39008.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+24 meses.
+f) Admisión de prórroga: 
+No.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+79411000-8, 79421100-2, 71210000-3, 71356200-0.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Urgente.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+672.000,00 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 672.000,00 euros. Importe total: 813.120,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver Pliego de Condiciones.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+09/10/14.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Planta baja del Pabellón 21.
+2) Domicilio: 
+Avenida de Valdecilla, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+Santander, 39008.
+4) Dirección electrónica: 
+suministros@humv.es.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Servicio Cántabro de Salud.
+b) Dirección: 
+Cardenal Herrera Oria, s/n. Planta baja.
+c) Localidad y código postal: 
+Santander, 39011.
+d) Fecha y hora: 
+Apertura de proposiciones figurará en el perfil del contratante http://cantabria.es y página web del Hospital: http://suministros.humv.es.
+10. Gastos de publicidad: 
+Serán por cuenta del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+27/08/14.
+Santander, 1 de septiembre de 2014.- Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resol. 20/12/10. BOC extra n.º 36, del 31-12-10). Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, D. César Pascual Fernández.",Se contrata a una empresa para supervisar el trabajo de otra empresa en un hospital público. Gestionando  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunidad Autónoma de Cantabria,"Contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado por importe total de 813.120,00 euros.",,[],726,0.6690996,409
+2014-04-14,,BOE-A-2014-4011,"Orden ESS/574/2014, de 27 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/299/2014, de 24 de febrero.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-A-2014-4011</identificador>
+<titulo>Orden ESS/574/2014, de 27 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/299/2014, de 24 de febrero.</titulo>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden ESS/299/2014, de 24 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), se anunció, para su cobertura por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idónea para el desempeño del puesto que se le asigna, y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado.</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 27 de marzo de 2014.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit'>Gabinete de la Ministra</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>Denominación del puesto: Director/Directora de Oficina de Prensa.</p>
+<p class='parrafo'>Nivel complemento destino: 28.</p>
+<p class='parrafo'>Complemento específico: 15.723,54 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicataria:</p>
+<p class='parrafo_2'>Destino de procedencia: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>Apellidos y nombre: Piñar Pinedo, María de Fátima.</p>
+<p class='parrafo'>Número Registro Personal: 5300636124 A1603.</p>
+<p class='parrafo'>Grupo: A1.</p>
+<p class='parrafo'>Cuerpo: C. Superior de Intervención y Contabilidad Administración de la Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>Situación Administrativa: Servicio activo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Apr 14 07:51:13 +0000 2014,"Por Orden ESS/299/2014, de 24 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), se anunció, para su cobertura por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idónea para el desempeño del puesto que se le asigna, y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado.
+Este Ministerio ha dispuesto:
+Primero.
+Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
+Segundo.
+La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
+Tercero.
+Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
+Madrid, 27 de marzo de 2014.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro
+ANEXO
+Gabinete de la Ministra
+Puesto adjudicado:
+Denominación del puesto: Director/Directora de Oficina de Prensa.
+Nivel complemento destino: 28.
+Complemento específico: 15.723,54 euros.
+Datos personales adjudicataria:
+Destino de procedencia: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+Apellidos y nombre: Piñar Pinedo, María de Fátima.
+Número Registro Personal: 5300636124 A1603.
+Grupo: A1.
+Cuerpo: C. Superior de Intervención y Contabilidad Administración de la Seguridad Social.
+Situación Administrativa: Servicio activo.",Báñez nombra a la nieta de Blas Piñar directora de su oficina de prensa  Venía de otros cargos dentro del Min. #BOE,[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"Nombrada María de Fátima Piñar Pinedo Directora de Oficina de Prensa con un complemento específico de 15.723,54 euros.",,[],2461,0.67460346,423
+2016-07-18,,BOE-B-2016-34752,FUNDACIÓN COVIRAN,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201520'>
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+<titulo>FUNDACIÓN COVIRAN</titulo>
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+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>PREMIO 'MEJOR PRODUCTO ELABORADO DE FRUTAS Y/O VERDURAS'.</p>
+<p class='parrafo'>Primera.- Entidades Organizadoras.</p>
+<p class='parrafo'>La Fundación Coviran (en adelante Fundación), con domicilio social en c/ Recoletos n.º 6 (Centro Coviran Plaza de la Ilusión), 18004 Granada y CIF núm. G-19543891, en su apuesta por una alimentación saludable, como asunto de primer orden para la salud pública y para el disfrute de la calidad de vida de todas las personas, convoca este Premio buscando soluciones inteligentes que consigan adaptar los hábitos de vida del consumidor a una alimentación sana, y con esta intención premia un Producto Único Elaborado de Frutas y/o Verduras.</p>
+<p class='parrafo'>Esta convocatoria, velando por los principios de investigación e innovación en el campo de la alimentación, tiene como colaboradores a entidades de reconocido prestigio tales como el Grupo Coviran, AECOC, CIDAF, Asociación '5 Al Día' e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la UGR y como patrocinador a LACTALIS PULEVA.</p>
+<p class='parrafo'>Segunda.-Objeto del Premio.</p>
+<p class='parrafo'>Constituye el objeto de ésta edición del 'Premio a la Mejor Idea o Producto Elaborado a Base de Frutas y/o Verduras', premiar la mejor idea para la elaboración de un producto innovador o el producto elaborado, ya fuera nuevo o no, original y realizado a partir de frutas y/o verduras frescas, de acuerdo con las normas reguladoras y características que se contienen en las Bases del presente Premio, que se encuentran depositadas en la página web la Fundación Coviran http://www.escueladecomerciocoviran.org/fundacion-coviran/.</p>
+<p class='parrafo'>Las condiciones que tiene que reunir la Idea/Producto, para la participación en el presente Premio, son:</p>
+<p class='parrafo'>Tener como Ingredientes principales frutas y/o verduras.</p>
+<p class='parrafo'>Elaboración de un plato principal, postre, bebida o tentempié.</p>
+<p class='parrafo'>Que el producto esté listo para servir, ya sea frio o caliente.</p>
+<p class='parrafo'>Que se conserve de manera refrigerada o temperatura ambiente, nunca congelado.</p>
+<p class='parrafo'>Si se trata de un producto que no reúna la consideración de nuevo, éste (el producto), esté o no comercializado ya, deberá de haberse desarrollado y/o lanzado al mercado desde enero del año 2015 inclusive o en adelante.</p>
+<p class='parrafo'>Doce mil euros (12.000,00 €) brutos, sobre los que habrá que descontar los impuestos correspondientes.</p>
+<p class='parrafo'>De igual manera, y como complemento del anterior Premio, en el caso en que la propuesta que hubiera resultado ganadora fuere una Idea, el Premio también consistirá, adicionalmente, en el apoyo y/o tutorización para la fabricación del producto (objeto de la Idea), y, en el caso en el que la propuesta que hubiere resultado ganadora fuere un Producto, en el impulso para testar y/o comercializar el producto, todo ello de conformidad con las normas reguladoras y características que se detallan a continuación.</p>
+<p class='parrafo'>Todos los proyectos que se presenten (ya fuere un producto en sí y/o una idea) deberán de incorporar una Memoria Ejecutiva y una Ficha Técnica del Producto. Los modelos de ambos documentos se podrán obtener en la propia sede de la Fundación Coviran, o descargarlos de su página web.</p>
+<p class='parrafo'>Tercera.- Participantes y requisitos de participación.</p>
+<p class='parrafo'>Podrán participar en el presente Premio, tanto personas físicas como jurídicas, del ámbito público o privado, que estén vinculadas al mundo de la alimentación (producción, fabricación, investigación), que tengan su domicilio social/residencia en todo el territorio español.</p>
+<p class='parrafo'>Quedan excluidos de la participación en el presente Premio tanto la propia Fundación Coviran como el Grupo Coviran, como entidad colaboradora, así como el personal de todas ellas y sus familiares directos hasta el primer grado de parentesco y/o consanguineidad, no pudiendo en ningún caso beneficiarse del Premio objeto de las presentes bases.</p>
+<p class='parrafo_2'>Granada, 14 de julio de 2016.- El Secretario del Patronato de la Fundación.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Jul 18 08:49:39 +0000 2016,"PREMIO 'MEJOR PRODUCTO ELABORADO DE FRUTAS Y/O VERDURAS'.
+Primera.- Entidades Organizadoras.
+La Fundación Coviran (en adelante Fundación), con domicilio social en c/ Recoletos n.º 6 (Centro Coviran Plaza de la Ilusión), 18004 Granada y CIF núm. G-19543891, en su apuesta por una alimentación saludable, como asunto de primer orden para la salud pública y para el disfrute de la calidad de vida de todas las personas, convoca este Premio buscando soluciones inteligentes que consigan adaptar los hábitos de vida del consumidor a una alimentación sana, y con esta intención premia un Producto Único Elaborado de Frutas y/o Verduras.
+Esta convocatoria, velando por los principios de investigación e innovación en el campo de la alimentación, tiene como colaboradores a entidades de reconocido prestigio tales como el Grupo Coviran, AECOC, CIDAF, Asociación '5 Al Día' e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la UGR y como patrocinador a LACTALIS PULEVA.
+Segunda.-Objeto del Premio.
+Constituye el objeto de ésta edición del 'Premio a la Mejor Idea o Producto Elaborado a Base de Frutas y/o Verduras', premiar la mejor idea para la elaboración de un producto innovador o el producto elaborado, ya fuera nuevo o no, original y realizado a partir de frutas y/o verduras frescas, de acuerdo con las normas reguladoras y características que se contienen en las Bases del presente Premio, que se encuentran depositadas en la página web la Fundación Coviran http://www.escueladecomerciocoviran.org/fundacion-coviran/.
+Las condiciones que tiene que reunir la Idea/Producto, para la participación en el presente Premio, son:
+Tener como Ingredientes principales frutas y/o verduras.
+Elaboración de un plato principal, postre, bebida o tentempié.
+Que el producto esté listo para servir, ya sea frio o caliente.
+Que se conserve de manera refrigerada o temperatura ambiente, nunca congelado.
+Si se trata de un producto que no reúna la consideración de nuevo, éste (el producto), esté o no comercializado ya, deberá de haberse desarrollado y/o lanzado al mercado desde enero del año 2015 inclusive o en adelante.
+Doce mil euros (12.000,00 €) brutos, sobre los que habrá que descontar los impuestos correspondientes.
+De igual manera, y como complemento del anterior Premio, en el caso en que la propuesta que hubiera resultado ganadora fuere una Idea, el Premio también consistirá, adicionalmente, en el apoyo y/o tutorización para la fabricación del producto (objeto de la Idea), y, en el caso en el que la propuesta que hubiere resultado ganadora fuere un Producto, en el impulso para testar y/o comercializar el producto, todo ello de conformidad con las normas reguladoras y características que se detallan a continuación.
+Todos los proyectos que se presenten (ya fuere un producto en sí y/o una idea) deberán de incorporar una Memoria Ejecutiva y una Ficha Técnica del Producto. Los modelos de ambos documentos se podrán obtener en la propia sede de la Fundación Coviran, o descargarlos de su página web.
+Tercera.- Participantes y requisitos de participación.
+Podrán participar en el presente Premio, tanto personas físicas como jurídicas, del ámbito público o privado, que estén vinculadas al mundo de la alimentación (producción, fabricación, investigación), que tengan su domicilio social/residencia en todo el territorio español.
+Quedan excluidos de la participación en el presente Premio tanto la propia Fundación Coviran como el Grupo Coviran, como entidad colaboradora, así como el personal de todas ellas y sus familiares directos hasta el primer grado de parentesco y/o consanguineidad, no pudiendo en ningún caso beneficiarse del Premio objeto de las presentes bases.
+Granada, 14 de julio de 2016.- El Secretario del Patronato de la Fundación.",Voy a presentar una manzana a este concurso ;) ,[],CONVOCATORIAS,Anuncios particulares,Convocatoria de concurso para premiar un Producto Único Elaborado de Frutas y/o Verduras que consigan adaptar los hábitos de vida del consumidor a una alimentación sana.,,[],1036,0.6752675,582
+2013-12-04,,BOE-B-2013-45990,"Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014. Expediente: EPE/14/2014.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-B-2013-45990</identificador>
+<titulo>Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014. Expediente: EPE/14/2014.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+<analisis>
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+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
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+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>El sobre número 2 que contiene la oferta técnica se abrirá en acto público el día 16 de enero de 2014, a las 10:00 horas, y el sobre número 3 que contiene la oferta económica se abrirá en acto público el día 22 de enero de 2014, a las 10:00 horas</fecha_apertura_ofertas>
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+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
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+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Dirección General de Política Interior.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>En la web: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma (en el apartado licitaciones/número de expediente introducir EPE/14/2014).</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Amador de los Ríos, 7.</dd>
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+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 23:59 horas del 20 de diciembre de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
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+</dl>
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+<dd>
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+<dd>Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>El señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>El señalado en los Pliegos.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>72300000 (Servicios relacionados con datos).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Los que se especifican en el apartado 12 del cuadro de características.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>15.750.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 15.000.000,00 euros. Importe total: 18.150.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): 450.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>V2d (Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador. A partir de 600.000 euros) y V5d (Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas. A partir de 600.000 euros).</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Tanto la solvencia técnica como económica se acredita con la clasificación: Grupo V, Subgrupos 2 y 5, Categoría: D.</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2013.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Política Interior.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Amador de los Ríos, 7, en el Registro General.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28010, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>Tres meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Actos públicos de apertura de los sobres número 2 (oferta técnica) y número 3 (oferta económica).</dd>
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+<dd>Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. Calle Amador de los Ríos, 7.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28010.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>El sobre número 2 que contiene la oferta técnica se abrirá en acto público el día 16 de enero de 2014, a las 10:00 horas, y el sobre número 3 que contiene la oferta económica se abrirá en acto público el día 22 de enero de 2014, a las 10:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>22 de noviembre de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de noviembre de 2013.- Directora general de Política Interior.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Dec 04 10:04:17 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Ministerio del Interior.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección General de Política Interior.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+En la web: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma (en el apartado licitaciones/número de expediente introducir EPE/14/2014).
+2) Domicilio: 
+Amador de los Ríos, 7.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28010.
+4) Teléfono: 
+91 537 11 57.
+5) Telefax: 
+91 537 14 63.
+6) Correo electrónico: 
+contratacion_elecciones@interior.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 23:59 horas del 20 de diciembre de 2013.
+d) Número de expediente: 
+EPE/14/2014.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+El señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+El señalado en los Pliegos.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+72300000 (Servicios relacionados con datos).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Los que se especifican en el apartado 12 del cuadro de características.
+4. Valor estimado del contrato:
+15.750.000,00 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 15.000.000,00 euros. Importe total: 18.150.000,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): 450.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+V2d (Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador. A partir de 600.000 euros) y V5d (Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas. A partir de 600.000 euros).
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Tanto la solvencia técnica como económica se acredita con la clasificación: Grupo V, Subgrupos 2 y 5, Categoría: D.
+c) Otros requisitos específicos: 
+Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2013.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Política Interior.
+2) Domicilio: 
+Amador de los Ríos, 7, en el Registro General.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28010, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+Tres meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Actos públicos de apertura de los sobres número 2 (oferta técnica) y número 3 (oferta económica).
+b) Dirección: 
+Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. Calle Amador de los Ríos, 7.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid 28010.
+d) Fecha y hora: 
+El sobre número 2 que contiene la oferta técnica se abrirá en acto público el día 16 de enero de 2014, a las 10:00 horas, y el sobre número 3 que contiene la oferta económica se abrirá en acto público el día 22 de enero de 2014, a las 10:00 horas.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+22 de noviembre de 2013.
+Madrid, 29 de noviembre de 2013.- Directora general de Política Interior.",Preparando elecciones europeas: Concurso abierto para escrutinio provisional y difusión (18 millones) &gt;  (2 de 2),[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Contrato del Ministerio del Interior cuyo servicio son llevar a cabo las actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014 por un importe total de 18.150.000,00 euros. ",,[],2469,0.67539257,566
+2014-03-01,,BOE-A-2014-2238,"Orden ESS/299/2014, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio acuerda anunciar la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I de la presente orden, con arreglo a las siguientes bases:</p>
+<p class='articulo'>Primera.</p>
+<p class='parrafo'>El puesto de trabajo que se convoca por la presente orden podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo.</p>
+<p class='articulo'>Segunda.</p>
+<p class='parrafo'>Los interesados dirigirán sus solicitudes, según el modelo que figura como anexo II, al Sr. Subsecretario de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='articulo'>Tercera.</p>
+<p class='parrafo'>Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, c/ Agustín de Bethancourt, núm. 4, o por cualquiera de las formas que establece el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
+<p class='articulo'>Cuarta.</p>
+<p class='parrafo'>Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su currículum vítae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas, y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 24 de febrero de 2014.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO I</p>
+<p class='anexo_tit'>Gabinete de la Ministra</p>
+<p class='parrafo_2'>Denominación del puesto: Director/Directora de Oficina de Prensa. Número de plazas: 1. Nivel Complemento de Destino: 28. Complemento Específico: 15.723,54. Localidad: Madrid. Adscripción: GR/SB: A1. ADM: AE.</p>
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+",Sat Mar 01 10:23:52 +0000 2014,"Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
+Este Ministerio acuerda anunciar la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I de la presente orden, con arreglo a las siguientes bases:
+Primera.
+El puesto de trabajo que se convoca por la presente orden podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo.
+Segunda.
+Los interesados dirigirán sus solicitudes, según el modelo que figura como anexo II, al Sr. Subsecretario de Empleo y Seguridad Social.
+Tercera.
+Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, c/ Agustín de Bethancourt, núm. 4, o por cualquiera de las formas que establece el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
+Cuarta.
+Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su currículum vítae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas, y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.
+Madrid, 24 de febrero de 2014.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
+ANEXO I
+Gabinete de la Ministra
+Denominación del puesto: Director/Directora de Oficina de Prensa. Número de plazas: 1. Nivel Complemento de Destino: 28. Complemento Específico: 15.723,54. Localidad: Madrid. Adscripción: GR/SB: A1. ADM: AE.",Fátima Báñez busca nuevo director para su oficina de prensa  Aunque ya lo tendrá elegido antes de la convocatoria #BOE,[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,Provisión por el procedimiento de libre designación del puesto Director/Directora de Oficina de Prensa en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.,,[],1848,0.6791865,321
+2018-10-04,,BOE-B-2018-47192,"Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante de anuncio de la enajenación, mediante subasta pública, del buque Santísima Trinidad Primera.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante de anuncio de la enajenación, mediante subasta pública, del buque Santísima Trinidad Primera.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>240</diario_numero>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>1. Objeto de la subasta: Venta forzosa, mediante subasta pública, modalidad proposición económica en sobre cerrado, del buque SANTÍSIMA TRINIDAD PRIMERA, declarado abandonado en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, de fecha 19 de febrero de 2018.</p>
+<p class='parrafo'>Esta subasta sustituye a la prevista para fecha 06.09.2018, que ha quedado suspendida por Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante, de fecha 03 de septiembre de 2018.</p>
+<p class='parrafo'>2. Cargas: En aplicación del art. 12 Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval de 1993 y art. 484 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, todas las hipotecas, gravámenes, privilegios y otras cargas de cualquier género que pudieran recaer sobre el buque quedarán sin efecto.</p>
+<p class='parrafo'>3. Precio base de enajenación en primera subasta, a ofertar al alza: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIEN EUROS (152.100,00 €) euros, impuestos excluidos.</p>
+<p class='parrafo'>4. Garantía exigida: TREINTA Y OCHO MIL CON VEINTICINCO EUROS (38.025,00 €.) euros, constituida exclusivamente bajo cualquiera de las formas admitidas en la Condición 8ª del Pliego de Condiciones regulador de la subasta.</p>
+<p class='parrafo'>5. Exposición del bien subastado: El buque objeto de subasta podrá ser visitado, previa notificación y coordinación con la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Alicante, teléfono 965 13 00 95 y correo electrónico: secretaria.apa@puertoalicante.com.</p>
+<p class='parrafo'>6. Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las catorce (14:00 h) horas del día 30 de octubre de 2018.</p>
+<p class='parrafo'>7. Lugar de presentación de las ofertas: Las proposiciones serán entregadas en mano ante el Registro de Licitaciones de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Alicante, sito en 03001-ALICANTE, Muelle de Poniente, 11, o ante las oficinas de Correos dentro del plazo señalado, en la modalidad y forma indicada en el Pliego de Condiciones de la subasta.</p>
+<p class='parrafo'>8. Celebración de la subasta y apertura de las proposiciones económicas: Mediante acto público que se realizará en la Sala del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, a las once (11:00 h.) horas del día 7 de noviembre de 2018.</p>
+<p class='parrafo'>9. Gastos del anuncio: Por exclusiva cuenta del adjudicatario.</p>
+<p class='parrafo'>10. Documentación: El Pliego de Condiciones que rige la subasta puede obtenerse en el Perfil del Contratante de la Autoridad Portuaria de Alicante. (https://puertoalicante.com).</p>
+<p class='parrafo'>Alicante, 3 de septiembre de 2018.- El Presidente, Juan Antonio Gisbert García.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Oct 04 07:40:07 +0000 2018,"1. Objeto de la subasta: Venta forzosa, mediante subasta pública, modalidad proposición económica en sobre cerrado, del buque SANTÍSIMA TRINIDAD PRIMERA, declarado abandonado en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, de fecha 19 de febrero de 2018.
+Esta subasta sustituye a la prevista para fecha 06.09.2018, que ha quedado suspendida por Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante, de fecha 03 de septiembre de 2018.
+2. Cargas: En aplicación del art. 12 Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval de 1993 y art. 484 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, todas las hipotecas, gravámenes, privilegios y otras cargas de cualquier género que pudieran recaer sobre el buque quedarán sin efecto.
+3. Precio base de enajenación en primera subasta, a ofertar al alza: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIEN EUROS (152.100,00 €) euros, impuestos excluidos.
+4. Garantía exigida: TREINTA Y OCHO MIL CON VEINTICINCO EUROS (38.025,00 €.) euros, constituida exclusivamente bajo cualquiera de las formas admitidas en la Condición 8ª del Pliego de Condiciones regulador de la subasta.
+5. Exposición del bien subastado: El buque objeto de subasta podrá ser visitado, previa notificación y coordinación con la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Alicante, teléfono 965 13 00 95 y correo electrónico: secretaria.apa@puertoalicante.com.
+6. Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las catorce (14:00 h) horas del día 30 de octubre de 2018.
+7. Lugar de presentación de las ofertas: Las proposiciones serán entregadas en mano ante el Registro de Licitaciones de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Alicante, sito en 03001-ALICANTE, Muelle de Poniente, 11, o ante las oficinas de Correos dentro del plazo señalado, en la modalidad y forma indicada en el Pliego de Condiciones de la subasta.
+8. Celebración de la subasta y apertura de las proposiciones económicas: Mediante acto público que se realizará en la Sala del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, a las once (11:00 h.) horas del día 7 de noviembre de 2018.
+9. Gastos del anuncio: Por exclusiva cuenta del adjudicatario.
+10. Documentación: El Pliego de Condiciones que rige la subasta puede obtenerse en el Perfil del Contratante de la Autoridad Portuaria de Alicante. (https://puertoalicante.com).
+Alicante, 3 de septiembre de 2018.- El Presidente, Juan Antonio Gisbert García.","¿Quieren ustedes este buque? Arranca subasta por 152.100€.  Pero, ojo, que lleva jaleos detrás, como contó @anvillarino aquí (la foto también sale del tema):  #BOE ",[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Fomento,"Arranca la subasta del buque SANTÍSIMA TRINIDAD PRIMERA por 152.100,00 €.",,[],1438,0.68123937,387
+2014-03-10,,BOE-B-2014-8607,"Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la licitación del servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
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+<titulo>Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la licitación del servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.</titulo>
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+<dd>Conselleria de Gobernación y Justicia.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Secretaría General Administrativa.</dd>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
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+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Castán Tobeñas, 77, 5,ª planta, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Valencia 46018.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>961 20 91 71.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>961 20 90 95.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>martinez_pau@gva.es, magenti_mar@gva.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http:// www.contratacion.gva.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>CNMY14/DGJ/10.</dd>
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+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
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+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Comunitat Valenciana.</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Ver pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>24 meses.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Hasta 24 meses.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>90513000-6.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria y anticipada.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto, único criterio precio.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>279.999,84 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 139.999,92 euros. Importe total: 153.999,90 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. (Sin IVA).</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>No se requiere según el artículo 65.4 del texto refunduido de la Ley de Contratos del Sector Público,ya que el expediente CNMY13/DGJ/27, licitado con igual objeto y anunciado en el DOUE 2013/S 166-288854, BOE n.º 212, y DOCV n.º 7105, declarado desierto por falta de licitadores al no haber concurrido ninguna empresa con la clasificación que se exigía.</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver pliegos.</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Ver pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>En horario de oficina del Registro General, hasta el día 28 de marzo de 2014, a las14:30 horas.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Sobre 1, Documentación Administrativa, y sobre 3, Proposición Económica.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General de la Conselleria de Gobernación y Justicia, de lunes a viernes, en horario de oficina del Registro General:</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Castán Tobeñas, 77, planta baja, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Valencia 46018.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>Dos meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura pública del sobre 3, Proposición Económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Calle Castán Tobeñas, 77, planta 5, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, sala de juntas.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Valencia 46018.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>8 de abril de 2014, a las 12:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Serán por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>17 de febrero de 2014.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Valencia, 17 de febrero de 2014.- P. D. (Resolución de 28.12.2012, DOCV núm.6942, de 14.01.2013), la Subsecretaria de Gobernación y Justicia, Juana M.ª Forés Villanueva.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Mar 10 09:30:14 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Conselleria de Gobernación y Justicia.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Secretaría General Administrativa.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
+2) Domicilio: 
+Calle Castán Tobeñas, 77, 5,ª planta, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
+3) Localidad y código postal: 
+Valencia 46018.
+4) Teléfono: 
+961 20 91 71.
+5) Telefax: 
+961 20 90 95.
+6) Correo electrónico: 
+martinez_pau@gva.es, magenti_mar@gva.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http:// www.contratacion.gva.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 horas.
+d) Número de expediente: 
+CNMY14/DGJ/10.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Comunitat Valenciana.
+2) Localidad y código postal: 
+Ver pliegos.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+24 meses.
+f) Admisión de prórroga: 
+Hasta 24 meses.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+90513000-6.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria y anticipada.
+b) Procedimiento: 
+Abierto, único criterio precio.
+4. Valor estimado del contrato:
+279.999,84 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 139.999,92 euros. Importe total: 153.999,90 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. (Sin IVA).
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+No se requiere según el artículo 65.4 del texto refunduido de la Ley de Contratos del Sector Público,ya que el expediente CNMY13/DGJ/27, licitado con igual objeto y anunciado en el DOUE 2013/S 166-288854, BOE n.º 212, y DOCV n.º 7105, declarado desierto por falta de licitadores al no haber concurrido ninguna empresa con la clasificación que se exigía.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver pliegos.
+c) Otros requisitos específicos: 
+Ver pliegos.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+En horario de oficina del Registro General, hasta el día 28 de marzo de 2014, a las14:30 horas.
+b) Modalidad de presentación: 
+Sobre 1, Documentación Administrativa, y sobre 3, Proposición Económica.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General de la Conselleria de Gobernación y Justicia, de lunes a viernes, en horario de oficina del Registro General:
+2) Domicilio: 
+Calle Castán Tobeñas, 77, planta baja, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
+3) Localidad y código postal: 
+Valencia 46018.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+Dos meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura pública del sobre 3, Proposición Económica.
+b) Dirección: 
+Calle Castán Tobeñas, 77, planta 5, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, sala de juntas.
+c) Localidad y código postal: 
+Valencia 46018.
+d) Fecha y hora: 
+8 de abril de 2014, a las 12:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+Serán por cuenta del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+17 de febrero de 2014.
+Valencia, 17 de febrero de 2014.- P. D. (Resolución de 28.12.2012, DOCV núm.6942, de 14.01.2013), la Subsecretaria de Gobernación y Justicia, Juana M.ª Forés Villanueva.",Veo contrato para destruir papeles confidenciales  y me acuerdo de @ComandanteTom_ y el vídeo de @civio Próximamente…,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunitat Valenciana,"Contratos para destruir papeles confidenciales por importe total de 153.999,90 euros.",,[],2982,0.68140393,529
+2013-11-11,,BOE-B-2013-42302,"Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, por la que se anuncia la formalización de los contratos de diversos seguros contra daños y de colectivos de personas en el Parlamento de Andalucía (4 lotes).","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Parlamento de Andalucía.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.</dd>
+<dt>c) Número de expediente: </dt>
+<dd>117/2012.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Contratación de diversos seguros contra daños y de colectivos de personas en el Parlamento de Andalucía (4 lotes).</dd>
+<dt>c) Lote: </dt>
+<dd>4. Lote núm. 1: Seguro de accidentes para el colectivo de conductores y ocupantes de vehículos oficiales del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 2: Seguro de vida y accidentes para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 3: Seguro contra daños de los bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lote núm. 4: Seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles del Parlamento de Andalucía y otras coberturas adicionales.</dd>
+<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>66511000-5: Servicios de seguros de vida. 66512000-2 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad. 66514110-0 Servicios de seguros de automóviles. 66515000-3 Servicios de seguros de daños. 66515100-4 Servicios de seguros de incendio. 66515200-5 Servicios de seguros de cosas. 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
+<dd>Importe total: 528.200,00 euros, impuestos incluidos.Presupuesto de cada lote: Lote núm. 1: 2.600,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 2: 380.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 3: 104.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 4: 41.600,00 €, impuestos incluidos. </dd>
+<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
+<dd>Lote 1: 25 de septiembre de 2013; Lote 2: 2 de octubre de 2013; Lote 3: 9 de octubre de 2013; Lote 4: 9 de octubre de 2013.</dd>
+<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
+<dd>Lote 1: 21 de octubre de 2013; Lote 2: 25 de octubre de 2013; Lote 3: 31 de octubre de 2013; Lote 4: 31 de octubre de 2013.</dd>
+<dt>c) Contratista: </dt>
+<dd>Lote 1: Axa Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; Lote 2: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 3: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 4: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros.</dd>
+<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
+<dd>Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos. </dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Sevilla, 6 de noviembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Nov 11 08:48:42 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: 
+a) Organismo: 
+Parlamento de Andalucía.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
+c) Número de expediente: 
+117/2012.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Contratación de diversos seguros contra daños y de colectivos de personas en el Parlamento de Andalucía (4 lotes).
+c) Lote: 
+4. Lote núm. 1: Seguro de accidentes para el colectivo de conductores y ocupantes de vehículos oficiales del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 2: Seguro de vida y accidentes para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 3: Seguro contra daños de los bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lote núm. 4: Seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles del Parlamento de Andalucía y otras coberturas adicionales.
+d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+66511000-5: Servicios de seguros de vida. 66512000-2 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad. 66514110-0 Servicios de seguros de automóviles. 66515000-3 Servicios de seguros de daños. 66515100-4 Servicios de seguros de incendio. 66515200-5 Servicios de seguros de cosas. 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles.
+5. Presupuesto base de licitación.
+Importe total: 528.200,00 euros, impuestos incluidos.Presupuesto de cada lote: Lote núm. 1: 2.600,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 2: 380.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 3: 104.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 4: 41.600,00 €, impuestos incluidos. 
+6. Formalización del contrato:
+a) Fecha de adjudicación: 
+Lote 1: 25 de septiembre de 2013; Lote 2: 2 de octubre de 2013; Lote 3: 9 de octubre de 2013; Lote 4: 9 de octubre de 2013.
+b) Fecha de formalización del contrato: 
+Lote 1: 21 de octubre de 2013; Lote 2: 25 de octubre de 2013; Lote 3: 31 de octubre de 2013; Lote 4: 31 de octubre de 2013.
+c) Contratista: 
+Lote 1: Axa Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; Lote 2: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 3: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 4: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros.
+d) Importe o canon de adjudicación: 
+Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos. 
+Sevilla, 6 de noviembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez.",Adjudicados los seguros del parlamento andaluz.  Conclusiones: 1. no me parecen cifras desorbitadas. (...sigue),[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunidad Autónoma de Andalucía,"Adjudicados los seguros del parlamento andaluz: Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos. 
+
+",,[],869,0.68186885,396
+2013-08-02,,BOE-A-2014-7961,Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato de servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Barcelona.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<fecha_presentacion_ofertas>10 de septiembre de 2013, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es de 30 días naturales, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado'</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>Se comunicará oportunamente a los licitadores</fecha_apertura_ofertas>
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+<texto>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
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+<dt>a) Organismo: </dt>
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+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
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+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el último dia límite de presentación de las ofertas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>C0207 2013 275.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
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+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
+<dd>Lote 1 y 2.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Barcelona.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>48 meses.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Sí.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>72500000.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Restringido.</dd>
+<dt>c) Subasta electrónica: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>64941797,90 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
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+<dd> Importe neto: 29260756,71 euros. Importe total: 35405515,61 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Clasificación empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda del Estado Español (grupo V, subgrupo 5, categoría D).</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Requisitos detallados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimento de la cual, en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>10 de septiembre de 2013, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es de 30 días naturales, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado'.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
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+<dd>Barcelona, 08018.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>Dos meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
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+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Se comunicará oportunamente a los licitadores.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>A cargo del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>29 de julio de 2013.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>-Se establece una garantía complementaria del 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido). 
+-Se preveen modificaciones detalladas en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
+-Buzón para consultas técnicas: xroca@bcn.cat.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Barcelona, 29 de julio de 2013.- La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Fri Aug 02 07:20:19 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+2) Domicilio: 
+Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
+3) Localidad y código postal: 
+Barcelona, 08018.
+4) Teléfono: 
+93 2918100.
+5) Telefax: 
+93 2918261.
+6) Correo electrónico: 
+msaumoy@bcn.cat.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.bcn.cat.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta el último dia límite de presentación de las ofertas.
+d) Número de expediente: 
+C0207 2013 275.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Barcelona.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Lote 1 y 2.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+2) Localidad y código postal: 
+Barcelona.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+48 meses.
+f) Admisión de prórroga: 
+Sí.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+72500000.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Restringido.
+c) Subasta electrónica: 
+No.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
+4. Valor estimado del contrato:
+64941797,90 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 29260756,71 euros. Importe total: 35405515,61 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Clasificación empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda del Estado Español (grupo V, subgrupo 5, categoría D).
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Requisitos detallados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
+c) Otros requisitos específicos: 
+El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimento de la cual, en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+10 de septiembre de 2013, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es de 30 días naturales, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado'.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+2) Domicilio: 
+Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
+3) Localidad y código postal: 
+Barcelona, 08018.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+Dos meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+b) Dirección: 
+Calle Tánger, 98.
+c) Localidad y código postal: 
+Barcelona.
+d) Fecha y hora: 
+Se comunicará oportunamente a los licitadores.
+10. Gastos de publicidad: 
+A cargo del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+29 de julio de 2013.
+12. Otras informaciones: 
+-Se establece una garantía complementaria del 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido). 
+-Se preveen modificaciones detalladas en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
+-Buzón para consultas técnicas: xroca@bcn.cat.
+Barcelona, 29 de julio de 2013.- La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.",Informática del ayto de BCN licita dos contratos que suman 46 millones. A ver a quién le cae  y ,[],TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL,Administración Local,"Informática del ayuntamiento de Barcelona licita contrato de servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC por importe total de 35405515,61 euros.",,[],3483,0.6828103,513
+2013-10-29,"MODIFICA el plan publicado por
+Resolución de 25 de octubre de 2011
+
+
+DE CONFORMIDAD con
+el art. 35 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre",BOE-A-2013-11330,"Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Teología.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>Modificado el plan de estudios del Máster Universitario en Teología (publicado en el BOE de 8 de noviembre de 2011 y en el BORM de 5 de noviembre de 2011), verificado por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011 (publicado en el BOE de 19 de septiembre de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 1 de septiembre de 2011),</p>
+<p class='parrafo'>Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación en el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de <em>Máster Universitario en Teología</em>.</p>
+<p class='parrafo'>La presente modificación será de aplicación a aquellos estudiantes que realicen el Máster a partir del curso académico 2013/2014.</p>
+<p class='parrafo_2'>Murcia, 14 de octubre de 2013.–El Rector, José Antonio Cobacho Gómez.</p>
+<p class='centro_cursiva'>Máster Universitario en Teología</p>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Tipo de asignatura</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Créditos</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Optativas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>42</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajo Fin de Máster</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>18</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>60</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Asignaturas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Tipo</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Cuatrimestre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Créditos</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hermenéutica teológica: Cuestiones de acceso a la revelación cristiana.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Credibilidad de la revelación en Cristo: Aspectos históricos y filosóficos.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>La Iglesia como signo de salvación visible en el mundo de hoy.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Metodología de la investigación científica.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grandes núcleos de la Teología Fundamental actual.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Métodos para el diálogo entre la fe y la cultura.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Escritura y tradición, fuentes de la Teología.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>En los inicios del método teológico y de la apologética cristiana: Fundamentos patrísticos de la teología fundamental.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>La teología al encuentro con las ciencias: Áreas de diálogo y problemática actual.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>El futuro del cristianismo en las sociedades avanzadas: La cuestión de la secularización.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>La formación de la teología medieval franciscana y su empeño apologético.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ecumenismo y diálogo interreligioso: Universalidad de la salvación en Cristo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
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+</td>
+</tr>
+<tr>
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+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cuestiones en torno a la relación de la humanidad con su ambiente natural.</p>
+</td>
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+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
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+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
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+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
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+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cultura Clásica y Cristianismo.</p>
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+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
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+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
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+<tr>
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+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Teología y postmodernidad: Problemas y perspectivas.</p>
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+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
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+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Revelación y Teología entre el Vaticano I y el Vaticano II.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>La fe cristiana como opción razonable: La «<em>Fides</em> et <em>Ratio»</em> como clave del diálogo teológico con la razón.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>La Pneumatología como clave de comprensión de la Teología Fundamental.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Literatura intertestamentaria y su relación con otras áreas de pensamiento.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Teología fundamental franciscana.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>El arte franciscano como lugar teológico y del diálogo con la cultura.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cristianismo, Iglesia y sociedad en la España contemporánea.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fe-Razón: Desde la «<em>Dei Filius»</em> (1870) a la «<em>Fides et Ratio</em><em>»</em> (1998).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>El Concilio Vaticano II: Llamada del Espíritu y respuesta de la Iglesia.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Optativa</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>1-2</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajo Fin de Máster.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Obligatoria</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Anual</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>18 ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Oct 29 08:36:40 +0000 2013,"Modificado el plan de estudios del Máster Universitario en Teología (publicado en el BOE de 8 de noviembre de 2011 y en el BORM de 5 de noviembre de 2011), verificado por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011 (publicado en el BOE de 19 de septiembre de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 1 de septiembre de 2011),
+Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación en el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Teología.
+La presente modificación será de aplicación a aquellos estudiantes que realicen el Máster a partir del curso académico 2013/2014.
+Murcia, 14 de octubre de 2013.–El Rector, José Antonio Cobacho Gómez.
+Máster Universitario en Teología
+Tipo de asignatura
+Créditos
+Optativas
+42
+Trabajo Fin de Máster
+18
+Total
+60
+Asignaturas
+Tipo
+Cuatrimestre
+Créditos
+Hermenéutica teológica: Cuestiones de acceso a la revelación cristiana.
+Optativa
+1-2
+6 ECTS
+Credibilidad de la revelación en Cristo: Aspectos históricos y filosóficos.
+Optativa
+1-2
+6 ECTS
+La Iglesia como signo de salvación visible en el mundo de hoy.
+Optativa
+1-2
+6 ECTS
+Metodología de la investigación científica.
+Optativa
+1-2
+6 ECTS
+Grandes núcleos de la Teología Fundamental actual.
+Optativa
+1-2
+6 ECTS
+Métodos para el diálogo entre la fe y la cultura.
+Optativa
+1-2
+6 ECTS
+Escritura y tradición, fuentes de la Teología.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+En los inicios del método teológico y de la apologética cristiana: Fundamentos patrísticos de la teología fundamental.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+La teología al encuentro con las ciencias: Áreas de diálogo y problemática actual.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+El futuro del cristianismo en las sociedades avanzadas: La cuestión de la secularización.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+La formación de la teología medieval franciscana y su empeño apologético.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Ecumenismo y diálogo interreligioso: Universalidad de la salvación en Cristo.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Cuestiones en torno a la relación de la humanidad con su ambiente natural.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Cultura Clásica y Cristianismo.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Teología y postmodernidad: Problemas y perspectivas.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Revelación y Teología entre el Vaticano I y el Vaticano II.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+La fe cristiana como opción razonable: La «Fides et Ratio» como clave del diálogo teológico con la razón.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+La Pneumatología como clave de comprensión de la Teología Fundamental.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Literatura intertestamentaria y su relación con otras áreas de pensamiento.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Teología fundamental franciscana.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+El arte franciscano como lugar teológico y del diálogo con la cultura.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Cristianismo, Iglesia y sociedad en la España contemporánea.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Fe-Razón: Desde la «Dei Filius» (1870) a la «Fides et Ratio» (1998).
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+El Concilio Vaticano II: Llamada del Espíritu y respuesta de la Iglesia.
+Optativa
+1-2
+3 ECTS
+Trabajo Fin de Máster.
+Obligatoria
+Anual
+18 ECTS",¡Qué bonico sería que en los estudios de Teología se nalizaran un poquillo otras religiones!  #BOE,[],ERRORES_MODIFICACIONES_BOE,Universidades,Modificado el plan de estudios del Máster Universitario en Teología,,['3488' '5605' '7046'],2190,0.68435735,544
+2013-12-24,,BOE-A-2013-13577,"Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de Estudiantes Universitarios.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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+<titulo>Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de Estudiantes Universitarios.</titulo>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.</p>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación establecida en la disposición octava de la Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios.</p>
+<p class='parrafo'>Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.332C.489 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y teniendo en cuenta las disposiciones séptima y décima de la citada Resolución, he resuelto conceder por importe de 40.000,00 euros, las subvenciones que se indican a continuación:</p>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Entidad</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>NIF</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
+<p class='cabeza_tabla'>–</p>
+<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo de Estudiantes de Telecomunicacion.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G85470664</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3.188,19</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G47565452</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3.188,19</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G83299487</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3.188,19</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingenieria de Edificacion.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G83895631</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3.011,07</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federacion Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperacion Internacional.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G47282918</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3.011,07</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Tecnica Industrial.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G15533649</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>2.952,03</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publicas.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G95324281</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>2.952,03</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Agrupacion Centro de Cultura.</p>
+</td>
+<td>
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+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>2.715,87</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederacion Estatal de Asociaciones de Estudiantes.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G78755170</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>2.302,58</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo Estatal de Estudiantes de Ingenieria Industrial.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G83180364</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.889,30</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Integra Voluntario Joven.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G50738004</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.771,22</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociacion Estatal de Estudiantes de Enfermeria.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G27712355</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.594,10</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes «Sindicato de Estudiantes».</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G78568334</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.594,10</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federacion de Asociaciones Bestspain.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G86321569</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.416,97</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federacion Erasmus Student Network España.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G83340406</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.239,85</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G85735132</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.180,81</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo De Representantes de Estudiantes de Arquitectura.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G85967479</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.062,73</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas del Estado Español «Giner de los Ríos».</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G83325985</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.062,73</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Estatal de Alumnos y Ex-Alumnos de Relaciones Laborales- Graduado Social.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G97039176</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>678,97</p>
+</td>
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+<tr>
+<td colspan='2'>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total ......................................................................................................................</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>40.000,00</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<p class='parrafo_2'>Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 28 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Dec 24 08:09:15 +0000 2013,"En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.
+De acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación establecida en la disposición octava de la Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios.
+Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.332C.489 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y teniendo en cuenta las disposiciones séptima y décima de la citada Resolución, he resuelto conceder por importe de 40.000,00 euros, las subvenciones que se indican a continuación:
+Entidad
+NIF
+Importe
+–
+Euros
+Consejo de Estudiantes de Telecomunicacion.
+G85470664
+3.188,19
+Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.
+G47565452
+3.188,19
+Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática.
+G83299487
+3.188,19
+Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingenieria de Edificacion.
+G83895631
+3.011,07
+Federacion Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperacion Internacional.
+G47282918
+3.011,07
+Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Tecnica Industrial.
+G15533649
+2.952,03
+Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publicas.
+G95324281
+2.952,03
+Agrupacion Centro de Cultura.
+G73355307
+2.715,87
+Confederacion Estatal de Asociaciones de Estudiantes.
+G78755170
+2.302,58
+Consejo Estatal de Estudiantes de Ingenieria Industrial.
+G83180364
+1.889,30
+Integra Voluntario Joven.
+G50738004
+1.771,22
+Asociacion Estatal de Estudiantes de Enfermeria.
+G27712355
+1.594,10
+Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes «Sindicato de Estudiantes».
+G78568334
+1.594,10
+Federacion de Asociaciones Bestspain.
+G86321569
+1.416,97
+Federacion Erasmus Student Network España.
+G83340406
+1.239,85
+Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho.
+G85735132
+1.180,81
+Consejo De Representantes de Estudiantes de Arquitectura.
+G85967479
+1.062,73
+Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas del Estado Español «Giner de los Ríos».
+G83325985
+1.062,73
+Asociación Estatal de Alumnos y Ex-Alumnos de Relaciones Laborales- Graduado Social.
+G97039176
+678,97
+Total ......................................................................................................................
+40.000,00
+Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
+Madrid, 28 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.",Subvenciones a asoc. estudiantes universitarios: 40.000 euros  En 2011 eran 300.000 euros #BOE,['114'],SUBVENCIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.,,[],1151,0.68458956,458
+2013-07-17,,BOE-B-2013-27636,Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio público de Interrupción Voluntaria del Embarazo.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
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+<identificador>BOE-B-2013-27636</identificador>
+<titulo>Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio público de Interrupción Voluntaria del Embarazo.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>170</diario_numero>
+<seccion>5</seccion>
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+<departamento codigo='8040'>Comunidad Autónoma de Cantabria</departamento>
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+<url_pdf>/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-B-2013-27636.pdf</url_pdf>
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+<analisis>
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+<tipo codigo='21'>Gestión de Servicios Públicos</tipo>
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+",Wed Jul 17 13:16:09 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Servicio Cántabro de Salud.
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+Subdirección de Asistencia Sanitaria.
+c) Obtención de documentación e información:
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+Servicio Cántabro de Salud.
+2) Domicilio: 
+Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+Santander 39011.
+4) Teléfono: 
+942202796, 942202797.
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+nicanor.albina@scsalud.es ; inmaculada.gutierrez@scsalud.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+https://aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratanteSCS.do.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+9 de agosto de 2013.
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+Gestión de servicio público.
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+Ver pliegos.
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+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Ver pliegos.
+4. Valor estimado del contrato:
+1.288.000,00 €.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: Indeterminado. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5% del importe de los contratos derivados del acuerdo marco.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+No.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver pliegos.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+9 de agosto de 2013, a las 13:00 horas.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Servicio Cántabro de Salud. Registro General.
+2) Domicilio: 
+Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
+3) Localidad y código postal: 
+Santander 39011.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Sobre B. Aspectos cuantificables de la oferta o de valoración automática.
+b) Dirección: 
+Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
+c) Localidad y código postal: 
+Santander 39011.
+d) Fecha y hora: 
+28 de agosto de 2013, a las 9:00.
+10. Gastos de publicidad: 
+Serán por cuenta del adjudicatario.
+Santander, 27 de junio de 2013.- El Director gerente, Carlos León Rodríguez.","Cantabria licita el servicio de abortos  A ver si esta vez gana alguna clínica cántabra, porque ",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunidad Autónoma de Cantabria,"Cantabria licita el servicio de abortos con un valor estimado de 1.288.000,00 euros.",,[],719,0.686289,333
+2013-01-01,,BOE-A-2016-12605,"Orden HAP/2829/2012, de 18 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el Capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:</p>
+<p class='articulo'>Primera.</p>
+<p class='parrafo'>Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios públicos que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño y que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.</p>
+<p class='articulo'>Segunda.</p>
+<p class='parrafo'>Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura como Anexo II y se dirigirán al Sra. Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, en el Registro General, (calle Alcalá Galiano, n.º 10, 28071 Madrid), o por cualquiera de las formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
+<p class='parrafo'>En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más puestos de trabajo de los anunciados en el Anexo I, deberá formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.</p>
+<p class='articulo'>Tercera.</p>
+<p class='parrafo'>El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.</p>
+<p class='articulo'>Cuarta.</p>
+<p class='parrafo'>Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.</p>
+<p class='articulo'>Quinta.</p>
+<p class='parrafo'>Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son adjudicatarios y prestan sus servicios en Ministerio y Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.</p>
+<p class='articulo'>Sexta.</p>
+<p class='parrafo'>Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Carmen Arias Aparicio.</p>
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+",Tue Jan 01 09:19:47 +0000 2013,"De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el Capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:
+Primera.
+Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios públicos que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño y que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.
+Segunda.
+Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura como Anexo II y se dirigirán al Sra. Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, en el Registro General, (calle Alcalá Galiano, n.º 10, 28071 Madrid), o por cualquiera de las formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
+En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más puestos de trabajo de los anunciados en el Anexo I, deberá formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.
+Tercera.
+El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
+Cuarta.
+Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.
+Quinta.
+Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son adjudicatarios y prestan sus servicios en Ministerio y Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.
+Sexta.
+Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
+Madrid, 18 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Carmen Arias Aparicio.",Entre los puestos convocados: secretario y ayudante de secretaría del subdelegado del Gobierno en Zaragoza.  #BOE,[],DECRETO_LEY,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,Convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación. Los puestos de trabajo que se convocan solo podrán ser solicitados por los funcionarios públicos.,,[],3319,0.68710357,485
+2014-03-10,"DE CONFORMIDAD con
+el art. 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
+
+
+CITA
+Resolución de 23 de enero de 2014",BOE-A-2014-2576,"Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez aprobada la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement por la Universidad Rey Juan Carlos,</p>
+<p class='parrafo'>Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement como Anexo a la presente Resolución.</p>
+<p class='parrafo_2'>Móstoles, 25 de febrero de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao.</p>
+<p class='anexo'>ANEXO</p>
+<p class='parrafo_2'>5.1 Estructura de las Enseñanzas:</p>
+<p class='parrafo_2'>Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.</p>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Carácter de materia</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Créditos</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorias</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>51</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Optativas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>-</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Prácticas externas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajo Fin de Máster</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>6</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Créditos totales</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>60</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<p class='parrafo_2'>Estructura de la enseñanza por módulos y materias.</p>
+<table class='tabla_ancha'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Materia</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Semestre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Carácter</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>N.º de ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Módulo 1. El management del siglo XXI: Neuromanagement.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>6</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>1.a. Introducción a la neurociencias empresariales. Del management al neuromanagement.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>1.b. Recursos neuronales y neuroanatomía para el neuromanagement.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Módulo 2. Herramientas del Neuromanagement.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero y Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>18</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>2.a. Neuromanagement aplicado I: Desarrollo e implementación de las herramientas.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero y Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>6</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>2.b. Neuromanagement aplicado II: Intervención avanzada en las organizaciones.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero y Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>6</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>2.c. Aplicación de mapas mentales en la gestión organizacional.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>2.d. Diagnóstico de técnicas empresariales en el neuromanagement.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Módulo 3. Neurociencia y Dirección Empresarial.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero y Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>24</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.a. Neuromanagement estratégico.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.b. Neurogestión de recursos humanos.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.c. Neuroliderazgo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.d. Neurocomunicación.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.e. Neuroeconomía.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.f. Neuroética.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>3.g. Neuromarketing.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Primero y Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>6</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Módulo 4. Metodología de Investigación Científica.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>4.a. Metodología de Investigación Científica.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Módulo 5. Practicum y Trabajo Fin de Máster.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>9</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.a. Practicum en Empresas.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.b. Trabajo Fin de Máster.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorio.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>6</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Mar 10 09:57:18 +0000 2014,"De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez aprobada la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement por la Universidad Rey Juan Carlos,
+Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement como Anexo a la presente Resolución.
+Móstoles, 25 de febrero de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
+ANEXO
+5.1 Estructura de las Enseñanzas:
+Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
+Carácter de materia
+Créditos
+Obligatorias
+51
+Optativas
+-
+Prácticas externas
+3
+Trabajo Fin de Máster
+6
+Créditos totales
+60
+Estructura de la enseñanza por módulos y materias.
+Materia
+Semestre
+Carácter
+N.º de ECTS
+Módulo 1. El management del siglo XXI: Neuromanagement.
+Primero.
    
-1.8. Busca, selecciona y utiliza información de diversas fuentes e identifica los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos.
+6
+1.a. Introducción a la neurociencias empresariales. Del management al neuromanagement.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+1.b. Recursos neuronales y neuroanatomía para el neuromanagement.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+Módulo 2. Herramientas del Neuromanagement.
+Primero y Segundo.
    
+18
+2.a. Neuromanagement aplicado I: Desarrollo e implementación de las herramientas.
+Primero y Segundo.
+Obligatorio.
+6
+2.b. Neuromanagement aplicado II: Intervención avanzada en las organizaciones.
+Primero y Segundo.
+Obligatorio.
+6
+2.c. Aplicación de mapas mentales en la gestión organizacional.
+Segundo.
+Obligatorio.
+3
+2.d. Diagnóstico de técnicas empresariales en el neuromanagement.
+Segundo.
+Obligatorio.
+3
+Módulo 3. Neurociencia y Dirección Empresarial.
+Primero y Segundo.
    
-2.1. Reflexiona y debate sobre el ministerio dado al cristiano en la iglesia y en la sociedad.
+24
+3.a. Neuromanagement estratégico.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+3.b. Neurogestión de recursos humanos.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+3.c. Neuroliderazgo.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+3.d. Neurocomunicación.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+3.e. Neuroeconomía.
+Primero.
+Obligatorio.
+3
+3.f. Neuroética.
+Segundo.
+Obligatorio.
+3
+3.g. Neuromarketing.
+Primero y Segundo.
+Obligatorio.
+6
+Módulo 4. Metodología de Investigación Científica.
+Segundo.
    
+3
+4.a. Metodología de Investigación Científica.
+Segundo.
+Obligatorio.
+3
+Módulo 5. Practicum y Trabajo Fin de Máster.
+Segundo.
    
-2.2. Analiza y describe las posibilidades de servicio a Dios por medio del trabajo en la sociedad (política, economía, justicia, educación, etc.).","Decreto donde se aprueba que el contenido de la enseñanza religios evangélica serán establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y diseño del currículo de Religión evangélica.",No solo católica. Esto es lo que pasa cuando cedes la creación del temario a org. religiosas: Currículo de Evangélica 
-3730,"La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, garantiza el mandato contenido en los artículos 24, 25 y, especialmente, en el artículo 119 de la Constitución española, salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas. No en vano, sin el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, muchas personas quedarían al margen de este acceso a la justicia y sin instrumentos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
-A tal objeto, y desde la promulgación de la mencionada Ley 1/1996, de 10 de enero, el Estado asume el coste económico derivado de la justa indemnización a los abogados, procuradores y otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales, así como el coste de la obtención de pruebas que, en otras circunstancias, resultarían inasumibles para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.
-Por otra parte, el Reglamento de asistencia de jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, regula los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, introduciendo, además, un procedimiento en aquellos procesos judiciales y administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
-La presente orden tiene por objeto la actualización del anexo II del precitado Reglamento manteniendo, no obstante, el esquema básico diseñado en aquella norma, que establece módulos y bases de compensación, en función de cada una de las actuaciones singulares realizadas ante los tribunales.
-Esta actualización busca atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años, como consecuencia de la congelación de los módulos compensatorios de las actuaciones desempeñadas por abogados y procuradores, así como atender, en la medida de las disponibilidades presupuestarias actuales, a la mayor complejidad y dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales. No en vano, resulta innegable que la garantía de una asistencia jurídica de calidad debe verse amparada por una adecuada compensación del trabajo realizado por quienes materializan, en favor de las personas más desfavorecidas, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante su defensa y representación en el proceso.
-De esta forma, el incremento económico, que se materializa por medio de esta orden ministerial, es el mayor de los acometidos hasta ahora por las Administraciones Públicas con competencias en materia de asistencia jurídica gratuita y responde a lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, aumentando el presupuesto en Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia, en un 33 %, lo que se traduce en un incremento total de 12 millones de euros.
-Asimismo, especial atención merece el tratamiento dado a las actuaciones derivadas del asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, fue introducido como capítulo separado, en virtud del Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, y que experimenta, a través de la presente orden ministerial, un incremento general de un 35 %.
-Este incremento manifiesta, de forma clara, la voluntad plasmada por todas las fuerzas políticas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género y permitirá reforzar el sistema de asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género y redundando, sin duda, en un perfeccionamiento de la asistencia y en un aumento de la capacidad para el asesoramiento y la asistencia legal a las mujeres víctimas de violencia de género.
-Finalmente, cabe señalar que la presente orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Por todo lo anterior y, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Procuradores de España y del Ministerio de Hacienda, dispongo:
-Artículo único.
-Se actualiza el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, que se incorpora como anexo a la presente orden ministerial.
-Disposición transitoria única. Efectos económicos.
-Los módulos y bases de compensación económica previstos en el anexo a la presente orden ministerial serán de aplicación a las actuaciones profesionales realizadas a partir del 1 de enero de 2018.
+9
+5.a. Practicum en Empresas.
+Segundo.
+Obligatorio.
+3
+5.b. Trabajo Fin de Máster.
+Segundo.
+Obligatorio.
+6",Neuromanagement  #BOE #miedito,[],OTROS_ANUNCIOS,Universidades,Plan de estudio del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement de la Universidad Rey Juan Carlos.,,['848' '5605' '7086'],3190,0.68849707,387
+2016-06-27,,BOE-A-2016-6196,"Resolución de 20 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de abril de 2016.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por Resolución de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 28 de abril de 2016 («Boletín Oficial del Estado» del día 16 de mayo), fue convocado puesto de trabajo para su cobertura por el sistema de libre designación.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cumplida la tramitación que exige el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En uso de las funciones que me atribuye el artículo 8.2n) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, he dispuesto:</p>
+<p class='articulo para_style_override_1' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo I a la presente Resolución, al funcionario que se indica y que cumple con los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.</p>
+<p class='articulo para_style_override_1' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los plazos de toma de posesión en el destino adjudicado, serán los recogidos en la base sexta de la Resolución de 28 de abril de 2016, por la que se convocaba la provisión del puesto de trabajo.</p>
+<p class='articulo para_style_override_1' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).</p>
+<p class='parrafo_2 para_style_override_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 20 de junio de 2016.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez.</p>
+<p class='anexo para_style_override_3' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Número de orden: 1. Código de puesto: 5342194. Denominación del puesto: Director/Directora de Oficina de Reclamaciones Administraciones Territoriales. Nivel: 30.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Centro directivo, provincia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 30.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Datos personales adjudicatario:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apellidos y nombre: Orduña Prada, Enrique. N.R.P.: 541293646 A3012. Grupo: A1. Cuerpo: 3012. Situación: Activo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Jun 27 08:46:13 +0000 2016,"Por Resolución de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 28 de abril de 2016 («Boletín Oficial del Estado» del día 16 de mayo), fue convocado puesto de trabajo para su cobertura por el sistema de libre designación.
+De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cumplida la tramitación que exige el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
+En uso de las funciones que me atribuye el artículo 8.2n) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, he dispuesto:
+Primero.
+Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo I a la presente Resolución, al funcionario que se indica y que cumple con los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
+Segundo.
+Los plazos de toma de posesión en el destino adjudicado, serán los recogidos en la base sexta de la Resolución de 28 de abril de 2016, por la que se convocaba la provisión del puesto de trabajo.
+Tercero.
+Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
+Madrid, 20 de junio de 2016.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez.
+ANEXO I
+Puesto adjudicado:
+Número de orden: 1. Código de puesto: 5342194. Denominación del puesto: Director/Directora de Oficina de Reclamaciones Administraciones Territoriales. Nivel: 30.
+Puesto de procedencia:
+Centro directivo, provincia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 30.
+Datos personales adjudicatario:
+Apellidos y nombre: Orduña Prada, Enrique. N.R.P.: 541293646 A3012. Grupo: A1. Cuerpo: 3012. Situación: Activo.",El @ConsejoTBG ficha a un director para gestionar recursos a las AAPP autonómicas con las que tienen convenio  #BOE,[],OTROS_ANUNCIOS,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ficha a Enrique Orduña Prada como director de Oficina de Reclamaciones Administraciones Territoriales.,,[],2805,0.6905906,380
+2014-11-03,,BOE-A-2016-10667,"Resolución de 3 de octubre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades no gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a los presupuestos 2014.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<identificador>BOE-A-2014-11348</identificador>
+<titulo>Resolución de 3 de octubre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades no gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a los presupuestos 2014.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
+<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
+<url_epub></url_epub>
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+<analisis>
+<notas></notas>
+<materias></materias>
+<alertas>
+<alerta codigo='104' orden=''>Asuntos sociales</alerta>
+</alertas>
+<referencias>
+<anteriores></anteriores>
+<posteriores></posteriores>
+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 8 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 105, del 30), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9.</p>
+<p class='parrafo'>Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas.</p>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 3 de octubre de 2014.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit'>Área de Atención a Personas Mayores</p>
+<p class='centro_cursiva'>Actuación Subvencionada: Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores</p>
+<table class='tabla_ancha'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Nombre de la Entidad</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Importe concedido</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>NIF</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>8.485</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-81049058</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>74.424</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-49225980</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Vida Ascendente</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>15.000</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>R-2800599-I</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación del Hombre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>11.190</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-78052701</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>128.019</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-81594962</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>23.173</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-20881231</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>148.150</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-82911306</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>34.063</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-79044194</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>19.103</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-81881336</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>28.015</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-83542241</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>8.845</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-79819967</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>14.724</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-18487199</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>15.534</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-78769593</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>98.183</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-28474898</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>103.885</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-81715534</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>22.414</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-79201877</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>140.329</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-78755683</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>14.887</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-73366338</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>8.624</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-79365177</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>630.014</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-28718310</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>12.447</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-79417754</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>44.360</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-28915619</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>42.153</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-28239299</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>118.239</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-79462719</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>24.514</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-82308289</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación Alzheimer España (FAE)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>33.372</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-80158462</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>204.000</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-82662743</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>27.236</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-91346940</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>12.050</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-28705424</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>10.238</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-80861305</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>48.259</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-82483595</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Grupo Mayores (AGM)</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>10.811</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G-82116542</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.134.740</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Nov 03 07:35:10 +0000 2014,"En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 8 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 105, del 30), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9.
+Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas.
+De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución.
+Madrid, 3 de octubre de 2014.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán.
+ANEXO
+Área de Atención a Personas Mayores
+Actuación Subvencionada: Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores
+Nombre de la Entidad
+Importe concedido
+NIF
+Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER)
+8.485
+G-81049058
+Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional
+74.424
+G-49225980
+Vida Ascendente
+15.000
+R-2800599-I
+Fundación del Hombre
+11.190
+G-78052701
+Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz
+128.019
+G-81594962
+Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
+23.173
+G-20881231
+Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES)
+148.150
+G-82911306
+Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI)
+34.063
+G-79044194
+Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida
+19.103
+G-81881336
+Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN
+28.015
+G-83542241
+Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN)
+8.845
+G-79819967
+Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM)
+14.724
+G-18487199
+Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)
+15.534
+G-78769593
+Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT
+98.183
+G-28474898
+Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE)
+103.885
+G-81715534
+Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo
+22.414
+G-79201877
+Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.
+140.329
+G-78755683
+Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
+14.887
+G-73366338
+Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda
+8.624
+G-79365177
+Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
+630.014
+G-28718310
+Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL)
+12.447
+G-79417754
+Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE)
+44.360
+G-28915619
+Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS)
+42.153
+G-28239299
+Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA)
+118.239
+G-79462719
+Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.)
+24.514
+G-82308289
+Fundación Alzheimer España (FAE)
+33.372
+G-80158462
+Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
+204.000
+G-82662743
+Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)
+27.236
+G-91346940
+Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres
+12.050
+G-28705424
+Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM)
+10.238
+G-80861305
+Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM)
+48.259
+G-82483595
+Asociación Grupo Mayores (AGM)
+10.811
+G-82116542
+Total
+2.134.740",Subvenciones a ONG de atención a mayores: dos millones.  En 2011 (y anteriores) se repartían más de tres millones #BOE,['104'],TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL,"Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","Subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores por un total mayor a dos millones de euros.",,[],3626,0.691179,537
+2020-11-25,,BOE-A-2018-15007,"Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Cheplapharm Arzneimittel GmbH.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20201125071634'>
+<metadatos>
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+<titulo>Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Cheplapharm Arzneimittel GmbH.</titulo>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Con fecha 23 de mayo de 2019, la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dictó la Resolución sancionadora por la que finalizó el expediente de referencia C75/2019, incoado a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, por Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2019.</p>
+<p class='parrafo'>Por otra parte, el artículo 114.4 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, establece que las sanciones por infracciones graves y muy graves serán publicadas en el diario oficial correspondiente una vez que sean firmes en vía administrativa.</p>
+<p class='parrafo'>Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 114.4, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción impuesta en dicha Resolución sancionadora de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante la que, se resolvió sancionar a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, en los siguientes términos:</p>
+<p class='parrafo_2'>Respecto del hecho primero (cesar el suministro del medicamento KONAKION 10 mg/ml solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 1 ml (N.º Reg. 27262, C.N. 652206), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.</p>
+<p class='parrafo'>Respecto del hecho segundo (cesar el suministro del medicamento KONAKION 2 mg/0,2 ml pediátrico solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 0,2 ml (N.º Reg. 21610, CN: 656116), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 4 de noviembre de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Nov 25 08:38:05 +0000 2020,"Con fecha 23 de mayo de 2019, la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dictó la Resolución sancionadora por la que finalizó el expediente de referencia C75/2019, incoado a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, por Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2019.
+Por otra parte, el artículo 114.4 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, establece que las sanciones por infracciones graves y muy graves serán publicadas en el diario oficial correspondiente una vez que sean firmes en vía administrativa.
+Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 114.4, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción impuesta en dicha Resolución sancionadora de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante la que, se resolvió sancionar a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, en los siguientes términos:
+Respecto del hecho primero (cesar el suministro del medicamento KONAKION 10 mg/ml solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 1 ml (N.º Reg. 27262, C.N. 652206), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.
+Respecto del hecho segundo (cesar el suministro del medicamento KONAKION 2 mg/0,2 ml pediátrico solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 0,2 ml (N.º Reg. 21610, CN: 656116), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.
+Madrid, 4 de noviembre de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.","Hoy, en #BOE, 4 multas de la Agencia Española del Medicamento a farmas por dejar de suministrar fármacos sin avisarles. Tres a Sanofi (suman 280.000€) y una a Cheplapharm (180.000).    ",[],TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL,Ministerio de Sanidad,Multa a Cheplapharm por un importe total de 180.002 euros.,,[],3382,0.69318,364
+2014-05-22,,BOE-B-2014-18184,"Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para los servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en on como en off line realizadas por el Ayuntamiento de Parla.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+</texto>
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+",Thu May 22 10:39:18 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Ayuntamiento de Parla.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Departamento de Contratación.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Departamento de Contratación.
+2) Domicilio: 
+Plaza de la Constitución, n.º 1.
+3) Localidad y código postal: 
+Parla 28981.
+4) Teléfono: 
+91.624.03.32.
+5) Telefax: 
+91.624.03.15.
+6) Correo electrónico: 
+contratacion@ayuntamientoparla.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.ayuntamientoparla.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE.
+d) Número de expediente: 
+34/13-SARA.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en on como en off line realizadas por el Ayuntamiento de Parla.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Según Pliegos.
+4. Valor estimado del contrato:
+360.000,00 €.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: Presupuesto máximo anual 108.900,00. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Según Pliegos.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Según Pliegos.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General.
+2) Domicilio: 
+Plaza de la Constitución, n.º 1.
+3) Localidad y código postal: 
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+4) Dirección electrónica: 
+contratacion@ayuntamientoparla.es.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Ayuntamiento de Parla.
+b) Dirección: 
+Plaza de la Constitución, n.º 1.
+c) Localidad y código postal: 
+Parla 28981.
+d) Fecha y hora: 
+Se publicará en el perfíl del contratante.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+30 de abril de 2014.
+Parla, 7 de mayo de 2014.- Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio, Contratación, R. Interior y R. Humanos.",Inserción de anuncios de publi institucional ayto Parla: más de 100.000 €/año  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"Licitación para el servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales por importe total de 108.900,00 euros.",,[],781,0.6932438,411
+2015-06-17,,BOE-B-2015-19530,Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
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+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
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+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Servicio de Contratación.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Einstein, 3.</dd>
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+<dt>5) Telefax: </dt>
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+<dt>d) Número de expediente: </dt>
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+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
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+<dt>a) Tipo: </dt>
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+<dd>Prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid.</dd>
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+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
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+<dd>Se indican en la Cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige esta contratación.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
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+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd>Importe total: 105.000 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): 2.603,30 euros. </dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Se establecen en el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
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+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
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+<dd>Se admitirán mejoras conforme a lo establecido en el apartado 10 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
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+<p class='parrafo'>Madrid, 12 de junio de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 10/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.</p>
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+",Wed Jun 17 10:22:19 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Universidad Autónoma de Madrid.
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+Servicio de Contratación.
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+Servicio de Contratación.
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+C/ Einstein, 3.
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+Madrid 28049.
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+91.497.42.41.
+5) Telefax: 
+91.497.44.11.
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+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.uam.es/perfildecontratante.
+d) Número de expediente: 
+A-21/15.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Se indican en la Cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige esta contratación.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: 105.000 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): 2.603,30 euros. 
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Se establecen en el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Las 14:00 horas del día 2 de julio de 2015.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General de la Universidad Autónoma de Madrid.
+2) Domicilio: 
+Calle Einstein, n.º 3.
+3) Localidad y código postal: 
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+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Sala de Juntas 'D' situada en la 2.ª entreplanta del Rectorado.
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+C/ Einstein, 3.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid 28049.
+d) Fecha y hora: 
+El día 14 de julio de 2015, a las 12:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+El importe de inserción (1.293,26 euros) del presente anuncio en el BOE irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.
+12. Otras informaciones: 
+Se admitirán mejoras conforme a lo establecido en el apartado 10 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
+Madrid, 12 de junio de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 10/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.","En U. Autónoma Madrid hay 2 coches oficiales c/conductor: uno todo el día, otro a media jornada. Coste: 52.500€/año ",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Universidades,Contrato de prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid para dos años por importe total de 105.000 euros. ,,[],535,0.6936742,341
+2013-01-03,,BOE-A-2013-64,"Orden ESS/2846/2012, de 26 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/2351/2012, de 17 de octubre.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden ESS/2446/2012, de 12 de noviembre, de corrección de errores de la Orden ESS/2351/2012, de 17 de octubre («BOE» de 15 de noviembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo'>Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado en su redacción por el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el Capítulo III del Título III del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo adjunto.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, anteriormente citado.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de diciembre de 2012.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego.</p>
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+</texto>
+</documento>
+",Thu Jan 03 11:50:43 +0000 2013,"Por Orden ESS/2446/2012, de 12 de noviembre, de corrección de errores de la Orden ESS/2351/2012, de 17 de octubre («BOE» de 15 de noviembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado en su redacción por el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el Capítulo III del Título III del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
+Este Ministerio ha dispuesto:
+Primero.
+Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
+Segundo.
+La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, anteriormente citado.
+Tercero.
+Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
+Madrid, 26 de diciembre de 2012.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego.","El Gobierno nombra, por libre designación, 21 directores provinciales de la Seguridad Social.   #BOE",[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"Resuelta la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adjudicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
+",,[],2183,0.69444376,340
+2016-12-20,,BOE-A-2016-12061,"Orden ESS/1912/2016, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Orden ESS/1912/2016, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre.</titulo>
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+<texto>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre (BOE de 1 de octubre), se anunció para su cobertura por el sistema de libre designación el puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela (Caracas).</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que resulta de aplicación en virtud de lo previsto en la disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en relación con el artículo 56.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo, se ha acreditado la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se ha valorado la idoneidad del candidato para el desempeño del puesto que se le asigna, ostentando la capacidad y competencia personal y profesional, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado, coincidente en el mismo sentido con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En concreto, se ha tenido en cuenta la formación curricular del candidato, su dilatada experiencia en el ámbito internacional, especialmente en el campo sociolaboral hispanoamericano.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.</p>
+<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela-Caracas</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Consejero/Consejera de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel de complemento destino: 28.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Complemento específico: 19.823,16 €.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Centro Directivo: Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel complemento destino: 28.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Datos personales adjudicatario:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apellidos y nombre: Camba Bouzas, José Santiago.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Número registro personal: 3493531635 A2056.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Grupo/Subgrupo: A1.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuerpo: C. Médicos Titulares E. Sanitaria/C.F.S. de la Xunta de Galicia.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Situación administrativa: Servicio activo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Dec 20 07:45:24 +0000 2016,"Por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre (BOE de 1 de octubre), se anunció para su cobertura por el sistema de libre designación el puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela (Caracas).
+De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que resulta de aplicación en virtud de lo previsto en la disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en relación con el artículo 56.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo, se ha acreditado la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
+Se ha valorado la idoneidad del candidato para el desempeño del puesto que se le asigna, ostentando la capacidad y competencia personal y profesional, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado, coincidente en el mismo sentido con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
+En concreto, se ha tenido en cuenta la formación curricular del candidato, su dilatada experiencia en el ámbito internacional, especialmente en el campo sociolaboral hispanoamericano.
+En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:
+Primero.
+Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
+Segundo.
+La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
+Tercero.
+Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
+Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
+ANEXO
+Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela-Caracas
+Puesto adjudicado:
+Denominación: Consejero/Consejera de Empleo y Seguridad Social.
+Nivel de complemento destino: 28.
+Complemento específico: 19.823,16 €.
+Puesto de procedencia:
+Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+Centro Directivo: Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina.
+Nivel complemento destino: 28.
+Datos personales adjudicatario:
+Apellidos y nombre: Camba Bouzas, José Santiago.
+Número registro personal: 3493531635 A2056.
+Grupo/Subgrupo: A1.
+Cuerpo: C. Médicos Titulares E. Sanitaria/C.F.S. de la Xunta de Galicia.
+Situación administrativa: Servicio activo.","Camba, alto cargo de la Xunta de Galicia en los 90, pasa de la consejería Empleo de Argentina a la de Venezuela  #BOE",[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"José Santiago Camba Bouzas, nombrado Consejero de Empleo y Seguridad Social de Venezuela.",,[],664,0.695586,579
+2016-02-19,,BOE-B-2016-5519,"Anuncio de licitación del Patronato Provincial Turismo de Castellón. Objeto: Diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN', en las ciudades de Londres y Bristol. Expediente: 4/16.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación del Patronato Provincial Turismo de Castellón. Objeto: Diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN', en las ciudades de Londres y Bristol. Expediente: 4/16.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
+<numero_anuncio>A160006835</numero_anuncio>
+<fecha_publicacion>20160219</fecha_publicacion>
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+</metadatos>
+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>hasta las 08:53 horas del 19 de marzo de 2016</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>30 de marzo de 2016, a las 08:54 (Fecha provisional, se comunicará a los licitadores la fecha y hora concretas)</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>300.000,00</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad Valenciana</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Patronato Provincial Turismo de Castellón.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Patronato Provincial Turismo de Castellón.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Patronato Provincial Turismo de Castellón.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avda. Vall d'Uixó, 25.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Castellón de la Plana, 12004, España.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>964359883.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>turismodecastellon@dipcas.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>4/16.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>entre el 15 de mayo de 2016 y el 15 de diciembre de 2016.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Posibilidad de prórroga por una anualidad más, hasta el 15 de diciembre de 2017.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79341400 (Servicios de campañas de publicidad).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>495.867,76 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 247.933,88 euros. Importe total: 300.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Solvencia económica y financiera: (Se indican en los pliegos). Solvencia técnica y profesional: (Se indican en los pliegos).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>hasta las 08:53 horas del 19 de marzo de 2016.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Diputación Provincial de Castellón.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Plaza de las Aulas, 7.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Castellón de la Plana, 12001, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Plaza de las Aulas, 7 (Diputación Provincial de Castellón).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Castellón de la Plana, 12001, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>30 de marzo de 2016, a las 08:54 (Fecha provisional, se comunicará a los licitadores la fecha y hora concretas).</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Castellón de la Plana, 15 de febrero de 2016.- Diputado de Turismo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Fri Feb 19 07:41:18 +0000 2016,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Patronato Provincial Turismo de Castellón.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Patronato Provincial Turismo de Castellón.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Patronato Provincial Turismo de Castellón.
+2) Domicilio: 
+Avda. Vall d'Uixó, 25.
+3) Localidad y código postal: 
+Castellón de la Plana, 12004, España.
+4) Teléfono: 
+964359883.
+6) Correo electrónico: 
+turismodecastellon@dipcas.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+d) Número de expediente: 
+4/16.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+entre el 15 de mayo de 2016 y el 15 de diciembre de 2016.
+f) Admisión de prórroga: 
+Posibilidad de prórroga por una anualidad más, hasta el 15 de diciembre de 2017.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+79341400 (Servicios de campañas de publicidad).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+495.867,76 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 247.933,88 euros. Importe total: 300.000,00 euros. 
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Solvencia económica y financiera: (Se indican en los pliegos). Solvencia técnica y profesional: (Se indican en los pliegos).
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+hasta las 08:53 horas del 19 de marzo de 2016.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Diputación Provincial de Castellón.
+2) Domicilio: 
+Plaza de las Aulas, 7.
+3) Localidad y código postal: 
+Castellón de la Plana, 12001, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Plaza de las Aulas, 7 (Diputación Provincial de Castellón).
+c) Localidad y código postal: 
+Castellón de la Plana, 12001, España.
+d) Fecha y hora: 
+30 de marzo de 2016, a las 08:54 (Fecha provisional, se comunicará a los licitadores la fecha y hora concretas).
+Castellón de la Plana, 15 de febrero de 2016.- Diputado de Turismo.",Las nuevas rutas Londres y Bristol &gt; aeropuerto de Castellón motivan una campaña de turismo en estas ciudades  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"Licitación del diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol por importe total de 300.000,00 euros.",,[],1168,0.6966608,352
+2015-03-19,,BOE-B-2015-8528,Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. Objeto: Contratación de circuitos culturales para el personal del Ejercito de Tierra. Expediente: 2015/ETSAE0905/00000150.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. Objeto: Contratación de circuitos culturales para el personal del Ejercito de Tierra. Expediente: 2015/ETSAE0905/00000150.</titulo>
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+<fecha_publicacion>20150319</fecha_publicacion>
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+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='2'>Urgente</tramitacion>
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+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 12:00 horas del 6 de abril de 2015</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>10 de abril de 2015, a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
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+<importe></importe>
+<ambito_geografico>Internacional</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
+92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos</materias_cpv>
+<observaciones>Varios lotes</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Prim, 6-8 (desp. 2E24).</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28004, España.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 10:00 horas del 6 de abril de 2015.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
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+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
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+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Contratación de circuitos culturales para el presonal del Ejercito de Tierra.</dd>
+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
+<dd>Lote 1: Alemania-Berlin. Lote 2: Alemania-Baviera. Lote 3: Francia. Lote 4: Hungría. Lote 5: Italia-Roma. Lote 6: Italia-Sicilia. Lote 7: Polonia. Lote 8: Republica Checa-Praga. Lote 9: Republica Checa.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2015.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>60410000 (Servicios de transporte aéreo regular).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Urgente.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>.Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>60.040,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 7.600,00 (Lote 1), 7.600,00 (Lote 2), 5.700,00 (Lote 3), 5.700,00 (Lote 4), 5.700,00 (Lote 5), 5.700,00 (Lote 6), 6.840,00 (Lote 7), 7.600,00 (Lote 8) y 7.600,00 (Lote 9). Importe total: 7.600,00 (Lote 1), 7.600,00 (Lote 2), 5.700,00 (Lote 3), 5.700,00 (Lote 4), 5.700,00 (Lote 5), 5.700,00 (Lote 6), 6.840,00 (Lote 7), 7.600,00 (Lote 8) y 7.600,00 (Lote 9). </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto de licitación.  Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocio en el ámbito del contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Trabajos realizados en los últimos 5 años).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 12:00 horas del 6 de abril de 2015.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Prim, 6-8 (desp. 2E24).</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28004, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>2 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
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+<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Prim, 6 y 8 (Cuartel General del Ejercito (Sala de juntas n.º 5, despacho 1C8)).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28004, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>10 de abril de 2015, a las 10:00.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de marzo de 2015.- Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Maper.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Mar 19 08:29:47 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim, 6-8 (desp. 2E24).
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004, España.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 10:00 horas del 6 de abril de 2015.
+d) Número de expediente: 
+2015/ETSAE0905/00000150.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Contratación de circuitos culturales para el presonal del Ejercito de Tierra.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Lote 1: Alemania-Berlin. Lote 2: Alemania-Baviera. Lote 3: Francia. Lote 4: Hungría. Lote 5: Italia-Roma. Lote 6: Italia-Sicilia. Lote 7: Polonia. Lote 8: Republica Checa-Praga. Lote 9: Republica Checa.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2015.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
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+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto de licitación.  Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocio en el ámbito del contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Trabajos realizados en los últimos 5 años).
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 12:00 horas del 6 de abril de 2015.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim, 6-8 (desp. 2E24).
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+2 meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Prim, 6 y 8 (Cuartel General del Ejercito (Sala de juntas n.º 5, despacho 1C8)).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004, España.
+d) Fecha y hora: 
+10 de abril de 2015, a las 10:00.
+Madrid, 18 de marzo de 2015.- Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Maper.",Excursiones para los miembros del ejército: 60.000€  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Defensa,"Contratación de circuitos culturales para el personal del Ejercito de Tierra por un importe total de 60.040,00 euros.
+
+",,[],2595,0.69942105,473
+2015-05-19,,BOE-B-2015-15763,Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil. Expediente: R/0051/A/13/2.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+2. Artificios fumígenos.</dd>
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+<dd>BOE, BOE, DOUE y DOUE.</dd>
+<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
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+<dt></dt>
+<dd>1. Artificios lacrimógenos. Importe neto: 865.200,00 euros. Importe total: 1.046.892,00 euros.
+2. Artificios fumígenos. Importe neto: 337.200,00 euros. Importe total: 408.012,00 euros.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt></dt>
+<dd>Lote 1: Artificios lacrimógenos. 
+
+ a) Fecha de Adjudicación: 25 de noviembre de 2013.
+ b) Fecha de Formalización: 12 de marzo de 2014.
+ c) Contratista: 'Falken, S.A.'.
+ d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 612.850,00 euros. Importe total: 741.548,50 euros.
+ e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto número 12 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares, por un importe unitario de 17 euros y hasta el gasto máximo del expediente. 
+
+Lote 2: Artificios fumígenos. 
+
+ a) Fecha de Adjudicación: 25 de noviembre de 2013.
+ b) Fecha de Formalización: 12 de marzo de 2014.
+ c) Contratista: 'Falken, S.A.'.
+ d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 337.200,00 euros. Importe total: 408.012,00 euros.
+ e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto número 12 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares, por un importe unitario de 17 euros y hasta el gasto máximo del expediente.</dd>
+</dl>
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+<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.</p>
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+",Tue May 19 07:56:33 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: 
+a) Organismo: 
+Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
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+Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
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+R/0051/A/13/2.
+d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Suministros.
+b) Descripción: 
+Adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil.
+c) Lote: 
+1. Artificios lacrimógenos.
+2. Artificios fumígenos.
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+35220000 (Equipo antidisturbios).
+g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 
+BOE, BOE, DOUE y DOUE.
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+BOE: 20 de julio de 2013, BOE: 29 de agosto de 2013, DOUE: 13 de julio de 2013, y DOUE: 23 de agosto de 2013.
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+5. Presupuesto base de licitación. 
+1. Artificios lacrimógenos. Importe neto: 865.200,00 euros. Importe total: 1.046.892,00 euros.
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+Lote 1: Artificios lacrimógenos. 
+
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+ b) Fecha de Formalización: 12 de marzo de 2014.
+ c) Contratista: 'Falken, S.A.'.
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+
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+
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+ d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 337.200,00 euros. Importe total: 408.012,00 euros.
+ e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto número 12 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares, por un importe unitario de 17 euros y hasta el gasto máximo del expediente.
+Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.",Pregunta para atentos: ¿Quién se ha llevado el contrato de gases lacrimógenos para la Guardia Civil?   #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Falken, S.A obtiene la adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil, por un total de 1.202.400,00 euros.
+
+",,[],1661,0.69968826,397
+2012-11-06,,BOE-B-2012-37754,"Anuncio de licitación de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. Objeto: Suministro de energía eléctrica de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Expediente: 800082000020.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dd>Ver apartado 20 de la Hoja Resumen del PCAP.</dd>
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+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>hasta las 14:00 horas del 30 de noviembre de 2012 (Lugar al que deben dirigir las proposiciones: Registro General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C/ Alcalá Galiano, 10 (punto 18 de la Hoja Resumen del PCAP).</dd>
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+<dd>Manual.</dd>
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+<dd>
+<dl>
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+<dl>
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+<dd>Goya, 6 (Sala de Juntas de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
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+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Se comunicará a todos los licitadores mediante fax.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
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+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
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+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 2 de noviembre de 2012.- Director General.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Nov 06 09:48:52 +0000 2012,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Subdirección General de Administración Financiera de la Administración Periférica.
+2) Domicilio: 
+Goya, 6.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+5) Telefax: 
+912735694.
+6) Correo electrónico: 
+sgaf.mesacontratacion@seap.minhap.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+hasta las 14:00 horas del 20 de noviembre de 2012.
+d) Número de expediente: 
+800082000020.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Suministros.
+b) Descripción: 
+Suministro de energía eléctrica de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+2 años.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+09310000 (Electricidad).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+10.185.674,94 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 6.790.449,96 euros. Importe total: 8.216.444,44 euros. 
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver apartado 20 de la Hoja Resumen del PCAP.
+c) Otros requisitos específicos: 
+Capacidad de obrar.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+hasta las 14:00 horas del 30 de noviembre de 2012 (Lugar al que deben dirigir las proposiciones: Registro General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C/ Alcalá Galiano, 10 (punto 18 de la Hoja Resumen del PCAP).
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
+2) Domicilio: 
+Alcalá Galiano, 10.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Goya, 6 (Sala de Juntas de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+d) Fecha y hora: 
+Se comunicará a todos los licitadores mediante fax.
+10. Gastos de publicidad: 
+2.000,00 euros.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+2 de noviembre de 2012.
+Madrid, 2 de noviembre de 2012.- Director General.",El recibo de la luz para dos años de las delegaciones de Gobierno es de ocho millones de euros.  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,"Licitación del suministro de energía eléctrica de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares por importe de 8.216.444,44 euros. ",,[],2015,0.7004606,375
+2013-01-10,,BOE-B-2013-798,Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se convoca la licitación por procedimiento abierto con variante de las obras del 'Proyecto constructivo de galería para tuberías y canal de desagüe en las nuevas instalaciones portuarias de Punta Langosteira'.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821112601'>
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+<titulo>Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se convoca la licitación por procedimiento abierto con variante de las obras del 'Proyecto constructivo de galería para tuberías y canal de desagüe en las nuevas instalaciones portuarias de Punta Langosteira'.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>9</diario_numero>
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+<subseccion>A</subseccion>
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+<fecha_presentacion_ofertas>21/02/2013, a las 13:00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
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+<ambito_geografico>Galicia</ambito_geografico>
+<materias></materias>
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+<observaciones>Se corrige texto, plazo y apertura por anuncio núm. A130002635 (BOE núm. 20, de 23 de enero de 2013)</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Autoridad Portuaria de A Coruña.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Área de Infraestructuras.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avda. de la Marina, 3.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>15001 A Coruña.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>981 21 96 21.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>981 21 96 07.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>contratacion@puertocoruna.com.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.puertocoruna.com.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>20/02/2013, a las 13 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>P-1055.01.O.01.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Obra.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Ejecución de las obras descritas en el proyecto.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Punta Langosteira (Arteixo- A Coruña).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>18 meses.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>45220000.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Los establecidos en el pliego de condiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>30.791.390,53.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 27.992.173,21 (IVA excluido). Importe total: 33.870.529,58 € (IVA incluido). </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): 559.843,46 €.  Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo H, Subgrupo 3, Categoría f.</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>21/02/2013, a las 13:00 horas.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avda. de la Marina, 3.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>15001 A Coruña.</dd>
+<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
+<dd>registro@puertocoruna.com.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>3 meses a contar desde la fecha de la apertura pública de las ofertas económicas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
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+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Avda. de la Marina, 3.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
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+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>A cargo del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>26/12/2012.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>Este proyecto va a ser cofinanciado por el Fondo de Cohesión Europeo.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>A Coruña, 26 de diciembre de 2012.- El Director, Juan Diego Pérez Freire.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Jan 10 08:56:22 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Autoridad Portuaria de A Coruña.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Área de Infraestructuras.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Registro General.
+2) Domicilio: 
+Avda. de la Marina, 3.
+3) Localidad y código postal: 
+15001 A Coruña.
+4) Teléfono: 
+981 21 96 21.
+5) Telefax: 
+981 21 96 07.
+6) Correo electrónico: 
+contratacion@puertocoruna.com.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.puertocoruna.com.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+20/02/2013, a las 13 horas.
+d) Número de expediente: 
+P-1055.01.O.01.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Obra.
+b) Descripción: 
+Ejecución de las obras descritas en el proyecto.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Punta Langosteira (Arteixo- A Coruña).
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+18 meses.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+45220000.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Los establecidos en el pliego de condiciones.
+4. Valor estimado del contrato:
+30.791.390,53.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 27.992.173,21 (IVA excluido). Importe total: 33.870.529,58 € (IVA incluido). 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): 559.843,46 €.  Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo H, Subgrupo 3, Categoría f.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+21/02/2013, a las 13:00 horas.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General.
+2) Domicilio: 
+Avda. de la Marina, 3.
+3) Localidad y código postal: 
+15001 A Coruña.
+4) Dirección electrónica: 
+registro@puertocoruna.com.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+3 meses a contar desde la fecha de la apertura pública de las ofertas económicas.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Mesa de Contratación.
+b) Dirección: 
+Avda. de la Marina, 3.
+c) Localidad y código postal: 
+A Coruña.
+d) Fecha y hora: 
+4/03/2013, a las 12:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+A cargo del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+26/12/2012.
+12. Otras informaciones: 
+Este proyecto va a ser cofinanciado por el Fondo de Cohesión Europeo.
+A Coruña, 26 de diciembre de 2012.- El Director, Juan Diego Pérez Freire.",Fomento licita acceso ferroviario al puerto de Ferrol  y obras de canalización Punta Langosteira ,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Fomento,"Fomento licita las obras descritas en el proyecto para Punta Langosteira (Arteixo- A Coruña) por un importe total: 33.870.529,58 € (IVA incluido).",,[],1922,0.7006625,402
+2016-09-03,,BOE-B-2018-45607,"Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201520'>
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+<identificador>BOE-A-2016-8195</identificador>
+<titulo>Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>213</diario_numero>
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+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece en su regla 38 la obligatoriedad de publicar en el «Boletín Oficial de Estado», en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, la información relativa a las cuentas anuales que determine la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. En virtud de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las Entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, modificada por la de 3 de junio de 2013, en la que se determina la publicación del Informe de Auditoría, el contenido mínimo de la información a publicar por las entidades cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo es el siguiente:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Balance.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Cuenta de resultado económico patrimonial.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III. Resumen del Estado de cambios en el patrimonio neto.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>IV. Estado de flujos de efectivo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V. Estado de liquidación del Presupuesto.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V.1 Liquidación del Presupuesto de gastos, desarrollado a nivel de capítulo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V.2 Liquidación del presupuesto de ingresos, desarrollado a nivel de capítulo.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V.3 Resultado de operaciones comerciales. (Sin contenido).</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V.4 Resultado presupuestario.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI. Resumen de la Memoria:</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.1 Organización y Actividad.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.2 Bases de presentación de las cuentas.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.3 Normas de reconocimiento y valoración.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.4 Inmovilizado material.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.5 Activos financieros: Estado resumen de la conciliación.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.6 Pasivos financieros: Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.8 Provisiones y contingencias. (Sin contenido).</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.9 Información presupuestaria.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Estado del remanente de tesorería.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Balance de resultados e informe de gestión.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.10 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI.11 Hechos posteriores al cierre.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VII. Informe de Auditoría.</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Habiéndose efectuado la presentación indicada ante el Tribunal de Cuentas con fecha 3 de agosto de 2016, esta Dirección acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y que figuran como anexo a esta Resolución.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las Cuentas Anuales completas están disponibles en la página Web de la Agencia Tributaria. (www.agenciatributaria.es)</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 30 de agosto de 2016.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.</p>
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+",Sat Sep 03 10:09:16 +0000 2016,"La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece en su regla 38 la obligatoriedad de publicar en el «Boletín Oficial de Estado», en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, la información relativa a las cuentas anuales que determine la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. En virtud de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las Entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, modificada por la de 3 de junio de 2013, en la que se determina la publicación del Informe de Auditoría, el contenido mínimo de la información a publicar por las entidades cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo es el siguiente:
+I. Balance.
+II. Cuenta de resultado económico patrimonial.
+III. Resumen del Estado de cambios en el patrimonio neto.
+III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto.
+III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos.
+IV. Estado de flujos de efectivo.
+V. Estado de liquidación del Presupuesto.
+V.1 Liquidación del Presupuesto de gastos, desarrollado a nivel de capítulo.
+V.2 Liquidación del presupuesto de ingresos, desarrollado a nivel de capítulo.
+V.3 Resultado de operaciones comerciales. (Sin contenido).
+V.4 Resultado presupuestario.
+VI. Resumen de la Memoria:
+VI.1 Organización y Actividad.
+VI.2 Bases de presentación de las cuentas.
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+VI.4 Inmovilizado material.
+VI.5 Activos financieros: Estado resumen de la conciliación.
+VI.6 Pasivos financieros: Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
+VI.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
+VI.8 Provisiones y contingencias. (Sin contenido).
+VI.9 Información presupuestaria.
+a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
+b) Estado del remanente de tesorería.
+c) Balance de resultados e informe de gestión.
+VI.10 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
+VI.11 Hechos posteriores al cierre.
+VII. Informe de Auditoría.
+Habiéndose efectuado la presentación indicada ante el Tribunal de Cuentas con fecha 3 de agosto de 2016, esta Dirección acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y que figuran como anexo a esta Resolución.
+Las Cuentas Anuales completas están disponibles en la página Web de la Agencia Tributaria. (www.agenciatributaria.es)
+Madrid, 30 de agosto de 2016.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.",Cuentas AEAT 2015: balance con 11M€ de ahorro frente a los 7M€ de desahorro de 2014  #BOE,[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,Presentadas las cuentas Agencia Estatal de Administración Tributaria de 2015.,,[],3435,0.70177454,457
+2016-04-26,,BOE-B-2016-16889,"Extracto de la Orden de 19 de abril de 2016, por la que se convocan subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las cortes generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a 2016.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>BDNS(Identif.): 304400.</p>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):</p>
+<p class='parrafo'>Primero. Beneficiarios:</p>
+<p class='parrafo'>Fundaciones y asociaciones vinculadas o dependientes de partidos políticos que tengan representación parlamentaria en las Cortes Generales. Las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán realizar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural.</p>
+<p class='parrafo'>Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos señalados en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y estar inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos.</p>
+<p class='parrafo'>Segundo. Finalidad:</p>
+<p class='parrafo'>El fomento de actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de las fundaciones y asociaciones que realizan tales actividades. Las actividades a que se refiere el subapartado anterior incluyen: programas de investigación, cursos, seminarios, conferencias, actividades de formación, exposiciones, congresos y reuniones, creación y mantenimiento de centros de documentación, edición de publicaciones en cualquier soporte, y cualquier otra dirigida a la finalidad señalada. En todo caso se tratará de gastos de funcionamiento y actividades que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.</p>
+<p class='parrafo'>Tercero. Bases reguladoras:</p>
+<p class='parrafo'>Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva ('Boletín Oficial del Estado' del 13).</p>
+<p class='parrafo'>Cuarto. Importe:</p>
+<p class='parrafo'>El importe total máximo de estas subvenciones en 2016 será de 1.300.000 euros.</p>
+<p class='parrafo'>Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:</p>
+<p class='parrafo'>Un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.</p>
+<p class='parrafo'>Sexto. Otros datos:</p>
+<p class='parrafo'>Los presupuestos de funcionamiento de las entidades se presentarán con un cuadro de ingresos y otro de gastos. Ambas cantidades deben coincidir. En el apartado de ingresos se contemplará la ayuda que se solicita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que como máximo representará el 75% del total del presupuesto, y una especificación de los otros ingresos disponibles. Como mínimo, el 25% restante debe financiarse con fondos propios o con aportaciones de otras instituciones públicas o privadas.</p>
+<p class='parrafo'>Madrid, 19 de abril de 2016.- El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Apr 26 08:12:28 +0000 2016,"BDNS(Identif.): 304400.
+De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
+Primero. Beneficiarios:
+Fundaciones y asociaciones vinculadas o dependientes de partidos políticos que tengan representación parlamentaria en las Cortes Generales. Las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán realizar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural.
+Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos señalados en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y estar inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos.
+Segundo. Finalidad:
+El fomento de actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de las fundaciones y asociaciones que realizan tales actividades. Las actividades a que se refiere el subapartado anterior incluyen: programas de investigación, cursos, seminarios, conferencias, actividades de formación, exposiciones, congresos y reuniones, creación y mantenimiento de centros de documentación, edición de publicaciones en cualquier soporte, y cualquier otra dirigida a la finalidad señalada. En todo caso se tratará de gastos de funcionamiento y actividades que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
+Tercero. Bases reguladoras:
+Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva ('Boletín Oficial del Estado' del 13).
+Cuarto. Importe:
+El importe total máximo de estas subvenciones en 2016 será de 1.300.000 euros.
+Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
+Un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.
+Sexto. Otros datos:
+Los presupuestos de funcionamiento de las entidades se presentarán con un cuadro de ingresos y otro de gastos. Ambas cantidades deben coincidir. En el apartado de ingresos se contemplará la ayuda que se solicita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que como máximo representará el 75% del total del presupuesto, y una especificación de los otros ingresos disponibles. Como mínimo, el 25% restante debe financiarse con fondos propios o con aportaciones de otras instituciones públicas o privadas.
+Madrid, 19 de abril de 2016.- El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.","Las fundaciones de partidos en el Congreso recibirán, este año, 1,3M€  (1,32M€ en 2015 y 1,5M€ en 2014)",[],SUBVENCIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Las subvenciones de partidos en el Congreso será de 1.300.000 euros. ,,[],2569,0.70190823,423
+2018-11-03,,BOE-B-2018-52320,"Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Objeto: Suministro de prensa en formato impreso y digital para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expediente: 201822000029.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dt>1. Poder adjudicador: </dt>
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+<dt>2. Acceso a los pliegos de contratación: </dt>
+<dd>Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&amp;idEvl=wP%2FtTBUysMyrz3GQd5r6SQ%3D%3D</dd>
+<dt>3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>3.1) Tipo: </dt>
+<dd>Administración General del Estado.</dd>
+<dt>3.2) Actividad principal ejercida: </dt>
+<dd>Política Exterior.</dd>
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+</dd>
+<dt>5. Códigos CPV:</dt>
+<dd>22200000 (Periódicos, revistas especializadas, publicaciones periódicas y revistas).</dd>
+<dt>6. Lugar principal de entrega de los suministros:</dt>
+<dd>ES300.</dd>
+<dt>7. Descripción de la licitación:</dt>
+<dd>Suministro de prensa en formato impreso y digital para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.</dd>
+<dt>8. Valor estimado:</dt>
+<dd>200.688,00 euros.</dd>
+<dt>9. Información sobre las variantes:</dt>
+<dd>No se aceptarán variantes.</dd>
+<dt>10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:</dt>
+<dd>1 año.</dd>
+<dt>11. Condiciones de participación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>11.3) Situación personal:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>11.3.1)</dt>
+<dd>Capacidad de obrar.</dd>
+<dt>11.3.2)</dt>
+<dd>No prohibición para contratar.</dd>
+<dt>11.3.3)</dt>
+<dd>Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.</dd>
+<dt>11.3.4)</dt>
+<dd>Cumplimiento con las obligaciones tributarias.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>11.4) Situación económica y financiera:</dt>
+<dd>Cifra anual de negocio (ver cláusula 3.2.1 y Anexo II del PCAP).</dd>
+<dt>11.5) Situación técnica y profesional:</dt>
+<dd>Trabajos realizados (ver cláusula 3.2.1 y Anexo II del PCAP).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>12. Tipo de procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>18. Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Precio (Ponderación: 100%).</dd>
+<dt>19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 19 de noviembre de 2018.</dd>
+<dt>20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>20.1) Dirección: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Plaza de la Provincia,1. 28071 Madrid, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>21. Apertura de ofertas: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>21.2.1) </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica: 29 de noviembre de 2018 a las 10:30. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Plaza de la Provincia 1 - Sala Reuniones 3ª planta edificio moderno - 28012 Madrid, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>21.3.1) </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica: Público.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de participación: </dt>
+<dd>Español.</dd>
+<dt>23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>23.1) </dt>
+<dd>Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de participación.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>25. Procedimientos de recurso: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:</dt>
+<dd>
+<dl>
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+</dl>
+</dd>
+<dt>26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: </dt>
+<dd> ID: 2018-431205. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de octubre de 2018).</dd>
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+<dd>18 de octubre de 2018.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de octubre de 2018.- El Vicepresidente Primero.</p>
+</texto>
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+",Sat Nov 03 08:02:39 +0000 2018,"1. Poder adjudicador: 
+1.1) Nombre: 
+Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
+1.2) Número de identificación fiscal: 
+S2812001B.
+1.3) Dirección: 
+Plaza de la Provincia,1.
+1.4) Localidad: 
+Madrid.
+1.5) Provincia: 
+Madrid.
+1.6) Código postal: 
+28071.
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+España.
+1.8) Código NUTS: 
+ES300.
+1.9) Teléfono: 
+913799292.
+1.11) Correo electrónico: 
+junta.contratacion@maec.es
+1.13) Dirección del perfil de comprador: 
+https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry8%2F2tKUmQwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
+2. Acceso a los pliegos de contratación: 
+Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wP%2FtTBUysMyrz3GQd5r6SQ%3D%3D
+3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
+3.1) Tipo: 
+Administración General del Estado.
+3.2) Actividad principal ejercida: 
+Política Exterior.
+5. Códigos CPV:
+22200000 (Periódicos, revistas especializadas, publicaciones periódicas y revistas).
+6. Lugar principal de entrega de los suministros:
+ES300.
+7. Descripción de la licitación:
+Suministro de prensa en formato impreso y digital para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
+8. Valor estimado:
+200.688,00 euros.
+9. Información sobre las variantes:
+No se aceptarán variantes.
+10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisici��n:
+1 año.
+11. Condiciones de participación:
+11.3) Situación personal:
+11.3.1)
+Capacidad de obrar.
+11.3.2)
+No prohibición para contratar.
+11.3.3)
+Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
+11.3.4)
+Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
+11.4) Situación económica y financiera:
+Cifra anual de negocio (ver cláusula 3.2.1 y Anexo II del PCAP).
+11.5) Situación técnica y profesional:
+Trabajos realizados (ver cláusula 3.2.1 y Anexo II del PCAP).
+12. Tipo de procedimiento: 
+Abierto.
+18. Criterios de adjudicación: 
+Precio (Ponderación: 100%).
+19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: 
+Hasta las 14:00 horas del 19 de noviembre de 2018.
+20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación: 
+20.1) Dirección: 
+Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Plaza de la Provincia,1. 28071 Madrid, España.
+21. Apertura de ofertas: 
+21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas: 
+21.2.1) 
+Apertura sobre oferta económica: 29 de noviembre de 2018 a las 10:30. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Plaza de la Provincia 1 - Sala Reuniones 3ª planta edificio moderno - 28012 Madrid, España.
+21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: 
+21.3.1) 
+Apertura sobre oferta económica: Público.
+22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de participación: 
+Español.
+23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos: 
+23.1) 
+Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de participación.
+25. Procedimientos de recurso: 
+25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
+25.1.1) Nombre: 
+Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación - Registro General.
+25.1.2) Dirección: 
+Plaza de la Provincia, 1.
+25.1.3) Localidad: 
+Madrid.
+25.1.5) Código postal: 
+28012.
+25.1.6) País: 
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+26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: 
+ ID: 2018-431205. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de octubre de 2018).
+28. Fecha de envío del anuncio: 
+18 de octubre de 2018.
+Madrid, 18 de octubre de 2018.- El Vicepresidente Primero.","Hoy, en el #BOE, el contrato de suministro de prensa para Exteriores. Como siempre, flipando con que se ponga en la lista la subscripción digital a medios de acceso gratuito.  ",[],CONTRATOS_LICITACIONES,"Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación","Contrato de suministro de prensa para Exteriores, cuya licitación es de 200.688,00 euros.
+",,[],2498,0.7030083,487
+2013-12-28,"DE CONFORMIDAD con
+arts. 82 y 85 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio
+
+
+DE CONFORMIDAD con
+el art. 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril",BOE-B-2020-20964,"Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales al Instituto Nacional de Estadística, para que este, en cumplimiento de las competencias que le impone el artículo 17.3 de la citada ley, lleve a cabo las comprobaciones oportunas dirigidas a subsanar los posibles errores y duplicidades que se hayan producido.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Efectuadas dichas comprobaciones, el Instituto Nacional de Estadística ha obtenido una cifra de población para cada municipio, que ha utilizado para contrastar con los resultados numéricos de la revisión anual enviados por los Ayuntamientos según lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y, cuando no se ha llegado a alcanzar un acuerdo, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de diciembre de 2013,</p>
+<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>DISPONGO:</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2013, con efectos desde el 31 de diciembre de 2013, en cada uno de los municipios españoles.</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Publicación.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las Capitales de Provincia e Islas, figuran en el anexo.</p>
+<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
+<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
+<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2013.</p>
+<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>JUAN CARLOS R.</p>
+<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministro de Economía y Competitividad,</p>
+<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>LUIS DE GUINDOS JURADO</p>
+<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO</p>
+<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
+<img alt='1' class='frame-1' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2013/311/13732_5724.png' width='2126'/>
+</p>
+<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
+<img alt='2' class='frame-2' height='1282' src='/datos/imagenes/disp/2013/311/13732_5761.png' width='2126'/>
+</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Dec 28 07:39:35 +0000 2013,"La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales al Instituto Nacional de Estadística, para que este, en cumplimiento de las competencias que le impone el artículo 17.3 de la citada ley, lleve a cabo las comprobaciones oportunas dirigidas a subsanar los posibles errores y duplicidades que se hayan producido.
+Efectuadas dichas comprobaciones, el Instituto Nacional de Estadística ha obtenido una cifra de población para cada municipio, que ha utilizado para contrastar con los resultados numéricos de la revisión anual enviados por los Ayuntamientos según lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y, cuando no se ha llegado a alcanzar un acuerdo, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
+De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
+En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de diciembre de 2013,
+DISPONGO:
+Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
+Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2013, con efectos desde el 31 de diciembre de 2013, en cada uno de los municipios españoles.
+Artículo 2. Publicación.
+El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las Capitales de Provincia e Islas, figuran en el anexo.
 Disposición final única. Entrada en vigor.
-La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 7 de noviembre de 2018.–La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.
+El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
+Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2013.
+JUAN CARLOS R.
+El Ministro de Economía y Competitividad,
+LUIS DE GUINDOS JURADO
+ANEXO",A 1 de enero de 2013 había empadronadas en España 47.129.783 personas  #BOE,['121'],OTROS_ANUNCIOS,Ministerio de Economía y Competitividad,Publicado el censo de población en España a día 1 de Enero de 2013.,,['686' '1320' '4409' '5340' '5629' '5785'],3575,0.7031714,456
+2015-02-14,,BOE-B-2015-4448,"Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias. Expediente: 0100DGT25619.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dt>a) Organismo: </dt>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
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+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>913018218.</dd>
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+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>0100DGT25619.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Entre el 15 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>75120000 (Servicios administrativos de agencias).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Los contemplados en los pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>1.200.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>T1d [Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)].</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Josefa Valcárcel, 28.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
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+</dl>
+</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
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+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 12 de febrero de 2015.- Directora general de tráfico.</p>
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+</documento>
+",Sat Feb 14 09:51:31 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Dirección General de Tráfico.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección General de Tráfico.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Tráfico.
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+Josefa Valcárcel, 28.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+4) Teléfono: 
+913018218.
+6) Correo electrónico: 
+vsantos@dgt.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015.
+d) Número de expediente: 
+0100DGT25619.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Entre el 15 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+75120000 (Servicios administrativos de agencias).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
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+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Los contemplados en los pliegos.
+4. Valor estimado del contrato:
+1.200.000,00 euros.
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+ Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
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+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+T1d [Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)].
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Tráfico.
+2) Domicilio: 
+Josefa Valcárcel, 28.
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+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
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+Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
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+Madrid, 12 de febrero de 2015.- Directora general de tráfico.","La campaña del año, esperando empresas que se postulen. 1,452M máximo para crear anuncios DGT  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Licitación del servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 de la DGT por importe máximo de 1.452.000,00 euros. ",,[],12,0.70322716,380
+2017-04-17,,BOE-B-2017-23876,"Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>BDNS (Identif.): 342016</p>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)</p>
+<p class='parrafo'>Primero. Beneficiarios.</p>
+<p class='parrafo'>Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial, ya sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como entidades públicas extranjeras, siempre que estén legalmente constituidas y acrediten haber realizado una labor ininterrumpida de 2 años.</p>
+<p class='parrafo'>Segundo. Objeto.</p>
+<p class='parrafo'>Traducción y publicación a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que cumplan una de estas dos condiciones: a) que hayan sido publicadas por una editorial española y distribuidas en territorio nacional; b) que, habiendo sido publicadas por editoriales no españolas, su autor tenga la nacionalidad española.</p>
+<p class='parrafo'>Tercero. Bases reguladoras.</p>
+<p class='parrafo'>Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.</p>
+<p class='parrafo'>Cuarto. Cuantía.</p>
+<p class='parrafo'>El importe máximo imputable a las subvenciones concedidas a empresas editoriales radicadas en el extranjero será de 184.000 euros y 24.000 euros para empresas editoriales radicadas en España.</p>
+<p class='parrafo'>Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.</p>
+<p class='parrafo'>Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.</p>
+<p class='parrafo'>Sexto. Otros datos.</p>
+<p class='parrafo'>La subvención obtenida en esta convocatoria debe destinarse exclusivamente a cubrir los gastos de traducción de la obra presentada.</p>
+<p class='parrafo'>Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones, públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad, siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la traducción subvencionada.</p>
+<p class='parrafo'>Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 3 proyectos de traducción a través de solicitud telemática.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 6 de abril de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sáinz, P.D. (Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre), el Director General de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Apr 17 07:46:02 +0000 2017,"BDNS (Identif.): 342016
+De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
+Primero. Beneficiarios.
+Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial, ya sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como entidades públicas extranjeras, siempre que estén legalmente constituidas y acrediten haber realizado una labor ininterrumpida de 2 años.
+Segundo. Objeto.
+Traducción y publicación a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que cumplan una de estas dos condiciones: a) que hayan sido publicadas por una editorial española y distribuidas en territorio nacional; b) que, habiendo sido publicadas por editoriales no españolas, su autor tenga la nacionalidad española.
+Tercero. Bases reguladoras.
+Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.
+Cuarto. Cuantía.
+El importe máximo imputable a las subvenciones concedidas a empresas editoriales radicadas en el extranjero será de 184.000 euros y 24.000 euros para empresas editoriales radicadas en España.
+Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
+Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.
+Sexto. Otros datos.
+La subvención obtenida en esta convocatoria debe destinarse exclusivamente a cubrir los gastos de traducción de la obra presentada.
+Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones, públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad, siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la traducción subvencionada.
+Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 3 proyectos de traducción a través de solicitud telemática.
+Madrid, 6 de abril de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sáinz, P.D. (Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre), el Director General de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.","Ayudas a traducción libros a lenguas extranjeras descienden (de 260K, del año pasado, a 204K).  Va con curiosidad:",[],SUBVENCIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Ayudas a traducción libros a lenguas extranjeras será de 184.000 euros y 24.000 euros,,[],1176,0.7036254,371
+2014-05-10,,BOE-B-2014-16432,"Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de:'Contratación para la edición, redacción, impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet'.(Expediente 2094714004000), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de:'Contratación para la edición, redacción, impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet'.(Expediente 2094714004000), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército.</titulo>
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+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Ver pliego.</dd>
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+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
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+<dt>a) Descripción: </dt>
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+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
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+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
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+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
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+<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de mayo de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat May 10 07:34:13 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Mesa de Contratación del E.T., Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim, 6-8.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071.
+4) Teléfono: 
+917803496
+5) Telefax: 
+917803508
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+12:00 horas del dia 13 de junio de 2014.
+d) Número de expediente: 
+2094714004000
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Contratación para la edición, redacción,impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Ver pliego.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Ver pliego.
+2) Localidad y código postal: 
+Ver pliego.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Ver pliego.
+f) Admisión de prórroga: 
+Ver pliego.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+22200000-2.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Urgente.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: 277.500,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 %.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Grupo T, Subgrupo 3, Categoría B.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver pliego.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+12:00 horas del dia 16 de junio de 2014.
+b) Modalidad de presentación: 
+Ver pliego.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Mesa de Contratación del E.T., Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim, 6-8.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 4.
+b) Dirección: 
+C/ Prim, 6-8.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid.
+d) Fecha y hora: 
+24 de junio de 2014, a las 10:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+Por cuenta del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+5 de mayo de 2014.
+Madrid, 5 de mayo de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.","Revista Tierra (18 números, 35.000 ejemplares c/u, a 19 páginas) + noticias web ejército año y medio: 277.500 €  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Defensa,"Contratación para la edición, redacción,impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet para 18 meses por un importe total de 277.500,00 euros.
+",,[],3057,0.70477235,405
+2013-11-14,,BOE-A-2013-5489,Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento 2014-2015. Expediente: 0900201345.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
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+<identificador>BOE-B-2013-42844</identificador>
+<titulo>Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento 2014-2015. Expediente: 0900201345.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>273</diario_numero>
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+<fecha_publicacion>20131114</fecha_publicacion>
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+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 14:00 horas del 25 de noviembre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>18 de diciembre de 2013, a las 10:00, y 11 de diciembre de 2013, a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>104.490,00</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>80000000 Servicios de enseñanza y formación</materias_cpv>
+<observaciones>Se anula licitación por anuncio publicado el 19 de noviembre de 2013 BOE-B-2013-43529.</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>915978105.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>915978499.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>jgosset@fomento.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>0900201345.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento 2014-2015.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Locales del Ministerio de Fomento en la Comunidad de Madrid o, en casos concretos en que se estime conveniente, en los de la empresa adjudicataria.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>12 meses.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>80580000 (provisión de cursos de idiomas).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>208.980,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 104.490,00 euros. Importe total: 104.490,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>U7a [otros servicios no determinados (hasta 150.000 euros)].</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 25 de noviembre de 2013.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Registro General, paseo de la Castellana, 67.  Planta baja.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>P.º de la Castellana, 67,  5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación), y P.º de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España, y Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>18 de diciembre de 2013, a las 10:00, y 11 de diciembre de 2013, a las 10:00.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 8 de noviembre de 2013.- La Inspectora General de Fomento.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Nov 16 09:02:44 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
+2) Domicilio: 
+Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+4) Teléfono: 
+915978105.
+5) Telefax: 
+915978499.
+6) Correo electrónico: 
+jgosset@fomento.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+d) Número de expediente: 
+0900201345.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento 2014-2015.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Locales del Ministerio de Fomento en la Comunidad de Madrid o, en casos concretos en que se estime conveniente, en los de la empresa adjudicataria.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+12 meses.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+80580000 (provisión de cursos de idiomas).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+208.980,00 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 104.490,00 euros. Importe total: 104.490,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+U7a [otros servicios no determinados (hasta 150.000 euros)].
+c) Otros requisitos específicos: 
+Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 14:00 horas del 25 de noviembre de 2013.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
+2) Domicilio: 
+Registro General, paseo de la Castellana, 67.  Planta baja.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
+b) Dirección: 
+P.º de la Castellana, 67,  5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación), y P.º de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España, y Madrid, 28071, España.
+d) Fecha y hora: 
+18 de diciembre de 2013, a las 10:00, y 11 de diciembre de 2013, a las 10:00.
+Madrid, 8 de noviembre de 2013.- La Inspectora General de Fomento.",Fomento gastará hasta 240.000 E en cursos presenciales y online inglés para sus trabajadores  + ,[],SUBVENCIONES,Ministerio de Fomento,"Licitación de cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento para los años 2014 y 2015 por importe total de 104.490,00 euros cada año.
+",,[],3611,0.7059299,409
+2013-06-12,"DE CONFORMIDAD con
+el art. 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
+
+
+CITA
+Resolución de 16 de mayo de 2013",BOE-A-2013-6317,"Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Software Libre.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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+<identificador>BOE-A-2013-6317</identificador>
+<titulo>Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Software Libre.</titulo>
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+<anteriores>
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+<anterior orden='5020' referencia='BOE-A-2013-6316'>
+<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
+<texto>Resolución de 16 de mayo de 2013</texto>
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+<posteriores></posteriores>
+</referencias>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010 por el que se establece el carácter oficial de determinados t��tulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez acordada por el Consejo de Universidades en su sesión del día 5 de octubre de 2009 la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario Software Libre por la Universidad Rey Juan Carlos,</p>
+<p class='parrafo'>Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Software Libre como Anexo a la presente Resolución.</p>
+<p class='parrafo_2'>Móstoles, 16 de mayo de 2013.–El Rector, Pedro González-Trevijano Sánchez.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit'>5.1 Estructura de las Enseñanzas</p>
+<p class='centro_cursiva'>Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS</p>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Carácter de materia</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Créditos</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obligatorias</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>27</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Optativas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>6</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Prácticas externas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajo Fin de Máster</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Créditos totales</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>60</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<p class='centro_cursiva'>Estructura de la enseñanza por módulos y materias</p>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Materia</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Semestre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Carácter</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>N.º de ECTS</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Introducción al Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aspectos Legales del Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aspectos Económicos del Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrolladores y sus Motivaciones</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrollo de Software Libre. Herramientas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Evaluación de Proyectos de Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Casos de Estudio I</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primero.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión de Proyectos de Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrollo Avanzado de Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OP</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Integración de Sistemas</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OP</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Implantación de Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OP</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Comunidades de Software Libre</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OP</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Casos de Estudio II</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>3</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Practicum</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anual.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>OB</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajo de fin de Máster</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anual.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>TFM</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Jun 12 07:27:24 +0000 2013,"De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez acordada por el Consejo de Universidades en su sesión del día 5 de octubre de 2009 la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario Software Libre por la Universidad Rey Juan Carlos,
+Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Software Libre como Anexo a la presente Resolución.
+Móstoles, 16 de mayo de 2013.–El Rector, Pedro González-Trevijano Sánchez.
 ANEXO
-«ANEXO II
-Módulos y bases de compensación económica - Abogados
-Asistencia al detenido o preso
-Asistencia individualizada (procedimiento penal general)	
-81,14 €
-Asistencia individualizada (procedimiento enjuiciamiento rápido)	
-72,12 €
-Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido-Audiencia Nacional	
-157,64 €
-Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido (procedimiento penal general)	
-154,16 €
-Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido en Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido (carácter excepcional)	
-72,12 €
-Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género
-Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el servicio de guardia de 24 horas	
-81,14 €
-Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia (con un límite de 162,28 euros)	
-81,14 €
-Por disponibilidad y por asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada asistencia (con un límite de 243 euros)	
-121,50 €
-Vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral	
-81,14 €
-Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la asistencia:
-– Dista más de 5 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial	
-13,06 €
-– Dista más de 25 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial	
-32,68 €
-– Dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial	
-54,45 €
-Jurisdicción penal
-Procedimiento con Tribunal del Jurado	
-405,69 €
-Procedimiento penal de especial complejidad	
-360,61 €
-Por cada mil folios	
-22,41 €
-A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias	
-24,30 €
-A partir de dos días de vista, por cada día	
-64,91 €
-Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional	
-378 €
-Por cada mil folios	
-22,41 €
-A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias	
-22,80 €
-A partir de dos días de vista, por cada día	
-68,40 €
-Procedimiento penal general	
-324,54 €
-Procedimiento penal general ante la Audiencia Nacional	
-339,60 €
-Procedimiento abreviado	
-270,00 €
-Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional	
-270,00 €
-Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a detenido	
-273,38 €
-Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a detenido	
-264,00 €
-Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil	
-270,00 €
-Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional	
-270,00 €
-Expedientes de vigilancia penitenciaria	
-137,03 €
-Expedientes de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional	
-140,92 €
-Asistencia a la comparecencia de la orden de protección	
-81,14 €
-Juicios de Faltas	
-94,50 €
-Procedimiento Abreviado con desplazamiento para la asistencia a juicio oral	
-268,85 €
-Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:
-– Si distan más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial	
-14,42 €
-– Si distan más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial	
-34,50 €
-– Si distan más de 50 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial	
-50,00 €
-Jurisdicción civil
-Juicio ordinario	
-320,87 €
-Verbal	
-202,50 €
-Juicio completo de familia contencioso	
-270,00 €
-Medidas provisionales	
-72,12 €
-Juicio completo de familia de mutuo acuerdo	
-162,00 €
-Filiación, paternidad, capacidad	
-240,00 €
-Monitorio	
-157,16 €
-División Judicial de patrimonios	
-202,50 €
-Cambiario	
-202,50 €
-Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio	
-72,12 €
-Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales del artículo 770.6.ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil	
-72,12 €
-Procesos sobre guardia y custodia o alimentos de hijos menores	
-144,00 €
-Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos	
-72,12 €
-Procedimiento completo de modificación de medidas	
-121,50 €
-Jurisdicción Voluntaria	
-180,00 €
-Jurisdicción contencioso-administrativa
-Vía administrativa previa (extranjería y asilo)	
-97,36 €
-Vía administrativa previa (extranjería y asilo) ante la Audiencia Nacional	
-90,00 €
-Recurso contencioso-administrativo	
-238,00 €
-Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional	
-249,60 €
-Jurisdicción social
-Procedimiento íntegro	
-158,66 €
-Recurso de suplicación	
-86,54 €
-Jurisdicción militar
-Fase sumarial	
-72,12 €
-Fase Juicio Oral	
-142,91 €
-Recursos
-Recurso de Casación	
-301,50 €
-Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio	
-28,85 €
-Recurso de Amparo	
-301,50 €
-Recurso de Apelación	
-122,60 €
-Normas generales
-Transacciones extrajudiciales	
-75 % de la cuantía aplicable al procedimiento.
-Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión	
-40,57 €
-Procedimientos en vía administrativa
-Solicitudes y reclamaciones	
-20,00 €
-Recursos en vía administrativa	
-60,00 €
-Módulos y bases de compensación económica - Procuradores
-Jurisdicción penal
-Todos los procedimientos	
-24,34 €
-Apelaciones	
-25,25 €
-Jurisdicción civil
-Todos los procedimientos	
-32,45 €
-Apelaciones	
-25,24 €»",Orden ministerial que aumenta el presupuesto en Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.,"Orden ministerial que aumenta pagos al turno de oficio:  Estaba en presupuestos 2018 y fue cosa del anterior Gobierno, aunque este lo aplique. Ricos no se hacen, no #BOE"
-3288,"La Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, sita en la Plaza de la Montañeta, n.º 8, de Alicante, ha dispuesto la celebración de primera subasta y, en caso de quedar desierta, segunda subasta de los lotes que se describen mediante subastas públicas al alza con el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, cuyo Pliego de Condiciones podrá examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación y en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.minhap.gob.es):
-Lote 1
-Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), c/ Na Saurina d’Entença, n.º 47, planta 2.ª, con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 100 m².
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 187, finca número 37.193 de Alcoy.
-Referencia Catastral: 9369107YH1896N0004TL.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.
-Calificación de eficiencia energética: G
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 46.500 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 39.525 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 2.325 €.
-Lote 2
-Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina d’Entença, n.º 47, planta 3.ª, con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 100 m².
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 189, finca número 37.194 de Alcoy.
-Referencia Catastral: 9369107YH1896N0005YB.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.
-Calificación de eficiencia energética: G
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 46.500 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 39.525 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 2.325 €.
-Lote 3
-Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina D’Entença, n.º 47, planta 4.ª (ático), con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 68 m², más 32 m² de terraza.
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 191, finca número 37.195 de Alcoy.
-Referencia Catastral: 9369107YH1896N0006UZ.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.
-Calificación de eficiencia energética: G
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 31.620 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 26.877 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 1.581 €.
-Lote 4
-Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol, parcela 38 del Sector F, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 1.165 m².
-Linderos: Derecha entrando con la parcela F-38 bis; izquierda, con la parcela 37-F bis y espaldas o fondo, con la parcela F-4.
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 1, finca número 4.492 de Tibi.
-Referencia Catastral: 9102005YH0790S0001RB.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente nota registral.- Cert. Art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, con el siguiente contenido: Expedida don fecha 23 de julio de 2010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con el art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable 'Finca Terol', formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi el 9 de abril de 2010 por el Ayuntamiento de Tibi.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 75.725 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 64.366,25 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 3.786,25 €.
-Lote 5
-Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol, parcela 35 del Sector F, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 1.308 m².
-Linderos: Derecha entrando con la parcela F-36; izquierda, con la parcela F-34 y espaldas o fondo, con la parcela F-9.
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 3, finca número 4.493 de Tibi.
-Referencia Catastral: 9102010YH0790S0001XB.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente nota registral.- Cert. Art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, con el siguiente contenido: Expedida con fecha 23 de julio de 2010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con el art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable 'Finca Terol', formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi el 9 de abril de 2010, por el Ayuntamiento de Tibi.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 85.020 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 72.267 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 4.251 €.
-Lote 6
-Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Pego (Alicante), paraje 'Carritjar', polígono 1, parcela 474, con una superficie según Registro de la Propiedad de 79.178 m² y según certificación catastral de 79.175 m².
-Linderos: Norte, con parcela 488 a nombre de José Aguilar Torres, con parcelas 593, 476 y 478 a nombre de Vicente Torres Mengual, con parcela 487 a nombre de Joaquín Torres Mengual, con parcela 475 a nombre de Vicente Alentado Sendra, y con parcela 610 a nombre de Cons-Cime, S.L., todas ellas del polígono 1; Sur, con parcela 470 y 471 a nombre de Rafael Mendías Oltra, con parcela 469 a nombre de Carmen Server Server y con parcela 454 a nombre de Pavimentos Bituminosos Serrano, S.L., todas ellas del polígono 1; Este, con parcela 478, 475 y 610, todas del polígono 1; y Oeste, con el límite del término municipal de Adsubia y con parcelas 488, 471 y 470, todas del polígono 1.
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Pego, al tomo 972, libro 445, folio 32, finca número 29.990 de Pego.
-Referencia Catastral: 03102A001004740000DW.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 27.117 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 23.049,45 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 1.355,85 €.
-Lote 7
-Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Elda (Alicante), paraje 'El Bolón', polígono 14, parcela 35, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 47.579 m².
-Linderos: Norte, con parcelas 15 y 30 de don Francisco Beltrán Martín y doña Concepción Bellod Esteve, respectivamente; Este, con parcelas 34 y 31 de doña Francisca María Maestre Juan y don Alfredo Milla Mira, respectivamente; Oeste y Sur, con parcela 36 de don Pedro Real Lull, y Sureste con parcela 33 de doña Francisca María Maestre Juan.
-Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda n.º 2, al tomo 2.002, libro 822, folio 145, finca número 50.469 de Elda.
-Referencia Catastral: 03066A014000350000QI.
-Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
-Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
-Tipo de licitación y fianza:
-Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 16.295 €.
-Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 13.850,75 €.
-Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 814,75 €.
-Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado, en el Registro General de esta Delegación hasta las 14:00 horas del día 17 de octubre de 2013. En caso de presentarse en otro de los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá remitirse, en la misma fecha de su presentación, mediante fax al número 965 20 47 16, dirigido a la Sección de Patrimonio de esta Delegación, de la hoja en que conste el sello del registro ante el que se ha presentado la documentación.
-La apertura de las ofertas y celebración de la subasta tendrán lugar en el Salón de Actos de la AEAT, sito en la Plaza de la Montañeta, n.º 8, 2.ª planta, de Alicante, a las 11:00 horas del día 29 de octubre de 2013.
-Para participar en la subasta es necesario acompañar documento que acredite la constitución de la fianza, mediante aval bancario o resguardo de constitución de la garantía en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, de la forma que contempla la cláusula quinta del Pliego de Condiciones.
-Todas las incidencias que se presenten serán resueltas a tenor de lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento de desarrollo.
-Alicante, 9 de septiembre de 2013.- El Delegado de Economía y Hacienda, Julio Gutiérrez Cardona.",Gobierno está subastando de unas casas en Alcoy por importes de 46.500 euros y 39.525 euros.,"Oye, @pauinthecloud, que el Gobierno se está deshaciendo de unas casicas en Alcoy muy baratas  #BOE"
-1380,"El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene encomendada, entre otras funciones, la promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la danza y el circo. El ejercicio de estas competencias se lleva a cabo a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo autónomo adscrito al departamento, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, creado por el artículo 87 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y regulado por el Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, relativo a su estructura orgánica y funciones.
-Una dimensión esencial de esta competencia se cifra en el apoyo continuado a diferentes instituciones culturales de referencia en el país, de las que, en determinados casos, el Ministerio participa orgánicamente. Tal es el caso del Gran Teatro del Liceo, de cuyos órganos de gobierno el Ministerio forma parte, desde 1986. El compromiso con esta institución se refuerza a partir del incendio de 1994, cuando el Ministerio, a través del INAEM, participa de forma mayoritaria en la financiación de las obras de reconstrucción.
-Creado en 1847, hoy en día, el Gran Teatro del Liceo constituye uno de los baluartes esenciales de la cultura en España, así como uno de los principales teatros líricos de referencia a nivel internacional. Sucesivos ejercicios negativos desde el punto de vista presupuestario, con una reducción de las aportaciones públicas y privadas, así como otras circunstancias estructurales de descenso del número de abonados y de los ingresos por patrocinio, fruto del contexto de crisis económica, han desembocado en una situación de Tesorería insostenible, ascendiendo actualmente la deuda suscrita con diversas entidades de crédito a más de 15 millones de euros, un tercio de los cuales vencen a corto plazo (noviembre de 2014).
-Esta situación plantea el reto de asegurar la pervivencia de un proyecto musical que afianza notablemente la Marca España y dinamiza la economía a través de la generación de empleo y la atracción de turismo; sin mermar los elevados estándares de calidad que han venido marcando su prestigio nacional e internacional.
-Por todo ello, resulta urgente y necesario reformar el modelo de funcionamiento del Teatro, a través de un plan integral, como lo es el «Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017», aprobado por el Patronato de la Fundación en sesión de fecha 14 de marzo de 2014, que pretende restaurar el equilibrio presupuestario de la entidad en ese horizonte temporal.
-El Plan prevé muy diversas actuaciones, tanto desde el punto de vista de la reducción del gasto (reestructuración de la deuda bancaria: incremento del plazo de devolución de los créditos, previo acuerdo con las entidades financieras; optimización de los costes laborales: reducción de la plantilla y de las pagas extraordinarias, entre otras actuaciones), como desde el punto de vista del incremento de los ingresos (nuevo plan de marketing y comercial, con su propio Plan Estratégico; nuevo modelo de programación buscando incrementar los márgenes de beneficio de las actividades, entre otras actuaciones).
-La aplicación de este Plan requiere necesariamente de una serie de aportaciones extraordinarias, por un montante total de 11.095 miles de euros, distribuidos, de acuerdo con las necesidades de tesorería reflejadas en el propio Plan, en dos ejercicios presupuestarios: 2014 (9.151 miles de euros) y 2015 (1.944 miles de euros), y entre todas las Administraciones Públicas participantes, en función de los porcentajes establecidos en los Estatutos de la Fundación, de acuerdo a la modificación aprobada por el Patronato, en fecha 16 de julio de 2012:
-– Administración General del Estado: 45 %.
-– Generalitat de Cataluña: 40 %.
-– Ayuntamiento de Barcelona: 10 %.
-– Diputación de Barcelona: 5 %.
-El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consciente del difícil momento por el que atraviesa esta Institución se compromete a colaborar en la ejecución del Plan, aportando la parte correspondiente a su porcentaje de financiación, apoyando así la continuidad de uno de los proyectos culturales más longevos y prestigioso de nuestro país, a través de una aportación extraordinaria, cuyo objetivo es rehabilitar los recursos de tesorería, mediante una subvención de concesión directa a favor de la Fundación que gestiona toda la actividad del teatro, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
-La concesión de una subvención de esta naturaleza forma parte de las funciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, en materia de promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la danza y el circo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-En la elaboración de este real decreto se han cumplido los requisitos establecidos estatutariamente sobre la participación de las comunidades autónomas en su tramitación.
-En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre de 2014,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Objeto.
-El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una ayuda de carácter excepcional a la Fundación Gran Teatro del Liceo, para la ejecución del Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017.
-Artículo 2. Razones de interés público que concurren en su concesión e imposibilidad de su convocatoria pública.
-1. Esta subvención se concede de forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, por concurrir razones de interés público, social y cultural.
-La subvención regulada en este real decreto tiene carácter singular, derivado de la necesidad urgente de llevar a cabo una restitución de los recursos económicos disponibles por una institución de la máxima relevancia a nivel nacional e internacional. Dado que las actuaciones que se subvencionan, y que fundamentan el interés público de la ayuda, son responsabilidad directa de la institución beneficiaria, no es posible proceder a su convocatoria pública.
-2. En concreto, las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de la subvención a la entidad señalada radican en la necesidad de apoyar la viabilidad del Gran Teatro del Liceo, manteniendo su perfil de proyecto y los estándares de calidad que lo han convertido en unos de los principales teatros líricos de la escena internacional, de gran relevancia social, cultural y económica.
-Artículo 3. Entidad beneficiaria.
-El beneficiario de la subvención será la Fundación Gran Teatro del Liceo, de cuyos órganos rectores forma parte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-Artículo 4. Actividad subvencionada.
-La actividad para la que se concede la subvención consiste en la aplicación del Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017, aprobado por los órganos de gobierno de la Fundación, en los que participa la Administración General del Estado. Dicho plan incluye el pago a proveedores, liquidación de impuestos, inversiones en el inmueble y la cobertura de un fondo de tesorería, y el pago de diversos gastos ordinarios de funcionamiento del Gran Teatro del Liceo.
-Artículo 5. Cuantía.
-El importe de la subvención, ascenderá a cuatro millones ciento diecisiete mil novecientos cincuenta euros (4.117.950 €), que se abonará con cargo a los créditos que se habiliten en los Presupuestos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Secretaría de Estado de Cultura.
-Artículo 6. Procedimiento de concesión: Inicio, instrucción y terminación.
-1. El procedimiento de concesión de la subvención prevista en este real decreto, que se regirá por lo dispuesto en la Orden CUL/163/2010, de 27 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de concesión de subvenciones nominativas del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos, y, consecuentemente, se iniciará a instancia del beneficiario mediante la presentación de una solicitud en el plazo máximo de diez días desde su entrada en vigor. La solicitud, se presentará en el Registro Electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mecd.es/registro), de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/197/2014, de 13 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación por medios electrónicos en determinados procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y se establece un punto de acceso general en el Centro de Información al Ciudadano ubicado en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura.
-La falta de presentación de la solicitud por parte del beneficiario en el plazo indicado determinará la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
-2. Actuará como órgano instructor del procedimiento para la concesión de la subvención a la que se refiere este real decreto la Subdirección General de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
-Las funciones del órgano instructor serán:
-a) Examinar la solicitud y la documentación presentada y comprobar los datos en virtud de los cuales deba adoptarse la resolución.
-b) Evaluar la solicitud, teniendo en cuenta la idoneidad del proyecto de actuación propuesto para el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
-c)	Formular la propuesta de resolución de concesión.
-d) El órgano instructor podrá recabar cuanta información complementaria estime oportuna al solicitante e informes de los servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como de profesionales o expertos de reconocido prestigio.
-3. El procedimiento para la concesión de la subvención terminará con la resolución de concesión. La resolución deberá incluir los extremos que se mencionan en el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
-La competencia para dictar la resolución de concesión corresponderá al Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
-La propuesta de resolución de concesión deberá ser aceptada por el beneficiario. El plazo para la aceptación será, como máximo, de diez días a contar desde el día siguiente al de su notificación, entendiéndose que renuncia a la subvención si no se produce la aceptación expresa en el plazo indicado.
-Artículo 7. Obligaciones del beneficiario.
-El beneficiario de esta subvención quedará obligado a:
-a) Realizar en el plazo que se indique en la resolución de concesión la actividad para la que se ha concedido la subvención, y presentar en el plazo máximo de tres meses desde la terminación de la actividad, la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 9.
-b) Comunicar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la concesión de subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad.
-c) Someterse a la normativa sobre supervisión, seguimiento y control de subvenciones así como facilitar toda la información requerida por los órganos gestores de las subvenciones.
-d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y material utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-e) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
-Artículo 8. Pago de la subvención.
-1. El importe de la subvención se abonará con cargo a los créditos que se habiliten en los Presupuestos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al ejercicio 2014.
-2. El pago de la subvención se realizará a favor del beneficiario en el ejercicio presupuestario 2014 una vez dictada la resolución de concesión, sin necesidad de constituir garantía, y previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago de subvenciones por la normativa vigente.
-Artículo 9. Régimen de justificación de la subvención.
-El beneficiario deberá justificar ante el órgano instructor el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
-La rendición de la cuenta justificativa se ajustará a la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. La cuenta justificativa estará formada por: una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas de los resultados obtenidos y de las desviaciones acontecidas respecto a los resultados previstos; y una memoria económica abreviada, que incorporará el contenido mínimo establecido en el apartado 5 del artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y, en todo caso, las cuentas anuales completas, debidamente auditadas por la Intervención General de la Generalitat de Cataluña.
-Artículo 10. Régimen jurídico aplicable.
-Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en este real decreto, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
-Artículo 11. Reintegro de la subvención.
-Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, en los casos y en los términos previstos en los artículos 37 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
-Disposición final primera. Título competencial.
-El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución Española, que establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.
-Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
-Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Oviedo, el 24 de octubre de 2014.
-FELIPE R.
-El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
-JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA",Subvención al Teatro del Liceo de 4.117.950 euros.,"Hoy, en el #BOE, el decreto que concede una subvención de más de cuatro millones al Liceu "
-748,"La Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
-En el artículo 3.5 de la referida orden se indica que los precios máximos de venta al público se revisarán con periodicidad bimestral y producirán efectos a partir del tercer martes del mes en el que se efectué la revisión. Asimismo, en el artículo 6 se establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, efectuará los cálculos necesarios para la aplicación del sistema establecido en la mencionada orden y dictará las correspondientes resoluciones de determinación de costes de comercialización y de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad envasado, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
-En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo en dicha modalidad de suministro, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:
-Primero. Ámbito de aplicación.
-1. La presente resolución será de aplicación en todo el territorio español, a los suministros de los gases licuados del petróleo pendientes de ejecución el día 16 de enero de 2018, sin perjuicio de que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que a las cero horas del día 16 de enero de 2018 aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización.
-2. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de comercialización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
-3. En particular, lo previsto en esta resolución será de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
-4. Esta resolución no será de aplicación a los gases licuados del petróleo envasados en envases con una tara inferior o igual a los 9 kg, excepto para aquellos operadores al por mayor de GLP, con obligación de suministro domiciliario en el correspondiente ámbito territorial, que no dispongan de envases cuya tara sea superior a 9 kg, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
-Segundo. Precio máximo de venta antes de impuestos.
-Desde las cero horas del día 16 de enero de 2018, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo incluidos en el ámbito de aplicación de esta resolución será de 95,6036 c€/Kg.
-Tercero. Coste de comercialización.
-El coste de comercialización sin impuestos, considerado en el precio indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados es de 49,3997 c€/Kg.
-Cuarto. Precios de referencia y desajustes.
-En el precio máximo de venta indicado en el apartado segundo, establecido según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en la disposición transitoria única de la citada Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos y desajustes para el próximo periodo:
-Bimestre
-Tipo de cambio $/€
-Cotización Internacional
-$/Tm
-Flete (Fb)
-$/Tm
-Coste de comercialización (CCb)
-c€/Kg
-Coste de la materia prima (CMPb)
-c€/kg
-Precio sin impuestos teórico (PSIbt)
-c€/Kg
-Desajuste (Xb-1)
-c€/Kg
-Precio sin impuestos (PSIb)
-c€/Kg
-2017/6
-1,183522
-520,7800
-16,70
-49,3997
-45,4136
-94,8133
-0,0000
-94,0671
-2018/1
-1,178711
-529,5100
-15,10
-49,3997
-46,2039
-95,6036
-0,0000
-95,6036
-Para obtener estos precios se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
-Cotización internacional ($/Tm): propano diciembre = 559,3; butano diciembre = 524,6; propano enero = 547,4; butano enero = 522,5.
-Fletes noviembre ($/Tm): 15,0; Fletes diciembre ($/Tm): 15,2.
-Media noviembre del cambio dólar/euro: 1,173800.
-Media diciembre del cambio dólar/euro: 1,183621.
-Quinto. Eficacia.
-Esta resolución surtirá efectos desde el día 16 de enero de 2018.
-Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
-Madrid, 10 de enero de 2018.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.","Actualización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.","El butano sigue subiendo: 25 céntimos más a partir de esta noche, que se venderá a 14,69€ (bombona clásica).  #BOE"
-1036,"PREMIO 'MEJOR PRODUCTO ELABORADO DE FRUTAS Y/O VERDURAS'.
-Primera.- Entidades Organizadoras.
-La Fundación Coviran (en adelante Fundación), con domicilio social en c/ Recoletos n.º 6 (Centro Coviran Plaza de la Ilusión), 18004 Granada y CIF núm. G-19543891, en su apuesta por una alimentación saludable, como asunto de primer orden para la salud pública y para el disfrute de la calidad de vida de todas las personas, convoca este Premio buscando soluciones inteligentes que consigan adaptar los hábitos de vida del consumidor a una alimentación sana, y con esta intención premia un Producto Único Elaborado de Frutas y/o Verduras.
-Esta convocatoria, velando por los principios de investigación e innovación en el campo de la alimentación, tiene como colaboradores a entidades de reconocido prestigio tales como el Grupo Coviran, AECOC, CIDAF, Asociación '5 Al Día' e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la UGR y como patrocinador a LACTALIS PULEVA.
-Segunda.-Objeto del Premio.
-Constituye el objeto de ésta edición del 'Premio a la Mejor Idea o Producto Elaborado a Base de Frutas y/o Verduras', premiar la mejor idea para la elaboración de un producto innovador o el producto elaborado, ya fuera nuevo o no, original y realizado a partir de frutas y/o verduras frescas, de acuerdo con las normas reguladoras y características que se contienen en las Bases del presente Premio, que se encuentran depositadas en la página web la Fundación Coviran http://www.escueladecomerciocoviran.org/fundacion-coviran/.
-Las condiciones que tiene que reunir la Idea/Producto, para la participación en el presente Premio, son:
-Tener como Ingredientes principales frutas y/o verduras.
-Elaboración de un plato principal, postre, bebida o tentempié.
-Que el producto esté listo para servir, ya sea frio o caliente.
-Que se conserve de manera refrigerada o temperatura ambiente, nunca congelado.
-Si se trata de un producto que no reúna la consideración de nuevo, éste (el producto), esté o no comercializado ya, deberá de haberse desarrollado y/o lanzado al mercado desde enero del año 2015 inclusive o en adelante.
-Doce mil euros (12.000,00 €) brutos, sobre los que habrá que descontar los impuestos correspondientes.
-De igual manera, y como complemento del anterior Premio, en el caso en que la propuesta que hubiera resultado ganadora fuere una Idea, el Premio también consistirá, adicionalmente, en el apoyo y/o tutorización para la fabricación del producto (objeto de la Idea), y, en el caso en el que la propuesta que hubiere resultado ganadora fuere un Producto, en el impulso para testar y/o comercializar el producto, todo ello de conformidad con las normas reguladoras y características que se detallan a continuación.
-Todos los proyectos que se presenten (ya fuere un producto en sí y/o una idea) deberán de incorporar una Memoria Ejecutiva y una Ficha Técnica del Producto. Los modelos de ambos documentos se podrán obtener en la propia sede de la Fundación Coviran, o descargarlos de su página web.
-Tercera.- Participantes y requisitos de participación.
-Podrán participar en el presente Premio, tanto personas físicas como jurídicas, del ámbito público o privado, que estén vinculadas al mundo de la alimentación (producción, fabricación, investigación), que tengan su domicilio social/residencia en todo el territorio español.
-Quedan excluidos de la participación en el presente Premio tanto la propia Fundación Coviran como el Grupo Coviran, como entidad colaboradora, así como el personal de todas ellas y sus familiares directos hasta el primer grado de parentesco y/o consanguineidad, no pudiendo en ningún caso beneficiarse del Premio objeto de las presentes bases.
-Granada, 14 de julio de 2016.- El Secretario del Patronato de la Fundación.",Convocatoria de concurso para premiar un Producto Único Elaborado de Frutas y/o Verduras que consigan adaptar los hábitos de vida del consumidor a una alimentación sana.,Voy a presentar una manzana a este concurso ;) 
-2602,"El presente real decreto-ley tiene como finalidad conceder varios créditos extraordinarios y un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa por importe total de 856.440.673,35 euros para atender al pago de obligaciones contractuales correspondientes a Programas Especiales de Armamento (PEA,s), para cubrir necesidades del Plan General de Municionamiento y para la realización de obras en el Hospital Militar Central de la Defensa «Gómez Ulla», en el marco de actuaciones relacionadas con el brote de Ébola en España.
-1. Obligaciones contractuales correspondientes a Programas Especiales de Armamento (PEA,s).
-Los Programas Especiales (PEA,s) son aquellos derivados del Acuerdo entre los Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo, destinados al desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de armas en los que convergen dos características claves: estar pre-financiados en todo o en parte con créditos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y efectuar los pagos desde el Ministerio de Defensa a partir del momento de su recepción y puesta en servicio. La elección está determinada por una combinación de necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas; asimismo, son de enorme importancia para el tejido industrial español y requieren gran cantidad de recursos financieros.
-Con estos equipos y sistemas de armas se pretenden satisfacer las necesidades de la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, dotándolas de los mejores sistemas de armas, equipos e infraestructuras de apoyo para el cumplimiento de sus misiones, buscando primordialmente:
-a) Alcanzar un estándar operativo que permita responder y afrontar los riesgos y amenazas relativos a la defensa de la soberanía española.
-b) Cumplir los compromisos adquiridos entre los Estados Miembros de la UE en desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa para cumplir los cometidos enumerados en el Artículo 28 del Tratado de Lisboa.
-c) Responder a los compromisos internacionales adquiridos por España contenidos en la Iniciativa de Capacidades de Defensa (DCI) de la OTAN, posteriormente redefinidos «Compromisos de las Capacidades de Praga».
-El sistema de financiación está basado en anticipos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinados a la investigación y desarrollo; el pago de las adquisiciones se realiza con presupuesto del Ministerio de Defensa, momento en que el fabricante devuelve los anticipos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
-La evolución de la economía mundial y particularmente la española, ha provocado la continua reducción de los recursos financieros de las diferentes Secciones del Presupuesto del Estado. Como consecuencia, los niveles de compromiso de pagos alcanzados en los acuerdos de adhesión y/o contratación de modernización y en particular de los PEA,s, han ido divergiendo de la capacidad financiera del Departamento. Ello ha obligado a realizar sucesivas reprogramaciones con el fin de adaptar las previsiones, reconduciendo los créditos hacia aquellas partidas con mayor prioridad; todo ello buscando asegurar el mantenimiento de los niveles mínimos que garantizan la operatividad de las unidades otorgando una mayor atención a las fuerzas desplazadas en escenarios de conflicto y al sostenimiento de los medios que mejoran su seguridad.
-La insuficiente dotación presupuestaria obliga a proporcionar financiación adicional para cubrir los compromisos financieros que se derivan de los compromisos contractuales ajustados. Dado que la Administración está obligada a atender el pago de obligaciones contractuales; y, junto a ello, la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros, constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del crédito extraordinario mediante real decreto-ley.
-2. Plan General de Municionamiento.
-El Plan General de Municionamiento define y recoge todas las necesidades relativas a la munición cuya obtención se plantea dentro del tiempo de duración del Plan hasta 2025.
-La capacidad de inversión anual de la que se viene disponiendo en los últimos años resulta insuficiente para cubrir las necesidades de munición, a la vez que para mantener los compromisos contractuales adquiridos y el mantenimiento del armamento y material actualmente en inventario. Consecuencia de ello, la actual capacidad de inversión se destina a cubrir las necesidades de munición para adiestramiento y preparación de la fuerza, quedando relegadas a un segundo plano la financiación de la constitución y mantenimiento de la Reserva de Guerra.
-Por ello se plantea la necesidad de disponer de un crédito extraordinario que permita remediar algunas de estas carencias en el presente año 2015, enfocando las adquisiciones hacia unas necesidades concretas, buscando resolver las carencias que presentan los niveles de cierto tipo de municiones.
-3. Actuaciones relacionadas con el brote de Ébola en España.
-Por Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos ministeriales, se aprobaron créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa por importe de 7.472.003,38 euros para atender necesidades derivadas del brote de Ébola en España. En dicho importe se incluye la cantidad de 2.500.000 de euros para llevar a cabo la remodelación de la planta 22 del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», en los ejercicios 2014-2015.
-Según se recoge en el preámbulo del indicado real decreto-ley, el coste de las medidas no cubiertas por los créditos extraordinarios se atenderían en ejecución en el presupuesto para 2015.
-El importe de la remodelación del Hospital Central de la Defensa para el año 2015 asciende a 4.000.000 de euros, importe por el que se tramita el suplemento de crédito.
-En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de mayo de 2015,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa.
-1. Se autoriza un crédito extraordinario en el presupuesto de la Sección 14 «Ministerio de Defensa», Servicio 03 «Secretaría de Estado de la Defensa», Programa 122B «Programas especiales de modernización», Capítulo 6 «Inversiones Reales», Artículo 65 «Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes», Concepto 659 «Para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material», por un importe de 846.440.673,35 euros, con el siguiente detalle por subconceptos:
-   
-Subconcepto
-   
-Denominación
-   
-Importe (en euros)
-659.01
-   
-Fragatas F-100
-   
-6.000.000,00
-659.02
-   
-Carro C. Leopardo
-   
-1.452.000,00
-659.03
-   
-Avión EF-2000
-   
-399.669.062,52
-659.04
-   
-Avión A-400
-   
-154.420.774,54
-659.05
-   
-Buque LLX
-   
-2.742.730,00
-659.06
-   
-Helicóptero Tigre
-   
-68.872.428,40
-659.07
-   
-Vehículo C.Pizarro
-   
-60.000.000,00
-659.08
-   
-Misil Iris-T
-   
-1.493.846,50
-659.09
-   
-Buque BAC
-   
-1.000.000,00
-659.10
-   
-Obús Rema 155/52
-   
-10.000.000,00
-659.11
-   
-Misil Taurus
-   
-10.245.629,76
-659.12
-   
-Helicóptero NH-90
-   
-45.643.291,29
-659.13
-   
-Misil SPIKE
-   
-20.000.000,00
-659.14
-   
-Fragata F-105
-   
-6.577.712,23
-659.15
-   
-Buque BAM
-   
-999.998,11
-659.16
-   
-Helicóptero UME
-   
-2.158.000,00
-659.17
-   
-Avión UME
-   
-10.000.000,00
-659.18
-   
-Nodos CIS UME
-   
-5.965.200,00
-659.19
-   
-Helicóptero EC-135
-   
-39.200.000,00
+5.1 Estructura de las Enseñanzas
+Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
+Carácter de materia
+Créditos
+Obligatorias
+27
+Optativas
+6
+Prácticas externas
+12
+Trabajo Fin de Máster
+12
+Créditos totales
+60
+Estructura de la enseñanza por módulos y materias
+Materia
+Semestre
+Carácter
+N.º de ECTS
+Introducción al Software Libre
+Primero.
+OB
+3
+Aspectos Legales del Software Libre
+Primero.
+OB
+3
+Aspectos Económicos del Software Libre
+Primero.
+OB
+3
+Desarrolladores y sus Motivaciones
+Primero.
+OB
+3
+Desarrollo de Software Libre. Herramientas
+Primero.
+OB
+3
+Evaluación de Proyectos de Software Libre
+Primero.
+OB
+3
+Casos de Estudio I
+Primero.
+OB
+3
+Gestión de Proyectos de Software Libre
+Segundo.
+OB
+3
+Desarrollo Avanzado de Software Libre
+Segundo.
+OP
+3
+Integración de Sistemas
+Segundo.
+OP
+3
+Implantación de Software Libre
+Segundo.
+OP
+3
+Comunidades de Software Libre
+Segundo.
+OP
+3
+Casos de Estudio II
+Segundo.
+OB
+3
+Practicum
+Anual.
+OB
+12
+Trabajo de fin de Máster
+Anual.
+TFM
+12",No sé por qué me da que entre mis followers a más de uno le va a interesar este master en software libre  #BOE,[],OTROS_ANUNCIOS,Universidades,Plan de estudio del Máster Universitario en Software Libre.,,['4170' '5605' '5766' '7086'],2644,0.70827055,312
+2013-06-19,,BOE-B-2013-23724,Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete a información pública el 'Estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real'.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<materias_cpv></materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>Con fecha 23 de mayo de 2013, la Dirección General de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente el 'Estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real'.</p>
+<p class='parrafo'>En virtud de la aprobación provisional del estudio y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho Estudio por un período de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general.</p>
+<p class='parrafo'>La información pública lo es también a efectos ambientales, según lo dispuesto en el R.D.L. 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificada por la Ley 6/2010, estando sometida la presente actuación al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que se inició con la remisión el 18 de noviembre de 2010 del documento inicial al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que las observaciones que se formulen podrán también versar sobre el impacto ambiental de las obras.</p>
+<p class='parrafo'>Una vez finalice el periodo de información pública, el Estudio Informativo, junto con el análisis de las alegaciones presentadas, se remitirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental.</p>
+<p class='parrafo'>El Estudio Informativo estará expuesto al público en días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (Plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja, Madrid 28071). Asimismo, en los Ayuntamientos afectados por el trazado, Colmenar Viejo, Soto del Real y Miraflores de la Sierra, estará a disposición de los interesados la parte del Estudio Informativo que recoge aquello que les afecta.</p>
+<p class='parrafo'>Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección General de Planificación y Proyectos, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como referencia 'Información pública. Estudio Informativo Cercanías Soto del Real'.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de junio de 2013.- El Jefe del Área de Planificación 1, don Alberto López González.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Jun 19 07:56:12 +0000 2013,"Con fecha 23 de mayo de 2013, la Dirección General de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente el 'Estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real'.
+En virtud de la aprobación provisional del estudio y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho Estudio por un período de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general.
+La información pública lo es también a efectos ambientales, según lo dispuesto en el R.D.L. 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificada por la Ley 6/2010, estando sometida la presente actuación al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que se inició con la remisión el 18 de noviembre de 2010 del documento inicial al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que las observaciones que se formulen podrán también versar sobre el impacto ambiental de las obras.
+Una vez finalice el periodo de información pública, el Estudio Informativo, junto con el análisis de las alegaciones presentadas, se remitirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental.
+El Estudio Informativo estará expuesto al público en días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (Plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja, Madrid 28071). Asimismo, en los Ayuntamientos afectados por el trazado, Colmenar Viejo, Soto del Real y Miraflores de la Sierra, estará a disposición de los interesados la parte del Estudio Informativo que recoge aquello que les afecta.
+Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección General de Planificación y Proyectos, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como referencia 'Información pública. Estudio Informativo Cercanías Soto del Real'.
+Madrid, 11 de junio de 2013.- El Jefe del Área de Planificación 1, don Alberto López González.",Que si quieres ver el estudio para la ampliación de Cercanías Madrid que mejor te pases a mirar el tablón  #BOE #s.XIX,[],OTROS_ANUNCIOS,Ministerio de Fomento,"Aprobado el Estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real, estará expuesto al público en días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento",,[],1513,0.7105031,364
+2021-04-27,,BOE-B-2021-20534,"Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Objeto: Elaboración y ejecución de un plan de medios para la promoción del uso de la aplicación RADAR COVID19 en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita. Expediente: 202000000525.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20210427071636'>
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+<titulo>Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Objeto: Elaboración y ejecución de un plan de medios para la promoción del uso de la aplicación RADAR COVID19 en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita. Expediente: 202000000525.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>100</diario_numero>
+<seccion>5</seccion>
+<subseccion>A</subseccion>
+<departamento codigo='9576'>Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital</departamento>
+<numero_anuncio>A210025291</numero_anuncio>
+<fecha_publicacion>20210427</fecha_publicacion>
+<letra_imagen>B</letra_imagen>
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+<pagina_final>26558</pagina_final>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
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+<tramitacion codigo=''></tramitacion>
+<procedimiento codigo='3'>Negociado sin publicidad</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe></importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Poder adjudicador: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1.1) Nombre: </dt>
+<dd>Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.</dd>
+<dt>1.2) Número de identificación fiscal: </dt>
+<dd>S2800568D.</dd>
+<dt>1.3) Dirección: </dt>
+<dd>Poeta Joan Maragall, 41.</dd>
+<dt>1.4) Localidad: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>1.5) Provincia: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>1.6) Código postal: </dt>
+<dd>28020.</dd>
+<dt>1.7) País: </dt>
+<dd>España.</dd>
+<dt>1.8) Código NUTS: </dt>
+<dd>ES300.</dd>
+<dt>1.11) Correo electrónico: </dt>
+<dd>contratacionsedia@economia.gob.es</dd>
+<dt>1.13) Dirección del perfil de comprador: </dt>
+<dd>https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&amp;idBp=R73mfklsAVbnSoTX3z%2F7wA%3D%3D</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>2.1) Tipo: </dt>
+<dd>Administración General del Estado.</dd>
+<dt>2.2) Actividad principal ejercida: </dt>
+<dd>Investigación, Desarrollo e Innovación.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Códigos CPV:</dt>
+<dd>79341400 (Servicios de campañas de publicidad).</dd>
+<dt>5. Lugar principal de prestación de los servicios:</dt>
+<dd>ES300.</dd>
+<dt>6. Descripción de la licitación:</dt>
+<dd>Elaboración y ejecución de un plan de medios para la promoción del uso de la aplicación RADAR COVID19 en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita.</dd>
+<dt>7. Tipo de procedimiento de adjudicación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>7.1) Tipo: </dt>
+<dd>Negociado sin publicidad acelerado (Se hace necesario abordar de manera inmediata el desarrollo y ejecución de un plan de medios para obtener una óptima penetración en los potenciales usuarios de la app RADAR COVID19).</dd>
+<dt>7.2) Justificación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>7.2.1) </dt>
+<dd>Situación de extrema urgencia.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>7.3) Explicación: </dt>
+<dd>Procedimiento de emergencia en virtud del artículo 120 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Idoneidad (Ponderación: 100%).</dd>
+<dt>10. Fecha de adjudicación: </dt>
+<dd>26 de noviembre de 2020.</dd>
+<dt>11. Ofertas recibidas: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>11.1) Número de ofertas recibidas: </dt>
+<dd>1.</dd>
+<dt>11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: </dt>
+<dd>0.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>12. Adjudicatarios: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>12.1) Nombre: </dt>
+<dd>Media Sapiens Spain, S.L.</dd>
+<dt>12.2) Número de identificación fiscal: </dt>
+<dd>B86016060.</dd>
+<dt>12.3) Dirección: </dt>
+<dd>Pintor Juan Gris, 4, 2º.</dd>
+<dt>12.4) Localidad: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>12.6) Código postal: </dt>
+<dd>28020.</dd>
+<dt>12.7) País: </dt>
+<dd>España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>13. Valor de las ofertas: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>13.1) Valor de la oferta seleccionada: </dt>
+<dd>1.500.000,00 euros.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>16. Procedimientos de recurso: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>16.1.1) Nombre: </dt>
+<dd>Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.</dd>
+<dt>16.1.2) Dirección: </dt>
+<dd>Avenida General Perón, 38, 8ª planta.</dd>
+<dt>16.1.3) Localidad: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>16.1.5) Código postal: </dt>
+<dd>28020.</dd>
+<dt>16.1.6) País: </dt>
+<dd>España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>18. Fecha de envío del anuncio: </dt>
+<dd>22 de abril de 2021.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 22 de abril de 2021.- Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas Brugal.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Apr 27 07:17:28 +0000 2021,"1. Poder adjudicador: 
+1.1) Nombre: 
+Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
+1.2) Número de identificación fiscal: 
+S2800568D.
+1.3) Dirección: 
+Poeta Joan Maragall, 41.
+1.4) Localidad: 
+Madrid.
+1.5) Provincia: 
+Madrid.
+1.6) Código postal: 
+28020.
+1.7) País: 
+España.
+1.8) Código NUTS: 
+ES300.
+1.11) Correo electrónico: 
+contratacionsedia@economia.gob.es
+1.13) Dirección del perfil de comprador: 
+https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=R73mfklsAVbnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
+2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
+2.1) Tipo: 
+Administración General del Estado.
+2.2) Actividad principal ejercida: 
+Investigación, Desarrollo e Innovación.
+4. Códigos CPV:
+79341400 (Servicios de campañas de publicidad).
+5. Lugar principal de prestación de los servicios:
+ES300.
+6. Descripción de la licitación:
+Elaboración y ejecución de un plan de medios para la promoción del uso de la aplicación RADAR COVID19 en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita.
+7. Tipo de procedimiento de adjudicación: 
+7.1) Tipo: 
+Negociado sin publicidad acelerado (Se hace necesario abordar de manera inmediata el desarrollo y ejecución de un plan de medios para obtener una óptima penetración en los potenciales usuarios de la app RADAR COVID19).
+7.2) Justificación: 
+7.2.1) 
+Situación de extrema urgencia.
+7.3) Explicación: 
+Procedimiento de emergencia en virtud del artículo 120 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
+9. Criterios de adjudicación: 
+Idoneidad (Ponderación: 100%).
+10. Fecha de adjudicación: 
+26 de noviembre de 2020.
+11. Ofertas recibidas: 
+11.1) Número de ofertas recibidas: 
+1.
+11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 
+0.
+12. Adjudicatarios: 
+12.1) Nombre: 
+Media Sapiens Spain, S.L.
+12.2) Número de identificación fiscal: 
+B86016060.
+12.3) Dirección: 
+Pintor Juan Gris, 4, 2º.
+12.4) Localidad: 
+Madrid.
+12.6) Código postal: 
+28020.
+12.7) País: 
+España.
+13. Valor de las ofertas: 
+13.1) Valor de la oferta seleccionada: 
+1.500.000,00 euros.
+16. Procedimientos de recurso: 
+16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
+16.1.1) Nombre: 
+Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
+16.1.2) Dirección: 
+Avenida General Perón, 38, 8ª planta.
+16.1.3) Localidad: 
+Madrid.
+16.1.5) Código postal: 
+28020.
+16.1.6) País: 
+España.
+18. Fecha de envío del anuncio: 
+22 de abril de 2021.
+Madrid, 22 de abril de 2021.- Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas Brugal.","El Gobierno adjudicó en noviembre un nuevo contrato (este de 1,5M) para promover en medios la aplicación radar covid.  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,"Media Sapiens Spain, S.L. se lleva el contrato para la elaboración y ejecución de un plan de medios para la promoción del uso de la aplicación RADAR COVID19 en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita por importe total de 1.500.000,00 euros.",,[],973,0.71084225,337
+2013-11-11,,BOE-A-2013-11791,"Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de Universidades.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<identificador>BOE-A-2013-11791</identificador>
+<titulo>Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de Universidades.</titulo>
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+<alerta codigo='114' orden=''>Educación y enseñanza</alerta>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 20 de julio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario.</p>
+<p class='parrafo'>Las ayudas tienen una dotación de 50.400,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013.</p>
+<p class='parrafo'>Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto.<em> </em>«Instrucción del procedimiento» de la Resolución anteriormente citada y efectuada la correspondiente propuesta de concesión,</p>
+<p class='parrafo'>Esta Dirección General de Política Universitaria ha resuelto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 20 de julio.</p>
+<p class='parrafo_2'>• Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales.</p>
+<p class='parrafo'>• El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario.</p>
+<p class='parrafo_2'>La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 7 de mayo de 2013, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente:</p>
+<p class='centro_redonda'>Distribución de las subvenciones</p>
+<table class='tabla_ancha'>
+<tr>
+<td rowspan='2'>
+<p class='cabeza_tabla'>Sindicatos del sector</p>
+</td>
+<td rowspan='2'>
+<p class='cabeza_tabla'>NIF</p>
+</td>
+<td colspan='3'>
+<p class='cabeza_tabla'>85% Subvención</p>
+</td>
+<td colspan='2'>
+<p class='cabeza_tabla'>15% Subvención</p>
+</td>
+<td rowspan='2'>
+<p class='cabeza_tabla'>Total Cuotas</p>
+<p class='cabeza_tabla'>– </p>
+<p class='cabeza_tabla'>€</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Número de representantes</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>%</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Cuota</p>
+<p class='cabeza_tabla'>– </p>
+<p class='cabeza_tabla'>€</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>%</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Cuota</p>
+<p class='cabeza_tabla'>– </p>
+<p class='cabeza_tabla'>€</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>CC.OO.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G 78427002</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>294</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>40,38</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>17.298,79</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>25,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.890,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>19.188,79</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>CSI-F.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G 79514378</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>221</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>30,36</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>13.006,22</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>25,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.890,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>14.896,22</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>FETE-UGT.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G 79493060</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>195</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>26,79</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>11.476,84</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>25,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.890,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>13.366,84</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>CIG.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>G 36706927</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>18</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>2,47</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.058,15</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>25,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>1.890,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>2.948,15</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td colspan='2'>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>728</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>100,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>42.840,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>100,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>7.560,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>50.400,00</p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2013.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no haber obtenido la representatividad exigida de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.</p>
+<p class='articulo'>Cuarto.</p>
+<p class='parrafo'>En cumplimiento del apartado sexto de la convocatoria, esta resolución de concesión, será notificada a los sindicatos beneficiarios y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
+<p class='articulo'>Quinto.</p>
+<p class='parrafo'>Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.</p>
+<p class='parrafo'>Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Nov 11 08:23:10 +0000 2013,"Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 20 de julio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario.
+Las ayudas tienen una dotación de 50.400,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013.
+Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto. «Instrucción del procedimiento» de la Resolución anteriormente citada y efectuada la correspondiente propuesta de concesión,
+Esta Dirección General de Política Universitaria ha resuelto:
+Primero.
+Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 20 de julio.
+• Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales.
+• El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario.
+La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 7 de mayo de 2013, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente:
+Distribución de las subvenciones
+Sindicatos del sector
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+G 36706927
+18
+2,47
+1.058,15
+25,00
+1.890,00
+2.948,15
 Total
-846.440.673,35
-2. Se autoriza un crédito extraordinario en el presupuesto de la Sección 14 «Ministerio de Defensa», Servicio 03 «Secretaría de Estado de la Defensa», Programa 122A «Modernización de las Fuerzas Armadas», Capitulo 6 «Inversiones Reales», Artículo 65 «Inversiones militares en infraestructura y otros bienes», Concepto 651 «Plan de Municionamiento», por importe de 6.000.000 euros.
-Artículo 2. Concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa.
-Se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 14 «Ministerio de Defensa» Servicio 03 «Secretaría de Estado de la Defensa», Programa 122A «Modernización de las Fuerzas Armadas», Articulo 65 «Inversiones militares en infraestructura y otros bienes», Concepto 656 «Inversiones militares en infraestructura y otros bienes para necesidades derivadas del brote de Ébola», por importe de 4.000.000 euros.
-Artículo 3. Financiación de los créditos extraordinarios y del suplemento de crédito.
-Los créditos extraordinarios que se conceden en el artículo 1 y el suplemento de crédito que se concede en el artículo 2 se financiarán con Deuda Pública.
-Disposición final única. Entrada en vigor.
-El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
-Dado en Madrid, el 14 de mayo de 2015.
-FELIPE R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY","Crédito extraordinario al Ministerio de Defensa de 856.440.673,35 euros para atender al pago de obligaciones contractuales correspondientes a Programas Especiales de Armamento.",Crédito extraordinario 856 millones para Defensa. Un año más. Para gastos COMPROMETIDOS. Pero que NO se presupuestan 
-2469,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+728
+100,00
+42.840,00
+100,00
+7.560,00
+50.400,00
+Segundo.
+El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2013.
+Tercero.
+Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no haber obtenido la representatividad exigida de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
+Cuarto.
+En cumplimiento del apartado sexto de la convocatoria, esta resolución de concesión, será notificada a los sindicatos beneficiarios y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
+Quinto.
+Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
+Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
+Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.",Las subvenciones a sindicatos de la mesa sectorial de universidades pasa de 142.560 euros en 2010 a 63.000 este año ,['114' '131'],SUBVENCIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector.,,[],336,0.71150154,572
+2015-12-09,,BOE-B-2015-36881,Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de edición de siete números de la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el año 2016. Expediente: 1259/2015.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de edición de siete números de la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el año 2016. Expediente: 1259/2015.</titulo>
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+<diario_numero>294</diario_numero>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 14:00 horas del 29 de diciembre de 2015</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>Apertura de ofertas de los criterios evaluables mediante fórmulas el día 20/01/2016, a las 11:00 horas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>35.500,00</importe>
+<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Subdirección General de Administración Financiera.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Agustín de Bethencourt, 4.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>913 63 01 72.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>913 63 01 77.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>serviciocontratacionsgaf@meyss.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 29 de diciembre de 2015.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>1259/2015.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio de edición de siete números de la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el año 2016.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Especificado en los pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>No procede.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79970000 (Servicios de edición).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Los especificados en el anexo IV del pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>34.134,62 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 34.134,62 euros. Importe total: 35.500,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 29 de diciembre de 2015.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Registro General.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Agustín de Bethencourt, 4,  1.ª planta.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Agustín de Bethencourt, 4, sala de juntas, 4.ª planta (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Apertura de ofertas de los criterios evaluables mediante fórmulas el día 20/01/2016, a las 11:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 2 de diciembre de 2015.- El Subdirector General de Administración Financiera.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Dec 09 08:53:41 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Subdirección General de Administración Financiera.
+2) Domicilio: 
+Agustín de Bethencourt, 4.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+4) Teléfono: 
+913 63 01 72.
+5) Telefax: 
+913 63 01 77.
+6) Correo electrónico: 
+serviciocontratacionsgaf@meyss.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 14:00 horas del 29 de diciembre de 2015.
+d) Número de expediente: 
+1259/2015.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicio de edición de siete números de la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el año 2016.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Especificado en los pliegos.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.
+f) Admisión de prórroga: 
+No procede.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+79970000 (Servicios de edición).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Los especificados en el anexo IV del pliego de cláusulas administrativas particulares.
+4. Valor estimado del contrato:
+34.134,62 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 34.134,62 euros. Importe total: 35.500,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 14:00 horas del 29 de diciembre de 2015.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Registro General.
+2) Domicilio: 
+Agustín de Bethencourt, 4,  1.ª planta.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Agustín de Bethencourt, 4, sala de juntas, 4.ª planta (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+d) Fecha y hora: 
+Apertura de ofertas de los criterios evaluables mediante fórmulas el día 20/01/2016, a las 11:00 horas.
+Madrid, 2 de diciembre de 2015.- El Subdirector General de Administración Financiera.","Edición revista del Ministerio de Empleo. 7 números, 380 páginas y 750 ejemplares cada uno. Hasta 35.500€  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Empleo y Seguridad Social,"Licitación del servicio de edición de siete números de la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el año 2016 por importe total de 35.500,00 euros.",,[],1461,0.71229076,400
+2014-03-15,,BOE-B-2014-9289,Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia para la supervisión y control del mantenimiento integral de las instalaciones de los perímetros fronterizos de España con Marruecos en las ciudades de Melilla y de Ceuta.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-B-2014-9289</identificador>
+<titulo>Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia para la supervisión y control del mantenimiento integral de las instalaciones de los perímetros fronterizos de España con Marruecos en las ciudades de Melilla y de Ceuta.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+Ciudad de Melilla</ambito_geografico>
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+<dd>Servicios de asistencia para la supervisión y control del mantenimiento integral de las instalaciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Baja sobre precio de licitación (85). Incremento medios personales (10). Mejora de las titulaciones académicas (5).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>800.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd>Importe total: 426.000,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación, excluido IPSI.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver apartado 7 del cuadro de características.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>14 de abril de 2014, en horario del Registro General.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
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+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Amador de los Ríos, 7, planta baja.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28010.</dd>
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+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
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+<dt>b) Dirección: </dt>
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+<dd>29 de abril de 2014, a las 10:00 h.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Ver apartado 16 del cuadro de características.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>4 de marzo de 2014.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 4 de marzo de 2014.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, D. Felipe del Pozo Blanco.</p>
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+",Sat Mar 15 13:17:24 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Ministerio del Interior.
+2) Domicilio: 
+Amador de los Ríos, 7.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28010.
+4) Teléfono: 
+915371388
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+915371653
+6) Correo electrónico: 
+mesas@interior.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.contrataciondelestado.es.
+d) Número de expediente: 
+P-14-031.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Servicios de asistencia para la supervisión y control del mantenimiento integral de las instalaciones.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Baja sobre precio de licitación (85). Incremento medios personales (10). Mejora de las titulaciones académicas (5).
+4. Valor estimado del contrato:
+800.000,00 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+Importe total: 426.000,00 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación, excluido IPSI.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver apartado 7 del cuadro de características.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+14 de abril de 2014, en horario del Registro General.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General del Ministerio del Interior.
+2) Domicilio: 
+Amador de los Ríos, 7, planta baja.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28010.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura pública de ofertas.
+b) Dirección: 
+Amador de los Ríos, 7, entrplanta.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid.
+d) Fecha y hora: 
+29 de abril de 2014, a las 10:00 h.
+10. Gastos de publicidad: 
+Ver apartado 16 del cuadro de características.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+4 de marzo de 2014.
+Madrid, 4 de marzo de 2014.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, D. Felipe del Pozo Blanco.",Pagará hasta 200.000 euros al año por esa supervisión  [2 de 2] #BOE #trabalenguas,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Licitación: Interior pagará un importe total de 426.000,00 euros en dos años por esa supervisión y control del mantenimiento integral de las instalaciones.",,[],2543,0.7129538,333
+2017-02-28,,BOE-B-2017-12983,"Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>BDNS (Identif.): 333444</p>
+<p class='parrafo'>De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)</p>
+<p class='parrafo'>Primero. Beneficiarios</p>
+<p class='parrafo'>Empresas que tengan como actividad y objeto social, único o entre otros, la edición de libros, y acrediten haber realizado una labor editorial ininterrumpida en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del BOE de este extracto.</p>
+<p class='parrafo'>Las entidades, legalmente constituidas en el momento de solicitar la ayuda, deberán tener residencia fiscal en España.</p>
+<p class='parrafo'>Las entidades solicitantes no podrán encontrarse incursas en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la citada norma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
+<p class='parrafo'>Asimismo, se suspenderá el pago de toda ayuda a cualquier entidad que se haya beneficiado de una ayuda declarada ilegal y/o incompatible por una decisión de la comisión europea, hasta que la empresa haya reembolsado o pagado en una cuenta bloqueada la cantidad total de la ayuda ilegal e incompatible y los intereses correspondientes.</p>
+<p class='parrafo'>Segundo. Objeto</p>
+<p class='parrafo'>Ayudas para la producción de libros en lengua castellana o en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas que, con independencia de la nacionalidad del autor, contribuyan al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español.</p>
+<p class='parrafo'>Tercero. Bases reguladoras</p>
+<p class='parrafo'>Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.</p>
+<p class='parrafo'>Cuarto. Cuantía</p>
+<p class='parrafo'>El importe de la subvención será, como máximo, de 800.000 euros.</p>
+<p class='parrafo'>Quinto. Plazo de presentación de solicitudes</p>
+<p class='parrafo'>Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE de este extracto.</p>
+<p class='parrafo'>Sexto. Otros datos</p>
+<p class='parrafo'>Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones públicos o privados para la misma actividad siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el 100% del coste de producción de la obra.</p>
+<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo anterior, con cargo a esta convocatoria no se podrá financiar más de un 50% del coste total de la edición del proyecto, entendiéndose por tal la suma de los costes que suponga para la entidad la producción, distribución y comercialización del libro. El 50% restante necesariamente deberá financiarse con cargo a los fondos propios de la editorial o mediante otras ayudas públicas o privadas.</p>
+<p class='parrafo'>Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 5 proyectos editoriales o solicitudes telemáticas o la mitad de los libros que editó el año anterior. Cada uno de estos proyectos deberá cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.</p>
+<p class='parrafo'>Para poder acceder a la ayuda, los proyectos editoriales que se presenten en formato físico exclusivamente, o en formato físico y digital simultáneamente, deben tener planificada una tirada mínima de 1.000 ejemplares y una máxima de 2.810. Los libros exclusivamente digitales deberán acreditar el empleo de canales de venta adecuados que aseguren la difusión de la obra.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de febrero de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sainz.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Feb 28 08:50:36 +0000 2017,"BDNS (Identif.): 333444
+De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
+Primero. Beneficiarios
+Empresas que tengan como actividad y objeto social, único o entre otros, la edición de libros, y acrediten haber realizado una labor editorial ininterrumpida en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del BOE de este extracto.
+Las entidades, legalmente constituidas en el momento de solicitar la ayuda, deberán tener residencia fiscal en España.
+Las entidades solicitantes no podrán encontrarse incursas en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la citada norma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
+Asimismo, se suspenderá el pago de toda ayuda a cualquier entidad que se haya beneficiado de una ayuda declarada ilegal y/o incompatible por una decisión de la comisión europea, hasta que la empresa haya reembolsado o pagado en una cuenta bloqueada la cantidad total de la ayuda ilegal e incompatible y los intereses correspondientes.
+Segundo. Objeto
+Ayudas para la producción de libros en lengua castellana o en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas que, con independencia de la nacionalidad del autor, contribuyan al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español.
+Tercero. Bases reguladoras
+Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.
+Cuarto. Cuantía
+El importe de la subvención será, como máximo, de 800.000 euros.
+Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
+Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE de este extracto.
+Sexto. Otros datos
+Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones públicos o privados para la misma actividad siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el 100% del coste de producción de la obra.
+Sin perjuicio de lo anterior, con cargo a esta convocatoria no se podrá financiar más de un 50% del coste total de la edición del proyecto, entendiéndose por tal la suma de los costes que suponga para la entidad la producción, distribución y comercialización del libro. El 50% restante necesariamente deberá financiarse con cargo a los fondos propios de la editorial o mediante otras ayudas públicas o privadas.
+Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 5 proyectos editoriales o solicitudes telemáticas o la mitad de los libros que editó el año anterior. Cada uno de estos proyectos deberá cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.
+Para poder acceder a la ayuda, los proyectos editoriales que se presenten en formato físico exclusivamente, o en formato físico y digital simultáneamente, deben tener planificada una tirada mínima de 1.000 ejemplares y una máxima de 2.810. Los libros exclusivamente digitales deberán acreditar el empleo de canales de venta adecuados que aseguren la difusión de la obra.
+Madrid, 7 de febrero de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sainz.","Prorrogo PGE pero voy haciendo ajustess. Anecdótico, pero curioso. Ayudas a edición de libros pierden 200K  #BOE",[],SUBVENCIONES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Subvenciones con un máximo de 800.000 euros para la ayudas a edición de libros.,,[],1603,0.713277,562
+2015-12-19,,BOE-B-2015-37809,Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. Objeto: Organización de campamentos juveniles verano de 2016. Expediente: 2015/ETSAE0905/00003365.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. Objeto: Organización de campamentos juveniles verano de 2016. Expediente: 2015/ETSAE0905/00003365.</titulo>
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+<dd>entre el 23 de junio de 2016 y el 16 de agosto de 2016.</dd>
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+<dd>Los especificados en los pliegos de bases. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados.</dd>
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+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre administrativa y Apertura sobre oferta económica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2 E 24)] y Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2E24)].</dd>
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+<dd>11 de enero de 2016 a las 12:00 (Apertura y revisión de documentación administrativa en la Mesa de Contratación y solicitud de subsanación de deficiencias)  y 14 de enero de 2016 a las 10:00 (Apertura de Ofertas en la Mesa de Contratación) .</dd>
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+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 16 de diciembre de 2015.- JEFE DE LA JEFATURA DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MAPER.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Dec 19 09:16:23 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim 6-8 (desp. 2E24).
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004, España.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+hasta las 12:00 horas del 7 de enero de 2016.
+d) Número de expediente: 
+2015/ETSAE0905/00003365.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Organización de campamentos juveniles verano de 2016.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Lote 1: Santoña I, Santoña II y Santoña III. Lote 2: Moraira. Lote 3: Ronda I y Ronda II. Lote 4: Camino de Santiago. Lote 5: Logroño I y Logroño II. Lote 6: Picacho I, Picacho II, Picacho III y Picacho IV. Lote 7: Multiaventura. Lote 8: Nautico. Lote 9: Extranjeros:Rogowo (Polonia)Berlin (Alemania)ICC (Francia)Bedrichov (Rep. Checa).
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+entre el 23 de junio de 2016 y el 16 de agosto de 2016.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+92000000 (Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+61.818,18 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 18.363,63 (Lote 1), 5.454,54 (Lote 2), 7.272,72 (Lote 3), 1.818,18 (Lote 4), 6.363,63 (Lote 5), 0,00 (Lote 6), 3.090,90 (Lote 7), 3.090,90 (Lote 8) y 16.363,63 (Lote 9). Importe total: 20.200,00 (Lote 1), 6.000,00 (Lote 2), 8.000,00 (Lote 3), 2.000,00 (Lote 4), 7.000,00 (Lote 5), 0,00 (Lote 6), 3.400,00 (Lote 7), 3.400,00 (Lote 8) y 18.000,00 (Lote 9). 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Los especificados en los pliegos de bases. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+hasta las 12:00 horas del 7 de enero de 2016.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
+2) Domicilio: 
+C/ Prim 6-8 (desp. 2E24).
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28004, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre administrativa y Apertura sobre oferta económica.
+b) Dirección: 
+Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2 E 24)] y Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2E24)].
+c) Localidad y código postal: 
+madrid, 28004, España y Madrid, 28004, España.
+d) Fecha y hora: 
+11 de enero de 2016 a las 12:00 (Apertura y revisión de documentación administrativa en la Mesa de Contratación y solicitud de subsanación de deficiencias)  y 14 de enero de 2016 a las 10:00 (Apertura de Ofertas en la Mesa de Contratación) .
+Madrid, 16 de diciembre de 2015.- JEFE DE LA JEFATURA DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MAPER.","Defensa no solo paga apartamentos de verano para sus miembros, también parte del campamento de verano del niño  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Defensa,"Licitación; Defensa paga a sus miembros parte del campamento de verano del niño por importe de 61.818,18 euros.",,[],1890,0.71399486,528
+2013-11-12,,BOE-B-2013-42556,"Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de suministro e instalación del proyecto: Museografía de la exposición Diseño de Museo, 1,ª planta de la torre de la sede del Museo del Diseño.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
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+<titulo>Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de suministro e instalación del proyecto: Museografía de la exposición Diseño de Museo, 1,ª planta de la torre de la sede del Museo del Diseño.</titulo>
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+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
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+<fecha_presentacion_ofertas>4 de diciembre de 2013, hasta las 13:00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>11 de diciembre de 2013, a las 13:00 horas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>450.386,99</importe>
+<ambito_geografico>Cataluña</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>31000000 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación
+39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
+45000000 Trabajos de construcción
+51000000 Servicios de instalación (excepto software)
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+<observaciones>Obras, suministros y servicios</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Departamento Jurídico y de Contratación.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Bolívia, 105, 4.ª planta.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Barcelona, 08018.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://www.bimsa.es/perfilcontractant.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>124.1215.077.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Mixto.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Contrato de suministro e instalación del proyecto: Museografía de la exposición Diseño de Museo, 1.ª planta de la torre de la sede del Museo del Diseño.</dd>
+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
+<dd>No procede.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>19 semanas.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>39154000, 31520000, 39100000, 45212313, 92000000.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>c) Subasta electrónica: </dt>
+<dd>No procede.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Precio: Hasta 40 puntos. Valoración de muestras presentadas: Hasta 25 puntos. Valoración de los productos/elementos ofertados: Hasta 15 puntos. Plan de trabajo: Hasta 10 puntos. Sistema para garantizar la calidad de la fabricación/suministro e instalación: Hasta 8 puntos. Compromiso de plazo y precios de reposición: Hasta 2 puntos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>397.220,65 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 372.220,65 euros. Importe total: 450.386,99 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd>Provisional (importe): 3.000,00 euros.  Definitiva (%): 5 por 100 del import de adjudicación.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver pliego de cláusulas particulars (http://www.bimsa.es/perfilcontractant).</dd>
+<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
+<dd>Ver pliego de cláusulas particulars (http://www.bimsa.es/perfilcontractant).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>4 de diciembre de 2013, hasta las 13:00 horas.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Barcelona d'Infraestructuras Municipals, Sociedad Anónima.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Bolivia, 105, 4.ª planta.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Barcelona, 08018.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>4 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura ofertas evaluable mediante criteris sujetos a un juicio de valor.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Calle Bolivia, 105, planta baja.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Barcelona.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>11 de diciembre de 2013, a las 13:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>No superiores a 5.000,00 euros. Incluye anuncio de licitación y anuncio de formalización. A cargo del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>6 de noviembre de 2013.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>Conforme el art. 44 TRLCSP, se podrá presentar recursoespecial de contratación contra el presente anuncio en el plazo de 15 días hábiles.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Barcelona, 6 de noviembre de 2013.- Director General.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Nov 12 09:14:50 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Departamento Jurídico y de Contratación.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
+2) Domicilio: 
+Calle Bolívia, 105, 4.ª planta.
+3) Localidad y código postal: 
+Barcelona, 08018.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://www.bimsa.es/perfilcontractant.
+d) Número de expediente: 
+124.1215.077.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Mixto.
+b) Descripción: 
+Contrato de suministro e instalación del proyecto: Museografía de la exposición Diseño de Museo, 1.ª planta de la torre de la sede del Museo del Diseño.
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+No procede.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+19 semanas.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+39154000, 31520000, 39100000, 45212313, 92000000.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+c) Subasta electrónica: 
+No procede.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Precio: Hasta 40 puntos. Valoración de muestras presentadas: Hasta 25 puntos. Valoración de los productos/elementos ofertados: Hasta 15 puntos. Plan de trabajo: Hasta 10 puntos. Sistema para garantizar la calidad de la fabricación/suministro e instalación: Hasta 8 puntos. Compromiso de plazo y precios de reposición: Hasta 2 puntos.
+4. Valor estimado del contrato:
+397.220,65 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 372.220,65 euros. Importe total: 450.386,99 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): 3.000,00 euros.  Definitiva (%): 5 por 100 del import de adjudicación.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Ver pliego de cláusulas particulars (http://www.bimsa.es/perfilcontractant).
+c) Otros requisitos específicos: 
+Ver pliego de cláusulas particulars (http://www.bimsa.es/perfilcontractant).
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+4 de diciembre de 2013, hasta las 13:00 horas.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Barcelona d'Infraestructuras Municipals, Sociedad Anónima.
+2) Domicilio: 
+Calle Bolivia, 105, 4.ª planta.
+3) Localidad y código postal: 
+Barcelona, 08018.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+4 meses.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura ofertas evaluable mediante criteris sujetos a un juicio de valor.
+b) Direcci��n: 
+Calle Bolivia, 105, planta baja.
+c) Localidad y código postal: 
+Barcelona.
+d) Fecha y hora: 
+11 de diciembre de 2013, a las 13:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+No superiores a 5.000,00 euros. Incluye anuncio de licitación y anuncio de formalización. A cargo del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+6 de noviembre de 2013.
+12. Otras informaciones: 
+Conforme el art. 44 TRLCSP, se podrá presentar recursoespecial de contratación contra el presente anuncio en el plazo de 15 días hábiles.
+Barcelona, 6 de noviembre de 2013.- Director General.","El DHUB de BCN sigue sin abrir puertas, pero el ayto lo prepara: 450.000 E para museografía de la expo de 1ª planta ",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Otros Poderes Adjudicadores,"Licitación para el suministro e instalación del proyecto: Museografía de la exposición Diseño de Museo, 1.ª planta de la torre de la sede del Museo del Diseño por un total de 450.386,99 euros. ",,[],1542,0.7141403,448
+2013-04-26,,BOE-B-2013-15861,"Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el que se convoca procedimiento abierto para la prestación de los servicios postales generados en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en sus oficinas implantadas en todo el territorio nacional.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dt>5) Telefax: </dt>
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+<dd>Ordinaria.</dd>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General (de lunes a viernes de nueve a dicisiete horas y treinta minutos y los sábados de nueve a catorce horas).</dd>
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+<dd>Agencia Tributaria. Calle Lérida, 32-34. Salón de Actos.</dd>
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+<dd>12 de junio de 2013 a las 12 horas.</dd>
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+<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
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+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 22 de abril de 2013.- El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Fri Apr 26 07:06:35 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Agencia Estatal de Administración Tributaria.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Servicio de Gestión Económica.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
+2) Domicilio: 
+Calle Lérida, 32-34.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28020.
+4) Teléfono: 
+Información Administrativa 915831354 y Técnica 915831355.
+5) Telefax: 
+915831352.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+5 de junio de 2013.
+d) Número de expediente: 
+13700019900 AV 14/2013.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicio.
+b) Descripción: 
+Prestación de los servicios postales generados en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en sus oficinas implantadas en todo el territorio nacional.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+Un año.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 5.245.817,55 euros. Importe total: 5.532.992,11 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Grupo R, Subgrupo 9, Categoría D.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+5 de junio de 2013.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Registro General (de lunes a viernes de nueve a dicisiete horas y treinta minutos y los sábados de nueve a catorce horas).
+2) Domicilio: 
+Calle Lérida, 32-34.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28020.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos.
+b) Dirección: 
+Agencia Tributaria. Calle Lérida, 32-34. Salón de Actos.
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid 28020.
+d) Fecha y hora: 
+12 de junio de 2013 a las 12 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+Por cuenta del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+22 de abril de 2013.
+Madrid, 22 de abril de 2013.- El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.",Cinco millones y medio por los servicios postales de la Agencia Tributaria  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,"Contrato de prestación de los servicios postales generados en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por un importe total de 5.532.992,11 euros. ",,[],2527,0.71438736,337
+2015-05-26,,BOE-B-2015-16820,"Anuncio de aeroports públics de Catalunya, SLU de licitación del servicio de mantenimiento del aeropuerto de Lleida-Alguaire","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+a) Organismo: 
+Aeroports Públics de Catalunya, SLU.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Aeroports de Catalunya.
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+Av del Litoral, 36-40.
+3) Localidad y código postal: 
+08005 Barcelona.
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+933 27 83 68.
+5) Telefax: 
+932 21 98 06.
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+a) 
+ Importe neto: 383.580 euros. Importe total: 464.131,80 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+Provisional (importe): 11.507,40 euros.  Definitiva (%): 5.
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+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+Grupo P, subgrupos 1 y 3.
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+La especificada en los pliegos administrativos de referencia.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
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+c) Localidad y código postal: 
+Barcelona.
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+30/07/2015, a las 10 horas.
+Barcelona, 20 de mayo de 2015.- El Director Aeroports Públics de Catalunya, SLU., Jordi Candela Garriga.",Mantenimiento aeropuerto de Lleida  Incluye abrir y cerrar puertas. 460.000€ para 2 años. Ahora mismo: 4 vuelos/semana,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Otros Poderes Adjudicadores,"Licitación del servicio de mantenimiento aeropuerto de Lleida por un total de 464.131,80 euros. ",,[],1494,0.7145739,302
+2013-04-04,,BOE-B-2013-12750,"Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la licitación del Servicio de operación, supervisión y administración de Salud Responde.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<ambito_geografico>Andalucía</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Área de Ingeniería y Logística.</dd>
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+<dd>951042201.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>scentral@epes.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>15 días naturales, contados desde la fecha de publicación del presente anuncio.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>13002010.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicio.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio de operación, supervisión y administración de Salud Responde.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses. Dará comienzo a las 00:00 horas del día 1 de julio de 2013 y finalizará a las 24:00 horas del día 30 de junio de 2015.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>Sí.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79510000.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Precio: 60 puntos; plan de formación: 20 puntos; y plan de gestión del servicio: 20 puntos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>12.315.060,00 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 8.210.040,00 euros. Importe total: 9.934.148,40 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Solvencia económica y financiera: Cuentas anuales de los años 2010 y 2011, con justificante de depósito en Registro Mercantil, e Informe de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011. Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan: Que haya facturado en cada uno de los años 2010 y 2011, más de 10.000.000 euros.
+Solvencia técnica y profesional: Relación de servicios prestados al Sector Público Sanitario en 2010, 2011 y 2012, relacionados con el objeto del contrato (Call Center) que incluya el destinatario, la descripción del servicio y la facturación anual IVA excluido. Los servicios incluidos en la relación indicada se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente destinatario de los servicios. Se aportarán los certificados originales o, en su defecto, copia autenticada. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional si cumple con los criterios que se señalan: El importe total, IVA excluido, de los servicios prestados al Sector Público Sanitario relacionados con el objeto del contrato (Call Center), deberá ser para el conjunto de los años 2010, 2011 y 2012, de 3.000.000 euros.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>15 días naturales, a partir de la publicación de este anuncio, antes de las 15:00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al siguiente día hábil en la localidad de Málaga.).</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Severo Ochoa, 28.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Málaga, 29590.</dd>
+<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
+<dd>scentral@epes.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Acto público de apertura del sobre número 2.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Calle Severo Ochoa, 28.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Málaga, 29590.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Las 11:00 horas del día 2 de mayo de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>Acto público de apertura del sobre número 3. Fecha y hora: las 11:00 horas del día 10 de mayo de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Málaga, 2 de abril de 2013.- El Director Gerente, Luis Olavarría Govantes.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Thu Apr 04 10:51:45 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Área de Ingeniería y Logística.
+2) Domicilio: 
+Calle Severo Ochoa, 28.
+3) Localidad y código postal: 
+Málaga, 29590.
+4) Teléfono: 
+951042200.
+5) Telefax: 
+951042201.
+6) Correo electrónico: 
+scentral@epes.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+15 días naturales, contados desde la fecha de publicación del presente anuncio.
+d) Número de expediente: 
+13002010.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicio.
+b) Descripción: 
+Servicio de operación, supervisión y administración de Salud Responde.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses. Dará comienzo a las 00:00 horas del día 1 de julio de 2013 y finalizará a las 24:00 horas del día 30 de junio de 2015.
+f) Admisión de prórroga: 
+Sí.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+79510000.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Precio: 60 puntos; plan de formación: 20 puntos; y plan de gestión del servicio: 20 puntos.
+4. Valor estimado del contrato:
+12.315.060,00 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 8.210.040,00 euros. Importe total: 9.934.148,40 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Solvencia económica y financiera: Cuentas anuales de los años 2010 y 2011, con justificante de depósito en Registro Mercantil, e Informe de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011. Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan: Que haya facturado en cada uno de los años 2010 y 2011, más de 10.000.000 euros.
+Solvencia técnica y profesional: Relación de servicios prestados al Sector Público Sanitario en 2010, 2011 y 2012, relacionados con el objeto del contrato (Call Center) que incluya el destinatario, la descripción del servicio y la facturación anual IVA excluido. Los servicios incluidos en la relación indicada se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente destinatario de los servicios. Se aportarán los certificados originales o, en su defecto, copia autenticada. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional si cumple con los criterios que se señalan: El importe total, IVA excluido, de los servicios prestados al Sector Público Sanitario relacionados con el objeto del contrato (Call Center), deberá ser para el conjunto de los años 2010, 2011 y 2012, de 3.000.000 euros.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+15 días naturales, a partir de la publicación de este anuncio, antes de las 15:00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al siguiente día hábil en la localidad de Málaga.).
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
+2) Domicilio: 
+Calle Severo Ochoa, 28.
+3) Localidad y código postal: 
+Málaga, 29590.
+4) Dirección electrónica: 
+scentral@epes.es.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Acto público de apertura del sobre número 2.
+b) Dirección: 
+Calle Severo Ochoa, 28.
+c) Localidad y código postal: 
+Málaga, 29590.
+d) Fecha y hora: 
+Las 11:00 horas del día 2 de mayo de 2013.
+12. Otras informaciones: 
+Acto público de apertura del sobre número 3. Fecha y hora: las 11:00 horas del día 10 de mayo de 2013.
+Málaga, 2 de abril de 2013.- El Director Gerente, Luis Olavarría Govantes.",Andalucía licita por casi diez millones el servicio Salud Responde para dos años  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Comunidad Autónoma de Andalucía,"Andalucía licita, por importe total de 9.934.148,40 euros, el servicio Salud Responde para dos años  ",,[],32,0.71635425,598
+2013-03-21,,BOE-B-2013-10935,Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. Expediente: 0100DGT21898.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. Expediente: 0100DGT21898.</titulo>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
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+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico.</dd>
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+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
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+<dt>1) Dependencia: </dt>
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+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>0100DGT21898.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Gestión de Servicios Públicos.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>80400000 (Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>0,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Los exigidos en los pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Josefa Valcárcel, 28.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
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+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
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+<p class='parrafo'>Madrid, 19 de marzo de 2013.- Directora General de Tráfico.</p>
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+</documento>
+",Thu Mar 21 08:42:26 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Ministerio del Interior.
+Dirección General de Tráfico.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Dirección General de Política Interior.
+Dirección General de Tráfico.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-En la web: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma (en el apartado licitaciones/número de expediente introducir EPE/14/2014).
+Dirección General de Tráfico.
 2) Domicilio: 
-Amador de los Ríos, 7.
+Josefa Valcárcel, 28.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid 28010.
+Madrid, 28071, España.
 4) Teléfono: 
-91 537 11 57.
-5) Telefax: 
-91 537 14 63.
-6) Correo electrónico: 
-contratacion_elecciones@interior.es.
+913018352.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
+http://contrataciondel estado.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-Hasta las 23:59 horas del 20 de diciembre de 2013.
+Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013.
 d) Número de expediente: 
-EPE/14/2014.
+0100DGT21898.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Gestión de Servicios Públicos.
+b) Descripción: 
+Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial.
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+80400000 (Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+0,00 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
+Los exigidos en los pliegos.
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Tráfico.
+2) Domicilio: 
+Josefa Valcárcel, 28.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta técnica.
+b) Dirección: 
+Josefa Valcárcel, 28 (Dirección General de Tráfico).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28071, España.
+d) Fecha y hora: 
+24 de abril de 2013, a las 10:00.
+10. Gastos de publicidad: 
+2.000 euros.
+Madrid, 19 de marzo de 2013.- Directora General de Tráfico.",Las empresas que impartan los cursos para ser profesor de autoescuela darán 270 horas de clase por 2000 euros  #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,Licitacion de servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial.,,[],3824,0.7167178,308
+2013-12-31,,BOE-A-2013-13826,"Orden IET/2463/2013, de 19 de diciembre, por la que se publican las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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+<identificador>BOE-A-2013-13826</identificador>
+<titulo>Orden IET/2463/2013, de 19 de diciembre, por la que se publican las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>313</diario_numero>
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+<departamento codigo='9219'>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</departamento>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Por Orden IET/2059/2013, de 6 de noviembre, se convocaron las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.</p>
+<p class='parrafo'>Una vez resuelta esta convocatoria y notificadas a los interesados las ayudas concedidas, esta Subsecretaría, con arreglo a la delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, conferida por Orden IET/556/2012, de 15 de marzo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, resuelve dar publicidad a la relación que se inserta a continuación, en la que figuran las actuaciones que han sido aprobadas, así como el importe de la ayuda concedida en cada caso, distribuidas por aplicaciones presupuestarias y beneficiarios.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de diciembre de 2013.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P. D (Orden IET/556/2012, de 15 de marzo), el Subsecretario de Industria Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento.</p>
+<table class='tabla'>
+<tr>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Entidad</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Importe subvención</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cabeza_tabla'>Aplicación presupuestaria</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>54.527,75</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.451</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consorcio del Agua de Lanzarote.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>604.212,78</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>372.325,29</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>355.222,09</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>235.227,06</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayuntamiento Adeje.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>122.414,83</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo Insular Aguas de Gran Canarias (Arucas-Moya).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>81.727,93</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Suministros de Agua La Oliva, S.A.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>43.928,06</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cabildo Insular de El Hierro.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>34.449,40</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>50.436,95</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consejo Insular Aguas de Gran Canaria (La Aldea de San Nicolás).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>16.044,67</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.461</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Mixta Aguas Las Palmas, S.A. (EMALSA).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>943.739,66</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canaragua, S.A. (San Bartolomé de Tirajana).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>448.976,11</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>232.336,22</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>208.405,01</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>74.181,72</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canaragua, S.A. (Morro Jable-Pájara).</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>62.622,91</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Puerto Rico, S.A.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>41.843,39</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anjoca Aguas Canarias, S.L.</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>17.378,17</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.01.421M.471</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_der'>4.000.000,00</p>
+</td>
+<td>
+<p class='cuerpo_tabla_centro'>   </p>
+</td>
+</tr>
+</table>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Dec 31 06:52:02 +0000 2013,"Por Orden IET/2059/2013, de 6 de noviembre, se convocaron las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.
+Una vez resuelta esta convocatoria y notificadas a los interesados las ayudas concedidas, esta Subsecretaría, con arreglo a la delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, conferida por Orden IET/556/2012, de 15 de marzo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, resuelve dar publicidad a la relación que se inserta a continuación, en la que figuran las actuaciones que han sido aprobadas, así como el importe de la ayuda concedida en cada caso, distribuidas por aplicaciones presupuestarias y beneficiarios.
+Madrid, 19 de diciembre de 2013.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P. D (Orden IET/556/2012, de 15 de marzo), el Subsecretario de Industria Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento.
+Entidad
+Importe subvención
+Aplicación presupuestaria
+Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
+54.527,75
+20.01.421M.451
+Consorcio del Agua de Lanzarote.
+604.212,78
+20.01.421M.461
+Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.
+372.325,29
+20.01.421M.461
+Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).
+355.222,09
+20.01.421M.461
+Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF).
+235.227,06
+20.01.421M.461
+Ayuntamiento Adeje.
+122.414,83
+20.01.421M.461
+Consejo Insular Aguas de Gran Canarias (Arucas-Moya).
+81.727,93
+20.01.421M.461
+Suministros de Agua La Oliva, S.A.
+43.928,06
+20.01.421M.461
+Cabildo Insular de El Hierro.
+34.449,40
+20.01.421M.461
+Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.
+50.436,95
+20.01.421M.461
+Consejo Insular Aguas de Gran Canaria (La Aldea de San Nicolás).
+16.044,67
+20.01.421M.461
+Empresa Mixta Aguas Las Palmas, S.A. (EMALSA).
+943.739,66
+20.01.421M.471
+Canaragua, S.A. (San Bartolomé de Tirajana).
+448.976,11
+20.01.421M.471
+Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA).
+232.336,22
+20.01.421M.471
+Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A.
+208.405,01
+20.01.421M.471
+Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
+74.181,72
+20.01.421M.471
+Canaragua, S.A. (Morro Jable-Pájara).
+62.622,91
+20.01.421M.471
+Puerto Rico, S.A.
+41.843,39
+20.01.421M.471
+Anjoca Aguas Canarias, S.L.
+17.378,17
+20.01.421M.471
+Totales
+4.000.000,00",Soria ya ha repartido los cuatro millones en ayudas para desaladoras canarias  #BOE,['119'],SUBVENCIONES,"Ministerio de Industria, Energía y Turismo",Concedida las ayudas para las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.,,[],1799,0.71704805,310
+2014-03-01,,BOE-B-2014-7280,SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
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+<analisis></analisis>
+<texto>
+<p class='parrafo'>Edicto</p>
+<p class='parrafo'>Actuaciones Previas 157/13, Ramo: Sociedades Estatales (Correos). Lugar: Madrid.</p>
+<p class='parrafo'>Doña María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia,</p>
+<p class='parrafo'>Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Ilma. Señora Delegada Instructora la siguiente</p>
+<p class='parrafo'>'Providencia.- Delegada Instructora señora Castellanos Garijo.- En Madrid a diecinueve de febrero de dos mil catorce.- En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance por importe de mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos(1.474,59 euros), de los que corresponden 1.392 € a principal y 82,59 € a intereses, de acuerdo con el Acta de Liquidación Provisional practicada el día 21 de enero de 2014, siendo presunta responsable del mismo doña Elisabeth García Busnadiego, con D.N.I. número 48.998.204Q, una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 14 de febrero de 2014, y de acuerdo con la información obtenida del Registro de la Propiedad de Getafe número 1 de Madrid, mediante Nota Simple con identificador de la solicitud X60IF21, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el embargo del inmueble que se indica a continuación: Finca n.º 57478, de naturaleza Urbana, plaza de Garaje número 79, señalada con el número ciento sesenta y cuatro, en plaza de sótano tercero, del edificio sito en Getafe (Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe 1, Tomo 1618, Libro 851, Folio 101, Alta 3, de la que es propietaria de pleno dominio al 100% doña Elisabeth García Busnadiego.-Notifíquese a doña Elisabeth García Busnadiego, al Abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal, y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad de Getafe 1.- Dado que doña Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q, se encuentra en paradero desconocido, notifíquesele mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.- Lo manda y firma la Delegada Instructora, de lo que doy fe.- La Secretaria de las Actuaciones: María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.-Firmado y rubricado'.</p>
+<p class='parrafo'>Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este Edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988 de Funcionamiento de este Tribunal.</p>
+<p class='parrafo'>Lo que se hace público para que sirva de notificación a doña Elisabeth García Busnadiego.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de febrero de 2014.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Sat Mar 01 08:39:41 +0000 2014,"Edicto
+Actuaciones Previas 157/13, Ramo: Sociedades Estatales (Correos). Lugar: Madrid.
+Doña María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia,
+Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Ilma. Señora Delegada Instructora la siguiente
+'Providencia.- Delegada Instructora señora Castellanos Garijo.- En Madrid a diecinueve de febrero de dos mil catorce.- En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance por importe de mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos(1.474,59 euros), de los que corresponden 1.392 € a principal y 82,59 € a intereses, de acuerdo con el Acta de Liquidación Provisional practicada el día 21 de enero de 2014, siendo presunta responsable del mismo doña Elisabeth García Busnadiego, con D.N.I. número 48.998.204Q, una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 14 de febrero de 2014, y de acuerdo con la información obtenida del Registro de la Propiedad de Getafe número 1 de Madrid, mediante Nota Simple con identificador de la solicitud X60IF21, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el embargo del inmueble que se indica a continuación: Finca n.º 57478, de naturaleza Urbana, plaza de Garaje número 79, señalada con el número ciento sesenta y cuatro, en plaza de sótano tercero, del edificio sito en Getafe (Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe 1, Tomo 1618, Libro 851, Folio 101, Alta 3, de la que es propietaria de pleno dominio al 100% doña Elisabeth García Busnadiego.-Notifíquese a doña Elisabeth García Busnadiego, al Abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal, y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad de Getafe 1.- Dado que doña Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q, se encuentra en paradero desconocido, notifíquesele mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.- Lo manda y firma la Delegada Instructora, de lo que doy fe.- La Secretaria de las Actuaciones: María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.-Firmado y rubricado'.
+Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este Edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988 de Funcionamiento de este Tribunal.
+Lo que se hace público para que sirva de notificación a doña Elisabeth García Busnadiego.
+Madrid, 19 de febrero de 2014.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.",¿Recordáis a la secretaria del PSOE de Madrid centro investigada por Tribunal de Cuentas? Le han embargado el garaje ,[],TRIBUNAL_DE_CUENTAS,TRIBUNAL DE CUENTAS,Embargo de un garaje por el Tribunal de Cuentas.,,[],577,0.7175189,450
+2013-07-08,,BOE-B-2013-26224,"Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la contratación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE de Avenida de Manoteras, 54, de Madrid. Expediente 2013/01000326.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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+<titulo>Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la contratación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE de Avenida de Manoteras, 54, de Madrid. Expediente 2013/01000326.</titulo>
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+<departamento codigo='7710'>Ministerio de la Presidencia</departamento>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>25 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>233.200,00</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28050.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>2013/01000326.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28050.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>55330000-2 Servicios de cafetería.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>424.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 212.000,00 euros. Importe total: 233.200,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5%.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo M, subgrupo 6, Categoría A.</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28050.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>2 meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre C.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Avenida de Manoteras, 54 (Salón de Actos de la AEBOE).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>25 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>722,63 euros.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 3 de julio de 2013.- El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Jul 08 07:50:56 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
+2) Domicilio: 
+Avenida de Manoteras, 54.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid, 28050.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.
+d) Número de expediente: 
+2013/01000326.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
 Servicios.
 b) Descripción: 
-Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014.
+Servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE.
 d) Lugar de ejecución/entrega: 
 1) Domicilio: 
-El señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
-e) Plazo de ejecución/entrega: 
-El señalado en los Pliegos.
+Avenida de Manoteras, 54.
+2) Localidad y código postal: 
+Madrid 28050.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-72300000 (Servicios relacionados con datos).
+55330000-2 Servicios de cafetería.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
 Abierto.
-d) Criterios de adjudicación: 
-Los que se especifican en el apartado 12 del cuadro de características.
 4. Valor estimado del contrato:
-15.750.000,00 euros.
+424.000,00 euros.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 15.000.000,00 euros. Importe total: 18.150.000,00 euros. 
+ Importe neto: 212.000,00 euros. Importe total: 233.200,00 euros. 
 6. Garantías exigidas. 
-Provisional (importe): 450.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.
+ Definitiva (%): 5%.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
-V2d (Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador. A partir de 600.000 euros) y V5d (Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas. A partir de 600.000 euros).
+Grupo M, subgrupo 6, Categoría A.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Tanto la solvencia técnica como económica se acredita con la clasificación: Grupo V, Subgrupos 2 y 5, Categoría: D.
-c) Otros requisitos específicos: 
-Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
+Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-Hasta las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2013.
+Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.
 b) Modalidad de presentación: 
 Manual.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Dirección General de Política Interior.
+Registro General de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 2) Domicilio: 
-Amador de los Ríos, 7, en el Registro General.
+Avenida de Manoteras, 54.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid, 28010, España.
+Madrid 28050.
 e) Admisión de variantes: 
 No.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-Tres meses.
+2 meses.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Actos públicos de apertura de los sobres número 2 (oferta técnica) y número 3 (oferta económica).
+Apertura sobre C.
 b) Dirección: 
-Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. Calle Amador de los Ríos, 7.
+Avenida de Manoteras, 54 (Salón de Actos de la AEBOE).
 c) Localidad y código postal: 
-Madrid 28010.
+Madrid.
 d) Fecha y hora: 
-El sobre número 2 que contiene la oferta técnica se abrirá en acto público el día 16 de enero de 2014, a las 10:00 horas, y el sobre número 3 que contiene la oferta económica se abrirá en acto público el día 22 de enero de 2014, a las 10:00 horas.
-11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-22 de noviembre de 2013.
-Madrid, 29 de noviembre de 2013.- Directora general de Política Interior.","Contrato del Ministerio del Interior cuyo servicio son llevar a cabo las actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014 por un importe total de 18.150.000,00 euros. ",Preparando elecciones europeas: Concurso abierto para escrutinio provisional y difusión (18 millones) &gt;  (2 de 2)
-1564,"Por Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo), se hizo pública la convocatoria de ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos.
-El importe máximo de las ayudas a distribuir conforme la citada convocatoria es de 175.450,00 euros, de los cuales 163.870,30 están destinados a financiar actividades y gastos de infraestructura a confederaciones de padres y madres de alumnos de ámbito estatal y 11.579,70 a financiar actividades y gastos de infraestructura de confederaciones y/o federaciones de padres y madres de alumnos de ámbito provincial ubicadas en territorio gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y federaciones que agrupen asociaciones de padres y madres de alumnos constituidas en centros de más de una Comunidad Autónoma, y reúnan los requisitos de inscripción requeridos en la convocatoria.
-Cumplidos los trámites y plazos establecidos en la citada convocatoria, realizado el estudio y valoración por parte de la comisión de selección y valoración establecida al efecto en el apartado noveno.1 de la resolución de convocatoria, de conformidad con la propuesta elaborada por la citada comisión y concluido el trámite de audiencia, esta Secretaría de Estado ha resuelto:
+25 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+722,63 euros.
+Madrid, 3 de julio de 2013.- El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.",Licitación cafetería en el edificio del #BOE: 166.600 euros/año  Alcohol: los trabajadores solo pueden tomar cerveza,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de la Presidencia,"Licitación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE por importe total de  233.200,00 euros. ",,[],779,0.71792984,348
+2015-03-16,,BOE-A-2015-2766,"Orden AEC/433/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designaci��n.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<p class='parrafo'>Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, y que figuran en la relación de puestos de trabajo del Departamento, aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:</p>
+<p class='articulo'>Primera.</p>
+<p class='parrafo'>Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.</p>
+<p class='articulo'>Segunda.</p>
+<p class='parrafo'>Las solicitudes se presentarán en el modelo de solicitud que figura como anexo II y se dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la Presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, plaza de la Provincia, número 1, Madrid.</p>
+<p class='articulo'>Tercera.</p>
+<p class='parrafo'>Junto con las solicitudes, que se formalizarán una por cada puesto individualmente, los aspirantes acompañarán su currículum vitae, en el que conste los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que viniera desempeñando. Los conocimientos de idiomas deberán justificarse aportando copia de los títulos y/o certificados que acrediten el nivel alcanzado.</p>
+<p class='parrafo_2'>Contra esta orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 3 de marzo de 2015.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D, (Orden AEX/1001/2003 de 23 de marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristóbal González-Aller Jurado.</p>
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+Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, y que figuran en la relación de puestos de trabajo del Departamento, aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:
+Primera.
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+Segunda.
+Las solicitudes se presentarán en el modelo de solicitud que figura como anexo II y se dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la Presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, plaza de la Provincia, número 1, Madrid.
+Tercera.
+Junto con las solicitudes, que se formalizarán una por cada puesto individualmente, los aspirantes acompañarán su currículum vitae, en el que conste los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que viniera desempeñando. Los conocimientos de idiomas deberán justificarse aportando copia de los títulos y/o certificados que acrediten el nivel alcanzado.
+Contra esta orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
+Madrid, 3 de marzo de 2015.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D, (Orden AEX/1001/2003 de 23 de marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristóbal González-Aller Jurado.","Exteriores abre 24 plazas a libre designación: asesores, subdirectores… Cambio de caras  #BOE",[],CONVOCATORIAS,Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca plazas de libre designación.,"CORRECCIÓN de errores
+en BOE núm. 70 de 23 de marzo de 2015",[],790,0.71793956,360
+2015-06-01,,BOE-A-2015-6029,"Orden ECD/1002/2015, de 26 de mayo, por la que se designan vocales del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>El artículo 6 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España dispone que el Pleno del Real Patronato está integrado por un mínimo de diecisiete vocales y un máximo de treinta, once de los cuales tendrán el carácter de natos conforme al Estatuto de la Biblioteca Nacional de España. El resto de los vocales tendrán el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en el ámbito de la cultura, la investigación científica y la economía o que se hayan distinguido por su colaboración o apoyo a la Biblioteca Nacional de España.</p>
+<p class='parrafo'>Los vocales designados desempeñarán durante tres años su mandato, que podrá ser renovado por periodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o por renuncia, revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad. Por su parte, la disposición transitoria única de la Ley dispone que a la entrada en vigor de la misma se procederá a la renovación de vocales designados del Real Patronato.</p>
+<p class='parrafo'>Teniendo en cuenta lo anterior y dada la existencia de vacantes hasta el límite máximo de vocales por designación del Real Patronato, he resuelto:</p>
+<p class='articulo'>Primero.</p>
+<p class='parrafo'>Renovar el nombramiento, por un período de tres años, de los siguientes vocales:</p>
+<p class='parrafo_2'>Don Mario Vargas Llosa.</p>
+<p class='parrafo'>Don César Alierta Izuel.</p>
+<p class='articulo'>Segundo.</p>
+<p class='parrafo'>Designar a los siguientes vocales del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España:</p>
+<p class='parrafo_2'>Doña Carme Riera i Guilera.</p>
+<p class='parrafo'>Don Emilio Lledó Íñigo.</p>
+<p class='parrafo'>Don Pedro López Jiménez.</p>
+<p class='parrafo'>Don Jorge Herralde Grau.</p>
+<p class='parrafo'>Don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.</p>
+<p class='parrafo'>Doña Aurora Egido Martínez.</p>
+<p class='parrafo'>Don Luis Alberto de Cuenca y Prado.</p>
+<p class='parrafo'>Don Eduardo Serra Rexach.</p>
+<p class='articulo'>Tercero.</p>
+<p class='parrafo'>Conforme con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España y en el párrafo segundo del artículo 6.2.e) del Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, aprobado por Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años, que podrá ser renovado por períodos de igual duración.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Jun 01 10:21:12 +0000 2015,"El artículo 6 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España dispone que el Pleno del Real Patronato está integrado por un mínimo de diecisiete vocales y un máximo de treinta, once de los cuales tendrán el carácter de natos conforme al Estatuto de la Biblioteca Nacional de España. El resto de los vocales tendrán el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en el ámbito de la cultura, la investigación científica y la economía o que se hayan distinguido por su colaboración o apoyo a la Biblioteca Nacional de España.
+Los vocales designados desempeñarán durante tres años su mandato, que podrá ser renovado por periodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o por renuncia, revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad. Por su parte, la disposición transitoria única de la Ley dispone que a la entrada en vigor de la misma se procederá a la renovación de vocales designados del Real Patronato.
+Teniendo en cuenta lo anterior y dada la existencia de vacantes hasta el límite máximo de vocales por designación del Real Patronato, he resuelto:
 Primero.
-Conceder con cargo a la consignación presupuestaria 18.04.322L.486 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, a las confederaciones y federaciones que se detallan en el anexo de esta resolución, las cantidades que, asimismo, se indican. Dichas cantidades son el resultado de la aplicación de los criterios establecidos en el apartado octavo de la resolución de convocatoria.
+Renovar el nombramiento, por un período de tres años, de los siguientes vocales:
+Don Mario Vargas Llosa.
+Don César Alierta Izuel.
 Segundo.
-Las cantidades concedidas se harán efectivas, en su totalidad, después de su concesión conforme se indica en el apartado undécimo.1 de la resolución de convocatoria.
+Designar a los siguientes vocales del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España:
+Doña Carme Riera i Guilera.
+Don Emilio Lledó Íñigo.
+Don Pedro López Jiménez.
+Don Jorge Herralde Grau.
+Don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.
+Doña Aurora Egido Martínez.
+Don Luis Alberto de Cuenca y Prado.
+Don Eduardo Serra Rexach.
 Tercero.
-Las cantidades serán libradas a favor de cada entidad beneficiaria, debiendo justificarse el empleo de la cantidad total percibida, antes del día 31 de marzo del año 2014 y de la forma establecida en el apartado decimotercero de la convocatoria de 6 de mayo de 2013. Los recibos o facturas originales de los gastos realizados deberán estar referidos a los conceptos del presupuesto de gastos de infraestructura o de los presupuestos de actividades que han sido subvencionados y que fueron presentados por las entidades perceptoras en el periodo de solicitud. Los gastos así realizados, tanto de infraestructura como de actividades, deberán estar referidos y haberse generado durante el año 2013. Asimismo, deberá aportarse una declaración del responsable de la entidad en la que se haga constar que ha sido cumplida la finalidad para la cual fue concedida la subvención.
-Cuarto.
-La no justificación del empleo de la cantidad concedida dentro de plazo conllevará el reintegro de las cantidades no justificadas y de los correspondientes intereses de demora, de acuerdo con el régimen sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada ley.
-Quinto.
-Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme establece el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en la redacción dada en el artículo único.4 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
-Madrid, 21 de octubre de 2013.–La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González Hermoso de Mendoza.
-ANEXO
-Entidad
-Infraestructura
-Actividades
-Euros
-Confederación Española de Asocia-ciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).
-NIF: G28848505.
-40.967,58
-40.967,57
-81.935,15
-Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
-NIF: G28564938.
-40.967,58
-40.967,57
-81.935,15
-Total
-81.935,16 €
-81.935,14 €
-163.870,30 €
-Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Ceuta (FAMPA).
-NIF: G11905320.
-990,02
-2.779,14
-3.769,16
-Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros de Enseñanza (FAPACE).
-NIF: G81354870.
-1.272,87
-1.215,87
-2.488,74
-Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Colegios Agustinianos (FAGAPA).
-NIF: G78817624.
-954,65
-1.389,55
-2.344,20
-Federación Pedro Poveda de AMPAS de Centros Educativos de la Institución Teresiana.
-NIF: G80934391.
-671,83
-868,48
-1.540,31
-Federación Padre Usera de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Amor de Dios.
-NIF: G84305994
-742,51
-694,78
-1.437,29
-Total
-4.631,88 €
-6.947,82 €
-11.579,70 €","Listado de las ayudas del Ministerio de Cultura, con total de 175.450,00 euros.","El Min. de Cultura iguala las ayudas a Ceapa y Concapa, casi 82.000 E x cabeza (entes era más para Ceapa)  #BOE"
-755,"La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
-EN NOMBRE DEL REY
-la siguiente
-SENTENCIA
-En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2159-2008, promovido por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, al considerar que se vulneran los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
-I. Antecedentes
-1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 14 de marzo de 2008, don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, actuando en condición de comisionado de otros cincuenta y seis Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 2007.
-El escrito comienza con la exposición de los fundamentos procesales de la demanda. Una parte de los recurrentes perdió su condición de Diputado, conforme a lo dispuesto por el art. 68.4 CE, al disolverse el Congreso por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con carácter previo a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el recurso afirma que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, esto no impide la concurrencia de la legitimación activa, pues, de rechazarse, serían «inimpugnables en esta vía las leyes promulgadas durante o inmediatamente antes del interregno» (se citan entre otros los AATC 547/1989 de 15 de noviembre, FJ 3; y 24/1990, de 16 de enero, FJ 3). Asimismo, solicita al Tribunal que, según lo dispuesto en el art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabe de las Cortes Generales el expediente de elaboración de la ley recurrida, incluyendo los diarios de sesiones en los que constan los debates parlamentarios sobre la misma, a los efectos de poder completar, en su caso, las alegaciones en el trámite procesal oportuno.
-Entrando en el fondo, el recurso reputa inconstitucional la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, que otorga nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para modificar la titulación necesaria para acceder al Cuerpo Superior de Auditores de dicha institución. Según el escrito de alegaciones, esta disposición no guarda relación alguna con el contenido mínimo, necesario e indisponible de la ley de presupuestos, excediendo así su función, perfilada por reiterada jurisprudencia constitucional.
-En apoyo de su alegación, cita la doctrina de este Tribunal, de acuerdo con la cual debe distinguirse en las leyes de presupuestos entre, por un lado, un contenido mínimo, necesario e indisponible –constituido por la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos– y, por otro, un contenido posible, no necesario o eventual. Pues bien, este último sufre también limitaciones, sin que, por tanto, quepa en su seno la regulación de cualquier materia. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, esta regulación sólo es constitucionalmente admisible si guarda relación directa con los ingresos y gastos integrantes del presupuesto o es «un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor ejecución del presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno (SSTC 76/1992, de 14 de mayo y 195/1994 de 23 de junio)». Esta limitación material del contenido constitucionalmente posible enraíza en el art. 134.2 CE y se explica, no sólo por la función específica que la Constitución atribuye a esta norma, sino también por las particularidades del procedimiento parlamentario, traducidas en mayores restricciones a las facultades de los órganos legislativos de las que concurren en la tramitación de otros proyectos normativos. Además, esta exigencia proviene del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que protege la certeza de que una ley de presupuestos no contenga más disposiciones que las que a su función corresponden (ex arts. 66.2 y 134.2 CE), «debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo origina».
-Se solicita, en consecuencia, que este Tribunal declare la inconstitucionalidad y nulidad del precepto impugnado, ya que su inclusión en ley de presupuestos resulta contraria a los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución.
-2. Por providencia de 15 de abril de 2008, el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y, conforme al art. 10.2 LOTC, atribuir su conocimiento a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le había correspondido, señalando de aplicación la doctrina contenida en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre; y 248/2007, de 13 de diciembre. Acordó asimismo, conforme al art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, con el fin de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones, así como publicar la incoación del proceso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el núm. 100, de 25 de abril de 2008.
-3. El 30 de abril de 2008 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente del Senado por el que comunicaba el acuerdo de personación en el presente proceso con oferta de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC que adoptó la Mesa de la Cámara.
-4. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 8 de mayo de 2008, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de dar por personada a la misma en el procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Asimismo acordó su remisión a la dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.
-5. El 14 de mayo de 2008 se registra en el Tribunal el escrito del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, con las alegaciones que resumidamente se exponen:
-Comienza el Abogado del Estado por avenirse con los demandantes en lo relativo a la concurrencia de legitimidad activa, pese a la pérdida de la condición de Diputado de algunos de ellos. También a su modo de ver esa concurrencia se desprende claramente de la doctrina de este Tribunal (se cita la misma doctrina referida en la demanda; AATC 547/1989, de 15 de noviembre, FJ 3; y 24/1990, de 16 de enero, FJ 3).
-En cuanto al fondo, inicia el Abogado su alegato exponiendo la doctrina recogida en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4, entre otras, sobre el contenido que la Constitución impone o permite a la ley de presupuestos. Destaca que la segunda de las Sentencias perfila un matiz nuevo, al disponer que «una vez admitido que la Ley de Presupuestos generales del Estado puede abordar una modificación directa y expresa de cualquier otra noma legal, insistimos, en tanto en cuanto dicha modificación respete los condicionamientos que para su incorporación al contenido eventual del instrumento presupuestario ha exigido este Tribunal, cabe añadir, a renglón seguido, que lo que no puede hacer la Ley de Presupuestos es, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende. La Ley de Presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». A partir de lo anterior, precisa el Abogado del Estado que la disposición impugnada satisface el requisito de modificación expresa mediante Ley prexistente, toda vez que la disposición adicional cuarta, apartado dos, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas es reformada expresamente para ampliar la titulación de acceso al Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas.
-En cuanto a la conexión entre la norma impugnada –que establece la titulación precisa para acceder a un determinado cuerpo de funcionarios– y el objeto de la Ley de presupuestos, se alega que la doctrina de este Tribunal exige, no sólo una conexión con ingresos y gastos, con la política económica del Gobierno o con la mayor inteligencia o mejor ejecución presupuestaria, sino, además, que dicha conexión sea «directa». Así acontece en este supuesto, pues la modificación de la citada disposición adicional cuarta apartado 2 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas tiene como objetivo ampliar las titulaciones de acceso al citado Cuerpo de Auditores. De esta manera, se reputa constitucional la disposición adicional sexagésima en la medida en que propicia una mejor política de personal en relación con los auditores, lo que ha de traducirse en una mayor perfección en la función de control de los ingresos y gastos estatales y de la gestión presupuestaria que corresponde al Tribunal de Cuentas. Dada la relevancia constitucional que para la mejor ejecución presupuestaria revisten las funciones que desempeña dicho órgano, debe entenderse que «cualquier extremo relativo a su funcionamiento –como es la regulación del acceso al Cuerpo Superior de Auditores– guarda conexión directa con la mejor ejecución presupuestaria». Resulta evidente, afirma, que las técnicas de auditoría, que constituyen la esencial cualificación profesional de los auditores superiores, son necesarias para el ejercicio de la función fiscalizadora.
-A partir de los anteriores argumentos, se solicita la desestimación del recurso y, subsidiariamente, la limitación de los efectos de la eventual declaración de inconstitucionalidad, consistente en que la posible eficacia invalidante quede diferida hasta, como mínimo, la publicación de la sentencia, lo que se justifica en la protección de la seguridad jurídica, citándose en ese sentido, por todas, las SSTC 195/1998, de 1 de octubre, FJ 5; y 194/2004, de 10 de noviembre, FJ 24.
-6. Por providencia de 24 de enero de 2013 se señaló el día 28 del mismo mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
-II. Fundamentos jurídicos
-1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por cincuenta y siete Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008 (en adelante, Ley 51/2007). Este precepto otorga nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en lo relativo a la titulación necesaria para acceder al Cuerpo Superior de Auditores del citado órgano.
-En la redacción anterior a la reforma, la indicada disposición adicional exigía para acceder al cuerpo mencionado estar en posesión del título de licenciado en ciencias económicas, licenciado en ciencias empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros. Tras la modificación operada mediante la disposición controvertida, el precepto pasa a exigir el título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto, intendente mercantil o actuario de seguros, ampliando, por tanto, las titulaciones posibles para el acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
-La demanda reputa inconstitucional la citada disposición adicional sexagésima por establecerse en contra de los arts. 66.2 y 134.2 CE dentro de una Ley de presupuestos sin guardar relación alguna con el contenido mínimo, necesario e indisponible de este tipo legislativo ni tampoco con el denominado contenido eventual. El Abogado del Estado interesa la desestimación del recurso por entender que concurre la necesaria conexión entre la norma impugnada y la materia que puede ser objeto de ley de presupuestos, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, particularmente las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4: y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4.
-2. Antes de proceder al enjuiciamiento del precepto recurrido, debemos pronunciarnos sobre la subsistencia del objeto de este proceso constitucional. Las leyes de presupuestos, por su propia naturaleza, pierden vigencia de acuerdo con el principio de anualidad (art. 134.2 CE). Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, la derogación de la norma legal impugnada produce, con carácter general, efectos extintivos del proceso constitucional (por todas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 2; y 216/2012, de 14 de noviembre, FJ 2, con cita de otras muchas). Esta regla tiene, sin embargo, excepciones, entre las que se halla, precisamente, el supuesto de las leyes de presupuestos. Su pérdida de vigencia no puede sin más determinar la desaparición del objeto de los recursos de inconstitucionalidad contra ellas interpuestos, pues sería tanto como admitir que hay un ámbito normativo, estatal o autonómico, que resulta «inmune al control de la jurisdicción constitucional» [SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 2; 13/2007, de 18 de enero, FJ 1; 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 2; 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)].
-Por lo demás, la parte articulada de las leyes de presupuestos, en la medida en que contenga disposiciones de carácter general, ni siquiera tiene automáticamente vigencia anual, a diferencia del núcleo que reiteradamente hemos calificado de «esencial», constituido por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos [por todas, STC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4 a)]. La doctrina del Tribunal tiene plenamente admitido que hay que distinguir –en orden a determinar su vigencia– la diferente naturaleza de las disposiciones de la ley de presupuestos, pues las puramente presupuestarias –esto es, las recogidas en su contenido mínimo o necesario– tendrán, en principio, una vigencia exclusivamente anual (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 5), mientras que el texto articulado tiene, también como regla general, vocación de permanencia (SSTC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 6; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; y 34/2005, de 17 de febrero, FJ 5).
-En este caso, la disposición controvertida se incluyó sin vigencia limitada dentro del texto articulado de la Ley de presupuestos generales para 2008. Al haberse aprobado con vocación de permanencia y no haber sido modificada o derogada después, sigue en vigor, por lo que es claro que pervive el objeto del presente proceso constitucional.
-3. Entrando en el fondo del asunto, para examinar el reproche de inconstitucionalidad dirigido contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, procede recapitular brevemente la extensa y consolidada doctrina de este Tribunal, que conocen las partes y que ha sido ya recogida en buena medida en los Antecedentes. Sentado que la Ley de presupuestos es ley en sentido pleno y superada la antigua controversia sobre su carácter formal o material (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2; 63/1986, de 21 de mayo, FJ 5; 68/1987, de 21 de mayo, FJ 4; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; y 3/2003, de 16 de enero, FJ 4), este Tribunal ha insistido reiteradamente en que el contenido que le corresponde está constitucionalmente delimitado, en tanto que norma de ordenación jurídica del gasto público ex art. 134 CE. La Constitución establece la reserva de un contenido de ley de presupuestos, lo que significa que la norma debe ceñirse a ese contenido y también que ese contenido sólo puede ser regulado por ella (STC 3/2003, FJ 4).
-Esta limitación de contenido deriva del art. 134 CE y se justifica, como reiteramos en la STC 32/2000, de 3 de febrero (FJ 5), con cita de otras anteriores, «no sólo por la función específica que le atribuye la Constitución..., sino también porque se trata de una Ley que, por las peculiaridades y especificidades que presenta su tramitación parlamentaria, conlleva restricciones a las facultades de los órganos legislativos en relación con la tramitación de otros proyectos o proposiciones de Ley», de manera que dicha limitación es «una exigencia del principio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado (art. 9.3 CE) esto es, de la certeza del Derecho que exige que una Ley de contenido constitucionalmente definido, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no contenga más disposiciones que las que guardan correspondencia con su función constitucional (arts. 66.2 y 134.2 CE), debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo indudablemente origina» (STC 32/2000, FJ 5).
-Por tanto, la función constitucional de la norma con las consecuentes restricciones al debate parlamentario (apartados 1, 6 y 7 del art. 134 CE) fundamenta en última instancia la limitación del contenido posible de las leyes de presupuestos. Además, estas desempeñan un cometido esencial dentro de un Estado de Derecho, al permitir a los ciudadanos tener una idea cabal, una visión de conjunto, del plan económico del Gobierno, lo que se traduce en la exigencia de que incluyan «la totalidad de los gastos e ingresos de sector público estatal» (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4, con cita de otras muchas). Pues bien, estas limitaciones objetivas se manifiestan concretamente en un doble contenido, esencial y eventual:
-a) El primero es el contenido propio, o núcleo esencial, del presupuesto y está formado por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio económico, así como por las normas que directamente desarrollan y aclaran los estados cifrados (SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4; 202/2003, de 17 de noviembre, FJ 9; 34/2005, de 17 de febrero, FJ 4; 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). Este contenido mínimo, formado fundamentalmente por las correspondientes partidas presupuestarias, debe ser coherente con el ordenamiento jurídico vigente, como declaramos en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4: «la Ley de presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico a cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». Dicho de otra manera, la ley de presupuestos, o innova el ordenamiento jurídico expresamente y con carácter de permanencia –lo que sólo es constitucionalmente admisible cuando la previsión reformadora pueda formar parte del contenido que es propio de este tipo legislativo– o concreta, mediante las correspondientes partidas, las consecuencias que el ordenamiento jurídico vigente proyecta sobre el presupuesto, sin que en este caso sus disposiciones puedan ejecutar modificaciones implícitas.
-b) El segundo, que venimos calificando de «eventual o disponible», se refiere a todas aquellas disposiciones que, sin constituir directamente una previsión de ingresos o habilitación de gastos, guardan «una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a los criterios de política económica del Gobierno o, en fin, se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto» (por todas, con cita de anteriores, STC 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). De esta manera, aunque es posible que la ley de presupuestos sea un «instrumento para la mera adaptación circunstancial de las distintas normas», no tienen en ella cabida las modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico a menos que guarden «una conexión económica (relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo director de la política económica del Gobierno) o presupuestaria (para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto)» (STC 109/2001, de 26 de abril, FJ 6, con cita de anteriores). Así, hemos considerado que forma parte del contenido eventual una medida que tiene como consecuencia directa la reducción del gasto público (STC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3, sobre normas de incompatibilidad de percepción de haberes activos y de pensiones) o su aumento (STC 237/1992, de 15 de diciembre, relativa al incremento de retribuciones salariales para el personal al servicio de las Administraciones públicas), así como la creación de un complemento retributivo para determinados cargos públicos (STC 32/2000, de 3 de febrero). Pero hemos situado extramuros del contenido constitucionalmente admisible múltiples previsiones no directamente económicas o presupuestarias. Así, en materia de función pública, por ejemplo, las relativas los procedimientos de acceso de los funcionarios sanitarios locales interinos a la categoría de funcionarios de carrera (STC 174/1998, de 23 de julio, FFJJ 6 y 7) o de provisión de los puestos de trabajo del personal sanitario (STC 203/1998, de 15 de octubre, FFJJ 3 a 5); y a la edad de pase a la situación de segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (STC 234/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 4 y 5).
-4. Hemos de examinar a la luz de esta doctrina si la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, forma o no parte del contenido admisible para este tipo normativo. Como ha quedado expuesto en el fundamento primero, el precepto flexibiliza las condiciones para acceder al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, con la consecuencia de que, si antes de la reforma era preciso ser licenciado en ciencias económicas o en ciencias empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros, después de ella basta el título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto, intendente mercantil o actuario de seguros.
-Esta regulación puede fácilmente adscribirse a la materia «función pública», al referirse al régimen de acceso a uno de los cuerpos específicos que sirven al Tribunal de Cuentas. No se está, pues, ante una medida directamente incidente sobre el presupuesto que forme parte del denominado contenido mínimo, necesario e indisponible de estas leyes; no cifra ingresos ni habilita gastos ni aclara o desarrolla los estados cifrados. Por tanto, la constitucionalidad del precepto depende de si puede o no vincularse al llamado «contenido eventual», lo que presupone una conexión económica o presupuestaria suficiente, en los términos vistos.
-Ciertamente, la disposición controvertida atañe principalmente al empleo público, aunque pudiera relativamente conectarse con la materia presupuestaria. Dadas las actividades fiscalizadoras propias del Tribunal de Cuentas, el precepto afecta indirectamente a la fase de control del presupuesto, que es una de las que componen el ciclo presupuestario (art. 134 CE), junto a las de elaboración, aprobación y ejecución. Lo ha subrayado el Abogado del Estado, mediante la expresión de la secuencia causal siguiente: la norma flexibiliza los requisitos de acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas; tal flexibilización puede mejorar la política de personal en relación con los auditores; y tal mejora puede redundar en una mayor perfección de la función de control de los ingresos y gastos estatales y de la gestión presupuestaria que corresponde al Tribunal de Cuentas.
-Sin embargo, a los efectos de la delimitación del contenido admisible de la ley de presupuestos, tal conexión es claramente insuficiente, pues no expresa una relación «directa» de la norma con los ingresos o gastos estatales, con la política económica del gobierno o con la inteligencia y ejecución del presupuesto. Son muchísimas las medidas normativas susceptibles de tener alguna incidencia en cualquiera de estos aspectos, pero si esto fuera suficiente, los límites materiales que afectan a las leyes de presupuestos quedarían desnaturalizados; se diluirían hasta devenir prácticamente inoperantes (por todas, STC 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 5). Aceptar que la conexión funcional del Tribunal de Cuentas y de sus funcionarios con la materia presupuestaria expresa la relación directa que exige la jurisprudencia constitucional entre la disposición recurrida y los presupuestos implicaría que esta pudiese regular todos los colectivos funcionariales que desempeñan tareas relacionadas con ingresos y gastos públicos en contra de la configuración constitucional de este tipo legislativo como «Ley de contenido constitucionalmente definido» (STC 32/2000, FJ 5).
-En consecuencia, no concurre la indispensable relación directa o inmediata de la modificación con los gastos e ingresos que integran el presupuesto ni cabe entender que esté justificada por suponer «un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno» [STC 76/1992, FJ 4 a)]. La modificación operada en la Ley 7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas está fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos, por lo que es contraria a la Constitución (arts. 66.2 y 134.2).
-Debemos, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, por traspasar los límites constitucionales de contenido para esta modalidad legal al dar una nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
-Hay que tener presente que pueden haberse celebrado procesos selectivos al amparo de la norma que ahora declaramos inconstitucional durante el tiempo trascurrido entre la interposición del recurso de inconstitucionalidad y esta Sentencia. Nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad no deberá afectar a estos procesos, pues, en estas circunstancias, el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama salvaguardar la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes, según hemos decidido en casos similares (recientemente, STC 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10, con cita de las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; y 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9).
-FALLO
-En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
-Ha decidido
-Declarar inconstitucional y nula la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, en cuanto que da nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con los efectos señalados en último párrafo del fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.
-Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Adela Asua Batarrita.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.",El Tribunal Constitucioonal declarar inconstitucional y nula la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007 de presupuestos generales del Estado para 2008.,"El TC dice que en la ley de presupuestos no puedes incluir lo que te de la gana, como hizo Zapatero en 2007  #BOE"
-1022,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Conforme con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España y en el párrafo segundo del artículo 6.2.e) del Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, aprobado por Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años, que podrá ser renovado por períodos de igual duración.
+Madrid, 26 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.","El patronato de la Biblioteca Nacional es como el del Prado y el del Reina Sofía, mix de mecenas y expertos  #BOe",[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,"Ministerio de Educación, Cultura y Deporte",Renovación de nombramiento y designación de los vocales del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.,,[],2448,0.7180777,365
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+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicio.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores Linux.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Dos años.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>72267000.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Ver cuadro de características.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>758.400,00.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 379.200,00 euros. Importe total: 458.832,00 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>V - 5 - b.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>19 de noviembre de 2012.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>C/ Alcalá, 38-40.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28014.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>90 días.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>C/ Alcalá, 38-40.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>4 de diciembre de 2012, a partir de las 10:00 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Serán por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>24 de octubre de 2012.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 26 de octubre de 2012.- El Subdirector General de Servicios Penitenciarios,  Enrique Caracuel González.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Oct 30 13:25:17 +0000 2012,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
+Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Departamento de Contratación II.
+Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
+Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
 2) Domicilio: 
-Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
+C/ Alcalá, 38-40.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid 28004.
-4) Teléfono: 
-91 5889136.
+Madrid, 28014.
 5) Telefax: 
-91 5889247.
+913355028.
 6) Correo electrónico: 
-necodcentralproc@madrid.es.
+sgpsp@dgip.mir.es.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-www.madrid.es/perfildecontratante.
+www.contrataciondelestado.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-El mismo día de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez días de antelación al plazo limite para la recepción de ofertas.
+19 de noviembre de 2012.
 d) Número de expediente: 
-300/2012/01401.
+020020120069.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Suministro.
+Servicio.
 b) Descripción: 
-Suministro de pienso compuesto natural con corrector y sal, paja de cereales, alfalfa en gránulo deshidratada, bloques de minerales y salvado de trigo en hoja para la alimentación de los caballos del Escuadrón del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, adscrito a la Unidad de Apoyo a la Seguridad.
-c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
-Unidades: 57.781 de pienso compuesto natural con corrector y sal, 107.455 de paja de cereales, 7.375 de alfalfa en gránulo deshidratada, 1.240 de bloques minerales y 14.090 de salvado de trigo en hoja. Ampliación a un número mayor de unidades por la baja de adjudicación.
-d) Lugar de ejecución/entrega: 
-1) Domicilio: 
-Como lugar de las entregas se establece la Unidad de Apoyo a la Seguridad Ciudadana del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, situada en la carretera del Pardo, kilómetro 3,5, en días no festivos de lunes a viernes en horario de 8.00 a 14.00 horas.
-2) Localidad y código postal: 
-Madrid 28040.
+Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores Linux.
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-Se establece en doce meses a partir del 1 de enero de 2013, o desde la formalización del contrato si esta tuviera lugar en fecha posterior. La primera entrega deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes a contar desde el 1 de enero de 2013, o desde la formalización del contrato si ésta tuviera lugar en fecha posterior. La empresa adjudicataria del contrato deberá efectuar los suministros por entregas parciales, previa petición de los responsables del Escuadrón del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid a la empresa adjudicataria, formalizándose las entregas en un plazo no superior a siete días naturales contados desde la recepción de la petición por esta última. Si el último día del plazo fuera sábado, domingo o festivo, la entrega se efectuará el primer día hábil siguiente.
+Dos años.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-03.114000-3 (Paja y plantas forrajeras), 03.114100-4 (Paja), 03.211400-7 (Cebada), 03.211500-8 (Centeno), 03.211600-9 (Avena), 14.400000-5 (Sal y cloruro de sodio puro) y 15.615000-2 (Salvado).
+72267000.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
-Ordinario. Anticipada.
+Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
 Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: 
-Se atiende a un único criterio: precio. Se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados los parámetros consignados en el apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
+Ver cuadro de características.
 4. Valor estimado del contrato:
-52.032,62 euros, IVA excluido.
+758.400,00.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 52.032,62 euros. Importe total: 57.235,88 euros. 
+ Importe neto: 379.200,00 euros. Importe total: 458.832,00 euros. 
 6. Garantías exigidas. 
- Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
+ Definitiva (%): 5.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
-b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 75.1 Apartado c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Requisitos mínimos de solvencia y el medio de acreditación: los señalados en el apartado 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 77.1 Apartado e) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia y el medio de acreditación: los señalados en el apartado 13 del Anexo I del PCAP.
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+V - 5 - b.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-17 de diciembre de 2012 hasta las catorce horas.
-b) Modalidad de presentación: 
-Manual.
+19 de noviembre de 2012.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
+Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
 2) Domicilio: 
-Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
+C/ Alcalá, 38-40.
 3) Localidad y código postal: 
-Madrid 28004.
-4) Dirección electrónica: 
-necodcentralproc@madrid.es.
+Madrid, 28014.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-Mes y medio desde la apertura de la oferta económica.
+90 días.
 9. Apertura de Ofertas:
-a) Descripción: 
-Apertura de los sobre valorables en cifras o porcentajes y propuesta de adjudicación al ser el único criterio precio.
 b) Dirección: 
-Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
+C/ Alcalá, 38-40.
 c) Localidad y código postal: 
-Madrid 28004.
+Madrid.
 d) Fecha y hora: 
-3 de enero de 2013 a las diez horas.
+4 de diciembre de 2012, a partir de las 10:00 horas.
 10. Gastos de publicidad: 
-Por cuenta del adjudicatario.
-12. Otras informaciones: 
-Todos los licitadores deberán presentar con el sobre de documentación administrativa lo indicado en el apartado 27 del Anexo I del PCAP.
-Madrid, 21 de noviembre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero de 2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad. Adoración Muñoz Merchante.","Licitación para el suministro de pienso para los caballos del Escuadrón del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid por importe total de 57.235,88 euros.",Alimentar a los caballos de la policía de Madrid cuesta 50.000 euros al año  Falta saber cuánto come el @putohelicoptero
-1891,"Primero.
-Por Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.
-Segundo.
-Por Resolución de 28 de mayo de 2012, se convocó para el ejercicio 2012 la concesión del tipo de subvenciones citado en el apartado anterior, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
-Tercero.
-El Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Empleo y Seguridad Social), de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48000, del presupuesto de gastos del hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
-Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se procede a la publicación de las subvenciones concedidas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.01.291M.48900 y 19.01.291M.48000, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante el ejercicio 2012.
-En su virtud, esta Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, acuerda:
-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» las subvenciones otorgadas durante el año 2012, detalladas en el Anexo I de la presente resolución.
-Madrid, 23 de julio de 2013.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
-ANEXO I
-Relación de subvenciones concedidas por la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social durante el año 2012
-1. Aplicación presupuestaria: 19.01.291M.48900.
-Finalidad: Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.
-Convocatoria: Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de 28 de mayo de 2012 («BOE» de 9 de junio).
-Entidad sindical
-Subvención (en euros)
-SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE.
-7.987,73
-SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID.
-1.425,04
-AGRUPACIO DE METGES I ENFERMERES DE CATALUNYA.
-150,00
-ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA.
-2.850,08
-CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS.
-353.897,78
-EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA.
-10.200,30
-CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS Y AFINES.
-23.288,18
-FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS.
-9.862,79
-SINDICATO FERROVIARIO.
-2.700,08
-UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA.
-4.173.308,70
-SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO.
-2.137,56
-INTERSINDICAL CANARIA.
-41.063,69
-ASOCIACION SINDICAL SOLIDARI.
-1.725,05
-FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO.
-15.262,94
-CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
-14.025,41
-SINDICATO ESPAÑOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS.
-6.075,18
-AFAPNA-SINDICATO.
-2.212,56
-ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO.
-787,52
-UNIÓN SINDICAL OBRERA.
-396.574,02
-EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA.
-346.847,57
-FEDERACIÓN ANDALUZA DE SINDICATOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA.
-10.237,80
-COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR.
-6.525,19
-SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID.
-2.625,08
-ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA.
-1.237,54
-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CAJAS.
-18.263,03
-SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA.
-3.225,09
-UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA.
-2.475,07
-SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS.
-1.725,05
-SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD.
-4.125,12
-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.
-53.251,55
-METGES DE CATALUNYA.
-9.937,79
-SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI.
-1.462,54
-SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICÍA LOCAL DE ASTURIAS.
-1.312,54
-CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS.
-4.409.303,06
-SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
-7.425,22
-SINDICATO INDEPENDIENTE.
-39.151,14
-CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y PROFESIONALES.
-20.588,10
-SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE EUSKADI-EUSKADIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILEEN SINDIKATOA.
-6.862,70
-CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MÉDICOS.
-5.737,67
-FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAÑOL.
-142.129,13
-SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
-5.025,15
-SINDICATO DE CIRCULACIÓN FERROVIARIO.
-2.887,58
-SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS.
-1.762,55
-SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES.
-8.475,25
-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA.
-186.830,43
-SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA.
-1.687,55
-FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES OBRERAS SINDICALES-LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK.
-159.717,14
-SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES.
-8.962,76
-FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD.
-50.363,96
-CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO.
-169.167,41
-SINDICATO DE ENFERMERÍA (SATSE).
-21.075,61
-CONVERGENCIA ESTATAL DE MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA (CEMSATSE).
-9.712,78
-UNIÓN SINDICAL Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA.
-26.213,26
-FEDERACIÓN DE SINDICATOS CATÓLICOS.
-2.025,06
-SINDICATO UNITARIO DE HUELVA.
-2.662,58
-FEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO.
-154.466,99
-SINDICATO DE XORNALISTAS DE GALICIA.
-562,47
-SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA.
-1.875,05
-ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE POLICÍAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS.
-1.050,03
-CONFEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE SINDICATOS DE ASTURIAS.
-3.300,10
-INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA.
-16.162,97
-COALICIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID (CSIT UNIÓN PROFESIONAL).
-16.162,97
-SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES DE LA CSI.
-562,52
-PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA.
-4.050,12
-SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENERGÍA.
-5.550,16
-SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.
-1.837,55
-SINDICATO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA.
-375,01
-FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA.
-62.176,81
-SINDICATO INDEPENDIENTE DE BOMBEROS FORESTALES DE CASTILLA-LA MANCHA.
-375,01
-INTERSINDICAL-CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CATALUNYA.
-10.350,30
-ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA ENERGÍA.
-2.437,57
-ASOCIACIÓN SINDICAL CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA.
-4.312,63
-SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.
-2.700,08
-2. Aplicación Presupuestaria: 19.01.291M.48000
-Finalidad: Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Empleo y Seguridad Social), de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
-Convocatoria: Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre.
-Asociación Sindical u Organización Empresarial
-Subvención 
-(en euros)
-CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.
-1.516.212,14
-FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA.
-1.559,95
-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA.
-51.831,51
-CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS.
-784.684,12
-UNIÓN SINDICAL OBRERA.
-1.972,01
-UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA.
-894.616,45
-FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE GUIPUZKOA.
-1.559,95
-FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES.
-40.646,99
-EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA.
-43.619,7
-COLEGIO OFICIAL DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA.
-1.972,01
-COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS-INICIATIVA RURAL DEL ESTADO ESPAÑOL.
-35.878,85","La CEOE (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES) 1.516.212,14 euros por participar en órganos consultivos del ministerio.","Y sí, la CEOE se lleva millón y medio por participar en órganos consultivos del ministerio  #cobrarporveraBáñez #BOE"
-1637,"El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-En primer lugar, se procede a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por importe de 5.160.000 de euros, para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de lucha contra el cambio climático y el suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia, como consecuencia de las siguientes situaciones:
-1) La incidencia de desastres naturales se ha convertido en los últimos años en un problema clave tanto para el desarrollo de los países afectados como para la estabilidad mundial. El impacto de terremotos, huracanes, tifones, inundaciones y sequías pone en dificultades la gobernabilidad de decenas de países y provoca sufrimientos irreparables y daños cuantiosos a millones de personas cada año.
-Los desastres naturales afectaron en 2013 a más de 200 millones de personas en el mundo, han ocasionado 100.000 muertes anuales de media durante la última década y han producido daños económicamente estimados cada año en más de 100.000 millones de dólares americanos en los últimos diez años, demostrando que constituye uno de los principales problemas globales y una de las prioridades de la acción humanitaria.
-En 2014 se ha producido una multiplicación de las crisis humanitarias, hecho que requiere una respuesta inmediata y solidaria de la comunidad internacional, registrándose cifras sin precedentes de personas en necesidad de ayuda humanitaria sobre las que diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo. Este aumento exponencial de las necesidades humanitarias requiere una actuación inmediata.
-España, dentro de este ámbito de actuación, está comprometida con la aplicación del marco acordado internacionalmente para la reducción del riesgo de desastres, conocido como el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, cuya revisión tendrá lugar durante la próxima Conferencia de Sendai, Japón, en marzo de 2015. Además, España tiene en la Preparación para la Respuesta a Desastres Naturales, una de sus líneas prioritarias de Acción Humanitaria dentro de su Política de Cooperación para el Desarrollo como establece el IV Plan Director y el Plan Operativo de Acción Humanitaria 2013-2014.
-Para el desarrollo de esta Política se hace necesario financiar proyectos y programas que tengan por objetivo prevenir y preparar respuestas ante desastres naturales por importe de 4.000.000 euros.
-2) Por otra parte, el cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus efectos y requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos los países.
-En este ámbito de actuación se va a proceder a la firma de un Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de cambio climático y mecanismos de desarrollo limpio, durante la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Cambio Climático, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en septiembre de 2014.
-España tiene la intención de adherirse a la firma de dicho Memorando, que permitirá reforzar la cooperación en materia de cambio climático y desarrollo limpio incidiendo en las energías renovables y el desarrollo sostenible con un grupo de pequeños países en desarrollo del Pacífico, creándose un marco estable y único de cooperación con una de las zonas más vulnerables frente a los efectos adversos del cambio climático.
-En el marco de este Memorando España tiene previsto conceder subvenciones por importe de 1.000.000 euros, destinadas a financiar proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a paliar los efectos adversos que se producen en los países en desarrollo.
-3) Finalmente, para poder afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación de la epidemia del ébola, el Gobierno de Liberia ha pedido ayuda al Gobierno de España, dada la gravedad de la situación ante el incremento en el número de casos sospechosos, probables y confirmados.
-Si bien en un principio el número de casos registrados de ébola en Liberia fue menor que en Sierra Leona o Guinea Conakry, la situación actual parece haber empeorado, debido tanto a la rápida propagación de la epidemia en la capital, Monrovia, como en otras zonas de país. Ello, unido a la falta de una respuesta eficaz de las autoridades sanitarias y a la imposibilidad de contar con los recursos humanos y técnicos suficientes para contenerla, ha provocado que Liberia sea uno de los países donde la situación tiene visos de empeorar.
-La presidenta de Liberia declaró el 6 de agosto el estado de emergencia durante 90 días para hacer frente a la enfermedad, que ha superado la capacidad y responsabilidad legal de una agencia o ministerio concreto y plantea una amenaza real para la salud, la seguridad y la economía del país. La Cámara de Representantes aprobó la medida posteriormente.
-Como respuesta a la indicada solicitud, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo propone la financiación del suministro de dos lotes completos de equipo médico, material de protección, desinfección y rehidratación y medicamentos específicos contra el ébola para destinarlos a Liberia. La Fundación Juan Ciudad y la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios que gestionan el Hospital de San José en Monrovia serían los destinatarios finales del material con el fin de apoyar la reapertura de dicho hospital para el tratamiento de esta enfermedad y otras, lo que requiere una financiación por importe de 160.000 euros.
-Por todo ello y dado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo no dispone de financiación, se propone un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por importe de 5.160.000 de euros, para financiar las actuaciones indicadas, considerando que concurren las razones de necesidad y urgencia que justifican su concesión mediante Real Decreto-ley.
-En segundo lugar, por el presente Real Decreto-ley se procede a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el presupuesto del organismo autónomo «Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales» por importe total de 30.000.000 euros, para posibilitar la convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes producidos en 2012.
-La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establece que corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la promoción y fomento de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales y el establecimiento de las condiciones que favorezcan su creación y difusión.
-Asimismo, la citada Ley 55/2007 establece diversas medidas de fomento entre las que se encuentran las ayudas a la amortización de largometrajes, que tiene como beneficiarias a las empresas productoras con nacionalidad española y su objeto es la amortización del coste de producción de las películas, así como incentivar su comercialización, intentando incrementar la cuota de mercado de cine español y mantener un volumen de producción.
-En este contexto, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) colabora con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el ámbito de la producción cinematográfica, a través de la formalización de convenios de colaboración anuales con la finalidad de establecer una línea de mediación dirigida a la financiación de proyectos de inversión en producciones cinematográficas de largometrajes.
-La conexión entre ambos instrumentos de financiación se produce porque los beneficiarios de las ayudas a la amortización quedan obligados a destinar su importe a la amortización de los préstamos obtenidos al amparo de la línea ICO-ICAA.
-Por otra parte, la Sociedad de Garantía Recíproca «Audiovisual, S.G.R.», participada en un 45 por 100 por el ICAA, tiene por finalidad apoyar a la industria audiovisual y al sector de los contenidos de carácter cultural o de ocio en la financiación y desarrollo de sus proyectos, facilitando el acceso al crédito de las pequeña y medianas empresas, mejorando sus condiciones de financiación a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorro y otras entidades de crédito y prestando asimismo servicios de asistencia y asesoramiento financiero. Esta entidad avala o presta otro tipo de garantías a un elevado número de las operaciones acogidas a los convenios formalizados por el ICO y el ICAA para la producción y exhibición cinematográfica.
-Por Resolución de la Dirección General del ICAA de 14 de marzo de 2013, se convocaron ayudas a la amortización de largometrajes, circunscribiendo las ayudas a los largometrajes estrenados entre el día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011. En el año 2014, mediante Resolución de la Dirección General del ICAA, de 3 de febrero de 2014, se convocaron ayudas a la amortización de los largometrajes estrenados en el último trimestre de 2011, por lo que las disponibilidades presupuestarias no han permitido convocar las ayudas correspondientes a los largometrajes estrenados en el año 2012. Ello está obligando a las empresas productoras a amortizar en el presente ejercicio los préstamos solicitados en su día, en la legitima confianza de que en el año 2014 podrían concurrir a la convocatoria de ayudas a la amortización, cuya percepción les permitiría amortizar los préstamos solicitados, antes del vencimiento de los periodos de carencia, sin tener que asumir el pago de los intereses derivados de los mismos.
-Las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del presente suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, a su vez, en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, estriban en los efectos negativos que la no convocatoria de las ayudas a la amortización de los largometrajes estrenados a lo largo del año 2012 tendría en la industria cinematográfica, ya que parte de las empresas productoras iniciaron su producción en un marco normativo que en ese momento les permitía obtener financiación externa en la que actuaba como garantía la posible concesión de la ayuda. Por tanto, de no producirse la convocatoria, se les generaría un quebranto financiero que llevaría al cierre de muchas de ellas y pondría en grave riesgo un sector industrial de gran importancia cultural y generador de un gran número de puestos de trabajo.
-Por último, por el presente Real Decreto-ley se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por importe total de 725.731.999,87 euros, para imputar a presupuesto y atender al pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
-Al cierre contable y presupuestario del ejercicio 2013 se ha puesto de manifiesto la existencia de gastos que no contaban con cobertura presupuestaria o que la prevista resultó insuficiente, si bien tales gastos figuran contabilizados y ha quedado registrada su incidencia en el déficit a 31 de diciembre de dicho ejercicio.
-Estos gastos, que constituyen obligaciones exigibles para la Administración, deben ser regularizados y aplicados al presupuesto para proceder a su pago, lo que requiere disponer previamente del correspondiente crédito presupuestario. A estos efectos, el presente Real Decreto-ley contiene la concesión de créditos extraordinarios que dotan la cobertura financiera suficiente para proceder a la regularización.
-El importe de las operaciones que es necesario regularizar asciende a 725.731.999,87 euros.
-Al Ministerio de Fomento corresponden un total de 540.692.050,73 euros que derivan mayoritariamente de expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones finales, intereses y liquidaciones de obras de la Dirección General de Carreteras por importe de 492.163.523,83 euros así como obligaciones relativas a conservación integral y de energía eléctrica de la propia Dirección General de Carreteras por importe de 38.531.783,59 euros. Por su parte, la Dirección General de Ferrocarriles debe atender obligaciones por importe de 8.425.559,41 euros correspondientes a expropiaciones, liquidaciones de obra e intereses de demora y la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo por importe de 1.571.183,90 euros relativas fundamentalmente a certificaciones.
-Por su parte, las obligaciones pendientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ascienden a 185.039.949,14 euros. De ellas, 126.651.336,56 euros corresponden a la Dirección General del Agua en concepto de certificaciones, revisiones de precios, expropiaciones y otras incidencias relativas a actuaciones inversoras y 8.521.170 euros por actuaciones mediante convenio. Así mismo deben dotarse créditos extraordinarios en el presupuesto de dicha Dirección General por importe de 45.672.216,59 euros para atender al pago de obligaciones de determinadas Confederaciones Hidrográficas y para reponer su tesorería. Finalmente para obligaciones de distintos Servicios del Departamento se conceden créditos por importe de 4.195.225,99 euros.
-La imputación presupuestaria de estas obligaciones requiere norma con rango de ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
-Por otra parte, las obligaciones que se trata de satisfacer han sido imputadas al déficit del año 2013, por lo que los créditos extraordinarios que se conceden no reducen la capacidad de financiación del Estado en el año 2014 y, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no son susceptibles de financiación con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. En consecuencia, el presente Real Decreto-ley contempla la financiación de los créditos extraordinarios mediante Deuda Pública.
-La exigencia de atender al pago de obligaciones exigibles que ineludiblemente debe satisfacer la Administración y la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a los terceros afectados constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión de los créditos extraordinarios mediante Real Decreto-ley.
-El Real Decreto-ley incluye, asimismo, una disposición adicional y tres disposiciones finales.
-La disposición adicional y la final primera incorporan medidas para mejorar la liquidez de las Corporaciones Locales y de las Comunidades Autónomas, respectivamente, flexibilizando el reintegro de los saldos negativos que resulten de las liquidaciones definitivas de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado y de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en el periodo 2008-2009.
-En concreto, la disposición adicional tiene por objeto posibilitar a las entidades locales una mayor disponibilidad de recursos minorando los reintegros que correspondan a las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009, que fueron de importes elevados y que motivaron la aplicación de períodos de reintegro de cinco años, inicialmente, y de diez años, con posterioridad.
-No obstante, esa segunda ampliación sólo se aplicaría si lo solicitan las entidades locales.
-Se establecen requisitos que deberán cumplir las entidades locales tanto formales como de carácter financiero.
-Por su parte, la disposición final primera tiene por objeto posibilitar, en este caso a las comunidades autónomas, una mayor disponibilidad de recursos minorando los reintegros que correspondan a las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009, que fueron de importes elevados y que motivaron la aplicación de períodos de reintegro de cinco años, inicialmente, y de diez años, con posterioridad.
-Inicialmente se había acordado un plazo de devolución de 60 mensualidades. Posteriormente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 elevó dicho plazo a 120 mensualidades a computar a partir del 1 de enero de 2012, siendo éste el plazo que está vigente en la actualidad.
-La disposición final primera modifica la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, de manera que el plazo quedará establecido en 240 mensualidades a computar desde dicha fecha.
-De esta forma, cada Comunidad Autónoma de régimen común podrá solicitar antes del 31 de octubre de este año la ampliación del plazo a 240 mensualidades. Debido a que la aplicación efectiva de esta medida se iniciará en enero de 2015, se prevé en la disposición final primera una ampliación del plazo de devolución a 204 mensualidades a contar desde dicho momento con el objetivo de que los reintegros de las liquidaciones de 2008 y 2009 se efectúen en 240 mensualidades, a computar desde 2012.
-Las dos disposiciones son de urgente y extraordinaria necesidad, en tanto las entidades locales y las comunidades autónomas están elaborando sus presupuestos para el año 2015 y, en el caso de que pretendan acogerse, deben incluir el efecto de dichas medidas.
-Por último, la disposición final segunda introduce una modificación en el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, mediante la que se suprime la obligación de que las condiciones financieras aplicables a las operaciones de crédito que concierte el Estado con las Comunidades Autónomas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico garanticen la repercusión de los gastos financieros y demás costes en que incurra dicho Fondo.
-Esta modificación se justifica en la especial situación financiera y presupuestaria de algunas Comunidades Autónomas, en particular las adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico, que ha hecho necesario que se plantee una reestructuración de las operaciones de crédito formalizadas con cargo a dicho mecanismo para reducir el tipo de interés aplicable a las mismas en el 1% hasta el 31 de diciembre de 2015, que no garantiza la repercusión de los gastos y demás costes en que incurra el Fondo de Liquidez Autonómico.
-La urgencia de la modificación propuesta viene determinada por la necesidad de que la rebaja de intereses planteada pueda tener efectos en el último trimestre del año 2014.
-En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado por lo que respecta a los artículos 1 a 9, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de septiembre de 2014, dispongo:
-Artículo 1. Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-Para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de lucha contra el cambio climático y el suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia, se concede un suplemento de crédito en el vigente presupuesto de la Sección 12 «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación», Servicio 03 «Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica», Programa 000X «Transferencias internas», Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», Artículo 43 «A agencias estatales y otros organismos públicos», Concepto 430 «A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo», por importe de 5.160.000 euros.
-Artículo 2. Variación de crédito en el Presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
-El suplemento de crédito que se concede en el artículo anterior, financiará una variación de crédito en el Presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en los términos que se recogen a continuación:
-Presupuesto de Ingresos
-Alta
-Aplicación presupuestaria
-Denominación
-Importe (euros)
-12.401.404
-Para atender gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo.
-5.160.000
-Presupuesto de Gastos
-Alta
-Aplicación presupuestaria
-Denominación
-Importe (euros)
-12.401.143A.496.02
-Para ayuda Oficial al Desarrollo. Ayuda Humanitaria.
- 4.160.000
-12.401.143A.496.04
-Para ayuda Oficial al Desarrollo. Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD.
- 1.000.000
-Articulo 3. Concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-Se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 18 «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte», Servicio 09 «Secretaria de Estado de Cultura», Programa 000X «Transferencias internas», Concepto 415 «Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección de la Cinematografía», por importe de 30.000.000 de euros.
-Artículo 4. Modificación del presupuesto de ingresos y concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
-1. El suplemento de crédito que se concede en el artículo anterior ocasionará un incremento en el Presupuesto de Ingresos del Organismo Autónomo 18.103 «Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales», en la aplicación presupuestaria 18.103.400.01 «Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fondo de Protección a la Cinematografía», por un importe de 30.000.000 euros.
-2. Se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto de gastos del organismo autónomo 18.103 «Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales», programa 335 C «Cinematografía», concepto 470 «Fondo de Protección a la Cinematografía», por importe de 30.000.000 euros.
-3. El suplemento de crédito que se concede en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se financiará con el suplemento de crédito que se concede en el presupuesto del Estado.
-Artículo 5. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Fomento.
-Para atender obligaciones de ejercicios anteriores, se conceden créditos extraordinarios por importe de 540.692.050,73 euros, en el presupuesto de la Sección 17 «Ministerio de Fomento» según el detalle que se recoge en el Anexo I.
-Artículo 6. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-Para atender obligaciones de ejercicios anteriores, se conceden créditos extraordinarios por importe de 185.039.949,14 euros en el presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente» según el detalle que se recoge en el Anexo II.
-Artículo 7. Modificación de los presupuestos de las Confederaciones Hidrográficas.
-Para atender obligaciones del organismo autónomo 23.229 «Confederación Hidrográfica del Guadiana», correspondientes a ejercicios anteriores, se aprueba un crédito extraordinario en el presupuesto del organismo por importe de 20.164.568,33 euros, en los términos que se recogen en el Anexo III.
-Dicho crédito extraordinario se financiará con el crédito extraordinario que, por el mismo importe, se concede en el presupuesto de la Dirección General del Agua y que figura incluido en el Anexo II.
-Los restantes créditos extraordinarios que se conceden en el Anexo II con destino a las Confederaciones Hidrográficas se reflejarán en sus presupuestos de ingresos en los términos que se recogen en el indicado Anexo III.
-Artículo 8. Financiación
-Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se conceden en el presupuesto del Estado se financiarán con deuda pública.
-Artículo 9. Aplicación de los gastos al presupuesto.
-Los gastos que se imputen presupuestariamente a los créditos extraordinarios, que para atender obligaciones de ejercicios anteriores se conceden mediante el presente Real Decreto-ley, deberán estar previamente contabilizados en la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto» como consecuencia de las actuaciones de control financiero permanente previstas en el artículo 159.1 g) de la Ley General Presupuestaria o de las comunicaciones de los centros gestores previstas en la normativa contable y presupuestaria. La Intervención Delegada en el Departamento Ministerial correspondiente velará por el cumplimiento de este requisito.
-Disposición adicional única. Reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009.
-1. Aquellas entidades locales a las que se esté aplicando la ampliación del período de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009, regulada en la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel período, con arreglo a las normas contenidas en la presente disposición.
-2. La ampliación del período de reintegro podrá solicitarse por las Entidades Locales a las que se les estuviere aplicando la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio. Asimismo, se aplicará de oficio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a aquellos municipios que tengan concedida la medida contenida en la letra b. del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
-3. La solicitud anterior deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local y se remitirá por el interventor o el secretario-interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 30 de noviembre de 2014. La ampliación solicitada se concederá a las entidades locales que, además de haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local correspondientes a 2013, prevean cumplir a 31 de diciembre de 2014 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y cuyo período medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de morosidad de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores que publiquen en el mes de octubre de 2014, conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
-En cuanto a la previsión del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda antes citada se tendrá en cuenta la información de ejecución trimestral del presupuesto de 2014 que, correspondiendo al tercer trimestre de 2014, remitan las entidades locales hasta 31 de octubre de este año.
-4. La aplicación efectiva de la ampliación citada en el apartado 1 anterior se iniciará en la entrega a cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de enero de 2015, siendo a partir de entonces los reintegros mensuales aplicables los que resulten de dividir el importe pendiente de reintegrar a esa fecha por las liquidaciones correspondientes a los años 2008 y 2009 dividido por 204 mensualidades.
-5. La modalidad de fraccionamiento establecida en el apartado 1 anterior se mantendrá siempre que las Entidades locales afectadas aporten la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local y se cumplan los objetivos y límites citados en el apartado 3 y referidos en todos los casos a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. En el caso de que el incumplimiento se produzca en dos ejercicios consecutivos se aplicará a partir de la entrega a cuenta del mes de enero del ejercicio siguiente el fraccionamiento a 10 años desde 1 de enero de 2012, mediante reintegros mensuales equivalentes al resultado de dividir el importe pendiente de reintegro entre el número de mensualidades que resten hasta 31 de diciembre de 2021.
-6. Si el importe pendiente de reintegro a 31 de diciembre de 2014 fuese igual o inferior a 500 euros, se reintegrará por su totalidad en la entrega a cuenta del mes de enero.
-7. Las entidades locales podrán cancelar la totalidad del saldo pendiente de reintegrar correspondiente a las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009, previo acuerdo del Pleno de la corporación local y comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo y por los medios establecidos en el apartado 3 de este precepto. La cancelación se aplicaría en la entrega a cuenta del mes de enero de 2015.
-Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
-Se modifica la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en los siguientes términos:
-Uno. El apartado Nueve queda redactado como sigue:
-«Nueve. La determinación del incumplimiento del objetivo de estabilidad, a los efectos de esta disposición, se producirá en el momento en el que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas eleve al Gobierno el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, al que se refiere el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»
-Dos. Se añade un nuevo apartado Diez con la siguiente redacción:
-«Diez. Las Comunidades Autónomas de régimen común podrán solicitar hasta el 31 de octubre de 2014 la ampliación del aplazamiento del mecanismo financiero extrapresupuestario previsto en el apartado Uno de esta disposición, con el objetivo de extender a 204 mensualidades iguales, a computar a partir de 1 de enero de 2015, el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha de las liquidaciones del sistema de financiación a las que se refiere el mencionado apartado así como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo.
-Esta ampliación podrá concederse mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local que contendrá, entre otros extremos, el calendario de pagos y reintegros de los aplazamientos concedidos.
-En el supuesto de que se constaten los incumplimientos de los objetivos de estabilidad a los que se refieren los apartados Siete y Ocho de esta disposición, se producirán los efectos allí recogidos, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, pueda seguir aplicando la ampliación de dicho plazo a 204 mensualidades iguales, siempre que así lo solicite la Comunidad y ésta acredite el cumplimiento de sus obligaciones legales de suministro de información.»
-Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
-Se modifica el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, que queda redactado como sigue:
-«2. Las condiciones financieras aplicables a estas operaciones de crédito se establecerán por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Competitividad.»
-Disposición final tercera. Entrada en vigor
-El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
-Dado en Madrid, el 12 de septiembre de 2014.
-FELIPE R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY
-ANEXO I
-Créditos Extraordinarios que se conceden en la Sección 17: Ministerio de Fomento
-Servicio 09. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-261O
-Artículo 64
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-8.700,00
- 
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 681
- 
-Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
- 
- 
- 
-01
-Otras
-1.562.483,90
-Servicio 38. Dirección General de Carreteras
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-453B
-Artículo 64
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-409.579,55
- 
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 680
- 
-Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-237.910.108,87
- 
- 
-01
-Otros
-160.759.830,58
- 
-Concepto 681
- 
-Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-21.939.742,26
- 
- 
-01
-Otras
-20.444.808,28
-453C
-Artículo 22
- 
-Material, suministros y otros
- 
- 
-Concepto 229
- 
-Energía Eléctrica. Obligaciones de ejercicios anteriores
-4.749.509,76
- 
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 681
- 
-Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-1.554.429,69
- 
- 
-01
-Otras
-82.927.298,43
-Servicio 40. Dirección General de Ferrocarriles
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-453A
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 680
- 
-Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-7.487.308,91
- 
- 
-01
-Otros
-938.250,50
-Denominación de los Programas:
-Programa 261O: «Ordenación y fomento de la edificación».
-Programa 453 A: «Infraestructura del transporte ferroviario».
-Programa 453 B: «Creación de infraestructura de carreteras».
-Programa 453 C: «Conservación y explotación de carreteras».
-ANEXO II
-Créditos Extraordinarios que se conceden en la Sección 23:
-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
-Servicio 02. Secretaría General Técnica
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-451O
-Artículo 64
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-370.781,23
-Servicio 05. Dirección General del Agua
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-452A
-Artículo 64
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-694.230,25
-452A
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 680
- 
-Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-729.826,53
- 
- 
-01
-Otras
-61.698.457,75
- 
-Concepto 681
- 
-Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-01
-Otras
-50.241.243,26
-452A
-Artículo 69
- 
-Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 690
- 
-Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
-9.587,12
-456A
-Artículo 64
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-2.088.486,41
-456A
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 680
- 
-Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-1.010.454,27
- 
- 
-01
-Otras
-10.179.050,97
-456A
-Artículo 76
- 
-A Entidades Locales
- 
- 
-Concepto 761
- 
-Convenio Riberas del Ebro. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-8.521.170,00
-000X
-Artículo 41
- 
-A Organismos Autónomos
- 
- 
-Concepto 411
- 
-A las Confederaciones Hidrográficas, para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal. Obligaciones de ejercicios anteriores.
- 
- 
- 
-00
-Confederación Hidrográfica del Duero
-163.198,50
- 
- 
-01
-Confederación Hidrográfica del Ebro
-2.225.521,22
- 
- 
-02
-Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
-10.065.972,51
- 
- 
-03
-Confederación Hidrográfica del Guadiana
-1.454.383,84
- 
- 
-04
-Confederación Hidrográfica del Júcar
-231.242,52
- 
- 
-06
-Confederación Hidrográfica del Segura
-175.715,47
- 
- 
-07
-Confederación Hidrográfica del Cantábrico
-15.507,20
- 
- 
-08
-Confederación Hidrográfica del Tajo
-1.416.607,00
- 
-Concepto 412
- 
-A la Confederación Hidrográfica de Segura para la compensación de las exenciones previstas en el Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-9.759.500,00
-000X
-Artículo 71
- 
-A Organismos Autónomos
- 
- 
-Concepto 712
- 
-A la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el pago de la deuda derivada de la obra «Conducción del Acueducto Tajo-Segura para la incorporación de recursos a la Llanura Manchega». Obligaciones de ejercicios anteriores.
-20.164.568,33
-Servicio 06. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-456D
-Artículo 64
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-830.722,80
-456D
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 680
- 
-Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-00
-Terrenos y bienes naturales
-2.126.751,52
- 
- 
-01
-Otras
-190.335,07
- 
-Concepto 681
- 
-Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-01
-Otras
-430.894,52
-Servicio 08. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-456B
-Artículo 64
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-172.290,11
-Servicio 18. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-414B
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 681
- 
-Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-01
-Otras
-55.713,56
-456C
-Artículo 64
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial
- 
- 
-Concepto 648
- 
-Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores.
-17.737,18
-Denominación de los Programas:
-Programa 414B: «Desarrollo del medio rural».
-Programa 451O: «Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente».
-Programa 452A: «Gestión e infraestructuras del agua».
-Programa 456A: «Calidad del agua».
-Programa 456B: «Protección y mejora del medio ambiente».
-Programa 456C: «Protección y mejora del medio natural».
-Programa 456 D: «Actuación en la costa».
-Programa 000X: «Transferencias internas».
-ANEXO III
-Modificación de los Presupuestos de las Confederaciones Hidrográficas
-Organismo 225: Confederación Hidrográfica del Duero
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-163.198,50
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--163.198,50
-Organismo 226: Confederación Hidrográfica del Ebro
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-2.225.521,22
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--2.225.521,22
-Organismo 228: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-10.065.972,51
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--10.065.972,51
-Organismo 229: Confederación Hidrográfica del Guadiana
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-1.454.383,84
-Artículo 70
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 700
- 
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-02
-Dirección General del Agua, Plan Especial Alto Guadiana
-20.164.568,33
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--1.454.383,84
-Gastos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-452A
-Artículo 68
- 
-Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores
- 
- 
-Concepto 680
- 
-Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
- 
- 
- 
-01
-Otras
-20.164.568,33
-Organismo 230: Confederación Hidrográfica del Júcar
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-231.242,52
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--231.242,52
-Organismo 232: Confederación Hidrográfica del Segura
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-00
-Para el desarrollo de sus actividades
-9.759.500,00
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-175.715,47
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--9.935.215,47
-Organismo 233: Confederación Hidrográfica del Cantábrico
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-15.507,20
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--15.507,20
-Organismo 234: Confederación Hidrográfica del Tajo
-Ingresos
-Aplicación
-Denominación
-Importe (Euros)
-Artículo 40
- 
-De la Administración del Estado
- 
-Concepto 400
-Del departamento al que está adscrito
- 
- 
-01
-Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal
-1.416.607,00
-Articulo 87
- 
-Remanente de tesorería
- 
-Concepto 870
- 
-Remanente de tesorería
--1.416.607,00","Concedido crédito extraordinario de 5.160.000 de euros para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria a situaciones como terremotos, huracanes, etc... o provocadas por el cambio climático.",(3 de 3) Lo único imprevisible y que se justifica como crédito extraordinario son los 5 millones de coop intal  #BOE
-1051,"La Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
-En el artículo 3.5 de la referida orden se indica que los precios máximos de venta al público se revisarán con periodicidad bimestral y producirán efectos a partir del tercer martes del mes en el que se efectué la revisión. Asimismo, en el artículo 6 se establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, efectuará los cálculos necesarios para la aplicación del sistema establecido en la mencionada orden y dictará las correspondientes resoluciones de determinación de costes de comercialización y de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad envasado, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
-En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo en dicha modalidad de suministro,
-Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:
-Primero. Ámbito de aplicación.
-1. La presente resolución será de aplicación en todo el territorio español, a los suministros de los gases licuados del petróleo pendientes de ejecución el día 19 de septiembre de 2017, sin perjuicio de que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que a las cero horas del día 19 de septiembre de 2017 aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización.
-2. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de comercialización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
-3. En particular, lo previsto en esta resolución será de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
-4. Esta resolución no será de aplicación a los gases licuados del petróleo envasados en envases con una tara inferior o igual a los 9 kg, excepto para aquellos operadores al por mayor de GLP, con obligación de suministro domiciliario en el correspondiente ámbito territorial, que no dispongan de envases cuya tara sea superior a 9 kg, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
-Segundo. Precio máximo de venta antes de impuestos.
-Desde las cero horas del día 19 de septiembre de 2017, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo incluidos en el ámbito de aplicación de esta resolución será de 92,0775 c€/Kg.
-Tercero. Coste de comercialización.
-El coste de comercialización sin impuestos, considerado en el precio indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados es de 49,3997 c€/Kg.
-Cuarto. Precios de referencia y desajustes.
-En el precio máximo de venta indicado en el apartado segundo, establecido según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en la disposición transitoria única de la citada Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos y desajustes para el próximo periodo:
-Bimestre
-Tipo de cambio
-–
-$/€
-Cotización internacional
-–
-$/Tm
-Flete (Fb)
-–
-$/Tm
-Coste de comercialización (CCb)
-–
-c€/Kg
-Coste de la materia prima (CMPb)
-–
-c€/kg
-Precio sin impuestos teórico (PSIbt)
-–
-c€/Kg
-Desajuste (Xb-1)
-–
-c€/Kg
-Precio sin impuestos (PSIb)
-–
-c€/Kg
-2017/4
-1,114348
-330,2200
-18,90
-49,3997
-31,3295
-80,7292
-2,7411
-96,9237
-2017/5
-1,165894
-435,7100
-15,90
-49,3997
-38,7351
-88,1348
-–0,7462
-92,0775
-Para obtener estos precios se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
-Cotización internacional ($/Tm): propano agosto = 396,9; butano agosto = 403,7; propano septiembre = 469,4; butano septiembre = 469,0.
-Fletes julio ($/Tm): 17,6; fletes agosto ($/Tm): 14,2.
-Media julio del cambio dólar/euro: 1,151114.
-Media agosto del cambio dólar/euro: 1,180674.
-Quinto. Eficacia.
-Esta resolución surtirá efectos desde el día 19 de septiembre de 2017.
-Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
-Madrid, 11 de septiembre de 2017.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.",Cambios en los precios del butano y el propano.,"La bombona de butano baja a 14,15€ (hasta hoy, 14,89) y vuelve a niveles de mayo.  #BOE"
-2982,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Serán por cuenta del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+24 de octubre de 2012.
+Madrid, 26 de octubre de 2012.- El Subdirector General de Servicios Penitenciarios,  Enrique Caracuel González.",¡yipa! Licitación informática para administración de servicios Linux.En Servicios Penitenciarios. cc @josepfigols   #BOE,[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Licitación de Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores por importe total de importe total de 458.832,00 euros. Linux en Servicios Penitenciarios.",,[],3719,0.7183003,317
+2013-08-28,,BOE-B-2013-32562,"Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes). Expediente: 0100DGT22634.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-B-2013-32562</identificador>
+<titulo>Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes). Expediente: 0100DGT22634.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>206</diario_numero>
+<seccion>5</seccion>
+<subseccion>A</subseccion>
+<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
+<numero_anuncio>A130048905</numero_anuncio>
+<fecha_publicacion>20130828</fecha_publicacion>
+<letra_imagen>B</letra_imagen>
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+<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
+<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
+<url_pdf>/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-B-2013-32562.pdf</url_pdf>
+</metadatos>
+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>23 de octubre de 2013, a las 10:00 y 9 de octubre de 2013, a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe></importe>
+<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>75000000 Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social</materias_cpv>
+<observaciones>Varios lotes</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Josefa Valcárcel, 28.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>913018218.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>vsantos@dgt.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>0100DGT22634.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes).</dd>
+<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
+<dd>Lote 1: Estrategia y concepto de comunicación general, aplicaciones creativas y producción de las piezas que componen las campañas. Lote 2: Contratación de los medios convencionales y no convencionales necesarios para su difusión.</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Hasta  el 31 de diciembre de 2014.</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>75120000 (Servicios administrativos de agencias).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>6.300.000,00 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.200.000,00 (Lote 1) y 5.100.000,00 (Lote 2). Importe total: 1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2). </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>T1d (Servicios de publicidad. A partir de 600.000 euros).</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Los exigidos en los pliegos.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Tráfico. Registro General.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Josefa Valcárcel, 28.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>23 de octubre de 2013, a las 10:00 y 9 de octubre de 2013, a las 10:00.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>14 de agosto de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de agosto de 2013.- Directora General de Tráfico.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Aug 28 08:55:10 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Conselleria de Gobernación y Justicia.
+Dirección General de Tráfico.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Secretaría General Administrativa.
+Dirección General de Tráfico.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
+Dirección General de Tráfico.
 2) Domicilio: 
-Calle Castán Tobeñas, 77, 5,ª planta, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
+Josefa Valcárcel, 28.
 3) Localidad y código postal: 
-Valencia 46018.
+Madrid, 28071, España.
 4) Teléfono: 
-961 20 91 71.
-5) Telefax: 
-961 20 90 95.
+913018218.
 6) Correo electrónico: 
-martinez_pau@gva.es, magenti_mar@gva.es.
+vsantos@dgt.es.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http:// www.contratacion.gva.es.
+http://contrataciondelestado.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-Hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 horas.
+Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013.
 d) Número de expediente: 
-CNMY14/DGJ/10.
+0100DGT22634.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
 Servicios.
 b) Descripción: 
-Servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.
-d) Lugar de ejecución/entrega: 
-1) Domicilio: 
-Comunitat Valenciana.
-2) Localidad y código postal: 
-Ver pliegos.
+Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes).
+c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
+Lote 1: Estrategia y concepto de comunicación general, aplicaciones creativas y producción de las piezas que componen las campañas. Lote 2: Contratación de los medios convencionales y no convencionales necesarios para su difusión.
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-24 meses.
-f) Admisión de prórroga: 
-Hasta 24 meses.
+Hasta  el 31 de diciembre de 2014.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-90513000-6.
+75120000 (Servicios administrativos de agencias).
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
-Ordinaria y anticipada.
+Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
-Abierto, único criterio precio.
+Abierto.
 4. Valor estimado del contrato:
-279.999,84 euros.
+6.300.000,00 euros.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 139.999,92 euros. Importe total: 153.999,90 euros. 
+ Importe neto: 1.200.000,00 (Lote 1) y 5.100.000,00 (Lote 2). Importe total: 1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2). 
 6. Garantías exigidas. 
- Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. (Sin IVA).
+ Definitiva (%): 5.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
-No se requiere según el artículo 65.4 del texto refunduido de la Ley de Contratos del Sector Público,ya que el expediente CNMY13/DGJ/27, licitado con igual objeto y anunciado en el DOUE 2013/S 166-288854, BOE n.º 212, y DOCV n.º 7105, declarado desierto por falta de licitadores al no haber concurrido ninguna empresa con la clasificación que se exigía.
+T1d (Servicios de publicidad. A partir de 600.000 euros).
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Ver pliegos.
-c) Otros requisitos específicos: 
-Ver pliegos.
+Los exigidos en los pliegos.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-En horario de oficina del Registro General, hasta el día 28 de marzo de 2014, a las14:30 horas.
+Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013.
 b) Modalidad de presentación: 
-Sobre 1, Documentación Administrativa, y sobre 3, Proposición Económica.
+Manual.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Registro General de la Conselleria de Gobernación y Justicia, de lunes a viernes, en horario de oficina del Registro General:
+Dirección General de Tráfico. Registro General.
 2) Domicilio: 
-Calle Castán Tobeñas, 77, planta baja, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
+Josefa Valcárcel, 28.
 3) Localidad y código postal: 
-Valencia 46018.
-f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-Dos meses.
+Madrid, 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Apertura pública del sobre 3, Proposición Económica.
+Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
 b) Dirección: 
-Calle Castán Tobeñas, 77, planta 5, torre 4, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, sala de juntas.
+Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico).
 c) Localidad y código postal: 
-Valencia 46018.
+Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
 d) Fecha y hora: 
-8 de abril de 2014, a las 12:00 horas.
-10. Gastos de publicidad: 
-Serán por cuenta del adjudicatario.
+23 de octubre de 2013, a las 10:00 y 9 de octubre de 2013, a las 10:00.
 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-17 de febrero de 2014.
-Valencia, 17 de febrero de 2014.- P. D. (Resolución de 28.12.2012, DOCV núm.6942, de 14.01.2013), la Subsecretaria de Gobernación y Justicia, Juana M.ª Forés Villanueva.","Contratos para destruir papeles confidenciales por importe total de 153.999,90 euros.",Veo contrato para destruir papeles confidenciales  y me acuerdo de @ComandanteTom_ y el vídeo de @civio Próximamente…
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-El progresivo deterioro de las finanzas públicas experimentado desde el inicio de la crisis económica hizo inevitable la adopción de una serie de medidas a finales de 2011, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dirigidas a poner las bases para la reducción del desequilibrio presupuestario, como punto de partida para conseguir la reactivación económica.
-En tales circunstancias, con una tasa de crecimiento negativa del Producto Interior Bruto, con un elevado déficit público, una tasa de paro creciente y una caída en el número de ocupados, entre las medidas incorporadas al ordenamiento tributario por el citado Real Decreto-ley 20/2011, resultó ineludible el establecimiento de un gravamen complementario temporal a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable para los períodos impositivos 2012 y 2013, posteriormente prorrogado para 2014 a través de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, gravamen que reforzó la progresividad del impuestos y requirió de un notable esfuerzo por parte de los contribuyentes.
-Una vez estabilizadas las cifras de recaudación tributaria, se han adoptado numerosas medidas en el ámbito tributario cuyo fin último ha sido contribuir a la recuperación de la actividad económica y al crecimiento, por tanto, a la creación de empleo y manteniendo la reducción del déficit público, cumpliendo con el objetivo de estabilidad de las finanzas públicas comprometido con las autoridades europeas y recuperando la credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
-Tras dos años, 2012 y 2013, especialmente difíciles habida cuenta del rigor de las medidas introducidas, en un contexto de incipiente recuperación económica, se abordó durante 2014 una ambiciosa reforma tributaria, plasmada en el Derecho positivo en las Leyes 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 15/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
-Dicha reforma incorpora una importante y generalizada reducción de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, cuya concreción última ha de ser un aumento en la renta disponible por parte de estos y, a resultas de ello, una mejora en diversas variables económicas.
-La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015 se diseñó para una implantación gradual en dos fases, 2015 y 2016, porque en el marco de las previsiones económicas vigentes en aquel momento el Gobierno actuó con prudencia en la conciliación entre los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo perseguido con la reforma de apuntalar el crecimiento económico y creación de empleo. Sin embargo, la evolución de la economía ha sido más positiva de lo esperado y las previsiones han mejorado continuamente. El escenario macroeconómico aprobado en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, momento en el que se diseñaba la reforma fiscal, preveía un crecimiento del producto interior bruto real del 2 por ciento para este año y, actualmente, la previsión oficial es que el crecimiento alcance un 3,3 por ciento. Del mismo modo, la previsión inicial para el ejercicio 2015 era un aumento de empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 1,4 por ciento, y ya en el primer trimestre de 2015, según datos de contabilidad nacional trimestral, ha crecido a una tasa interanual del 2,8%, el doble de lo previsto, y se prevé crecimiento del 3% en 2015.
-La mejora económica se viene manifestando también en la mejora de la recaudación tributaria. Las bases imponibles agregadas de los principales impuestos crecieron un 2,6 por ciento en el año 2014, por primera vez después de seis años consecutivos de descensos. Ahora, las bases imponibles han acelerado su tasa de crecimiento en el primer trimestre de 2015 hasta un 4,2 por ciento. De esta forma los ingresos tributarios han crecido de forma sostenida en los primeros meses del año, incluso estando ya en vigor la reforma fiscal. Los ingresos tributarios en términos homogéneos, es decir, corregidos de los distintos ritmos de devoluciones tributarias y otros efectos de calendario, crecieron entre enero y mayo a una tasa interanual del 3,7 por ciento. En el caso concreto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la recaudación en términos homogéneos se mantiene en niveles prácticamente iguales al año anterior, de forma que el buen ritmo del aumento del empleo y la moderada mejora en los salarios medios hacen que se esté compensando el coste inicial de la reforma fiscal con el crecimiento de las rentas sujetas a gravamen.
-Por estas razones, es posible adelantar seis meses la segunda fase de la rebaja en el IRPF, a julio de 2015. Con la actual evolución de la recaudación, resulta aconsejable acelerar la implantación de alguna de las medidas de la reforma tributaria, adelantando el calendario inicialmente diseñado, de manera que se incremente la rebaja impositiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2015. El impacto automático de la aprobación de una nueva tarifa del impuesto, a través del sistema de retenciones e ingresos a cuenta, incrementará la liquidez disponible para los contribuyentes a lo largo del segundo semestre de este año, en una cuantía que se estima en mil quinientos millones de euros.
-Por otra parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas debe atender la situación de especial dificultad por la que pueden estar atravesando determinados contribuyentes, por lo que resulta imprescindible mitigar la tributación de las ayudas que perciben colectivos que se encuentren en situaciones de especial necesidad, al tiempo que se evita el embargo o traba de las mismas, atendiendo el Impuesto no solo a criterios de justicia tributaria sino de justicia social.
-Los innegables efectos beneficiosos antes aludidos para consolidar la recuperación económica justifican la introducción de estas medidas en nuestro ordenamiento jurídico de manera inmediata, ya que concurre, por su naturaleza y finalidad, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización del real decreto-ley, requisito imprescindible, como ha recordado, por otra parte, la jurisprudencia constitucional.
-Partiendo de estas premisas, el capítulo I del presente Real Decreto-ley está integrado por cuatro artículos.
-El artículo primero introduce diversas modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-El citado artículo adopta la principal medida de este Real Decreto-ley en cuya virtud se incrementará la renta disponible de los contribuyentes de dicho impuesto.
-La instrumentación de dicha medida se lleva a cabo mediante la aprobación de una nueva escala general estatal y del ahorro aplicables desde 1 de enero de 2015 en la que se reducen en medio punto los marginales correspondientes a cada uno de los tramos de las citadas escalas.
-En este escenario, y con la finalidad de trasladar este incremento de renta disponible de forma significativa a los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, se aprueba, para el primero de ellos, una nueva escala de retención que se tendrá en cuenta para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, que, lógicamente, determinará una rebaja generalizada del citado tipo de retención. No obstante, los pagadores podrán aplicar la nueva escala desde la propia fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
-Ahora bien, debe advertirse que lo indicado anteriormente no significa que los efectos económicos de dicha medida se limiten a reducir la carga tributaria de los rendimientos satisfechos a partir de dicha fecha, ya que para calcular el nuevo tipo de retención se tiene en cuenta la nueva escala y las retribuciones obtenidas desde el 1 de enero de 2015, lo que determinará que el nuevo tipo de retención sea menor para corregir el exceso de retención soportado en las nóminas correspondientes a los meses anteriores, haciendo de esta forma efectiva la rebaja con efectos desde 1 de enero de 2015.
-En cuanto a los trabajadores autónomos, bajo la misma perspectiva de incrementar su renta disponible, se reduce de forma generalizada el tipo de retención, que queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un 15 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Al mismo tiempo, a partir de dicha fecha, se rebaja al 7 por ciento el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de la actividad profesional.
-La rebaja anterior obliga a reducir en el mismo importe la cuantía del tipo fijo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias o similares, así como de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.
-Igualmente, en relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se minora el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5 por ciento frente al 20 por ciento actual.
-Adicionalmente, dada la especial situación por la que pueden estar pasando determinados contribuyentes, se declaran exentas las ayudas públicas concedidas por las Comunidades Autónomas o entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, así como las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y, en particular, a víctimas de violencia de género.
-Por otra parte, dada su pequeña cuantía y el elevado número de contribuyentes afectados, que puede incluso llegar a producir una tributación superior a la propia ayuda percibida en caso de que, por percibir la misma, se conviertan en obligados a presentar declaración, se declaran igualmente exentas las ayudas percibidas para compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital
-Por último, en los mismos términos que en ejercicios anteriores, se aclara cuál será la escala autonómica aplicable a los contribuyentes que residan en Ceuta y Melilla.
-El artículo segundo, como consecuencia de las reducciones en los tipos de retención e ingreso a cuenta anteriormente señalados, modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, rebajando el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable del 20 al 19,5 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
-Igualmente, por las mismas razones, el artículo tercero modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, rebajando el tipo de gravamen previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 del citado texto refundido, al 19,5 por ciento, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
-Por último, el artículo cuarto, con la finalidad de posibilitar la consecución de los objetivos a que se destinan determinadas prestaciones y ayudas concedidas por las distintas Administraciones Públicas, se limita la posibilidad de embargo de las mismas mediante la aplicación de las reglas que ya rigen en la actualidad en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los embargos del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente.
-II
-El capítulo II del presente Real Decreto-ley está integrado por tres artículos, mediante los que se adoptan determinadas medidas relacionadas con el sector energético.
-La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, dando continuidad a lo ya previsto con anterioridad en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, establece la posibilidad de que la retribución de la actividad de producción contemple un componente en concepto de mecanismo de capacidad. El objetivo es, según la ley, dotar al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentivar la disponibilidad de potencia gestionable.
-Los mecanismos por capacidad incluyen dos tipos de servicios: el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo.
-El incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo se encuentra regulado en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y tiene por objeto retribuir la inversión en nueva capacidad, necesaria para asegurar la cobertura de la demanda en el largo plazo. Este mecanismo incentiva la puesta a disposición del operador del sistema de determinada potencia instalada que se acredita mediante el acta de puesta en marcha de la instalación de generación.
-La citada Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, además del incentivo de inversión a largo plazo, regulaba también un pago en concepto de servicio de disponibilidad, definiéndose éste como un servicio de medio plazo para completar los servicios de ajuste del sistema destinados a asegurar la disponibilidad de potencia a corto plazo. Este servicio de disponibilidad se desarrolló mediante la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión al que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, mantiene la diferenciación entre incentivo a la inversión y servicio de disponibilidad.
-El mecanismo de financiación de los pagos por capacidad es el previsto en la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008. De acuerdo con ella, están obligados al pago por capacidad todos los comercializadores y consumidores directos en mercado por la energía que efectivamente adquieran a través de las diferentes modalidades de contratación y destinada al consumo interno español, salvo la energía correspondiente al autoconsumo de producción y al consumo de bombeo.
-Los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad que son actualmente de aplicación a la demanda son los establecidos en la disposición adicional cuarta de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a los que hay que añadir los previstos para los peajes de acceso supervalle en el anexo I.2.2.3 de la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de octubre de 2011, y los previstos para los peajes de acceso 6.1A y 6.1B en el anexo I.2 de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015
-En el año 2010, los precios de los pagos por capacidad fueron revisados a fin de adecuarlos a la entrada en vigor del mecanismo regulado en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.
-Este mecanismo era de aplicación a instalaciones de generación que utilizan como combustible carbón autóctono y los costes derivados de su aplicación suponían un sobrecoste directo para el consumidor que contribuye a su financiación a través de los pagos por capacidad.
-El hecho de que el 31 de diciembre del año 2014 finalizase de manera improrrogable el mecanismo de restricciones por garantía de suministro regulado por el anteriormente citado Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, motiva la revisión de los precios en concepto de pagos por capacidad.
-Por criterios de prudencia y hasta ver el comportamiento real de la demanda, cuya recuperación se viene constatando, hasta el momento se ha mantenido la cantidad que pagan los consumidores por este concepto, existiendo un exceso de recaudación en esta partida para el año 2015, que se viene confirmando además en las diferentes liquidaciones del sector eléctrico realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
-Ante esta situación, se recoge en la presente norma una revisión de los precios que soportan los consumidores en concepto de pagos por capacidad, ajustando los valores unitarios, y que supone una reducción de la cantidad que pagan actualmente en términos anuales, contribuyendo por tanto a la disminución de la factura eléctrica que se mantendrá desde su entrada en vigor.
-No obstante, para 2015 para efectuar una reducción equivalente de la cuantía total en concepto de pagos por capacidad debe tenerse en cuenta que los valores unitarios aplican solo en los meses que restan de año (agosto-diciembre), lo que se traduce en una disminución media de la factura anual de los precios de los consumidores en estos meses superior a lo que representaría en cómputo anual.
-Por tanto, la medida debe adoptarse con la máxima antelación posible para evitar saltos bruscos en la repercusión que estos cambios de precios podrían suponer para los consumidores en caso de retrasarse su aprobación, lo que rompería la estabilidad de precios actual.
-En todo caso, esta medida se adopta sin que se altere, en ningún caso, la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico exigida en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dado que está garantizado el equilibrio entre las diferentes partidas de ingresos y costes que lo componen.
-El segundo de los artículos de este capítulo II incorpora una modificación de la Ley del Sector Eléctrico dirigida a beneficiar a los consumidores de pequeña potencia que decidan autoconsumir energía eléctrica.
-El artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico, regula el autoconsumo. El apartado 3 determina que «todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico.
-Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el apartado anterior.»
-Además contempla una excepción en el caso de los territorios no peninsulares cuando supongan una reducción de los costes de dichos sistemas, si bien no se había contemplado ningún tratamiento específico para aquellos pequeños consumidores.
-En la actualidad, con esta medida se amplía la excepción a los consumidores de pequeña potencia que decidieran autoconsumir energía eléctrica con el objetivo de minorar las cargas administrativas, de gestión y sus costes asociados. Su impacto para el conjunto del sistema eléctrico es poco significativo, por lo que resulta conveniente flexibilizar esta carga.
-Por ello resulta conveniente ampliar esta excepción a estos casos.
-En todo caso, dicha excepción se desarrollará garantizando la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
-La urgente y extraordinaria necesidad, en línea con otras medidas adoptadas en este Real Decreto-ley, viene justificada por la contribución al impulso de la economía y a la mejora de la competitividad que supone esta reducción de precios para los consumidores eléctricos.
-III
-El capítulo II de este Real Decreto-ley recoge finalmente otras medidas excepcionales de carácter social a favor de empresas de la minería de carbón no competitiva.
-La Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas, consideró que la aportación del carbón subvencionado a las fuentes de energías autóctonas que contribuyen al abastecimiento de la Unión Europea no justificaba el mantenimiento indefinido de las subvenciones, limitando hasta 2018 la posibilidad de que los Estados miembros concedieran ayudas a las minas no competitivas para cubrir los costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad. Para ello exigió un Plan de Cierre de las unidades de producción no competitivas, de modo que pudiese desarrollarse un cese ordenado de las actividades mineras en dichas unidades de producción que culminase a más tardar el 31 de diciembre de 2018.
-Sin embargo, con esa norma se ofrecía también un marco jurídico que facilitaba a los Estados miembros mitigar eficazmente los posibles efectos perjudiciales de los cierres de minas, especialmente en sus aspectos sociales, a fin de minimizar su impacto en zonas eminentemente mineras.
-En nuestro país ello se tradujo en un Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018, acordado el día 1 de octubre de 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con la central sindical FITAG-UGT, la Federación de Industria de CC.OO, la Federación de Industria de USO y, la agrupación de empresarios del sector, CARBUNIÓN. Este marco, adoptado de conformidad con lo dispuesto en la referida Decisión del Consejo de 10 de diciembre, se configura «como el instrumento de planificación de las políticas públicas de reordenación del sector de la minería del carbón (…) en el escenario establecido por la Decisión.» Persiguiendo, entre otros objetivos, «atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo, así como su repercusión en la economía regional.»
-A la consecución de los distintos objetivos previstos en el mismo se destinaron diferentes líneas de ayudas, entre las que figuran, las denominadas ayudas por costes excepcionales, siendo una de sus modalidades, «las Ayudas de carácter social destinadas a financiar procesos de reducción de plantilla de unidades de producción de carbón que cierren». Tales ayudas permiten asumir el coste de prestaciones sociales derivadas de la jubilación de quienes no tienen la edad legal de jubilación, o el pago de indemnizaciones ajenas al sistema legal, según determina el anexo de la referida decisión comunitaria, atendiendo a lo dispuesto en su artículo 4 «Ayudas para cubrir costes excepcionales».
-Estas líneas de ayudas las desarrolla el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Conforme a esta norma, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, se podrá financiar la reducción de las plantillas propias de las empresas que cierren sus unidades de producción de carbón, por medio de ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada y mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario, a las que accederían los trabajadores en función del cumplimiento de una serie de requisitos objetivos. Tales medidas permitían cubrir la pérdida de empleo de los trabajadores del sector, cuya salida se preveía de forma escalonada hasta el 31 de diciembre de 2018.
-Sin embargo, las actuales circunstancias del sector, motivadas por la caída de la cotización del carbón en los mercados internacionales con la consiguiente pérdida de competitividad del carbón nacional frente al carbón importado en los últimos meses, han conducido a que la producción de carbón siga una curva descendente que obliga a la mayoría de las empresas a adelantar la fecha de cierre inicialmente prevista y a incurrir en declaraciones de concurso de acreedores o en situaciones de insolvencia y liquidación que llevan, inexorablemente, a la extinción de los contratos de trabajo de sus plantillas.
-Así, el precio internacional del carbón ha evolucionado a la baja en los dos últimos años habiendo alcanzado un precio medio CIF (coste, seguro y flete) por debajo de los 55 euros por tonelada, en marzo del año 2015, en los puertos ARA (Ámsterdam, Róterdam y Amberes) que suelen emplearse como referencia en Europa. Este desplome de la caída de los precios del carbón mucho más de lo previsto en el momento de la firma del nuevo Marco de actuación para el periodo 2013-2018 y la incertidumbre sobre la evolución de los mercados internacionales está ocasionando graves problemas de competitividad tanto a las empresas de la minería del carbón españolas como de otros países europeos que han visto enormemente limitadas sus posibilidades de suministro de carbón autóctono.
-En este contexto de cierre de aquellas unidades de producción no competitivas en el sector de la minería del carbón, las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, se muestran claramente insuficientes pues los requisitos establecidos se han previsto para un cese progresivo que culminaría en 2018. Resulta de capital importancia, por tanto, paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y limitadas oportunidades de reinserción laboral para unos trabajadores que vienen realizando tareas muy específicas, propias de un sector en crisis, en unos puestos de trabajo que requieren unas características físicas singulares del trabajador, en particular, un gran desgaste físico.
-Se trata, en definitiva, de facilitar el acceso a unas ayudas que ya estaban previstas, en apoyo a las empresas mineras, que llegan a esta situación de cierre muy endeudadas y con falta de liquidez, soportando el coste de la reducción de las plantillas propias, según estaba acordado en el referido Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018, cuyo objetivo es garantizar una minería competitiva del sector del carbón de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
-Para ello basta con permitir que se adelante la fecha de entrada al sistema de ayudas por edad avanzada de aquellos trabajadores que, de otro modo, se habrían incorporado al plan de ayudas en 2017 o 2018. Se trata de anticipar, por consiguiente, esa fecha, flexibilizando las exigencias de edad equivalente y periodo de cotización, lo que se vería compensado con una minoración del importe de la ayuda.
-Adicionalmente, se facilita con carácter excepcional el acceso a las ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario, a aquellos trabajadores incorporados a las plantillas de las empresas privadas de la minería de carbón no competitiva en fecha anterior a 1 de enero de 2015 y posterior a 31 de diciembre de 2011.
-En la adopción de estas medidas excepcionales de carácter social y voluntario a favor de los trabajadores de las empresas de la minería de carbón no competitiva, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa. En efecto, la crisis del sector, agudizada por la evolución de los precios del carbón en los mercados internacionales, hace imprescindible abordar el impacto social y regional de los procesos de cierre, como así prevé la normativa comunitaria, y garantizar, sin dilación, que el conjunto de las plantillas excedentes de la minería de carbón no competitivas puedan acceder a las categorías de ayudas amparadas por el artículo 4 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010.
-IV
-El texto del Real Decreto-ley se completa con una disposición adicional, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.
-La disposición adicional única tiene como finalidad autorizar la formalización a Presupuesto de los anticipos efectuados en el año 2014 para atender los intereses de demora abonados a la Unión Europea y pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2014.
-En el ejercicio 2014 han quedado pendientes de formalizar a Presupuesto pagos efectuados a la Unión Europea, derivados de intereses de demora por el retraso en la puesta a disposición de la Unión Europea de los Recursos propios tradicionales correspondientes a una deuda que nació como consecuencia de la retirada de mercancía bajo control aduanero y que circulaba al amparo de las disposiciones del Transito Comunitario Externo, por importe de 3.172.388,46 euros.
-Al tener estos anticipos la consideración de obligaciones de ejercicios anteriores requieren para su formalización, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una norma con rango de ley.
-Por el principio de transparencia y seguridad jurídica resulta necesario que, de manera inmediata, se proceda a regularizar estas obligaciones de ejercicios anteriores. Por tanto, concurre la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española.
-Las tres disposiciones finales se refieren, respectivamente, al título competencial, a la posibilidad de modificar en el futuro mediante normas de rango reglamentario el contenido de las que teniendo dicho rango hayan sido modificadas por el presente Real Decreto-ley y a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.
-En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo y, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de 2015,
-DISPONGO:
-CAPÍTULO I
-Medidas de carácter tributario
-Artículo 1. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
-Con efectos desde 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
-Uno. Se añade una nueva letra y) al artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:
-«y) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.
-Asimismo estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.»
-Dos. Se añade un nuevo apartado 4 a la disposición adicional quinta, que queda redactado de la siguiente forma:
-«4. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.»
-Tres. Se modifica el apartado 3 y la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley, que quedan redactados de la siguiente forma:
-«3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por ciento. Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»
-«a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.
-No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.
-Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»
-Cuatro. Se modifica la disposición adicional trigésima primera, que queda redactada de la siguiente forma:
-«Disposición adicional trigésima primera. Escalas y tipos de retención aplicables en 2015.
-1. En el período impositivo 2015 las escalas para la determinación de la cuota íntegra del impuesto serán:
-a) La escala general del impuesto a que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 63 de esta Ley será la siguiente:
-Base liquidable
-–
-Hasta euros
-Cuota íntegra
-–
-Euros
-Resto base liquidable
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0,00
-0,00
-12.450,00
-9,50
-12.450,00
-1.182,75
-7.750,00
-12
-20.200,00
-2.112,75
-13.800,00
-15
-34.000,00
-4.182,75
-26.000,00
-18,5
-60.000,00
-8.992,75
-En adelante
-22,5
-b) La escala a que se refiere el artículo 65 de esta Ley será la establecida en la letra a) anterior y la siguiente:
-Base liquidable
-–
-Hasta euros
-Cuota íntegra
-–
-Euros
-Resto base liquidable
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0,00
-0,00
-12.450,00
-10,00
-12.450,00
-1.245,00
-7.750,00
-12,50
-20.200,00
-2.213,75
-13.800,00
-15,50
-34.000,00
-4.352,75
-26.000,00
-19,50
-60.000,00
-9.422,75
-En adelante
-23,50
-c) La escala del ahorro a que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 66.
-d) La escala del ahorro a que se refiere el número 1.º del apartado 2 del artículo 66 de esta Ley será la siguiente:
-Base liquidable
-del ahorro
-–
-Hasta euros
-Cuota íntegra
-–
-Euros
-Resto base liquidable
- del ahorro
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0
-0
-6.000
-19,5
-6.000,00
-1.170
-44.000
-21,5
-50.000,00
-10.630
-En adelante
-23,5
-e) La escala del ahorro a que se refiere el número 1.º del artículo 76 de esta Ley será la siguiente:
-Base liquidable del ahorro
-–
-Hasta euros
-Cuota íntegra
-–
-Euros
-Resto base liquidable del ahorro
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0
-0
-6.000
-10
-6.000,00
-600
-44.000
-11
-50.000,00
-5.440
-En adelante
-12
-f) La escala a que se refiere el número 1.º de la letra e) del apartado 2 del artículo 93 de esta Ley será la siguiente:
-Base liquidable
-–
-Euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-Hasta 600.000 euros
-24
-Desde 600.000,01 euros en adelante
-47
-g) La escala a que se refiere el número 2.º de la letra e) del apartado 2 del artículo 93 de esta Ley será la siguiente:
-Base liquidable del ahorro
-–
-Hasta euros
-Cuota íntegra
-–
-Euros
-Resto base liquidable del ahorro
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0
-0
-6.000
-19,5
-6.000,00
-1.170
-44.000
-21,5
-50.000,00
-10.630
-En adelante
-23,5
-2. En el período impositivo 2015, para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a 12 de julio a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención a que se refiere el artículo 82 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la escala de retención a que se refiere el apartado 1 del artículo 101 de esta Ley será la siguiente:
-Base para calcular el tipo de retención
-–
-Hasta euros
-Cuota de retención
-–
-Euros
-Resto base para calcular el tipo de retención
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0,00
-0,00
-12.450,00
-20,00
-12.450,00
-2.490,00
-7.750,00
-25,00
-20.200,00
-4.427,50
-13.800,00
-31,00
-34.000,00
-8.705,50
-26.000,00
-39,00
-60.000,00
-18.845,50
-En adelante
-47,00
-A partir de 12 de julio para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, la escala de retención a tomar en consideración será la siguiente:
-Base para calcular el tipo de retención
-–
-Hasta euros
-Cuota de retención
-–
-Euros
-Resto base para calcular el tipo de retención
-–
-Hasta euros
-Tipo aplicable
-–
-Porcentaje
-0,00
-0,00
-12.450,00
-19,50
-12.450,00
-2.427,75
-7.750,00
-24,50
-20.200,00
-4.326,5
-13.800,00
-30,50
-34.000,00
-8.535,5
-26.000,00
-38,00
-60.000,00
-18.415,5
-En adelante
-46,00
-El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con la anterior escala, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 12 de julio, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-No obstante, la regularización a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, en cuyo caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se determinará tomando en consideración la escala de retención a que se refiere el primer párrafo de este apartado.
-3. En el período impositivo 2015:
-a) El porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos previstos en el apartado 3 del artículo 101 de esta Ley, satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 19 por ciento. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a dichos rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 15 por ciento.
-b) El porcentaje de retención e ingreso a cuenta a que se refiere el primer párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley aplicable a los rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 19 por ciento. No obstante, dicho porcentaje será el 15 por ciento cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio y el contribuyente hubiera comunicado al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 15 por ciento.
-c) El porcentaje de retención e ingreso a cuenta a que se refiere el segundo párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley aplicable a los rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 9 por ciento. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 7 por ciento.
-d) Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta del 19 por ciento previstos en el artículo 101 de esta Ley serán el 20 por ciento cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta hubiera nacido con anterioridad a 12 de julio. Cuando el nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta se hubiera producido a partir de dicha fecha, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 19,5 por ciento.
-e) El porcentaje de retención del 35 por ciento previsto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley, será el 37 por ciento, el porcentaje de retención del 45 por ciento previsto en la letra f) del apartado 2 del artículo 93 de esta Ley será el 47 por ciento y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 y del pago a cuenta del 19 por ciento previsto en la disposición adicional vigésima sexta, ambos de esta Ley, serán el 20 por ciento.»
-Cinco. Se modifica la disposición adicional trigésima segunda, que queda redactada de la siguiente forma:
-«Disposición adicional trigésima segunda. Escala autonómica aplicable a los residentes en Ceuta y Melilla.
-La escala autonómica aplicable a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla será la prevista en el artículo 65 de esta Ley.»
-Artículo 2. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
-Con efectos a partir de 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:
-Uno. Se deroga la letra ñ) de la disposición transitoria trigésima cuarta.
-Dos. Se añade una disposición transitoria trigésima octava, que queda redactada de la siguiente forma:
-«Disposición transitoria trigésima octava. Porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable en 2015.
-Desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de julio de 2015, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 128 de esta Ley será el 20 por ciento. Dicho porcentaje será el 19,5 por ciento desde 12 de julio de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015.»
-Artículo 3. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo.
-Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo:
-Uno. Se modifica la regla 2ª del apartado 1 del artículo 38, que queda redactada de la siguiente forma:
-«2.ª La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de entre los previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades.»
-Dos. Se modifica la disposición adicional novena, que queda redactada de la siguiente forma:
-«Disposición adicional novena. Tipos de gravamen aplicables en 2015.
-En el año 2015, para los impuestos devengados con anterioridad a 12 de julio, el tipo de gravamen del 19 por ciento previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 de esta Ley, será del 20 por ciento. Los citados tipos serán del 19,5 por ciento cuando el impuesto se devengue a partir de dicha fecha.»
-Artículo 4. Prestaciones y ayudas públicas inembargables.
-1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los embargos ordenados en el ámbito de procedimientos judiciales y administrativos que tengan por objeto las siguientes prestaciones públicas:
-a) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos.
-b) Las demás ayudas establecidas por las Comunidades Autónomas o por las Entidades Locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes.
-c) Las prestaciones y ayudas establecidas por el Estado con finalidad análoga a las señaladas en los apartados anteriores.
-d) Las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.
-2. Las prestaciones y ayudas a que se refiere este artículo serán consideradas como una percepción más a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
-CAPÍTULO II
-Medidas relacionadas con el sector energético
-Artículo 5. Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad.
-Los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y en la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión al que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, aplicables por la energía adquirida por los sujetos a los que se refiere la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, serán los siguientes:
-Peajes de acceso
- 
-Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad 
-Euro/kWh (b.c.)
-P1
-P2
-P3
-P4
-P5
-P6
-Peajes de baja tensión:
- 
-   
-   
-   
-   
- 
-2.0 A (Pc ≤ 10 kW).
-0,008181
- 
- 
- 
- 
- 
-2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW).
-0,008430
-0,001422
- 
- 
- 
- 
-2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW).
-0,008430
-0,001920
-0,001138
- 
- 
- 
-2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW).
-0,008181
- 
- 
- 
- 
- 
-2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW).
-0,008430
-0,001422
- 
- 
- 
- 
-2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW).
-0,008430
-0,001920
-0,001138
- 
- 
- 
-3.0 A ( Pc > 15 kW).
-0,014798
-0,007606
-0,000102
- 
- 
- 
-Peajes de alta tensión:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-3.1 A ( 1 kV a 36 kV).
-0,011365
-0,006119
-0,000000
- 
- 
- 
-6.1A (1 kV a 30 kV).
-0,011365
-0,005246
-0,003496
-0,002622
-0,002622
-0,000000
-6.1B (30 kV a 36 kV).
-0,011365
-0,005246
-0,003496
-0,002622
-0,002622
-0,000000
-6.2 ( 36 kV a 72,5 kV).
-0,011365
-0,005246
-0,003496
-0,002622
-0,002622
-0,000000
-6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ).
-0,011365
-0,005246
-0,003496
-0,002622
-0,002622
-0,000000
-6.4 ( Mayor o igual a 145 kV).
-0,011365
-0,005246
-0,003496
-0,002622
-0,002622
-0,000000
-Artículo 6. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
-Se añade un párrafo al final del artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, redactado en los siguientes términos:
-«Artículo 9.
-3. (...)
-(...)
-(...)
-Asimismo, de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo. En todo caso, tanto la potencia máxima contratada de consumo como la instalada de generación no serán superiores a 10 kW.»
-Artículo 7. Medidas excepcionales de carácter social y voluntario a favor de trabajadores de empresas de la minería de carbón no competitiva.
-1. Con carácter excepcional, podrá anticiparse a partir del 1 de enero de 2016 el acceso a las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada previstas para los ejercicios 2017 y 2018 en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, conforme a lo establecido a continuación:
-a) Se podrán acoger a estas ayudas aquellas empresas mineras susceptibles de ser beneficiarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho real decreto, siempre que sus trabajadores reúnan los siguientes requisitos objetivos:
-1.º Su condición de trabajadores con contrato indefinido en la empresa solicitante.
-2.º Tener cincuenta y dos o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda.
-Se entenderá cumplido este requisito en aquellos trabajadores que sin tener esta edad tuvieran prevista su prejubilación hasta el 31 de diciembre de 2018, de haber mantenido, hasta esa fecha, el coeficiente reductor que tuviesen asignado en el momento de la extinción de su relación laboral.
-3.º Antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, tres años consecutivos, a contar desde la extinción de la relación laboral que da lugar a estas ayudas.
-4.º Cotizaciones al Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social durante, al menos, nueve años.
-5.º Los trabajadores deberán acreditar al cumplir la edad legal de jubilación conforme a lo previsto en el artículo 161 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el periodo mínimo de cotización que se requiera para acceder a la misma en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. En el supuesto de modificación normativa del periodo mínimo, el trabajador que ya está cobrando estas ayudas, las tendrá garantizadas hasta que alcance un nuevo periodo mínimo exigido para acceder a su jubilación.
-b) La cuantificación de las ayudas se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, aplicando un porcentaje de reducción en función de la edad equivalente del trabajador.
-De esta forma, una vez calculada la cantidad bruta garantizada ésta se reducirá en un 4,66 por ciento a los trabajadores cuya edad equivalente sea igual o superior a 53 años e inferior a 54 años. En el caso de que dicha edad equivalente sea igual o superior a 52 años, o la misma se entienda cumplida conforme a este Real Decreto-ley, la reducción de esta cantidad será de un 9,32 por ciento.
-c) Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada con carácter anticipado, podrán ser presentadas, junto con el resto de documentación exigida en el artículo 10 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, en cualquier momento a partir del 1 de septiembre de 2015 hasta el 15 de septiembre de 2017.
-d) Estas ayudas se mantendrán para cada trabajador hasta que se alcance la edad legal de jubilación conforme a lo previsto en el artículo 161 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. En el supuesto de modificación normativa de la edad legal de jubilación, el trabajador que ya esté cobrando estas ayudas, las tendrá garantizadas hasta que alcance la edad legal para acceder a su jubilación.
-2. Excepcionalmente, se podrán acoger voluntariamente a baja indemnizada los trabajadores de las empresas mineras susceptibles de ser beneficiarias de estas ayudas de acuerdo con el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, cuando así lo soliciten sus empresas antes del 1 de octubre de 2015, siempre que se acrediten los siguientes requisitos objetivos:
-a) Su antigüedad en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social desde, al menos, tres años.
-b) Su condición de trabajadores de la plantilla anterior al 1 de enero de 2015 y posterior al 31 de diciembre de 2011, en cualquiera de las empresas mineras privadas del carbón que figuran en el anexo del referido real decreto.
-c) Una antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, un año antes de la extinción del contrato de trabajo.
-3. La resolución de concesión de las ayudas previstas en este artículo estará condicionada a la acreditación del efectivo cumplimiento por parte de los trabajadores de la empresa minera de los requisitos establecidos en el mismo.
-4. La aplicación de estas medidas de carácter excepcional se regirá en lo no previsto en este Real Decreto-ley por el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto.
-5. En todo caso, las empresas que no se acojan a estas medidas excepcionales podrán acceder a las ayudas previstas en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, siempre que se cumplan los requisitos y demás condiciones contemplados en el mismo.
-Disposición adicional única. Formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 «Relaciones Financieras con la Unión Europea» de anticipos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre de 2014.
-Se autoriza la formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 “Relaciones Financieras con la Unión Europea” del anticipo pendiente de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2014, efectuado para atender al pago a la Unión Europea de intereses de demora derivados del retraso en la puesta a disposición de determinados Recursos Propios Tradicionales, por importe de 3.172.388,46 euros. El anticipo se aplicará al crédito dotado en el Servicio 01, Programa 943M, concepto 352 Intereses de demora.
-Disposición transitoria única. Precio unitario transitorio para la financiación de los pagos por capacidad.
-Transitoriamente, los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el artículo 5 que deben aplicarse a efectos de facturación en el periodo desde el 1 de agosto de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos incluidos, serán los siguientes:
-Peajes de acceso
-Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad
-Euro/kWh (b.c.)
-P1
-P2
-P3
-P4
-P5
-P6
-Peajes de baja tensión:
- 
-   
-   
-   
-   
- 
-2.0 A (Pc ≤ 10 kW).
-0,005898
- 
- 
- 
- 
- 
-2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW).
-0,006078
-0,001026
- 
- 
- 
- 
-2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW).
-0,006078
-0,001384
-0,000821
- 
- 
- 
-2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW).
-0,005898
- 
- 
- 
- 
- 
-2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW).
-0,006078
-0,001026
- 
- 
- 
- 
-2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW).
-0,006078
-0,001384
-0,000821
- 
- 
- 
-3.0 A ( Pc > 15 kW).
-0,010669
-0,005484
-0,000073
- 
- 
- 
-Peajes de alta tensión:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-3.1 A ( 1 kV a 36 kV).
-0,008194
-0,004412
-0,000000
- 
- 
- 
-6.1A (1 kV a 30 kV).
-0,008194
-0,003782
-0,002521
-0,001891
-0,001891
-0,000000
-6.1B (30 kV a 36 kV).
-0,008194
-0,003782
-0,002521
-0,001891
-0,001891
-0,000000
-6.2 ( 36 kV a 72,5 kV).
-0,008194
-0,003782
-0,002521
-0,001891
-0,001891
-0,000000
-6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ).
-0,008194
-0,003782
-0,002521
-0,001891
-0,001891
-0,000000
-6.4 ( Mayor o igual a 145 kV).
-0,008194
-0,003782
-0,002521
-0,001891
-0,001891
-0,000000
-Disposición final primera. Título competencial.
-El capítulo I de este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general salvo el artículo cuatro que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, en materia de legislación procesal.
-Los artículos 5 y 6 del presente Real Decreto-ley se dictan al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1, reglas 13.ª y 25.ª de la Constitución, atribuyen al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético y minero, respectivamente.
-El artículo 7 de este Real Decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1, reglas 7.ª y 13.ª de la Constitución atribuyen al Estado en materia de legislación laboral y de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
-Disposición final segunda. Modificación de disposiciones reglamentarias.
-Las modificaciones que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por el mismo, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que actualmente figuran.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 10 de julio de 2015.
-FELIPE R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY",Análisis de las finanzas públicas y medidas financieras tomadas.,"3) El preámbulo habla de la ""prudencia"" del Gobierno y de lo bien que estamos en este país en lo económico  #BOE"
-3483,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+14 de agosto de 2013.
+Madrid, 14 de agosto de 2013.- Directora General de Tráfico.","Ya está licitado el contrato de publi institucional más grande del año, el de la DGT para 2014:  7,5 millones #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Licitado el contrato de publicidad institucional más grande del año, el de la DGT para 2014 por importe total de 7.623.000,00 euros (1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2))",,[],522,0.71835387,425
+2014-09-29,,BOE-B-2014-33818,"Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de obras denominado Plan Barrios 2014. Mejora de los pavimentos en calzadas, aceras y carril bici de los barrios de la Ciudad de Madrid. (5 lotes).","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20200821125601'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-B-2014-33818</identificador>
+<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de obras denominado Plan Barrios 2014. Mejora de los pavimentos en calzadas, aceras y carril bici de los barrios de la Ciudad de Madrid. (5 lotes).</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
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+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
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+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>5.113.160,37 euros.</dd>
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+<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
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+<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
+<dd>Lote 1: 11 septiembre 2014; Lote 2. 10 septiembre 2014; Lote 3: 9 septiembre 2014; Lote 4: 11 septiembre 2014; Lote 5: 9 septiembre 2014.</dd>
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+<dd>Lote 1: 15 septiembre 2014; Lote 2: 15 septiembre 2014; Lote 3: 12 septiembre 2014; Lote 4: 15 septiembre 2014; Lote 5: 12 septiembre 2014.</dd>
+<dt>c) Contratista: </dt>
+<dd>Lote 1: Asfaltos Vicálvaro, S.L. ; Lote 2: Aglomerados Los Serranos, S.A.; Lote 3: Licuas, S.A.; Lote 4: Asfaltos Vicálvaro, S.L.; Lote 5: Cyser, Empresa de Construcción de Obra Civil, S.L.</dd>
+<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
+<dd> Importe neto: Lote 1: 682.698,29; Lote 2: 623.771,53; Lote 3: 628.507,09; Lote 4: 530.564,95; Lote 5: 594.468,00. Importe total: Lote 1: 826.064,93; Lote 2: 754.763,55; Lote 3: 760.493,58; Lote 4: 641.983,59; Lote 5: 719.306,28. </dd>
+<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
+<dd>Lote 1: proposición más ventajosa y baja del 43,12%; Lote 2: proposición más ventajosa y baja del 37,20%; Lote 3: proposición más ventajosa y baja del 42,12%; Lote 4: proposición más ventajosa y baja del 42,28%; Lote 5: proposición más ventajosa y baja del 35,00%. Todos ellos con mejoras medioambientales A3 y un plazo de garantía de cuatro años.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 18 de septiembre de 2014.- La Secretaria general técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Mon Sep 29 08:00:42 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: 
-Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+Ayuntamiento de Madrid.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Secretaria General Técnica. Servicio de Contratación.
+d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.madrid.es.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Obras.
+b) Descripción: 
+Plan Barrios 2014. Mejora de los pavimentos en calzadas, aceras y carril bici de los barrios de la Ciudad de Madrid. (5 lotes).
+c) Lote: 
+5 lotes.
+d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+452332000-1 (Trabajos diversos de pavimentación).
+g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 
+Boletín Oficial del Estado.
+h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
+19 de julio de 2014.
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Urgente.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+5.113.160,37 euros.
+5. Presupuesto base de licitación.
+ Importe neto: 5.113.160,37 euros. Importe total: 6.186.924,06 euros. 
+6. Formalización del contrato:
+a) Fecha de adjudicación: 
+Lote 1: 11 septiembre 2014; Lote 2. 10 septiembre 2014; Lote 3: 9 septiembre 2014; Lote 4: 11 septiembre 2014; Lote 5: 9 septiembre 2014.
+b) Fecha de formalización del contrato: 
+Lote 1: 15 septiembre 2014; Lote 2: 15 septiembre 2014; Lote 3: 12 septiembre 2014; Lote 4: 15 septiembre 2014; Lote 5: 12 septiembre 2014.
+c) Contratista: 
+Lote 1: Asfaltos Vicálvaro, S.L. ; Lote 2: Aglomerados Los Serranos, S.A.; Lote 3: Licuas, S.A.; Lote 4: Asfaltos Vicálvaro, S.L.; Lote 5: Cyser, Empresa de Construcción de Obra Civil, S.L.
+d) Importe o canon de adjudicación: 
+ Importe neto: Lote 1: 682.698,29; Lote 2: 623.771,53; Lote 3: 628.507,09; Lote 4: 530.564,95; Lote 5: 594.468,00. Importe total: Lote 1: 826.064,93; Lote 2: 754.763,55; Lote 3: 760.493,58; Lote 4: 641.983,59; Lote 5: 719.306,28. 
+e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
+Lote 1: proposición más ventajosa y baja del 43,12%; Lote 2: proposición más ventajosa y baja del 37,20%; Lote 3: proposición más ventajosa y baja del 42,12%; Lote 4: proposición más ventajosa y baja del 42,28%; Lote 5: proposición más ventajosa y baja del 35,00%. Todos ellos con mejoras medioambientales A3 y un plazo de garantía de cuatro años.
+Madrid, 18 de septiembre de 2014.- La Secretaria general técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.","Ayto de Madrid tiene prisa, vienen elecciones. Mejoras pavimentación, tramitación urgente, más de 6 millones  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"Ayto de Madrid, licitación del plan Barrios 2014. Mejora de los pavimentos en calzadas, aceras y carril bici de los barrios de la Ciudad de Madrid. (5 lotes) por un importe de 6.186.924,06 euros.",,[],1366,0.71852034,362
+2014-12-26,,BOE-A-2015-11051,Acuerdo de la Mesa del Senado de 16 de diciembre de 2014 por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de restauración del Senado.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
+<metadatos>
+<identificador>BOE-B-2014-45379</identificador>
+<titulo>Acuerdo de la Mesa del Senado de 16 de diciembre de 2014 por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de restauración del Senado.</titulo>
+<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
+<diario_numero>312</diario_numero>
+<seccion>5</seccion>
+<subseccion>A</subseccion>
+<departamento codigo='1220'>Cortes Generales</departamento>
+<numero_anuncio>A140063995</numero_anuncio>
+<fecha_publicacion>20141226</fecha_publicacion>
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+</metadatos>
+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>2 de marzo de 2015, a las 14:30 horas</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>Las fechas para la celebración de actos públicos de apertura de sobres B y C se anunciarán con antelación suficiente en la página web del Senado</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe>1.105.500,00</importe>
+<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración</materias_cpv>
+<observaciones></observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Senado.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Dirección de Presupuestos y Contratación.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Bailén, 3.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>915381915.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>915381734.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>patrimonio.suministros@senado.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.senado.es/contratacion/index.html.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Servicios de restauración del Senado.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Bailén, 3.</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>2.610.000 euros (IVA no incluido).</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 1.005.000 euros (IVA no incluido). Importe total: 1.105.500 euros (IVA incluido). </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría C.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>2 de marzo de 2015, a las 14:30 horas.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Calle Bailén, 3.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
+<dd>patrimonio.suministros@senado.es.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Calle Bailén, 3.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid, 28071.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>Las fechas para la celebración de actos públicos de apertura de sobres B y C se anunciarán con antelación suficiente en la página web del Senado.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Serán por cuenta del adjudicatario.</dd>
+<dt>12. Otras informaciones: </dt>
+<dd>Especificadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 19 de diciembre de 2014.- Letrado Mayor del Senado.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Fri Dec 26 08:48:14 +0000 2014,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Senado.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección de Presupuestos y Contratación.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.
 2) Domicilio: 
-Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
+Calle Bailén, 3.
 3) Localidad y código postal: 
-Barcelona, 08018.
+Madrid, 28071.
 4) Teléfono: 
-93 2918100.
+915381915.
 5) Telefax: 
-93 2918261.
+915381734.
 6) Correo electrónico: 
-msaumoy@bcn.cat.
+patrimonio.suministros@senado.es.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-www.bcn.cat.
-8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-Hasta el último dia límite de presentación de las ofertas.
-d) Número de expediente: 
-C0207 2013 275.
+www.senado.es/contratacion/index.html.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
 Servicios.
 b) Descripción: 
-Servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Barcelona.
-c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
-Lote 1 y 2.
+Servicios de restauración del Senado.
 d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Calle Bailén, 3.
 2) Localidad y código postal: 
-Barcelona.
-e) Plazo de ejecución/entrega: 
-48 meses.
-f) Admisión de prórroga: 
-Sí.
-i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-72500000.
+Madrid, 28071.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
-Restringido.
-c) Subasta electrónica: 
-No.
-d) Criterios de adjudicación: 
-Detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
+Abierto.
 4. Valor estimado del contrato:
-64941797,90 euros.
+2.610.000 euros (IVA no incluido).
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 29260756,71 euros. Importe total: 35405515,61 euros. 
+ Importe neto: 1.005.000 euros (IVA no incluido). Importe total: 1.105.500 euros (IVA incluido). 
 6. Garantías exigidas. 
-Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.
+ Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
-Clasificación empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda del Estado Español (grupo V, subgrupo 5, categoría D).
-b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Requisitos detallados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
-c) Otros requisitos específicos: 
-El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimento de la cual, en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
+Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría C.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-10 de septiembre de 2013, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es de 30 días naturales, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado'.
+2 de marzo de 2015, a las 14:30 horas.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
+Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.
 2) Domicilio: 
-Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
+Calle Bailén, 3.
 3) Localidad y código postal: 
-Barcelona, 08018.
-f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-Dos meses.
+Madrid, 28071.
+4) Dirección electrónica: 
+patrimonio.suministros@senado.es.
 9. Apertura de Ofertas:
-a) Descripción: 
-Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
 b) Dirección: 
-Calle Tánger, 98.
+Calle Bailén, 3.
 c) Localidad y código postal: 
-Barcelona.
+Madrid, 28071.
 d) Fecha y hora: 
-Se comunicará oportunamente a los licitadores.
+Las fechas para la celebración de actos públicos de apertura de sobres B y C se anunciarán con antelación suficiente en la página web del Senado.
 10. Gastos de publicidad: 
-A cargo del adjudicatario.
-11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-29 de julio de 2013.
+Serán por cuenta del adjudicatario.
 12. Otras informaciones: 
--Se establece una garantía complementaria del 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido). 
--Se preveen modificaciones detalladas en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
--Buzón para consultas técnicas: xroca@bcn.cat.
-Barcelona, 29 de julio de 2013.- La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.","Informática del ayuntamiento de Barcelona licita contrato de servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC por importe total de 35405515,61 euros.",Informática del ayto de BCN licita dos contratos que suman 46 millones. A ver a quién le cae  y 
-3859,"Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Secretario de Estado de Economía, por delegación de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda dictó Orden Ministerial resolviendo el expediente de referencia IE/CA-1/2010, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 7 de julio de 2010, entre otros, a don Juan Ojeda Sanz, doña María de los Ángeles Delgado Uceda, don Francisco Pulido Aguilar, don Francisco Cárdenas Martínez, don Andrés Germán Hens Muñoz, don Juan Pablo Durán Sánchez, don Salvador Blanco Rubio, doña María Josefa Lara González, doña Encarnación Ortiz Sánchez, don José Luis Bergillos López, doña Luisa Ruiz Fernández y don Andrés Ocaña Rabadán. La referida Orden Ministerial fue confirmada por Resolución Ministerial de 18 de enero de 2012, desestimatoria del recurso de reposición formulado por los interesados.
-La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, ha dictado sentencia firme de fecha 22 de mayo de 2013, desestimando el recurso contencioso-administrativo número 128/2012 formulado por los expedientados citados anteriormente.
-Por consiguiente, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las siguientes sanciones de multa, por la comisión de infracciones muy graves, impuestas, entre otras, en dicha Orden Ministerial.
-– Respecto de don Juan Ojeda Sanz, se impone:
-Sanción de multa por importe de cincuenta y cuatro mil euros (54.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de doña María de los Ángeles Delgado Uceda, se impone:
-Sanción de multa por importe de treinta y nueve mil euros (39.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de don Francisco Pulido Aguilar, se impone:
-Sanción de multa por importe de cincuenta y un mil euros (51.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de don Francisco Cárdenas Martínez, se impone:
-Al amparo de lo previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, una sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 euros), por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito o el grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca deficiencias en la organización administrativa y contable, o en procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca».
-– Respecto de don Andrés Germán Hens Muñoz, se impone:
-Sanción de multa por importe de cuarenta y seis mil euros (46.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de don Juan Pablo Durán Sánchez, se impone:
-Sanción de multa por importe de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de don Salvador Blanco Rubio, se impone:
-Sanción de multa por importe de cincuenta y seis mil euros (56.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de doña María José Lara González, se impone:
-Sanción de multa por importe de veintiséis mil euros (26.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de doña Encarnación Ortiz Sánchez, se impone:
-Sanción de multa por importe de trece mil euros (13.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de don José Luis Bergillos López, se impone:
-Sanción de multa por importe de trece mil euros (13.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de doña Luisa Ruiz Fernández, se impone:
-Sanción de multa por importe de diez mil euros (10.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-– Respecto de don Andrés Ocaña Rabadán, se impone:
-Sanción de multa por importe de cuarenta y un mil euros (41.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».
-Madrid, 27 de septiembre de 2013.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.","Desestimados los recursos, las multas ya son firmes. Desde los 10000 hasta los 56000 euros.",Las multas a quienes fueron consejeros de Cajasur ya son dirmes  #BOE
-1220,"El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
-Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
-Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
-Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año.
-De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
-Primero.
-Desde las cero horas del día 15 de noviembre de 2016, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
-1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
-– Término fijo:1,56 €/mes.
-– Término variable: 69,6103 c€/kg.
-2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 55,1025 c€/kg.
-Segundo.
-Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
-– Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
-– Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
-– Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
-Tercero.
-En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
-Cotización internacional materia prima ($/Tm): Propano = 349,2 , butano = 379,1.
-Fletes ($/Tm): 18,0.
-Media mensual del cambio dólar/euro: 1,102605.
-Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 11 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
-Cuarto.
-Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de noviembre de 2016, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de noviembre de 2016.
-Quinto.
-Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de noviembre de 2016, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.
-Sexto.
-Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.
-Séptimo.
-Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
-Madrid, 7 de noviembre de 2016.–La Directora General de Política Energética y Minas, Maria Teresa Baquedano Martín.",Establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales,"Suben la bombona de butano (60 céntimos, a 12,3€)  y la parte variable del gas natural  #BOE"
-97,"Visto el texto del Convenio colectivo de la Industria del Calzado (código de convenio n.º 99000805011981) que fue suscrito con fecha 22 de julio de 2014 de una parte por la Asociación Española de empresas de componentes de calzado (AEC) y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos FITAG-UGT y FITEQA-CC.OO en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
-Esta Dirección General de Empleo resuelve:
-Primero.
-Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
-Segundo.
-Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
-Madrid, 25 de septiembre de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
-CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
-CAPÍTULO I
-Disposiciones generales
-Artículo 1. Ámbito Territorial, Funcional y Personal.
-A. Ámbito Territorial: El presente Convenio es de aplicación en todo el Estado Español.
-B. Ámbito Funcional: El Convenio obliga a todas las Empresas dedicadas a la fabricación de calzado y a las industrias auxiliares de la fabricación de calzado, así como a los talleres de ortopedia, de reparación de calzado y duplicado de llaves. Asimismo en su ámbito funcional están incluidas las Asociaciones de I+D y Centros Tecnológicos sectoriales.
-C. Ámbito Personal: El Convenio afectará a las personas que trabajen en las Empresas incluidas en el ámbito Funcional.
-Artículo 2. Vigencia y duración. Pago de atrasos.
-El convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, en años naturales. Y se prorrogará de año en año de no producirse su denuncia.
-El plazo para el pago de atrasos, o de diferencias salariales, finaliza a los 10 días siguientes a la primera fecha de pago habitual en la empresa, tras la publicación del convenio, o de su revisión, en el BOE.; penalizándose las demoras con un 25 % de la cantidad adeudada.
-Artículo 3. Aplicación y Garantía personal.
-A. Naturaleza de las condiciones pactadas: Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.
-B. Todas las condiciones económicas y de otra índole, contenidas en el presente Convenio estimadas en su conjunto, tendrán la consideración de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas o situaciones actuales implantadas en las Empresas, que impliquen condición más beneficiosa en relación a las condiciones convenidas por el personal, subsistirán como garantía «ad personam» para quienes vengan gozando de ellas.
-Las mejoras legales que se dicten en el futuro y afecten a las relaciones de trabajo, tanto en lo económico como en lo social, se incorporarán al Convenio, siempre que ello sea procedente en materia económica por superar global y anualmente lo pactado a nivel de Convenio.
-Artículo 4. Denuncia y extinción.
-La denuncia proponiendo la resolución o revisión del convenio deberá comunicarse a la Autoridad laboral y a la otra parte con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha de terminación de la vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.
-Las partes se comprometen a constituir la comisión negociadora del nuevo convenio un mes antes de finalizar la vigencia de éste; estableciéndose un plazo máximo de un año, desde la finalización, para el acuerdo de nuevo convenio o de prórroga.
-Si, agotado este plazo, la comisión negociadora no llegara a un acuerdo, se acudirá a los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, el laudo arbitral.
-Transcurrido un año, desde la constitución de la comisión negociadora, sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, el convenio se considerará extinguido.
-Artículo 5. Comisión de Interpretación y Vigilancia.
-Para la interpretación y vigilancia del presente Convenio, así como del sistema de clasificación profesional, se crea una Comisión Paritaria compuesta por las organizaciones firmantes.
-1. La Comisión Mixta de interpretación y vigilancia estará compuesta de forma paritaria por dos vocales de cada una de las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. y otros cuatro de F.I.C.E. y A.E.C., de ambas partes en la Comisión Negociadora del Convenio.
-Caso de precisarlo ambas representaciones, podrán incorporarse a la Comisión personas expertas para cualquier planteamiento que se derive de la interpretación y aplicación del Convenio.
-2. Su ámbito de aplicación será el mismo del Convenio y podrá reunirse o actuar a petición de alguna de las partes, en cualquier lugar del territorio nacional en donde se plantee el conflicto, para lo que se dirigirá la petición a la secretaría de la comisión, en el domicilio de F.I.C.E., que estará obligada a convocarla y realizarla en un plazo máximo de 15 días.
-3. La Comisión elegida tendrá como funciones específicas las siguientes:
-a. Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas del Convenio.
-b. Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se deriven de la aplicación del Convenio y de la clasificación profesional.
-c. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
-d. Intervenir, en plazo máximo de 7 días desde la fecha de recepción del escrito razonado y motivado que lo solicite, en la resolución de discrepancias que se le planteen en materia de inaplicación en la empresa de condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, según el procedimiento previsto en el artículo 82.3 del ET.
-e. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio.
-4. Las resoluciones o acuerdos de la Comisión Mixta, serán vinculantes y obligatorias para las partes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que puedan utilizarse ante la Jurisdicción y Administración Laboral.
-Cuando en el seno de la comisión paritaria resultaren discrepancias sobre la interpretación o aplicación de lo pactado en el convenio, ambas partes se someterán al procedimiento de solución extrajudicial de conflictos previstos en el capitulo X del convenio.
-5. La Comisión del Convenio podrá actuar para atender asuntos especializados, tales como: Organización, Clasificación Profesional, o Adecuación de Normas Genéricas a casos concretos.
-6. Dentro de la comisión paritaria del convenio se constituirá una comisión para el seguimiento de los Planes de Igualdad, cuyas atribuciones y competencias serán las de seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad en las empresas.
-Artículo 6. Comisiones de Mediación Provinciales y Comarcales.
-1. Se establecerán Comisiones de Mediación dependientes de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia para entender de conflictos individuales o colectivos en la esfera de su ámbito territorial de competencia.
-Sus funciones serán las de mediación y conciliación en conflictos individuales y colectivos no atribuidos a la función de interpretación de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio.
-Si no se alcanzara acuerdo, ambas partes podrán solicitar un arbitraje de derecho, cuyo laudo resultará obligatorio para las mismas.
-2. Estas Comisiones estarán compuestas paritariamente por dos personas en representación de la patronal y otras dos por las Centrales Sindicales, actuando y moderando cualquiera de las dos representaciones, elegidas en la reunión anterior.
-3. Las Comisiones de Mediación se crearán con ámbito provincial, salvo en la provincia de Alicante que se crearán tres Comisiones Comarcales, una ubicada en Elda, otra en Elche y otra en Villena.
-Artículo 7. Observatorio Industrial del Calzado.
-Las organizaciones firmantes del presente convenio colectivo, con el fin de realizar un correcto y eficaz seguimiento del desarrollo tanto a nivel del sector como económico, acuerdan realizar durante el año 2015 varias reuniones dentro del Observatorio Industrial del Calzado.
-CAPÍTULO II
-Organización del trabajo e implantación de sistemas
-Artículo 8. Organización del Trabajo.
-La organización práctica del trabajo, con sujeción a este Convenio y a la legislación vigente, es facultad exclusiva de la Empresa, que será responsable de su uso ante el Estado. Sin merma de la autoridad que corresponde a la Empresa o a sus representantes legales, el personal tiene derecho a participar en la Empresa a través de los órganos de representación regulados en este Convenio y en la Ley, con los derechos y limitaciones que en los citados textos se establecen.
-Artículo 9. Implantación de sistemas.
-1. La iniciativa de instauración de sistemas de organización o control de producción, así como de incentivación del trabajo, corresponde a la Empresa y podrá referirse a su totalidad, a secciones determinadas o centros o lugares de trabajo o a unidades homogéneas de trabajo que no rompan la unidad del conjunto productivo.
-Cuando la implantación parcial de un sistema de trabajo a tiempo medido aumente las cargas de trabajo en otra sección, centro o puesto, por encima del rendimiento normal, será de aplicación obligatoria, en estos últimos, el citado sistema.
-2. En el establecimiento de sistemas de organización del trabajo, así como de sistemas de incentivación a tiempos medidos, será. preceptivo el informe del Comité o Delegado/Delegada de Personal o Secciones Sindicales, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
-La Empresa podrá en cualquier momento realizar los correspondientes estudios para la determinación de tiempos, usando cualquiera de las técnicas que existan al efecto. Para realizar estos estudios no necesitará ningún trámite previo, si bien se informará al Comité del objeto de los mismos, sin que ello suponga obligatoriedad para la Empresa en cuanto a su aplicación. Una vez finalizados los estudios y si estos se van a utilizar para la modificación de las condiciones de trabajo o remuneración del personal, se entregarán a los afectados/afectadas con una semana de antelación al periodo de prueba; si lo desean pedirán la presencia y el asesoramiento de personas expertas ó miembros del Comité de Empresa o de Centrales Sindicales, a quienes la Empresa facilitará la entrada en ella para que estos realicen las mediciones y comprobaciones que consideren necesarias, con el fin de compararlos con el estudio de la Empresa. Los nuevos estudios se someterán a experimentación por un periodo máximo de prueba de trece semanas.
-En el último día del periodo de prueba las personas afectadas, o en su caso el Comité de Empresa o los Delegados/ Delegadas de Personal, con el asesoramiento de sus Organizaciones Sindicales, tendrán que a entregar el informe y si no entregan éste se entenderá que es positivo. Quince días antes de la finalización del periodo de prueba, la Empresa recordará por escrito la finalización del plazo.
-En caso de conformidad, al día siguiente entrará en vigor el sistema aprobado.
-En caso de disconformidad del informe presentado por el Comité de Empresa o Delegados/Delegadas de Personal, se tramitará como conflicto colectivo, siguiendo el procedimiento señalado en el art. 65 y siguientes de este convenio.
-3. En la aplicación de un sistema de tiempos, se deberá tener en cuenta, entre otros factores, los siguientes:
-a. La implantación por parte de la Empresa del método.
-b. El necesario periodo de adaptación de las personas afectadas por el método de trabajo.
-c. La perfecta división en secuencias elementales de los trabajos a cronometrar.
-d. La regularidad en el suministro y calidad de materias primas, en la calidad de las herramientas y el funcionamiento correcto de la maquinaria.
-e. La definición del nivel de calidad exigible en el trabajo y que corresponda al exigible posteriormente.
-f. Se tendrá necesariamente en cuenta el número de horas efectivamente trabajadas por jornada.
-4. En la implantación de nuevos sistemas de incentivación y durante el periodo de prueba, la Empresa deberá garantizar al personal como mínimo, los incentivos que hubieran obtenido, como media, en los 90 días anteriores de trabajo efectivo en jornada legal de trabajo, siempre y cuando se desarrolle la misma cantidad de esfuerzo en el trabajo.
-Dicho periodo se verá reducido en el tiempo necesario a fin de que en dicho cálculo no se utilicen incentivos obtenidos al salario del Convenio del año anterior.
-Durante el periodo de prueba no se podrá sancionar por no alcanzar el mínimo exigible, cuando las causas sean ajenas a la persona, e imputables al propio sistema.
-5. En los centros en que sea aplicable algún método científico de medición del trabajo, se considerará actividad normal, aquella que en los distintos y más comunes sistemas de medición, se corresponde con los índices de 60, 75 y 100. Se considerará actividad optima la que corresponde a los anteriores sistemas con los índices 80, 100 y 135.
-6. Las tarifas de incentivos podrán ser revisadas cuando de forma continuada se alcancen actividades superiores al 140 o sus equivalentes en otras escalas, que será el mínimo de revisión. La diferencia entre el óptimo (133 o equivalentes) y el mínimo de revisión (140 o equivalentes) se considerara como margen de garantía.
-Artículo 10. Determinación de la Actividad y la Calidad.
-1. La actividad se calculará por la relación existente entre la producción obtenida y la producción considerada o establecida como normal.
-Para el establecimiento del rendimiento normal en un sistema racionalizado, se tendrá en cuenta como mínimo el coeficiente de fatiga, por necesidades personales, la base por fatiga, el esfuerzo físico, iluminación, monotonía, ruidos, calor, humedad, concentración, etc.
-A partir de tal determinación, la línea de incentivos será una recta definida por los puntos siguientes:
-A rendimiento normal, el salario correspondiente a la categoría profesional.
-2. La Empresa no podrá aumentar las exigencias de calidad del trabajo, respecto de aquella existente en el momento de la implantación del sistema de incentivos, salvo que se incremente el precio por unidad de tiempo o la cantidad de trabajo disminuyese en relación con el nuevo nivel exigido. A los efectos de éste apartado, se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 3, e) del artículo 9.
-Artículo 11. Tiempos de Paro y Espera.
-Tendrán la consideración de tiempos de paro y espera aquellos en los que el personal haya de permanecer inactivo por causas que, siendo ajenas a su voluntad, sean imputables a la Empresa, salvo en las circunstancias recogidas en la Legislación Vigente como no imputables a ninguna de las partes.
-Cuando el tiempo de paro y espera se produzca por causas ajenas a la voluntad del personal e imputables a la Empresa, se percibirá en concepto de prima, el promedio de lo percibido en el mes anterior.
-Artículo 12. Revisión.
-La revisión de tiempos y rendimientos se deberá efectuar en los casos siguientes:
-a) Por reforma de los métodos o procedimientos industriales o administrativos en cada caso.
-b) Cuando se hubiera incurrido de modo manifiesto o indubitado en error de cálculo o de medición.
-c) Cuando los rendimientos obtenidos por el personal, no alcancen reiteradamente y por causas ajenas a su voluntad, el considerado como rendimiento normal.
-d) Cuando los rendimientos obtenidos excedan reiteradamente del 140 o sus equivalentes en otras escalas.
-En estos supuestos los valores obtenidos se presentarán en primer lugar a las personas afectadas a sus Representantes legales y a las Organizaciones Sindicales. En caso de disconformidad con la revisión efectuada, el personal podrá instar el procedimiento previsto en el artículo 41 del Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo). El periodo de prueba para estos casos será de siete semanas.
-Vencido dicho periodo no se considerará sanción el adecuar las percepciones a los rendimientos y siempre a resultas de la Resolución que en su día se dicte.
-Artículo 13. Trabajo a Destajo.
-1. En las Empresas que se vaya a destajo o prima, y ésta no sea obtenida por un sistema científico de los enunciados en el articulado de este Convenio, se efectuará de común acuerdo entre las partes la fijación de los precios por unidad de trabajo, pudiendo el personal recabar la asistencia de los Delegados y Delegadas de Personal o Comité de Empresa. En caso de no ser requerida la presencia de sus Representantes legales, la Empresa deberá informarles del acuerdo.
-Cuando la fijación de precios verse sobre tareas de nueva implantación y cuando no se llegue a un acuerdo sobre su precio, se solicitará la intervención urgente de la Comisión de Mediación, al objeto de que dictamine. Una vez fijado el precio, se practicará liquidación de diferencias, con efecto retroactivo.
-2. Las Empresas que actualmente trabajen a destajo o métodos no controlados por tiempo, y deseen implantar sistemas de medición a tiempo, garantizarán a todas las personas afectadas, en el caso de llegar a acuerdo en la implantación de nuevos sistemas, como mínimo y en concepto de «Garantía ad personan», la media diaria de las cantidades percibidas en los últimos seis meses, siempre que alcancen similar nivel de producción al que obtenían, por el anterior sistema; la citada garantía se reducirá en la misma proporción en que se vea disminuido el referido nivel de producción, salvo que las causas de disminución sean ajenas a la persona e imputables al propio sistema implantado.
-3. Los destajos se pactarán libremente y, en todo caso, se garantizará el salario de convenio.
-CAPÍTULO III
-Empleo, formación y contratación
-Artículo 14. Grupos profesionales y Definiciones de puestos.
-Las clasificaciones del personal consignadas en este convenio son meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener provistas todas las plazas, oficios y ocupaciones que se enumeran, si las necesidades y volumen de la empresa no lo exigen.
-Son asimismo enunciativos los distintos cometidos asignados a cada puesto y nivel, pues cada persona en la Empresa está obligada a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del general cometido de su competencia profesional, entre los que se incluyen la limpieza de su máquina y elementos de trabajo, todo ello sin menoscabo de su dignidad personal y formación profesional.
-1. Grupos profesionales. Según la actividad que desempeña en la empresa, el personal de la industria del calzado se clasifica en los siguientes grupos profesionales:
-– Grupo I: Personal Técnico y de Dirección.
-– Grupo II: Personal de Administración y comercial.
-– Grupo III: Personal de Fabricación
-– Grupo IV: Personal de oficios varios.
-2. Definiciones de grupos profesionales:
-2.1 Personal de Dirección y Técnico: Son técnicos y de dirección quienes, con responsabilidad de la producción, organización, administración o compraventa, realicen trabajos para los que precisen especiales conocimientos, preparación y experiencia y ejerzan funciones de dirección delegada.
-2.2 Personal de Administración y comercial. Se considera personal de Administración o comercial a quien, bajo la dirección Técnica ó Directiva realiza los distintos trabajos de Administración, o comerciales que les son encomendados.
-2.3 Personal de Fabricación: Se considera personal de fabricación a quienes, bajo la dirección correspondiente, realizan las tareas propias del proceso de producción que le son asignadas.
-2.4 Personal de Oficios varios: Se considera personal de oficios varios a quienes, con dependencia específica en cada empresa, realizan tareas individualizadas no adscritas a un grupo profesional determinado.
-2.5 Personal en formación: Es el que, con contrato específico de formación, adquiere la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño de un oficio o puesto de trabajo.
-Se denomina aspirante a la persona contratada en formación para el grupo 2.
-Se denomina aprendiz/aprendiza a la persona en formación para el grupo de fabricación.
-Se denomina botones a la persona en formación para el puesto de ordenanza.
-3. Definiciones de puestos de trabajo. Mantiene plena vigencia el nomenclátor de valoración de puestos de trabajo que figura como anexo 3 al convenio del calzado, publicado en el BOE del 29/8/2002.
-Artículo 15. Contratación. Fijos discontinuos.
-Son las personas contratadas por tiempo indefinido, mediante contrato escrito en el modelo establecido al efecto, para realizar tareas fijas dentro del volumen normal de actividad de la empresa, pero que no se repiten en fechas ciertas, al tratarse de producción de artículos de moda p de temporada y sobre pedido en firme.
-En el contrato deberá figurar la duración estimada de la actividad, así como la jornada laboral estimada y su distribución horaria.
-En las empresas de fabricación completa de calzado, la distribución horaria será, en todo caso, en jornadas diarias y semanales a tiempo completo. El llamamiento se producirá por orden de antigüedad en cada sección, con una antelación mínima de una semana a la fecha de comienzo de actividad. La Jefatura de sección o mandos intermedios podrán tener llamamiento previo, por razones de organización.
-Cada empresa establecerá y expondrá en el tablón de anuncios, la distribución en grupos o secciones de actividad de las personas con contrato fijo discontinuo; secciones que, a título enunciativo y más común, comprenden: patronaje, cortado, suela, aparado, mecánica y envasado o almacén.
-El cese del periodo de actividad se notificará a cada persona por escrito, con una semana de antelación; y, en caso de que, después de la notificación, la empresa necesitase ampliar actividad sobrepasando dicha fecha, lo comunicará igualmente.
-Esta notificación servirá como justificante de desempleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal.
-Los ceses de actividad de fijos discontinuos serán posteriores a los eventuales de cada sección.
-En las empresas de fabricación parcial de calzado, y en los talleres especializados, los contratos fijos discontinuos podrán utilizar también la modalidad de tiempo parcial.
-El orden de llamamiento será, a falta de acuerdo de empresa recogido en el propio contrato, por orden de antigüedad en cada sección.
-Artículo 16. Periodos de Prueba.
-Todo personal de nuevo ingreso, quedará sometido, siempre que se pacte por escrito, a un periodo de prueba, cuya duración será:
-a) Personal de Dirección y Técnico: 4 meses.
-b) Personal Técnico no titulado: 2 meses.
-c) Personal de Administración (oficialías de 1.ª y 2.ª): 30 días.
-d) Auxiliar de Administración, Personal de Oficio y no cualificado: 14 días.
-Cuando se haya desempeñado la misma función con anterioridad en la empresa, no existirá período de prueba.
-Artículo 17. Plazo de Preaviso.
-El personal que desee causar baja en el servicio de la Empresa, deberá dar los siguientes preavisos:
-a. Personal de dirección y Técnico: 1 mes.
-b. Personal de Administración: 10 días.
-c. Resto del Personal: 7 días.
-El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación dará derecho a la Empresa a descontar de la liquidación, una cuantía equivalente al importe de su salario diario, por cada día de retraso en el aviso.
-Habiendo avisado con la referida antelación, la Empresa vendrá obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El resto de ello lo será en el momento habitual de pago.
-El incumplimiento de esta obligación imputable a la Empresa, con el importe de un salario diario por cada día de retraso en la liquidación, con el límite de la duración del propio plazo de preaviso. No se dará tal obligación y por consiguiente, no nace éste derecho, si la persona incumplió la de avisar con la antelación debida.
-Artículo 18. Trabajo a Domicilio.
-Es contrato de trabajo a domicilio, aquel en que la prestación de la actividad laboral se realiza en el domicilio o en el lugar libremente elegido por la persona y sin vigilancia de la Empresa.
-El contrato se formalizará por escrito con el visado de la Oficina de Empleo, donde quedará depositado un ejemplar, en el que conste el lugar en el que se realice la prestación laboral, a fin de que puedan exigirse las necesarias medidas de higiene y seguridad que se determinen.
-Las personas que trabajan a domicilio tienen derecho a trabajar el mismo número de días que las personas de categoría profesional equivalente en el seno de la empresa, debiendo desarrollar el mismo rendimiento normal que esté determinado en la empresa.
-Artículo 19. Salario del Trabajo a Domicilio.
-Las personas que trabajan en su domicilio, por la jornada pactada en este Convenio, percibirán el salario fijado en el mismo a rendimiento normal, más un 10% del mismo salario en concepto de gastos generales (luz, herramientas, etc.).
-No perjudicará al salario del personal la falta de trabajo no imputable al mismo; en este caso únicamente dejará de percibir el 10% que se fija en concepto de gastos durante los días que carezca de trabajo.
-Los gastos por varios, se abonarán por la Empresa, previa justificación.
-Artículo 20. Movilidad y Polivalencia funcional.
-1. Movilidad. En el caso de que una persona cualificada realice normalmente varios cometidos propios de distintos niveles profesionales, y no pueda medirse su trabajo, se le aplicará el máximo nivel; y en caso de remuneración por incentivos, el correspondiente al puesto de trabajo de mayor incentivo en la sección.
-2. Suplencias. Todas las personas, en caso de necesidad, podrán ser destinadas a trabajos de nivel superior, con el salario que corresponda a su nuevo nivel, reintegrándose a su antiguo puesto cuando cese la causa que motivó su cambio.
-Este cambio no puede ser de duración superior a cuatro meses ininterrumpidos, debiéndose al cabo de este tiempo volver su antiguo puesto y nivel.
-Cuando se realicen durante cuatro meses consecutivos trabajos de nivel superior, se respetará el salario de dicho nivel superior, ocupando la vacante automáticamente.
-No obstante lo dicho en los párrafos anteriores, en el caso de que una persona ocupe puestos de categoría superior, durante doce meses alternos, consolidará el salario de dicho nivel a partir de este momento, sin que ello suponga necesariamente la creación de un puesto de trabajo de este nivel.
-Los tres párrafos anteriores son aplicables a los casos de sustitución por enfermedad, accidente de trabajo, permisos, en cuyo caso la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan motivado.
-3. Prácticas de adaptación. Cuando se realicen prácticas de aprendizaje de puestos de nivel superior, los periodos de adaptación serán:
-– 1 mes para el nivel II.
-– 2 meses para el nivel III.
-– 3 meses para los niveles IV y V.
-A cuya finalización percibirá el nivel salarial del puesto cuyas funciones realice.
-4. Polivalencia funcional de grupos o secciones. Cuando por razones organizativas o de producción las personas de un grupo o sección realicen tareas de distintos niveles, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que resulten prevalentes.
-Artículo 21. Ascensos.
-1. Las Empresas vienen obligadas a dar la debida publicidad, para conocimiento de su plantilla, de la convocatoria de las vacantes que se produzcan en los diferentes niveles.
-2. Tendrán acceso a las vacantes de Mandos Intermedios o Jefaturas de Sección, las personas que, gozando de la confianza de la Empresa, ejerzan un oficio cualificado y completen sus conocimientos teóricos previo examen de aptitud del Tribunal designado por la Empresa, ante el cual acrediten, cuando menos, los conocimientos prácticos de taller y tecnología equivalentes a los exigidos para la obtención del título de oficialías de Maestría u Oficialía Industrial, según corresponda. Queda exceptuado de dicho examen el que se halle en posesión de dicho título.
-CAPÍTULO IV
-Condiciones laborales
-Artículo 22. Jornada.
-La jornada anual será de 1.800 horas de trabajo efectivo.
-El cómputo de jornada se efectuará por años naturales.
-Artículo 23. Flexibilidad de jornada.
-1. Las Empresas por manifiestas razones productivas, y atendiendo las necesidades de acumulación de trabajo, podrán flexibilizar hasta el 10% de la jornada anual (180 horas al año), en distribución semanal de lunes a viernes, respetando el número de horas anuales de trabajo.
-2. La Empresa vendrá obligada a comunicar con ocho días de antelación, como mínimo, la fecha de inicio del período a flexibilizar, tanto en el caso de aumento como de reducción, acordando con los Representantes de los Trabajadores/ Trabajadoras las fechas de compensación.
-La Empresa de mutuo acuerdo con los Representantes legales de los Trabajadores/Trabajadoras y si las necesidades así lo exigieran podrán pactar un mayor número de horas a flexibilizar.
-En cualquier caso se respetará el descanso mínimo entre jornada y jornada de doce horas.
-En las Empresas o Secciones en que se trabaje a turnos completos de 24 horas, obviamente no se podrá flexibilizar la jornada.
-3. La acumulación de horas de trabajo se compensará en los períodos de menor trabajo, efectuándose la misma en días completos de descanso o fracción, excluyéndose para esta compensación los periodos que coincidan con expedientes de regulación de empleo y bajas por I.L.T. o accidente y días festivos del calendario de la empresa.
-En caso de un contrato de duración determinada a quien le pudiera afectar el desplazamiento de horas de la jornada ordinaria se le compensarán con descanso las horas acumuladas.
-En el caso de los contratos fijos discontinuos, las horas flexibilizadas se acumularán en jornadas completas que se aplicará, al final de la temporada natural, ampliando de esta forma el tiempo de duración de la misma, a efectos de cotización a la seguridad social.
-4. Cada hora acumulada se compensará con una hora de descanso.
-Cuando, como consecuencia de la flexibilidad de jornada, se trabajen más de 9 horas diarias, sin que pueda excederse de diez, la hora décima tendrá una compensación adicional del 15%, que se hará efectiva en el momento de su regularización, bien incrementando el tiempo equivalente de descanso en dicho porcentaje, bien incrementando la retribución de la hora trabajada en su 15%.
-A estos efectos se entiende por retribución de la hora trabajada la que corresponde como salario para actividad normal.
-La determinación de uno u otro sistema de compensación será decidida por la empresa, previa consulta con la representación de los trabajadores.
-Las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas dentro del año natural, salvo que, acreditada la necesidad, bien por acumulación de horas de mayor actividad, o bien por descenso de la misma, en el último trimestre del año, fuera necesario ampliar el plazo de compensación a los tres primeros meses del año siguiente, como máximo. Dicha regularización no podrá implicar alteración alguna de la jornada anual del año donde se complete la mencionada compensación.
-El desplazamiento de horas de la jornada ordinaria de trabajo, no producirá desplazamiento alguno en la liquidación salarial correspondiente a los conceptos fijos, excepto en los incentivos de Empresa sobre la producción realizada que lógicamente se adecuarán a las oscilaciones de ésta.
-Artículo 24. Jornada continuada.
-En la jornada que se pacta en este convenio y para la jornada continuada, el descanso por bocadillo, será de 25 minutos, por lo que de trabajo efectivo se deberán realizar 40 horas semanales de las que no se podrán descontar los citados tiempos de descanso.
-Artículo 25. Excepciones a la jornada.
-En los casos del personal cuya acción pone en marcha o cierra el trabajo de los demás, podrá prolongarse la jornada el tiempo estrictamente necesario, sin perjuicio del pago de dicho tiempo con los recargos propios de las horas extraordinarias.
-Artículo 26. Jornada Nocturna.
-1. Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrá la consideración de trabajo nocturno.
-2. No se considerará trabajo nocturno a efectos de remuneración especial el realizado por el personal de vigilancia de noche que hubieran sido específicamente contratados para prestar servicios exclusivamente durante el periodo nocturno. No se considerarán excluidos y, en consecuencia, deberán ser retribuidos aquellos trabajos propios y que no siendo específicos de la misión de vigilancia se simultanean con ésta.
-No se considerarán incluidos en la calificación de nocturnos aquellos trabajos efectuados normalmente en la jornada diurna, que hubieran de realizarse obligatoriamente en el periodo nocturno a consecuencia de acontecimientos catastróficos excepcionales.
-Artículo 27. Licencias.
-El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, p0or alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
-1. Quince días naturales en caso de matrimonio, pudiéndose optar por una ampliación de hasta cinco días de esta licencia, sin retribución.
-2. Dos días por el nacimiento de hija/o y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves u hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, madres, hijos/as, abuelos/as, nietos/as o hermanos/as).
-Cuando con tal motivo se necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días.
-3. Un día por traslado del domicilio habitual.
-4. Por boda de un hijo/hija, un día; en caso de boda de un hermano/hermana tendrá derecho a un día de ausencia, pero sin retribución.
-5. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a la duración de la ausencia y a su compensación económica.
-Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar a la persona afectada a la situación de excedencia forzosa. En el supuesto de que la persona por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
-6. A la Representación Legal se les concederá hasta el número de días previsto en las disposiciones legales vigentes en la materia, con derecho a la retribución que hubieran de percibir en caso de haber trabajado. La causa y la duración de la licencia serán acreditadas por el Organismo competente.
-7. Por lactancia de un hijo/hija, menor de nueve meses, se tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
-Los progenitores, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, a continuación del periodo de suspensión, en los términos que acuerde con la empresa; en su defecto, la acumulación se llevará a cabo a continuación del periodo de suspensión del contrato por maternidad. La persona que opte a la acumulación deberá comunicárselo a la Empresa con quince días de antelación a su disfrute.
-Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por los progenitores, en caso de que ambos trabajen.
-En los casos de nacimientos de hijos/hijas prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. (ET art. 37.4 y.4 bis)
-8. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
-9. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada corresponderá a la persona dentro de su jornada ordinaria. Esta deberá preavisar a la empresa con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. (ET art. 37.6)
-10. El personal podrá solicitar hasta cuatro días de permiso anual no retribuido, previa justificación razonada, de acuerdo con el Comité de Empresa o Delegados/Delegadas de Personal, y siempre que no entorpezca el ritmo normal de trabajo en una misma sección. A tal fin no podrá disfrutar de dicha licencia más de una persona en Empresas de hasta 25 en plantilla, 2 en Empresas de 26 a 50, 3 en Empresas de 51 a 100; y en Empresas de más de 100, el 2% más 1 computándosele la fracción resultante como unidad.
-Cuando la finalidad del permiso sea la realización de trámites de adopción o acogimiento, tendrán derecho a un permiso no retribuido de hasta 15 días naturales En los casos de trámites internacionales, el permiso será de hasta 30 días.
-11. La asistencia a clínicas y consultorios médicos durante la jornada de trabajo, será retribuida con arreglo al salario de Convenio, siempre que estos no tengan establecidos horarios de consulta que permitan asistir a ellos fuera de la jornada de trabajo. Bien entendido que el personal no podrá hacer uso de este derecho por un periodo superior a 18 horas anuales; dentro de este periodo se podrán utilizar las mismas 18 horas para acompañamiento de hijos menores y mayores dependientes.
-Quedan exceptuados de esta limitación y por tanto al margen, los casos en que la asistencia a centros médicos venga determinada por prescripción facultativa, en que deberán retribuirse al salario Convenio las horas justificadas. Asimismo tampoco quedan incluidos en esta limitación los tres días anuales en la primera baja por enfermedad, que se abonarán al 50% del salario diario. En todos estos casos las ausencias deberán ser debidamente justificadas.
-12. Las Empresas que tengan a su servicio personas que realicen estudios, estarán obligadas a otorgarles las licencias necesarias para que puedan concurrir a exámenes en las convocatorias del correspondiente centro, pero previa justificación de los interesados de tener formalizada la matrícula. Esto es aplicable para la obtención del permiso de conducir.
-Cuando la correspondiente convocatoria a examen se refiera a la obtención del título profesional de la actividad realizada en la Empresa, tendrán derecho a la percepción de la retribución correspondiente del Salario de Convenio, y antigüedad en su caso, durante el periodo de duración de la licencia.
-Perderán tal derecho quienes sean suspendidos en la mitad de las asignaturas que tengan matricula considerándose como suspensos a estos efectos en aquellas en las que no se hubiesen presentado a examen sin causa justificada. También producirá la privación de estos beneficios el no aprobar una misma asignatura en dos convocatorias consecutivas.
-Los permisos que por estos conceptos se utilicen no podrán ser descontados de las vacaciones anuales que correspondan.
-13. Dentro del concepto de afinidad se integrarán las denominadas parejas de hecho que gozarán de los mismos derechos, cuando así sean reconocidas, mediante la oportuna regulación por cualquier organismo competente.
-Artículo 28. Vacaciones.
-Las vacaciones anuales serán de treinta días naturales.
-Las vacaciones serán retribuidas al promedio obtenido por cada persona en las trece últimas semanas trabajadas por la Empresa. Dicho cálculo servirá igualmente para el segundo periodo de disfrute, en el supuesto de que se fraccionen.
-Las fechas en que se disfruten las vacaciones, se negociarán en cada localidad.
-Artículo 29. Excedencias.
-1. Cualquier persona, con una antigüedad en la empresa de al menos un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por la misma persona si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
-2. Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa las personas que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, siéndoles de aplicación lo establecido en la LOLS.
-3. La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto; se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo.
-4. La persona, en situación de excedencia voluntaria conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya.
-5. Excedencia por cuidados familiares.
-Se tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o administrativa.
-También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
-Las excedencias contempladas en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituyen un derecho individual de hombres y mujeres. No obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
-Artículo 30. Protección contra la violencia de género.
-La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho:
-1. A la reducción de la jornada de trabajo entre un máximo de media jornada y un mínimo de una hora diaria con disminución proporcional del salario; y al horario flexible, si la empresa lo tuviere implantado.
-2. A ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
-3. A la suspensión del contrato, por decisión de la propia trabajadora, con una duración inicial máxima de 6 meses, que podrá prorrogarse por decisión del juez.
-4. A que no se computen como faltas de asistencia las ausencias motivadas por la situación derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales o de salud.
-Consecuentemente, será nulo el despido por causa del ejercicio de alguno los derechos anteriores.
-Artículo 31. Suspensiones del contrato por maternidad y paternidad.
-1. Suspensión por parto, acogimiento o adopción.
-En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el otro progenitor para el cuidado del hijo/hija en caso de fallecimiento de la madre. No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del descanso posterior al parto, de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
-En el supuesto de adopción o acogimiento de menores hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, a elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, en periodos ininterrumpidos, de forma simultánea o sucesiva y según el art. 48 del ET.
-2. Suspensión por paternidad.
-En los supuestos de nacimientos, adopción o acogimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.bis del ET, el Trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos.
-Éste deberá preavisar a la empresa del ejercicio del derecho, al mismo tiempo que solicita el permiso (o la suspensión si hubiese optado por ejercerla compartida con la madre). En ambos supuestos, y salvo acuerdo diferente con la empresa, la suspensión se realizará inmediatamente a continuación del permiso o de la suspensión compartida. (art. 48 bis del E.T.)
-Artículo 32. Prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia.
-1. La evaluación de los riesgos, a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
-2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. La empresa deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores/trabajadoras, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
-El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
-En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
-3. Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo/hija y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.
-4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a su remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
-Artículo 33. Reestructuración de plantilla.
-El comité de empresa deberá ser informado, con carácter previo a su ejecución, por la dirección de la empresa, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales definitivos o temporales.
-CAPÍTULO V
-Condiciones económicas
-Artículo 34. Salarios. Revisión Salarial.
-El salario anual correspondiente a la prestación de los servicios laborales durante la jornada anual pactada, es el que se indica en la tabla salarial anexa, para los distintos grupos profesionales.
-En su cómputo se incluyen todas las retribuciones salariales correspondientes a la jornada anual de trabajo y los beneficios salariales derivados de su prestación, tales como pagas extraordinarias, vacaciones, etc. con la sola exclusión del complemento personal de antigüedad y de los incentivos por productividad.
-1. Tabla salarial: A partir del 1.1.2014 y hasta el 31.12.2014, la tabla salarial aplicable es la que figura en el anexo 2, como resultante de incrementar un 1% la del año anterior.
-1.2 Revisión salarial de 2014: Se aplicará en el exceso de la tasa de variación anual del IPC sobre el 2% (según acuerdo del II AENC), con efectos desde el 1.1.2014 y en un pago único.
-1.3 A partir del 1.1.2015 y hasta 31.12.2015, la tabla salarial aplicable será la resultante de incrementar un 0,5% la tabla del año anterior.
-1.4 Revisión salarial 2015: Se aplicará en el exceso de la tasa de variación anual del IPC sobre el 2% (según acuerdo del II AENC), con efectos desde 1.1.2015 y en un pago único.
-1.5 A partir de 1.1.2016, para la negociación del siguiente convenio, las partes adquieren el compromiso de tener en cuenta la situación económica del país y los acuerdos de negociación colectiva confederales vigentes en el estudio del contenido de la clausula de revisión salarial.
-Artículo 35. Gratificaciones Extraordinarias.
-La retribución salarial anual comprende dos pagas extraordinarias, siendo el importe de cada una de ellas el equivalente al salario de 30 días.
-Su pago se realizará: Una en Julio y otra en Diciembre, o prorrateadas en los periodos habituales de pago.
-Artículo 36. Antigüedad.
-Desaparecido, con efectos de 1 de marzo de 1997 el complemento salarial personal por continuidad en la empresa, denominado premio de antigüedad, los derechos adquiridos al 1-3-1997 subsistirán como garantía «Ad personam», por la cuantía en que se venían percibiendo a dicha fecha.
-A fin de compensar las expectativas y los derechos en curso de adquisición, en la disposición adicional primera se estableció un complemento general para todo el personal, que se incorporó al salario.
-Artículo 37. Plus de Nocturnidad.
-El complemento salarial por la realización de trabajos nocturnos, conforme determina el artículo 26 de este Convenio, se establece en el equivalente al 25 por ciento del salario día de la tabla 1, para la	jornada completa nocturna.
-Artículo 38. Plus de Mantenimiento.
-El personal que realizando trabajos de fabricación, se ocupare en tareas de mantenimiento mecánico o eléctrico, percibirá por esta labor, adicionalmente, un 10% del salario correspondiente a un Nivel V.
-Artículo 39. Rendimiento normal exigible.
-El rendimiento normal, se corresponde con la llamada actividad normal, y la Empresa podrá determinarlo y exigirlo, en cualquier momento, sin que el no hacerlo signifique ni pueda interpretarse como dejación de este derecho. A efectos de valoración, el rendimiento normal se computará diariamente.
-Artículo 40. Incentivos a la Productividad.
-1. La remuneración del rendimiento normal se corresponde con el salario de Convenio.
-2. Para establecer incentivos así como adaptarlos al presente Convenio, las Empresas que ya los tuviesen establecidos, deben partir del rendimiento normal.
-3. Los incentivos podrán ser colectivos (sección, cadena, grupo, etc.) o individuales, según determine la Empresa, dando prioridad al establecimiento de incentivos colectivos allí donde sea susceptible su implantación.
-4. Las Empresas podrán limitar, reducir proporcionalmente e incluso suprimir los incentivos, de forma individual, a todas aquellas personas que por falta de aptitud o interés y atención, objetivamente demostrado, perjudicasen la producción, sin perjuicio de las medidas que pudieran ser aplicables al caso.
-5. Los incentivos podrán ser suspendidos con carácter general, por secciones o individualmente cuando las finalidades perseguidas por el sistema sean inalcanzables por falta o disminución del trabajo o por procederse a la reforma de las instalaciones, en cuyo caso deberá ser informada la plantilla con quince días de antelación.
-6. En las Empresas que tengan establecida la remuneración por incentivos, la producción que supere el rendimiento normal, se cuantificará en horas-prima (horas de producción) y se retribuirá cada una de ellas al importe resultante de dividir el salario anual por la jornada anual pactada en el Convenio (1800 desde 1.999) o por la jornada anual de la empresa, si la de ésta fuese inferior, con el incremento de un 2%.
-7. Cuando el rendimiento de un puesto de trabajo sea difícilmente medible como suele suceder con determinados puestos (personal administrativo, de servicios auxiliares, de almacenamiento de mercancías y manufacturas, etc.) y, en general, todo el personal que perciba mensualmente su remuneración, se establecerá obligatoriamente un procedimiento de valoración indirecta de cargas de trabajo, en el caso de que esté implantado o se implante en la Empresa un sistema que tienda a incrementar la productividad.
-La remuneración que por tal concepto perciba dicho personal será proporcional a las percepciones medias de la mano de obra directa de la Empresa o sección, grupo, etc., a que está adscrito, asimismo este criterio será de aplicación cuando se establezca un sistema de incentivos en una o varias secciones de la Empresa.
-8. En lo no previsto en esta materia se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente.
-Artículo 41. Plus de carencia de incentivos.
-Las empresas que no tengan establecido sistemas de incentivos o destajos, abonarán a su personal un plus de carencia de incentivos; este plus tendrá el mismo incremento que el salario (quedando en 374,99 euros para 2014; y 376,87 euros para 2015).
-Artículo 42. Horas Extraordinarias.
-Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo 22 del Convenio; es decir, que excedan de las 1.800 anuales.
-El precio de referencia de la hora extraordinaria será del 25% sobre la hora ordinaria, salvo pacto en contrario, respetando los acuerdos que existan a la firma del convenio y futuros.
-Artículo 43. Pago del Salario.
-Cuando por acuerdo adoptado por mayoría simple de la plantilla esta manifieste su deseo de percibir sus salarios o sueldos por la fórmula todo incluido, la Empresa lo hará de conformidad con esta petición.
-Los salarios podrán ser abonados en moneda de curso legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo informe al Comité de Empresa o Delegados/Delegadas de personal.
-Artículo 44. Anticipos.
-Se tendrá derecho a pedir anticipos a cuenta hasta el límite del 90 por 100 de las cantidades que tuvieran devengadas.
-Artículo 45. Dietas y Viajes.
-Cuando por orden de la Empresa venga obligado el personal a pernoctar o realizar gastos de manutención fuera de su domicilio, le serán abonados dichos gastos por la Empresa, previa justificación de los mismos, y correspondientes, salvo excepción también justificada, a los de un hotel de tres estrellas.
-Los desplazamientos de ida y vuelta serán también por cuenta de la Empresa, en primera o segunda clase, a juicio de la misma.
-Artículo 46. Plus de Distancia y Movilidad geográfica.
-Las Empresas que tengan establecido su centro de trabajo a más de dos kilómetros del extrarradio de la población y no dispongan de medios propios de transporte para su personal, abonarán a cada persona con domicilio en el propio municipio un plus de 0,024 euros diarios por kilómetro.
-En todas las demás cuestiones que se deriven de la movilidad geográfica y en especial en el supuesto de traslado del centro de trabajo a más de dos km. del casco urbano, se estará a lo dispuesto en el Estatuto,(Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo) por lo que será la empresa quien deberá resolver cualquier supuesto con los representantes de los trabajadores./ trabajadoras.
-Artículo 47. Prendas de Trabajo.
-Las Empresas afectadas por éste Convenio están obligadas a facilitar a su personal como mínimo, una prenda de trabajo al año, salvo para aquellas actividades en que se precise mayor número.
-CAPÍTULO VI
-Temas sociales
-Artículo 48. Complemento salarial por accidente de trabajo.
-Las empresas complementarán las prestaciones de la Seguridad Social, hasta alcanzar el 100% del salario de cotización a quien que se encuentren en situación de I.T. por accidente de trabajo, a partir del segundo día de baja y hasta un período máximo de cuatro meses desde el día de la baja.
-Artículo 49. Cláusula de fidelización o indemnización extraordinaria por extinción del contrato de trabajo.
-El personal, con 60 o más años cumplidos, y que lleve como mínimo diez años ininterrumpidos de permanencia en la Empresa, podrá solicitar unilateralmente la rescisión de su contrato de trabajo con derecho, por una sola vez, y al causar baja, a una indemnización, de acuerdo con la siguiente escala:
-– A los 60 años: 5 mensualidades de salario de cotización.
-– A los 61 años: 4 mensualidades de salario de cotización.
-– A los 62 años: 3’5 mensualidades de salario de cotización.
-– A los 63 años: 3 mensualidades de salario de cotización.
-– A los 64 años: 2 mensualidades de salario de cotización.
-– A los 65 años: 1 mensualidad de salario de cotización.
-Teniendo en cuenta la eventualidad de esta indemnización, las empresas no vienen obligadas a hacer provisiones específicas.
-Artículo 50. Salarios de cotización.
-Los grupos de asimilación para los topes mínimo y máximo del régimen de la Seguridad Social y para las categorías son los que figuran para cada caso en el anexo I de este convenio.
-Las bases de cotización para todo el personal serán las vigentes en cada momento.
-Artículo 51. Suspendido.
-Artículo 52. Disfrute de vacaciones en periodo diferente.
-Cuando el periodo de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal, derivada de embarazo, parto o la lactancia natural, o con el periodo de suspensión del contrato previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
-Cuando la incapacidad temporal derive de contingencias distintas, el trabajador podrá disfrutar las vacaciones al finalizar su incapacidad, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses, a partir del final del año en que se hayan originado.
-Artículo 53. Capacidades diferentes.
-Las Empresas acoplarán al personal cuya capacidad haya disminuida por edad u otras circunstancias, antes de la jubilación, destinándole a trabajos adecuados a sus condiciones. Tendrá preferencia el incapacitado/incapacitada para su labor habitual a causa de accidente de trabajo o enfermedad indemnizable sufrida al servicio de la Empresa.
-En orden a la colocación de personas con discapacidad tendrán las preferencias establecidas en su normativa específica y las Empresas de más de cincuenta personas fijas habrán de reservarles hasta un cinco por ciento de su plantilla.
-En forma compatible con las disposiciones legales, las Empresas proveerán las plazas del grupo IV, a las personas que por discapacidad, enfermedad o edad avanzada no puedan seguir desempeñando su oficio con el rendimiento normal y siempre que no tengan derecho a subsidio, pensión o medios propios para su sostenimiento.
-El personal acoplado, percibirá el salario de acuerdo con la categoría que desempeñe.
-CAPÍTULO VII
-Derechos sindicales
-Artículo 54. Comités de Empresa y Delegados/ Delegadas de Personal.
-La Organización práctica del trabajo es facultad de la Empresa, que sin merma de la autoridad que le corresponde, concede a los Representantes de los Trabajadores/Trabajadoras las siguientes facultades en orden a la participación del personal en la Empresa:
-1. Vigilancia sobre el empleo en la Empresa e información sobre puestos a cubrir y decisiones en base a una valoración racional de aptitudes (valoración de puestos de trabajo), estando legitimado el Comité o Delegados/ Delegadas de Personal para efectuar las reclamaciones legales oportunas. El Sindicato, por conducto del Comité de Empresa, Delegado/Delegada de Personal o Secciones Sindicales, tendrá conocimiento de los contratos de trabajo previamente a su firma. Visado del Comité o Delegados/ Delegadas de Personal en los documentos que dan por finalizada la relación laboral.
-2. En el establecimiento y revisiones de sistemas de organización del trabajo intervendrá el Comité de Empresa o Delegados / Delegadas de Personal en la forma prevista en el presente Convenio.
-3. Las reclamaciones previstas por los cambios de puestos de trabajo serán resueltas por la Empresa con intervención preceptiva del Comité de Empresa o Delegados/ Delegadas de Personal; igualmente se exigirá de estos el informe, para el traslado parcial o total del centro de trabajo.
-4. Las medidas disciplinarias adoptadas por la Empresa deberán ser puestas en conocimiento, con carácter previo, al Comité de Empresa o Delegados/ Delegadas de Personal, que remitirán preceptivamente un informe a la Autoridad Laboral competente.
-5. El Comité de Empresa o Delegados/Delegadas administrarán, en colaboración con la Dirección de la Empresa, los fondos sociales, culturales y recreativos que pudieran existir en la Empresa.
-6. En los cambios de titularidad de la Empresa, el Comité de Empresa o los Delegados/Delegadas de Personal serán informados previamente y emitirán preceptivamente un informe para la Autoridad Laboral.
-7. Cada temporada el Comité de Empresa o los Delegados/Delegadas de Personal serán informados por la Dirección de la Empresa, sobre la evolución general del sector productivo a que pertenece la Empresa, sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción y ventas de la Empresa, sobre su programa de inversión y producción y la evolución probable del empleo de la Empresa y sobre su situación contable, así como de sus planes de fusión, absorción o modificación de su status jurídico. Esta información será absolutamente confidencial.
-El Comité de Empresa o los Delegados/Delegadas de Personal, podrán formular propuestas a la Dirección de la Empresa, que deberán ser estudiadas conjuntamente.
-8. Las condiciones de trabajo en materia de Salud Laboral serán las establecidas en la normativa vigente.
-9. Corresponde asimismo a los Comités de Empresa o Delegados/Delegadas de Personal el ejercicio de todas las funciones que la legislación encomienda, pudiendo interponer ante los Organismos y Tribunales competentes las reclamaciones y acciones que estimen oportunas para la mejor defensa de los intereses o derechos del personal.
-10. Se faculta la celebración de asambleas, en los centros de trabajo, fuera de las horas de jornada laboral, con asistencia del personal del Centro y Sindicalistas y con previo aviso a la Empresa de, al menos, una jornada laboral para los solicitantes.
-11. Atendiendo a que en el Convenio Colectivo de Calzado se estableció una reserva de veinte horas a los Delegado/ Delegadas de Secciones Sindicales, resulta congruente, dentro de la normativa establecida en el Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo) pactar para la representación elegida (Delegados/ Delegadas y Comités) un crédito de horas conforme a la siguiente escala:
-– Hasta 250 en plantilla veinte horas.
-– De 251 a 500 treinta horas.
-– De 501 a 750 treinta y cinco horas.
-– De 751 en adelante: cuarenta horas.
-Estas horas de crédito podrán ser acumuladas por períodos de tres meses y transferidas a favor de uno o varios Representantes por período de un año. Las Empresas deberán conocer las posibles acumulaciones y transferencias con carácter previo al comienzo del período para el que se realicen.
-12. En aquellas empresas menores de 16 en plantilla en las que, por sus escasas dimensiones o por la relevancia del puesto que desarrolle el delegado /delegada, éste tuviere dificultad en hacer uso del crédito de horas que le concede la Ley, podrá pactar con su empresa la cesión de parte de su crédito horario al delegado/delegada comarcal sin que, en ningún momento, la cesión supere el 50 por ciento de las horas que por tal concepto le correspondan.
-13. Para presentarse a las elecciones en la empresa, no se exigirán más de tres meses de antigüedad, mientras persistan las circunstancias actuales de eventualidad en las empresas.
-Artículo 55. Secciones Sindicales.
-1. Las personas afiliadas a un Sindicato podrán constituir en los centros de trabajo la correspondiente Sección Sindical.
-2. La Sección Sindical representará los intereses sindicales de sus afiliados/afiliadas ante la Dirección de la Empresa.
-3. Las Secciones Sindicales de los centros de trabajo podrán designar de entre su afiliación un representante que servirá de cauce de comunicación e interlocución con la Dirección. Este habrá de tener la condición de fijo en plantilla del centro en cuestión.
-3.1 En el supuesto de la existencia de varios centros en una misma provincia y de una misma Empresa, se nombrará un solo representante por la Secciones Sindicales de cada uno de los Sindicatos.
-3.2 Los Delegados/Delegadas de las Secciones Sindicales que no sean miembros de los Comités de Empresa tendrán derecho a veinte horas retribuidas, a cargo de la Empresa, al mes, para ejercicio de sus funciones, siempre que la Sección Sindical correspondiente comprenda al menos 20 afiliado/as, procurando que su utilización cause el menor perjuicio a la producción.
-4. Las Secciones Sindicales constituidas a tenor de las presentes normas dispondrán de un tablón de anuncios adecuado para la publicación y difusión de sus acuerdos y comunicaciones.
-5. En el supuesto de que la Sección Sindical cambiara su representante por cualquier causa, el Sindicato correspondiente vendrá obligado a comunicar el cambio a la Empresa.
-6. Las Empresas aceptan gestionar el cobro de las cuotas a las Centrales Sindicales, mediante el oportuno descuento en las respectivas nóminas, siempre que dicha detracción esté previamente autorizada por cada persona afiliada.
-7. Las Empresas concederán excedencia en caso de que el sindicato lo solicite para incorporar a cargos sindicales de dirección local, comarcal, provincial o estatal, siempre que ello sea debidamente probado, sin exigencia de ninguna antigüedad específica, con derecho a la reincorporación a su puesto de trabajo en la empresa en las mismas condiciones que en la fecha de petición de la excedencia, una vez finalizado el cargo sindical.
-8. Las funciones de los Delegados/Delegadas Sindicales son:
-8.1 Representar y defender los intereses del Sindicato a quien representan y a la afiliación en la Empresa, y servir de instrumento de comunicación entre su Central Sindical y la Dirección de las respectivas Empresas.
-8.2 Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comités de Salud Laboral y Comités paritarios de interpretación con voz y sin voto.
-8.3 Tendrán acceso a la misma información y documentación que la Empresa deba poner a disposición del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley, Convenios Colectivos y por el Acuerdo Marco Interconfederal a los miembros de Comité de Empresa.
-8.4 Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten al personal en general y a las personas afiliadas en particular.
-8.5 Serán asimismo informados y oídos por la Empresa con carácter previo:
-– Acerca de los despidos y sanciones que afecten a las personas afiliadas al Sindicato.
-– En materia de reestructuraciones de plantillas, regulaciones de empleo, traslado de personal, cuando revista carácter colectivo o del centro de trabajo general, y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses de la plantilla. La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.
-8.6 Podrán recabar cuotas a su afiliación, repartir propaganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de trabajo.
-8.7 En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se refiere, ajustarán su conducta a la normativa legal vigente.
-8.8 En aquellos centros de trabajo con plantilla superior a 250 personas, la Dirección de la Empresa facilitará la utilización de un local, a fin de que el Delegado/Delegada representante del Sindicato ejerza las funciones y tareas que como tal correspondan.
-8.9 Los Delegados/Delegadas ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindicales que les sean propias.
-8.10 Participación en las negociaciones de Convenios Colectivos. A los Delegados/ delegadas Sindicales o cargos de relevancia nacional de las Centrales, implantadas nacionalmente, y que participen en comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculación como personal en activo de alguna Empresa, les serán concedidos permisos retribuidos por las mismas, a fin de facilitar su labor de negociación y durante el transcurso de la misma, siempre que la Empresa esté afectada por la negociación del convenio.
-CAPÍTULO VIII
-Ordenación de faltas y sanciones
-Artículo 56. Faltas leves.
-Son faltas leves:
-1. Faltar un día al trabajo sin causa justificada.
-2. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes.
-3. Abandonar el puesto de trabajo o servicio durante breve tiempo dentro de la jornada de trabajo, sin permiso.
-4. Los pequeños descuidos en la realización del trabajo y en la conservación de las máquinas, herramientas y materiales.
-5. La inobservancia de los Reglamentos y órdenes de servicio, así como la desobediencia a los mandos; todo ello en materia leve.
-6. La falta de respeto en materia leve a personas subordinadas, compañeras, o que ejerzan jefatura y al público, así como la discusión con ellas.
-7. La falta de limpieza personal, así como en las dependencias, servicios y útiles de la Empresa.
-8. No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio o los datos necesarios para la Seguridad Social y Medicina de Empresa.
-Artículo 57. Faltas graves.
-Son faltas graves:
-1. La doble comisión de falta leve dentro del período de un mes.
-2. La falta de dos días al trabajo durante el período de un mes sin causa justificada.
-3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y falseamiento de los datos, cuestiones y hechos que pueden afectar a la Seguridad Social y Medicina de Empresa.
-4. El incumplimiento de las normas generales en materia de Seguridad y salud laboral. Será falta muy grave cuando tenga consecuencia en las personas, máquinas, materiales, instalaciones o edificios.
-5. La desobediencia a los mandos en cuestiones de trabajo.
-6. La voluntaria disminución y baja calidad en el trabajo.
-7. El empleo del tiempo, materiales, máquinas y útiles del trabajo en cuestiones ajenas al mismo.
-8. Las injurias proferidas contra personas o instituciones de toda índole.
-9. La suplantación activa o pasiva de la personalidad.
-10. La embriaguez no habitual durante el trabajo.
-Artículo 58. Faltas muy graves.
-Son faltas muy graves:
-1. La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida del trabajo, en doce ocasiones durante seis meses; o en veinticinco durante un año, debidamente advertida.
-2. La inasistencia injustificada al trabajo durante seis días durante el periodo de cuatro meses.
-3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros/compañeras o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa.
-4. La simulación de enfermedad o accidente, o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente, con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.
-5. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio a la empresa.
-6. La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo.
-7. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
-8. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento.
-9. La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.
-10. El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.
-11. El acoso sexual.
-12. La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad y salud, debidamente advertida.
-13. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que con anterioridad al momento de la comisión del hecho, hubiese sido motivo de sanción dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo de un año.
-Artículo 59. Sanciones.
-Las sanciones máximas que pueden imponerse son las siguientes:
-1. Por falta leve: Amonestación verbal; amonestación por escrito; suspensión de empleo y sueldo por un día.
-2. Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días; inhabilitación para el ascenso por un período de hasta un año.
-3. Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de quince a sesenta días; inhabilitación para el ascenso por un período hasta de cinco años; despido.
-Artículo 60. Prescripción.
-Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
-CAPÍTULO IX
-Coordinación normativa
-Artículo 61. Convenios de empresa.
-En el supuesto de que, en una empresa afectada por este Convenio Colectivo, los sujetos legitimados para negociar un convenio de empresa acordaran establecer su propia unidad de negociación, el acuerdo de inaplicación del convenio sectorial deberá notificarse a la Comisión paritaria del Convenio y comunicarse al Registro de convenios por la empresa.
-En todo caso, las organizaciones firmantes de este acuerdo recomiendan la no creación de nuevos ámbitos de negociación por considerar que el contenido del convenio colectivo supone un marco adecuado para ordenar las relaciones laborales en el sector.
-Artículo 62. Competencia de Jurisdicciones.
-Las funciones y actividades de la Comisión del Convenio, no obstruirán en ningún caso el libre ejercicio de las jurisdicciones administrativas o contenciosas previstas en la ley y demás disposiciones de carácter legal, en la forma y con el alcance que determine en dichos textos legales.
-Artículo 63. Legislación Supletoria.
-En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.
-CAPÍTULO X
-Conflictos colectivos
-Artículo 64. Procedimientos para la solución de conflictos.
-1. El presente acuerdo regula los procedimientos para la solución de los conflictos surgidos entre la Empresa y el personal o sus respectivas Organizaciones representativas de la Industria del Calzado.
-2. Quedan al margen del presente acuerdo:
-Los conflictos que versen sobre Seguridad Social.
-Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento u Organismos dependientes de ellos que tengan prohibida la transacción o avenencia.
-Artículo 65. Conflictos Colectivos.
-1. Serán susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios de solución de conflictos comprendidos en el presente capítulo, aquellas controversias desacuerdos laborales que afecten a un colectivo de personas, o en las que la interpretación, objeto de la divergencia, afecte a intereses suprapersonales ó colectivos.
-2. A los efectos del presente Capítulo tendrán también carácter de conflictos colectivos aquellos que, aunque promovidos individualmente, su solución sea extensible o generalizable o un grupo de personas.
-Artículo 66. Procedimiento voluntario de solución de conflictos.
-Los procedimientos voluntarios para la solución de conflictos son:
-1. Interpretación acordada en el seno de la Comisión Paritaria.
-2. Mediación.
-3. Arbitraje.
-Artículo 67. Mediación.
-1. El procedimiento de Mediación no estará sujeto a ninguna tramitación preestablecida, salvo la designación de la persona que mediará y la formalización de la avenencia que, en su caso, se alcance.
-2. El procedimiento de mediación será voluntario y requerirá acuerdo de las partes, que harán constar documentalmente las divergencias, designando a la persona que medie, y señalando la gestión o gestiones sobre las que versará su función. Una copia se remitirá a la Secretaría de la Comisión Paritaria.
-3. La designación de la persona que medie la harán de mutuo acuerdo las partes, preferentemente de entre las personas que figuren incluidas en las listas que apruebe la Comisión Paritaria.
-4. Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos anteriores, cualquiera de las partes podrá dirigirse a la Comisión Paritaria solicitando sus buenos oficios para que promueva la mediación. Hecha esta propuesta, la Comisión Paritaria se dirigirá a las partes en conflicto ofreciéndoles la mediación.
-En defecto de tal petición, cuando existan razones fundamentales para ello, la Comisión Paritaria podrá, por unanimidad, acordar dirigirse a las partes instándolas a que soliciten la solución del conflicto a través de la mediación.
-5. Las propuestas de solución que se ofrezcan en la mediación a las partes, podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por estas. En caso de aceptación, la avenencia conseguida tendrá la misma eficacia de lo pactado en convenio colectivo.
-6. Dicho acuerdo se formalizará por escrito, presentándose copia a la Autoridad Laboral competente a los efectos y en plazo previsto en el Artículo 90 del Estatuto (real decreto 1/1995 de 24 de marzo), cuando proceda.
-Artículo 68. Arbitraje.
-1. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes en Conflicto acuerdan voluntariamente encomendar a una tercera persona y aceptar de antemano la solución que ésta dicte sobre sus divergencias.
-2. El acuerdo de las partes promoviendo el arbitraje será formalizado por escrito, se denominará compromiso arbitral y constará al menos, de los siguientes extremos:
-– Nombre de la persona o personas designadas para arbitrar.
-– Cuestiones que se someten a laudo arbitral y plazo para dictarlo.
-– Domicilio de las partes afectadas.
-– Fecha y firma de las partes.
-3. Se harán llegar copias del compromiso arbitral a la Secretaria de la Comisión Paritaria, y a los efectos de constancia y publicidad, a la autoridad laboral competente.
-4. La designación será libre y las personas designadas serán imparciales. Se llevara a cabo el nombramiento en igual forma que la señalada para la mediación.
-5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendrán de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestión o cuestiones sujetas al arbitraje.
-6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las partes se abstendrán de recurrir a huelga o cierre patronal mientras dure el procedimiento arbitral.
-7. El procedimiento arbitral se caracterizará por los principios de contradicción e igualdad entre las partes. Quienes arbitren podrán solicitar informes a especialistas en la materia, si fuera preciso.
-8. La resolución arbitral será vinculante inmediatamente ejecutiva y resolverá motivadamente todas y cada una de las cuestiones fijadas en el compromiso arbitral.
-9. Las personas que arbitren siempre actuarán conjuntamente y comunicarán a las partes la resolución dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral, notificándolo igualmente a la Comisión Paritaria y a la Autoridad Laboral Competente.
-10. La resolución, si procede, será objeto de depósito, registro y publicación a idénticos efectos de los previstos en el Artículo 90 del Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo).
-11. La resolución arbitral tendrá la misma eficacia de lo pactado en Convenio Colectivo.
-12. Será de aplicación al procedimiento arbitral lo señalado en este acuerdo para la mediación.
-Artículo 69. Comisión Paritaria.
-A los efectos de lo establecido en este Capítulo, la Comisión Paritaria tendrá las atribuciones y competencias ya citadas y de forma primordial las siguientes:
-a. Aprobar un reglamento de funcionamiento.
-b. Establecer la lista de personas para mediar y arbitrar.
-c. Fomentar la utilización de estos procedimientos como vía de concertación y de solución dialogada de los conflictos laborales.
-d. Difundir el contenido de lo aquí pactado entre la Empresa y su persona.
-e. Analizar los resultados de estos procedimientos en función de los estudios e informes que se preparan por la Secretaria de la Comisión Paritaria.
-CAPÍTULO XI
-Igualdad
-Artículo 70. Medidas y planes de igualdad.
-1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores /trabajadoras.
-2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta, en plantilla las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en el capítulo III de la Ley de Igualdad, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.
-3. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
-Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad fijaran los objetivos concretos de igualdad alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sus sistemas eficaces de seguimiento, evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad contemplaran, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
-4. Se garantiza el acceso de la representación sindical o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.
-Disposición transitoria primera. Incorporación al Convenio de los Talleres de Ortopedia, Reparación de Calzado y Duplicado de Llaves.
-Los firmantes del presente convenio se comprometen a someterse a un procedimiento de arbitraje en el SIMA, en el mes de septiembre, para incluir los grupos profesionales de la actividad de reparadores de calzado incluida dentro de este convenio. Se requerirá para ello el auxilio de los expertos necesarios para que el arbitraje tenga un carácter técnico.
-Disposiciones transitoria segunda. Formación Profesional.
-Objetivos: Las organizaciones firmantes del presente Convenio, consideran la Formación Profesional como un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación individual y el desarrollo profesional y/o personal. Y manifiestan por ello su voluntad de aprovechar y desarrollar al máximo la normativa legal vigente en esta materia. (RD. 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y las normas que lo desarrollen).
-Iniciativas de formación:
-1. Formación de oferta: Con el objeto de desarrollar acciones formativas de interés general o con el fin de satisfacer las necesidades específicas de formación profesional, se establecerán los mecanismos necesarios para la suscripción de Convenios para la formación Sectorial.
-2. Formación de demanda: Las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal con cargo al crédito de formación que anualmente dispongan en base a lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en aras de obtener un adecuado desarrollo profesional y mejorar la competitividad de las empresas.
-Comisión paritaria de formación:
-En aquellas empresas que opten a su crédito de formación mediante el sistema de bonificación, (Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación.) y que cuenten con una plantilla igual o superior a 100 personas, constituirán una Comisión Paritaria de Formación, cuyos miembros serán designados de entre la representación legal de los trabajadores y de la dirección de la empresa, y cuyas funciones serán:
-– Conocer e informar previamente a su puesta en práctica sobre los criterios, orientaciones y contenidos genéricos de las Acciones Formativas, así como el presupuesto destinado a tal fin.
-– Proponer a la Dirección programas y/o acciones concretas de formación.
-– Analizar la información del seguimiento, evaluación de su desarrollo y proponer líneas de mejora.
-– Velar por los intereses de formación de los colectivos que más lo precisen.
-– Seguimiento y tutela de los derechos de las personas con contratos de formación y de quienes realizan prácticas laborales, que incluyan formación en centros de trabajo de la formación profesional reglada, las prácticas en empresas que realizan los desempleados /desempleadas participantes en cursos con un módulo de formación en centros de trabajo y las prácticas no laborales que realizan las personas becarias o estudiantes de los últimos cursos universitarios.
-Formación para personas con contrato de duración determinada:
-En aplicación de lo establecido en el art. 15.7, segundo apartado, del Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo), en cada empresa que emplee a personas con contratos de duración determinada, se concretará la participación de estos en las acciones de formación continua en la empresa.
-Permisos individuales de formación:
-Se podrán solicitar permisos individuales de formación en los términos que se determinan en el RD. 395/2007, de 23 de marzo, o norma que lo pueda sustituir o desarrollar y con el objeto de facilitar la formación reconocida por una titulación oficial a quien pretenda mejorar su capacitación personal y/o profesional, sin coste a la empresa donde prestan sus servicios.
-Por parte de las empresas se pondrán todos los medios para que quien los solicite puedan acceder a esta modalidad de permiso individual.
-Comisión paritaria sectorial de formación:
-Por acuerdo del convenio pactado en 1997, quedó constituida la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Continua para el sector del Calzado, compuesta por cuatro Representantes de las Organizaciones Patronales y cuatro Representantes por la parte Sindical. Que según lo establecido en el artículo 35 del R. D. 395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, tendrá asignadas las siguientes funciones:
-a) Intervenir en la mediación de los supuestos de discrepancias a que se refiere el artículo 15.5. del citado RD.
-b) Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en el sector.
-c) Fijar los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa sectorial.
-d) Participar y colaborar en actividades, estudios o investigaciones de carácter sectorial y realizar propuestas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y los Centros de Referencia Nacional correspondientes al sector.
-e) Elaborar una memoria anual sobre la formación realizada en el sector.
-f) Conocer de la agrupación de empresas en el sector prevista en el artículo 16.2.
-g) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa de desarrollo del Real Decreto.
-Disposición transitoria tercera. Salud Laboral.
-Se constituye la Comisión paritaria sectorial de salud laboral que estará compuesta por cuatro representantes de las organizaciones empresariales y otros cuatro de los sindicatos.
-Serán sus cometidos prioritarios: elaborar un estudio para determinar las enfermedades profesionales derivadas del ejercicio del trabajo y solicitar su reconocimiento por la Seguridad Social; elaborar estadísticas sobre la siniestralidad profesional en el sector, proponiendo recomendaciones técnico-sanitarias para su reducción, etc.
-Asimismo, la comisión trasladará a la Comisión Negociadora del convenio propuestas de seguro para complementar las percepciones salariales en situaciones de IT y su costo sectorial.
-La comisión queda facultada para constituirse, a estos fines, en entidad jurídica autónoma, sectorial o intersectorial, por acuerdo, al menos, de los dos tercios de sus componentes.
-Las partes firmantes de este convenio entienden y comparten los objetivos propuestos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo. Por ello acuerdan que sea esta Comisión, que tiene carácter paritario entre representantes de la patronal y sindicatos firmantes del convenio, la que asumirá las competencias contempladas en el Objetivo 3 de la Estrategia. Para cumplir esta tarea, la Comisión de salud laboral tendrá la potestad de definir cuales son las líneas de actuación específica y los programas más adecuados para promocionar la seguridad y salud en el trabajo en el sector del calzado, así como de definir los proyectos que se presentarán ante la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
-Este órgano paritario tendrá también la capacidad para designar a los agentes sectoriales de prevención en representación de cada una de las partes firmantes, que se encargarán de las visitas a los centros de trabajo previamente establecidos en cada programa.
-Disposición adicional primera. No compensación ni absorción.
-No serán compensables ni absorbibles el complemento personal de antigüedad (artículo 36) ni las garantías personales a que se refiere el artículo 13 del presente Convenio (incentivos de personal a destajo que pasen - o hayan pasado- a sistemas de tiempos medidos).
-Disposición adicional segunda. Responsabilidad social.
-Las empresas que suscriban códigos de conducta de responsabilidad social, lo negociarán previamente con los comités de empresa.
-Disposición adicional tercera. Adhesión al ASAC.
-Ambas partes se adhieren al acuerdo de solución extrajudicial de conflictos laborales ASAC V, publicado en el BOE del 23 de febrero de 2012.
-Cláusula final.
-El presente Convenio ha sido suscrito por unanimidad de ambas representaciones, constituidas por las Asociaciones Empresariales F.I.C.E. y AEC., con domicilios respectivamente en C/.Núñez de Balboa Nº. 116 de Madrid (28006) y Severo Ochoa N.º 42, P. Empresarial de Elche (03203), Alicante, y los Sindicatos F.I.T.A.G.–U.G.T. con domicilio en la calle Avenida de América Nº. 25-2ª planta de Madrid (28002) y F.I.T.E.Q.A-.CC.OO. con domicilio en la Plaza de Cristino Martos Nº. 4, 5ª planta, de Madrid (28015), quienes en reunión de constitución de la Comisión negociadora el día 12.11.2013, se reconocieron plena capacidad y legitimaron para negociarlo.
-ANEXO 1
-Grupos de asimilación y bases de cotización a la Seguridad Social
-Categorías profesionales
-Grupo de Asimilación
-Bases de cotización
-Ingenieros y Licenciados.
-1
-(1)
-Peritos, Ayudantes titulados, ATS, Diplomados Graduados Sociales, Profesores Mercantiles y Analistas.
-2
-(1)
-Jefes Administrativos y de Taller, Jefe de Departamento, Encargado de Sector, Jefe de Sección y Negociado, Jefes de Compras o de Ventas, Encargado General de Fabricación.
-3
-(1)
-Ayudantes no titulados, Modelista, Encargado de Sección, Viajante y Programadores.
-4
-(1)
-Oficiales de Primera y Segunda Administrativos, Oficial de Ventas y Dependiente.
-5
-(1)
-Listero, Almacenero, Pesador o Basculero, Guarda Jurado, Vigilantes, Ordenanza, Portero, Enfermero, Mozo de Almacén Botones o Recaderos de 18 años.
-6
-(1)
-Auxiliares Administrativos y Telefonistas.
-7
-(1)
-Niveles V y IV, Patronistas, Maestro de Mesilla., Maestro de Reparación Mecánica, Subencargado de Sección, Conductores y Guarnecedores.
-8
-(1)
-Niveles III y II.
-9
-(1)
-Nivel I y Empleados de Limpieza.
-10
-(1)
-Botones o Recaderos de 16 y 17 años y Aspirantes.
-11
-(1)
-(1) Las vigentes en cada momento.
-ANEXO 2
-Convenio del calzado. Tabla salarial 2014
-Tabla I. Personal con retribución mensual o diaria (extras aparte)
-Tabla II. Personal con retribución mensual o diaria (todo incluido)
-   
-Salario anual
-Salario mes
-(Tabla I)
-Salario día
-(Tabla I)
-Salario mes
-(Tabla II)
-Salario día
-(Tabla II)
-Hora Prima
-(Tabla II)
-Grupo I: Personal Técnico Titulado
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Ingenieros y Licenciados.
-25.828,74
-1.844,91
-60,77
-2.152,39
-70,76
-   
-Ingenieros Técnicos y Analistas Diplomados.
-23.707,01
-1.693,36
-55,78
-1.975,58
-64,95
-   
-Graduados Sociales y A.T.S.
-23.707,01
-1.693,36
-55,78
-1.975,58
-64,95
-   
-Personal Técnico no Titulado
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Encargado General Fabricación.
-23.702,52
-1.693,04
-55,77
-1.975,21
-64,94
-   
-Encargado Depto.y Técnico Org.
-23.078,00
-1.648,43
-54,30
-1.923,17
-63,23
-   
-Encargado Sector, Programador y Modelista.
-20.730,57
-1.480,76
-48,78
-1.727,55
-56,80
-   
-Patronista.
-18.998,77
-1.357,05
-44,70
-1.583,23
-52,05
-   
-Encargado de Sección y Cronometrador.
-17.625,22
-1.258,94
-41,47
-1.468,77
-48,29
-   
-Subencargado de Sección.
-15.479,32
-1.105,67
-36,42
-1.289,94
-42,41
-   
-Grupo II: Empleados Mercantiles
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Jefe de Compras y Ventas.
-22.956,72
-1.639,77
-54,02
-1.913,06
-62,90
-   
-Agente de Compras y Viajantes.
-18.714,89
-1.336,78
-44,04
-1.559,57
-51,27
-   
-Oficial de ventas.
-18.520,20
-1.322,87
-43,58
-1.543,35
-50,74
-   
-Dependiente.
-13.876,10
-991,15
-32,65
-1.156,34
-38,02
-   
-Personal Administrativo
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Jefe de Sección.
-21.487,98
-1.534,86
-50,56
-1.790,66
-58,87
-   
-Jefe de Negociado.
-20.619,54
-1.472,82
-48,52
-1.718,30
-56,49
-   
-Oficial de Primera.
-17.625,22
-1.258,94
-41,47
-1.468,77
-48,29
-   
-Oficial de Segunda.
-16.134,63
-1.152,47
-37,96
-1.344,55
-44,20
-   
-Auxiliar y Telefonista.
-14.017,66
-1.001,26
-32,98
-1.168,14
-38,40
-   
-Grupo IV: Oficios varios
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Conductor Transportista y Maestro de Mesilla.
-16.022,60
-1.144,47
-37,70
-1.335,22
-43,90
-   
-Encargado de Almacén y Listero.
-15.097,85
-1.078,42
-35,52
-1.258,15
-41,36
-   
-Almacenero y Chofer Distribuidor.
-14.756,38
-1.054,03
-34,72
-1.229,70
-40,43
-   
-Oficial de almacén.
-14.261,91
-1.018,70
-33,56
-1.188,49
-39.07
-   
-Vigilante y Pesador.
-13.636,94
-974,07
-32,09
-1.136,41
-37,36
-   
-Ordenanza, Portero y Mozo de Almacén.
-13.573,95
-969,57
-31,94
-1.131,16
-37,19
-   
-Empleados de Limpieza.
-13.219,64
-944,26
-31,11
-1.101,64
-36,22
-   
-Grupo III: Fabricación
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Nivel 5.
-14.766,75
-1.054,77
-34,75
-1.230,56
-40,46
-8,37
-Nivel 4.
-14.261,88
-1.018,71
-33,56
-1.188,49
-39,07
-8,08
-Nivel 3.
-13.757,02
-982,64
-32,37
-1.146,42
-37,69
-7,80
-Nivel 2.
-13.550,32
-967,88
-31,88
-1.129,19
-37,12
-7,68
-Nivel 1.
-13.408,59
-957,76
-31,55
-1.117,38
-36,74
-7,60
-T. en formación (y para el 100% de jornada).
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-Aprendices 2.º año.
-12.195,29
-871,09
-28,69
-1.016,27
-33,41
-   
-Aprendices 1.er año.
-10.162,74
-725,91
-23,91
-846,90
-27,84","Convenios colectivos de nivel I y empleados de limpieza, Botones o Recaderos de 16 y 17 años y Aspirantes. Convenio del calzado, etc..
-",Convenio colectivo del calzado. El interés ilicitano me obliga a dos tweets ;)  Salario aparadora: unos 1.100 € (1-2)
-2190,"Modificado el plan de estudios del Máster Universitario en Teología (publicado en el BOE de 8 de noviembre de 2011 y en el BORM de 5 de noviembre de 2011), verificado por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011 (publicado en el BOE de 19 de septiembre de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 1 de septiembre de 2011),
-Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación en el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Teología.
-La presente modificación será de aplicación a aquellos estudiantes que realicen el Máster a partir del curso académico 2013/2014.
-Murcia, 14 de octubre de 2013.–El Rector, José Antonio Cobacho Gómez.
-Máster Universitario en Teología
-Tipo de asignatura
-Créditos
-Optativas
-42
-Trabajo Fin de Máster
-18
-Total
-60
-Asignaturas
-Tipo
-Cuatrimestre
-Créditos
-Hermenéutica teológica: Cuestiones de acceso a la revelación cristiana.
-Optativa
-1-2
-6 ECTS
-Credibilidad de la revelación en Cristo: Aspectos históricos y filosóficos.
-Optativa
-1-2
-6 ECTS
-La Iglesia como signo de salvación visible en el mundo de hoy.
-Optativa
-1-2
-6 ECTS
-Metodología de la investigación científica.
-Optativa
-1-2
-6 ECTS
-Grandes núcleos de la Teología Fundamental actual.
-Optativa
-1-2
-6 ECTS
-Métodos para el diálogo entre la fe y la cultura.
-Optativa
-1-2
-6 ECTS
-Escritura y tradición, fuentes de la Teología.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-En los inicios del método teológico y de la apologética cristiana: Fundamentos patrísticos de la teología fundamental.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-La teología al encuentro con las ciencias: Áreas de diálogo y problemática actual.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-El futuro del cristianismo en las sociedades avanzadas: La cuestión de la secularización.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-La formación de la teología medieval franciscana y su empeño apologético.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Ecumenismo y diálogo interreligioso: Universalidad de la salvación en Cristo.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Cuestiones en torno a la relación de la humanidad con su ambiente natural.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Cultura Clásica y Cristianismo.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Teología y postmodernidad: Problemas y perspectivas.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Revelación y Teología entre el Vaticano I y el Vaticano II.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-La fe cristiana como opción razonable: La «Fides et Ratio» como clave del diálogo teológico con la razón.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-La Pneumatología como clave de comprensión de la Teología Fundamental.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Literatura intertestamentaria y su relación con otras áreas de pensamiento.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Teología fundamental franciscana.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-El arte franciscano como lugar teológico y del diálogo con la cultura.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Cristianismo, Iglesia y sociedad en la España contemporánea.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Fe-Razón: Desde la «Dei Filius» (1870) a la «Fides et Ratio» (1998).
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-El Concilio Vaticano II: Llamada del Espíritu y respuesta de la Iglesia.
-Optativa
-1-2
-3 ECTS
-Trabajo Fin de Máster.
-Obligatoria
-Anual
-18 ECTS",Modificado el plan de estudios del Máster Universitario en Teología,¡Qué bonico sería que en los estudios de Teología se nalizaran un poquillo otras religiones!  #BOE
-3766,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+Especificadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
+Madrid, 19 de diciembre de 2014.- Letrado Mayor del Senado.",Senado abre concurso para su cafetería. A la empresa se le pagarán unos 350.000€ fijos + el catering que sirva  #BOE,[],PREMIOS_Y_MEDALLAS,Cortes Generales,Senado abre concurso para su cafetería por importe total 1.105.500 euros (IVA incluido).,,[],3526,0.7187097,306
+2012-12-12,,BOE-A-2012-15028,"Orden PRE/2635/2012, de 30 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se adjudican los puestos de trabajo que en anexo se relacionan pertenecientes a la convocatoria efectuada mediante Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre, y una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.</p>
+<p class='parrafo'>Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de noviembre de 2012.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.</p>
+<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
+<p class='anexo_tit'>Convocatoria Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre (BOE del 1 de noviembre)</p>
+<p class='centro_cursiva'>Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia</p>
+<p class='centro_redonda'>Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>N.º de orden: 1. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2'>Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='parrafo_2'>Apellidos y nombre: Pérez Dacoba, M. Jesús. NRP: 03498643035A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>N.º de orden: 2. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2'>Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='parrafo_2'>Apellidos y nombre: Sampayo López, José Luis. NRP: 1178963213A6032. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6032. Situación: Activo.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>N.º de orden: 3. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2'>Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='parrafo_2'>Apellidos y nombre: Puga Abelenda, Ana María. NRP: 3237832024A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>N.º de orden: 4. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2'>Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='parrafo_2'>Apellidos y nombre: Soriano Atencia, Concepción. NRP: 5160920913A1135. Grupo/Subgrupo: C1. Cuerpo o Escala: 1135. Situación: Activo.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>N.º de orden: 5. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2'>Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='parrafo_2'>Apellidos y nombre: Monreal Pelegrín, M. Carmen. NRP: 1743797524A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto adjudicado:</p>
+<p class='parrafo_2'>N.º de orden: 6. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.</p>
+<p class='parrafo_2'>Puesto de procedencia:</p>
+<p class='parrafo_2'>Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.</p>
+<p class='parrafo_2'>Datos personales adjudicatario/a:</p>
+<p class='parrafo_2'>Apellidos y nombre: Blasco García, M. del Rosario. NRP: 5079447435A6033. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6033. Situación: Activo.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Wed Dec 12 10:04:37 +0000 2012,"De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se adjudican los puestos de trabajo que en anexo se relacionan pertenecientes a la convocatoria efectuada mediante Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre, y una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
+Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
+Madrid, 30 de noviembre de 2012.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
+ANEXO
+Convocatoria Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre (BOE del 1 de noviembre)
+Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia
+Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno
+Puesto adjudicado:
+N.º de orden: 1. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Pérez Dacoba, M. Jesús. NRP: 03498643035A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.
+Puesto adjudicado:
+N.º de orden: 2. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Sampayo López, José Luis. NRP: 1178963213A6032. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6032. Situación: Activo.
+Puesto adjudicado:
+N.º de orden: 3. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Puga Abelenda, Ana María. NRP: 3237832024A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.
+Puesto adjudicado:
+N.º de orden: 4. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Soriano Atencia, Concepción. NRP: 5160920913A1135. Grupo/Subgrupo: C1. Cuerpo o Escala: 1135. Situación: Activo.
+Puesto adjudicado:
+N.º de orden: 5. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Monreal Pelegrín, M. Carmen. NRP: 1743797524A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.
+Puesto adjudicado:
+N.º de orden: 6. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30.
+Puesto de procedencia:
+Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros.
+Datos personales adjudicatario/a:
+Apellidos y nombre: Blasco García, M. del Rosario. NRP: 5079447435A6033. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6033. Situación: Activo.",Soraya está en racha: ha nombrado seis nuevos secretarios para su gabinete. Tiene un ejército de graduados en ESO.  #BOE,[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Ministerio de la Presidencia,Nombrado nuevos secretarios para el gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.,,[],107,0.7193251,567
+2013-06-25,,BOE-A-2013-6878,"Orden JUS/1161/2013, de 29 de mayo, por la que se acuerda la pérdida de la condición de Fiscal de don Juan Antonio Frago Amada.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<texto>
+<p class='parrafo'>Mediante Resolución de 25 de marzo de 2013, del Secretario de Estado, por delegación del Sr. Ministro de Justicia por Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, don Juan Antonio Frago Amada, como consecuencia de expediente disciplinario, fue declarado autor de una falta continuada muy grave del artículo 62, n.º 2, de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal consistente en «El incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía», imponiéndole la sanción de separación del servicio de conformidad con el artículo 66.2 del citado cuerpo legal.</p>
+<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.c) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es causa de la pérdida de la condición de Fiscal la «Sanción disciplinaria de separación del servicio». Siendo firme la citada Resolución sancionadora en vía administrativa por no haberse interpuesto recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 116 y 177 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,</p>
+<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
+<p class='parrafo_2'>Acordar la pérdida de la condición de Fiscal a don Juan Antonio Frago Amada, con la anotación correspondiente en el expediente personal del interesado y con efectos del día de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
+<p class='parrafo_2'>Contra esta orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.</p>
+<p class='parrafo'>Asimismo, la presente orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de mayo de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue Jun 25 07:17:40 +0000 2013,"Mediante Resolución de 25 de marzo de 2013, del Secretario de Estado, por delegación del Sr. Ministro de Justicia por Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, don Juan Antonio Frago Amada, como consecuencia de expediente disciplinario, fue declarado autor de una falta continuada muy grave del artículo 62, n.º 2, de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal consistente en «El incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía», imponiéndole la sanción de separación del servicio de conformidad con el artículo 66.2 del citado cuerpo legal.
+De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.c) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es causa de la pérdida de la condición de Fiscal la «Sanción disciplinaria de separación del servicio». Siendo firme la citada Resolución sancionadora en vía administrativa por no haberse interpuesto recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 116 y 177 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
+Este Ministerio ha dispuesto:
+Acordar la pérdida de la condición de Fiscal a don Juan Antonio Frago Amada, con la anotación correspondiente en el expediente personal del interesado y con efectos del día de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
+Contra esta orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.
+Asimismo, la presente orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
+Madrid, 29 de mayo de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.","En el #BOE de hoy, la expulsión de un fiscal que denunció a su superior  ",[],NOMBRAMIENTOS_Y_CESES,Ministerio de Justicia,Expulsión del fiscal Juan Antonio Frago Amada.,,[],2084,0.72024137,387
+2013-01-11,,BOE-B-2013-927,Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca concurso para la licitación pública del suministro de papel reciclado y ecológico DIN -A3 y A4 para las dependencias municipales para los años 2013-1015.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca concurso para la licitación pública del suministro de papel reciclado y ecológico DIN -A3 y A4 para las dependencias municipales para los años 2013-1015.</titulo>
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+<analisis>
+<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
+<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
+<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
+<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
+<fecha_presentacion_ofertas>19 de marzo de 2013 hasta las 12:00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
+<fecha_apertura_ofertas>20 de marzo de 2013, a partir de las 10:30 horas</fecha_apertura_ofertas>
+<precio codigo=''></precio>
+<importe></importe>
+<ambito_geografico>Cataluña</ambito_geografico>
+<materias></materias>
+<materias_cpv>22000000 Impresos y productos relacionados</materias_cpv>
+<observaciones>Suministro periódico de bienes
+Se corrige texto/plazo/apertura y se reanuda la licitación por anuncio núm. A130006823 (BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2013)
+Se suspende la licitación por anuncio núm. A130005391 (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2013)</observaciones>
+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Servicio de Contratación.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Servicio de Contratación.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>L'Hospitalet de Llobregat, 08901.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>93.402.94.64.</dd>
+<dt>5) Telefax: </dt>
+<dd>93.402.94.24.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>contractacio@l-h.cat.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http:www.l-h.cat/contractacio/.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta el último dia de presentación de ofertas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>SU-22/2012.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Suministro.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Suministro de papel reciclado y ecológico DIN -A3 y A4 para las dependencias municipales para los años 2013-1015.</dd>
+<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Domicilio: </dt>
+<dd>Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.</dd>
+<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>L'Hospitalet de Llobregat, 08901.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
+<dd>Del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2015.</dd>
+<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
+<dd>2 años.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto, sujeto a regulación armonizada.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Ver pliegos de condiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>243.859,74 euros, IVA excluido.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd>Importe total: Precios unitarios de conformidad con el anexo 1 de pliegos de condiciones técnicas. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver pliegos de condiciones.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>12 de febrero de 2013 hasta las 12:00 horas.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Ver pliegos de condiciones.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Servicio de Contratación.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>L'Hospitalet de Llobregat, 08901.</dd>
+<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
+<dd>contractacio@l-h.cat.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
+<dd>Tres meses.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>L'Hospitalet de Llobregat, 08901.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>13 de febrero de 2013, a partir de las 10:30 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Serán a cargo del adjudicatario.</dd>
+<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
+<dd>2 de enero de 2013.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>L'Hospitalet de Llobregat, 2 de enero de 2013.- Jefa de la Sección de Contratación.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Fri Jan 11 13:11:03 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia.
+Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Departamento de Contratación.
+Servicio de Contratación.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia.
+Servicio de Contratación.
 2) Domicilio: 
-Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n.
+Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.
 3) Localidad y código postal: 
-Santiago de Compostela, 15781.
+L'Hospitalet de Llobregat, 08901.
 4) Teléfono: 
-981 545 286.
+93.402.94.64.
 5) Telefax: 
-981 545 274.
+93.402.94.24.
+6) Correo electrónico: 
+contractacio@l-h.cat.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=20118.
+http:www.l-h.cat/contractacio/.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-Hasta el último día de presentación de las proposiciones.
+Hasta el último dia de presentación de ofertas.
 d) Número de expediente: 
-1/2014.
+SU-22/2012.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Servicio.
+Suministro.
 b) Descripción: 
-Servicio de la Red de Telecomunicaciones Corporativa de la Xunta de Galicia: servicio de datos incluyendo malla troncal, red corporativa de acceso y conexión a Internet, mantenimiento de toda la infraestructura de comunicaciones y servicio de telefonía fija y móvil.
-c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
-Sí, 3.
+Suministro de papel reciclado y ecológico DIN -A3 y A4 para las dependencias municipales para los años 2013-1015.
+d) Lugar de ejecución/entrega: 
+1) Domicilio: 
+Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.
+2) Localidad y código postal: 
+L'Hospitalet de Llobregat, 08901.
 e) Plazo de ejecución/entrega: 
-El plazo de ejecución para la prestación del servicio objeto del presente contrato será de tres años a contar a partir de la finalización del plazo de implantación. Antes de su finalización, este contrato se podrá prorrogar por mutuo acuerdo de las partes por un plazo igual o inferior al fijado originariamente.
+Del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2015.
 f) Admisión de prórroga: 
-Sí.
+2 años.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
-Abierto.
+Abierto, sujeto a regulación armonizada.
 d) Criterios de adjudicación: 
-Los señalados en el apartado K de la hoja de especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
+Ver pliegos de condiciones.
+4. Valor estimado del contrato:
+243.859,74 euros, IVA excluido.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 32.437.704,00 euros. Importe total: 39.249.621,84 euros, distribuyéndose en las siguientes anualidades según los lotes: Lote 1: Red corporativa multiservicio: 2014: 3.399.856,00 euros + IVA (713.969,76 euros) = 4.113.825,76; 2015: 6.852.096,00 euros + IVA (1.438.940,16 euros) = 8.291.036,16 euros; 2016: 6.733.580,00 euros + IVA (1.414.051,80 euros) = 8.147.631,80 euros; 2017: 3.300.562,00 euros + IVA (693.118,02 euros) = 3.993.680,02 euros; Total: 20.286.094,00 euros + IVA (4.260.079,74 euros) = 24.546.173,74 euros. Lote 2: Servicio corporativo de telefonía fija: 2014: 1.147.506,00 euros + IVA (240.976,26 euros) = 1.388.482,26 euros; 2015: 2.386.812,00 euros + IVA (501.230,52 euros) = 2.888.042,52 euros; 2016: 2.482.283,00 euros + IVA (521.279,43 euros) = 3.003.562,43 euros; 2017: 1.290.787,00 euros + IVA (271.065,27 euros) = 1.561.852,27 euros; Total: 7.307.388,00 euros + IVA (1.534.551,48 euros) = 8.841.939,48 euros. Lote 3: Servicio corporativo de telefonía móvil: 2014: 760.705,00 euros + IVA (159.748,05 euros) = 920.453,05 euros; 2015: 1.582.268,00 euros + IVA (332.276,28 euros) = 1.914.544,28 euros; 2016: 1.645.558,00 euros + IVA (345.567,18 euros) = 1.991.125,18 euros; 2017: 855.691,00 euros + IVA (179.695,11 euros) = 1.035.386,11 euros; Total: 4.844.222,00 euros + IVA (1.017.286,62 euros) = 5.861.508,62. 
+Importe total: Precios unitarios de conformidad con el anexo 1 de pliegos de condiciones técnicas. 
 6. Garantías exigidas. 
-Provisional (importe): No se exige. 
+ Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Véase el apartado N) del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.
+Ver pliegos de condiciones.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-7 de abril de 2014.
+12 de febrero de 2013 hasta las 12:00 horas.
 b) Modalidad de presentación: 
-La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
+Ver pliegos de condiciones.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Registro de la Amtega.
+Servicio de Contratación.
 2) Domicilio: 
-Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n.
+Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.
 3) Localidad y código postal: 
-Santiago de Compostela, 15781.
-e) Admisión de variantes: 
-No se admiten.
+L'Hospitalet de Llobregat, 08901.
+4) Dirección electrónica: 
+contractacio@l-h.cat.
+f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
+Tres meses.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-El lugar, día y hora de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante.
+Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
 b) Dirección: 
-El lugar de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante.
+Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, 5.ª planta.
 c) Localidad y código postal: 
-El lugar de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante.
+L'Hospitalet de Llobregat, 08901.
 d) Fecha y hora: 
-El día y hora de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante.
-10. Gastos de publicidad: 
-Serán por cuenta del adjudicatario.
-11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-7 de marzo de 2014.
-12. Otras informaciones: 
-Cuando la proposición se envíe por correo, deberá cumplirse lo establecido en el apartado 11 de las disposiciones generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
-Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2014.- Directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.","Contrato del servicio de la Red de Telecomunicaciones Corporativa de la Xunta de Galicia por importe total de 5.861.508,62 euros.",Contratazo de 40 millones telecomunicaciones Xunta de Galicia:  Para marujos: anexo PPT3  #BOE
-2565,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Porcausa de Investigación y Periodismo, resultan los siguientes:
-Antecedentes de hecho
-Primero. Constitución de la Fundación.
-La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Gumersindo Lafuente Frutos; doña Lucila Rodríguez-Alarcón Martín; don Gonzalo Fanjul Suárez y don Carlos Martínez de la Serna, en Madrid, según consta en la escritura pública número 719, otorgada el 18 de septiembre de 2013, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla.
-Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
-El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, número 2-6.º y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
-Tercero. Dotación.
-Dotación inicial: Treinta mil euros (30.000 euros). La dotación es dineraria y se ha procedido al desembolso de siete mil quinientos euros (7.500 euros). El resto de la dotación de veintidós mil quinientos euros (22.500 euros) deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a cinco años desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución por los fundadores en los términos establecidos en la escritura de constitución.
-Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
-Cuarto. Fines de la Fundación.
-En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
-La promoción del periodismo de datos y el periodismo de investigación sobre asuntos relacionados con el desarrollo social, la desigualdad, la exclusión, la sostenibilidad y la pobreza, dentro y fuera de España. Con ello se busca el fortalecimiento de un debate público informado y de calidad sobre aspectos centrales para el interés general.
-Quinto. Patronato.
-Presidente: Don Gumersindo Lafuente Frutos.
-Vicepresidenta: Doña Lucila Rodríguez-Alarcón Martín.
-Secretario: Don Gonzalo Fanjul Suárez.
-Vocal: Don Carlos Martínez de la Serna.
-Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución.
-Fundamentos de Derecho
-Primero.
-Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
-El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
-La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
-El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
-La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
-Segundo.
-Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
-Tercero.
-Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
-Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Porcausa de Investigación y Periodismo y su Patronato.
-Madrid, 3 de febrero de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.","Registrada la fundación Porcausa de Investigación y Periodismo, cuyos fines son La promoción del periodismo de datos y el periodismo de investigación sobre asuntos relacionados con el desarrollo social, la desigualdad, la exclusión, etc..","Oye, @porCausaorg, os han inscrito dos veces en el registro de fundaciones, con y sin espacio  #BOE cc @cmdelaserna"
-611,"La Ley 4/2020, de 15 de octubre del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ha abordado la necesidad de la revisión de la fiscalidad de las nuevas maneras de hacer negocios surgidas del proceso de digitalización de la economía, basadas en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor. Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan.
-La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprueba un nuevo impuesto cuyo objeto son las prestaciones de determinados servicios digitales. En concreto, se trata de servicios digitales en relación con los cuales existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.
-Las normas contenidas en este real decreto encuentran habilitación tanto en las remisiones específicas que la propia ley efectúa, como en la habilitación general contenida en la disposición final segunda de la Ley 4/2020, y se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
-Este real decreto se estructura en cinco artículos y tres disposiciones finales.
-El artículo 1 desarrolla el artículo 7 de la ley, relativo al lugar de realización del hecho imponible, en el que se dispone que las prestaciones de servicios digitales se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el usuario se encuentre en el mismo, estableciéndose una serie de normas específicas para cada uno de los servicios digitales, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos, siendo ese lugar, el de su localización. En el apartado 4 de dicho artículo 7 se señala que se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización. Pues bien, con la finalidad de concretar dicho lugar, se establece en el artículo 1 del real decreto que el lugar de localización del dispositivo vendrá dado por todos los detalles de la dirección que use la tecnología de geolocalización empleada. Asimismo, se enumeran algunos de los medios de prueba que podrán utilizarse para demostrar que el lugar de localización es diferente al que indica la dirección IP.
-En los artículos 2 a 4 del real decreto se desarrollan las obligaciones formales previstas en la Ley 4/2020, en virtud de las cuales los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales estarán obligados a llevar, conservar y poner a disposición de la Administración Tributaria, por cada período de liquidación, un registro de operaciones sujetas al impuesto, así como una memoria descriptiva.
-En la memoria se deberán describir los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para analizar la sujeción al Impuesto de los servicios digitales prestados, localizar la prestación de cada servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, calcular los ingresos de las operaciones sujetas e identificar los ficheros, aplicaciones y programas empleados en tales procesos.
-En el artículo 5 se detalla el alcance de la obligación formal de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, prevista en el artículo 13.1.h) de la Ley 4/2020. La finalidad es dar una orientación al contribuyente, pero a su vez permitir que utilicen los sistemas, mecanismos o acuerdos que estén a su disposición o los que la tecnología les permita utilizar en el futuro.
-En la disposición final primera del real decreto se efectúan las modificaciones pertinentes en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Así, se modifican diversos preceptos del citado Reglamento General, por cuanto que la obligación formal del artículo 13.1.a) de la Ley 4/2020 debe cumplirse a través de las declaraciones de alta, modificación y cese del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, a la que estaría obligado en todo caso el contribuyente por su condición de empresario. Además, se considera necesario que el Censo identifique a los contribuyentes de este impuesto, y, por tanto, que se recoja de manera expresa, dentro de los datos a comunicar, la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o los cambios que se produzcan en la situación tributaria relacionada con el impuesto.
-En la disposición final segunda del real decreto se hace referencia al título competencial en virtud del cual se dicta.
-En la disposición final tercera del real decreto se establece su entrada en vigor el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Este real decreto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha elaborado con adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
-Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, por cuanto la regulación de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales contenida en el real decreto es de carácter imprescindible y precisa de su incorporación al ordenamiento jurídico a través de una norma de rango reglamentario.
-Se cumple también el principio de proporcionalidad, al contener la regulación necesaria para la consecución de los objetivos que se pretenden con el real decreto.
-Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional y específicamente con la propia Ley del impuesto, generando un marco normativo integrado y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados, sin introducción de cargas administrativas innecesarias. Fundamentalmente, con la aprobación del real decreto se pretende asegurar una aplicación correcta de la ley por los sujetos obligados, incrementando la seguridad jurídica.
-Por lo que se refiere a la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, se cumple también con los principios de necesidad y eficacia por cuanto la citada norma, al tener rango reglamentario, precisa para su modificación una norma de igual rango, así como con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación necesaria y limitada a la consecución de los objetivos que se pretenden. Por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, se garantiza en todo caso un marco normativo claro, cierto y congruente para los sujetos afectados.
-En cuanto al principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado la publicación del proyecto, así como de su Memoria del Análisis de Impacto Normativo en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
-Por último, en relación con el principio de eficiencia se ha intentado que la norma genere las menores cargas administrativas y costes indirectos posibles, fomentando el uso racional de los recursos públicos. En este sentido, las obligaciones formales que se requieren de los contribuyentes son las estrictamente imprescindibles para garantizar un mínimo control de su actividad por parte de la Administración tributaria.
-El proyecto de real decreto ha sido comunicado a la Comisión Europea a los efectos de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.
-En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Localización de los dispositivos de los usuarios.
-1. A los efectos del artículo 7 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el lugar de localización del dispositivo viene dado por todos los detalles de la dirección que proporcione la tecnología de geolocalización empleada, entre ellos, en su caso, las coordenadas de latitud y longitud.
-El lugar se obtendrá mediante tecnologías de geolocalización que analizan la información obtenida del dispositivo, de la red de conexión a internet en que se encuentre el dispositivo o de una combinación de ambos.
-2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 de la mencionada ley, se presumirá que el dispositivo se encuentra en el lugar que se determine conforme a la geolocalización basada en la dirección IP del mismo o del equipo a través del cual el dispositivo del usuario accede al servicio cuando se encuentra en una determinada red, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba.
-A tales efectos, se podrá utilizar la geolocalización basada en la identificación de redes (WiFi, Ethernet u otras), la geolocalización física por satélite (con sistemas tales como GPS-Sistema de Posicionamiento Global, GLONASS, Galileo o Beidou) o por medio de información proporcionada por sistemas de comunicaciones inalámbricas terrestres (como las del GSM-Sistema Global de Comunicaciones Móviles- o las de LPWAN), o por balizas (WiFi o Bluetooth), o cualquier otra combinación de tecnologías existentes o futuras.
-Artículo 2. Registros y memoria descriptiva del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
-1. Por cada período de liquidación trimestral, los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales estarán obligados a la llevanza, conservación y puesta a disposición de la Administración tributaria de registros diferenciados por cada tipo de servicio y de una memoria descriptiva. La llevanza de los registros y la memoria descriptiva no está sujeta a un formato determinado.
-2. Los contribuyentes deberán aportar a la Administración tributaria los registros y la memoria cuando les sean requeridos.
-Artículo 3. Contenido de los registros del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
-1. En los registros a los que se refiere el artículo 2 se harán constar, por cada operación sujeta, los siguientes parámetros:
-a) En el caso de servicios de publicidad en línea:
-1.º Los ingresos totales derivados de los servicios de publicidad en línea, cualquiera que sea el lugar en que se hayan obtenido, con identificación del cliente.
-2.º El número de veces que aparece la publicidad en dispositivos que se encuentran en el territorio de aplicación del impuesto.
-3.º El número total de veces que aparece dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que estos se encuentren.
-b) En el caso de servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios:
-1.º Los ingresos totales derivados de los servicios de intermediación en línea, cualquiera que sea el lugar en que se hayan obtenido, con identificación del cliente.
-2.º El número de usuarios cuyos dispositivos se encuentren situados en el territorio de aplicación del impuesto en el momento de la conclusión de la operaci��n subyacente.
-3.º El número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.
-c) En el caso de los demás servicios de intermediación en línea:
-1.º Los ingresos totales derivados directamente de los usuarios cuyas cuentas de acceso a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto, con identificación del cliente.
-2.º El número de cuentas abiertas durante el periodo de liquidación por usuarios cuyos dispositivos estuvieran situados en el territorio de aplicación del impuesto en el momento de su apertura.
-d) En el caso de servicios de transmisión de datos:
-1.º Los ingresos totales derivados de los servicios de transmisión de datos, cualquiera que sea el lugar en que se hayan obtenido, con identificación del cliente.
-2.º El número de usuarios que hayan generado dichos datos cuyos dispositivos estuvieran situados en el territorio de aplicación del impuesto en el momento de la generación de los mismos.
-3.º El número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estuvieran situados en el momento de la recopilación de dichos datos.
-2. Los clientes se identificarán por nombre y apellidos, razón social o denominación completa y, si está disponible, el número de identificación a efectos del IVA o el número nacional de identificación fiscal.
-3. Las operaciones que hayan de ser objeto de registro conforme al apartado 1 de este artículo deberán hallarse anotadas en el momento en que se realice la liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.
-4. Los libros o registros que, en cumplimiento de otras obligaciones fiscales o contables, deban llevar los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales podrán ser utilizados a efectos del cumplimiento de la obligación registral a la que se refiere el presente artículo, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este real decreto.
-Artículo 4. Contenido de la memoria descriptiva del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
-La memoria descriptiva contendrá los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para:
-a) Analizar la sujeción al impuesto de los servicios digitales sujetos a que se refiere el artículo 4.5 de la Ley del Impuesto, así como la no sujeción de los servicios recogidos en el artículo 6 de dicha ley.
-b) Localizar la realización de la prestación de cada tipo de servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, teniendo en cuenta que la localización para cada prestación será la que se corresponda con la del dispositivo en el que:
-1.º Aparezca la publicidad cuando se presta el servicio de publicidad en línea.
-2.º Se concluya la operación subyacente cuando se prestan servicios de intermediación en línea con facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios.
-3.º Se haya abierto la cuenta con la que se accede al interfaz digital en los demás servicios de intermediación en línea.
-4.º Se haya generado el dato transmitido, en el caso de servicios de transmisión de datos.
-c) Calcular los ingresos correspondientes a cada prestación de servicio sujeta al impuesto.
-d) Identificar los ficheros, programas y aplicaciones empleados en los procesos anteriores para cada periodo de liquidación.
-Artículo 5. Sistemas, mecanismos o acuerdos para la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.
-1. Los contribuyentes deberán establecer sistemas o mecanismos internos que les permitan localizar los dispositivos de los usuarios en territorio español.
-2. Asimismo, los contribuyentes podrán acordar con terceros la prestación del servicio de localización de los dispositivos de los usuarios en territorio español, en cuyo caso serán estos terceros quienes dispondrán de los sistemas o mecanismos de localización.
-3. Los sistemas y mecanismos de localización deberán captar la dirección IP de los dispositivos. No obstante, en aquellos casos en los que la localización del usuario no se lleve a cabo a través de la dirección IP del dispositivo o en los que dicho dato se utilice junto con otros, los sistemas o mecanismos deberán captar todos los datos utilizados para la localización.
-4. La información obtenida por los sistemas y mecanismos de localización deberá conservarse durante el plazo de prescripción del impuesto.
-Disposición final primera. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
-El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, queda modificado como sigue:
-Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
-«2. El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores estará formado por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español alguna de las actividades u operaciones que se mencionan a continuación:
-a) Actividades empresariales o profesionales. Se entenderá por tales aquellas cuya realización confiera la condición de empresario o profesional, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.
-No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo 20.uno.23.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no constituya el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco se incluirán en este censo quienes efectúen entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.uno y dos de su ley reguladora, y adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.tres de la misma ley.
-b) Abono de rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
-c) Adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido efectuadas por quienes no actúen como empresarios o profesionales.
-También se integrarán en este censo las personas o entidades no residentes en España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o satisfagan en dicho territorio rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, y las entidades a las que se refiere el párrafo c) del artículo 5 de la citada ley.
-De igual forma, quedarán integradas en este censo las personas o entidades no establecidas en territorio español cuando sean contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, así como las personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando sean sujetos pasivos de dicho impuesto.
-Asimismo, formarán parte de este censo las personas o entidades que no cumplan ninguno de los requisitos previstos en este apartado pero sean socios, herederos, comuneros o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición de miembros de tales entidades.
-El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores formará parte del Censo de Obligados Tributarios.»
-Dos. Se modifica la letra k) y se introduce una nueva letra u) en el apartado 3 del artículo 9, con la siguiente redacción:
-«k) Optar por la determinación del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»
-«u) Comunicar la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a que se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.»
-Tres. Se introduce una nueva letra i) y se modifican las letras m) y s) del apartado 2 del artículo 10, que quedan redactadas de la siguiente forma:
-«i) Comunicar la adquisición o pérdida de la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a que se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.»
-«m) Optar o renunciar a la opción para determinar el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»
-«s) Comunicar otros hechos y circunstancias de carácter censal previstos en las normas tributarias o que determine la persona titular del Ministerio de Hacienda.»
-Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:
-«1. La presentación de las declaraciones a que se refiere esta subsección producirá los efectos propios de la presentación de las declaraciones relativas al comienzo, modificación o cese en el ejercicio de las actividades económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.»
-Disposición final segunda. Título competencial.
-Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 8 de junio de 2021.
-FELIPE R.
-La Ministra de Hacienda,
-MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO",Decreto donde se aprueba el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.,"Hoy, en el #BOE, el decreto que desarrolla las reglas de la tasa google: "
-3840,"I
-La economía española está caracterizada por su dinamismo tal y como ha quedado demostrado en el espectacular desarrollo de las últimas décadas. En ese tiempo se ha incrementado su integración a nivel internacional, lo que ha permitido beneficiarse de mayores oportunidades de crecimiento.
-En este proceso de desarrollo se han venido acumulando desequilibrios económicos y financieros. España ha avanzado en 2012 hacia la corrección de sus vulnerabilidades, al aplicar una estrategia de política económica que persigue la transición hacia un equilibrio sostenible y sentar las bases de un crecimiento que permita generar empleo.
-En este contexto, las reformas estructurales que se aplican en España desde principios de 2012 persiguen tres objetivos principales: En primer lugar, dotar a la economía española de estabilidad macroeconómica tanto en términos de déficit público e inflación como de equilibrio exterior. En segundo lugar, lograr unas entidades financieras sólidas y solventes, que permitan volver a canalizar el crédito hacia la inversión productiva. Finalmente, conseguir un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos, de forma que se consiga aumentar la competitividad de nuestra economía.
-A partir de este conjunto de actuaciones se han superado algunos de los obstáculos fundamentales para la reactivación económica. En cualquier caso, es necesario continuar con el esfuerzo reformista para recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.
-Por ello, a efectos de desarrollar la tercera área de la citada estrategia de política económica, además de mantener y culminar las actuaciones ya iniciadas, se da comienzo a una segunda generación de reformas estructurales necesarias para volver a crecer y crear empleo.
-Dentro del tejido empresarial español, destacan por su importancia cuantitativa y cualitativa las pymes y los autónomos. Los estudios demuestran que precisamente este tipo de empresas y emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor.
-No obstante, durante los últimos años, estos agentes económicos han registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios. Además, se vienen enfrentando a una dependencia estructural de la financiación de origen bancario que puede limitar, en circunstancias como las actuales, su capacidad de expansión.
-El marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales resulta de esencial importancia para impulsar ganancias de productividad y optimizar los recursos.
-Por ello, es imprescindible que desde las Administraciones Públicas se potencie y se facilite la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual. Es necesario el establecimiento de un entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido.
-El apoyo a la iniciativa emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo es la lógica común que vertebra el conjunto de medidas que se recoge en este real decreto-ley.
-En este sentido, en el presente real decreto-ley se adoptan medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.
-II
-El desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto agravado por la crisis, y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo.
-Durante el tercer trimestre de 2012, España registró una tasa de desempleo del 54,1% para los jóvenes menores de 25 años, frente al 23% de la UE-27, según datos de Eurostat.
-Si atendemos al desglose de los datos de la Encuesta de población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2012, la tasa de paro se sitúa en el 74% en el grupo de población compuesto por jóvenes de entre 16 y 19 años, en el 51,7% entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, y en el 34,4% entre los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años.
-Además de las circunstancias derivadas de la coyuntura económica actual, existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente en las cifras de desempleo joven y sobre las que se propone trabajar, tales como la alta tasa de abandono escolar, que dobla los valores de la UE-27; la marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros, altamente cualificados, están subempleados; el escaso peso relativo de la Formación Profesional de grado medio y la baja empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de idiomas extranjeros; la alta temporalidad y contratación parcial no deseada; la dificultad de acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de exclusión social; y la necesidad de mejorar el nivel de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes.
-El título primero desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales.
-Además, responde a las recomendaciones que, en materia de empleo joven, ha realizado la Comisión Europea y se enmarca dentro de Plan Nacional de Reformas puesto en marcha por el Gobierno. De esta forma, está en línea con los objetivos de la «Garantía Juvenil» europea y desarrolla buena parte de las recomendaciones específicas o líneas de actuación que se proponen desde los ámbitos de la Unión Europea.
-Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Y los ejes sobre los que se vertebra la Estrategia son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano.
-Para hacerlo posible, la Estrategia contiene una serie de medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican en función de su impacto y su desarrollo temporal.
-La Estrategia pretende servir de cauce de participación a todas las instituciones públicas y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que quieran colaborar en alcanzar sus objetivos.
-Para ello, se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán sumarse todos aquellos que quieran contribuir con sus propias iniciativas a hacer frente al reto del empleo juvenil en cualquiera de sus formas, también la del emprendimiento y el autoempleo, y contará con un sello o distintivo que podrá ser utilizado en reconocimiento de su contribución.
-Este conjunto de medidas se ha diseñado tras un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales. Igualmente, se han realizado, también, consultas a las principales entidades y asociaciones del trabajo autónomo y de la Economía Social, entre otras.
-En este real decreto-ley se desarrollan un primer conjunto de medidas que se espera tengan un impacto positivo a la hora de reducir la tasa de desempleo juvenil y de mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo.
-En el capítulo I del Título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
-De forma complementaria, en el capítulo II se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.
-Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15 por ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 por ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.
-En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este.
-También, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.
-El capítulo III contiene medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la Economía Social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desempleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas para el primer empleo.
-Además, se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración mayores de 45 años y contratación de jóvenes para que adquieran una primera experiencia profesional.
-El capítulo IV incorpora medidas relacionadas con la mejora de la intermediación laboral, cuya eficacia hace necesario eliminar cualquier traba que obstaculice la rápida cobertura de los puestos de trabajo disponibles permitiendo que cualquier persona tenga conocimiento de las ofertas de empleo. Por ello se prevé que los Servicios Públicos de Empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo en la base de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo regulado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, garantizándose así la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas, como garantía de transparencia y unidad de mercado.
-En la misma línea de mejora de la intermediación laboral, se incluye en este real decreto-ley una modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que permitirá al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, y de los organismos y entidades dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, concluir de forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral.
-III
-Se articulan en el Titulo II diversas medidas de fomento de la financiación empresarial, que exigen su adopción de manera urgente dada la actual coyuntura económica.
-Se efectúa, una modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para recoger la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas.
-En la misma línea, el Reglamento de planes y fondos de pensiones se modifica para recoger la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad.
-Por último, para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas, es necesario levantar la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas. La modificación levanta esta limitación para inversión en sistemas multilaterales de negociación (en línea con lo que ya se produce con los mercados regulados). Esta flexibilización sólo se aplicará en aquellos casos en los que las emisiones vayan dirigidas a inversores institucionales, para asegurar una adecuada protección de los inversores minoristas. De este modo se contribuye de manera sustancial al desarrollo de los mercados alternativos, articulados como sistemas multilaterales de negociación, y, en línea con los proyectos en marcha de mejora de la financiación de las PYMES españolas, se facilita la aparición de mercados especializados en la negociación de deuda de empresas.
-IV
-Al objeto de aliviar la difícil situación económica que atraviesan algunas Entidades Locales y algunas Comunidades Autónomas, el Gobierno aprobó el pasado año el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y que posteriormente se hizo extensible a las Comunidades Autónomas mediante un Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012. Asimismo, se creó un Fondo para la Financiación de pagos a proveedores, mediante el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo.
-La citada normativa estableció un mecanismo extraordinario de financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas, que permitía el pago de las deudas que tenían con los contratistas, al mismo tiempo que se facilitaba a las Administraciones Públicas endeudadas la formalización de préstamos a largo plazo, si bien con la exigencia de una condicionalidad fiscal y financiera que se concretó, entre otros elementos, en el requisito de disponer de planes de ajuste.
-Mediante las disposiciones contenidas en el Título III del presente real decreto-ley, se establece una nueva fase del citado mecanismo al mismo tiempo que se amplía su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación y se establecen algunas especialidades del procedimiento necesarias para esta nueva fase.
-De este modo, se incluyen a las mancomunidades de municipios y las entidades locales que se encuentran en el País Vasco y Navarra.
-Con respecto al ámbito objetivo de aplicación, se incluyen, entre otras, las obligaciones pendientes de pago derivadas de: convenios, concesiones administrativas, encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado y de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, en los que se hubiere pactado una subvención a cargo de las entidades locales o Comunidades Autónomas.
-Por otra parte, en esta ampliación se podrán incluir exclusivamente aquellas obligaciones pendientes de pago a contratistas que estuvieren contabilizadas y aplicadas a los presupuestos.
-La sección 1.ª de disposiciones generales regula el objeto del capítulo primero que se concreta en la ampliación de los ámbitos subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, así como el establecimiento de las especialidades necesarias.
-La sección 2.ª sobre disposiciones aplicables a las entidades locales regula el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, de acuerdo con los criterios antes citados, establece las especialidades relativas al procedimiento para el suministro de información, con especial atención a las mancomunidades de municipios, y a los planes de ajuste.
-La sección 3.ª de disposiciones aplicables a las Comunidades Autónomas, establece el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, las especialidades procedimentales relativas al suministro de información y al pago de facturas, la necesaria revisión de los planes de ajuste conforme a las nuevas operaciones de crédito concertadas, así como el modo de cancelación de las obligaciones pendientes de pago que tengan financiación afectada.
-Por otra parte, la morosidad en el pago de deudas contractuales entre empresas, al igual que entre estas y las Administraciones públicas, y los plazos de pago vienen siendo objeto de especial atención tanto en la Unión Europea como en nuestro país. La razón de esta preocupación obedece a los efectos negativos que tanto esa morosidad como unos plazos de pago excesivamente largos tienen sobre el empleo, la competitividad y la propia supervivencia de las empresas.
-Fruto de lo anterior fue la aprobación de la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que España transpuso a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
-Al tiempo que la Unión Europea comenzaba la revisión de la Directiva 2000/35/CE, España también abordó la modificación de nuestra Ley, la cual se plasmó en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
-De esta forma, se anticiparon diversas medidas que posteriormente se incluyeron en la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que vino a sustituir a la anterior Directiva del año 2000. Así ha ocurrido con los plazos de pago, incluidos los del sector público.
-Aunque el Derecho español después de la modificación indicada cumple, en líneas generales, con las nuevas exigencias de la Unión Europea, hay determinados aspectos en los que existe alguna divergencias que hace ineludible la reforma de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que se acomete en el capítulo segundo del Título III del presente real decreto-ley
-Entre las modificaciones que ahora se operan, en primer término, se encuentra la determinación de los plazos de pago, que es objeto de simplificación. Se precisan tanto los plazos de pago como el cómputo de los mismos, con la novedad de la previsión de procedimiento de aceptación o de comprobación, que han de regularse para impedir su utilización con la finalidad de retrasar el pago.
-Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha pactada.
-Se reforma también el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de siete a ocho puntos porcentuales los que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.
-En la indemnización por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada. Además, desaparece el anterior límite de esta indemnización, que no podía superar el 15 por ciento de la deuda principal. En esta indemnización se podrán incluir, entre otros, los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la contratación de un abogado o de una agencia de gestión de cobro.
-Otra novedad consiste, precisamente, en la inclusión entre las cláusulas abusivas y, por tanto nulas, como regula la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, las que excluyan la indemnización por costes de cobro, las cuales serán contrarias a la ley, salvo que el deudor demostrase que dicha exclusión no es abusiva. Y junto a esas cláusulas la previsión de que la infracción de esta ley se produzca a través de prácticas comerciales, que también reciben la calificación de abusivas y tendrán el mismo régimen de impugnación.
-V
-La situación económica actual plantea la necesidad de que se intensifiquen las medidas de racionalización del sector ferroviario para lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios e impulsar los procesos de liberalización ya iniciados.
-Con el objeto de lograr los citados fines, así como unificar la gestión de las infraestructuras ferroviarias estatales, se considera necesario traspasar a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la red ferroviaria de titularidad estatal. De esta forma, las infraestructuras ferroviarias y estaciones que constituyen la red de titularidad del Estado cuya administración ADIF tiene encomendada, pasarán a ser de titularidad de ésta, con lo que se unifica la titularidad con las funciones de administración de la red en beneficio de la eficacia.
-Por otro lado, el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, prevé la reestructuración de RENFE-Operadora en cuatro sociedades mercantiles que asumirán las diferentes funciones que tiene encomendadas, entre ellas el transporte de viajeros y mercancías. Para que éstas puedan operar, de acuerdo con la Ley del sector ferroviario, en el momento en que efectivamente se constituyan, es necesario que cuenten con la correspondiente licencia de empresa ferroviaria, certificado de seguridad y que se les asigne la capacidad de infraestructura necesaria.
-Se introducen también determinadas modificaciones en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. En primer lugar, se procede a da cumplimiento a la sentencia 245/2012, de 18 de diciembre de 2012, del Tribunal Constitucional, respecto a la determinación de la Red Ferroviaria de Interés General. Debe resaltarse la previsión del próximo establecimiento de un catálogo de las líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General que será aprobado por el Ministerio de Fomento previa audiencia de las Comunidades Autónomas por cuyo territorio discurra dicha red. Con carácter transitorio, en tanto no se produzca establecimiento del catálogo de las líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, se considerará que ésta se compone de las líneas y tramos relacionados en Anexo a este Real Decreto-ley.
-También se modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en relación con la apertura progresiva a la libre competencia del transporte ferroviario de viajeros, dentro del ámbito de competencias que corresponden al Estado sobre dicho transporte, conforme con lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución. En este sentido, se contempla transitoriamente establecer un esquema de mercados en el que el acceso para los nuevos operadores se llevará a cabo a través de la obtención de títulos habilitantes. El Consejo de Ministros determinará el número de títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia y el otorgamiento de los títulos habilitantes se llevará a cabo por el Ministerio de Fomento a través del correspondiente procedimiento de licitación.
-No obstante, los servicios de transporte de viajeros con finalidad primordialmente turística (que incluyen los «trenes turísticos»), que no están definidos en la Ley del Sector Ferroviario y que actualmente presta RENFE-Operadora (y previamente RENFE-Operadora y FEVE), no son servicios necesarios para la movilidad, sino que son servicios de ocio en los que no se dan las circunstancias que aconsejen periodos transitorios en el proceso de liberalización.
-VI
-Dado el actual escenario de recesión económica y teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, se considera justificado por razones de interés nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y adoptar medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los carburantes, al tiempo que permitirán un funcionamiento más eficiente de este mercado.
-El mayor nivel de precios antes de impuestos de los carburantes en España respecto a Europa se constata de forma reiterada en los distintos informes de supervisión emitidos por la Comisión Nacional de Energía.
-Asimismo, la Comisión Nacional de la Competencia concluye en los diferentes informes emitidos que, a partir de una comparación de precios de los carburantes de varios países de Europa, el comportamiento de los precios y márgenes de mercado de distribución de carburantes en España muestra signos de una reducida competencia efectiva.
-En este sentido, se adoptan una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, que permitirán incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos.
-Estas medidas se implementan a través de la modificación puntual de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que establece el marco sectorial básico, en particular del suministro de hidrocarburos líquidos y del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios
-En el ámbito mayorista, se considera necesario garantizar que la eficiencia de la logística de hidrocarburos permite que los costes de distribución sean lo más bajos posibles. Por este motivo, se modifican los artículos 41, 43 y 109 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y se profundiza en el régimen de supervisión de las instalaciones logísticas y de almacenamiento que tienen obligación de acceso de terceros en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias, lo que permitirá a las Administración Públicas seguir adecuadamente la actividad desarrollada por estas compañías y su incidencia en la competencia en el mercado.
-En el ámbito minorista del sector, se proponen medidas para eliminar barreras administrativas, simplificar trámites a la apertura de nuevas instalaciones de suministro minorista de carburantes y medidas para fomentar la entrada de nuevos operadores.
-Se facilita la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, profundizándose en los objetivos marcados por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.
-De forma adicional a las dificultades para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, la existencia de contratos de suministro al por menor en exclusiva se considera una de las principales barreras de entrada y expansión de operadores en España alternativos a los operadores principales. Las restricciones contractuales que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva, limitan la competencia en el sector, lo que perjudica a los consumidores. Para paliar dicho efecto, se añade un nuevo artículo 43 bis a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, para establecer condiciones más estrictas para la suscripción de contratos de suministro en exclusiva y prohibiendo las recomendaciones de precio de venta al público. Se persigue evitar regímenes económicos de gestión de estaciones de servicio con contratos en exclusiva en los que el distribuidor minorista actúa como un revendedor con descuento fijo o como un comisionista. En estos regímenes, el precio recomendado o el precio máximo, son parámetros fundamentales en el establecimiento del precio de adquisición del producto, fomentando el alineamiento de precios entre estaciones de servicio abanderadas, reduciéndose así la competencia intramarca.
-Asimismo, y de manera transitoria, se limita el crecimiento en número de instalaciones de venta de productos petrolíferos a los principales operadores de cada provincia.
-El Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013, establece objetivos anuales de consumo y venta de biocarburantes tanto globales, como por producto en dicho periodo. Con el fin de alcanzar dichos ambiciosos objetivos, los sujetos están obligados a utilizar importantes cantidades de biodiésel, así como productos alternativos como el hidrobiodiésel, cuyo contenido energético es computable para el cumplimiento de los citados objetivos y presenta la ventaja de que, al ser un producto prácticamente indiferenciado del gasóleo, cumple las especificaciones técnicas vigentes en elevados porcentajes de mezcla. Sin embargo, se trata de productos más caros que el carburante fósil, lo que repercute de forma significativa en el precio final del gasóleo.
-En el actual escenario económico y de precios de los carburantes, se considera conveniente revisar los objetivos de 2013, estableciendo unos objetivos que permitan minimizar el precio de los carburantes y asegurar cierta estabilidad al sector de los biocarburantes, sin que, en ningún caso, se comprometa el cumplimiento de los objetivos comunitarios previstos para 2020. Se establecen asimismo los objetivos de consumo y venta de biocarburantes, tanto globales, como por productos, para los próximos años.
-Con este mismo objetivo, se establece un periodo de carencia de forma que no se exigirá el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre. No obstante, los sujetos deberán remitir información veraz al respecto y aplicar de forma correcta el sistema de balance de masa previsto.
-VII
-El real decreto-ley se completa con cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y doce finales.
-La disposición adicional primera prevé que las bonificaciones y las reducciones de cuotas previstas en este real decreto-ley se financien con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente. Asimismo establece la obligación de ambas entidades de facilitar mensualmente información detallada sobre las reducciones y bonificaciones practicadas.
-La disposición adicional segunda prevé la creación de una Comisión Interministerial, cuya composición y funciones se determinará reglamentariamente, para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y la disposición adicional tercera encomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social articular el procedimiento de adhesión a la Estrategia y establece la obligación de dicho Departamento de informar periódicamente sobre las empresas adheridas y las iniciativas planteadas.
-La disposición transitoria primera prevé que las medidas e incentivos recogidos en los artículos 9 a 13 del real decreto-ley continúen en vigor hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
-La disposición transitoria segunda, respecto de los contratos de trabajo y las bonificaciones y reducciones preexistentes, precisa que continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su celebración o el inicio de su disfrute.
-La disposición transitoria tercera hace referencia a contratos preexistentes en materia de morosidad.
-La disposición transitoria cuarta se refiere a las licencias que se soliciten para nuevas instalaciones de suministro, que ya dispongan de licencia municipal para su funcionamiento. La disposición transitoria quinta, determina, para completar el nuevo régimen jurídico introducido en el artículo 43.2, que los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30 por ciento, no podrán suscribir nuevos contratos de distribución de nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién ostente la titularidad o derecho real sobre la misma.
-Además, en la disposición adicional cuarta se determina el plazo de 12 meses para la adaptación contratos de distribución a las condiciones previstas en el nuevo artículo 43 bis.
-Con respecto a las disposiciones finales, destaca, en primer término, el carácter supletorio de los Reales Decretos-ley 4/2012, de 24 de febrero, y 7/2012, de 9 de marzo.
-La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para suprimir el último párrafo del artículo 11.1.c). Las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal y el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, respectivamente, para autorizar a las empresas de trabajo temporal a celebrar contratos para la formación y aprendizaje con los trabajadores para ser puestos a disposición de las empresas usuarias.
-La disposición final sexta modifica diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Las modificaciones introducidas en los artículos 216 y 222 tratan de precisar el momento de devengo de los intereses de demora previstos en la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en función de los diversos supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de forma consistente con la regulación de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011. Mediante la modificación de la Disposición Adicional decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Público se excluye de la regulación general de los usos de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación. En la medida que la factura es un elemento asociado a la ejecución del contrato, no está cubierta por las previsiones de la Directiva 2004/18/CE en materia de utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, y parece conveniente dado que surte efecto en el ámbito fiscal, bancario, etc. prever una regulación autónoma. En la nueva Disposición adicional trigésima tercera se articula un nuevo itinerario de presentación de facturas ante el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a efectos de asegurar que la Administración tiene un conocimiento exacto de todas las deudas que tiene contraídas por la ejecución de los contratos.
-La disposición final octava modifica el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y establece que corresponderá al ICO la administración y gestión de las operaciones que se concierten con el FFPP.
-La disposición final novena modifica el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, disponiendo que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales, así como las contempladas en los planes de ajuste no pueden quedar afectadas por las posibles retenciones de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
-La disposición derogatoria única deroga la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, por contravenir lo dispuesto en este real decreto-ley.
-VIII
-En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuestos para la aprobación de reales decretos-leyes.
-Respecto de las medidas recogidas en el Título I, su adopción se justifica en la necesidad de mejorar la eficacia de nuestro mercado de trabajo, fomentando la creación de empresas y favoreciendo la empleabilidad y la contratación de los trabajadores.
-En concreto, la elevada tasa de desempleo juvenil en España exige la adopción de iniciativas concretas que favorezcan la inserción de los jóvenes en el mercado laboral mediante estímulos a la contratación e incentivos a la formación que se traduzcan en la mejora de oportunidades.
-Estas medidas pretenden contribuir, en suma, a crear empleo, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, y por ello exigen ser adoptadas a la mayor brevedad.
-Las exigencias del artículo 86 de la Constitución española también concurren en las medidas de lucha contra la morosidad. En primer término, por la importancia desde el punto de vista económico de las medidas que se adoptan y la necesidad de instaurar unos plazos de pago razonables entre los operadores económicos, contribuyendo con ello a la mejora de las reglas de contratación mercantil, así como a una más eficaz y justa resolución de tales situaciones, tanto por los Tribunales de Justicia como a través de la mediación o el arbitraje. Y, en segundo lugar, en la medida que este real decreto-ley incorpora al Derecho español la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo plazo de transposición vence el próximo 16 de marzo, es imprescindible acelerar esta tarea, evitando con ello el inicio de cualquier procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento de aquel plazo. En este sentido, el Tribunal Constitucional, ya en su sentencia 23/1993, de 21 de enero, señaló que el decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, ha avalado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición».
-La necesidad de impulsar la liberalización del sector ferroviario iniciada por el Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, en el mercado de transporte de viajeros por ferrocarril, así como de dotar de la máxima eficacia a la política de administración y gestión de las infraestructuras ferroviarias, teniendo en cuenta la situación económica actual, exige la mayor celeridad en la puesta en práctica de tales medidas. Además, es obligado determinar las líneas que han de formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General, una vez declarado inconstitucional el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Todo ello permite apreciar la concurrencia de una extraordinaria y urgente necesidad en los términos establecidos en el artículo 86 de la Constitución.
-Del mismo modo, como se ha indicado, representando el coste de los carburantes y combustibles un elevado porcentaje de una gran parte del tejido empresarial español, el contexto económico actual obligan de manera imperiosa a acelerar todas las medidas que contribuyan a la mejora de la competencia en este sector, que se debería traducir en una reducción de precios y, por tanto, en un aumento de la competitividad.
-En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad; y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013,
-DISPONGO:
-TÍTULO I
-Medidas de desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
-CAPÍTULO I
-Fomento del emprendimiento y el autoempleo
-Artículo 1. Cotización a la Seguridad Social aplicable a los jóvenes trabajadores por cuenta propia.
-Uno. La disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactada del siguiente modo:
-«Disposición adicional trigésima quinta. Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los jóvenes trabajadores por cuenta propia.
-1. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad, o menores de 35 años en el caso de mujeres, se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta.
-2. Alternativamente al sistema de bonificaciones y reducciones establecido en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala:
-a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
-b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a).
-c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
-d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.
-Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena.
-3. Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades.
-4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional.
-5. La reducción de la cuota será con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social y la bonificación con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.»
-Dos. La disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, queda redactada del siguiente modo:
-«Disposición adicional undécima. Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.
-1. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por cuenta propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una bonificación del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento, excepto en la incapacidad temporal.
-2. Cuando los trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tengan menos de 35 años de edad y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala:
-a) Una reducción equivalente al 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
-b) Una bonificación equivalente al 50% durante los cuatro años siguientes.
-Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena.
-3. Los trabajadores por cuenta propia con discapacidad a que se refiere el apartado anterior, que hubieran optado por el sistema descrito en el mismo, podrán acogerse posteriormente, en su caso, a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre y cuando el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 60 mensualidades.
-4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional.»
-Artículo 2. Posibilidad de compatibiliar la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia cuando lo establezcan los programas de fomento al empleo.
-Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:
-«6. Cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo pendiente de percibir con el trabajo por cuenta propia, en cuyo caso la entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de la prestación en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social.»
-Artículo 3. Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.
-En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y como excepción a lo establecido en el artículo 221 de dicha ley, los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que se constituyan como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones siguientes:
-a) Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo.
-b) Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.
-Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad previstas en el artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social.
-Artículo 4. Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
-Uno. Se modifica la regla tercera y se introduce una nueva regla cuarta, pasando la actual cuarta, que también se modifica, a ser la quinta, del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que quedan redactadas de la siguiente forma:
-«3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a:
-a) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33%.
-En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100% cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.
-b) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo menores de treinta años, cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100% de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados.
-Para las personas que realicen una actividad por cuenta ajena de carácter indefinido, ésta deberá mantenerse por un mínimo de 18 meses.
-No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal.
-4.ª Los jóvenes menores de 30 años que capitalicen la prestación por desempleo, también podrán destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.
-5.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo o como socio de la entidad mercantil en los términos de la regla tercera, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social.
-Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente.
-Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior, en cuyo caso, se estará a la fecha de inicio de esa actividad.»
-Dos. El Gobierno podrá modificar mediante real decreto lo establecido en el apartado Uno anterior.
-Artículo 5. Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia.
-Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
-Uno. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 212, que queda redactada del siguiente modo:
-«d) Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a veinticuatro meses o inferior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.»
-Dos. Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que redactada del siguiente modo:
-«b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración igual o inferior a sesenta meses El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado el compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231 de esta Ley, salvo en aquellos casos en los que la Entidad Gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso.
-Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirán los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 209 y en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 219.
-En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado, será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 209 de esta Ley.»
-Tres. La letra d) del apartado 1 del artículo 213 queda redactada del siguiente modo:
-«d) Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 210, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses, o igual o superior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.»
-Artículo 6. Régimen de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad.
-Se añade un nuevo párrafo tercero en la disposición adicional quincuagésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:
-«La protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que incluye la cobertura de la protección por cese de actividad, tendrá carácter voluntario para los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad.»
-CAPÍTULO II
-Incentivos fiscales
-Artículo 7. Incentivos para entidades de nueva creación.
-Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, se introduce una nueva disposición adicional decimonovena en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
-«Disposición adicional decimonovena. Entidades de nueva creación.
-1. Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley, deban tributar a un tipo diferente al general:
-a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15 por ciento.
-b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20 por ciento.
-Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible que tributará al tipo del 15 por ciento será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior.
-2. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida en el apartado 3 del artículo 45 de esta Ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.
-3. A los efectos de lo previsto en esta disposición, no se entenderá iniciada una actividad económica:
-a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 de esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.
-b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.
-4. No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.»
-Artículo 8. Incentivos en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
-Uno. Se modifica la letra n) del artículo 7, que queda redactada de la siguiente forma:
-«n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
-Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.»
-Dos. Se suprime la letra c) del apartado 2 del artículo 14.
-Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:
-«3. Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20 por ciento el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método, minorado en su caso por las reducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo y en el período impositivo siguiente.
-A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá que se inicia una actividad económica cuando no se hubiera ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio.
-Cuando con posterioridad al inicio de la actividad a que se refiere el párrafo primero anterior se inicie una nueva actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, la reducción prevista en este apartado se aplicará sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer período impositivo en que los mismos sean positivos y en el período impositivo siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad.
-La cuantía de los rendimientos netos a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales.
-No resultará de aplicación la reducción prevista en este apartado en el período impositivo en el que más del 50 por ciento de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.»
-Cuatro. Se añade una disposición adicional trigésima octava que queda redactada de la siguiente forma:
-«Disposición adicional trigésima octava. Aplicación de la reducción del 20 por ciento por inicio de una actividad económica.
-Lo previsto en el apartado 3 del artículo 32 de esta Ley solamente resultará de aplicación a los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica a partir de 1 de enero de 2013.»
-CAPÍTULO III
-Estímulos a la contratación
-Artículo 9. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
-1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de treinta años tendrán derecho, durante un máximo de doce meses, a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado, del 100 por cien en el caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.
-Este incentivo podrá ser prorrogado por otros doce meses, siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo a que se refiere el párrafo anterior.
-2. Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
-a)	No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses.
-b)	Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se determinen reglamentariamente.
-c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación.
-3. Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato.
-La formación, no teniendo que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato, podrá ser:
-a) Formación acreditable oficial o promovida por los Servicios Públicos de Empleo.
-b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una duración mínima de 90 horas en cómputo anual.
-4. Para la aplicación de esta medida, el contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
-La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.
-5. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
-6. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo durante, al menos, un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de doce meses desde su celebración. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos.
-No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.
-7. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este apartado será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
-8. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, respecto de las reducciones, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.
-Artículo 10. Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
-1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de manera indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de treinta años tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante el primer año de contrato, en los términos recogidos en los apartados siguientes.
-Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán reunir los siguientes requisitos:
-a) Tener, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual o inferior a nueve trabajadores.
-b) No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador.
-c) No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
-d) No haber celebrado con anterioridad otro contrato con arreglo a este artículo, salvo lo dispuesto en el apartado 5.
-2. Lo establecido en este artículo no se aplicará en los siguientes supuestos:
-a) Cuando el contrato se concierte con arreglo al artículo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
-b) Cuando el contrato sea para trabajos fijos discontinuos, de acuerdo con el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores.
-c) Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.
-3. Los beneficios a que se refiere el apartado 1, sólo se aplicarán respecto a un contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 5.
-4. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos dieciocho meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba.
-Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro de los incentivos.
-No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.
-5. En los supuestos a que se refiere el último inciso del primer párrafo del apartado 4, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de bonificación no podrá exceder, en conjunto, de doce meses.
-6. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
-7. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.
-Artículo 11. Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
-1. Tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota empresarial de la Seguridad Social durante los doce meses siguientes a la contratación los trabajadores por cuenta propia menores treinta años, y sin trabajadores asalariados, que desde la entrada en vigor de este real decreto-ley contraten por primera vez, de forma indefinida, mediante un contrato de trabajo a tiempo completo o parcial, a personas desempleadas de edad igual o superior a cuarenta y cinco años, inscritas ininterrumpidamente como desempleadas en la oficina de empleo al menos durante doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
-2. Para la aplicación de los beneficios contemplados en este artículo, se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado, al menos, dieciocho meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba.
-3. En los supuestos a que se refiere el apartado 2, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de aplicación de la reducción no podrá exceder, en conjunto, de doce meses.
-4. En el caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a la aplicación de otras bonificaciones o reducciones en las cuotas de Seguridad Social, sólo podrá aplicarse una de ellas, correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social.
-5. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 2.7.
-Artículo 12. Primer empleo joven.
-1. Para incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional, las empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados menores de treinta años que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior a tres meses.
-2. Estos contratos se regirán por lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, salvo lo siguiente:
-a) Se considerará causa del contrato la adquisición de una primera experiencia profesional.
-b) La duración mínima del contrato será de tres meses.
-c) La duración máxima del contrato será de seis meses, salvo que se establezca una duración superior por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, sin que en ningún caso dicha duración pueda exceder de 12 meses.
-d) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75 por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.
-3. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
-4. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que, una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses desde su celebración, transformen en indefinidos los contratos a que se refiere este artículo tendrán derecho a una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años, siempre que la jornada pactada sea al menos del 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer, la bonificación por transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año).
-5. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación a que se refiere este artículo durante, al menos, doce meses. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos.
-No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.
-6. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este apartado será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
-7. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.
-Artículo 13. Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo.
-1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores podrán celebrarse contratos en prácticas con jóvenes menores de treinta años, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la terminación de los correspondientes estudios.
-2. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una reducción del 50 por ciento de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato.
-En los supuestos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, el trabajador estuviese realizando dichas prácticas no laborales en el momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será del 75 por ciento.
-3. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
-4. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto, en cuanto a los incentivos, en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en el artículo 2.7.
-Artículo 14. Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social.
-1. Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la economía social:
-a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 euros/mes (800 euros/año), aplicable a las cooperativas o sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
-b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas bonificaciones no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.
-2. En lo no previsto en el apartado anterior, se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios.
-En relación a las cooperativas y sociedades laborales, también será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.
-CAPÍTULO IV
-Mejora de la Intermediación
-Artículo 15. Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.
-Se añade una nueva disposición adicional trigésima segunda al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los siguientes términos:
-«Disposición adicional trigésima segunda. Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.
-La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, así como de las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, podrán concluir de forma conjunta acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse todos los contratos de servicios de características homogéneas definidos en los convenios a que se refiere el párrafo siguiente para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se pretendan adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
-Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II del Libro III y previa adopción del correspondiente convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas o las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo no podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de selección de personal laboral temporal por parte de las Administraciones Públicas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de manera directa por los correspondientes servicios públicos de empleo.»
-Artículo 16. Base de datos común de ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación.
-Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo:
-Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 8 queda redactada del siguiente modo:
-«b) Existencia de una base de datos común, Portal Único de Empleo, que posibilite la difusión de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación existentes en todo el territorio del Estado, así como en el resto de los países del Espacio Económico Europeo, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
-Para ello, los Servicios Públicos de Empleo registrarán todas las ofertas y demandas de empleo en las bases de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal garantizará la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas como garantía de transparencia y unidad de mercado.»
-Dos. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 14, renumerándose el actual apartado 3 que pasa a ser el número 4, que queda redactado del siguiente modo:
-«3. Con carácter previo al libramiento de los fondos que en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se destinen a posibilitar las funciones de intermediación laboral, sin barreras territoriales, en los términos de la letra c) del artículo 7.Bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal comprobará el cumplimiento por parte de los Servicios Públicos de Empleo de lo establecido en el apartado 2.b) del artículo 8.
-Si el Servicio Público de Empleo Estatal detectase el incumplimiento de esta obligación por parte de alguna comunidad autónoma, no procederá al abono de las cantidades debidas en tanto no se subsane esta situación. A estos efectos, el Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a las comunidades autónomas que se encuentren en esta situación la necesidad de subsanar el incumplimiento detectado.»
-TÍTULO II
-Medidas de fomento de la financiación empresarial
-Artículo 17. Modificación del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.
-El Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, queda modificado como sigue:
-Uno. Se añade un subapartado c) en el artículo 50.5, con la siguiente redacción:
-«c) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto.»
-Dos. El sexto párrafo del artículo 53.4, queda redactado del siguiente modo:
-«La inversión en valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto con las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva de inversión libre o en instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre contempladas en el apartado 5.a.2.º del artículo 50, las acciones y participaciones en sociedades y fondos de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.º del artículo 50 y la inversión en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto, no podrán computarse por un importe superior al 10 por 100 del total de las provisiones técnicas a cubrir. Cuando se trate de entidades reaseguradoras y únicamente para la inversión en valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dicho límite será el 30 por 100.»
-Tres. El octavo párrafo del artículo 53.4 queda redactado del siguiente modo:
-«El conjunto de las acciones y participaciones en una institución de inversión colectiva de inversión libre o en una institución de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre, a las que se refiere el apartado 5.a.2.º del artículo 50 de este reglamento, o de acciones y participaciones en una sociedad o fondo de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.º del artículo 50 del mismo, no podrán computarse por un importe superior al 5 por 100 del total de las provisiones técnicas a cubrir. La inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola de las entidades de capital riesgo y en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto, emitidos por una misma entidad no podrá superar, conjuntamente, el 3% de las provisiones técnicas a cubrir. El citado límite del 3% será de un 6% cuando la inversión en acciones y participaciones emitidas por las entidades de capital riesgo y en valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto estén emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.»
-Artículo 18. Modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
-El Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, queda modificado como sigue:
-Uno. Se añade un apartado d) al artículo 70.9 con la siguiente redacción:
-«d) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante Real Decreto.»
-Dos. La letra b) del artículo 72 queda redactada del siguiente modo:
-«b) La inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por una misma entidad, más los créditos otorgados a ella o avalados o garantizados por la misma, no podrá exceder del 5 por ciento del activo del fondo de pensiones.
-No obstante, el límite anterior será del 10 por ciento por cada entidad emisora, prestataria o garante, siempre que el fondo no invierta más del 40 por ciento del activo en entidades en las que se supere el 5 por ciento del activo del fondo.
-El fondo podrá invertir en varias empresas de un mismo grupo no pudiendo superar la inversión total en el grupo el 10 por ciento del activo del fondo.
-Ningún fondo de pensiones podrá tener invertido más del 2 por ciento de su activo en valores o instrumentos financieros no admitidos a cotización en mercados regulados o en valores o instrumentos financieros que, estando admitidos a negociación en mercados regulados no sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal, cuando estén emitidos o avalados por una misma entidad. El límite anterior será de un 4 por ciento para los citados valores o instrumentos financieros cuando estén emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.
-No obstante lo anterior, la inversión en valores o derechos emitidos por una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto, así como la inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital riesgo podrá alcanzar el 3 por ciento del activo del fondo de pensiones.
-El límite anterior del 3 por ciento será de un 6 por ciento para los citados valores u otros instrumentos financieros cuando estén emitidos por entidades pertenecientes a un mismo grupo.
-No estarán sometidos a los límites previstos en esta letra b) los depósitos en entidades de crédito, sin perjuicio de la aplicación del límite conjunto al que se refiere la letra f) de este artículo.»
-Articulo 19. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
-Se introduce un nuevo artículo 30 quáter en el capítulo II del título III de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacción:
-«Artículo 30 quáter.
-Cuando se trate de colocación de emisiones de obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda, contempladas en las letras a), c) y d) del apartado 1 del artículo 30 bis, no será de aplicación la limitación establecida en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital.»
-TÍTULO III
-Medidas de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas, y de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
-CAPÍTULO I
-Ampliación de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas
-Sección 1.ª Disposiciones generales
-Artículo 20. Objeto.
-Constituye el objeto del presente Capítulo la ampliación de los ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y Comunidades Autónomas, estableciendo las especialidades de procedimiento necesarias para esta nueva fase del mecanismo que permita la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores que fuesen líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad a 1 de enero de 2012.
-Sección 2.ª Disposiciones aplicables a entidades locales
-Artículo 21. Ámbito subjetivo de aplicación.
-El mecanismo de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, podrá ser de aplicación a las siguientes entidades locales:
-1. A las entidades locales del País Vasco y Navarra que estén incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado, para lo que se tendrán que suscribir previamente los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda.
-2. Las mancomunidades de municipios.
-3. Las entidades locales a las que resultan aplicables los modelos de participación en tributos del Estado, a las que se refieren los Capítulos III y IV, de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con las obligaciones pendientes de pago que se especifican en el artículo siguiente.
-Artículo 22. Ámbito objetivo de aplicación.
-1. Por lo que se refiere a las entidades locales citadas en el apartado 3 del artículo anterior se podrán incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago a los contratistas, que se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012 y derivadas de: convenios de colaboración, concesiones administrativas, encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de una Administración autonómica o de la Administración estatal, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de las entidades locales, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
-2. En cuanto a las entidades locales relacionadas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior se podrán incluir, además de las citadas en el apartado anterior, las obligaciones pendientes de pago a contratistas a las que se refiere el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, siempre que se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012.
-Artículo 23. Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por parte de las entidades locales y el pago de facturas.
-1. Hasta el 22 de marzo de 2013 los contratistas podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de la entidad local.
-2. El certificado individual se expedirá, en el plazo de cinco días naturales desde la presentación de la solicitud, por el interventor, u órgano de control interno, en los términos y con el contenido previsto en el apartado anterior, con mención expresa a que se trata de una obligación ya aplicada a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada.
-3. Antes del 29 de marzo de 2013 el interventor u órgano de control interno de la entidad local comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación certificada de las solicitudes de certificados individuales admitidas.
-4. Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión en esta información actualizada y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.
-No se podrá materializar el derecho de cobro de los contratistas, en el marco del presente mecanismo de financiación, en el caso de que la mancomunidad deudora no haya dado cumplimiento a las obligaciones formales establecidas en el apartado 6 de este artículo.
-5. El Presidente de la entidad local dictará las instrucciones necesarias para garantizar la atención a los contratistas en sus solicitudes, la pronta emisión de los certificados individuales y el acceso, preferentemente por vía electrónica, a la información remitida.
-6. Hasta el 22 de marzo de 2013 las mancomunidades deberán enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas copia fehaciente de los estatutos por los que se rigen y especificar el porcentaje de participación, a 31 de diciembre de 2011, de cada uno de los ayuntamientos que las integran y que conste en aquéllos. Los mencionados estatutos deberán haber sido aprobados por los plenos de dichos ayuntamientos. La falta de remisión de esta documentación impedirá iniciar el procedimiento previsto en los apartados anteriores de este artículo.
-En el caso de que la mancomunidad no esté incluida en la Base de Datos General de Entidades Locales y del Inventario de Entes del Sector Público Local dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas deberá solicitar su inclusión en el plazo previsto en el párrafo anterior, así como la remisión de la documentación citada en el mismo.
-Artículo 24. Procedimiento disciplinario.
-El incumplimiento por parte de los empleados públicos competentes de las obligaciones previstas en el artículo 23 de este Real Decreto-ley, tendrán la consideración de faltas muy graves en los términos previstos en el apartado segundo del artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. A estos efectos será la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el órgano competente para iniciar e instruir el correspondiente procedimiento disciplinario y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas será el competente para resolver.
-Artículo 25. Especialidades del Plan de ajuste.
-Además de lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el plan de ajuste que presente la entidad local deberá cumplir con lo siguiente:
-1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo x, la entidad local elaborará un plan de ajuste, de acuerdo con su potestad de autoorganización, y se presentará, con informe del interventor u órgano de control interno, para su aprobación por el pleno de la corporación local o, en el caso de las mancomunidades, por el órgano de gobierno establecido por el estatuto por el que se rigen y que haya sido aprobado por los plenos de los ayuntamientos que la integren.
-2. El plan de ajuste aprobado deberá remitirse por la entidad local al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como fecha límite el día 15 de abril de 2013, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la entidad local como fecha límite el día 20 de mayo de 2013.
-Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada valoración, ésta se considerará favorable.
-En el caso de las entidades locales del País Vasco y de Navarra se estará a lo que dispongan los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda.
-3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo x de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado en la fase inicial del mecanismo de pago a proveedores que concluyó en el mes de julio de 2012 y se hubiese valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, enviarán una revisión de su plan de ajuste aprobada por su pleno en los quince primeros días de abril de 2013. De no hacerlo, se considerará una falta de remisión del plan de ajuste y será de aplicación lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en sus normas de desarrollo.
-Artículo 26. Aplicación de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
-1. En el caso de las mancomunidades deudoras, la garantía para el pago de sus obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento que suscriban con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores se ejecutará mediante retenciones en la participación en tributos del Estado de los municipios integrantes de las mancomunidades, en proporción a sus respectivas cuotas de participación en las citadas entidades a 31 de diciembre de 2011. Este criterio será de aplicación en el caso de que las entidades locales no concierten las operaciones de endeudamiento citadas a efectos de la ejecución de aquellas retenciones.
-2. En el caso de las entidades locales del País Vasco y de Navarra se tendrá en cuenta lo que dispongan los convenios que se suscriban entre los órganos competentes de los Territorios Históricos y los de la Administración General del Estado y que necesariamente deberán prever un sistema de garantía para el pago de sus obligaciones derivadas del mecanismo para la financiación de los pagos a proveedores.
-Artículo 27. Cancelación de obligaciones pendientes de pago con financiación afectada.
-1. Las obligaciones pendientes de pago que hubieran sido abonadas a través de este mecanismo y contaran con financiación afectada, al recibirse el ingreso de la misma, éste se entenderá automáticamente afectado al Fondo para la financiación del pago a proveedores y deberá destinarse a la amortización anticipada de la operación de endeudamiento, o en su caso, a la cancelación de la deuda de la entidad local con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
-2. Lo previsto en este artículo se aplicará tanto a las obligaciones de pago que han sido abonadas en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, como a las que se abonen en el marco de la ampliación del mecanismo regulada en la presente norma.
-Sección 3.ª Disposiciones aplicables a Comunidades Autónomas
-Artículo 28. Ámbito subjetivo de aplicación.
-Las Comunidades Autónomas podrán acogerse a esta nueva fase del mecanismo previsto en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
-A estos efectos, se entenderá por Comunidad Autónoma, la Administración de la Comunidad y el resto de entidades, organismos y entes dependientes de la Comunidad sobre los que esta mantenga un poder de decisión sobre su gestión y sus normas internas o estatutos, así como las entidades asociativas en las que participe directa o indirectamente. En cualquier caso, debe tratarse de entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.
-Artículo 29. Ámbito objetivo de aplicación.
-1. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, se podrán incluir en esta nueva fase del mecanismo las obligaciones pendientes de pago a los proveedores derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
-2. En el caso de las Comunidades Autónomas que no hubieran participado en la primera fase de este mecanismo se podrán incluir, además de las citadas en el apartado anterior, las obligaciones pendientes de pago a contratistas a las que se refiere el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
-3. En todo caso, debe tratarse de obligaciones pendientes de pago que se hayan incluido en la cuenta general de la comunidad autónoma del ejercicio 2011 y anteriores, o cuentas anuales aprobadas correspondientes a tales ejercicios en el supuesto de que se trate de una entidad que no forme parte de la misma. En todo caso tendrá que estar aplicada a presupuesto con anterioridad al pago de la deuda.
-Artículo 30. Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por parte de las Comunidades Autónomas y el pago de facturas.
-1. Antes del 6 de marzo de 2013, la Comunidad Autónoma deberá enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en la que figuren las obligaciones mencionadas en el artículo 10.
-2. Hasta del 22 de marzo de 2013, los proveedores podrán consultar esta relación, aceptando, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo.
-3. Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar a la Comunidad Autónoma deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 10, a cargo a la Comunidad Autónoma. La solicitud de este certificado implica la aceptación del proveedor en los términos señalados en el apartado anterior.
-4. El certificado individual se expedirá por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en el plazo de cinco días naturales desde la presentación de la solicitud. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada.
-5. Antes del 29 de marzo de 2013 el Interventor General de la Comunidad Autónoma comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación completa certificada de las facturas, que cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 10, hayan sido aceptadas por los proveedores.
-6. La Comunidad Autónoma permitirá a los proveedores consultar su inclusión en esta información actualizada y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.
-Artículo 31. Revisión del Plan de ajuste.
-Antes del día 15 de abril de 2013, las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuviera, quien realizará una valoración del mismo en el plazo de 15 días desde su presentación.
-Artículo 32. Cancelación de obligaciones pendientes de pago con financiación afectada.
-Las obligaciones pendientes de pago que hubieran sido abonadas a través de este mecanismo y contaran con financiación afectada, al recibirse el ingreso de la misma, éste se entenderá automáticamente afectado al Fondo para la financiación del pago a proveedores y deberá destinarse a la amortización anticipada de la operación de endeudamiento, o en su caso, a la cancelación de la deuda de la Comunidad Autónoma con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
-Lo previsto en este artículo se aplicará tanto a las obligaciones de pago que han sido abonadas en el marco del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas como a las que se abonen en el marco de la ampliación del mecanismo regulada en la presente norma.
-CAPÍTULO II
-Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
-Artículo 33. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
-Uno. Se modifica el artículo 4:
-«Artículo 4. Determinación del plazo de pago.
-1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
-Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
-Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
-2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
-3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.
-4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.»
-Dos. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 6:
-«En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.»
-Tres. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción:
-«2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.»
-Cuatro. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
-«1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.
-Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.»
-Cinco. La rúbrica y el apartado 1 del artículo 9 pasan a tener la siguiente redacción:
-«Artículo 9. Cláusulas y prácticas abusivas.
-1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 1 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7 respectivamente, así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6 cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio. Se presumirá que es abusiva aquella cláusula que excluya la indemnización por costes de cobro del artículo 8.
-No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de plazos abusivos. Tales prácticas tendrán también la consideración de abusivas y serán impugnables en la misma forma que las cláusulas por las entidades a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
-Para determinar si una cláusula o práctica es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuesto en el artículo 4.1 y en el artículo 7.2 respectivamente; se tendrá en cuenta la naturaleza del bien o del servicio o si supone una desviación grave de las buenas prácticas comerciales contraria a la buena fe y actuación leal.
-Asimismo, para determinar si una cláusula o práctica es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.»
-TÍTULO IV
-Medidas en el sector ferroviario
-Artículo 34. Transmisión a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de la titularidad de la red ferroviaria del Estado cuya administración tiene encomendada.
-1. Las infraestructuras ferroviarias y estaciones que constituyen la red de titularidad del Estado cuya administración ADIF tiene encomendada, pasarán a ser de titularidad de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley.
-Los cambios en la titularidad de los bienes a los que se refiere el párrafo anterior, se efectuarán por el valor que se deduzca del Sistema de Información Contable y de los registros del Ministerio de Fomento.
-2. Para la administración, reposición o mejora de dichos bienes, la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) podrá recibir tanto transferencias corrientes como de capital de los Presupuestos Generales del Estado, y del presupuesto de otras Administraciones Públicas.
-El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que hayan de presidir la administración de la red, señalando los objetivos y fines que se deben alcanzar y los niveles de calidad en la prestación del servicio.
-La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones de control financiero permanente y conforme a los planes anuales de auditoría, verificará la aplicación de los fondos públicos asignados al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
-3. Las transmisiones que se efectúen como consecuencia de esta disposición quedarán en todo caso exentas de cualquier tributo estatal, autonómico o local, incluidos los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, sin que resulte aplicable a las mismas lo previsto en el artículo 9.2 del Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
-Las indicadas transmisiones, actos u operaciones gozarán igualmente de exención de aranceles u honorarios por la intervención de fedatarios públicos y registradores de la propiedad y mercantiles.
-Artículo 35. Efectos contables de la extinción de la entidad pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE).
-A efectos contables, la extinción de la entidad pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) se entenderá producida a 1 de enero de 2013.
-En consecuencia, el último ejercicio económico de dicha entidad se entenderá cerrado a 31 de diciembre de 2012.
-Artículo 36. Prestación de los servicios de transporte por ferrocarril por las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1.1, apartados a) y b) del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios.
-1. Las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1.1, apartados a) y b), del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, seguirán prestando, respectivamente y sin solución de continuidad, todos los servicios de transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril que corresponda explotar a Renfe-Operadora desde la fecha de su efectiva constitución.
-Para ello, sucederán en la capacidad de infraestructura necesaria para la realización de los servicios que estuviere prestando en dicho momento la entidad pública empresarial. En lo sucesivo, deberán obtener directamente del administrador de infraestructuras ferroviarias, la capacidad de infraestructura necesaria para la realización de los servicios que deseen prestar, de conformidad con lo previsto en la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la Declaración sobre la Red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.
-2. Se entenderá que las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1, apartados a) y b), del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, cuentan con la licencia de empresa ferroviaria prevista en el artículo 44 de la Ley del Sector Ferroviario y el certificado de seguridad a que se refiere el artículo 16 del Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, para el ámbito de servicios que cada una explota. No obstante, en el plazo de seis meses desde que las citadas empresas inicien la explotación de los servicios, deberán acreditar que cumplen las exigencias establecidas en el artículo 45 de la Ley del Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo y solicitar la correspondiente licencia de empresa ferroviaria. Asimismo, en el plazo máximo de un año desde que inicien la explotación, habrán de presentar la documentación que acredite que disponen de un sistema de gestión de la seguridad y que cumplen con los requisitos en materia de circulación ferroviaria, personal de conducción y material rodante, y solicitar el correspondiente certificado de seguridad.
-Artículo 37. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
-1. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que pasa a tener la siguiente redacción:
-«1. En el plazo de seis meses, el Ministerio de Fomento establecerá el «Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General» conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 de la Ley del Sector Ferroviario. En dicho catálogo se relacionarán las líneas y tramos conforme a un código oficial, asignado por la Dirección General de Ferrocarriles, y expresarán su origen y destino y una breve referencia a sus características técnicas.
-En el citado catálogo figurarán relacionados por un lado las líneas y tramos de interés general y por otro, en anejo independiente del anterior, las líneas y tramos que, no reuniendo los requisitos del artículo 4 de la Ley del Sector Ferroviario, continúen temporalmente siendo administrados conforme a lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario en tanto que, previa solicitud de la Comunidad Autónoma respectiva a la Administración General del Estado, se efectúe efectivamente el traspaso de la línea o tramo correspondiente.
-En todo caso, para la determinación del referido catálogo, o de sus modificaciones, deberán ser oídas las Comunidades Autónomas por las que atraviese, o en su caso comprendan totalmente en su territorio, las correspondientes líneas o tramos ferroviarios.»
-2. Se adicionan nuevos apartados 2, 3, 4 y 5 a la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, con el siguiente contenido:
-«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la apertura a la competencia de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de competencia estatal se realizará con el fin de garantizar la prestación de los servicios, la seguridad y la ordenación del sector.
-3. A partir del 31 de julio de 2013 el transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística se prestará en régimen de libre competencia según lo establecido en el artículo 42.2 de esta Ley.
-A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística aquellos servicios en los que, teniendo o no carácter periódico, la totalidad de las plazas ofertadas en el tren se prestan en el marco de una combinación previa, vendida u ofrecida en venta por una agencia de viajes con arreglo a un precio global en el que, aparte del servicio de transporte ferroviario, se incluyan, como principales, servicios para satisfacer de una manera general las necesidades de las personas que realizan desplazamientos relacionados con actividades recreativas, culturales o de ocio, siendo el servicio de transporte por ferrocarril complemento de los anteriores. En ningún caso se podrá asimilar a esta actividad aquella que tuviera como objeto principal o predominante el transporte de viajeros por ferrocarril.
-Mediante Orden del Ministerio de Fomento, se regularán las condiciones de prestación de este tipo de servicios.
-4. En los servicios de transporte ferroviario a los que se refiere el artículo 53 de esta Ley, el Consejo de Ministros establecerá los términos relativos a las licitaciones públicas previstas en el art. 53.2., sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.6 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2007. Hasta el inicio del servicio, en su caso, por un nuevo operador, Renfe-Operadora continuará prestando estos servicios, regulándose la compensación que, en su caso proceda, a través del contrato correspondiente.
-5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.2 de esta Ley, de forma transitoria, el acceso para los nuevos operadores a los servicios no incluidos en los apartados 3 y 4 de esta disposición, se llevará a cabo a través de la obtención de títulos habilitantes.
-El Consejo de Ministros determinará el número de títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia, así como el período de vigencia de dichos títulos habilitantes.
-El otorgamiento de los títulos habilitantes se llevará a cabo por el Ministerio de Fomento a través del correspondiente procedimiento de licitación. Este procedimiento será público y garantizará la efectiva competencia de todos los operadores concurrentes.
-Mediante Orden del Ministerio de Fomento, se determinarán los requisitos y condiciones exigibles para participar en los procedimientos de licitación señalados en el párrafo anterior, así como los criterios de adjudicación que resulten aplicables y las distintas fases de dicho procedimiento. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y, en tanto no se dicte la Orden del Ministerio de Fomento que regule las licitaciones, la Ley de contratos del sector público y sus normas de desarrollo.
-RENFE-Operadora dispondrá de un título habilitante para operar los servicios en todo el territorio sin necesidad de acudir al proceso de licitación.»
-Artículo 38. Red Ferroviaria de Interés General.
-Hasta que se apruebe el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, se considerará que la Red Ferroviaria de Interés General se compone de las líneas y tramos relacionados en Anexo a este Real Decreto-ley.
-Se habilita al Ministro de Fomento para actualizar la relación expuesta en el presente artículo.
-TÍTULO V
-Medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos
-Artículo 39. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
-La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, queda modificada como sigue:
-Uno. El artículo 41.1 queda modificado como sigue:
-«1. Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la presente ley, deberán permitir el acceso de terceros mediante un procedimiento negociado, en condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, transparentes y objetivas, aplicando precios que deberán hacer públicos. El Gobierno podrá establecer peajes y condiciones de acceso para territorios insulares y para aquellas zonas del territorio nacional donde no existan infraestructuras alternativas de transporte y almacenamiento o éstas se consideren insuficientes.
-Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, deban permitir el acceso de terceros, cumplirán las siguientes obligaciones:
-a) Comunicar a la Comisión Nacional de Energía las peticiones de acceso a sus instalaciones, los contratos que suscriban, la relación de precios por la utilización de las referidas instalaciones, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos en un plazo máximo de un mes. La Comisión Nacional de Energía publicará esta información en los términos previstos en la disposición adicional undécima. Tercero. 4 de esta ley
-b) Presentar a la Comisión Nacional de Energía la metodología de tarifas aplicada incluyendo los distintos tipos de descuentos aplicables, el sistema de acceso de terceros a sus instalaciones y el Plan anual de inversiones, que será publicada en la forma que determine por circular la Comisión Nacional de Energía.
-c) Publicar de forma actualizada la capacidad disponible de sus instalaciones, la capacidad contratada y su duración en el tiempo, la capacidad realmente utilizada, las congestiones físicas y contractuales registradas así como las ampliaciones, mejoras y cambios previstos y su calendario de entrada en funcionamiento. La Comisión Nacional de Energía supervisará la frecuencia con la que se producen congestiones contractuales que hagan que los usuarios no puedan acceder a estas instalaciones a pesar de la disponibilidad física de capacidad.
-d) En su gestión, evitarán cualquier conflicto de interés entre accionistas y usuarios de los servicios y observarán especialmente la obligación de igualdad de trato a todos los usuarios de los servicios de la actividad, con independencia de su carácter o no de accionistas de la sociedad.
-La Comisión Nacional de Energía establecerá por circular el procedimiento de comunicación de los conflictos que puedan suscitarse en la negociación de los contratos y en las solicitudes de acceso a las instalaciones de transporte o almacenamiento. Asimismo, resolverá, en el plazo máximo de tres meses, los conflictos que le sean planteados respecto a las solicitudes y a los contratos relativos al acceso de terceros a estas instalaciones de transporte o almacenamiento de productos petrolíferos que deben permitir el acceso de terceros..»
-Dos. El artículo 43.2 pasa a tenerla siguiente redacción:
-«2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica.
-Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios.
-Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único.
-El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.
-Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio.
-Tres. Se añade un nuevo artículo 43 bis con una redacción del siguiente tenor:
-«Artículo 43 bis. Limitaciones a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva.
-1. Los vínculos contractuales de suministro en exclusiva referidos en el artículo 43 de la presente ley, deberán cumplir las siguientes condiciones:
-a) La duración máxima del contrato será de un año. Este contrato se prorrogará por un año, automáticamente, hasta un máximo de tres años consecutivos, salvo que el distribuidor al por menor de productos petrolíferos manifieste, con un mes de antelación como mínimo a la fecha de finalización del contrato, su intención de resolverlo.
-b) No podrán contener cláusulas exclusivas que fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible.
-2. Se considerarán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas contractuales en las que se establezca una duración del contrato diferente a la recogida en el apartado 1, o que determinen el precio de venta del combustible en referencia a un determinado precio fijo o recomendado, o cualesquiera otras que contribuyan a una fijación indirecta del precio de venta.
-3. Los operadores al por mayor comunicarán a la Dirección General de Política Energética y Minas la suscripción de este tipo de contratos, incluyendo la fecha de su finalización, la cual será publicada en la web oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»
-Cuatro. Se añaden dos nuevos párrafos en el artículo 109.1 con la siguiente redacción.
-«ad) El acaparamiento y utilización sustancialmente inferior de la capacidad de las instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la presente Ley, deban permitir el acceso de terceros.
-ae) El incumplimiento de las limitaciones y obligaciones impuestas en el artículo 43 bis.1.»
-Artículo 40. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
-El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, queda modificado en los siguientes términos:
-«Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales.
-1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.
-2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos.
-3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello.
-4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para éstos.»
-Artículo 41. Objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes en 2013 y años sucesivos.
-1. Los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos que se establecen son los siguientes:
-a) Los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, por sus ventas anuales en el mercado nacional, excluidas las ventas a otros operadores al por mayor.
-b) Las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la parte de sus ventas anuales en el mercado nacional no suministrado por los operadores al por mayor.
-c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no suministrado por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos.
-2. Los sujetos a que se refiere el apartado 1 deberán acreditar ante la entidad de certificación, anualmente, para el año 2013 y sucesivos, las siguientes titularidades:
-a) La titularidad de una cantidad mínima de certificados de biocarburantes que permitan cumplir con un objetivo de biocarburantes del 4,1 por ciento.
-b) La titularidad de la cantidad mínima de certificados de biocarburantes en diesel (CBD) que permitan cumplir con un objetivo de biocarburantes en diesel del 4,1 por ciento.
-c) La titularidad de la cantidad mínima de certificados de biocarburantes en gasolina (CBG) que permitan cumplir con un objetivo de biocarburantes en gasolina del 3,9 por ciento.
-Excepcionalmente, durante el año 2013, este objetivo de biocarburantes en gasolina será del 3,8 por ciento en caso de los sujetos a que se refiere el apartado 1 con ventas o consumos en Canarias, Ceuta o Melilla, por las ventas o consumos en los citados ámbitos territoriales.
-3. Los porcentajes indicados en los apartados anteriores se calcularán, para cada uno de los sujetos obligados, de acuerdo con las fórmulas recogidas en la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, o de acuerdo con las fórmulas que se establezcan por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
-4. El Gobierno podrá modificar los objetivos previstos en este artículo, así como establecer objetivos adicionales.
-Artículo 42. Modificación del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.
-Se modifica el primer apartado de la disposición transitoria única del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, pasa a tener la siguiente redacción:
-«1. Se establece un periodo de carencia para la aplicación del periodo transitorio para la verificación de la sostenibilididad de los biocarburantes y bioilíquidos.
-Por resolución del titular de la Secretaría de Estado de Energía se determinará la fecha en la que finalizará el periodo de carencia. Dicha resolución se publicará en “Boletín Oficial del Estado”, como mínimo, ocho meses antes de su entrada en vigor.
-Durante el periodo de carencia, los criterios de sostenibilidad del artículo 4 del presente real decreto tendrán carácter indicativo. Los sujetos obligados definidos en el artículo 10 deberán remitir toda la información exigida en las circulares a que hace referencia el apartado 2 de la presente disposición transitoria y dicha información debe ser veraz, si bien el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad no será exigible para el cumplimiento de las obligaciones u objetivos de venta o consumo de biocarburantes.
-Durante el periodo de carencia, lo previsto en el apartado 5 de la presente disposición transitoria no será de obligado cumplimiento, si bien los agentes económicos del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, deberán mantener durante un mínimo de cinco años las pruebas relacionadas con la información que remitan a la Comisión Nacional de Energía.
-Las inspecciones a que hace referencia el apartado 1 del artículo 12 de presente real decreto, tendrán como único objetivo durante el periodo de carencia, la verificación de que todos los agentes están aplicando de forma correcta el sistema de balance de masa previsto en el artículo 7 del presente real decreto y en las circulares dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Energía y comprobar la veracidad de la información aplicada. Hasta el final del periodo de carencia, como resultado de las inspecciones realizadas no procederá la incoación de expediente sancionador alguno, salvo por falta de remisión de la información requerida, falsedad en los datos reportados o incorrecta aplicación del balance de masa.
-Finalizado dicho periodo de carencia, comenzará un periodo transitorio para la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, que se prolongará hasta la aprobación de las disposiciones necesarias para el desarrollo del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, según lo previsto en los apartados 1.a) y 1.b) de la disposición final tercera y la aprobación de las disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente real decreto, según lo previsto en los apartados 3 y 5 de la misma disposición. En este periodo será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 a 5 de esta disposición transitoria.»
-Disposición adicional primera. Financiación, aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones sociales.
-1. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas previstas en este real decreto-ley se financiarán, respectivamente, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
-2. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por los empleadores con carácter automático en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad Social y por el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de su competencia.
-3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal el número de trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los colectivos de bonificación, con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
-4. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos sea precisa, al efecto de facilitar a este centro directivo la planificación y programación de la actuación inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma.
-Disposición adicional segunda. Comisión Interministerial para el seguimiento de la Estrategia.
-El Gobierno constituirá una Comisión Interministerial en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley para el seguimiento de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con la composición y funciones que se determinen reglamentariamente. Su creación y funcionamiento se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dicha comisión realizará sus trabajos hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha en la que quedará disuelta.
-Disposición adicional tercera. Adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
-El Ministerio de Empleo y Seguridad Social articulará un procedimiento de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, así como para la concesión de un sello o distintivo para las entidades adheridas.
-Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social informará periódicamente a la Comisión Interministerial de Seguimiento de la Estrategia, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a los agentes sociales, al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y a cuantos otros órganos consultivos se considere oportuno, sobre las empresas adheridas a la Estrategia, las características esenciales de las iniciativas planteadas y los principales resultados de las mismas.
-Disposición adicional cuarta. Plazo de adaptación contratos de distribución.
-Los contratos de distribución en exclusiva afectados por el artículo 43.bis, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos deberán adaptarse en el periodo de 12 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Estos, contratos no podrán incluir cláusulas que, directa o indirectamente, obliguen a su renovación, reputándose en todo caso nulas las así incluidas.
-Disposición transitoria primera. Aplicación temporal de las medidas.
-Las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 de este real decreto-ley se mantendrán en vigor hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento, tal y como se establezca reglamentariamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
-Disposición transitoria segunda. Contratos e incentivos vigentes.
-Los contratos de trabajo, así como las bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los mismos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración o, en su caso, en el momento de iniciarse el disfrute de la bonificación o reducción.
-Disposición transitoria tercera. Contratos preexistentes.
-Quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con las modificaciones introducidas en esta ley, la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde su entrada en vigor, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad.
-Disposición transitoria cuarta. Licencias para nuevas instalaciones de suministro.
-Las licencias municipales que se soliciten para la construcción de las instalaciones de suministro en los establecimientos y zonas a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, que ya dispongan de licencia municipal para su funcionamiento a la entrada en vigor de este real decreto-ley se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo si no se notifica resolución expresa dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, el promotor comunicará la fecha prevista de comienzo de las obras de construcción de la instalación a la autoridad responsable de la concesión de dicha licencia.
-Disposición transitoria quinta. Contratos en exclusiva de los operadores al por mayor.
-1. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30 por ciento, no podrán incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad o en virtud de cualquier otro título que les confiera la gestión directa o indirecta de la instalación, ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién ostente la titularidad o derecho real sobre la misma.
-No obstante lo anterior, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere la cuota de mercado anteriormente expresada.
-2. A los efectos de computar el porcentaje de cuota de mercado anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-a) El número de instalaciones para suministro a vehículos incluidas en la red de distribución del operador al por mayor u operadores del mismo grupo empresarial, contenidas en cada provincia. En el caso de los territorios extrapeninsulares, el cómputo se hará para cada isla y para Ceuta y Melilla de manera independiente.
-b) Se considerarán integrantes de la misma red de distribución todas las instalaciones que el operador principal tenga en régimen de propiedad, tanto en los casos de explotación directa como en caso de cesión a terceros por cualquier título, así como aquellos casos en los que el operador al por mayor tenga suscritos contratos de suministro en exclusiva con el titular de la instalación.
-c) Se entenderá que forman parte de la misma red de distribución todas aquellas instalaciones de suministro a vehículos cuya titularidad, según lo dispuesto en el apartado anterior, corresponda a una entidad que forma parte de un mismo grupo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.
-3. Por resolución del Director General de Política Energética y Minas se determinará anualmente el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al porcentaje establecido. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
-4. En el plazo de cinco años, o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen, el Gobierno podrá revisar el porcentaje señalado en el apartado 1 o acordar el levantamiento de la prohibición impuesta en esta disposición.
-Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
-Queda derogada la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
-Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto-ley.
-Disposición final primera. Fundamento constitucional.
-El Título I del presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo lo 149.1.7.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, y de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, respectivamente.
-El título II se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.11.ª de la Constitución en materia de bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.
-Las Medidas relativas a la Ampliación de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas afectan a las obligaciones de pago derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios, por lo que la competencia se reconduce, fundamentalmente, en este caso al artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
-Sería, por ello, este título competencial el que habilitaría al Estado a establecer medidas normativas de carácter básico para prevenir la morosidad en el pago de deudas surgidas en operaciones comerciales entre empresarios y Administración Pública, como consecuencia de los contratos administrativos suscritos entre las partes.
-No obstante, las medidas que afectan a las Haciendas Locales se encuadran en el artículo 149.1.14.ª que atribuye al Estado la competencia exclusive sobre «Hacienda general y deuda del Estado», que en este caso prevalece sobre el artículo 149.1. 18.ª CE.
-Asimismo prevalece la competencia del artículo 149.1.14.ª CE en lo que se refiere a las Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por parte de las Comunidades Autónomas y el pago de facturas.
-El Capítulo II del Titulo III se dicta al amparo del Artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución que establece la competencia del Estado en materia de legislación mercantil y civil.
-El Título IV se dicta al amparo del artículo 149.1. 21.ª y 24.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y sobre las obras públicas de interés general.
-Lo dispuesto en el Título V del presente real decreto-ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
-Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
-Se suprime el último párrafo de la letra c) del artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactada como sigue:
-«c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad.
-Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad.
-A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado, correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas el trabajador estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.»
-Disposición final tercera. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
-La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, queda modificada como sigue:
-Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado del modo siguiente:
-«2. Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
-Asimismo, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato para la formación y el aprendizaje conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores.»
-Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 7, que queda redactado del modo siguiente:
-«1. En materia de duración del contrato de puesta a disposición, se estará a lo dispuesto en los artículos 11.2 y 15 del Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones de desarrollo para la modalidad de contratación correspondiente al supuesto del contrato de puesta a disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.3 de esta Ley en cuanto a los eventuales períodos de formación previos a la prestación efectiva de servicios.»
-Tres. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
-«2. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del contrato para la formación y el aprendizaje.»
-Cuatro. Se incluye un nuevo apartado 3.bis en el artículo 12, con la siguiente redacción:
-«3.bis. Las empresas de trabajo temporal que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias deberán cumplir las obligaciones en materia formativa establecidas en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.»
-Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
-El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, queda modificado como sigue:
-Uno. Se añade un artículo 6.bis, en los siguientes términos:
-«Artículo 6.bis. Contratos para la formación y el aprendizaje celebrados por empresas de trabajo temporal.
-Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el presente real decreto.
-En particular, la empresa de trabajo temporal será la responsable de las obligaciones relativas a los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje establecidos en el Capítulo II del Título II. La formación inherente al contrato se podrá impartir en la propia empresa de trabajo temporal siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 18.4.»
-Dos. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
-«1. La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, a una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada.
-En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje celebrados por empresas de trabajo temporal, en el contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria se designará a la persona de la empresa usuaria que se encargará de tutelar el desarrollo de la actividad laboral del trabajador y que actuará como interlocutora con la empresa de trabajo temporal a estos efectos, debiendo asumir esta última el resto de obligaciones relativas a las tutorías vinculadas al contrato y al acuerdo para la actividad formativa previstas en el presente y siguiente artículo.»
-Disposición final quinta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
-Mediante este Real Decreto Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
-Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
-Uno. El apartado 4 del artículo 216 queda redactado como sigue:
-«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
-Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
-En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.»
-Dos. El apartado 4 del artículo 222 queda redactado en los siguientes términos:
-«4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 235, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro correspondiente. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»
-Tres. La letra f) del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta queda redactada en los siguientes términos:
-«f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación deben ser autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.
-No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la normativa especial que resulte de aplicación.»
-Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional trigésima tercera con el siguiente contenido:
-«Disposición adicional trigésima tercera. Obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos.
-1. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.
-2. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, se incluirá la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.»
-Disposición final séptima. Derecho supletorio.
-En lo no previsto en el Capítulo I del Título III este real Decreto-ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, así como el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
-Disposición final octava. Modificación del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
-Se modifica el artículo 9 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores que queda redactado como sigue:
-«Artículo 9. Agente de pagos.
-Corresponderá al Instituto de Crédito Oficial la administración y gestión de las operaciones que se concierten al amparo de este Real Decreto-ley, la llevanza de la contabilidad del Fondo, así como otros servicios de gestión financiera y ordinaria que el Consejo Rector del Fondo decidiera atribuirle, todo ello mediante el pago de la correspondiente compensación económica.»
-Disposición final novena. Modificación del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
-Se modifica el artículo 15 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 15. Retención de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
-Los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que se adhieran a este mecanismo responderán de las obligaciones contraídas con el Estado, mediante retención, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin que pueda quedar afectado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales ni de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste.»
-Disposición final décima. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
-Se faculta al Gobierno y a los titulares de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad, para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
-Disposición final undécima. Modificación de disposiciones reglamentarias.
-Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
-Disposición final duodécima. Entrada en vigor.
-Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013.
-JUAN CARLOS R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY
-ANEXO I
-Forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General:
-a) Líneas y tramos contenidos en el siguiente cuadro:
-Línea
-Origen
-Destino
-010
-MADRID-PUERTA DE ATOCHA.
-SEVILLA-SANTA JUSTA.
-012
-MADRID-PUERTA DE ATOCHA.
-CAMBIADOR ATOCHA.
-016
-MAJARABIQUE.
-CAMBIADOR MAJARABIQUE.
-018
-BIF. CERRO NEGRO/STA. CATALINA.
-CTT CERRO NEGRO AV.
-020
-LA SAGRA.
-TOLEDO.
-022
-CAMBIADOR ALCOLEA.
-BIF.CAMBIADOR ALCOLEA.
-024
-YELES AGUJA KM.34,397.
-BIF. BLANCALES.
-030
-BIF. MALAGA-A. V.
-MARIA ZAMBRANO.
-032
-ANTEQUERA-SANTA ANA.
-CAMBIADOR ANTEQUERA.
-040
-BIF. TORREJON DE VELASCO.
-VALENCIA-JOAQUIN SOROLLA.
-042
-BIF. ALBACETE.
-ALBACETE-LOS LLANOS.
-050
-LIMITE ADIF - TP FERRO.
-MADRID-PUERTA DE ATOCHA.
-052
-CAMBIADOR PLASENCIA DE JALON.
-BIF. CAMBIADOR PLASENCIA DE JALON.
-054
-BIF. CANAL IMPERIAL.
-BIF. MONCASI.
-056
-BIF. ARTESA DE LLEIDA.
-BIF. LES TORRES DE SANUI.
-060
-BIF. CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS.
-CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS.
-066
-BIF. CAN TUNIS-A. V.
-CAN TUNIS-A. V.
-068
-VALLECAS AV - AGUJA KM.12,300.
-LOS GAVILANES - AGUJA KM. 13,400.
-070
-BIF. HUESCA.
-HUESCA.
-072
-CTT FUENCARRAL AV.
-CAMBIADOR MADRID-CHAMARTIN.
-074
-CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO.
-OLMEDO-AV.–AG.KM 133.9.
-076
-CAMBIADOR VALDESTILLAS.
-BIF. CAMBIADOR VALDESTILLAS.
-078
-CAMBIADOR VALLADOLID C. GRANDE.
-VALLADOLID-CAMPO GRANDE.
-080
-VALLADOLID-CAMPO GRANDE.
-MADRID-CHAMARTIN.
-082
-BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 85,0.
-BIF. COTO DA TORRE.
-100
-FRONTERA HENDAYA/IRÚN.
-MADRID-CHAMARTIN.
-102
-BIF. ARANDA.
-MADRID-CHAMARTIN.
-104
-ALCOBENDAS-S. SEBASTIAN DE LOS REYES.
-UNIVERSIDAD-CANTOBLANCO.
-106
-FRONTERA HENDAYA/IRUN.
-IRUN.
-108
-VALLADOLID-CAMPO GRANDE.
-LA CARRERA (CGD).
-110
-SEGOVIA.
-VILLALBA DE GUADARRAMA.
-112
-BIF. LINEA MADRID-HENDAYA.
-VALLADOLID-ARGALES.
-116
-LOS COTOS.
-CERCEDILLA.
-120
-FRONTERA VILAR FORMOSO/FUENTES DE OÑORO.
-MEDINA DEL CAMPO.
-122
-SALAMANCA.
-AVILA.
-124
-SALAMANCA.
-VALDUNCIEL (CGD).
-126
-ARANDA DE DUERO-MONTECILLO.
-ARANDA DE DUERO-CHELVA (CGD.).
-130
-GIJON-SANZ CRESPO.
-VENTA DE BAÑOS.
-132
-BIF. TUDELA-VEGUIN.
-ABLAÑA.
-134
-LEON-CLASIFICACION.
-TORNEROS.
-138
-BIF. GALICIA.
-BIF. BASE LEON.
-140
-BIF. TUDELA-VEGUIN.
-EL ENTREGO.
-142
-SOTO DE REY.
-BIF. OLLONIEGO.
-144
-SAN JUAN DE NIEVA.
-VILLABONA DE ASTURIAS.
-146
-BIF. VIELLA.
-BIF. PEÑA RUBIA.
-148
-TRASONA.
-NUBLEDO.
-150
-ABOÑO.
-SERIN.
-152
-GIJON-PUERTO.
-VERIÑA.
-154
-LUGO DE LLANERA.
-TUDELA-VEGUIN.
-160
-SANTANDER.
-PALENCIA.
-162
-SOLVAY FACTORIA (CGD).
-SIERRAPANDO (APD).
-164
-PALENCIA ARROYO VILLALOBON.
-MAGAZ.
-166
-BIF. RUBENA.
-VILLAFRIA.
-168
-VILLAFRIA.
-BIF. RUBENA-AG. KM. 377,3.
-172
-CAMBIADOR MADRID-CHAMARTIN.
-MADRID-CHAMARTIN.
-174
-MEDINA DEL CAMPO.
-CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO.
-176
-VALDESTILLAS.
-CAMBIADOR VALDESTILLAS.
-178
-VALLADOLID-AG. KM 250.2.
-CAMBIADOR VALLADOLID C. GRANDE.
-200
-MADRID-CHAMARTIN.
-BARNA.–EST. DE FRANÇA.
-202
-TORRALBA.
-CASTEJON DE EBRO.
-204
-BIF. CANFRANC.
-CANFRANC.
-208
-SAN JUAN DE MOZARRIFAR.
-SAN GREGORIO.
-210
-MIRAFLORES.
-TARRAGONA.
-212
-HOYA DE HUESCA-AGUJA KM. 2,3.
-BIF. HOYA DE HUESCA.
-214
-C.I.M. DE ZARAGOZA.
-LA CARTUJA.
-216
-BIF.PLAZA-AG.KM.1,4.
-BIF.PLAZA-AG.KM.8,7.
-218
-BIF. PLAZA.
-ZARAGOZA-PLAZA.
-220
-LLEIDA-PIRINEUS.
-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
-222
-FRONTERA LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT/PUIGCERDÁ.
-MONTCADA-BIFURCACIO.
-224
-CERDANYOLA UNIVERSITAT.
-CERDANYOLA DEL VALLES.
-230
-LA PLANA-PICAMOIXONS.
-REUS.
-234
-REUS.
-CONSTANTI.
-238
-CASTELLBISBAL-AGUJAS LLOBREGAT.
-BARCELONA-MORROT.
-240
-SANT VICENÇ DE CALDERS.
-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
-242
-MARTORELL-SEAT.
-AGUJA KM. 71,185.
-244
-AGUJA KM. 70,477.
-AGUJA KM. 0,500.
-246
-MOLLET-SANT FOST.
-CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI.
-250
-BELLVITGE AGUJA KM.674,8.
-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
-254
-AEROPORT.
-EL PRAT DE LLOBREGAT.
-260
-FIGUERES-VILAFANT.
-VILAMALLA.
-262
-BIF. SAGRERA.
-BIF. CLOT.
-264
-MONTCADA-BIFURCACIO.
-BIF. AIGÜES.
-266
-BIF. GLORIAS.
-BIF. VILANOVA.
-268
-BIF. SAGRERA.
-BIF. ARAGO.
-270
-FRONTERA CERBERE/PORTBOU.
-BIF. SAGRERA.
-274
-FRONTERA CERBERE/PORTBOU.
-PORTBOU.
-276
-MAÇANET-MASSANES.
-BIF. SAGRERA.
-278
-LA LLAGOSTA.
-BIF. NUDO MOLLET.
-280
-BIF. MOLLET.
-BIF. NUDO MOLLET.
-282
-CAMBIADOR PLASENCIA DE JALON.
-CAMBIADOR PLASENCIA-AG.KM.308,6.
-284
-CIM-AGUJA KM. 337,1.
-CIM-AGUJA KM. 0,7.
-286
-LA CARTUJA-AGUJA KM. 23,3.
-LA CARTUJA-AGUJA KM. 351,1.
-288
-MIRAFLORES-AGUJA KM. 345,6.
-MIRAFLORES-AGUJA KM. 0,9.
-290
-CIM-AGUJA KM. 337,1.
-CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS.
-294
-RODA DE BARA-CAMB. DE ANCHO.
-RODA DE BARA.
-298
-GIRONA-MERCADERIES.
-BIF. GERONA MERCANCÍAS.
-300
-MADRID-CHAMARTIN.
-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD.
-302
-AGUJA CLASIF. KM. 146,1.
-ALCAZAR DE SAN JUAN.
-304
-ALFAFAR-BENETUSSER.
-VFSL - AG. KM. 1,3.
-306
-SAN VICENTE DE RASPEIG.
-S. VICENTE DE RASPEIG-AGUJA KM.448.
-308
-ALBACETE-LOS LLANOS.
-CAMBIADOR ALBACETE.
-310
-ARANJUEZ.
-VALENCIA - SANT ISIDRE.
-312
-CASTILLEJO-AÑOVER.
-ALGODOR.
-314
-XIRIVELLA-L’ALTER (APD).
-VALENCIA - SANT ISIDRE.
-318
-CAMBIADOR ALBACETE.
-ALBACETE-AGUJA KM. 279,4.
-320
-CHINCHILLA MONTEAR.AG.KM.298,4.
-CARTAGENA.
-322
-AGUILAS.
-MURCIA CARGAS.
-324
-AGUJA KM. 0,8.
-CARTAGENA.
-326
-AGUJA KM. 523,2.
-ESCOMBRERAS.
-328
-VALENCIA-A. V.–AGUJA KM. 396,7.
-CAMBIADOR VALENCIA.
-330
-LA ENCINA.
-ALACANT-TERMINAL.
-332
-LA ENCINA AGUJA KM. 2,963.
-CAUDETE.
-334
-SANT GABRIEL.
-ALACANT-BENALUA (CGD).
-336
-EL REGUERON.
-ALACANT-TERMINAL.
-338
-CAMBIADOR VALENCIA.
-VALENCIA-JOAQUIN SOROLLA.
-340
-BIF. VALLADA.
-XATIVA-AGUJA KM.47,0.
-342
-ALCOI.
-XATIVA.
-344
-GANDIA.
-SILLA.
-346
-GANDIA PORT.
-GANDIA-MERCADERIES.
-348
-FORD.
-SILLA.
-360
-LOS NIETOS.
-CARTAGENA PZ BAS.
-400
-ALCAZAR DE SAN JUAN.
-CADIZ.
-402
-ESPELUY-AGUJA KM. 340,1.
-JAEN.
-404
-ESPELUY-AGUJA KM. 338,8.
-ESPELUY-AGUJA KM. 150,5.
-406
-LAS ALETAS.
-UNIVERSIDAD DE CADIZ (APD).
-408
-ALCOLEA-AGUJA KM.431,9.
-CAMBIADOR ALCOLEA.
-410
-LINARES-BAEZA.
-ALMERIA.
-412
-MINAS DEL MARQUESADO.
-HUENEJA-DOLAR.
-414
-BIF. ALMERIA.
-BIF. GRANADA.
-416
-MOREDA.
-GRANADA.
-418
-ANTEQUERA-STA.ANA-AGJ.KM.50,4.
-ANTEQUERA-STA.ANA-AGJ.KM.48,3.
-420
-BIF. LAS MARAVILLAS.
-ALGECIRAS.
-422
-BIF. UTRERA.
-FUENTE DE PIEDRA.
-426
-GRANADA.
-FUENTE DE PIEDRA.
-428
-CAMBIADOR ANTEQUERA.
-ANTEQUERA-SANTA ANA-AGUJA KM. 50,4.
-430
-BIF. CORDOBA - EL HIGUERON.
-LOS PRADOS.
-432
-CORDOBA-CENTRAL.
-EL HIGUERON.
-434
-CAMBIADOR CORDOBA.
-VALCHILLON.
-436
-FUENGIROLA.
-MALAGA-CENTRO ALAMEDA (APD).
-440
-BIF. LOS NARANJOS.
-HUELVA-TERMINO.
-442
-CAMBIADOR MAJARABIQUE.
-BIF. LOS NARANJOS.
-444
-BIF. TAMARGUILLO.
-LA SALUD.
-446
-BIF. CARTUJA.
-CARTUJA.
-450
-BIF. LA NEGRILLA.
-BIF. S. BERNARDO.
-452
-PUERTO DE SEVILLA (CGD).
-LA SALUD.
-454
-CAMBIADOR MAJARABIQUE.
-BIF. SAN JERONIMO.
-456
-LA SALUD-AGUJA KM. 6,2.
-LA SALUD-AGUJA KM. 10,2.
-458
-MAJARABIQUE-ESTACION.
-BIF. SAN JERONIMO.
-500
-BIF. PLANETARIO.
-VALENCIA DE ALCANTARA.
-504
-VILLALUENGA-YUNCLER.
-ALGODOR.
-508
-BADAJOZ.
-KM. 517,6 (FRONTERA).
-510
-ALJUCEN.
-CACERES.
-512
-ZAFRA.
-HUELVA-CARGAS.
-514
-ZAFRA.
-JEREZ DE LOS CABALLEROS (CGD).
-516
-MERIDA.
-LOS ROSALES.
-520
-CIUDAD REAL.
-BADAJOZ.
-522
-MANZANARES.
-CIUDAD REAL.
-524
-CIUDAD REAL-MIGUELTURRA.
-BIF. POBLETE.
-526
-PUERTOLLANO.
-PUERTOLLANO-REFINERIA.
-528
-ALMORCHON.
-MIRABUENO.
-530
-MONFRAGÜE.
-PLASENCIA.
-532
-MONFRAGÜE-AGUJA KM. 255,4.
-MONFRAGÜE-AGUJA KM. 4,4.
-600
-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD.
-SANT VICENÇ DE CALDERS.
-602
-VFSL - AG. KM. 2,3.
-VALENCIA PUERTO NORTE.
-604
-LES PALMES.
-PORT DE CASTELLO.
-606
-VFSL - AG. KM. 1,3.
-VALENCIA PUERTO SUR.
-608
-CLASIFICACION VALENCIA-F.S.L.
-VFSL - AG. KM. 1,6.
-610
-SAGUNT.
-BIF. TERUEL.
-612
-SAGUNT-AGUJA KM. 28,3.
-SAGUNT-AGUJA KM. 268,8.
-614
-VALENCIA-AGUJA ESTACION A.V.
-VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA.
-620
-TORTOSA.
-L’ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA.
-622
-AGUJA CLASIF. KM. 272,0.
-TARRAGONA-CLASSIFICACIO.
-624
-AGUJA CLASIF. KM. 100,4.
-TARRAGONA.
-700
-INTERMODAL ABANDO IND. PRIETO.
-CASETAS.
-702
-CABAÑAS DE EBRO.
-GRISEN.
-704
-BIF. RIOJA.
-BIF. CASTILLA.
-710
-ALTSASU.
-CASTEJON DE EBRO.
-712
-BIF. KM.534,0.
-BIF. KM.231,5.
-720
-SANTURTZI.
-INTERMODAL ABANDO IND. PRIETO.
-722
-MUSKIZ.
-DESERTU-BARAKALDO.
-724
-BILBAO MERCANCIAS.
-SANTURTZI.
-726
-BIF. LA CASILLA.
-AGUJA DE ENLACE.
-740
-PRAVIA.
-FERROL.
-750
-GIJON-SANZ CRESPO.
-PRAVIA.
-752
-LAVIANA.
-GIJON-SANZ CRESPO.
-754
-SOTIELLO.
-PUERTO EL MUSEL.
-756
-AGUJA ENLACE SOTIELLO.
-AGUJA ENLACE VERIÑA.
-758
-LA MARUCA MERCANCIAS.
-PUERTO AVILES.
-760
-OVIEDO.
-TRUBIA.
-762
-SOTO UDRION.
-SAN ESTEBAN DE PRAVIA.
-764
-TRUBIA.
-COLLANZO.
-770
-VALDECILLA LA MARGA.
-OVIEDO.
-772
-LIERGANES.
-OREJO.
-774
-PUERTO DE RAOS.
-MALIAÑO (APD).
-776
-RIBADESELLA PUERTO.
-LLOVIO.
-780
-BILBAO LA CONCORDIA.
-SANTANDER.
-782
-ARIZ.
-BASURTO HOSPITAL.
-784
-LUTXANA-BARAKALDO.
-IRAUREGUI.
-790
-ARANGUREN.
-LA ASUNCIÓN UNIVERSIDAD/LEÓN.
-792
-MATALLANA.
-LA ROBLA.
-794
-GUARDO.
-TERMICA VELILLA.
-800
-A CORUÑA.
-LEON.
-802
-TORAL DE LOS VADOS.
-VILLAFRANCA DEL BIERZO (CGD).
-804
-BETANZOS-INFESTA.
-FERROL.
-806
-LA BAÑEZA.
-ASTORGA.
-810
-BIF. CHAPELA.
-MONFORTE DE LEMOS.
-812
-VIGO-GUIXAR.
-BIF. CHAPELA.
-814
-GUILLAREI.
-FRONTERA VALENCA DO MINHO/TUI.
-816
-GUILLAREI-AG. KM. 141,6.
-GUILLAREI-AG. KM. 0,9.
-820
-ZAMORA.
-MEDINA DEL CAMPO.
-822
-ZAMORA.
-A CORUÑA.
-824
-REDONDELA.
-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
-826
-CENTRAL TERMICA DE MEIRAMA.
-CERCEDA-MEIRAMA.
-828
-FAXIL.
-PORTAS.
-830
-BIF. UXES.
-BIF. SAN CRISTOBAL.
-832
-AGUJA KM. 545,4.
-BIF. SAN DIEGO.
-834
-A CORUÑA-SAN DIEGO.
-BIF. EL BURGO.
-836
-BIF. LEON.
-BIF. RIO BERNESGA.
-838
-BIF. TORNEROS.
-BIF. QUINTANA.
-840
-CERCEDA-MEIRAMA-AG. KM. 000,729.
-MEIRAMA-PICARDEL.
-842
-BIF. RIO SAR.
-BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 376,1.
-900
-MADRID-CHAMARTIN.
-MADRID-ATOCHA CERCANIAS.
-902
-PITIS.
-HORTALEZA.
-904
-BIF. FUENCARRAL.
-FUENCARRAL-AGUJA KM 4.5.
-906
-FUENCARRAL-COMPLEJO.
-MADRID-CHAMARTIN.
-908
-HORTALEZA.
-AEROPUERTO-T4.
-910
-MADRID-ATOCHA CERCANIAS.
-PINAR DE LAS ROZAS.
-912
-LAS MATAS.
-PINAR DE LAS ROZAS.
-914
-BIF. CHAMARTIN.
-BIF. P. PIO.
-916
-DELICIAS.
-MADRID-SANTA CATALINA.
-920
-MOSTOLES - EL SOTO.
-PARLA.
-930
-MADRID-ATOCHA CERCANIAS.
-SAN FERNANDO DE HENARES.
-932
-MADRID-ATOCHA CERCANIAS.
-MADRID-SANTA CATALINA.
-934
-MADRID-ABROÑIGAL.
-BIF. REBOLLEDO.
-936
-SAN CRISTOBAL INDUSTRIAL.
-VILLAVERDE BAJO.
-938
-MADRID-ATOCHA CERCANIAS.
-ASAMBLEA MADRID-ENTREVIAS (APD).
-940
-O’DONNELL.
-VICALVARO-CLASIFICACION.
-942
-VILLAVERDE BAJO.
-VALLECAS-INDUSTRIAL.
-944
-VICALVARO.
-VICALVARO-CLASIFICACION.
-946
-MADRID-SANTA CATALINA.
-VILLAVERDE BAJO.
-948
-VICALVARO-CLASIF.AGUJA KM.3,007.
-BIF. VICALVARO-CLASIFICACION.
-b) Infraestructuras ferroviarias existentes en el ámbito de los Puertos de Interés General que se relacionan a continuación:
-−	Pasaia.
-−	Bilbao.
-−	Santander.
-−	Gijón-Musel.
-−	Avilés.
-−	Ferrol y su ría.
-−	A Coruña.
-−	Vilagarcía de Arousa.
-−	Marín y ría de Pontevedra.
-−	Vigo y su ría.
-−	Huelva.
-−	Sevilla y su ría.
-−	Cádiz y su bahía.
-−	Bahía de Algeciras.
-−	Málaga.
-−	Almería.
-−	Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras).
-−	Alicante.
-−	Gandía.
-−	Valencia.
-−	Sagunto.
-−	Castellón.
-−	Tarragona.
-−	Barcelona.
-c) Tramo Figueras-Frontera Francesa de la Sección Internacional entre Figueras y Perpiñán.",Real Decreto con medidas de estimulos economicos ante la crisis económica actual.,He firmado la petición: que el Gobierno no use el redactado de los decretos para hacer propaganda electoral #puaj 
-1264,"De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Instituto Cervantes y Repsol Exploración Argelia, SA.
-Madrid, 20 de abril de 2018.–El Secretario General del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca.
-CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES Y REPSOL EXPLORACIÓN ARGELIA, SA
-De una parte, Repsol Exploración Argelia, SA, sociedad española con NIF A-79787305 y domicilio social en la calle Méndez Álvaro, 44, 28045, Madrid, representada en este acto por don Didier Wloszczowski, en su calidad de Director de la Unidad de Negocios y apoderado de la mencionada sociedad mercantil, haciendo uso del poder otorgado a su favor con fecha 20 de enero de 2016, ante el Notario de Madrid don Carlos Rives García, con el número 12 de su Protocolo.
-En adelante, «Repsol».
-Y de otra parte, El Instituto Cervantes, organismo público con NIF Q-2812007-I y domicilio en calle Alcalá, 49, 28014, Madrid, representada en este acto por don Juan Manuel Bonet Planes, Director del Instituto Cervantes, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 49/2017, de 27 de enero («BOE» del 28), y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes.
-En adelante, «Instituto Cervantes».
-Repsol y el Instituto Cervantes serán denominados en adelante conjuntamente como las «partes» y cada uno de ellas individualmente como la «parte».
-Ambas partes, que manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente, suscriben el presente convenio y, a tal efecto
-MANIFIESTAN
-I. Que Repsol es una sociedad mercantil constituida mediante escritura otorgada por el Notario de Madrid, don. José Machado Carpentier el 29 de noviembre de 1990, con el número 243 de su protocolo, que tiene como objeto social, entre otras actividades, la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.
-II. Que Repsol mantiene un compromiso de contribución al desarrollo que va más allá de su actividad empresarial. Éste se concreta en una amplia labor de patrocinio en actividades de interés general e iniciativas que generen un alto valor para Repsol.
-III. Que el Instituto Cervantes es un Organismo público del Reino de España, sin ánimo de lucro, creado al amparo de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, cuyos fines y objetivos primordiales son la promoción de la lengua española y la difusión de la cultura en el exterior, y que cuenta con una red de centros en el exterior de España, entre los que se encuentra el centro situado en Argel.
-IV. Que el Instituto Cervantes es considerado una entidad beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
-V. Que Repsol conoce las iniciativas que lleva a cabo el Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel, ya que han colaborado en los últimos años en proyectos puntales y actividades conjuntas para la promoción universal del español y la difusión de las culturas hispánicas y, específicamente, tiene interés en colaborar en el desarrollo de las actividades culturales programadas a lo largo del año 2018.
-VI. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 50.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico del Instituto Cervantes.
-VII. Que, asimismo, su firma ha sido autorizada por el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, con fecha 26 de marzo de 2018.
-VIII. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, Repsol y el Instituto Cervantes acuerdan suscribir el presente convenio de que se regirá con arreglo a las siguientes:
-CLÁUSULAS
-Primera. Objeto del convenio.
-En virtud del presente convenio, Repsol se compromete a colaborar con el Instituto Cervantes, mediante la aportación económica establecida en la cláusula segunda, que este último destinará íntegramente y con carácter exclusivo al desarrollo de las actividades culturales de su centro de Argel de 2018, como, entre otras posibles:
-1. I Simposio de arquitectura y sostenibilidad.
-2. Encuentro literario con Eduardo Mendoza y Amin Zaoui.
-3. Ruta Cervantes.
-4. Festival Internacional de Danza Contemporánea con la compañía española: Hurycan.
-5. Festival cultural europeo: danza, baile y cante con la compañía flamenca de Tatiana Garrido.
-6. Actividades en torno a las Noches de Ramadán:
-• Concierto de música andalusí.
-• Recital de poesía.
-• Baile popular argelino.
-• Conferencia sobre La tradición de los cuentacuentos en España por el novelista José M.ª Merino.
-7. Exposición: 10 años de premios de artesanía española.
-8. 1.er encuentro de Cervantistas del Mundo en Argel: Norio Shimizu (Japón) y Mohamed Munir Salah (Argel).
-9. Festival Internacional de Música Sinfónica.
-10. Encuentro Euro-Magrebí de escritores.
-11. Festival Internacional de Cómic: FIBDA.
-Segunda. Aportación económica y forma de pago.
-Repsol aportará al Instituto Cervantes, en concepto de colaborador, la cantidad total máxima de quince mil euros (15.000 euros) para el desarrollo de las actividades culturales a lo largo del año 2018.
-Esta cantidad será abonada por Repsol en un plazo máximo de treinta (30) días a contar de la entrada en vigor del presente convenio, por transferencia bancaria a la cuenta corriente española que a tal efecto ha indicado el Instituto Cervantes a Repsol.
-El Instituto Cervantes, una vez reciba, en su caso, la mencionada aportación económica, le hará llegar a Repsol, en el plazo máximo de quince (15) días a contar de su realización y en su domicilio social, la oportuna certificación acreditativa de la aportación realizada, a efectos de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo y su Reglamento de desarrollo, según el modelo incluido como anejo I.
-La difusión que el Instituto Cervantes realice, de acuerdo con lo establecido en el presente convenio, de la participación de Repsol en sus actividades, no constituirá una prestación de servicios, en virtud de la aplicación a este convenio del artículo 25, apartado 1, párrafo 2.º de la Ley 49/2002, relativo a los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. En vista de lo anterior, este convenio no está sujeto a IVA.
-Tercera. Duración del convenio.
-El presente convenio se perfecciona por el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y su vigencia se extenderá hasta la fecha de terminación de las actividades que se citan en la cláusula primera, a saber, hasta el 31 de diciembre de 2018.
-El Instituto Cervantes realizará la preceptiva comunicación de la firma del presente convenio al correspondiente Registro y la tramitación de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Cuarta. Propiedad intelectual e industrial.
-Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos nombres, logos, marcas o cualquier otro bien protegido por las leyes vigentes en materia de propiedad industrial.
-El presente convenio no supone cesión, transmisión o renuncia de los derechos que correspondan a Repsol en relación con los bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando Repsol todos los derechos sobre su nombre, logo, marcas y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial.
-El uso no autorizado, indebido, o para un fin distinto al pactado en el presente convenio o previsto por la legislación aplicable, por parte del Instituto Cervantes de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad industrial o intelectual de Repsol, facultará a Repsol para resolver el presente convenio en cualquier momento, y pedir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que hubiera lugar y que en tal supuesto deberá, asimismo, ser satisfecha por el Instituto Cervantes.
-Repsol aprobará, previamente a su publicación, toda aplicación que incluya sus signos distintivos en materiales elaborados por el Instituto Cervantes.
-A estos efectos, y para su debida observancia, en este acto se entrega al Instituto Cervantes el Decálogo de Uso de la Marca Repsol.
-Quinta. Organización y desarrollo del proyecto.
-El Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel, destinará todos los recursos, humanos y/o materiales, que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de las actividades culturales a que se refiere la cláusula primera y que correrán de su exclusiva cuenta y cargo.
-Repsol no asume ningún tipo de responsabilidad por la gestión o el uso que el Instituto Cervantes realice de la aportación económica entregada, ni por los actos y servicios prestados por éste o por las empresas y profesionales que sean contratados por el Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel.
-El contenido de este convenio no podrá ser interpretado en ningún caso como creador de relación laboral alguna entre Repsol y las personas implicadas en el desarrollo y ejecución de las actividades culturales detalladas en la cláusula primera, ni como constitutivo de una obligación para Repsol de seguir colaborando con el Instituto Cervantes para los fines de este convenio o cualesquiera otros.
-El Instituto Cervantes responderá y mantendrá indemne a Repsol frente a cualquier tipo de reclamación que pudiera derivarse de la organización y desarrollo de las actividades culturales a que se refiere la cláusula primera, sea directamente o en relación con las personas físicas o jurídicas que hubiesen intervenido en el mismo por encargo del Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel.
-Sexta. Confidencialidad.
-Cualquier información o material relacionado con la ejecución del presente convenio proporcionado por Repsol o sus compañías afiliadas, tendrá carácter confidencial, y será tratado como tal por el Instituto Cervantes, representantes, personal contratado al efecto y en su caso, subcontratados, comprometiéndose el Instituto Cervantes a hacer respetar dicho carácter, empleando para tal fin idéntico dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Legislación sobre Propiedad Industrial, Intelectual y Protección de Datos de Carácter Personal.
-Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte manifestada expresamente y por escrito.
-Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente convenio, permanecerán durante todo el período de vigencia y subsistirán por un plazo de cinco (5) años desde la fecha de extinción del presente convenio, salvo que la legislación argelina aplicable establezca un plazo superior.
-Queda exceptuada del deber general de confidencialidad contemplado en esta cláusula la información solicitada oficialmente por las autoridades fiscales y de seguridad social y los tribunales, en cuyo caso tal solicitud se comunicará previamente a la otra parte y la divulgación de la información se limitará a la estrictamente necesaria para cumplir con la solicitud por parte de autoridades fiscales, seguridad social y tribunales.
-Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo contenido en el presente documento limitará en modo alguno la capacidad del Instituto Cervantes de cumplir las leyes o los procedimientos judiciales relativos a la divulgación por parte de los entes públicos.
-Asimismo, ambas partes se comprometen a devolverse o destruir la información confidencial en el momento de extinción del convenio sin que sea necesario requerimiento previo para ello.
-Séptima. Seguimiento y gestión.
-Se designan como interlocutores para los temas a los que se refiere el presente convenio a doña Souhila Ammouche y doña Alexandra Usón, por parte de Repsol, y a doña Souhila Babouche, por parte del Instituto Cervantes. En caso de que cualquier interlocutor sea sustituido, deberá notificar dicho cambio a la otra parte antes de hacerlo efectivo.
-El Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel, presentará a Repsol, a su entera satisfacción, un informe trimestral detallado con los resultados de la colaboración y las evidencias de aplicación de la aportación, incluyendo la valoración de los resultados (objetivos alcanzados, nivel de asistencia, de continuidad, grado de aceptación, entre otros); así como un dossier de prensa relativo a las actividades de comunicación y difusión de las actividades culturales y a la colaboración de Repsol.
-Octava. Compromisos de las partes.
-Para el cumplimento del presente convenio el Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel, se compromete a:
-− Difundir y dar a conocer, ante la opinión pública, la participación de Repsol en las actividades culturales programadas a lo largo del año 2018 a que se refiere la cláusula primera.
-− A que la denominación social y logo de Repsol figuren siempre como entidad colaboradora del Instituto Cervantes en cualquier tipo de documentación, rótulos, impresos, catálogos, sellos, propaganda, información, materiales y soportes publicitarios o gestión publicitaria, que se emita o publique en relación con el desarrollo de las actividades culturales a las que se destinará la aportación económica fijada o con actos de cualquier naturaleza relacionados con tales actividades.
-− Someter a la aprobación previa de Repsol, antes de su publicación definitiva, los lugares y características de impresión de la denominación social y logo de la misma en todo el material impreso o audiovisual que se produzca, edite, publique, etc., en relación con las actividades culturales a las que se refiere la cláusula primera.
-− A no utilizar, fuera de los casos previstos en este convenio, los logotipos de Repsol o citar esta colaboración para otros fines publicitarios no relacionados con el presente convenio.
-− Poner a disposición de Repsol, un informe detallado de la colaboración y toda la documentación justificativa que acredite la aplicación de la aportación económica a los fines establecidos, tal y como se indica en la cláusula séptima del presente convenio.
-− A no dañar bajo ningún concepto la imagen de Repsol.
-Todo ello sin perjuicio de llevar a cabo todo lo recogido en el presente documento.
-Por su parte Repsol se compromete a:
-− Colaborar con la difusión del proyecto en cuestión.
-− Proporcionar, a solicitud del Instituto Cervantes, el modelo de marca o logotipo que deba ser difundido, a lo cuales el Instituto Cervantes se ajustará en todo caso y cualquiera que sea el material en el que se inserte, al diseño facilitado por Repsol, que no podrá modificar ni alterar de ninguna manera sin el consentimiento previo de Repsol; así como someter a revisión toda la documentación en la que el centro del Instituto Cervantes en Argel quiera incluir el nombre/logotipo de Repsol.
-− Abonar la cantidad estipulada en la cláusula segunda del presente convenio, siempre que se cumpla con lo establecido.
-Con independencia de cuanto antecede, Repsol podrá, si así lo decidiera:
-− Realizar a su cargo campañas de publicidad propias y difundir por su cuenta, y a través de los medios que tenga por conveniente, su aportación a las actividades culturales a que se refiere la cláusula primera que se desarrollen en ejecución del presente convenio. De ser este el caso, Repsol se obliga a que la denominación social y logo del Instituto Cervantes figuren siempre y en cualquier tipo de documentación, rótulos, impresos, catálogos, sellos, propaganda, información, materiales y soportes publicitarios o gestión publicitaria, que se emita o publique en relación con los proyectos y colaboraciones que se lleven a cabo en ejecución del presente convenio. Repsol someterá a la aprobación previa del Instituto Cervantes, antes de su publicación definitiva, los lugares y características de impresión de la denominación social y logo de dicho Instituto en todo el material impreso o audiovisual que se produzca, edite, publique, etc. en relación con cada actividad.
-− A tal efecto, a solicitud de Repsol, el Instituto Cervantes proporcionará el modelo de marca o logotipo que deba ser difundido, y Repsol se ajustará en todo caso y cualquiera que sea el material en el que se inserte, al diseño facilitado por el Instituto Cervantes, que no podrá modificar ni alterar de ninguna manera sin el consentimiento previo del Instituto Cervantes.
-− Fuera de los casos previstos en este convenio, Repsol no podrá utilizar los logotipos del Instituto Cervantes o citar esta colaboración para otros fines publicitarios no relacionados con el presente convenio.
-Novena. Resolución del convenio.
-Repsol podrá resolver unilateralmente el presente convenio, estando obligado el Instituto Cervantes a restituir íntegramente y sin ningún gasto para Repsol, el importe de las aportaciones realizadas por Repsol y no consumidas de acuerdo con lo previsto en el presente convenio, en los siguientes supuestos:
-− En el caso de que por cualquier causa ajena a Repsol el proyecto al que se destina la donación no llegue a desarrollarse, incluyendo supuestos de fuerza mayor o caso fortuito por una duración superior a 30 días naturales.
-− En el supuesto previsto en la cláusula cuarta, relativo al uso no autorizado, indebido, o para un fin distinto al pactado en el presente convenio, por parte del Instituto Cervantes de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad industrial o intelectual de Repsol. Además de la restitución de la aportación, Repsol podrá reclamar la indemnización por daños y perjuicios que en su caso pudiera corresponder.
-− Siempre que durante la colaboración de ambas instituciones, el Instituto Cervantes se vea inmerso en un proceso judicial por temas de malversación de fondos, blanqueo de capitales o cualquier otra circunstancia que repercuta negativamente en la imagen y el prestigio de Repsol. Para este caso concreto se podrá exigir, además de la restitución del capital aportado en concepto de colaboración, indemnización por los daños que Repsol estime causados al verse dañado su nombre y prestigio.
-− En cualquier otro de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Asimismo, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 52 de la citada Ley 40/2015, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de los responsables del seguimiento y control de la ejecución del presente convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo como plazo improrrogable para su finalización, el 31 de diciembre de 2018, en los términos previstos en dicho artículo.
-Décima. Modificación.
-Las partes podrán modificar el presente convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo y por escrito.
-Undécima. Ley aplicable y jurisdicción.
-El presente convenio se regirá por la legislación española que resulte de aplicación y, específicamente, por el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por las disposiciones aplicables al mismo contenidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que contiene su desarrollo reglamentario.
-Para cualquier controversia que pueda presentarse como consecuencia del contenido o interpretación del presente documento y su ejecución, ambas partes acuerdan expresamente someterse a los Juzgados y Tribunales del orden de lo Contencioso- Administrativo, según las previsiones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
-Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes lo firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados, Argel, 1 de abril de 2018.–Por Repsol Exploración Argelia, SA, el Director de la Unidad de Negocios, Didier Wloszczowski.–Madrid, 11 de abril de 2018.–Por el Instituto Cervantes, el Director, Juan Manuel Bonet Planes.
-ANEJO I
-Certificación justificativa como entidad beneficiaria de mecenazgo derivada del convenio entre el Instituto Cervantes y Repsol Exploración Argelia, SA
-El artículo 25, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo regula los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, en los que a cambio de una ayuda económica, la entidad beneficiaria se compromete a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. De conformidad con lo anterior se expide la presente certificación justificativa como entidad beneficiaria de mecenazgo derivada de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.
-1. Datos de identificación.
-Entidad colaboradora:
-Nombre:
-Dirección:
-NIF:
-Entidad beneficiaria:
-Nombre: Instituto Cervantes.
-Dirección: Calle Alcalá, 49.
-NIF: Q-2812007-I.
-El Instituto Cervantes se encuentra incluido entre las entidades reguladas en el artículo 16 de la mencionada Ley 49/2002. La ayuda económica, será destinada a la realización de actividades que se efectúen en cumplimiento de los fines para los que fue creado el Instituto Cervantes: promoción universal del español y difusión de la cultura en el exterior.
-2. Datos de la ayuda económica.
-Cantidad satisfecha o gastos realizados:
-Fecha:
-Importe:
-3. Destino de la ayuda económica.
-(Especificar el objeto del convenio de fecha XXX y las actividades que se financian con la ayuda económica)
-Se expide la presente certificación en duplicado ejemplar, en Madrid a ...... de ............... de 20......
-Por el Instituto Cervantes,
-Fdo.:
-Certificación recibida por la Entidad Colaboradora,
-Fdo.:",Convenio entre el instituto Cervantes y Repsol Exploración Argelia SA por valor de 15.000 euros. ,"¿Cuánto cuesta que el Instituto Cervantes en Argel casque en sus actividades, todo el rato, el logo de Repsol? 15.000 euros.  #BOE #gangas #mecenazgolowcost"
-3928,"La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de diciembre de 2012, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008, acuerda:
-Se insta al Gobierno a:
-1. Mejorar las aplicaciones informáticas para la adecuada gestión y recaudación de las tasas en materia de extranjería.
-2. Evitar la total discrecionalidad detectada a la hora de su liquidación y pago por parte de los sujetos obligados.
-3. Implementar un sistema de notificación adecuado y controlar la recaudación.
-4. Tramitar por vía de apremio los expedientes impagados, evitando el daño a la hacienda pública.
-Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS VIGENTES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA DURANTE LOS EJERCICIOS 2004-2005 Y 2008
-El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 22 de diciembre de 2010, el «Informe de Fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008», y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento.
-ÍNDICE
-I. INTRODUCCIÓN.
-A)	Antecedentes de la fiscalización.
-B)	Descripción del ámbito de gestión fiscalizado.
-C)	Objetivos y alcance.
-D)	Limitaciones.
-E)	Trámite de alegaciones.
-II. RESULTADOS.
-A)	Normativa reguladora de las tasas.
-B)	Control interno.
-Aspectos generales.
-Oficinas gestoras periféricas.
-Servicios Centrales del MAP.
-Aplicaciones informáticas.
-C)	Examen de los expedientes de gestión de las tasas.
-D)	Análisis de la recaudación.
-III. CONCLUSIONES.
-IV. RECOMENDACIONES.
-ANEXOS.
-RELACIÓN DE SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME
-AEAT	Agencia Española de Administración Tributaria.
-GFIN	Aplicación informática de gestión financiera del MAP.
-IGAE	Intervención General del Estado.
-LOEx	Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre.
-MAP	Ministerio de Administraciones Públicas (suprimido por Real Decreto 542/2009, de 7 de abril). Todas las menciones de este Informe relativas a hechos posteriores a dicha fecha se refieren al Ministerio de la Presidencia, Departamento que ha asumido la gestión de las tasas de extranjería fiscalizada.
-MTAS	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (suprimido por Real Decreto 432/2008, de 12 de abril). Las funciones en materia de extranjería de ese Departamento fueron asumidas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTI).
-PAC	Aplicación informática «Punto de Atención al Ciudadano» del MAP.
-RLOEx-2001	Reglamento de la LOEx, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
-RLOEx-2004	Reglamento de la LOEx, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
-I. INTRODUCCIÓN.
-A) Antecedentes de la fiscalización.
-1.1 La presente fiscalización figura en el Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas aprobado por acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2009, dentro del apartado II.1, relativo a fiscalizaciones a efectuar por iniciativa de las Cortes Generales. La Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que se solicita esta fiscalización dice literalmente:
-«La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 14 de marzo de 2006, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002, acuerda:
-… / …
-Asimismo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Tribunal de Cuentas a que:
-… / …
-5. Como consecuencia de las deficiencias observadas en los procedimientos fiscalizados respecto al ejercicio 2002 y, dado el gran número de expedientes Generados por las últimas normalizaciones de extranjeros que han incrementado de forma notable la importancia relativa de estas tasas, efectúe una fiscalización específica respecto de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004 y 2005.»
-1.2 Las Directrices Técnicas que han regido la fiscalización fueron establecidas mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 26 de marzo de 2009, ampliando el alcance temporal solicitado por la Comisión Mixta (ejercicios 2004-2005) al último ejercicio cerrado al momento de dicho acuerdo (2008).
-B) Descripción del ámbito de gestión fiscalizado.
-1.3 En el período a que se refiere la presente fiscalización, la legislación básica en materia de extranjería estaba constituida por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (en lo sucesivo «LOEx»), modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre. Mediante el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio se aprobó el Reglamento de la Ley (RLOEx-2001), sustituido posteriormente por el Reglamento aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (RLOEx-2004), que entró en vigor el 7 de febrero de 2005. Los artículos 44 y siguientes de la LOEx regulan las tasas correspondientes a la concesión de las autorizaciones administrativas y a la expedición de los documentos de identidad de extranjeros previstos en la misma. Como elementos esenciales de las tasas figuran los siguientes:
-a) El hecho imponible está constituido por el acto de concesión de las autorizaciones y por la expedición de los documentos de identidad, así como sus prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular:
-– Concesión de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España.
-– Concesión de autorizaciones para residir en España.
-– Concesión de autorizaciones de trabajo, salvo las otorgadas para un período inferior a seis meses.
-– Expedición de tarjetas de identidad de extranjeros y expedición de documentos de identidad a indocumentados.
-– Tramitación de solicitud de visados.
-b) El devengo de la tasa tendrá lugar cuando se conceda la autorización, prórroga, modificación o renovación, o cuando se expida el documento. En el caso de los visados, las tasas se devengarán en el momento de la solicitud.
-c) Los sujetos pasivos de las tasas son los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario.
-d) Están exentos del pago de la tasa por la concesión de autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen y los extranjeros nacidos en España, cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.
-1.4 El importe de las tasas por la concesión de autorizaciones administrativas, expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería, y tramitación de visados en frontera, fue establecido por la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. Hasta la entrada en vigor de dicha Orden continuaban vigentes, con los incrementos establecidos en las leyes anuales de presupuestos, las cuotas previstas en las anteriores normas reguladoras de las tasas de extranjería, básicamente el Decreto 551/1960, de 24 de marzo, por lo que se refiere a las tasas de permanencia y residencia de extranjeros, y la Ley 29/1968, sobre exacciones por expedición de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. En materia de tramitación de visados, a lo largo del periodo fiscalizado se han sucedido diversas normas que revisaban la cuantía de las tasas a fin de adaptarlas a las previsiones del derecho comunitario. En el anexo 1 se recogen las cuantías vigentes en los ejercicios fiscalizados, con el detalle que figuran en las Resoluciones números 4 y 5 de 2001 de la Dirección General de Tributos y en la Orden antes citada.
-1.5 La competencia para la gestión y recaudación de las tasas reguladas por la LOEx corresponde, según se establece en su artículo 49.1, a los órganos de los distintos departamentos ministeriales competentes para la concesión de autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, la expedición de la documentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la solicitud de visados. A tenor de lo dispuesto en los sucesivos Reglamentos de desarrollo de la LOEx, la mayor parte de las competencias para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo están atribuidas a los Subdelegados del Gobierno y Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, integrados orgánicamente, durante los ejercicios a que se refiere la presente fiscalización, en el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). Como excepción, corresponde a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) –Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTI) a partir de abril de 2008– la instrucción y resolución de las solicitudes de permisos de trabajo en el supuesto contemplado en el artículo 85.3 del Real Decreto 864/2001. Por otra parte, corresponde con carácter general a órganos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación la tramitación de las solicitudes de visados, y a la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior la expedición de las tarjetas de identidad de los extranjeros.
-1.6 En la mayoría de las provincias se han constituido Oficinas de Extranjeros, que integran los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en materia de extranjería e inmigración. Las Oficinas dependen orgánicamente de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno y funcionalmente de los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Interior, en el ámbito de sus respectivas competencias. A finales del período fiscalizado existían 36 Oficinas de extranjeros, constituidas entre 1997 y 2002. En el resto de las provincias, la gestión es realizada por distintas unidades de las correspondientes Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.
-1.7 En cuanto a la regulación de los aspectos procedimentales, la LOEx contiene únicamente la previsión de que, por vía reglamentaria, se pueda establecer el sistema de autoliquidación para la recaudación de las tasas, posibilidad que hasta la fecha no ha sido utilizada. Los Reglamentos de desarrollo apenas contienen normas de procedimiento, limitándose a precisar que las Resoluciones de autorización deberán indicar las cantidades que proceda abonar en concepto de tasas, establecer en algunos supuestos los plazos de ingreso y exigir la acreditación del pago de las tasas con carácter previo a la entrega de la tarjeta de identidad. Por su parte, la Orden 3654/2007 establece el sistema de liquidación de las tasas por el órgano gestor, el contenido del modelo a utilizar, el período de pago voluntario (ocho días hábiles para autorizaciones de trabajo y un mes en el resto de los supuestos contemplados) y el plazo (15 días) para la acreditación de dicho pago.
-Comentario a las alegaciones.–La Resolución de 9 de julio de 2007, invocada en alegaciones no subsana las deficiencias aquí mencionadas, al referirse exclusivamente a la presentación y pago de las tasas por vía telemática.
-1.8 La gestión de las tasas, en los aspectos no regulados por las referidas normas específicas, se realiza a través de instrucciones internas y mediante la aplicación de las previsiones contenidas en la normativa general, principalmente la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998; el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (hasta entonces estuvo vigente el anterior, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, en la redacción dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo); y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 2001, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública.
-1.9 En las Cuentas rendidas de los ejercicios fiscalizados no resulta posible identificar totalmente los ingresos correspondientes a las tasas de extranjería, dado que las mismas se contabilizan en el concepto presupuestario 309 «Otras tasas» junto a otras numerosas tasas de diversos Departamentos ministeriales y Organismos públicos, sin el suficiente desglose. No obstante, dentro del citado conjunto se pueden identificar los códigos contables 131901 «Expedición de tarjetas id. profesionales a trabajadores extranjeros Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (tasa 038) y 31212 «Expedición de tarjetas id. profesionales a trabajadores extranjeros Ministerio de Administraciones Públicas» (tasa 062), que recogen la mayor parte de las tasas reguladas por la LOEx, salvo las tasas consulares por expedición de visados, que se contabilizan en el concepto presupuestario 305 junto con otras tasas por servicios consulares ajenas al ámbito de la fiscalización. Con referencia únicamente al código contable 13212 (tasa 062), objeto del Informe de fiscalización relativo al ejercicio 2002, los datos de gestión obtenidos de los registros informáticos del MAP presentan la siguiente evolución:
-C) Objetivos y alcance.
-1.10 La fiscalización se ha desarrollado de acuerdo con los siguientes objetivos, establecidos en las Directrices Técnicas:
-1. Comprobar la correcta aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado de los importes devengados y recaudados, de acuerdo con los principios y criterios contables vigentes.
-2. Verificar el cumplimiento de la legalidad en el establecimiento de las tasas y en la regulación posterior de aspectos concretos referidos al procedimiento y a la actualización de los importes exigibles.
-3. Verificar el cumplimiento de los principios de equivalencia y capacidad económica exigibles en la fijación y actualización de las tasas.
-4. Valorar los procedimientos y los sistemas de gestión y control interno implantados en relación con la gestión, liquidación y recaudación de las tasas.
-5. Comprobar la corrección de las liquidaciones practicadas.
-6. Valorar la gestión de las tasas en relación con las solicitudes, concesiones y denegaciones de las autorizaciones reguladas por la Ley Orgánica 4/2000, las liquidaciones practicadas, su recaudación, las devoluciones y cualquier incidencia habida en la gestión de estas tasas durante los ejercicios fiscalizados.
-7. Verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo aquello en que lo dispuesto en esta normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.
-1.11 Los procedimientos desarrollados y las técnicas utilizadas en el transcurso de la fiscalización han sido los habitualmente empleados por el Tribunal de Cuentas, habiéndose aplicado sus Normas Internas de Fiscalización en los términos señalados por el Pleno en su reunión de 23 de enero de 1997. Por otro lado, al traer causa la presente fiscalización de una solicitud de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, centrada en la ampliación temporal de los resultados expresados en el Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002, se ha procurado seguir la estructura y disposición formal de dicho informe, así como efectuar, en lo posible, las mismas comprobaciones sobre la situación observada en los ejercicios ahora fiscalizados.
-1.12 El período objeto de fiscalización comprende los ejercicios 2004 y 2005, conforme a la solicitud de la Comisión Mixta, y, además, el ejercicio 2008, último cerrado al momento de la aprobación de las Directrices Técnicas. No obstante, algunas de las comprobaciones se han referido a ejercicios anteriores y posteriores, por ser necesario para la correcta consideración de la gestión examinada.
-1.13 En cuanto al ámbito objetivo de la fiscalización, el informe del que trae causa la solicitud de la Comisión Mixta, antes citado, se circunscribió a las tasas identificadas bajo el código 062 «Expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros» gestionadas por el MAP. Sin embargo, dada la amplitud de la solicitud de la Comisión Mixta, se ha intentado ampliar el ámbito objetivo en la presente fiscalización al resto de las tasas de extranjería gestionadas por el MAP, que figuran incluidas en el código 052 «Reconocimientos, autorizaciones y concursos», si bien se han encontrado importantes limitaciones para ello. Por otro lado, en aras de la homogeneidad de la fiscalización y en aplicación del principio de importancia relativa, se ha descartado la realización de comprobaciones sobre las tasas gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (código 005), las gestionadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (código 038) y las relativas a asuntos de la competencia del Ministerio de Interior (código 012).
-1.14 Los trabajos de campo se han desarrollado en la sede central del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Oficinas de extranjeros de Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza, y en el Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno de Madrid. Por otra parte, el MAP ha facilitado el acceso desde la sede del Tribunal a las aplicaciones informáticas de extranjería (en la que se gestionan las autorizaciones) y de gestión financiera GFIN (que permite el seguimiento de la recaudación, véase el punto 2.20).
-D) Limitaciones.
-1.15 En el desarrollo de los trabajos de fiscalización se han presentado determinadas limitaciones que han impedido la ejecución de algunas de las comprobaciones programadas, respecto de las dos tasas fiscalizadas (062 y 052), lo que ha tenido por consecuencia que únicamente se hayan podido alcanzar de un modo parcial los objetivos fijados para la fiscalización:
-a) Los sistemas de información y gestión de la tasa establecidos por el MAP aún presentaba deficiencias en los ejercicios fiscalizados. En 2004 y 2005 no se aprecian mejoras sustanciales respecto de 2002, mientras que en 2008 se utilizan dos nuevas aplicaciones, diseñadas específicamente para la gestión de las tasas del MAP y operativas desde 2007: GFIN (Gestión Financiera de Tasas) y PAC (Puntos de atención al ciudadano), si bien en 2008 todavía presentaban deficiencias de implementación y de uso por las Oficinas, que limitan la fiabilidad de los datos relativos a dicho ejercicio (véanse los puntos 2.27 a 2.31). Por estas razones, el Tribunal no ha podido comprobar si se practican o no todas las liquidaciones procedentes.
-b) Por las mismas razones, el Tribunal no ha podido tampoco verificar con seguridad razonable el importe de las tasas liquidadas en los ejercicios fiscalizados, ni ha dispuesto de datos sobre el importe de las tasas no abonadas en período voluntario que debieron tramitarse en vía ejecutiva. En el período fiscalizado, el MAP no remitió a la AEAT ninguna liquidación para su cobro en ejecutiva.
-c) Tampoco se ha podido comprobar si el importe aplicado al Presupuesto de Ingresos del Estado corresponde al total de las cantidades efectivamente recaudadas. La información periódica facilitada por la AEAT al MAP no ha sido objeto de comprobación por dicho Departamento ministerial. En consecuencia, no se ha podido cuadrar, ni por el MAP ni por el Tribunal, dicha información con las cifras contabilizadas, quedando por tanto sin aclarar las diferencias.
-d) Por último, no ha podido verificarse por el Tribunal el cumplimiento del principio de equivalencia en la determinación del importe de la tasa, al no haberse aportado por el MAP la memoria económico-financiera que exige el artículo 20 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, ni ninguna otra documentación válida para dicha comprobación.
-Comentario a las alegaciones.–La Memoria Económica-Financiera relativa a la Orden PRE/3654/2007 que se adjunta a las alegaciones es el mismo ejemplar que se aportó al Tribunal en los trabajos de campo, en el que concurren las deficiencias señaladas en el punto 2.7 de este Informe. En cuanto a la otra Memoria que acompaña a las alegaciones, se refiere a la Orden PRE/3/2010, posterior al periodo fiscalizado.
-Las limitaciones aquí reflejadas son similares a las señaladas en el «Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002» lo que evidencia que no han sido subsanadas las deficiencias de registro e información a que las mismas se refieren.
-1.16 Por otra parte, tampoco ha sido posible determinar el importe de la recaudación por las tasas de extranjería incluidas en el código 052. Dicha limitación es consecuencia de la utilización de un único modelo de liquidación para todas las tasas del MAP incluidas en el mismo código, bajo la denominación «Reconocimientos, autorizaciones y concursos», sin que se haya previsto ningún sistema que permita su discriminación. La información de recaudación que facilita la AEAT no diferencia los supuestos que incluye dicho modelo, entre los que figuran, junto con las autorizaciones relativas a la permanencia y residencia de extranjeros, otras tan dispares como las referentes a espectáculos, armas y explosivos, demolición de fincas urbanas, etc. Además, los datos sobre recaudación de la tasa 052 obtenidos de la aplicación de extranjería no son fiables, debido a que no siempre se graba la fecha de pago (especialmente en los primeros ejercicios fiscalizados) por lo que hay algunas tasas que a pesar de haber sido efectivamente cobradas no figuran en la aplicación como recaudadas. En el conjunto de las cinco provincias visitadas, los datos de recaudación de la tasa 052 figurados en la aplicación de extranjería, por un lado, y los obtenidos de la aplicación GFIN (véase el punto 2.20), por otro, presentan las siguientes diferencias:
-1.17 Otra limitación, presentada en las oficinas de Sevilla y Zaragoza, ha sido la falta de información fiable sobre la presentación de recursos contra las liquidaciones de las tasas y sobre solicitudes de devolución de ingresos indebidos. Ambas oficinas aluden a la inexistencia de registros fiables apropiados para llevar dicho control, tanto en la aplicación informática de extranjería como en otras herramientas.
-1.18 Por otro lado, algunos expedientes de gestión de las tasas solicitados por el Tribunal no han sido aportados: en Zaragoza, de los 80 expedientes solicitados no se han aportado 33 (de los ejercicios 2004 y 2005), debido a que, según escrito del Jefe de la Oficina de Extranjeros al que se acompaña un informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riegos Laborales de la Delegación de Gobierno, los citados expedientes se encuentran archivados en unas dependencias a las que no se autoriza el acceso del personal de la Oficina, al entender que en las mismas no se cumplen las condiciones básicas de seguridad e higiene para el desarrollo de cualquier tipo de tarea administrativa. En Madrid no se pudieron localizar cuatro expedientes: uno de 2004, otro de 2005 y dos de 2008.
-1.19 También se ha presentado otra limitación al tratar de efectuar un análisis de eficacia sobre la gestión de los expedientes, similar al realizado en el Informe relativo al ejercicio 2002. No ha sido posible dicho análisis por las circunstancias señaladas en el punto 2.34 de este Informe.
-E) Trámite de alegaciones.
-1.20 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de la presente fiscalización se remitió para alegaciones a la Ministra de la Presidencia, como responsable del ámbito de gestión fiscalizado, y a quienes fueron titulares del Ministerio de Administraciones Públicas desde abril de 2004 y posteriores hasta abril de 2009, como responsables del citado ámbito de gestión en dicho periodo. No se pudo ofrecer el trámite de alegaciones a la persona que fue titular del citado Ministerio desde septiembre de 2003 hasta abril de 2004 por haber fallecido.
-1.21 De ellos, ha presentado alegaciones únicamente el Ministerio de la Presidencia, si bien a través del Subsecretario y no del titular del Departamento, por lo que se incumple el requisito de competencia exigido por el artículo 44 de la Ley 7/1988 citada, en relación con los artículos 11 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Posteriormente fue subsanada esa deficiencia por el Ministro tras el requerimiento al efecto del Tribunal. Dichas alegaciones se adjuntan al presente Informe.
-1.22 Tras el examen por el Tribunal del contenido de las alegaciones y de la documentación justificativa remitida, se han introducido en el Informe los cambios que se han estimado procedentes. Hay que hacer constar que el Tribunal no se pronuncia respecto de las manifestaciones sobre medidas puestas en práctica con posterioridad al periodo fiscalizado, dado que no han sido objeto de comprobación. En cuanto a las alegaciones no aceptadas, obedecen sustancialmente a dos causas: a) discrepancias no fundamentadas sobre los hechos comprobados por el Tribunal o sobre los criterios técnicos e interpretaciones profesionales y jurídicas sostenidas en el Informe; y b) explicaciones no relevantes sobre las causas de determinados hechos o sobre cuestiones colaterales al contenido del Informe. En algunos casos se ha estimado conveniente insertar un comentario con la opinión del Tribunal de Cuentas para precisar el contenido de algún punto concreto. No obstante, la falta de comentario expreso sobre el resto de las alegaciones no significa que el Tribunal comparta su contenido.
-II. RESULTADOS.
-A) Normativa reguladora de las tasas (1).
-2.1 En el informe relativo al ejercicio 2002 se hacía referencia a una serie de incongruencias en la caracterización normativa de la tasa 062, que planteaba numerosas dudas de interpretación y legalidad, principalmente en la determinación de las cuotas tributarias correspondientes a los diversos tipos de autorizaciones de trabajo y en las exenciones. Dichas incongruencias se mantenían en los mismos términos en los ejercicios 2004 y 2005, sin que las modificaciones de la LOEx en 2003 ni el nuevo Reglamento de 2004 sirvieran para subsanarlas, hasta la aprobación de la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre.
-(1) El modelo de gestión y liquidación de las tasas de extranjería vigente en los ejercicios fiscalizados ha cambiado sustancialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Las principales modificaciones en materia de tasas son:
-a) El hecho imponible, que estaba constituido por la concesión de las autorizaciones administrativas y la expedición de los documentos de identidad previstos en la ley, pasa a ser ahora la propia tramitación de dichas autorizaciones y documentos.
-b) El devengo de la tasa tiene lugar ahora, por tanto, cuando se solicita la autorización y no, como antes, en el momento de la concesión. Como excepción, en los casos de autorizaciones de residencia y trabajo a favor de trabajadores del servicio doméstico, la tasa se devengará en el momento de afiliación o alta del trabajador en la Seguridad Social.
-c) Los sujetos pasivos siguen siendo las personas a cuyo favor se concedan las autorizaciones, con la misma salvedad referente a las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena en que el sujeto pasivo es el empleador o empresario. Sin embargo, se introduce como excepción el servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en que será sujeto pasivo el propio trabajador.
-d) En relación con el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de autorizaciones iniciales de trabajo, el «devengo del rendimiento de las tasas» derivadas de dichas autorizaciones corresponderá a las CCAA con competencias traspasadas, y los importes de las tasas se regirán por la legislación de dichas CCAA. Hasta la fecha, el único traspaso aprobado en esta materia ha sido a Cataluña, en virtud del Real Decreto 1463/2009, de 18 de septiembre.
-e) En desarrollo de las previsiones de la citada Ley Orgánica relativas a las tasas, se ha aprobado la Orden PRE 3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.
-2.2 Por lo que se refiere a los ejercicios 2004 y 2005, no se desarrolló el artículo 48 de la LOEx, que prescribe que el importe de las tasas reguladas por dicha Ley se establecerá por Orden ministerial de los Departamentos competentes. En su defecto, y por virtud de la Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2000 se aplicaron las cuantías establecidas en la normativa anterior, es decir, las fijadas por el artículo 4 de la Ley 29/1968, en la redacción dada por la Ley 13/1996, modificadas por las Leyes 37/1988, 42/1994 y 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Los importes de las tasas señaladas para cada tipo de permiso por el citado artículo se corresponden con los previstos en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Este Reglamento estuvo vigente hasta el 1 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de la LOEx. Dado que la regulación de los tipos de permiso de trabajo no coincide exactamente en la normativa de extranjería anteriormente citada con respecto a la vigente en 2004 y 2005, se plantearon conflictos interpretativos y de legalidad en cuanto a la identificación concreta de las cuantías a liquidar en determinados casos. Así, cabe señalar:
-a) Los Reglamentos de la LOEx caracterizan dos tipos de autorizaciones que no figuran en el artículo 4 de la Ley 29/1968 (redacción por Ley 13/1996): autorizaciones de trabajo en el marco de prestaciones trasnacionales de servicios (tipo G) y autorizaciones de trabajo para la realización de determinadas actividades de temporada (tipo T). En consecuencia, aunque estos tipos de autorizaciones están sujetos a la tasa por virtud de la LOEx y sus Reglamentos, sin embargo no tenían expresamente establecida cuantía alguna para su exacción.
-b) Igual sucede con varios casos de autorizaciones establecidas en la normativa vigente en 2004 y 2005 que no estaban contemplados en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 155/1996: extranjeros con solicitud de asilo en trámite; nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles, y extranjeros en prácticas profesionales.
-c) En la información sobre las tasas vigentes en ambos ejercicios, facilitada por el MAP, la mayoría de estos supuestos tienen establecida una cuota determinada, cuyo fundamento no se ha podido determinar: las autorizaciones en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, las de actividades de temporada, las de extranjeros en prácticas profesionales y las de extranjeros con solicitud de asilo en trámite.
-d) Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 29/1968 (redacción por Ley 13/1996) establecía, en los supuestos de segunda renovación de los permisos de trabajo por cuenta ajena (tipo C), una única cuota correspondiente al empleado, incompatible con el artículo 46 de la LOEx, que establece categóricamente que, en los permisos por cuenta ajena, el sujeto pasivo es el empleador o empresario, lo que implica necesariamente que las cuotas establecidas para el trabajador no puedan tener efecto. En la información facilitada por el MAP no aparece este supuesto con tasa asignada en 2004 ni en 2005. Sin embargo, se ha comprobado que, tras la entrada en vigor del Reglamento de 2004, que a diferencia del anterior no distingue, a efectos de tasas, entre la primera y posteriores renovaciones de las autorizaciones de trabajo, se ha venido aplicando a estas últimas (CA3) la misma tasa que a la primera renovación (CA2), si bien liquidándola al empleador.
-e) En la información facilitada por el MAP sobre las cuantías vigentes en los ejercicios fiscalizados, figuran algunas tasas correspondientes a autorizaciones de trabajo por tiempo inferior a seis meses, que resultaban improcedentes después de la modificación de la LOEx introducida por la Ley Orgánica 14/2003.
-2.3 Respecto de las tasas correspondientes a las autorizaciones de residencia (código 052), el fundamento legal de las cuotas que venían aplicándose en los ejercicios 2004 y 2005 es muy confuso. El importe de la cuota fue establecido inicialmente en el Decreto 551/1960, por el que se convalidaron las tasas por «Reconocimientos, autorizaciones y concursos» del entonces Ministerio de la Gobernación. En el apartado 3) de la tarifa segunda, Autorizaciones, se establecía una única cuota de 100 pesetas por la permanencia y residencia de extranjeros, sin perjuicio de las normas de reciprocidad internacional. En los ejercicios 2004 y 2005 el MAP aplicó a las autorizaciones de residencia las cuotas (actualizadas según las leyes anuales de presupuestos) recogidas en la Resolución 4/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías exigibles por la concesión de autorizaciones y expedición de documentos de identidad a extranjeros, establecidas por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Dicha norma diferencia las cuotas correspondientes a una serie de supuestos (véase anexo 1), sobre cuyo origen no se ha aportado información, y que no coinciden exactamente con las situaciones de estancia o residencia en que pueden encontrarse los extranjeros en España, según la LOEx. Existen discordancias entre los supuestos de la ley y los de la referida Resolución en los siguientes casos:
-a) La Resolución 4/2001 establece una única cuota para los permisos de estancia de cualquier duración; mientras que la LOEX establece, en su artículo 48.3.b), que para la determinación de la cuota correspondiente a la prórroga de las autorizaciones de estancia se tendrá en cuenta la duración de dicha prórroga. Según se deduce de los expedientes examinados y de la información facilitada por el MAP, en 2004 y 2005 se aplicó a las prórrogas de estancia la cuota fija establecida en la Resolución.
-b) En la Resolución 4/2001 se fija asimismo una única cuota para las autorizaciones de residencia de régimen general. La LOEx diferencia las autorizaciones de residencia temporal y de residencia permanente y establece (artículo 48.3 c) que en la fijación de la cuantía de las tasas se tendrá en cuenta la duración de la autorización, su carácter definitivo o temporal y, dentro de estas últimas, que se trate de la primera concesión o de renovaciones. En 2004 y 2005 se aplicó la misma tasa en todos estos supuestos.
-c) La LOEx establece tres supuestos de autorizaciones de residencia que no contempla la Resolución: apátridas, indocumentados y refugiados. En la información facilitada por el MAP sobre cuotas vigentes en los ejercicios 2004 y 2005 no aparecen estos supuestos.
-2.4 En cuanto al ejercicio 2008, no se producen ya las discordancias referidas en los puntos anteriores, por cuanto habían sido subsanadas con la aprobación de la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre, que establece cuotas para cada uno de los supuestos establecidos en la legislación de extranjería relativos a las tasas cuya exacción corresponde a los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Administraciones Públicas.
-2.5 Por otro lado, el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece el denominado principio de equivalencia, según el cual «las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible». El artículo 48.2 de la LOEx establece, en el mismo sentido que el artículo 20 de la Ley de Tasas, que las normas que determinen la cuantía de las tasas deberán ir acompañadas de una memoria económico-financiera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril. En los dos primeros ejercicios fiscalizados no hay constancia de la existencia de la memoria mencionada (la situación era la misma que la puesta de manifiesto en el informe relativo al ejercicio 2002), ni de ningún tipo de estudio o informe sobre el coste del servicio o sobre la justificación de las cuantías que se venían aplicando. Este incumplimiento legal supone, además, una limitación que ha impedido al Tribunal comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia establecido en el artículo 7 de la Ley de Tasas y Precios Públicos.
-2.6 Por lo que se refiere al ejercicio 2008, el MAP dispone de un documento fechado en octubre de 2007 y titulado «Memoria Económico-Financiera del proyecto de Orden del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el importe de las tasas por concesión de autorizaciones administrativas, expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería, o tramitación de visados en frontera». La referida Orden fue aprobada, como se ha señalado, el 14 de diciembre de 2007.
-2.7 La validez de dicho documento no resulta acreditada al no figurar en el mismo firma ni registro algunos. Por otra parte, tampoco resulta suficiente para comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia en las nuevas tasas establecidas porque, aunque se indica que se han tenido en cuenta los costes de personal, material y medios técnicos, que se desglosan para algunos tipos de autorización o documento, no se informa sobre el origen ni justificación de los datos considerados para la determinación de dichos costes. En las autorizaciones de trabajo por periodo superior a seis meses ni siquiera se hace desglose de costes, indicando que estos no justifican por sí mismos las tasas establecidas en este ámbito. En estos casos, se mantienen las cuotas establecidas anteriormente, adaptándolas en su caso a los nuevos supuestos del RLOEx-2004, con las actualizaciones previstas en las leyes anuales de presupuestos. Los costes calculados en el ejercicio 2006 por la concesión o expedición de las autorizaciones administrativas y el importe de los ingresos mínimos figurados en dicho documento son:
-2.8 Los incrementos que se producen en las cuantías de las tasas por la Orden 3654/2007 presentan diferencias acusadas en algunos casos, cuya justificación no ha sido posible conocer. Por ejemplo, las autorizaciones de residencia permanente pasan de 5,59 euros en 2007 (la misma tasa para todas las autorizaciones de residencia) a 20,00 euros en 2008 (278%); en cambio las autorizaciones de trabajo solo se incrementan conforme al porcentaje general establecido en las leyes de presupuestos.
-2.9 Otro principio fundamental en la regulación de las tasas lo constituye el denominado principio de capacidad económica (artículo 8 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, modificada por Ley 25/1998, de 13 de julio), conforme al cual «en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas». En el informe relativo al ejercicio 2002 se indicaba que no había sido posible verificar el cumplimiento de este principio, ante la total omisión de estudios o informes al respecto, si bien del análisis de las propias cuantías fijadas para cada tipo de permiso, en las que no existía ponderación alguna en función de la capacidad económica de la persona obligada al pago, se deducía que no se había tenido en cuenta este principio al regular las cuotas tributarias de las tasas fiscalizadas. Ambas críticas son aplicables al período ahora fiscalizado.
-2.10 También continuaron vigentes a lo largo del periodo fiscalizado algunas de las incoherencias, en la regulación reglamentaria de los procedimientos de gestión de las autorizaciones y de las tasas, indicadas en el anterior informe:
-a) La competencia para entregar las tarjetas de identidad del extranjero corresponde al Ministerio del Interior (artículo 105.11 del RLOEx-2004) y son, por lo tanto, funcionarios de dicho Departamento quienes deben comprobar que se han pagado no solo las tasas de su competencia sino también las del MAP, según indica el citado artículo. Esta situación plantea problemas de coordinación, como se ha comprobado en la fiscalización practicada.
-b) En el mismo artículo se establece que corresponde al extranjero, al recoger la tarjeta, acreditar el pago de las tasas fiscales legalmente establecidas, con independencia de si es o no el sujeto pasivo obligado a dicho pago, lo que puede resultar problemático.
-c) En algunos casos no coincide la persona del solicitante de las autorizaciones y del sujeto pasivo de las tasas. Por ejemplo, en el supuesto de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena es el empleador quien debe presentar la correspondiente solicitud (artículo 51.1 del RLOEx-2004) y a quien se ha de notificar la resolución favorable para que «proceda al abono de las tasas correspondientes» (artículo 51.5); sin embargo, el sujeto pasivo de la tasa de residencia es el extranjero (artículo 46 de la LOEx).
-2.11 En lo referente a los plazos de pago de las tasas, el RLOEx-2004 no contiene previsión alguna, mientras que en el anterior se establecía un plazo de 8 días para el pago de la tasa de trabajo, a contar desde la notificación de la resolución favorable. La Orden 3654/2007, por su parte, establece un plazo de 8 días hábiles en el supuesto de autorizaciones de trabajo y de un mes en el resto de supuestos. En la práctica, sin embargo, no se exige el cumplimiento de ningún plazo de pago, salvo su comprobación al realizarse la entrega de la tarjeta de extranjero.
-B) Control interno.
-2.12 En informe relativo al ejercicio 2002 se pusieron de manifiesto numerosas deficiencias de control interno del sistema de gestión de la tasa 062, que en gran parte persistían en los ejercicios 2004 y 2005 y, en menor medida, en el ejercicio 2008, siendo de aplicación también a la tasa 052. Seguidamente se transcriben los resultados del análisis de control interno relativo al presente informe.
-Aspectos generales.
-2.13 El sistema de gestión de la tasa establecido por el MAP en los ejercicios 2004 y 2005 presentaba las mismas debilidades de control interno que en 2002. En efecto, no estaban debidamente clarificadas las competencias y funciones en materia de gestión y control de las tasas; no existían registros adecuados de las actuaciones practicadas; no se había establecido un archivo correcto y accesible de los expedientes; no se generaba información periódica ni se realizaba seguimiento sobre las liquidaciones, la recaudación y los deudores; y no existían órganos encargados del control y supervisión de la gestión de la tasa. En el año 2008, sin embargo, se aprecian visibles mejoras en el archivo de los expedientes, en el registro de las actuaciones y en el sistema de información, al utilizar las dos nuevas aplicaciones informáticas GFIN y PAC (véase el punto 2.31). No obstante, aún persistían debilidades en cuanto a la información y el control sobre la liquidación y la recaudación de las tasas, debido a las deficiencias observadas en la implementación y uso por las Oficinas de dichas aplicaciones.
-Oficinas gestoras periféricas.
-2.14 Las oficinas gestoras carecían de instrucciones suficientes y de manuales de procedimiento para la gestión de las tasas. Si bien la Subdirección General de Administración Económica y Patrimonial del MAP, dependiente de la Subsecretaria, dictó en diciembre de 1998 unas «Normas sobre gestión y recaudación de las tasas cuya gestión está encomendada al Ministerio de Administraciones Públicas», actualizadas en junio de 2003 y con anexos en abril y octubre de 2007, realmente no contienen más que una remisión a lo establecido en la Orden de 4 de junio de 1998, salvo en lo que se refiere a los procedimientos de devolución de ingresos indebidos y de recaudación en vía ejecutiva, que se regulan con mayor detalle. Por esta razón, cada Unidad gestora resolvió según sus propios medios y criterios las cuestiones procedimentales que se le plantearon, dando lugar a diferencias de tramitación no razonables entre las diversas oficinas. Ejemplos de estas diferencias se dan, entre otras, en la determinación del pago concedido para el pago de las tasas, en la consideración que se otorga al modelo 990 (liquidación o autoliquidación), en el sistema de notificación aplicado, o en el modelo de Resolución que se utiliza.
-2.15 Por otro lado, las Oficinas tienen acceso a través de Internet a la página web del MTAS/MTI que contiene circulares e instrucciones en materia de inmigración y extranjería, pese a lo cual se mantienen las diferencias señaladas en la tramitación de las autorizaciones y de las tasas. Así, por ejemplo, la Oficina de Zaragoza no exigió el pago de la tasa de residencia en el supuesto de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo, por entender que la tasa por el visado cubría el mismo hecho imponible. Sobre otra cuestión específica (la vigencia de los recargos sobre las tasas por autorizaciones de trabajo), alguna oficina planteó consulta al MTAS/MTI por correo electrónico, siendo atendida de la misma forma, sin que haya constancia de instrucciones dirigidas a todas las oficinas gestoras, pese a tratarse de una cuestión de interés general. Se aprecia, por tanto, que el hecho de que la competencia funcional en cuanto a la tramitación de las autorizaciones corresponda al MTAS/MTI y la gestión de las tasas al MAP plantea problemas de coordinación que no están bien resueltos.
-2.16 Las liquidaciones de la tasa se calculaban y obtenían habitualmente de la aplicación informática, que vincula el importe de la tasa al tipo de permiso concedido. Sin embargo, dicho importe puede ser modificado sin traba ni control alguno por el funcionario que tramita el expediente. Además, algunos datos, como los recargos procedentes, deben ser introducidos directamente en cada caso. No existió ningún tipo de supervisión posterior sobre el cálculo de las liquidaciones. Analizada una muestra de éstas por el Tribunal, se ha observado que la tarifa aplicada fue incorrecta en varios casos y que, en la mayoría de las oficinas, no se aplicaron por lo general los recargos procedentes.
-2.17 Las Unidades periféricas no realizaron ningún seguimiento de la gestión realizada en relación con la tasa, ni disponen para ello de registros adecuados y fiables de los que se pueda obtener datos generales y particulares relativos al número de liquidaciones practicadas, anuladas, canceladas y pendientes.
-2.18 El control sobre la notificación de las resoluciones de concesión de permisos y las liquidaciones de las tasas es deficiente. No existía un procedimiento normalizado a este respecto: en Baleares, Barcelona y Madrid el modo común fue el correo ordinario; la Oficina de Barcelona solo notificó con acuse de recibo las resoluciones iniciales, aunque por lo general no se dejó constancia en los expedientes; la de Baleares notificó con acuse de recibo las denegaciones y las resoluciones de archivo; en Madrid no parece haber un criterio claro, si bien se ha observado, sobre los expedientes examinados, que en el último de los ejercicios fiscalizados el porcentaje de notificaciones con acuse de recibo es muy inferior al de años anteriores. La Oficina de Zaragoza notificó siempre con acuse de recibo y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las resoluciones devueltas por Correos. Por otra parte, generalmente no se realizó ningún tipo de actuación tendente a intentar de nuevo la notificación de las cartas devueltas por Correos. La trascendencia del trámite de notificación es clave en el proceso de gestión de la tasa, puesto que la obligación de abonar la misma nace en el momento en que se notifica la liquidación. Conforme a la normativa tributaria, la falta de constancia de la notificación perjudica irremediablemente el procedimiento legal de exigencia del pago.
-2.19 Se ha observado otra incidencia, derivada de los cambios en la tramitación como consecuencia del nuevo Reglamento de la LOEx de 2004. En 2005 y 2008 es el empleador quien está legitimado para presentar la solicitud de autorización de residencia y trabajo; sin embargo, los sujetos pasivos de las tasas son dos, el extranjero y el empleador, respectivamente. Algunas oficinas notificaron la resolución de autorización solo al solicitante y otras tanto a éste como al extranjero.
-2.20 En los ejercicios ahora fiscalizados no se han observado las mismas deficiencias en el sistema de archivo de los expedientes encontradas en 2002, si bien en Zaragoza no se han aportado 33 de los 80 expedientes solicitados, por las razones señaladas en el punto 1.18, y en Madrid no se pudieron localizar cuatro expedientes: uno de 2004, otro de 2005 y dos de 2008.
-2.21 El control sobre la documentación que debe figurar en los expedientes, sin embargo, sigue presentando deficiencias. En numerosas ocasiones los expedientes se encuentran incompletos, bien porque se ha omitido algún trámite, bien porque determinada documentación como los ejemplares para la Administración de los modelos 790 y 990 o los mencionados acuses de recibo de las notificaciones no se incorporaron al expediente cuando se recibieron.
-2.22 En cuanto al control sobre el pago efectivo de las tasas, tanto el artículo 87.5 del RLOEx-2001 como el artículo 105.11 del RLOEx-2004 establecen el mismo mecanismo, consistente en vincular la entrega de la tarjeta de extranjero a la acreditación del previo pago de la tasa. Sin embargo, puesto que las oficinas no disponen de registros que conecten las tasas abonadas por la concesión del permiso con las tarjetas emitidas o entregadas, no es posible, en general, comprobar si este control funcionó correctamente. No obstante, el Tribunal ha detectado varios casos en los que figuraban entregada las tarjetas en la aplicación de extranjería y no consta el pago de las tasas correspondientes en la aplicación GFIN.
-2.23 Las oficinas periféricas tampoco realizaban actividad alguna de seguimiento y control sobre los deudores. Como consecuencia de la falta de control sobre los aspectos antes señalados (notificaciones y pagos realizados), las oficinas desconocen en muchas ocasiones el número e importe de las liquidaciones impagadas y que, por lo tanto, son exigibles en vía ejecutiva. Ninguna de las oficinas visitadas realizó en los ejercicios fiscalizados los trámites oportunos para el inicio de la vía de apremio sobre las tasas no abonadas en periodo voluntario. Por otra parte, de las cinco oficinas visitadas, tres no tenían acceso a la aplicación GFIN y las otras dos (Sevilla y Zaragoza) no utilizaban dicha aplicación como mecanismo de seguimiento de la recaudación, sino únicamente para consultas ocasionales.
-2.24 Por otro lado, en lo que se refiere a actuaciones de control por parte de otros órganos de control interno de la Administración General del Estado, se solicitaron los informes de control financiero de los ejercicios fiscalizados para todas las provincias, con referencias al área de extranjería. Respecto de las oficinas visitadas, el relativo al ejercicio 2008 únicamente fue aportado en la Delegación de Sevilla (en Barcelona se aportó un Memorando). En Baleares tampoco hay constancia de que se haya elaborado el informe correspondiente a 2005. Los informes facilitados incluyen resultados relacionados con las tasas de extranjería, excepto el de Sevilla, del ejercicio 2004, por dificultades derivadas del proceso de regularización, y el de Zaragoza de 2005, en el que se indica que no se llevó a cabo actuaciones en materia de extranjería por permanecer la misma situación del ejercicio anterior. Los aspectos destacados en estos informes, que coinciden con los que han sido detectados en la fiscalización del Tribunal, se refieren a: deficiencias en las notificaciones (Madrid y Barcelona), imposibilidad de cifrar los ingresos por las tasas de extranjería (Madrid y Sevilla), falta de liquidación de algunas tasas procedentes (Zaragoza), omisión en los expedientes de los documentos de ingreso (Barcelona y Madrid), falta de grabación en la aplicación informática de las fechas de pago o discordancias entre fechas (Barcelona y Zaragoza), y no remisión de expedientes a vía ejecutiva (Barcelona). Los informes facilitados del resto de oficinas de extranjería contienen resultados similares.
-Servicios Centrales del MAP.
-2.25 El informe relativo a 2002 señalaba importantes debilidades de información y control de los Servicios Centrales del MAP sobre la gestión de las tasas de extranjería, hasta el punto de no haber podido facilitar al Tribunal la información que se solicitó en relación con las liquidaciones practicadas y la recaudación de las tasas por tipos de permisos y por centros gestores. En los ejercicios 2004 y 2005 el MAP contaba ya con la aplicación informática de extranjería que podría haber servido para superar dichas debilidades, si bien las deficiencias en la utilización de dicha aplicación que se exponen en los puntos siguientes impidió alcanzar tal resultado. En el ejercicio 2008 se contaba, además, con dos aplicaciones informáticas específicas para las tasas (GFIN y PAC), que permiten mejorar sustancialmente el control de los Servicios Centrales del MAP sobre la gestión y recaudación de las tasas, si bien no se realizaron procesos masivos que permitieran relacionar la información sobre tasas liquidadas con la información sobre recaudación, de modo que tampoco se pudo conocer para ese ejercicio el número de liquidaciones pendientes de pago. Al término de la presente fiscalización estaba en preparación un sistema para capturar en la aplicación de extranjería los datos de recaudación de la AEAT, con la intención de que las oficinas revisen las tasas pendientes de pago y se inicien procesos masivos en vía de apremio (objetivo que, sin embargo, no parece viable para la tasa 052 mientras no se discriminen los datos de recaudación que corresponden propiamente a las autorizaciones de extranjería).
-2.26 Tampoco se utilizaron desde los servicios centrales las posibilidades de control que permitirían otros sistemas al margen de las aplicaciones informáticas, tales como visitas a las Delegaciones y seguimiento a partir de los informes de gestión de las Delegaciones o de los informes de control financiero de las respectivas Intervenciones territoriales. Por otra parte, como se ha señalado, en las cuestiones de fondo sobre la gestión de las tasas (dudas de interpretación normativa, supuestos, excepciones, etc.) el MAP no tiene intervención alguna, siendo atendidas habitualmente dichas cuestiones por los servicios correspondientes del MTAS/MTI.
-Aplicaciones informáticas.
-2.27 En los ejercicios fiscalizados no se había llevado a cabo la previsión recogida en la disposición final segunda del RLOEx-2004, según la cual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de dicha norma, los ministerios que intervienen en la tramitación de expedientes de extranjería deberían poner en funcionamiento una aplicación informática común, coordinada por el Ministerio de Administraciones Públicas y con acceso de los demás ministerios implicados. Las utilidades mínimas de dicha aplicación serían, según la norma citada, las siguientes:
-– La introducción y modificación de datos e informes por parte de cada departamento ministerial, en los exclusivos ámbitos de su competencia, en cada fase de tramitación de los expedientes de extranjería.
-– La comunicación entre cualquiera de los implicados, para conocer el estado de tramitación del expediente y posibilitar su continuación.
-– La consulta en tiempo real de los expedientes.
-– La obtención de datos actualizados para el cumplimiento de las funciones de observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio.
-A la fecha de realización de los trabajos de campo, cada uno de los ministerios con competencias en materia de extranjería utilizaba una aplicación diferente, aunque a todos se les había facilitado el acceso, en régimen de consulta, a la aplicación de extranjería del MAP. Por otra parte, se ha incluido en esta aplicación un nuevo módulo denominado Cuadro de Mando, que permite la obtención de datos estadísticos.
-2.28 La aplicación de extranjería comenzó a implantarse a comienzos del ejercicio 2002, habiéndose previsto que fuera utilizada por las Oficinas de extranjeros y Servicios de extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para la gestión de todos los procedimientos. En la presente fiscalización se ha observado que, en efecto, todos los expedientes examinados habían sido tramitados en dicha aplicación, en la que asimismo se habían gestionado las tasas correspondientes. No obstante, algunas de las oficinas visitadas han comunicado la existencia de trámites que se realizan al margen de la aplicación informática de extranjería: en Madrid, las modificaciones por cambio de dependencia laboral de periodos anteriores; en Sevilla, los informes gubernativos de adopción internacional, las cédulas de inscripción (sujetas a tasa) y los informes de desplazamiento de menores; y en Zaragoza, los informes gubernativos de adopción internacional.
-2.29 En los ejercicios fiscalizados permanecían, no obstante, algunas deficiencias referidas específicamente al propio diseño de la aplicación que perjudican el control interno sobre la gestión de las tasas:
-a)	El acceso a la pantalla de tasas es opcional para el gestor.
-b)	El importe de la tasa correspondiente a una autorización determinada puede ser modificado por el usuario.
-c)	La aplicación permite grabar datos incongruentes entre el tipo de autorización, el importe de la tasa y el sujeto pasivo.
-d)	El dato relativo a la fecha de pago de las tasas no es grabado inicialmente por el funcionario gestor una vez que ha verificado el ingreso; la anotación se inicia mediante un procedimiento de traspaso automático a dicho campo de la fecha de emisión de la tarjeta de extranjero; solo en alguna de las oficinas visitadas se ha observado que posteriormente se verifican los ingresos y se registran las fechas reales de pago.
-e)	La información estadística obtenida del módulo Cuadro de mando no es estable; se ha observado la existencia de diferencias sobre unos mismos datos, correspondientes a ejercicios pasados, obtenidos en diferentes fechas.
-f)	Según la información aportada por el MAP, en materia de gestión de tasas la aplicación realiza fundamentalmente tres labores: emisión de los modelos de impreso, la anotación de las fechas asociadas y las consultas sobre la procedencia del pago. Cualquier gestión posterior «escapa a la funcionalidad de esta aplicación».
-g)	La aplicación incorpora un número excesivo e injustificado de códigos de autorización, que facilita la comisión de errores.
-h)	Se han observado también errores en la utilización del programa por parte de los usuarios, consistentes en omisiones o errores en la grabación de los datos. Por ejemplo, en algunas ocasiones no se graba el número de justificante del impreso de pago, lo que imposibilita su comprobación en la aplicación GFIN.
-2.30 Efectuadas comprobaciones de integridad y fiabilidad de los datos recogidos en la aplicación de extranjería, mediante su contraste con los expedientes de la muestra detallada en el punto 2.37, se han observado las siguientes deficiencias:
-a)	No coincide el tipo de autorización concedida con la grabada en tres autorizaciones tramitadas en Madrid. Una de ellas aparece en la aplicación como «residencia permanente» (RP), cuando la que consta en el expediente es «residencia y trabajo, 2.ª renovación» (CA3). En respuesta a la petición de aclaraciones realizada por el Tribunal, se aportó otra resolución de tipo RP que tiene la misma fecha y el mismo n.º de registro de salida de la CA3 que consta en el expediente, y en el que la firma escaneada es de un Jefe Superior de Policía que tomó posesión en julio de 2008, cuando la fecha de la resolución es de marzo de ese mismo año.
-b)	En 24 casos (7% de los aplicables), no coincide el importe de la tasa que consta en los expedientes con la grabada en la aplicación informática (18 expedientes de Zaragoza, 5 de Sevilla y uno de Madrid.
-c)	En 16 expedientes de Zaragoza en los que no se liquidó tasa, figura sin embargo grabada una fecha de pago en la aplicación de extranjería. En 13 de ellos (tasa de residencia) resultaba procedente la liquidación de la tasa, mientras que en los otros 3 (tasa de trabajo) no procedía dicha liquidación.
-d)	No coincide la fecha de solicitud de la autorización grababa con la observada en 11 expedientes, repartidos en todas las Oficinas. Además, en otros 5 casos, no consta en los expedientes, pero sí en la aplicación, la fecha de la solicitud. Es de señalar que en la aplicación informática figuran subsumidos en un único campo («fecha de recepción») dos datos que tienen efectos en el cómputo de plazos: la fecha de solicitud y la fecha de entrada en el registro del órgano competente.
-e)	No coincide la fecha de resolución en 69 expedientes (19% de los aplicables): 61 de Baleares, 7 de Sevilla y uno de Madrid. La falta de coincidencia en Baleares se debe principalmente al procedimiento de formalización de las resoluciones en esta Oficina, que no considera como fecha de resolución la de la firma del Delegado, sino la de expedición en la aplicación informática del correspondiente impreso, que es siempre anterior.
-f)	La fecha de pago que figura en la aplicación normalmente es igual para las dos tasas (052 y 062) y generalmente coincide con la fecha de emisión de la tarjeta por la policía, que se traspasa automáticamente a la aplicación de extranjería. Debido a la falta de constancia en los expedientes de los modelos 990 y 790 validados por la entidad bancaria (véase el punto 2.28, incisos ñ y o) solo se ha podido comprobar la fecha real de pago en 40 expedientes de Zaragoza (de los cuales en 26 la fecha grabada en la aplicación de extranjería no era correcta) y 4 de Sevilla (de los que uno también presentaba grabada una fecha incorrecta).
-g)	En 86 expedientes (el 24% de los que figura liquidada tasa) no consta grabada esta fecha en la aplicación: 26 de Madrid, 23 de Sevilla, 18 de Baleares, 14 de Barcelona y 5 de Zaragoza. En su mayoría corresponden a 2004 y 2005.
-h)	Aunque la mayoría de las resoluciones contienen dos tasas con sujetos pasivos diferentes, la fecha de notificación grabada en la aplicación es única. En 5 casos no coinciden las fechas y en 16 no está grabada la misma.
-i)	En uno de los expedientes de la Delegación de Sevilla la identidad del extranjero figura con tres nombres diferentes, tres códigos de extranjero en dos provincias distintas y dos NIE (número de identidad de extranjero) diferentes. En 3 casos más (otro de Sevilla y dos de Madrid y Barcelona), se aprecia la misma constancia de dos código de extranjero y dos NIE para la misma persona. Estas deficiencias evidencian una debilidad de control muy importante.
-2.31 Además de la aplicación de extranjería, desde 2007 están operativas las siguientes aplicaciones informáticas, diseñadas específicamente por el MAP para la gestión de sus tasas:
-a) Aplicación GFIN (Gestión Financiera de Tasas):
-Esta aplicación utiliza los datos de los ingresos facilitados por la AEAT sin realizar cruces con ninguna otra base de datos o aplicación; tiene los siguientes módulos:
-a.1 Importes, que incorpora dos utilidades: una de gestión, que permite modificar los valores de los conceptos que se utilizan para calcular el importe de una tasa; y otra de consulta sobre los importes de cada tasa y para cada ejercicio.
-a.2 Carga de ficheros de la AEAT: se trata de la información referente a los pagos de tasas que la AEAT envía al MAP con una periodicidad quincenal. Esta información se carga en el sistema, y está disponible para su consulta desde la aplicación.
-a.3 Consulta de informes: permite obtener informes de las tasas según la información suministrada por la AEAT y diferentes clasificaciones: tipo de tasa, años, provincias, Comunidades Autónomas, etc.
-a.4 Consulta de pago de tasas: permite obtener informes de las tasas pagadas según la información suministrada por la AEAT. Presenta una disfunción poco lógica, debido a que en cada consulta es obligatorio incluir cuatro criterios de filtro: tipo de tasa, años, meses y provincias, lo que provoca bastante dificultad y trabajo para obtener datos totalizados (por ejemplo, datos globales de lo cobrado por una tasa en un ejercicio determinado). También se pueden obtener consultas individuales por NIF/CIF o por número de justificante.
-b) Aplicación PAC (Punto de atención al ciudadano).
-Es una aplicación diseñada para realizar las tareas cotidianas de los funcionarios gestores de tasas y accesible a través de la Intranet Administrativa. Permite la emisión de los impresos de pago de las tasas del MAP y el acceso al sistema de pago telemático, así como el alta y consulta de los pagos ya realizados. La aplicación consta de 5 módulos diferenciados:
-b.1 «Generación Masiva de Impresos», mediante el cual el funcionario puede generar e imprimir múltiples copias sin cumplimentar (en blanco) del modelo 790 de una determinada tasa. Los interesados podrán recoger estos impresos y seguir el procedimiento presencial, mediante el pago en una Entidad Financiera colaboradora y presentación final en la oficina correspondiente.
-b.2 «Rellenado Guiado», que permite al funcionario cumplimentar electrónicamente el modelo conforme a los datos que le indique el interesado y obtener una copia impresa del mismo. Posteriormente se entregará el impreso al interesado, que deberá continuar con el proceso presencial explicado anteriormente (en el caso de la tasa 052 existe también la posibilidad de pago y envío telemático a través de Internet).
-b.3 «Reasignar provincia», permite correcciones de errores necesarias para la validación de las liquidaciones presenciales de un ámbito provincial determinado.
-b.4 «Liquidaciones presenciales»; este módulo se divide en dos apartados:
-– Alta de liquidación presencial: permite insertar de forma manual los datos de las liquidaciones presenciales para tener control sobre ellas y poder ser cruzadas con la información suministrada por la AEAT.
-– Consulta de liquidaciones presenciales.
-b.5 «Consulta Pagos y Registros Telemáticos», que permite efectuar las consultas necesarias sobre dichos aspectos.
-C) Examen de los expedientes de gestión de las tasas.
-2.32 Para analizar la gestión de las tasas en distintas unidades gestoras se seleccionaron las Oficinas de Extranjeros de Baleares, Barcelona, Sevilla y Zaragoza, y la Delegación del Gobierno en Madrid. En el siguiente cuadro se indica el número de autorizaciones concedidas en cada una de dichas provincias, según la información facilitada por la Subdirección General de Administración Financiera del MAP, cuya suma supone una participación superior al 40% en el total de las autorizaciones acordadas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en los años 2004, 2005 y 2008, así como en el importe de las tasas correspondientes.
-2.33 En el Informe de fiscalización relativo al ejercicio 2002 se señalaban determinadas carencias respecto de la insuficiencia de medios personales y materiales adscritos a las Oficinas de Extranjeros, así como la ubicación en diferentes edificios de las Unidades que intervienen en la tramitación y del archivo de los expedientes. En la actual fiscalización no se ha apreciado mejora relevante en estos aspectos. Por otro lado, no se ha cumplido la previsión del RLOEx-2001 (reiterada en el RLOEx-2004) sobre la integración en las Oficinas de todos los servicios de extranjería de ámbito provincial, toda vez que los servicios policiales no han sido integrados y continúan ejerciendo sus funciones en materia de extranjería fuera de la estructura de las Oficinas de Extranjeros y, en general, en otras dependencias (salvo, respecto de las provincias visitadas, en Sevilla y Palma de Mallorca). La falta de integración de los servicios policiales priva de eficacia la labor de las Oficinas de Extranjeros, en su actual configuración. De hecho, no se han observado diferencias significativas en la tramitación de los expedientes entre las provincias visitadas que contaban con Oficina de Extranjeros (Barcelona, Baleares, Sevilla y Zaragoza) respecto de Madrid, en donde las mismas competencias son ejercidas por distintas áreas y servicios de la Delegación del Gobierno.
-2.34 En el informe relativo al ejercicio 2002 se analizó el grado de eficacia de las Oficinas visitadas, tomando como base las solicitudes ingresadas y las resoluciones dictadas en el ejercicio, así como las solicitudes pendientes de resolver a final de año. En la presente fiscalización no ha sido posible realizar un análisis similar por deficiencias insalvables de la información facilitada. Así, por un lado, a partir de 2003 se ha modificado por el MAP la fuente de información de los datos de gestión, de forma que dejan de ser comparables los datos con las series anteriores y, lo que resulta más problemático y condiciona la validez de toda esta información, se inicia el dato de 2003 sin ningún pendiente de ejercicios anteriores, cuando los datos de 2002 mostraban al final de año 937.856 expedientes pendientes de resolución. Por otro lado, los datos de gestión facilitados no son completos ni homogéneos: los de las solicitudes se reducen a las que «posiblemente lleven tasa aparejada» y los de las resoluciones se limitan a las que «efectivamente conllevan una emisión de tasa».
-2.35 Otro indicador utilizado en el Informe de fiscalización de 2002 para analizar la gestión de los expedientes es el tiempo de tramitación de los mismos. En la presente fiscalización se ha observado que los tiempos transcurridos desde la fecha de solicitud de las autorizaciones hasta la de resolución han mejorado notablemente. Analizada una muestra de 346 autorizaciones de las Oficinas visitadas, el tiempo medio de resolución en las autorizaciones iniciales es de 5,10 meses (12,50 meses en el Informe relativo a 2002) y el de las renovaciones de 2,51 meses (6,10 en el Informe relativo a 2002). Según la disposición adicional 8.ª del RLOEx-2004, el plazo máximo para resolver es de 3 meses.
-2.36 En cuanto a la formalización de los actos administrativos, se aprecian notables diferencias en las Oficinas visitadas, dado que el contenido de las resoluciones se establece por las propias Oficinas sin que exista un modelo común para todas ellas. Por otro lado, en Baleares el Delegado no firmaba una resolución individual para cada expediente, sino una relación de expedientes concedidos, si bien previamente se expedía un documento de comunicación al interesado, que recoge el texto completo de una presunta resolución individual, firmado por el responsable de la tramitación administrativa del expediente. En Madrid, la competencia del Delegado del Gobierno para la firma de las autorizaciones de residencia y trabajo estaba delegada en el Jefe Superior de Policía y en el Director del Área de Trabajo, respectivamente, incluyéndose sus firmas escaneadas en las resoluciones. En Barcelona y Zaragoza, las firmas que figuran en las resoluciones individuales son también escaneadas, si bien en Barcelona el Subdelegado firma un listado con las autorizaciones concedidas cada semana. La Oficina de Sevilla es la única en la que se aprecia el cumplimiento riguroso de los requisitos procedimentales, al firmar manualmente el Subdelegado cada una de las resoluciones individuales.
-2.37 En cada una de las cinco oficinas se ha examinado una muestra de los expedientes tramitados, con la finalidad de comprobar la corrección en la gestión de la tasa. Inicialmente se seleccionó una muestra de 400 expedientes (80 en cada oficina y distribuidos por años (100 de 2004, 100 de 2005 y 200 de 2008). De dicha muestra no se han aportado al Tribunal 37 expedientes (33 de la Oficina de Zaragoza, resueltos en 2004 y 2005, por la razón señalada en el punto 1.17, y 4 de Madrid). Finalmente, pues, se examinaron 363 expedientes, en los que se habían liquidado tasas por importe de 33.924,40 euros, según datos de la aplicación informática de extranjería. En el siguiente cuadro se expone el detalle:
-NOTA. Los importes de las tasas son los figurados en la aplicación de extranjería, que no coinciden con los realmente liquidados, según se deduce de los expedientes examinados.
-2.38 Las comprobaciones realizadas por el Tribunal sobre los expedientes de la muestra referida se han dirigido a verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
-a)	La constancia en el expediente de la resolución de concesión del permiso, dictada por autoridad competente.
-b)	La notificación de la resolución.
-c)	La corrección de la liquidación de las tasas, incluyendo los siguientes aspectos:
-– Modelo de liquidación utilizado.
-– Firma o sello del órgano liquidador.
-– Sujeto pasivo.
-– Tarifa aplicada.
-– Recargos.
-– Exenciones del pago de la tasa aplicadas.
-d)	La indicación del plazo establecido para el ingreso de la tasa.
-e)	El cumplimiento del plazo de ingreso.
-f)	La presentación en plazo del justificante de haber realizado el pago.
-g)	El pago material de las tasas, mediante la comprobación de los modelos de liquidación y de su inclusión en la aplicación GFIN.
-2.39 Los resultados obtenidos en el examen de cada uno de los expedientes de la muestra se detallan en el anexo 2, en el que se tipifican las deficiencias encontradas y se presentan también por Oficinas. En resumen, los principales defectos observados son:
-a)	En 15 casos (4%) no hay constancia de la resolución de concesión de la autorización. En otro caso, de Baleares y del año 2004, la resolución (individual) que consta en el expediente es una fotocopia.
-b)	En Sevilla, en un expediente tipo ART en el que no figuraba la concesión de la autorización, el Jefe de la Oficina manifiesta que en la fecha de tramitación no se elaboraba resolución en este tipo de expedientes, siendo suficiente el visado (tampoco se había liquidado, consiguientemente, la tasa de residencia); sin embargo, dicha práctica no es conforme con las normas entonces vigentes. En otro caso, se manifiesta que se archivó el expediente por no aportar el interesado la documentación requerida, aunque en el expediente figura dicha documentación y no existe resolución de archivo. Ambos casos figuran en la aplicación informática como autorizaciones concedidas y con fecha de resolución.
-c)	Cada oficina utiliza modelos diferentes para formalizar la resolución, incluso para un mismo tipo de autorización.
-d)	Sin perjuicio de las deficiencias del sistema de constancia de las firmas indicado en el punto 2.24, en dos expedientes (uno de Sevilla y otro de Madrid), relativos a autorizaciones concedidas por contingente de 2004, constan simplemente diligencias firmadas por los Jefes de las Unidades administrativas. En otro expediente de Sevilla falta también la firma del Subdelegado en la resolución.
-e)	Se han observado errores u omisiones en el importe exigido en la liquidación de la tasa en 93 casos (27% de los aplicables), 23 correspondientes a Sevilla, 22 a Madrid, 20 a Barcelona, 16 a Zaragoza y 12 a Baleares. El detalle de las incidencias es el siguiente (en algunos expedientes concurre más de una):
-e.1 En 62 expedientes tramitados al comienzo del ejercicio 2008 se aprecia error en el importe de la tasa por autorización de trabajo (062), al no haberse actualizado la tarifa en la aplicación informática hasta finales de febrero de ese año.
-e.2 En 18 expedientes no se ha liquidado tasa siendo procedente; 16 de ellos corresponden a Zaragoza donde se ha seguido el criterio de no liquidar la tasa de residencia (052) en las autorizaciones iniciales de trabajo y residencia y en las autorizaciones de residencia temporal por reagrupación familiar, por estar estas autorizaciones también sujetas a la tasa por el visado, interpretación que no se ha justificado con base en norma alguna. Los dos restantes corresponden a Baleares y Madrid donde no se ha liquidado la tasa de trabajo (062).
-e.3 En 8 casos no se puede conocer del expediente el importe de las tasas que corresponden. En otro expediente concedido en Barcelona como residencia permanente (RP) y grabado en la aplicación con la tasa correspondiente a esa autorización, se aplica la tasa de tarjeta de residente comunitario en base al Convenio existente entre España y el Principado de Andorra, sin que se encuentre justificada esta circunstancia en el expediente.
-e.4 En 6 expedientes no se ha aplicado la tasa correspondiente al salario figurado en la oferta de trabajo, que es dos veces superior al mínimo interprofesional, sino la correspondiente al salario inferior a ese cálculo.
-e.5 En 3 expedientes se ha liquidado la tasa 062 siendo improcedente. Los tres figuran en la aplicación GFIN como pagados.
-e.6 En un caso, el importe de la tasa liquidada corresponde a la tarifa aplicable el año siguiente al de la resolución.
-e.7 Por otra parte, en 45 expedientes la oferta de empleo no contiene la información del salario, o únicamente se indica la fórmula genérica «según convenio» o se remiten a otra normativa, circunstancia que imposibilita la comprobación rigurosa de la tasa liquidada.
-f)	En un expediente de 2008 de un nacional uruguayo tramitado en Barcelona no se ha aplicado tasa 062 en base al Tratado General de Cooperación y Amistad suscrito con ese país en el año 1992, según instrucciones recibidas, si bien posteriormente se cambió el criterio. En otro expediente de 2005 sí se había aplicado la tasa por autorización de trabajo.
-g)	En 343 expedientes (el 98% de la muestra) no se informa en la resolución o en la comunicación al interesado, o se hace incorrectamente, de los plazos para el ingreso de la tasa y de la aportación de los correspondientes justificantes.
-j)	En 50 expedientes de la Delegación de Sevilla, las resoluciones que hacen referencia al modelo 990 lo califican incorrectamente de autoliquidación.
-k)	En ninguna de las Oficinas visitadas se tramitan los expedientes sancionadores por la infracción contemplada en el artículo 52.b) de la Ley Orgánica 4/2000 (retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de autorizaciones una vez hayan caducado), sancionada con una multa de hasta 300,00 euros. En las comunicaciones de la Dirección General de Inmigración a los interesados relativas a la extinción de las autorizaciones y al plazo para su renovación, se les advierte sin embargo de esta posible infracción.
-l)	En 6 expedientes de la Delegación de Sevilla y otros 6 de Baleares, con autorizaciones de trabajo cuya renovación se presentó fuera de plazo, se ha aplicado a la tarifa de la tasa 062 el recargo del 20% previsto en el artículo 4.8 de la Ley 29/1968 (redacción por Ley 13/1996). Según consta en una consulta evacuada por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del MTAS en el año 2009, no resultaba procedente la aplicación de estos recargos, habiéndose dejado de aplicar desde entonces.
-m)	En 6 expedientes se dictaron resoluciones de concesión de autorizaciones que no resultan procedentes a la vista de los datos deducidos de los propios expedientes.
-n)	No consta notificación de la resolución en 247 expedientes (68% de los aplicables): 64 en Baleares, 61 en Madrid, 53 en Sevilla y 69 en Barcelona.
-ñ)	En 206 expedientes (86% de los aplicables) no hay constancia del modelo de ingreso 990 validado por la entidad bancaria. En estos casos no se han podido realizar sobre estos documentos las comprobaciones previstas sobre la liquidación y el pago de la tasa correspondiente.
-o)	En 310 expedientes (91% de los aplicables) no hay constancia del modelo de ingreso 790 validado por la entidad bancaria. En estos casos tampoco se han podido realizar sobre estos documentos las comprobaciones previstas sobre la liquidación y el pago de la tasa correspondiente.
-p)	Sin perjuicio de las limitaciones anteriores, del examen de los procedimientos se desprenden las siguientes deficiencias que afectan a los modelos de liquidación/autoliquidación generalmente utilizados:
-p.1 Los impresos 990, para el pago de la tasa 062, se remiten a los interesados sin la firma del órgano liquidador prevista en el modelo. En Barcelona se estampa el sello de la Oficina y una firma no identificada. En Sevilla, en algunos justificantes no consta tampoco la referencia a dicho órgano liquidador.
-p.2 Tanto el modelo 990 como el 790 se obtienen de la aplicación informática y se remiten a los interesados ya cumplimentados por el anverso. El reverso, sin embargo, está en blanco, lo que contraviene lo establecido en la Orden de 4 de junio de 1998, según la cual debería indicar los requisitos exigidos en las normas de aplicación y los recursos procedentes.
-q)	En Zaragoza, en donde sí constan los citados modelos de liquidación, se ha observado que, de los 29 modelos 990 revisados, 14 figuran sin firma o no se puede identificar al firmante, en otro expediente el modelo que consta es el ejemplar para la Entidad Colaboradora, donde no figuran los datos preimpresos del trabajador ni las autorizaciones por las que se liquida la tasa, y el resto está firmado por los interesados en lugar de por la Administración. Por su parte, de los 31 modelos 790 revisados, 18 figuran sin firma o no es identificable. En Sevilla se han podido revisar 4 modelos 990, de los que uno se encuentra sin firma y el resto firmado por el empresario; así como un único modelo 790, que tampoco está firmado.
-r)	En cuanto al cumplimiento del plazo de ingreso de las tasas, solo se ha podido comprobar en los casos en que consta en el expediente la notificación de la resolución y tomando como fecha de pago la de la aplicación GFIN. El número de casos examinados ha sido de 76 respecto de la tasa 062 y 81 de la tasa 052, con los siguientes resultados:
-r.1 En la tasa 062, se supera el plazo 8 de días hábiles establecido para el pago de la tasa, en 2004, 2005 y 2008, en 52 casos.
-r.2 En la tasa 052, se supera el plazo de un mes establecido para el pago de la tasa, en 2008, en 25 casos.
-s)	En ningún caso pudo comprobarse el cumplimiento del plazo de presentación de los justificantes validados, puesto que no constaba fecha de registro en los impresos para la Administración de los modelos 790 y 990 que pudieron examinarse.
-D) Análisis de la recaudación.
-2.40 En los ejercicios examinados, el procedimiento de recaudación de las tasas en vía voluntaria fue el mismo que en 2002, es decir, el establecido en el artículo 6 de la Orden MEH de 4 de junio de 1998 por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas. Los sujetos pasivos abonan las cuotas tributarias en entidades colaboradoras que deben ingresar el importe de las tasas en las cuentas restringidas de recaudación abiertas a tales efectos. Quincenalmente dichas entidades ingresan la recaudación en el Banco de España, aportando simultáneamente a la AEAT la información de detalle que la Orden recoge. La AEAT pone en su página web a disposición del Ministerio los ficheros que contienen la información relativa a todos los ingresos producidos en la quincena. Los ficheros incluyen para cada ingreso los siguientes datos: número del justificante, nombre y NIF del sujeto pasivo, fecha del ingreso, importe ingresado y código de la sucursal bancaria donde se realizó el pago. El número del justificante aporta información sobre el modelo utilizado (790 ó 990), el código de la tasa (052 o 062) y el código de la provincia.
-2.41 El tratamiento de la información recibida de la AEAT, sin embargo, es diferente a partir de la puesta en servicio de la aplicación informática denominada GFIN (Gestión Financiera de Tasas), en la que se carga directamente la información de la AEAT y a la que pueden acceder las Delegaciones y Subdelegaciones a través de la página web INTRAMAP. No obstante, hasta el 20 de abril de 2007 no se indicó a las Oficinas la disponibilidad en dicha aplicación del módulo denominado «Consultar pago tasas AEAT», en el que pueden comprobar el pago de cada tasa de forma individualizada. Además, al momento de realizar los trabajos de campo de la presente fiscalización solo dos de las cinco oficinas visitadas tenían acceso a la aplicación GFIN (Sevilla y Zaragoza). En cualquier caso, dicho acceso permite únicamente consultas individualizadas del pago de una tasa, no un seguimiento sistemático del estado de la recaudación de las tasas liquidadas por cada oficina. El MAP ha informado al Tribunal que «está en producción un nuevo módulo que permite a las oficinas gestoras obtener informes sobre el total recaudado por año, tasa y provincia». Por otra parte, las Oficinas tampoco realizan comprobaciones sobre el pago de las tasas a partir de los impresos de liquidación, que salvo excepciones (Zaragoza) ni siquiera incorporan a los correspondientes expedientes.
-2.42 Tampoco desde los servicios centrales del MAP se realiza un seguimiento sistemático de la recaudación. Continúan sin realizarse procesos masivos que permitan relacionar la información sobre tasas liquidadas recogidas en la aplicación de extranjería con los datos de recaudación recibidos de la AEAT, no siendo posible, por lo tanto, conocer el número de liquidaciones pendientes de pago. Por otra parte, no es posible tampoco establecer algún sistema para conciliar datos de liquidación y de recaudación relativos a la tasa 052, al no poder discriminar en la información disponible los datos correspondientes a las tasas de extranjería.
-2.43 El artículo 49.2 de la LOEx establece que los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria cuando así se prevea reglamentariamente. Puesto que dicha habilitación no ha sido utilizada, debe entenderse que corresponde a la Administración la liquidación de todas las tasas contempladas en dicha norma. Sin embargo, en la práctica se han establecido diferencias en la tramitación de las tasas 062 y 052. Para la primera, se viene utilizando correctamente el modelo 990, que según establece la Orden de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden de 11 de diciembre de 2001, debe aplicarse a las tasas liquidadas por órganos de la Administración del Estado. Por el contrario, para la tasa 052 se utiliza el modelo 790 que, según la misma norma, se aplicará a las tasas autoliquidadas por el sujeto pasivo, lo que en el caso de la tasa 052 resulta improcedente al no haberse aprobado norma alguna que autorice dicho sistema. Por otra parte, se ha observado en las oficinas visitadas que tanto el modelo 790 como el 990 se remiten a los interesados ya cumplimentados por la Administración y que en muchos casos los modelos 990 se envían sin la firma del órgano liquidador.
-Comentario a las alegaciones.–La Resolución del 9 de julio de 1007 invocada en alegaciones no subsana la falta de norma que autorice el sistema de autoliquidación en la tasa 052, al referirse exclusivamente a la presentación y pago de las tasas por vía telemática.
-2.44 El modelo 790 que se utilizaba en los ejercicios fiscalizados para la tasa de residencia es el genérico aprobado para las tasas por reconocimientos, autorizaciones y concursos del Ministerio de Administraciones Públicas, es decir, todas las tasas encuadradas bajo el código 052. Las tasas de residencia figuran en el punto 4 «permanencia y residencia de extranjeros» dentro de la tarifa segunda: «autorizaciones», junto con otras muy diversas como las relativas a actos deportivos, recreativos y espectáculos, o armas y explosivos. Además, el desglose de supuestos que se recogen en los impresos utilizados en 2004 y 2005 no es adecuado para la variedad de autorizaciones previstas en la legislación de extranjería vigente. En cuanto al modelo 990, en 2005 se continuó utilizando el mismo impreso de ejercicios anteriores, sin adaptarlo a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 2393/2004. En 2008 ya se habían actualizado ambos modelos.
-2.45 En ninguna de las Oficinas visitadas han sido tramitadas en vía ejecutiva las tasas no abonadas en período voluntario. El procedimiento establecido según las Instrucciones de 2003 de la Subdirección General de Administración Financiera del MAP, es que los órganos gestores de las tasas remitan mensualmente a dicha Subdirección una relación de las obligaciones de pago no satisfechas en período voluntario para su registro, tratamiento informático y envío a la AEAT para su recaudación en vía ejecutiva. Estas instrucciones no han sido cumplimentadas por ninguna de las oficinas visitadas. La falta de control sobre la recaudación que se ha observado en todas las oficinas hace que desconozcan si existen o no tales deudas, dejando dicho control en la confianza de que la policía controle el pago de las tasas antes de entregar las tarjetas, sin verificar de algún modo si dicho control funciona sin errores.
-2.46 Realizado por el Tribunal un contraste entre las fechas de pago de las tasas contenidas en la aplicación GFIN (procedentes de la información facilitada por la AEAT) y las grabadas en la aplicación de extranjería (correspondientes a la fecha de emisión de la tarjeta y no a la de pago real de la tasa, salvo en algunos casos corregidos por la Oficina respectiva), se han obtenido los siguientes resultados:
-a) De los 238 expedientes analizados en los que consta liquidación de la tasa 062, existen diferencias entre ambas fechas en 146 casos (61%), coinciden en 43 (18%), no se ha podido localizar el pago en la aplicación GFIN de 12 liquidaciones, de las cuales 4 figuran con la fecha de pago grabada en la aplicación de extranjería, y en 37 casos figura el pago de la tasa en GFIN y no en la aplicación de extranjería.
-b) De los 341 expedientes analizados en los que se liquida la tasa 052, existen diferencias entre ambas fechas en 177 casos (52%), coinciden en 68 (20%), no se ha podido localizar el pago en la aplicación GFIN de 27 liquidaciones, de las cuales 14 figuran con la fecha de pago grabada en la aplicación de extranjería, y en 69 casos figura el pago de la tasa en GFIN y no en la aplicación de extranjería.
-2.47 En cuanto a los expedientes de devolución de ingresos indebidos, solo tres de las oficinas visitadas (Baleares, Barcelona y Madrid) han facilitado información sobre los expedientes tramitados en los ejercicios fiscalizados. Los resultados más destacables del examen de una muestra de 42 resoluciones son:
-a) Las resoluciones de devolución de tasas son firmadas por el Delegado del Gobierno y son comunicadas al interesado y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En Barcelona y Madrid ambas comunicaciones se realizan generalmente con acuse de recibo, en Baleares no. En Madrid no se formaliza mediante resolución del Delegado de Gobierno la negativa a la devolución cuando se basa en la falta de legitimación del reclamante, sino que se tramita simplemente mediante una comunicación firmada por el Director del Área.
-b) En un número elevado de resoluciones se observan distintos errores formales y materiales, aunque individualmente de pequeña importancia relativa.
-c) De las incidencias observadas en diversas resoluciones se deduce que la principal circunstancia conflictiva de estos expedientes es el hecho de que los sujetos obligados al pago de las tasas son los empresarios, mientras que en muchos casos la solicitud de devolución se realiza por los extranjeros, que fueron los que efectuaron realmente el ingreso; dando lugar a problemas causados por criterios interpretativos de la legalidad contrapuestos entre las Delegaciones del Gobierno, la Abogacía del Estado y la AEAT.
-III. CONCLUSIONES.
-3.1 La presente fiscalización, solicitada por Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del 14 de marzo de 2006, trae causa del «Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002», por lo que se ha procurado seguir la estructura y disposición formal de dicho informe, así como efectuar, en lo posible, las mismas comprobaciones sobre la situación observada en los ejercicios ahora fiscalizados (2004, 2005 y 2008), si bien ampliando el alcance objetivo de la fiscalización a la tasa 052 (autorizaciones de residencia).
-3.2 Las dos tasas fiscalizadas (062 y 052) fueron gestionadas en los ejercicios citados por el Ministerio de Administraciones Públicas (suprimido a partir del 7 de abril de 2009) y actualmente por el Ministerio de la Presidencia, a través de las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno. La presente fiscalización se ha visto afectada por determinadas limitaciones, causadas por las deficiencias del sistema de información y registro de las tasas y por la inexistencia, insuficiencia o inaccesibilidad de documentación necesaria. Como consecuencia de tales limitaciones, el Tribunal de Cuentas no ha podido comprobar: a) la corrección de los importes aplicados al Presupuesto de Ingresos del Estado; b) la conciliación de los datos de recaudación facilitados por la AEAT; c) si se practican o no todas las liquidaciones procedentes; d) el importe total de las tasas liquidadas; e) el importe total de las tasas recaudadas; f) la cifra de deudores; y g) el importe de las tasas que debieron tramitarse en vía ejecutiva [puntos 1.15 a 1.19].
-3.3 La caracterización normativa de la tasa 062 adolecía de serias incongruencias y planteaba numerosas dudas de interpretación y de legalidad en los ejercicios 2004 y 2005, sin que las modificaciones de la LOEx en 2003 ni el nuevo Reglamento de 2004 sirvieran para subsanarlas, hasta la aprobación de la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre. Esta situación se producía principalmente en la determinación de las cuotas tributarias y en las exenciones. Respecto de la tasa 052, el fundamento legal de las cuotas que venían aplicándose en los ejercicios 2004 y 2005 es muy confuso. El MAP aplicó a las autorizaciones de residencia las cuotas recogidas en la Resolución 4/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General de Tributos, actualizadas según las leyes anuales de presupuestos, que se refiere a una serie de supuestos que no coinciden exactamente con las situaciones de estancia o residencia contempladas en la LOEx [puntos 2.1 a 2.3, 2.10 y 2.11].
-3.4 Las referidas discordancias se subsanaron finalmente con la aprobación de la Orden 3654/2007, vigente en el último de los ejercicios fiscalizados, que establece cuotas para cada uno de los supuestos establecidos en la legislación de extranjería relativos a las tasas cuya exacción corresponde a los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Administraciones Públicas. Por otro lado, el modelo de gestión y liquidación de las tasas de extranjería vigente en los ejercicios fiscalizados ha cambiado sustancialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, cuyo análisis queda fuera del alcance de la presente fiscalización [punto 2.4].
-3.5 No se han podido verificar por el Tribunal de Cuentas, respecto de la anterior normativa y la Orden 3654/2007, los principios de equivalencia y capacidad económica (artículos 7 y 8 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos). No existe constancia tampoco de la memoria económico-financiera cuya elaboración exige el artículo 20 de la citada Ley. Con relación a la Orden 3654/2007, se ha aportado una memoria sin firmas ni registro alguno y cuyo contenido no contempla los datos y cálculos mínimos necesarios para cumplir esta finalidad [puntos 2.5 a 2.9].
-3.6 El sistema de gestión de la tasa establecido por el MAP en los ejercicios 2004 y 2005 presentaba las mismas debilidades de control interno que en 2002. En efecto, no estaban debidamente clarificadas las competencias y funciones en materia de gestión y control de las tasas; no existían registros adecuados de las actuaciones practicadas; no se había establecido un archivo correcto y accesible de los expedientes; no se generaba información periódica ni se realizaba seguimiento sobre las liquidaciones, la recaudación y los deudores; y no existían órganos encargados del control y supervisión de la gestión de la tasa. En el año 2008, sin embargo, se aprecian visibles mejoras en el archivo de los expedientes, en el registro de las actuaciones y en el sistema de información, al utilizar las dos nuevas aplicaciones informáticas GFIN y PAC (véase el punto 2.31). No obstante, aún persistían debilidades en cuanto a la información y el control sobre la liquidación y la recaudación de las tasas, debido a las deficiencias observadas en la implementación y uso por las Oficinas de dichas aplicaciones [puntos 2.12 a 2.31].
-3.7 Seleccionada una muestra de 400 expedientes de gestión de las tasas, de los que 37 no han sido aportados al Tribunal, se han observado deficiencias, cuya caracterización se presenta en el anexo 2, con detalle por Oficinas gestoras. Los defectos más frecuentes son [puntos 2.32 a 2.39].
-a)	En 15 expedientes no hay constancia de la resolución de concesión de la autorización. En otros 6 expedientes se dictaron resoluciones de concesión de autorizaciones que no resultan procedentes a la vista de los datos deducidos de los propios expedientes. Por otro lado, cada oficina utilizaba modelos diferentes para formalizar la resolución, incluso para un mismo tipo de autorización.
-b)	En 247 expedientes no consta la notificación de la resolución.
-c)	Sobre los expedientes en los que sí consta dicha notificación, se ha comprobado con la aplicación GFIN el cumplimiento del plazo establecido para el pago de las tasas, resultando incumplido el mismo en 52 casos respecto de la tasa 062 y en 25 respecto de la tasa 052.
-d)	En la mayoría de los citados expedientes no se informa en la comunicación al interesado, o se hace incorrectamente, de los plazos para el ingreso de las tasas y de la aportación de los correspondientes justificantes.
-e)	En ninguna de las Oficinas visitadas se tramitaron los expedientes sancionadores por la infracción contemplada en el artículo 52.b) de la Ley Orgánica 4/2000 (retraso en la solicitud de renovación de autorizaciones caducadas).
-f)	En 93 expedientes se han observado errores u omisiones en el importe de la liquidación de la tasa.
-g)	En 206 expedientes no hay constancia del modelo de ingreso 990 validado por la entidad bancaria, y en 310 expedientes se observa la misma omisión respecto del modelo 790. En todos estos casos no se han podido realizar sobre estos documentos las comprobaciones previstas sobre la liquidación y el pago de la tasa correspondiente.
-h)	Tampoco se ha podido comprobar, en ningún caso, el cumplimiento del plazo de presentación de los justificantes validados, puesto que no constaba fecha de registro en los impresos para la Administración de los modelos 790 y 990 que pudieron examinarse.
-3.8 En las comprobaciones efectuadas sobre los aspectos relacionados con la recaudación, el Tribunal ha encontrado también deficiencias. Las más importantes son [puntos 2.40 a 2.47]:
-a)	El MAP no realizaba conciliación alguna sobre los datos de recaudación facilitados por la AEAT, procedentes de la información obligatoria a presentar por las Entidades colaboradoras.
-b)	Los datos de recaudación de las tasas facilitados por el MAP al Tribunal de Cuentas relativos a la tasa 052 en los ejercicios fiscalizados no son fiables, hasta el punto de que no ha sido posible cuadrar las cifras obtenidas de distintas fuentes del propio MAP.
-c)	Las tasas no abonadas en periodo voluntario no fueron objeto de tramitación en la vía ejecutiva en ninguna de las Oficinas visitadas, por lo que cabe inferir que numerosas deudas han prescrito, si bien las deficiencias de registro e información impiden conocer los casos concretos.
-d)	Se utilizaron incorrectamente de modo generalizado los dos modelos de gestión de las tasas. Por un lado, el modelo 990 (liquidación), utilizado para la tasa 062, se remitía a los interesados ya cumplimentado, pero sin la firma en muchos casos del órgano liquidador. Por otro lado, el modelo 790 (autoliquidación), utilizado para la tasa 052, resultaba improcedente al no haberse autorizado reglamentariamente dicho sistema para esta tasa. Además, no existía ningún mecanismo adecuado en el modelo 790 para identificar rigurosamente las tasas de extranjería, ya que en el mismo código 052 «reconocimientos, autorizaciones y concursos» se incluyen otras muy variadas. Estas deficiencias generaron en la práctica confusiones a los interesados y a la Administración.
-e)	Se han observado también diversos errores en los expedientes de devolución de ingresos examinados, provocados fundamentalmente por el hecho de que los sujetos obligados al pago de las tasas son los empresarios, mientras que en muchos casos la solicitud de devolución se realizó por los extranjeros, que fueron los que efectuaron realmente el ingreso; dando lugar a problemas causados por criterios interpretativos de la legalidad contrapuestos entre las Delegaciones del Gobierno, la Abogacía del Estado y la AEAT.
-IV. RECOMENDACIONES.
-4.1 El Tribunal de Cuentas recomienda la mejora del sistema de control interno relativo a la gestión de las tasas 062 y 052, estableciendo registros y sistemas de información más completos y fiables, así como procedimientos de gestión, archivo, seguimiento y control adecuados. Se considera preciso, también, mejorar las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de las tasas.
-4.2 El Tribunal recomienda que, previamente al establecimiento de nueva normativa o actualización del importe de las tasas de extranjería, se elabore la memoria económico-financiera exigida por la LOEx y por la Ley de Tasas, así como se tenga en cuenta el principio de equivalencia requerido por dicha Ley.
-4.3 El Tribunal de Cuentas recomienda la introducción de mejoras en la gestión y recaudación de las tasas objeto de la presente fiscalización, al objeto de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en las comprobaciones realizadas. En particular, debe considerarse la correcta integración de los expedientes, un sistema de notificación adecuado y un control suficiente sobre la recaudación y las tasas impagadas, así como su tramitación por la vía de apremio.
-Madrid, 22 de diciembre de 2010.–El Presidente, Manuel Núñez Pérez.
-ANEXOS
-ANEXO 1. CUANTÍA TASAS DE EXTRANJERÍA EN 2004, 2005 Y 2008","Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de extranjería, 4 puntos para analizar ","Oye, Gob, que estaría bien ""evitar la total discrecionalidad"" detectada por Tribunal de Cuentas en tasas extranjería "
-2426,"Por Resolución de fecha 14 de marzo de 2013 (Boletín Oficial del Estado del 22) se convocaron las ayudas para la amortización de películas cinematográficas de largometraje en sus dos modalidades, general y complementaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley 55/2007 del Cine, de 25 de diciembre, en el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, y en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, reservándose la cantidad de 26.000.000,00 euros del presupuesto de gastos del Organismo para el año 2013 .
-De acuerdo con lo dispuesto en las citadas disposiciones, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA) ha estudiado las solicitudes admitidas para la ayuda general y para la complementaria, conforme a lo previsto en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, artículos 56 a 61, comprobando los espectadores obtenidos por las películas en el primer año de explotación comercial y, en su caso, en los dieciocho primeros meses, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria; el coste de cada una y la inversión del productor en las mismas, así como los conceptos, límites, restricciones y obligaciones a que se refiere la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, y lo establecido en la convocatoria.
-Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto para este fin, vista la propuesta de la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual y en uso de las atribuciones conferidas por la citada Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por Resolución de esta Dirección General, de 2 de julio de 2013, se concedieron las ayudas de carácter general y complementaria para la amortización de películas cinematográficas de largometraje en la convocatoria del año en curso.
-Por todo ello, y como garantía del principio de publicidad establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección General ha resuelto:
-Primero.
-Hacer público el extracto de la Resolución de 2 de julio de 2013 por la que se conceden, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.103.470 «Fondo de protección a la cinematografía» del programa 335C «Cinematografía» del presupuesto de gastos del Organismo para el año 2013, las ayudas de carácter general y complementaria para la amortización de películas cinematográficas de largometraje que figuran en el anexo de la presente resolución, por un importe total de 24.380.069,29 euros.
-Segundo.
-El importe total concedido en concepto de ayuda general para la amortización asciende a 4.833.031,29 euros y es el resultado de aplicar el 15 por 100 del número de espectadores de la película durante los doce o dieciocho primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España, por el precio medio de la entrada establecido en la convocatoria, calculado según se detalla en el artículo 56.3 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por las películas concurrentes a la convocatoria, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada productora en la realización de las mismas.
-Tercero.
-El importe total concedido en concepto de ayuda complementaria para la amortización asciende a 19.547.038,00 euros y es el resultado de multiplicar 10.000 euros por el número total de puntos obtenidos del cálculo realizado según el sistema de puntuación de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 56.4 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. Todo ello, en relación a las películas concurrentes a la convocatoria y que han obtenido los espectadores requeridos durante el primer año o los dieciocho meses de explotación comercial después de su calificación, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada productora en la realización de las mismas.
-Cuarto.
-La Resolución de 2 de julio de 2013, cuyo texto íntegro se encuentra a disposición de los interesados en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y en el tablón de anuncios de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, plaza del Rey, n.º 1, de Madrid; pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma puede interponerse en el plazo de dos meses desde el siguiente a la fecha de su notificación, recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14).
-En el caso de no impugnarla directamente mediante el recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior, dicha resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La presentación del mencionado recurso de reposición podrá efectuarse, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a través de la oficina virtual «Registro Telemático» del Ministerio de Cultura (www.mcu.es/registro), siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez. De interponerse el recurso de reposición, el recurso contencioso-administrativo no podrá presentarse hasta que el de reposición haya sido resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes, transcurrido el cual podrá entenderse desestimado a los efectos de interponer el recurso contencioso-administrativo.
-Madrid, 3 de julio de 2013.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Susana de la Sierra Morón.
-ANEXO
-Titulo
-Productora CIF y %
-Coste Película 
-– 
-Euros
-Inversión productor 
-subvencio- 
-nable 
-– 
-Euros
-Especta- dores
-Puntos
-Importe ayuda general 
-– 
-Euros
-Importe ayuda 
-complemen- 
-taria 
-– 
-Euros
-Total Ayuda 
-– 
-Euros
-¿PARA QUE SIRVE UN OSO?
-ALTA PRODUCCION, S.L. UNIPERSONAL CIF. B82120585 (40%)
-3.180.474,09
-3.085.474,09
-179.171
-112
-80.073,88
-448.000,00
-528.073,88
-¿PARA QUE SIRVE UN OSO?
-VERSATIL CINEMA, S.L. CIF. B64348147 (60%)
-3.180.474,09
-3.085.474,09
-179.171
-112
-120.110,83
-672.000,00
-792.110,83
-23 F
-LAZONA FILMS, S.L. CIF. B81653917 (5%)
-3.826.908,15
-3.718.908,15
-63.542
-126
-3.190,99
-60.000,00
-63.190,99
-23 F
-WAVE FILMS A.I.E. CIF. V65391948 (95%)
-3.826.908,15
-3.718.908,15
-63.542
-126
-60.628,77
-1.140.000,00
-1.200.628,77
-AFICIONADOS
-ARTURO DUEÑAS HERRERO. CIF. 09274064G (100%)
-115.367,08
-113.274,42
-3.903
-0
-3.811,28
-0,00
-3.811,28
-AMIGOS...
-DARK LIGHT PRODUCTIONS, S.L CIF. B85374882 (60%)
-3.306.863,82
-3.301.863,82
-318.533
-119
-186.000,00
-714.000,00
-900.000,00
-BARCELONA, ABANS QUE EL TEMPS HO ESBORRI (2)
-PROMARFI FUTURO 2010 S.L. CIF. B65236283 (100%)
-675.026,20
-675.026,20
-10.315
-9
-10.072,60
-90.000,00
-100.072,60
-BRUTAL BOX (2)
-BRUTAL BOX, S.L. CIF. B85836393 (100%)
-213.047,08
-213.047,08
-44.347
-0
-43.709,62
-0,00
-43.709,62
-CARA OCULTA, LA
-AVALON PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA S.L. CIF. B85104958 (39.92%)
-1.398.524,22
-1.398.524,22
-399.741
-10
-159.680,00
-39.920,00
-199.600,00
-CARA OCULTA, LA
-CACTUS FLOWER PRODUCCIONES S.L. CIF. B65236705 (60.08%)
-1.398.524,22
-1.398.524,22
-399.741
-10
-240.320,00
-60.080,00
-300.400,00
-CREBINSKY
-CABO SAM LOURENZO MISIONS ESPECTACULARES, S.L. CIF B15973415 (29%)
-1.215.548,43
-616.918,43
-8.243
-0
-2.334,29
-0,00
-2.334,29
-CREBINSKY
-PULSA CONTROL Z, S.L. CIF. B70106224 (51%)
-1.215.548,43
-616.918,43
-8.243
-0
-4.105,14
-0,00
-4.105,14
-CREBINSKY
-ZIRCOZINE S.L. CIF. B70114129 (20%)
-1.215.548,43
-616.918,43
-8.243
-0
-1.609,86
-0,00
-1.609,86
-DAGA DE RASPUTIN, LA
-ENRIQUE CEREZO PROD. CINEMATOG. S.A. CIF. A81052706 (55%)
-3.558.808,81
-3.521.848,81
-88.666
-123
-50.175,88
-660.000,00
-710.175,88
-ENCONTRARAS DRAGONES
-ANTENA 3 FILMS S.L.U. CIF. B82832841 (9.87%)
-6.399.967,49
-6.303.862,48
-341.204
-122
-29.610,00
-118.440,00
-148.050,00
-ENCONTRARAS DRAGONES
-MOUNT SANTA FE ESPAÑA, A.I.E. CIF. V85505378 (90.13%)
-6.399.967,49
-6.303.862,48
-341.204
-126
-270.390,00
-1.081.560,00
-1.351.950,00
-EVA
-ESCANDALO FILMS, S.L. CIF. B60772217 (100%)
-5.364.723,54
-4.234.223,54
-150.472
-133
-163.902,89
-1.200.000,00
-1.363.902,89
-EXTRAÑO CASO DE ANGELICA, EL (2)
-EDDIE SAETA, S.A. CIF. A59100347 (100%)
-614.559,14
-231.468,44
-6.229
-0
-6.082,62
-0,00
-6.082,62
-LO CONTRARIO AL AMOR
-ANTENA 3 FILMS S.L.U. CIF. B82832841 (40%)
-3.391.151,46
-3.391.151,46
-419.786
-115
-140.000,00
-460.000,00
-600.000,00
-LO CONTRARIO AL AMOR
-ZETA CINEMA, S.L. CIF. B63734255 (60%)
-3.391.151,46
-3.391.151,46
-419.786
-119
-186.000,00
-714.000,00
-900.000,00
-MAKTUB
-SONRISAS QUE HACEN MAGIA PRODUCCIONES AIE CIF. V85998680 (100%)
-4.376.477,72
-4.268.477,72
-113.504
-128
-119.537,78
-1.200.000,00
-1.319.537,78
-MIRADA INVISIBLE, LA
-MEDIAGRAMA, S.L. CIF. B92046473 (90.91%)
-133.024,39
-80.288,39
-3.988
-0
-3.540,29
-0,00
-3.540,29
-MITAD DE OSCAR, LA (2)
-LA LOMA BLANCA PROD. CINEMATOGRÁFICAS, S.L. CIF B04479861 (87,82%)
-899.305,11
-626.805,11
-12.998
-9
-11.146,59
-79.038,00
-90.184,59
-MORENTE (2)
-IRCANIA PRODUCCIONES DEL SUR,S.L. CIF. B18917104 (100%)
-2.013.960,92
-2.013.960,92
-4.880
-11
-4.765,32
-110.000,00
-114.765,32
-NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS (1)(2)
-LAZONA FILMS, S.L. CIF. B81653917 (30%)
-4.438.107,30
-3.994.675,30
-754.074
-134
-240.000,00
-360.000,00
-600.000,00
-NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS (1)(2)
-MANTO FILMS A.I.E. CIF. V65116014 (20%)
-4.438.107,30
-3.994.675,30
-754.074
-134
-160.000,00
-240.000,00
-400.000,00
-NO LO LLAMES AMOR... LLAMALO X
-ANTENA 3 FILMS S.L.U. CIF. B82832841 (60%)
-3.772.117,72
-3.772.117,72
-170.529
-122
-113.454,04
-720.000,00
-833.454,04
-NO LO LLAMES AMOR... LLAMALO X
-APARTE FILMS,S.L. CIF. B85234565 (25.6%)
-3.772.117,72
-3.772.117,72
-170.529
-126
-48.407,06
-307.200,00
-355.607,06
-NO LO LLAMES AMOR... LLAMALO X
-VERTICE FILMS, S.L. CIF. B64594427 (14.4%)
-3.772.117,72
-3.772.117,72
-170.529
-126
-27.228,97
-172.800,00
-200.028,97
-NO TENGAS MIEDO
-ORIA FILMS,S.L. CIF. B82473919 (100%)
-3.256.266,82
-3.053.266,82
-99.173
-107
-103.057,10
-1.070.000,00
-1.173.057,10
-PASOS DOBLES, LOS (1)
-TUSITALA PROD. CINEM, S.L. CIF. B81783672 (100%)
-991.636,75
-419.946,10
-10.081
-0
-9.844,10
-0,00
-9.844,10
-PASSI EL QUE PASSI
-AIGUAVIVA FILMS, S.L. CIF. B17744848 (100%)
-57.421,66
-52.421,66
-4.626
-0
-4.517,29
-0,00
-4.517,29
-PIEL QUE HABITO, LA (1)
-EL DESEO D.A., S.L. CIF. B83154625 (100%)
-9.246.541,26
-9.098.541,26
-738.841
-131
-300.000,00
-1.200.000,00
-1.500.000,00
-PRIMOS (2)
-ATIPICA FILMS, S.L. CIF. B81068058 (50%)
-3.910.948,12
-3.820.948,12
-565.041
-124
-377.737,03
-600.000,00
-977.737,03
-PRIMOS (2)
-MOD PRODUCCIONES, S.L. CIF. B85238996 (50%)
-3.910.948,12
-3.820.948,12
-565.041
-124
-377.737,03
-600.000,00
-977.737,03
-SECUESTRADOS (2)
-ATTIC FILMS, S.L. CIF. B86015617 (7.5%)
-703.706,75
-386.706,75
-60.666
-9
-4.557,06
-6.750,00
-11.307,06
-SECUESTRADOS (2)
-BLUR PRODUCCIONES,S.L. CIF. B84087568 (7.5%)
-703.706,75
-386.706,75
-60.666
-9
-4.557,06
-6.750,00
-11.307,06
-SECUESTRADOS (2)
-VACA FILMS STUDIO, S.L. CIF. B15870561 (85%)
-703.706,75
-386.706,75
-60.666
-9
-51.646,69
-76.500,00
-128.146,69
-SIN RETORNO (2)
-CASTAFIORE FILM S, S.L. CIF. B97931059 (50%)
-2.158.326,65
-1.978.119,53
-32.067
-79
-15.656,71
-395.000,00
-410.656,71
-SIN RETORNO (2)
-TORNASOL FILMS, S.A. CIF. A78479532 (50%)
-2.158.326,65
-1.978.119,53
-32.067
-79
-15.656,71
-395.000,00
-410.656,71
-SOMBRA PROHIBIDA, LA
-LA CRUZADA ENTERT., S.L. CIF. B84812767 (100%)
-6.362.088,00
-6.362.088,00
-41.550
-128
-40.839,33
-1.200.000,00
-1.240.839,33
-TORRENTE 4
-AMIGUETES ENTERPRISES, S.A. CIF. A82389453 (100%)
-9.312.535,03
-9.312.535,03
-2.681.220
-130
-300.000,00
-1.200.000,00
-1.500.000,00
-ULTIMO VUELO DEL FLAMENCO, EL
-POTENZA PROD., S.L. CIF. B84114024 (100%)
-82.911,47
-82.911,47
-829
-0
-809,52
-0,00
-809,52
-UN CUENTO CHINO
-ALIWOOD MEDITERRANEO PRODUCCIONES, S.L. CIF. B54337357 (41.23%)
-2.465.229,51
-2.246.124,65
-359.113
-83
-164.920,00
-342.209,00
-507.129,00
-UN CUENTO CHINO
-CASTAFIORE FILMS, S.L. CIF. B97931059 (58.18%)
-2.465.229,51
-2.246.124,65
-359.113
-83
-232.720,00
-482.894,00
-715.614,00
-UN CUENTO CHINO
-TORNASOL FILMS, S.A. CIF. A78479532 (0.59%)
-2.465.229,51
-2.246.124,65
-359.113
-83
-2.360,00
-4.897,00
-7.257,00
-URTEBERRION, AMONA! (¡FELIZ AÑO, ABUELA!)
-IRUSOIN, S.A. CIF. A20146536 (100%)
-1.748.167,86
-1.587.167,86
-32.096
-6
-31.341,74
-60.000,00
-91.341,74
-VALERIA DESCALZA
-SENDEJA FILMS, S.A. CIF. A48168595 (100%)
-693.999,45
-263.166,45
-5.310
-6
-5.185,22
-60.000,00
-65.185,22
-VOZ DORMIDA, LA (1)
-MAESTRANZA FILMS, S.L. CIF. B41501578 (75%)
-4.023.845,49
-3.665.845,49
-349.135
-132
-225.000,00
-900.000,00
-1.125.000,00
-VOZ DORMIDA, LA (1)
-MIRADA SUR, S.L. CIF. B91074872 (25%)
-4.023.845,49
-3.665.845,49
-349.135
-132
-75.000,00
-300.000,00
-375.000,00
-(1) Película con periodo de cómputo de 18 meses. 
-(2) Rodaje entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 (disposición transitoria tercera de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre).","Ayudas para la amortización de películas cinematográficas de largometraje en sus dos modalidades, general y complementaria, con un importe total de 24.380.069,29 euros. ","Ayudas para la amortización de largometrajes 2013: más de 24 millones. Más para quién más tiene, como siempre  #BOE"
-2722,"El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de suplementos de créditos en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad con la finalidad de atender necesidades de financiación en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por importe global de 70.000.000 de euros.
-La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas se encuentra en una difícil situación desde el punto de vista de su financiación. En la actualidad presenta insuficiencias de crédito que le impiden adquirir los compromisos de gasto indispensables para mantener operativa su actividad y su remanente de tesorería no le permite afrontar la cadencia de los pagos debidos durante el año 2013.
-Para compensar la falta de liquidez del organismo, el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, concedió un suplemento de crédito por importe de 25.000.000 de euros a la citada agencia estatal para atender sus necesidades de financiación.
-En la actualidad, se vuelve a poner de manifiesto la necesidad estructural de financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas derivada de la pérdida de financiación acumulada en los últimos cuatro años. La insuficiencia de crédito de la Agencia Estatal para poder mantenerse operativa respetando los compromisos adquiridos y cumplir con las obligaciones derivadas de los proyectos y contratos de investigación concedidos, implica la necesidad de que le sea transferida una aportación de nuevos recursos.
-Así, además de las obligaciones adquiridas de pago de nóminas al personal contratado, existen otros gastos asociados a proyectos y contratos que deben ejecutarse obligatoriamente durante 2013, por ser ésta la última anualidad del proyecto, por la propia programación científica o por exigirlo expresamente así la convocatoria o resolución de concesión, cuyo incumplimiento originaría la apertura de procedimiento de reintegro por las cantidades subvencionadas y no gastadas dentro del plazo de ejecución del proyecto, más los correspondientes intereses.
-Estas razones determinan la urgencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en recibir el suplemento de crédito tanto para poder cumplir con los compromisos adquiridos como para atender a los pagos derivados de la ejecución de su presupuesto.
-En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de octubre de 2013,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Concesión de suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
-1. Se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 11 «Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación», Programa 000X «Transferencias internas», Concepto 430 «Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)» por importe de 20.000.000 de euros.
-2. Se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 11 «Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación», Programa 000X «Transferencias internas», Concepto 730 «Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)» por importe de 50.000.000 de euros.
-Estos suplementos de crédito tendrá el siguiente reflejo en el presupuesto de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas:
-Presupuesto de ingresos:
-Aplicación presupuestaria
-Denominación
-Importe
-–
-Euros
-27.401.400.00
-Del departamento ministerial al que está adscrito
-+20.000.000,00
-27.401.700.00
-Del departamento ministerial al que está adscrito
-+50.000.000,00
-27.401.870
-Remanente de tesorería
-–70.000.000,00
-Artículo 2. Financiación de los suplementos de crédito.
-Los suplementos de crédito que se conceden en el presente real decreto-ley se financiarán con deuda pública.
-Disposición final única. Entrada en vigor.
-El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 18 de octubre de 2013.
-JUAN CARLOS R.
-La Presidenta del Gobierno, en funciones,
-SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN",Real Decreto donde se concede los suplementos de créditos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por importe global de 70.000.000 de euros,El Real Decreto de los 70 millones para el CSIC aprobado ayer  #BOE
-3626,"En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 8 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 105, del 30), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9.
-Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas.
-De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución.
-Madrid, 3 de octubre de 2014.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán.
-ANEXO
-Área de Atención a Personas Mayores
-Actuación Subvencionada: Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores
-Nombre de la Entidad
-Importe concedido
-NIF
-Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER)
-8.485
-G-81049058
-Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional
-74.424
-G-49225980
-Vida Ascendente
-15.000
-R-2800599-I
-Fundación del Hombre
-11.190
-G-78052701
-Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz
-128.019
-G-81594962
-Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
-23.173
-G-20881231
-Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES)
-148.150
-G-82911306
-Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI)
-34.063
-G-79044194
-Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida
-19.103
-G-81881336
-Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN
-28.015
-G-83542241
-Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN)
-8.845
-G-79819967
-Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM)
-14.724
-G-18487199
-Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)
-15.534
-G-78769593
-Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT
-98.183
-G-28474898
-Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE)
-103.885
-G-81715534
-Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo
-22.414
-G-79201877
-Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.
-140.329
-G-78755683
-Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
-14.887
-G-73366338
-Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda
-8.624
-G-79365177
-Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
-630.014
-G-28718310
-Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL)
-12.447
-G-79417754
-Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE)
-44.360
-G-28915619
-Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS)
-42.153
-G-28239299
-Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA)
-118.239
-G-79462719
-Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.)
-24.514
-G-82308289
-Fundación Alzheimer España (FAE)
-33.372
-G-80158462
-Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
-204.000
-G-82662743
-Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)
-27.236
-G-91346940
-Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres
-12.050
-G-28705424
-Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM)
-10.238
-G-80861305
-Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM)
-48.259
-G-82483595
-Asociación Grupo Mayores (AGM)
-10.811
-G-82116542
-Total
-2.134.740","Subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores por un total mayor a dos millones de euros.",Subvenciones a ONG de atención a mayores: dos millones.  En 2011 (y anteriores) se repartían más de tres millones #BOE
-1146,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Marqués de Oliva, resultan los siguientes
-Antecedentes de hecho
-Primero. Constitución de la Fundación.
-La Fundación anteriormente citada fue constituida por la entidad Ocio Networks, S.L., según consta en la escritura pública número 1.458, otorgada el 30 de noviembre de 2012, ante la Notario del Ilustre Colegio de Madrid, doña Eloisa López-Monís Gallego, que fue subsanada por la escritura pública número 1.053, autorizada el 20 de septiembre de 2013 por la mencionada Notario.
-Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
-El domicilio de la Fundación quedó establecido en San Agustín de Guadalix (Madrid), calle Cedros, número 180, urbanización «Valdelagua», y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
-Tercero. Dotación.
-Dotación inicial: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos euros (44.472 euros).
-La dotación ha sido totalmente desembolsada y consiste en los siguientes bienes y derechos:
-a) Cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos euros (41.472 euros), consistente en la aportación en pleno dominio de material informático, tanto hardware, software, hosting y otros, detallados en la tasación realizada por don Juan Martos Luque (DNI/NIF: 07245280G), de la empresa Investigaciones Informáticas Norte, S.L. (CIF: B85243749), de fecha 22 de noviembre de 2012.
-b) Tres mil euros (3.000 euros), en dinero que ha sido íntegramente desembolsado por la entidad fundadora.
-Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
-Cuarto. Fines de la Fundación.
-En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
-– El fomento de la actividad emprendedora y el desarrollo empresarial en España, apoyando y facilitando a emprendedores la puesta en marcha de sus empresas y fomentando el instinto emprendedor.
-– Promoción de la inversión privada en todo tipo de empresas, fomento de la figura de los Business Angels y apoyo al emprendedor y las nuevas iniciativas empresariales en España.
-Quinto. Patronato.
-Presidente: Don Alejandro Florentino Suárez Sánchez-Ocaña.
-Secretario: Don José Antonio Salaverri Lechuga.
-Vocales: Don Raúl Ortiz Andrés y don Javier González Doménech.
-Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución.
-Fundamentos de derecho
-Primero.
-Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
-El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
-La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
-El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
-La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
-Segundo.
-Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y a la adecuación y suficiencia de la dotación y habiéndose emitido por el Protectorado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.
-Tercero.
-Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
-Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Marqués de Oliva y su Patronato.
-Madrid, 14 de octubre de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.",Creacion de la Fundación Marqués de Oliva,Ojo al primer punto de las funciones de esta fundación y las veces que se repite la palabra emprendedor  #BOE #cansino
-2255,"I
-Las necesidades de funcionamiento de determinados sectores de actividad pública requieren de la incorporación de personal de nuevo ingreso conforme a una cadencia temporal preestablecida.
-Esta situación se produce especialmente en los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios y de profesorado universitario, en el personal de las Fuerzas Armadas y en el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
-Para poder garantizar la prestación de estos servicios públicos con estabilidad y con ajuste a las necesidades, es preciso contar con una adecuada planificación de medios personales, a lo que contribuye la aprobación por este real decreto-ley de la Oferta de empleo público de los sectores referidos.
-El artículo 70 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regula la Oferta de empleo público como instrumento de gestión de la incorporación de personal de nuevo ingreso. Dada la extraordinaria y urgente necesidad de que se produzcan las incorporaciones de este personal a los citados sectores de actividad, este real decreto-ley aprueba una Oferta de empleo público para la inmediata convocatoria de los respectivos procesos selectivos.
-II
-El derecho a la educación se consagra como derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución. La escolarización de la población en general y de la que se encuentra en etapas de la educación no universitaria y en particular, obligatoria, constituye uno de los pilares esenciales para hacer efectivo su ejercicio.
-En el caso del personal docente no universitario, la necesidad urgente e inaplazable surge del hecho consistente en que es un sector de actividad que requiere la incorporación de personal de nuevo ingreso al inicio de cada curso lectivo.
-Esto es, el proceso selectivo del personal perteneciente a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios, debe desarrollarse de un modo necesariamente temporal y acompasado a los cursos lectivos. Este real decreto-ley garantiza la necesidad inaplazable de cobertura de plazas para el comienzo del curso académico 2017-2018, a fin de proveer con medios personales fundamentales el derecho a la educación del artículo 27 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-En concreto, este real decreto-ley prevé respecto de las Administraciones Públicas con competencias educativas, la convocatoria anticipada para acceso a los cuerpos de funcionarios docentes de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de un número de plazas del cien por cien en términos de tasa de reposición de efectivos de dichos cuerpos, la cual se considera la estrictamente necesaria para garantizar el mantenimiento de los medios personales indispensables para la adecuada prestación de este servicio esencial. En el ámbito de las competencias educativas de la Administración General del Estado, se procede a la aprobación de la oferta de empleo público para cuarenta y dos plazas del Cuerpo de maestros.
-Asimismo y por los mismos motivos que se acaban de señalar, y que se desarrollan igualmente en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, este real decreto-ley prevé una tasa de reposición de efectivos de hasta un máximo del cien por ciento para los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y para los profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
-III
-Las Fuerzas Armadas requieren, para el cumplimiento de las misiones que constitucionalmente tienen asignadas y asegurar el nivel de operatividad necesario de sus unidades, unos efectivos mínimos, por debajo de los cuales resultaría difícil la consecución de estos objetivos. Es preciso además, que tales efectivos tengan una distribución adecuada en el tiempo, que permita garantizar la operatividad de las unidades, por lo que es necesario un acceso anual a las distintas escalas de oficiales en una cuantía determinada y sensiblemente constante.
-Esta situación se ve agravada en las citadas escalas de oficiales por la complejidad y duración del periodo de formación previo al acceso a las mismas, en el que se requiere no solo superar los estudios correspondientes a sus futuras funciones como militar de carrera, sino también la obtención de un título de grado universitario. En este caso, la programación de la enseñanza militar y especialmente, la correlativa enseñanza universitaria de grado en los Centros Universitarios de la Defensa, determina que la aprobación de la oferta de las correspondientes plazas deba hacerse con la máxima urgencia, ya que la no aprobación inmediata de la misma conllevará el consiguiente retraso en el desarrollo de los procesos selectivos, así como en el nombramiento como alumnos de quienes superen los mismos, lo que impediría el normal desarrollo del curso académico, dada la adscripción de estos centros a una determinada universidad.
-Las mismas consideraciones pueden darse por reproducidas respecto a la oferta de empleo público para la escala de oficiales de la Guardia Civil, ya que, de acuerdo con lo previsto en la disposición final séptima de la Ley 39/2007, de 13 de noviembre, de la carrera militar, en la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas se incluyen las de ingreso en la enseñanza de formación para la incorporación a la escala superior de la Guardia Civil.
-Respecto del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, este real decreto-ley garantiza las necesidades de la defensa nacional y de la seguridad pública que se reflejan en las respectivas plantillas. Asimismo, el período selectivo para el ingreso de este personal se ha de acompasar a los inmediatos períodos formativos posteriores exigidos, conforme al capítulo IV del título IV de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, al artículo 29.2.a) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y al artículo 28.1.a) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil, respectivamente, lo cual no puede esperar a la aprobación de un nuevo presupuesto lo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la norma.
-En el caso del personal de las Fuerzas Armadas, el artículo 18 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, prevé la aprobación anual de la provisión de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación, sobre la base de la programación plurianual, de los créditos presupuestarios, de la evolución real de efectivos y de los procesos de formación definidos en dicha Ley. Al amparo de lo anterior, este real decreto-ley fija en mil seiscientas noventa y nueve el número de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación, conforme a las modalidades que establece la citada Ley 39/2007, de 19 de noviembre, desglosadas en setecientas sesenta y seis plazas de acceso directo y novecientas treinta y tres plazas de promoción interna.
-En el ámbito del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se provee en 2017 a la Policía Nacional de tres mil trescientas treinta y una plazas de nuevo ingreso y doscientas sesenta de promoción interna, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, y de dos mil trescientas cuarenta y seis plazas al Cuerpo de la Guardia Civil. De estas, mil ochocientas una se destinan al ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, cuatrocientas ochenta adicionales son de promoción interna y sesenta y cinco son para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil. Todas estas plazas se ofertan conforme al artículo 26 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, y responden al previo análisis de las necesidades inmediatas de medios personales que requiere la seguridad pública.
-Por su parte, respecto de los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas, regulados por la citada Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, son predicables las mismas razones de atención a las necesidades de seguridad pública y de procesos de formación señalados anteriormente.
-IV
-Este real decreto-ley cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de sectores de actividad pública esenciales como son la educación, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo, no genera nuevas cargas administrativas y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue.
-V
-Como ha señalado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, corresponde al Gobierno apreciar cuál es el momento o la coyuntura económica más apropiada para adoptar medidas de política económica general, pudiendo adoptarse las mismas, cuando así sea preciso, mediante la aprobación de disposiciones legislativas provisionales y de eficacia inmediata como las contenidas en un real decreto-ley.
-Todos los argumentos expuestos justifican de manera adecuada y suficiente la urgente y extraordinaria necesidad de la adopción del presente real decreto-ley. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, de la Ministra de Defensa, del Ministro del Interior y del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 2017,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Oferta de empleo público para acceso a los cuerpos de funcionarios docentes en Administraciones Públicas con competencias educativas, cuerpos docentes universitarios, profesores contratados doctores de Universidad y a los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
-1. Con respeto, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, se fija una tasa de reposición de efectivos de hasta un máximo del cien por ciento para los siguientes sectores:
-a) Las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas de los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios.
-b) Los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
-c) Los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio.
-2. La validez de la tasa autorizada en el apartado anterior estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia», de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2017.
-La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
-3. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, además de cualquier otra información que les sea requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año inmediato anterior.
-4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
-5. No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.
-Artículo 2. Oferta de empleo público para acceso a sectores de actividad del ámbito competencial de la Administración General del Estado.
-1. Durante el ejercicio 2017, en el ámbito de la Administración General del Estado, se autorizan para el acceso libre un total de 42 plazas para acceso libre en el Cuerpo de Maestros.
-2. Durante el ejercicio 2017, se autorizan un total de 1.699 plazas de militares de carrera y militares de complemento de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar, y 65 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil y en la disposición final séptima de la citada Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
-El número de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación, desglosadas en plazas de acceso directo, plazas de promoción de militares de carrera a las escalas de oficiales, plazas de promoción y promoción interna de militares de complemento a las escalas de oficiales, plazas de promoción de militares de tropa y marinería a las escalas de oficiales y suboficiales y plazas para la escala de oficiales de la Guardia Civil; así como plazas de acceso a una relación de servicios de carácter permanente y plazas de reservistas voluntarios, se determinan en el Anexo de este real decreto-ley.
-3. Durante el ejercicio 2017, se autorizan un total de 3.331 plazas para el acceso a la Policía Nacional, con la siguiente distribución por escalas:
-Escala Ejecutiva: 130.
-Escala Básica: 3.201.
-Del total de plazas autorizadas en la Escala Básica de la Policía Nacional se reservan 640 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios como tales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Estas plazas, de no ser cubiertas, se acumularán a las autorizadas por oposición libre en la Escala Básica de la Policía Nacional.
-Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, la autorización de la convocatoria de 130 plazas para oposición libre en la Escala Ejecutiva, comporta la autorización de la convocatoria de 260 plazas para su provisión por promoción interna, desde la categoría de Subinspector.
-4. Durante el ejercicio 2017, se autorizan hasta un total de 1.801 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
-Del total de plazas autorizadas en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil se reservan 721 a los militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios efectivos como tales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, y 175 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. En ambos casos, estas plazas, de no ser cubiertas, se acumularán a las autorizadas por oposición libre en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
-Asimismo, se autoriza la convocatoria, para ingreso por promoción profesional en los centros docentes de formación de la Guardia Civil, mediante la modalidad de promoción interna, de 80 plazas en la Escala de Oficiales y de 400 en la Escala de Suboficiales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.
-5. Las plazas autorizadas en el ámbito de la Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en este artículo se computarán a efectos de la tasa de reposición que durante 2017 corresponda a la Administración General del Estado en los términos que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
-Disposición adicional primera. Normas por las que se desarrollarán los procesos selectivos del ámbito de la Administración General del Estado.
-1. A los procesos selectivos que se aprueben en ejecución del artículo 2.1 de este real decreto-ley, les serán de aplicación los criterios generales sobre procesos, su publicidad y gestión, referentes a personal funcionario de carrera, previstos por el artículo 3 y las normas sobre reserva de plazas para personas con discapacidad del artículo 4 del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016.
-2. A los procesos selectivos que se aprueben en ejecución de los restantes epígrafes del artículo 2, se les aplicará la normativa específica de cada uno de los ámbitos a los que se refieren los mismos.
-Disposición adicional segunda. Oferta de empleo público de la Policía Autónoma Vasca.
-1. Con vigencia indefinida, la oferta de empleo público de la Policía Autónoma vasca será la que resulte necesaria para dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Seguridad para el País Vasco sobre su composición numérica total, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco.
-2. Lo establecido en el apartado anterior resultará igualmente de aplicación a las ofertas de empleo público de la Policía Autónoma Vasca de los años 2015 y 2016.
-Disposición final primera. Títulos competenciales.
-Las previsiones sobre la oferta de empleo público y la tasa de reposición de personal docente no universitario de las Administraciones públicas con competencias educativas, cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades y de Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, así como la disposición adicional segunda, tienen carácter básico y se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª, que atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y del artículo 156.1 de la Constitución Española.
-Respecto del personal de Fuerzas Armadas, este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas. Y en lo que se refiere al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
-Disposición final segunda. Entrada en vigor.
-Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2017.
-FELIPE R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY
-ANEXO
-FUERZAS ARMADAS Y ESCALA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL PLAZAS DE INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN
-Ingreso directo
-1. Militares de carrera
-Escalas de Oficiales
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo General (a)	
-200
-Cuerpo de Intendencia	
-13
-Cuerpo de Ingenieros Politécnicos	
-8
-ARMADA
-Cuerpo General (b)	
-62
-Cuerpo de Infantería de Marina (a)	
-14
-Cuerpo de Intendencia	
-11
-Cuerpo de Ingenieros	
-8
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo General (c)	
-65
-Cuerpo de Intendencia	
-6
-Cuerpo de ingenieros	
-5
-CUERPOS COMUNES
-Cuerpo Jurídico Militar	
-10
-Cuerpo Militar de Intervención	
-12
-Cuerpo Militar de Sanidad (d)	
-65
-Cuerpo de Músicas Militares (e)	
-1
-Total Escalas de Oficiales	
-480
-Escalas Técnicas
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo de Ingenieros Politécnicos	
-13
-ARMADA
-Cuerpo de Ingenieros	
-1
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo de Ingenieros	
-3
-Total Escalas Técnicas	
-17
-Escala de Oficiales Enfermeros
-CUERPOS COMUNES
-Cuerpo Militar de Sanidad	
-23
-Total Escala de Oficiales Enfermeros	
-23
-Escalas de Suboficiales
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo General (f)	
-100
-ARMADA
-Cuerpo General (g)	
-26
-Infantería de Marina (f)	
-5
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo General (h)	
-52
-CUERPOS COMUNES
-Cuerpo de Músicas Militares (i)	
-15
-Total Escalas de Suboficiales	
-198
-TOTAL MILITARES DE CARRERA	
-718
-2. Militares de Complemento
-Escalas de Oficiales
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo de Ingenieros Politécnicos	
-4
-ARMADA
-Cuerpo General	
-12
-Cuerpo de Infantería de Marina	
-10
-Cuerpo de Intendencia	
-8
-Cuerpo de Ingenieros	
-2
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo General	
-4
-Cuerpo de Intendencia	
-2
-Cuerpo de Ingenieros	
-2
-Escalas Técnicas
-ARMADA
-Cuerpo de Ingenieros	
-4
-TOTAL MILITARES DE COMPLEMENTO	
-48
-TOTAL INGRESO DIRECTO	
-766
-Promoción (v) (w)
-Escalas de Oficiales
-Militares de Carrera (j)
-Militares de Complemento (k)
-Militares de Tropa y Marinería (l)
-TOTAL
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo General (m)	
-21
-6
-26
-53
-Cuerpo de Intendencia	
-2
-2
-2
-6
-Cuerpo de Ingenieros Politécnicos	
-3
-2
-1
-6
-ARMADA
-Cuerpo General (n)	
-7
-2
-7
-16
-Cuerpo de Infantería de Marina (ñ)	
-2
-2
-4
-8
-Cuerpo de Intendencia	
-2
-2
-2
-6
-Cuerpo de Ingenieros	
-1
-2
-2
-5
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo General (o)	
-7
-2
-8
-17
-Cuerpo de Intendencia	
-1
-2
-3
-6
-Cuerpo de Ingenieros	
-5
-2
-1
-8
-CUERPOS COMUNES
-Cuerpo Jurídico Militar	
-1
-2
-1
-4
-Cuerpo Militar de Intervención	
-1
-2
-1
-4
-Cuerpo Militar de Sanidad (p)	
-4
-9
-5
-18
-Cuerpo de Músicas Militares (q)*	
-1
-0
-1
-2
-  Total Escalas de Oficiales	
-49
-37
-73
-159
-(*) La plaza ofertada para Militares de Tropa y Marinería también podrá ser solicitada por Militares de Carrera.
-Escalas Técnicas
-Militares de Carrera (j)
-Militares de Complemento (k)
-Militares de Tropa y Marinería (l)
-TOTAL
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo de Ingenieros Politécnicos	
-1
-2
-1
-4
-ARMADA
-Cuerpo de Ingenieros	
-1
-2
-1
-4
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo de Ingenieros	
-4
-2
-2
-8
-Total Escalas Técnicas	
-6
-6
-4
-16
-Escala de Oficiales Enfermeros
-Militares de Carrera (j)
-Militares de Complemento (k)
-Militares de Tropa y Marinería (l)
-TOTAL
-CUERPOS COMUNES
-Cuerpo Militar de Sanidad	
-1
-2
-1
-4
-Total Escala de Oficiales Enfermeros	
-1
-2
-1
-4
-Escalas de Suboficiales
-Militares de Tropa y Marinería (r)
-EJÉRCITO DE TIERRA
-Cuerpo General (f)	
-400
-ARMADA
-Cuerpo General (s)	
-118
-Infantería de Marina (t)	
-21
-EJÉRCITO DEL AIRE
-Cuerpo General (u)	
-210
-CUERPOS COMUNES
-Cuerpo de Músicas Militares	
-5
-Total Escalas de Suboficiales	
-754
-Total promoción: 933.
-Plazas de acceso y adscripción a Cuerpo y Escala
-Militares de Carrera Oficiales (acceso)	
-617
-Militares de Carrera Suboficiales (acceso)	
-840
-Militares de Complemento (adscripción)	
-45
-  TOTAL	
-1.502
-Plazas para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente
-Militares de Complemento	
-41
-Militares de Tropa y Marinería	
-150
-Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario
-Para el conjunto de las Fuerzas Armadas	
-100
-Guardia Civil
-Escala de Oficiales
-Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar (a)	
-65
-Acceso a Escala	
-65
-Notas:
-(a) Plazas sin exigencia previa de titulación universitaria.
-(b) De estas 62 plazas, se ofertarán 54 sin exigencia de titulación universitaria previa y 8 con exigencia de titulación universitaria previa, según lo previsto en el artículo 57.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria cuarta punto 2 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. Las plazas no cubiertas en uno de los cupos no se podrán acumular al otro.
-(c) De estas 65 plazas, se ofertarán 60 sin exigencia de titulación universitaria previa y 5 con exigencia de titulación universitaria previa, según lo previsto en el artículo 57.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y en la disposición transitoria cuarta punto 2 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. Las plazas no cubiertas en uno de los cupos no se podrán acumular al otro.
-(d) De estas 65 plazas, se ofertarán 25 para la especialidad fundamental de Medicina mediante la forma de ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa, según lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. En la convocatoria correspondiente podrán determinarse las plazas que se ofertarán con créditos adquiridos, conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio. De las que se oferten para ingreso en la especialidad fundamental de Medicina con exigencia de titulación previa, hasta un máximo de 10 podrán publicarse con exigencia de una especialidad médico-quirúrgica.
-(e) Para la especialidad fundamental Dirección.
-(f) Plazas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.
-(g) De estas 26 plazas, se ofertarán 2 con exigencia previa de titulación de Técnico Superior según lo establecido en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, y 24 sin exigencia de titulación previa; las ofertadas con exigencia de titulación que no se cubran se acumularán a las ofertadas sin exigencia de titulación y viceversa.
-(h) De estas 52 plazas, se ofertarán 8 con exigencia previa de titulación de Técnico Superior según lo establecido en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, y 44 sin exigencia de titulación previa; las ofertadas con exigencia de titulación que no se cubran se acumularán a las ofertadas sin exigencia de titulación y viceversa.
-(i) Las plazas no cubiertas se acumularán a las ofertadas por promoción en el mismo cuerpo y escala.
-(j) Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. En los Cuerpos Generales de los Ejércitos e Infantería de Marina las plazas ofertadas lo serán exclusivamente para la forma de promoción para cambio de escala.
-(k) Para promoción interna para cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y para promoción para cambio de escala de los militares de complemento de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria quinta punto 4 y el artículo 62 punto 5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y en la disposición transitoria tercera, apartado 4, del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.
-(l) Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
-(m) De las 18 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 29 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 6 y 15, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria previa, y viceversa.
-(n) De las 4 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 10 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 2 y 6, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria previa, y viceversa.
-(ñ) De las 2 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 4 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 1 y 2, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria previa, y viceversa.
-(o) De las 4 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 11 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 2 y 8, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria previa, y viceversa.
-(p) De estas 18 plazas, se ofertarán 5 para la especialidad fundamental de Medicina mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria, según lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. En la convocatoria correspondiente se podrán determinar las plazas que se ofertarán con créditos adquiridos, conforme a lo establecido en disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio.
-(q) De las dos plazas ofertadas una lo será para la especialidad fundamental de Instrumentista, reservada para suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. La otra lo será para la especialidad fundamental de Dirección y podrá ser solicitada indistintamente por suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares y militares de tropa y marinería.
-(r) Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y el artículo 15 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
-(s) De estas 118 plazas, se ofertarán 8 con exigencia de titulación previa de Técnico superior, en las condiciones establecidas en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de estas últimas, las no cubiertas se acumularán a las 110 ofertadas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.
-(t) De estas 21 plazas, se ofertarán 5 con exigencia de titulación previa de Técnico superior, en las condiciones establecidas en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de estas últimas, las no cubiertas se acumularán a las 16 ofertadas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.
-(u) De estas 210 plazas, se ofertarán 32 con exigencia de titulación previa de Técnico superior, en las condiciones establecidas en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de estas últimas, las no cubiertas se acumularán a las 178 ofertadas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.
-(v) En las convocatorias correspondientes se podrán fijar normas específicas de acumulación, cumpliendo siempre el requisito de que las plazas no cubiertas por promoción o promoción interna no podrán acumularse, en ningún caso, a las plazas ofertadas para ingreso directo.
-(w) Las plazas ofertadas al personal que ostente cada una de las tres condiciones militares, que no resulten cubiertas, se ofertarán al personal que ostente las otras dos. El orden de prioridad en caso de que haya personal solicitante procedente de condiciones diferentes será: primero militares de carrera, segundo militares de tropa y marinería, tercero militares de complemento para cambio de escala y cuarto militares de complemento para cambio de cuerpo. Esta oferta se hará después de realizar la acumulación de plazas entre las dos formas de promoción de los militares de complemento. Para las plazas ofertadas al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación previa, las normas aplicables a la acumulación se determinarán en su convocatoria específica.",Ofertas de empleo público para el estado y las comunidades autónomas. ,2 cosas sobre la oferta de empleo público del #CMin de ayer (hoy en #BOE)  1) Las CCAA PUEDEN reponer 100% profesores
-2267,"FELIPE VI
-REY DE ESPAÑA
-A todos los que la presente vieren y entendieren.
-Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.
-PREÁMBULO
-I
-La sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse que una Justicia eficaz, además de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estratégico para la actividad económica de un país y contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jurídica y, en paralelo, a la reducción de la litigiosidad.
-En esta línea, la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la búsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español.
-A tal fin, la reforma, en un artículo único que contiene ciento dieciséis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses.
-II
-En primer lugar, se introducen medidas como el encaje definitivo de la Jurisdicción Militar en el Poder Judicial y la eliminación del privilegio de presentación de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designación de los Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar.
-Se incluye, también, una previsión respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneración de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, estableciéndose que serán motivo suficiente para la interposición del recurso de revisión exclusivamente de la sentencia firme recaída en el proceso «a quo». Con ello se incrementa, sin lugar a dudas, la seguridad jurídica en un sector tan sensible como el de la protección de los derechos fundamentales, fundamento del orden político y de la paz social, como proclama el artículo 10.1 de nuestra Constitución.
-También con el objetivo de intensificar la protección de los derechos, se aborda un tema, como es la protección de datos en el ámbito de los Tribunales, que carecía hasta hoy de una regulación completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el órgano jurisdiccional y éstos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO –acceso, rectificación, cancelación y oposición–. La autoridad de control de tales ficheros será el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cual está un Letrado de la Administración de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirán por la normativa existente en materia de protección de datos de carácter personal y la autoridad de control de estos ficheros será la Agencia Española de Protección de Datos.
-III
-Se incluye también un conjunto de medidas para lograr una mayor agilización y especialización en las respuestas judiciales, cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en algunos órganos jurisdiccionales y, de otro lado, incrementar la calidad de la respuesta ofrecida al ciudadano. De este modo, para conseguir una mayor flexibilidad en la organización judicial se introducen distintas medidas con las que se pretende alcanzar un mejor reparto de asuntos entre Juzgados, una resolución especializada de aquéllos que por su volumen exijan de respuestas específicas y una agilización de la instrucción de aquellas causas que por su complejidad así lo requieran.
-En primer lugar, se adoptan medidas en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgánica del Poder Judicial estableció estos Juzgados como órganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con carácter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulación inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, además, tramitan y resuelven otros procedimientos civiles y penales: 106 Juzgados exclusivos y 355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales; esto permitirá asegurar la especialización que se pretendía en este ámbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensión de la jurisdicción podrá acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
-En segundo lugar, junto al clásico motivo relativo a que la buena administración de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos órganos de ámbito provincial. Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos.
-En tercer lugar, se introduce un recurso organizativo dirigido a dar respuesta a todas aquellas causas que, por distintas circunstancias, generan en poco tiempo una enorme litigiosidad, dificultando sobremanera que nuestros Juzgados den una respuesta ágil y única, además de ocasionar retrasos en la tramitación del resto de procesos.
-Así, junto con la especialización de Juzgados que ya permitía el artículo 98 de la Ley Orgánica que se reforma, se incluye ahora un mecanismo que permitirá al órgano de gobierno del Poder Judicial especializar uno o varios órganos judiciales, de modo temporal y con carácter exclusivo si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen, de tal modo que puedan ser tramitados de forma específica, facilitando la unificación de criterios. La principal novedad radica en que estos Juzgados especializados podrán tener ámbito provincial, superando de esa manera las limitaciones que la existencia de circunscripciones territoriales de ámbito inferior podría ocasionar. En definitiva, se posibilita la resolución de tales asuntos por uno o varios órganos especializados y se liberará de su conocimiento a otros Juzgados para que puedan prestar mayor dedicación al despacho de los asuntos ordinarios.
-La norma excluye que por esta vía se pueda atribuir a los órganos que se especialicen asuntos que versen sobre materias que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase, aún dentro del mismo orden jurisdiccional. Igualmente se excluye a los Juzgados de Instrucción a fin de evitar cualquier injerencia en su régimen competencial, más cuando podrán ser objeto del resto de medidas de refuerzo que prevé esta reforma.
-Por último, con el propósito de facilitar la instrucción de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, se introduce la posibilidad de que, como medida de apoyo, el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir al órgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administración de Justicia, con o sin relevación de funciones para que, sin el desempeño compartido de funciones jurisdiccionales –sin posibilidad por tanto de actuar en la causa– y bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboración y propuesta.
-Esta medida de apoyo se ajustará a las previsiones reglamentarias actualmente en vigor, requiriendo la conformidad del Ministerio de Justicia.
-La reforma incorpora, además, una serie de modificaciones a la regulación de los jueces de adscripción territorial, a través de las cuales se pretenden introducir elementos de mayor flexibilidad en la organización judicial. Así, en primer lugar, se resalta que los jueces de adscripción territorial están a disposición del Tribunal Superior de Justicia para funciones de sustitución y refuerzo, y que su designación compete directamente al Presidente, sin perjuicio de que deba dar cuenta a la Sala de Gobierno. Esta previsión se ve acompañada de la obligación de la Sala de Gobierno de informar al Consejo General del Poder Judicial sobre la situación y los destinos que en cada momento desempeñen los jueces de adscripción. En segundo lugar, se aclara que la labor del juez de adscripción, cuando actúe en funciones de sustitución, se realiza con plenitud de jurisdicción, de tal forma que también podrá acudir, en tal condición, a las Juntas de Jueces y desempeñar cualesquiera otros actos de representación del órgano judicial, en defecto de su titular. Y, en tercer lugar, se atribuye a la Sala de Gobierno la fijación de los objetivos del refuerzo y el reparto de asuntos en caso de que el juez de adscripción territorial realice tareas de refuerzo, garantizando ser oído en ese proceso.
-Finalmente, se incide también, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y dentro de los límites establecidos en las leyes, en el ámbito de la publicidad de las actuaciones judiciales, regulándose la obligación de publicar la agenda de señalamientos de los órganos judiciales, de tal forma que con antelación pueda conocerse la fecha y hora de celebración de un procedimiento.
-IV
-Los ciudadanos siguen percibiendo como un síntoma de falta de seguridad jurídica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo órgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en último término, se proyecta sobre el grado de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulación de los Plenos Jurisdiccionales para unificación de criterio previendo, por un lado, que formen parte de éstos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos.
-V
-También se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escasísimamente utilizada en la práctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados públicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exención de responsabilidad no excluye lógicamente, que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el Juez o Magistrado si éste ha incurrido en dolo o culpa grave.
-Asimismo, se regula la prolongación de la permanencia en el servicio activo para los miembros de la Carrera judicial, en consonancia con la supresión de la figura del Magistrado emérito.
-VI
-La progresiva internacionalización de las relaciones personales y empresariales de los ciudadanos de nuestro país exige una actualización de los criterios de atribución de jurisdicción a los Tribunales españoles del orden civil. La necesidad de esta actualización se hace evidente si se tiene en consideración que el momento en el que fue redactado el vigente artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proceso de internacionalización de España se encontraba en un momento muy inicial. De hecho, ni siquiera se había culminado la incorporación plena al ámbito de la Unión Europea.
-Por esta misma razón, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculación de los Jueces y Tribunales españoles al Derecho de la Unión, en la interpretación que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de diálogo entre el Juez español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la cuestión prejudicial. Con ello, se profundiza en la búsqueda de mayores garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos.
-VII
-La lucha contra la violencia de género sigue demandando medidas en todos los ámbitos, con la finalidad de erradicar esta lacra social. A ello no puede sustraerse la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incorpora una batería de medidas destinadas a incrementar la firme y continua lucha desde el ámbito legislativo contra la violencia de género. En este sentido, se amplían las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer, en primer lugar, a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, conocerá de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los que también se viene manifestando la violencia de género; en concreto, los delitos de revelación de secretos y los delitos de injurias. En segundo lugar, también conocerá del delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Al atribuir la competencia para el conocimiento de la instrucción de este delito al Juez de Violencia sobre la Mujer se obtendrá una mayor eficacia a la hora de proteger a la víctima, porque éste tendrá muchos más datos que cualquier otro Juez para valorar la situación de riesgo.
-Las características específicas de esta forma de violencia sobre las mujeres hacen también necesaria la formación especializada de todos los operadores jurídicos para desarrollar con eficacia las respectivas funciones que tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la Carrera Judicial, pues deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.
-Asimismo, se asegura una asistencia técnica y profesional por parte de los equipos adscritos a la Administración de Justicia, en especial, en el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que podrán estar integrados por psicólogos y trabajadores sociales para garantizar entre otras funciones la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género.
-Por último, se garantiza que la Estadística Judicial tenga también en cuenta la variable de sexo.
-VIII
-Dentro del apartado dedicado a las reformas institucionales, se abordan, en primer lugar, ciertas modificaciones del régimen del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de ajustes fruto de la experiencia de casi un año de funcionamiento del nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Entre ellas, se encuentra el aumento del número de miembros de la Comisión Permanente, que pasan de cinco a siete, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con plena dedicación por un número importante de Vocales.
-En el ámbito del Tribunal Supremo se introduce una nueva regulación más detallada de su Gabinete Técnico, como órgano de asistencia a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión y en la elaboración de informes y estudios.
-IX
-También se introducen modificaciones en el libro V. El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Con ello se da respuesta a una demanda histórica del mismo, que considera que la denominación de secretarios judiciales conduce a equívocos sobre la función realmente desempeñada.
-En este sentido de adaptación a las actuales funciones desarrolladas por dicho Cuerpo, se incluye una referencia expresa a que sus miembros ostentan la dirección de la Oficina judicial; se añaden nuevas competencias como la mediación y la tramitación y, en su caso, la resolución de procedimientos monitorios, todo ello en el marco de lo que prevean las normas procesales; se incluyen los decretos como tipo de resolución propia de estos funcionarios y se prevé que el Ministerio de Justicia apruebe anualmente su escalafón. Asimismo, se establece el régimen de derechos y deberes de los Letrados de la Administración de Justicia, aclarando así su estatus funcionarial, incluyendo una cláusula remisoria con carácter general al libro VI y supletoriamente al Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de la función pública, todo ello sin perjuicio de las necesarias especialidades, propias de la naturaleza y funciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
-Se mantienen, asimismo, las actuales tres categorías existentes en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y se introducen mejoras técnicas aclarando la regulación de esta materia.
-Por otra parte, se prevé un sistema de sustituciones inspirado en los principios de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la finalidad de fomentar y primar las sustituciones entre Letrados de la Administración de Justicia, quedando el llamamiento a Letrados sustitutos como algo excepcional. Se trata de profesionalizar la Justicia en todos sus ámbitos y buscar una reducción importante en el coste económico que viene suponiendo el actual sistema.
-Finalmente, en la vigente Ley el régimen disciplinario de los Secretarios judiciales es el previsto por remisión en el libro VI (resto de personal al servicio de la Administración de Justicia), lo que venía impidiendo una adaptación a las peculiaridades propias de la actuación de éstos. Por ello, se incorpora en el Libro de Letrados de la Administración de Justicia un régimen disciplinario propio en el que, entre otros aspectos, se incluye la sanción de multa para facilitar así la graduación de las sanciones a imponer y se realiza una referencia expresa al principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
-La reforma incide también en el ámbito del expurgo de documentos judiciales ya tramitados y resueltos y cuya conservación resulta innecesaria y genera un coste para la Administración. Si bien el expurgo de archivos judiciales es una cuestión ya contemplada en la Ley Orgánica, se dota de mayor eficacia al procedimiento, de tal forma que la Administración pueda proceder a la destrucción de los autos y expedientes judiciales cuando hayan transcurrido seis años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva haya puesto término al procedimiento. De la regla general quedan excluidos, por una parte, los expedientes de la jurisdicción penal, sometidos con carácter general a plazos más largos de prescripción y, por otra, los expedientes que se determinen reglamentariamente en atención a su valor cultural, social o histórico.
-En todo caso, la destrucción se acordará previa concesión de audiencia a las partes por si estuviesen interesadas en el desglose de documentos originales que hubiesen aportado o quieran ejercer los derechos que, en esta materia, les otorga la ley.
-X
-En relación a las modificaciones que se operan en el libro VI cabe destacar la incorporación de la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses, que se hará efectiva cuando determine el Ministerio de Justicia una vez que concluyan su formación las primeras promociones que hayan obtenido plaza por el sistema de residencia a través de la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. En paralelo, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el régimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, y que tienen la misión de auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.
-También como novedad se establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de los que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Institutos podrán integrarse el resto de profesionales que integran los denominados equipos psicosociales, esto es psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores; con todo ello, se refuerza y garantiza su actuación.
-Igualmente importante es la atribución de la condición de agente de la autoridad a los miembros del Cuerpo de Gestión Procesal cuando realicen funciones de documentación en embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.
-Dentro del mismo Libro VI se introducen determinadas modificaciones adicionales en el régimen estatutario del resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
-XI
-En cuanto al libro VII, se incluye a los Graduados Sociales como profesionales que, al prestar la representación técnica en el ámbito social, pueden actuar como colaboradores de la Administración de Justicia.
-XII
-Como complemento al articulado se introducen seis disposiciones adicionales, nueve transitorias y diez finales.
-Entre las disposiciones finales, destacan la disposición final cuarta, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la información sobre el estado de las actuaciones judiciales, la publicidad de las sentencias y la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la disposición final tercera, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en lo relativo al recurso de casación en este orden jurisdiccional.
-En este ámbito, y con la finalidad de intensificar las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. De esta forma, el recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
-Con la finalidad de que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional. Así, la Sala de casación podrá apreciar que en determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presunción de que existe interés casacional objetivo.
-Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
-La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada como sigue:
-Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
-«2. Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.»
-Dos. Se añade un nuevo artículo 4 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 4 bis.
-1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
-2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.»
-Tres. Se añade un nuevo artículo 5 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 5 bis.
-Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.»
-Cuatro. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 21.
-1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas.
-2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con las normas del Derecho Internacional Público.»
-Cinco. Se modifica el artículo 22, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22.
-Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:
-a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo Estado.
-b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos.
-c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español.
-d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro.
-e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero.»
-Seis. Se añade un nuevo artículo 22 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 bis.
-1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. No surtirán efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales españoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 quáter, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los órganos judiciales españoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artículo 22, en cuyo caso se estará a lo establecido en dichos preceptos.
-La sumisión a los Tribunales españoles en las materias contempladas en las letras d) y e) del artículo 22 quinquies sólo será válida si se fundamenta en un acuerdo de sumisión posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.
-2. Se entenderá por acuerdo de sumisión expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales españoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisión expresa se extenderá a la propia validez del acuerdo de sumisión.
-El acuerdo de sumisión expresa deberá constar por escrito, en una cláusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmación escrita, así como en alguna forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entenderá que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero.
-Se considerará igualmente que hay acuerdo escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación dentro del proceso iniciado en España, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra.
-3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, serán competentes los Tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.»
-Siete. Se añade un nuevo artículo 22 ter, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 ter.
-1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies.
-2. Se entenderá, a los efectos de este artículo, que una persona física está domiciliada en España cuando tenga en ella su residencia habitual.
-Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social, su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal.
-3. En caso de pluralidad de demandados, serán competentes los Tribunales españoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación.
-4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo podrá ser excluida mediante un acuerdo de elección de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspenderán el procedimiento y sólo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.
-5. No tendrá efecto la exclusión de la competencia de los Tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos.»
-Ocho. Se añade un nuevo artículo 22 quáter, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 quáter.
-En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales españoles serán competentes:
-a) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español o tuviera nacionalidad española.
-b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protección de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en España.
-c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española.
-d) En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda.
-e) En materia de adopción, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.
-f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en España o, si la pretensión de alimentos se formula como accesoria a una cuestión sobre el estado civil o de una acción de responsabilidad parental, cuando los Tribunales españoles fuesen competentes para conocer de esta última acción.
-g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera español en el momento del fallecimiento. También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se encuentren en España.»
-Nueve. Se añade un nuevo artículo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 quinquies.
-Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes:
-a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España.
-b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español.
-c) En las acciones relativas a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español.
-d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España si tienen su residencia habitual en territorio español o si lo tuviera la otra parte contratante; esta última solo podrá litigar en España si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español.
-e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en España; también podrá el asegurador ser demandado ante los Tribunales españoles si el hecho dañoso se produjere en territorio español y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratándose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales españoles fueran competentes para conocer de la acción entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artículo.
-f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio español al tiempo de la interposición de la demanda.
-Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) también serán competentes los Tribunales españoles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisión a los Tribunales españoles después de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.»
-Diez. Se añade un nuevo artículo 22 sexies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 sexies.
-Los Tribunales españoles serán competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Serán también competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.»
-Once. Se añade un nuevo artículo 22 septies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 septies.
-En materia concursal y demás procedimientos de insolvencia se estará a lo que disponga su legislación reguladora.»
-Doce. Se añade un nuevo artículo 22 octies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 octies.
-1. No serán competentes los Tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia.
-2. Los Tribunales españoles apreciarán, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentación de la demanda, y el proceso se sustanciará hasta su conclusión aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario.
-3. Los Tribunales españoles se declararán incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
-Los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los Tribunales extranjeros.»
-Trece. Se añade un nuevo artículo 22 nonies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 22 nonies.
-Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y tramitarán con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.»
-Catorce. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 35.
-1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto.
-2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales.
-3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.
-4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo.
-5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.
-6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.»
-Quince. Se añade un nuevo artículo 61 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 61 bis.
-1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico, que asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos.
-2. El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico.
-3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de Admisión y otra sección de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber un Letrado del Gabinete Técnico.
-Los Letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional.
-4. En cada una de las áreas habrá uno o varios Letrados del Gabinete Técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de su respectiva profesión.
-5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico.
-Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico.»
-Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 61 ter, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 61 ter.
-La superior dirección del Gabinete Técnico será ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.»
-Diecisiete. Se añade un nuevo artículo 61 quáter, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 61 quáter.
-1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al Director del Gabinete Técnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración, a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo.
-2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección.
-Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal deberán ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las Administraciones Públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados.
-La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente, a los efectos de fijar los criterios de selección, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal.
-3. El Presidente del Tribunal Supremo, oídos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Técnico, someterá a la Sala de Gobierno, para su aprobación, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Técnico.
-4. El Presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Técnico.»
-Dieciocho. Se añade un nuevo artículo 61 quinquies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 61 quinquies.
-1. Los Letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, oídos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de tres años. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrán ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función.
-2. El Director del Gabinete Técnico y los Letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.
-3. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del Gabinete Técnico en que estuvieran adscritos.
-Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico.»
-Diecinueve. Se añade un nuevo artículo 61 sexies, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 61 sexies.
-La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico.»
-Veinte. Se modifica el apartado 6 del artículo 73, que queda redactado como sigue:
-«6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.
-Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos Magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de éstos, recaerá en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón.»
-Veintiuno. Se modifica el número 2.º del apartado 2 del artículo 82, que queda redactado como sigue:
-«2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Estas Secciones especializadas conocerán también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas físicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación.»
-Veintidós. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 85, que queda redactado como sigue:
-«6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora.»
-Veintitrés. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 86 ter, que quedan redactados como sigue:
-«1. Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
-1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
-2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
-3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
-4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.
-5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
-6.º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.
-2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:
-a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
-b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
-c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo.
-d) Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios.
-e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
-f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.»
-Veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 87 bis, que queda redactado como sigue:
-«2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.»
-Veinticinco. Se modifican las letras a) y d) y se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo 87 ter, que quedan redactadas como sigue:
-«a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.»
-«d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.»
-«g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.»
-Veintiséis. Se modifica el artículo 98, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 98.
-1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.
-2. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.
-En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial.
-No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.
-3. Este acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia.
-4. Los Juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusión.»
-Veintisiete. Se suprime el artículo 163.
-Veintiocho. Se modifica el artículo 167, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 167.
-1. Donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podrá proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administración de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobación. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos en trámite.
-2. La Sala de Gobierno podrá acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos según su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposición legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripción de ámbito inferior a la provincia.
-3. El reparto se realizará por el Letrado de la Administración de Justicia bajo la supervisión del Juez Decano, al cual corresponderá resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.»
-Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 199, que queda redactado como sigue:
-«2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en número suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y, entre éstos, los más modernos. En su defecto, se llamará a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo siguiente.»
-Treinta. Se suprimen los apartados 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del artículo 200, que queda redactado como sigue:
-«2. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior podrá haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relación de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que serán llamados a formar Sala según la prelación que se establezca dentro de cada orden u órdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados.
-Para su llamamiento habrá de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el artículo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala más de un Magistrado suplente.»
-Treinta y uno. Se añade un apartado 4 al artículo 216 bis.3, con la siguiente redacción:
-«4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisión de servicio pueda ser atendida por un único Juez durante toda su extensión temporal, el Consejo General del Poder Judicial podrá autorizar que su desempeño se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustitución del órgano judicial que haya de ser reforzado, con sujeción a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.»
-Treinta y dos. Se modifica el artículo 230, que queda redactado como sigue:
-«1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen el Capítulo I bis de este Título, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las demás leyes que resulten de aplicación.
-Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando su utilización, serán de obligado cumplimiento.
-2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
-3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse.
-4. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.
-5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.
-6. Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.
-Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica.»
-Treinta y tres. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 3 al artículo 232, que quedarán redactados como sigue:
-«2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.
-3. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.»
-Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 234, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 234.
-1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.
-2. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales.»
-Treinta y cinco. Se añade un nuevo artículo 235 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 235 bis.
-Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
-En todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.»
-Treinta y seis. Se añade un nuevo capítulo I bis en el título III del libro III, que comprende los artículos 236 bis a 236 decies, quedando redactado como sigue:
-«CAPÍTULO I BIS
-Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia
-Artículo 236 bis.
-El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial se someterán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo.
-Artículo 236 ter.
-1. Los Tribunales podrán tratar datos de carácter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
-2. Los Tribunales mantendrán, con pleno respeto a las garantías y derechos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitación de los procesos que en ellos se siguen, así como los que se precisen para su adecuada gestión.
-Dichos ficheros se clasificarán en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.
-Artículo 236 quáter.
-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, no será necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.
-Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
-Artículo 236 quinquies.
-1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administración de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.
-Del mismo modo procederán respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicación en los demás supuestos de lo establecido en el artículo 235 bis.
-2. En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso.
-3. Podrán cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspección y control establecidas en esta Ley.
-4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrán cederse entre los órganos jurisdiccionales o por éstos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello esté justificado por la interposición de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.
-Artículo 236 sexies.
-1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.
-Igualmente, será responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al órgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.
-2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisión de una infracción en materia de protección de datos de carácter personal, a la que se refiere el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
-3. En todo caso corresponderá al Letrado de la Administración de Justicia que se indique en el acuerdo de creación velar por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aquél la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal.
-Artículo 236 septies.
-1. Los ficheros de datos de carácter personal de los Tribunales serán creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u órgano de la Administración competente en materia de Justicia correspondiente.
-El acuerdo de creación, de modificación o de supresión de los ficheros se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.
-2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dará traslado del mismo para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
-Artículo 236 octies.
-1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicación las disposiciones establecidas al efecto por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
-En todo caso se denegará el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la información hayan sido declaradas secretas o reservadas.
-2. Tratándose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 sexies.
-Artículo 236 nonies.
-1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.
-2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedarán sometidos a la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboración que al efecto precise.
-El Consejo General del Poder Judicial podrá adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
-3. Cuando con ocasión de la realización de actuaciones de investigación relacionadas con la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, darán inmediatamente traslado a esta última a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento.
-Artículo 236 decies.
-1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedarán sometidos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Dichos tratamientos no serán considerados en ningún caso realizados con fines jurisdiccionales.
-2. Los ficheros de datos de carácter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos integrantes del mismo serán creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretaría General, que ostentará la condición de responsable del tratamiento respecto de los mismos.
-Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dará traslado del mismo para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.»
-Treinta y siete. Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 264.
-1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.
-2. Formarán parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto.
-3. En todo caso, quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.»
-Treinta y ocho. Se modifica el artículo 269, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 269.
-1. Los Juzgados y Tribunales sólo podrán celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la población de su sede cuando así lo autorice la ley.
-2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administración de justicia lo aconsejen, y a petición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podrá disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos.
-3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinación del número de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administración de justicia, dispondrán que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administración de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instrucción y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarán en estos casos cuanta colaboración sea precisa.»
-Treinta y nueve. Se modifica el artículo 276, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 276.
-Las peticiones de cooperación internacional se tramitarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación.»
-Cuarenta. Se modifica el artículo 277 que queda redactado como sigue:
-«Artículo 277.
-Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia.»
-Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 278, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 278.
-La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los Juzgados y Tribunales españoles:
-1.º Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público.
-2.º Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española.
-3.º Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En tal caso, ésta remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente.
-4.º Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación.»
-Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 296, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 296.
-1. Los daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos.
-2. Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
-El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podrá reconocer en sentencia o en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido y la existencia o no de intencionalidad.»
-Cuarenta y tres. Se suprime el artículo 297.
-Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 8 del artículo 301, que queda redactado como sigue:
-«8. También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos.
-Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad.»
-Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 329, que queda redactado como sigue:
-«3. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Menores se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría de Magistrado y acreditando la correspondiente especialización en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán por magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicción de menores. A falta de éstos se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1.
-Los que obtuvieran plaza, así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización en materia de menores y en materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial.»
-Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 339, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 339.
-El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquél del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer período para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los tres años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.»
-Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 340, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 340.
-Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquél del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer período para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.»
-Cuarenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 344 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 344 bis.
-1. Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados para ocupar plazas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situación de servicio activo.
-2. A efectos de motivación de la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitará con carácter previo a los aspirantes una exposición de sus méritos en los términos de esta Ley, así como al Ministerio de Defensa la documentación que en su caso considere necesaria.»
-Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 347 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 347 bis.
-1 En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crearán las plazas de Jueces de adscripción territorial que determine la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
-2. Los Jueces de adscripción territorial ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular esté ausente por cualquier circunstancia.
-La designación para estas funciones corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que dependan, que posteriormente dará cuenta a la respectiva Sala de Gobierno.
-La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia informará al Consejo General del Poder Judicial de la situación y destinos de los Jueces de adscripción territorial de su respectivo territorio.
-3. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá realizar llamamientos para órganos judiciales de otra provincia perteneciente al ámbito territorial de dicho Tribunal.
-4. Cuando el Juez de adscripción territorial desempeñe funciones de sustitución, lo hará con plenitud de jurisdicción en el órgano correspondiente. También le corresponderá asistir a las Juntas de Jueces y demás actos de representación del órgano judicial en el que sustituya, en ausencia de su titular.
-5. Cuando el Juez de adscripción territorial ejerza funciones de refuerzo, corresponderá a la Sala de Gobierno fijar los objetivos de dicho refuerzo y el adecuado reparto de asuntos, previa audiencia del Juez de adscripción y del titular o titulares del órgano judicial reforzado.
-6. Los desplazamientos del Juez de adscripción territorial darán lugar a las indemnizaciones que por razón del servicio se determinen reglamentariamente.
-7. En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.»
-Cincuenta. Se modifica el apartado 1 y se añade un apartado 3 al artículo 386, que quedan redactados como sigue:
-«1. La jubilación por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretará con la antelación suficiente para que el cese en la función se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta años.
-No obstante, podrán solicitar con dos meses de antelación a dicho momento la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como máximo setenta y dos años de edad. Dicha solicitud vinculará al Consejo General del Poder Judicial quien solo podrá denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado.»
-«3. Los Jueces y Magistrados conservarán los honores y tratamientos correspondientes a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación.»
-Cincuenta y uno. Se suprimen los artículos 411, 412 y 413.
-Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 416, que queda redactado como sigue:
-«2. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses.
-El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el artículo 417.5, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia o de la resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.»
-Cincuenta y tres. Se modifica el número 5 del artículo 417, que queda redactado como sigue:
-«5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia firme o en resolución firme dictada por el Consejo General del Poder Judicial, a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al apartado 2 del artículo 296.»
-Cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 420, que queda redactado como sigue:
-«2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.»
-Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 438, que queda redactado como sigue:
-«3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios serán competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podrán solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autónomas la creación de servicios comunes, conforme a las específicas necesidades.
-Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo caso será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.»
-Cincuenta y seis. Se modifica el artículo 440, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 440.
-Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.»
-Cincuenta y siete. Se modifica el artículo 441, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 441.
-1. Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, se clasifican en tres categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categoría.
-2. Todo Letrado de la Administración de Justicia poseerá una categoría personal.
-La consolidación de la categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al menos durante cinco años continuados o siete con interrupción.
-3. No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempeño de un puesto de categoría superior será computable a efectos de la consolidación de la inferior.
-4. No será posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categorías diferentes.
-5. En ningún caso un Letrado de la Administración de Justicia de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera.
-6. La categoría consolidada solo opera como garantía de la percepción del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categoría.
-7. El Ministerio de Justicia establecerá los tres grupos en los que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los Letrados de la Administración de Justicia.»
-Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 442, que queda redactado como sigue:
-«2. Se reservará el treinta por ciento de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que lleven, al menos, dos años de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computarán los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia del que, en su caso, procedan.
-Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promoción interna, si las hubiere, se cubrirán en turno libre mediante oposición o, en su caso, concurso-oposición, siempre con sujeción a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo público.
-De no existir oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar un proceso de promoción interna específico cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo aconsejen. El número de plazas convocadas por este sistema no podrá ser superior al quince por ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podrán ofertarse para que lo sean por turno libre.»
-Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 443, que queda redactado como sigue:
-«1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones:
-a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria.
-b) Superación de los procesos selectivos.
-c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
-d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental.
-e) Toma de posesión dentro del plazo establecido.»
-Sesenta. Se añade un nuevo artículo 443 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 443 bis.
-El Ministerio de Justicia aprobará cada año el escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.»
-Sesenta y uno. Se modifica el artículo 444, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 444.
-1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tendrán iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con carácter supletorio lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de la normativa estatal sobre función pública.
-2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreción en el reglamento orgánico, se reconocen los siguientes derechos profesionales:
-a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicación o servicio no retribuido, en los términos que se determinen reglamentariamente.
-b) Especialización profesional en aquellos ámbitos, órdenes y materias que reglamentariamente se determinen.
-c) Libre asociación profesional.
-d) A que sus asociaciones profesionales sean oídas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgánico.
-3. El régimen establecido en los apartados anteriores será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.»
-Sesenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 445, que queda redactado como sigue:
-«1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administración de Justicia, así como su jubilación, serán iguales y procederá su declaración en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Orgánica para Jueces y Magistrados.
-No obstante, los Letrados de la Administración de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, podrán ser dispensados, previa solicitud, de la prestación del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duración de la campaña electoral. Este permiso podrá ser concedido por el Secretario General de la Administración de Justicia.
-Asimismo, podrán hallarse en situación de servicios especiales los Letrados de la Administración de Justicia que sean designados Encargados del Registro Civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo.»
-Sesenta y tres. Se modifica el artículo 446, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 446.
-1. Los Letrados de la Administración de Justicia deberán abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podrán ser recusados.
-2. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidirá la cuestión.
-En caso de confirmarse la abstención, el Letrado de la Administración de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deberá aquél continuar actuando en el asunto.
-3. Serán aplicables a la recusación de los Letrados de la Administración de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el artículo 223, con las siguientes excepciones:
-a) Los Letrados de la Administración de Justicia no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados.
-b) La pieza de recusación se resolverá por el Secretario de Gobierno.
-c) Presentado el escrito de recusación, el Letrado de la Administración de Justicia recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada.
-d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el Secretario de Gobierno le tendrá por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarará no haber lugar a la recusación. Contra el decreto sobre recusación no se dará recurso alguno.
-e) Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, el instructor, si admitiere a trámite la recusación propuesta, ordenará la práctica, en el plazo de diez días, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, dándose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres días. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidirá la recusación dentro de los cinco días siguientes. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno.
-f) El Letrado de la Administración de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal.»
-Sesenta y cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del artículo 447, que queda redactado como sigue:
-«5. Los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.»
-Sesenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 450, que queda redactado como sigue:
-«1. La provisión de puestos de trabajo se llevará a cabo por el procedimiento de concurso, que será el sistema ordinario de provisión.
-Cuando se trate de puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad, podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación.
-Los puestos de trabajo de Letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría, con una antigüedad de al menos veinte años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.
-El nombramiento de Letrados de la Administración de Justicia para puestos de trabajo radicados en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerirá el informe previo del órgano competente de dicha Comunidad. En todo caso, el sistema de provisión deberá estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.»
-Sesenta y seis. Se modifica el artículo 451, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 451.
-1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante de Letrados de la Administración de Justicia serán cubiertas por quien designe su inmediato superior jerárquico.
-2. Esta designación deberá recaer en otro Letrado de la Administración de Justicia, que se denominará Letrado suplente. A tal efecto los Secretarios de Gobierno elaborarán una relación de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designará, con carácter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el número anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto serán retribuidos en los casos y cuantía que se determinen reglamentariamente.
-3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente número de Letrados de la Administración de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un único órgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultánea, podrán los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en sustitución del Letrado de la Administración de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta.
-4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2, y exista disponibilidad presupuestaria, podrá procederse al nombramiento de un Letrado de la Administración de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulación exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
-5. A los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos se les aplicará el mismo régimen jurídico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
-6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, serán llamados como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusión obligatoria tanto en el régimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.»
-Sesenta y siete. Se modifica el artículo 455, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 455.
-Será responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia organizar la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en las leyes procesales.»
-Sesenta y ocho. Se modifica el artículo 456, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 456.
-1. El Letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso en los términos que establecen las leyes procesales.
-2. A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.
-3. Se llamará decreto a la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.
-4. Las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales.
-5. Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos.
-6. Los Letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias:
-a) Ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados.
-b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
-c) Conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
-d) Tramitación y, en su caso, resolución de los procedimientos monitorios.
-e) Mediación.
-f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.»
-Sesenta y nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 458, que queda redactado como sigue:
-«2. Por real decreto se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo de los archivos judiciales.
-Con carácter general se procederá a la destrucción de autos y expedientes judiciales transcurridos seis años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término al procedimiento que dio lugar a la formación de aquéllos. Se exceptúan de lo anterior aquéllos formados para la instrucción de causas penales seguidas por delito, así como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atención al valor cultural, social o histórico de lo archivado.
-Previamente, el Letrado de la Administración de Justicia concederá audiencia por un tiempo no inferior a quince días a las partes que estuvieron personadas para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta Ley les reconoce en los artículos 234 y 235.»
-Setenta. Se modifica el apartado 3 del artículo 461, que queda redactado como sigue:
-«3. La Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, aprobará los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia y establecerá criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español.
-La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
-Los sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia permitirán en todo caso la extracción automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos.»
-Setenta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 463, que queda redactado como sigue:
-«2. Los órganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia son, por orden jerárquico, los siguientes:
-a) El Secretario General de la Administración de Justicia.
-b) Los Secretarios de Gobierno.
-c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.»
-Setenta y dos. Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 464, que quedan redactados como sigue:
-«3. Será nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizará a propuesta del órgano competente de las Comunidades Autónomas cuando éstas tuvieren competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, que también podrán proponer su cese.
-En todo caso para su nombramiento se recabará informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo así como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla el informe será emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
-No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de Secretario de Gobierno.»
-«5. A los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.
-Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios.»
-Setenta y tres. Se modifican los apartados 9 y 10 y se añaden los apartados 11 y 12 al artículo 465, que quedan redactados como sigue:
-«9. Concesión de permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador.
-10. Conocer de los incidentes de recusación de los Letrados de la Administración de Justicia.
-11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administración de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.
-12. Las demás previstas en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.»
-Setenta y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 466, que quedan redactados como sigue:
-«1. En cada provincia existirá un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, de entre todos aquellos que se presenten a la convocatoria pública.
-Antes del nombramiento se oirá al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia.
-Además, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears habrá un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Autónoma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma.
-En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador serán asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por razón del servicio, sea aconsejable su existencia.
-No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de Secretario Coordinador.»
-«4. A los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.
-Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios.»
-Setenta y cinco. Se modifican los apartados 7 y 8 y se añaden nuevos apartados 9 y 10 al artículo 467, quedando redactados como sigue:
-«7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito.
-8. Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
-9. Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio.
-10. Las demás que establezcan las leyes y su propio reglamento orgánico.»
-Setenta y seis. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 468, que quedan redactados como sigue:
-«1. Los Letrados de la Administración de Justicia estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro.
-2. No podrá imponerse sanción por la comisión de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley.
-Para la imposición de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado.
-Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.
-3. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas podrán poner en conocimiento de los superiores jerárquicos de los Letrados de la Administración de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboración establecido en esta Ley Orgánica con las Comunidades Autónomas.
-La autoridad competente para la incoación y tramitación de los expedientes disciplinarios dará cuenta a aquéllas de las decisiones que se adopten.»
-Setenta y siete. Se añade un nuevo artículo 468 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 468 bis.
-Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves.
-1. Se consideran faltas muy graves:
-a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública.
-b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
-c) El abandono del servicio.
-d) La adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.
-e) La revelación o utilización por el Letrado de la Administración de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
-f) La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
-g) La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebido.
-h) El retraso, la desatención o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
-i) La utilización de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
-j) El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas.
-k) La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
-l) La utilización de la condición de Letrado de la Administración de Justicia para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero.
-m) La realización de actividades declaradas incompatibles por ley.
-n) La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
-o) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos sindicales.
-p) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
-q) El acoso sexual.
-r)  La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
-s) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.
-t) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.
-u) La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes.
-2. Se consideran faltas graves:
-a) La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
-b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.
-c) La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.
-d) La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.
-e) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.
-f) La negligencia, la desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave.
-g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
-h) La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos.
-i) Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio.
-j) La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos.
-k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
-l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
-m) Obstaculizar las labores de inspección.
-n) Promover su abstención de forma claramente injustificada.
-o) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
-p) La comisión de una falta de carácter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones.
-3. Se consideran faltas leves:
-a) La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave.
-b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave.
-c) La desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave.
-d) La ausencia injustificada por un día.
-e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.»
-Setenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 468 ter, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 468 ter.
-1 En la imposición de sanciones por los órganos competentes deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
-a) Intencionalidad.
-b) Perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos.
-c) Grado de participación en la comisión de la falta.
-d) Reiteración o reincidencia.»
-Setenta y nueve. Se añade un nuevo artículo 468 quáter, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 468 quáter.
-1. Las sanciones que se pueden imponer a los Letrados de la Administración de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:
-a) Apercibimiento.
-b) Multa de hasta 3.000 euros.
-c) Suspensión de empleo y sueldo.
-d) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
-e) Separación del servicio.
-f) Cese en el puesto de trabajo.
-2. Las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior podrán imponerse por la comisión de faltas graves y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción.
-La sanción de separación de servicio sólo podrá imponerse por faltas muy graves.
-La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una falta muy grave no podrá ser superior a tres años ni inferior a un año. Si se impone por falta grave, no excederá de un año.
-Los Letrados de la Administración de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave.
-La sanción de cese en el puesto de trabajo sólo será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia suplentes por comisión de faltas graves o muy graves.
-La sanción de multa solo podrá imponerse por la comisión de faltas graves.
-La sanción de apercibimiento sólo podrá imponerse por la comisión de faltas leves.»
-Ochenta. Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 3 del artículo 469 que pasa a ser apartado 2 y queda redactado como sigue:
-«2. Para la imposición de las sanciones serán competentes:
-a) El Secretario General de la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sanción de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos.
-b) El Secretario General de la Administración de Justicia, para la sanción de multa.
-c) El Ministro de Justicia, para la sanción de suspensión, traslado forzoso, separación del servicio y cese en el puesto de trabajo.»
-Ochenta y uno. Se añade un nuevo artículo 469 bis, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 469 bis.
-1. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses.
-2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se haya cometido.
-En los casos en los que un mismo hecho dé lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripción de la falta disciplinaria no comenzarán a computarse sino desde la conclusión de la causa penal.
-3. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento de notificación del acuerdo de iniciación del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de dos meses por causas no imputables al expedientado.
-4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves al año, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga la sanción.»
-Ochenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 470, que queda redactado como sigue:
-«1. Este Libro tiene por objeto la determinación del estatuto jurídico, de conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Española, de los funcionarios que integran los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.»
-Ochenta y tres. Se modifica el tercer párrafo del apartado b) del artículo 475, que queda redactado como sigue:
-«El Cuerpo de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Forense.»
-Ochenta y cuatro. Se modifica el artículo 476, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 476.
-1. Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.
-Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde:
-a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que dará cuenta al Letrado de la Administración de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretación de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fuera requerido para ello.
-b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación.
-c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia considere necesaria su intervención, ostentando en dichos actos la consideración de agente de la autoridad.
-d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran.
-e) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
-f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
-g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.
-h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de trabajo.
-i) Desempeñar la Secretaría de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, así como los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan, siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su desempeño.
-j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
-k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.
-2. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser nombrados Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, siempre que se reúnan los requisitos de titulación y demás exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribución que reglamentariamente se establezca.»
-Ochenta y cinco. Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra h) en el artículo 477, que quedan redactadas como sigue:
-«g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
-h) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.»
-Ochenta y seis. Se modifica el artículo 479, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 479.
-1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.
-2. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.
-No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autónoma de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.
-Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine.
-Con sede en Madrid existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestará servicio a los diversos órganos de jurisdicción estatal.
-3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuación de los médicos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la Comunidad Autónoma dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicación. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de las que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Asimismo dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. Su formación será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.
-4. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia.
-5. Son funciones de los médicos forenses:
-a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten.
-b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.
-c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica.
-d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
-e) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.
-f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función, en los términos contemplados reglamentariamente.
-6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará a las órdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.
-7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios en los citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.»
-Ochenta y siete. Se modifica el artículo 480, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 480.
-1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. Además, desarrollará las siguientes funciones:
-a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
-b) Practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los médicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas por el Ministerio Fiscal.
-c) Realizar igualmente los análisis e investigaciones interesados por organismos o empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general, en los supuestos que se prevean según instrucciones del Ministerio de Justicia o en los términos de los acuerdos o convenios realizados al efecto.
-d) Realizar los informes, análisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales, o incluso al margen de éstos en las condiciones que se determinen.
-e) Difundir los conocimientos en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.
-f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación con los Institutos de Medicina Legal, así como con otros organismos nacionales y extranjeros.
-g) Efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
-h) Podrán colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicología y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto.
-2. La organización y supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
-Su estructura orgánica se determinará mediante real decreto.
-En el mismo prestarán servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes de este artículo. Además, podrán prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, así como de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeño de sus funciones u otro personal para la realización de actividades propias de oficios o de carácter instrumental, contratados en régimen laboral.
-3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse especialidades.
-Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones.
-Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
-4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administración de Justicia.
-Son funciones del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses aquellas de auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
-Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
-5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administración de Justicia, para la realización de funciones de apoyo propias de su formación, en las actividades científicas y de investigación de este Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.
-6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dependerán jerárquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.»
-Ochenta y ocho. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 481, que queda redactado como sigue:
-«5. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia figurarán en el escalafón por orden de ingreso en el Cuerpo con mención de, al menos, los siguientes datos:
-a) Documento nacional de identidad.
-b) Nombre y apellidos.
-c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.»
-Ochenta y nueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 482, que queda redactado como sigue:
-«5. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente.»
-Noventa. Se modifica el apartado 1 del artículo 485, que queda redactado como sigue:
-«1. Los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico-práctico o de un periodo de prácticas, que podrán tener carácter selectivo.
-La calificación obtenida servirá para fijar el orden de prelación. No obstante, si tuviesen carácter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción. Si tampoco superaren este curso perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.»
-Noventa y uno. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 6 al artículo 490, que quedan redactados como sigue:
-«2. Además de las plazas que se incluyan para la incorporación de nuevo personal en la Oferta de Empleo Público de conformidad con lo previsto en el artículo 482, el Ministerio de Justicia convocará anualmente procesos de promoción interna para la cobertura de un número de plazas equivalente al treinta por ciento de las vacantes que, para cada Cuerpo, sean objeto de dicha oferta de empleo público.
-Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo aconsejen.
-En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoción interna que no resulten cubiertas, no podrán en ningún caso acrecer a las convocadas por turno libre ni incorporarse a la Oferta de Empleo Público.»
-«6. Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses podrán acceder mediante promoción interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, siempre que reúnan los requisitos para ello.»
-Noventa y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 495, que queda redactado como sigue:
-«1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:
-a) Al mantenimiento de su condición funcionarial, al desempeño efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeñen sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.
-b) A percibir la retribución y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas en la normativa vigente.
-c) A la carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción profesional que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
-d) A recibir por parte de la Administración la formación necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y más pronta adaptación a sus puestos de trabajo y les posibilite su promoción profesional.
-Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas Administraciones públicas competentes en materia de gestión de personal no representen obstáculos en la promoción y en la movilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia en el territorio del Estado, se adoptarán medidas de coordinación y homologación en materia de formación continua.
-e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar y a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.
-f) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
-g) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
-h) A vacaciones, permisos y licencias.
-i) A recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones competentes adoptarán aquellas medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva de la normativa vigente sobre prevención de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluación de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de emergencia, así como a la creación de servicios de prevención y de un Comité Central de Seguridad y Salud.
-j) A la jubilación.
-k) A un régimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en prácticas estará integrado por el Régimen General de la Seguridad Social o el Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función de la fecha en la que hayan adquirido tal condición, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, y disposiciones de desarrollo.
-l) A los derechos previstos en el artículo 444.2 de esta Ley.»
-Noventa y tres. Se modifica la letra l) del artículo 497, que queda redactada como sigue:
-«l) Tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros y subordinados, así como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.»
-Noventa y cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 498, que queda redactada como sigue:
-«b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:
-1.º El ejercicio de la abogacía, procuraduría, o de la profesión de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.
-2.º El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no.
-3.º La condición de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compañía de seguros.
-4.º El desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.
-5.º El desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.
-6.º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.»
-Noventa y cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 500, que queda redactado como sigue:
-«4. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en función del número de horas anuales de trabajo efectivo. Podrán establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantizándose en todo caso un número de horas de obligada concurrencia continuada.
-Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia pública.»
-Noventa y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 502, que queda redactado como sigue:
-«1. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administración General del Estado en su normativa.»
-Noventa y siete. Se modifican los párrafos segundo y último del apartado 5 del artículo 504, que quedan redactados como sigue:
-«Sin perjuicio de la obligación de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razón de enfermedad durante la jornada laboral del día en que ésta se produzca, los funcionarios deberán solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo desde que se produjo la ausencia en el puesto de trabajo.»
-«La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, comportará la aplicación del descuento en nómina en los términos y condiciones que se establezcan por la normativa específica que al efecto se dicte.»
-Noventa y ocho. Se modifica el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 509, que queda redactado como sigue:
-«El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto desempeñado se reservará al menos dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.»
-Noventa y nueve. Se modifica la letra A) del apartado 3 del artículo 521, que queda redactada como sigue:
-«A) Centro Gestor. Centro de destino.
-A efectos de la ordenación de los puestos de trabajo y de su ocupación por el personal funcionario, tendrán la consideración de centros gestores los órganos competentes del Ministerio de Justicia o el órgano competente de las Comunidades Autónomas para la gestión del personal, a quienes corresponderá la formulación de la relación de puestos de trabajo en sus respectivos ámbitos territoriales.
-Se entenderá por centro de destino:
-Cada uno de los servicios comunes procesales.
-El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio.
-El Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese.
-Cada una de las Fiscalías o Adscripciones de Fiscalías.
-En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creación establezca como tales.
-En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creación establezca como tales.
-La Mutualidad General Judicial.
-Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes o de menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo.
-El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
-Las Secretarías de Gobierno.»
-Cien. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 527, que queda redactado como sigue:
-«Con carácter excepcional podrán ser cubiertos temporalmente mediante sustitución los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular esté ausente.»
-Ciento uno. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 531, que queda redactado como sigue:
-«5. Con carácter excepcional, se podrán convocar con antelación suficiente concursos de traslados sin resultas para los órganos judiciales de nueva creación al objeto de que a su entrada en funcionamiento estén dotados de personal.»
-Ciento dos. Se modifica el artículo 536, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 536.
-Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves.
-a) Se consideran faltas muy graves:
-1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública.
-2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
-3. El abandono del servicio.
-4. La emisión de informes o adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.
-5. La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
-6. La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos.
-7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
-8. La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
-9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas.
-10. La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
-11. La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero.
-12. La realización de actividades declaradas incompatibles por ley.
-13. La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
-14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos sindicales.
-15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
-16. El acoso sexual.
-17. La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
-18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.
-19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.
-20. La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes.
-b) Se consideran faltas graves:
-1. La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
-2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.
-3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.
-4. La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.
-5. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.
-6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas.
-7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
-8. La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos.
-9. Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio.
-10. La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos.
-11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
-12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
-13. Obstaculizar las labores de inspección.
-14. Promover su abstención de forma claramente injustificada.
-15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
-16. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones.
-c) Se consideran faltas leves:
-1. La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave.
-2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave.
-3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave.
-4. La ausencia injustificada por un día.
-5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.»
-Ciento tres. Se modifica el párrafo primero del artículo 538, que queda redactado como sigue:
-«Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:
-a) Apercibimiento.
-b) Suspensión de empleo y sueldo.
-c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
-d) Separación del servicio.
-e) Cese en el puesto de trabajo.
-Las sanciones de los párrafos b) y c) podrán imponerse por la comisión de faltas graves y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción.
-La sanción de separación de servicio sólo podrá imponerse por faltas muy graves.
-La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una falta muy grave no podrá ser superior a tres años ni inferior a un año. Si se impone por falta grave, no excederá de un año.
-Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave.
-La sanción de cese en el puesto de trabajo, sólo será aplicable a los funcionarios interinos por comisión de faltas graves o muy graves.
-Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con apercibimiento.»
-Ciento cuatro. Se modifica la rúbrica del título II del libro VII, que queda redactada como sigue:
-«TÍTULO II
-De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales»
-Ciento cinco. Se modifica el artículo 544, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 544.
-1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
-2. La colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.»
-Ciento seis. Se modifica el artículo 545, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 545.
-1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrán designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que reúnan los requisitos exigidos por las leyes.
-2. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación técnica podrá ser ostentada por un Graduado Social, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional, en este título y especialmente en los artículos 187, 542.3 y 546.
-3. Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa o representación de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezca la ley.»
-Ciento siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 546, que quedan redactados como sigue:
-«1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
-2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.»
-Ciento ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 551, que queda redactado como sigue:
-«1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo.
-La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.»
-Ciento nueve. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 561 y se incluye un nuevo apartado 4, con la siguiente redacción:
-«2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de quince días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de diez días.
-3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendrá por cumplido dicho trámite.
-4. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.»
-Ciento diez. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 567, que queda redactado como sigue:
-«6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes.»
-Ciento once. Se modifica el apartado 1 del artículo 577, que queda redactado como sigue:
-«1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo. En el mismo acto de interposición se deberán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompañadas de los elementos de prueba oportunos.»
-Ciento doce. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 579, redactado como sigue:
-«5. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo.»
-Ciento trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 601, que queda redactado como sigue:
-«2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará, previa propuesta del Presidente, la rotación anual del resto de los Vocales en la composición anual de la Comisión Permanente.»
-Ciento catorce. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 609, que quedan redactados como sigue:
-«2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por tres Vocales.
-3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.»
-Ciento quince. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 610, que quedan redactados como sigue:
-«1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y designará, entre ellos, a su Presidente.
-2. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales.»
-Ciento dieciséis. Se añade una nueva disposición adicional vigésima primera, que queda redactada como sigue:
-«Disposición adicional vigésima primera. Apoyo judicial en la instrucción de causas complejas.
-Además de lo dispuesto en el capítulo IV bis del título II del libro III de esta Ley, dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, para la mejor instrucción de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripción a un órgano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección del titular de aquél, realicen exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento. Para idéntico fin e iguales condiciones, podrá interesarse la adscripción de uno o varios Letrados de la Administración de Justicia.
-A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial propondrá un programa concreto de actuación especificando, en todo caso, su objeto, ámbito de aplicación, duración y el tipo de comisiones en cuanto a la relevación de funciones. La aprobación del mismo precisará la autorización del Ministerio de Justicia.
-En el caso de que se interese la adscripción de Letrados de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dirigirá su petición al Ministerio para la aprobación de las correspondientes comisiones.»
-Disposición adicional primera. Referencias en las normas de fecha anterior.
-A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicología, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de la Administración de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
-Disposición adicional segunda. Elaboración del escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
-En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia deberá elaborar el escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
-Disposición adicional tercera. Pruebas de especialización.
-El Consejo General del Poder Judicial podrá convocar, además de las expresamente previstas en esta Ley, otras pruebas de especialización entre miembros de Carrera judicial en las que se valoren conocimientos específicos dentro de las distintas ramas del Derecho. Su superación será considerada como mérito en los concursos que no se resuelvan exclusivamente por criterios de antigüedad. Reglamentariamente se determinará el número, contenido y desarrollo de estas pruebas que podrá comprender el reconocimiento y valoración de las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Si de esta especialización se derivara algún incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente para soportar dicho gasto.
-Disposición adicional cuarta. Uso obligatorio de las nuevas tecnologías.
-1. La utilización de los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia será de uso obligatorio para Jueces y Magistrados.
-2. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar instrucciones de obligado cumplimiento con el fin de garantizar la adecuada utilización de los recursos materiales que las Administraciones pongan a disposición de Juzgados y Tribunales para el desempeño de sus funciones.
-3. No podrá exigirse a ciudadanos, profesionales o Administraciones que aporten la documentación que les sea requerida o de la que pretendan valerse en soporte papel, salvo que ello sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal o reglamentariamente se autorice de forma expresa.
-Disposición adicional quinta. Pensión de jubilación.
-A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco años de edad cumplidos, les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional Vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
-En estos supuestos se reconocerá a los interesados un porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco años, y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el párrafo anterior.
-Disposición adicional sexta. Prórroga de servicio activo de Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia.
-La referencia realizada en el artículo 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial deberá entenderse efectuada al Ministerio de Justicia cuando sean Fiscales o Letrados de la Administración de Justicia los que soliciten la prolongación de la permanencia en el servicio activo.
-Disposición transitoria primera. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados.
-1. Los procedimientos que se rijan por normas de competencia judicial internacional en el orden civil iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose conforme a las normas que regían a la fecha de su incoación.
-2. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que con anterioridad eran competencia de los Juzgados de Instrucción y con arreglo a la misma son competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, continuarán sustanciándose conforme a las normas que regían a la fecha de su incoación.
-3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuarán tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de su incoación.
-Disposición transitoria segunda. Régimen del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
-1. El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo previsto en esta Ley se aplicará a partir del momento de entrada en vigor de la misma.
-2. Los miembros de la plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo pasarán a la situación administrativa que corresponda a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
-3. Las plazas de Letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo se crearán por transformación de las plazas actualmente existentes de Magistrados en dicho Gabinete, a la entrada en vigor de esta Ley. Cualquier modificación de la plantilla de Letrados coordinadores deberá ajustarse al procedimiento previsto en el primer párrafo del apartado 5 del artículo 61 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
-Quienes actualmente desempeñen las funciones de Magistrado del Gabinete Técnico pasarán a tener la consideración de Letrados coordinadores por el tiempo por el que fueron nombrados.
-4. Los Letrados del Gabinete Técnico que no pertenezcan a la Carrera judicial estarán sometidos al régimen estatutario de los Letrados de la Administración de Justicia, en cuanto fuere aplicable, hasta la entrada en vigor de la ley que regule el estatuto básico de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
-Disposición transitoria tercera. Magistrados y Fiscales eméritos.
-1. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como Magistrados eméritos o Magistrados eméritos del Tribunal Supremo, podrán continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual régimen retributivo. No obstante lo anterior, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los setenta y cinco años.
-El mismo régimen será de aplicación a quienes a la entrada en vigor de esta Ley reúnan los requisitos previstos para poder ser nombrados como Magistrados eméritos o Magistrados eméritos del Tribunal Supremo y así lo hubieran solicitado.
-2. Lo dispuesto en el apartado anterior regirá para los Fiscales que se encuentren en las mismas situaciones en él descritas.
-Disposición transitoria cuarta. Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores.
-1. A la entrada en vigor de esta Ley los Secretarios de Gobierno o Coordinadores nombrados podrán concursar para obtener plaza e incorporarse así al régimen que establece la presente Ley; para ello tendrán preferencia absoluta en los dos primeros concursos que se realicen en los que se oferten plazas en su ciudad de procedencia o en la de su actual destino.
-Una vez obtenida plaza se les aplicará el régimen general.
-2. A los que no hubieren concursado conforme al apartado anterior les será aplicable el siguiente régimen transitorio:
-a) Los que cesaren en su cargo o no renovaren, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o a la Audiencia Provincial de la ciudad de procedencia o de aquélla en la que cesen.
-b) Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese o no renovación, podrán optar con carácter preferente a cualquier plaza de cualquier categoría que tengan consolidada de las que deban proveerse por concurso voluntario, poniendo fin así a la situación de adscripción provisional que se regula en el apartado anterior.
-c) De no haber concursado dentro de dicho plazo en la forma indicada, pese a la oferta de puestos de trabajo en la ciudad de adscripción que se hubieren incluido en estos concursos, y una vez transcurridos los dos años de adscripción, se les adjudicará con carácter definitivo el primer puesto de trabajo vacante en esa ciudad. El cómputo de los dos años comenzará a contar desde el primer concurso que se realice con posterioridad a su cese o no renovación.
-En sucesivos concursos, de tener consolidada la primera categoría, el tiempo prestado en esta se les computará a efectos de traslados conforme se indique en las normas de desarrollo o en las mismas convocatorias.
-3. Los Secretarios de Gobierno y Coordinadores que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran desempeñando su segundo o posterior mandato, no podrán optar a la renovación para el mismo puesto.
-Disposición transitoria quinta. Planes anuales de suplencias y sustituciones.
-Tras la entrada en vigor de la presente Ley y en tanto no se aprueben los siguientes planes anuales de suplencias y sustituciones de Letrados de la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno velará para que las sustituciones y llamamientos que fuesen necesarios realizar se ajusten a los criterios establecidos en esta Ley, en cuanto sea posible.
-Disposición transitoria sexta. Institutos de Medicina Legal.
-En aquellas Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas en las que no estén constituidos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hasta el momento en que se constituyan, la regulación del artículo 479 se entenderá aplicable a las agrupaciones de forensías.
-Disposición transitoria séptima. Dilación del requisito de especialidad en Medicina Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.
-La especialidad en Medicina Forense, exigida en el artículo 475 de esta Ley para acceder al Cuerpo de Médicos Forenses, no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia al menos la primera promoción de estos especialistas y se haya desarrollado la vía transitoria de acceso a dicho título para quienes acrediten una experiencia profesional, como funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses, no inferior a la duración del programa formativo oficial, según el procedimiento regulado en la disposición transitoria quinta del Real Decreto 639/2014, de 25 de julio.
-Disposición transitoria octava. Pensión de jubilación.
-Los reconocimientos de pensiones de jubilación, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposición adicional quinta de esta Ley, se revisarán de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposición, con efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente al hecho causante.
-Disposición transitoria novena. Plazo de solicitud para la prolongación de la permanencia en el servicio activo.
-El plazo de dos meses previsto en el artículo 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo no será exigible a quienes se jubilen entre la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y el 1 de diciembre de 2015.
-Disposición final primera. Modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
-La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, queda modificada en los siguientes términos:
-Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda redactado como sigue:
-«2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de esta Ley, así como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicción de extensión territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se señale por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma y toman el nombre del municipio en que aquélla esté situada.»
-Dos. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 23.
-Las retribuciones de los Letrados al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo serán las correspondientes a un Letrado de la Administración de Justicia de Sala del Tribunal Supremo. No obstante, los Letrados que desarrollen labores de coordinación conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 61 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que además pertenezcan a la Carrera judicial, percibirán las previstas en el Anexo II.2 de la Ley 15/2003 para los Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.»
-Tres. Se modifica el anexo III, que queda redactado como sigue:
-«ANEXO III
-Audiencia Nacional
-Presidente Audiencia Nacional.
-Sala de lo Penal:
-1 Presidente de Sala.
-4 Secciones: Compuesta por 16 Magistrados.
-Sala de Apelación:
-1 Presidente de Sala.
-2 Magistrados.
-Sala de lo Contencioso-administrativo:
-1 Presidente de Sala.
-8 Secciones: Compuesta por 39 Magistrados.
-Sala de lo Social:
-1 Presidente de Sala.
-2 Magistrados.
-Total: 64 Magistrados.
-4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideración de Presidente de Sala.»
-Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
-La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada en los siguientes términos:
-Uno. Se modifica el artículo 328, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 328.
-1. Habrá lugar al recurso de revisión contra sentencias firmes en los siguientes casos:
-1.º Cuando hayan sido condenadas dos o más personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo hecho que no haya podido ser cometido más que por una sola.
-2.º Cuando haya sido condenado alguno como responsable de la muerte de una persona cuya existencia se acredite después de la fecha de la sentencia condenatoria.
-3.º Cuando haya sido condenada una persona en sentencia cuyo fundamento fuera: un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada con violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en procedimiento seguido al efecto. A estos fines podrán practicarse cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el procedimiento, anticipándose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme base de la revisión.
-4.º Cuando haya sido penada una persona en sentencia dictada por el Tribunal y alguno de sus miembros fuere condenado por prevaricación cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramitación de la causa se hubiere prevaricado en resolución o trámite esencial de influencia notoria a los efectos del fallo.
-5.º Cuando sobre los propios hechos hayan recaído dos sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones.
-6.º Cuando después de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las mismas.
-2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
-En estos casos, los procesos de revisión se sustanciarán conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no será de aplicación lo previsto en los artículos 329 a 333, 335 y 336. Se aplicarán las reglas sobre legitimación previstas en dicha Ley para ese tipo de procesos.
-Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendrán los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»
-Dos. Se modifica el artículo 336, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 336.
-El proceso de revisión se sustanciará, con citación de los penados y solicitantes, conforme a las normas sobre esta materia contenidas en las leyes comunes, a salvo lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 328.2.»
-Tres. Se modifica el artículo 504, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 504.
-1. Las sentencias firmes dictadas en recurso contencioso-disciplinario militar por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, así como los autos también firmes, a los que se refiere el artículo 478, dictados por dicha Sala, podrán ser objeto de recurso de revisión en los siguientes casos:
-a) Si la parte dispositiva de la sentencia contuviere contradicciones en sus decisiones.
-b) Si se hubieran dictado resoluciones contrarias entre sí respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, donde en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se llegue a pronunciamientos distintos.
-c) Si después de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
-d) Si hubiere recaído la sentencia en virtud de documentos que al tiempo de dictarse aquélla ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
-e) Si, habiéndose dictado la sentencia en virtud de prueba testifical, fuesen los testigos condenados por falso testimonio en las declaraciones constitutivas de aquélla.
-f) Si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.
-g) Si la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo dispuesto en el artículo 490 o si en ella no se resolviese alguna de las cuestiones planteadas en la demanda y contestación.
-2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
-3. En lo referente a legitimación, términos y procedimientos respecto a este recurso, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
-Exceptúanse los casos previstos en los apartados a), b) y g) de este artículo, en los cuales el recurso de revisión deberá formularse en el plazo de un mes, contado desde la notificación de la firmeza de la sentencia.
-El recurso se interpondrá ante la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
-Cuatro. Se modifica el artículo 505, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 505.
-Contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por los Tribunales Militares Territoriales se podrá interponer recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los mismos plazos y por iguales trámites que los señalados en el apartado 3 del artículo anterior.
-Este recurso podrá fundamentarse en los mismos motivos que los relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo anterior, salvo los contemplados en las letras a), b) y g) del apartado 1.»
-Disposición final tercera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
-La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, queda modificada en los siguientes términos:
-Uno. La sección 3.ª del capítulo III del título IV, integrada por los artículos 86 a 93, queda redactada de la siguiente forma, y se suprimen los artículos 94 y 95:
-«Sección 3.ª Recurso de casación
-Artículo 86.
-1. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
-En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.
-2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.
-3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
-Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
-Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
-4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
-Artículo 87.
-1. También son susceptibles de recurso de casación los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepción e igual límite dispuestos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior:
-a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
-b) Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares.
-c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
-d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91.
-e) Los dictados en aplicación de los artículos 110 y 111.
-2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica.
-Artículo 87 bis.
-1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.
-2. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate.
-3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.
-Artículo 88.
-1. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
-2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna:
-a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.
-b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.
-c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.
-d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
-e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.
-f)  Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.
-g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.
-h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.
-i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.
-3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo:
-a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
-b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.
-c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
-d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
-e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
-No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
-Artículo 89.
-1. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.
-2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:
-a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna.
-b) Identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.
-c) Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.
-d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir.
-e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.
-f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
-3. Si el escrito de preparación no se presentara en el plazo de treinta días, la sentencia o auto quedará firme, declarándolo así el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión sólo cabrá el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta Ley.
-4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
-5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión.
-6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento.
-Artículo 90.
-1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
-2. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepción del Presidente de la Sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicará en la página web del Poder Judicial.
-3. La resolución sobre la admisión o inadmisión del recurso adoptará la siguiente forma:
-a) En los supuestos del apartado 2 del artículo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la resolución adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto motivado.
-b) En los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en los que se presume la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por auto motivado en el que se justificará que concurren las salvedades que en aquél se establecen.
-4. Los autos de admisión precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de estas circunstancias:
-a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada;
-b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación;
-c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o
-d) carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
-5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno.
-6. El Letrado de la Administración de Justicia de Sala comunicará inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada y, si es de inadmisión, le devolverá las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.
-7. Los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo hará público, en la mencionada página web y en el «Boletín Oficial del Estado», el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución.
-8. La inadmisión a trámite del recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
-Artículo 91.
-1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
-Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.
-2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2 de esta Ley.
-3. El Tribunal de instancia denegará la ejecución provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.
-4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Letrado de la Administración de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo.
-Artículo 92.
-1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la Secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la Oficina judicial.
-2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaración sólo podrán interponerse los recursos que prevé el artículo 102 bis de esta Ley.
-3. El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:
-a) Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y
-b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.
-4. Si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolución del recurso acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
-5. En otro caso, acordará dar traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de treinta días. Durante este plazo estarán de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso.
-6. Transcurrido dicho plazo, háyanse presentado o no los escritos de oposición, la Sección competente para la decisión del recurso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes formulada por otrosí en los escritos de interposición u oposición, acordará la celebración de vista pública salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo. El señalamiento del día en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votación y fallo respetará la programación que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigüedad del recurso, se haya podido establecer.
-7. Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petición de la mayoría de los Magistrados de la Sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.
-8. La Sección competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictará sentencia en el plazo de diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.
-Artículo 93.
-1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación.
-2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el órgano judicial de instancia, anulará la resolución recurrida e indicará, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prevé el artículo 5.3 de esta Ley, o remitirá, en el segundo, las actuaciones al órgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.
-3. En la resolución de la concreta controversia jurídica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.
-4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del artículo anterior, resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.»
-Dos. Se suprimen las secciones 4.ª y 5.ª del capítulo III del título IV, integradas por los artículos 96 a 101.
-Tres. Se modifica el artículo 102, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 102.
-1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:
-a) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
-b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
-c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
-d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.
-2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.
-3. En lo referente a legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisión, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, sólo habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.
-4. La revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.»
-Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 108, con la siguiente redacción:
-«3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.»
-Cinco. Se modifica el artículo 139, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 139.
-1 En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
-En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
-2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.
-3. En el recurso de casación se impondrán las costas de conformidad con lo previsto en el artículo 93.4.
-4. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.
-5. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
-6. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal.
-7. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
-Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
-La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes términos:
-Uno. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.
-1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
-2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:
-a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.
-b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.»
-Dos. Se modifica el artículo 115, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 115. Recusación. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusación.
-1. Serán aplicables a la recusación de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades:
-a) Los Secretarios Judiciales no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados.
-b) La pieza de recusación se resolverá por el Secretario de Gobierno respectivo, previa instrucción del incidente por el Secretario Coordinador correspondiente, o en su caso, Secretario Judicial que aquél designe.»
-Tres. Se modifica el artículo 116, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 116. Informe del recusado.
-Presentado el escrito de recusación, el Secretario Judicial recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al Secretario Coordinador correspondiente para que éste dé cuenta al Secretario de Gobierno, o, en su caso, directamente al Secretario de Gobierno que deba conocer de la recusación.»
-Cuatro. Se modifica el artículo 117, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 117. Aceptación de la recusación por el recusado.
-1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el Secretario de Gobierno dictará decreto, sin más trámites y sin ulterior recurso, teniéndolo por recusado, si estima que la causa es legal.
-2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarará no haber lugar a la recusación. Contra este decreto no se dará recurso alguno.»
-Cinco. Se modifica el artículo 118, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 118. Oposición del recusado y sustanciación de la recusación.
-Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, si el instructor admitiere a trámite la recusación propuesta, el Secretario Coordinador ordenará la práctica, en el plazo de diez días, de la prueba solicitada que estime pertinente y útil, dándose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres días. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitirá al Secretario de Gobierno quien decidirá el incidente dentro de los cinco días siguientes. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno.»
-Seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 138, que queda redactado como sigue:
-«4. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Secretarios Judiciales velarán porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.»
-Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 140, que quedan redactados como sigue:
-«1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo y directo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.
-2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el Letrado de la Administración de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresión de su destinatario.»
-Ocho. Se modifica el artículo 147, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 147. Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido.
-Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen.
-Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el artículo anterior.
-Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine.
-El Secretario Judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.»
-Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 212, que queda redactado como sigue:
-«2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.»
-Diez. Se modifica el artículo 266, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 266. Documentos exigidos en casos especiales.
-Se habrán de acompañar a la demanda:
-1.º Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda.
-2.º Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere.
-3.º El documento en que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el Tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión.
-4.º Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisión de la demanda.»
-Once. Se modifica el artículo 403, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 403. Admisión y casos excepcionales de inadmisión de la demanda.
-1. Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley.
-2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.»
-Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 483, que queda redactado como sigue:
-«2. Procederá la inadmisión del recurso de casación:
-1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable.
-2.º Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley.
-3.º Si el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente más de cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
-Asimismo se inadmitirá el recurso en los casos del segundo párrafo del artículo 477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
-4.º Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.»
-Trece. Se modifica el artículo 510, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 510. Motivos.
-1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:
-1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
-2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.
-3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
-4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
-2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.»
-Catorce. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:
-«Artículo 511. Legitimación activa.
-Podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada.
-En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»
-Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 512, que queda redactado como sigue:
-«1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo.
-Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.»
-Disposición final quinta. Disposiciones con carácter de ley ordinaria y título competencial.
-1. Tienen carácter de ley ordinaria las disposiciones adicionales segunda y quinta, y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta.
-2. La presente Ley Orgánica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Administración de Justicia por el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, salvo las disposiciones finales primera, tercera y cuarta, que se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación procesal.
-Disposición final sexta. Normativa militar.
-En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley.
-Disposición final séptima. Normativa procesal.
-En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley de modificación de las leyes procesales que resulten necesarios para la adaptación a lo dispuesto en ella y aprobará las normas reglamentarias precisas para su desarrollo.
-Disposición final octava. Estatuto básico de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
-En el plazo de un año, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el Estatuto de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En todo caso, y en lo que se refiere al régimen retributivo de estos Letrados, se estará a lo previsto al respecto en el artículo 23 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
-Disposición final novena. Desarrollo reglamentario.
-El Consejo General del Poder Judicial procederá a elaborar el reglamento que desarrolle el procedimiento al que se refiere el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
-Disposición final décima. Entrada en vigor.
-La presente Ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposición final tercera, que lo harán al año de su publicación.
-Por tanto,
-Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
-Madrid, 21 de julio de 2015.
-FELIPE R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY",Reforma del poder judicial,"Reforma LO Poder Judicial, enésima vuelta de tuerca a la Justicia de la legislatura, entra en vigor 1/10.  #BOE [1-3]"
-664,"Por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre (BOE de 1 de octubre), se anunció para su cobertura por el sistema de libre designación el puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela (Caracas).
-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que resulta de aplicación en virtud de lo previsto en la disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en relación con el artículo 56.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo, se ha acreditado la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
-Se ha valorado la idoneidad del candidato para el desempeño del puesto que se le asigna, ostentando la capacidad y competencia personal y profesional, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado, coincidente en el mismo sentido con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-En concreto, se ha tenido en cuenta la formación curricular del candidato, su dilatada experiencia en el ámbito internacional, especialmente en el campo sociolaboral hispanoamericano.
-En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:
-Primero.
-Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
-Segundo.
-La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
-Tercero.
-Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
-ANEXO
-Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela-Caracas
-Puesto adjudicado:
-Denominación: Consejero/Consejera de Empleo y Seguridad Social.
-Nivel de complemento destino: 28.
-Complemento específico: 19.823,16 €.
-Puesto de procedencia:
-Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
-Centro Directivo: Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina.
-Nivel complemento destino: 28.
-Datos personales adjudicatario:
-Apellidos y nombre: Camba Bouzas, José Santiago.
-Número registro personal: 3493531635 A2056.
-Grupo/Subgrupo: A1.
-Cuerpo: C. Médicos Titulares E. Sanitaria/C.F.S. de la Xunta de Galicia.
-Situación administrativa: Servicio activo.","José Santiago Camba Bouzas, nombrado Consejero de Empleo y Seguridad Social de Venezuela.","Camba, alto cargo de la Xunta de Galicia en los 90, pasa de la consejería Empleo de Argentina a la de Venezuela  #BOE"
-1719,"En cumplimiento de lo dispuesto en el Título V de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por el que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las Entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se acuerda la publicación de la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Centro Sefarad-Israel correspondientes al ejercicio 2012, que figuran como anexos a esta resolución.
-Madrid, 2 de agosto de 2013.–El Director General de Centro Sefarad-Israel, Miguel María de Lucas González.
-MEMORIA
-1. Organización y actividad
-El Consorcio Centro Sefarad-Israel (en adelante CSI), se configura como una Entidad de derecho público de carácter interadministrativo, creado mediante convenio de colaboración, suscrito con fecha 18 de diciembre de 2006 al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.5 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Consorcio goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio.
-Los entes consorciados son: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (en adelante MAEC), Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.
-Los fines generales de CSI son los siguientes:
-a) Fomentar la realización de actuaciones y proyectos que contribuyan al mejor conocimiento de la comunidad y las organizaciones judías en España y en Europa.
-b) Impulsar el desarrollo de las relaciones de España con la comunidad y organizaciones judías, sobre todo en los ámbitos cultural, social y científico.
-c) Estrechar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación con la comunidad y las organizaciones judías, fundamentalmente las sefardíes.
-d) Promocionar Madrid, tanto la ciudad como la Comunidad Autónoma, como territorios de encuentro con la comunidad y las organizaciones judías, facilitando el acercamiento cultural y social.
-e) Promover una mayor presencia de la cultura judía -y sefardí en particular- en todos los ámbitos, así como el estudio y la difusión del judeoespañol.
-f) Desarrollar programas específicos para la población escolar y la juventud, con especial atención a la promoción de valores de cooperación, solidaridad, tolerancia y no discriminación entre las nuevas generaciones.
-g) Llevar a cabo programas de formación permanente del profesorado, tanto en los ámbitos universitarios, como no universitarios.
-h) Promover programas dirigidos a los medios de comunicación y a la difusión en red de las actividades del Centro Sefarad-Israel.
-i) Formalizar una relación en red con otras instituciones con el fin de coordinar esfuerzos y realizar proyectos comunes.
-j) Cualesquiera otras iniciativas y programas que contribuyan al objetivo último del Consorcio, consistente en el fomento de las relaciones entre España y la comunidad y organizaciones judías.
-La normativa de aplicación, por la que se rige CSI es la siguiente:
-a) Estatutos.
-b) Lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-c) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
-d) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
-e) Lo preceptuado en el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
-El Consorcio Centro Sefarad-Israel se rige por los siguientes Órganos de gobierno:
-El Consejo Rector. Compuesto por 14 miembros, ocho representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tres representantes de la Comunidad de Madrid y otros tres por el Ayuntamiento de Madrid.
-La Comisión Delegada. Compuesta por un representante de cada una de las tres Administraciones Consorciadas y por el Director General y será presidida por el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-El Director General, D. Florentino Portero Rodríguez fue nombrado por el Consejo Rector el 29 de Marzo de 2.012.
-A 31 de diciembre de 2.012 el Consejo Rector estaba formado por las siguientes personas:
-Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-Jose Manuel García Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-Gonzalo de Benito Secades, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
-Gonzalo Robles Orozco, Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
-Ignacio Ybañez Rubio, Director General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
-Fernando Eguidazu Palacios, Director General de Relaciones Económicas Internacionales.
-María Claver Ruiz, Directora General de Medios y Diplomacia Pública.
-Pilar Serret de Murga, Subdirectora de Diplomacia Pública.
-Luis Tomas Melgar Valero, Subdirector General de Diplomacia Pública.
-Comunidad de Madrid.
-Jaime Ignacio González González, Presidente de la Comunidad de Madrid.
-Ana Isabel Mariño Ortega, Consejera de Empleo, Turismo y Cultura.
-Carmen González Fernández, Viceconsejera de Cultura y Deporte.
-Ayuntamiento de Madrid.
-Ana María Botella Serrano, Alcaldesa de Madrid.
-Fernando Villalonga Campos, Delegado del Área de gobierno de las Artes.
-Diego Sanjuanbenito Bonal, Concejal del Área de Estudios.
-Junta de Andalucía (con voz pero sin voto).
-Susana Díaz Pacheco, Consejera de Presidencia e Igualdad.
-Los recursos del Consorcio están constituidos por:
-a) Transferencias y subvenciones que anualmente se consignen dentro de los presupuestos de las entidades consorciadas.
-b) Bienes y valores que constituyan el patrimonio del Consorcio, así como las rentas y productos del mismo.
-c) Subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que otorguen a su favor entidades públicas o privadas.
-d) Ingresos, tanto de Derecho público como de Derecho privado, que puedan corresponder al Consorcio como consecuencia de sus actividades y los rendimientos por servicios prestados a terceros.
-e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que puedan serle legalmente atribuidos.
-La contabilidad de CSI se ajustara a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 119.3 y 137 de la Ley General Presupuestaria, está obligada a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado.
-Personal de CSI.
-Los empleados de CSI son, en todo caso, personal laboral. A comienzos de 2012, el número de personas contratadas ascendía a 20, situándose en 16 a 31 de diciembre. De ellos, dos se rigen por el Real Decreto 1382/1985, en los términos previstos en la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retrobutivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y los empleados restantes están acogidos al Convenio colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid.
-3. Bases de presentación de las cuentas
-Las cuentas anuales de CSI, expresadas en euros, se preparan con base en su contabilidad, desarrollada con arreglo a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 13 de abril de 2010, la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Ley 15/2010, de 5 de julio de 2010, y la resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría y de Cuentas. La Orden EHA/2043/2010 de 22 de julio del 2010 y la Orden EHA /3067/2011 de 8 de noviembre del 2011.
-1) Como consecuencia de lo anterior, CSI aplica los principios contables públicos con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de sus presupuestos.
-4. Normas de reconocimiento y valoración
-1) Inmovilizado Material.
-Los bienes incluidos en el inmovilizado Material son valorados al precio de adquisición o por su coste de producción. La amortización se realiza según lo dispuesto en la resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables o realizan a fin de ejercicio, utilizándose, por tanto, el método lineal y se sigue considerando la vida útil del período establecido en las tablas que figuran como anexo a la citada resolución.
-1) Inmovilizado Intangible.
-Los elementos comprendidos en el inmovilizado intangible son valorados al precio de adquisición y la amortización se realiza en los mismos términos y plazos expresados en el apartado anterior.
-6) Activos y Pasivos Financieros.
-a) Los Pasivos Financieros han sido clasificados al coste amortizado debido a que son deudas contraídas por operaciones derivadas de la activad habitual. No existen Activos Financieros.
-10) Transacciones en moneda extranjera.
-Las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización.
-11) Ingresos y Gastos.
-Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.
-12) Provisiones y Contingencias.
-Las Provisiones figuran en el balance conforme al valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación.
-13) Transferencias y Subvenciones.
-Los ingresos de CSI provienen en su casi totalidad de las obligaciones asumidas por los entes consorciados, mediante convenio de colaboración de 18 de diciembre de 2006, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA
-Información sobre el cambio de denominación de la institución durante el ejercicio 2012
-Antecedentes.
-En octubre de 2007, Casa de Sefarad (S. L. con sede en Córdoba) interpuso una demanda a Casa Sefarad-Israel solicitando la anulación de su denominación.
-Durante la tramitación del procedimiento (más de cuatro años), Casa Sefarad-Israel trató en varias ocasiones de llegar a un acuerdo con Casa de Sefarad S. L. para que ambas instituciones colaboraran en la realización de actividades conjuntas a cambio de que Casa de Sefarad S. L. desistiese en su demanda y consintiera el uso de la denominación Casa Sefarad-Israel.
-En abril de 2009, el Juzgado sentenció que la denominación Casa Sefarad-Israel constituye una infracción de los derechos de marca de Casa de Sefarad S.L. condenando en primera instancia a cesar inmediatamente en el uso de la denominación Casa Sefarad-Israel. Pese a las escasas probabilidades de revocar la sentencia dada su argumentación y con el fin principal de retrasar su ejecución, Casa Sefarad-Israel interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid que dejó el fallo en suspenso.
-En noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia rechazando el recurso de apelación. Para evitar que la sentencia adquiriera firmeza inmediata, Casa Sefarad-Israel interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
-Finalmente, en septiembre de 2011, el TS dictó Auto de inadmisión del recurso de casación por falta de interés casacional y la sentencia adquirió firmeza.
-En ese momento, se presentó un escrito al Juzgado anunciando la voluntad del Consorcio de ejecutar voluntariamente la sentencia y comunicando que ya se había dejado de utilizar la denominación Casa Sefarad-Israel. Desde entonces, se está utilizando con carácter provisional la denominación Sefarad-Israel.
-Conclusiones.
-A) Casa Sefarad-Israel se vio obligada a cesar en el uso de su denominación, y temporalmente utilizó la denominación Sefarad-Israel, sin nombre propio que la identifique. De acuerdo con el Registro de nombres, no fue posible continuar con esa denominación temporal.
-B) El acuerdo con la demandante Casa de Sefarad S.L. no fue posible porque solicitaban una indemnización económica muy lejos de las posibilidades del presupuesto de esta institución, así como un acuerdo de colaboración plurianual que implicaba asimismo un desembolso en actividades que no están en sintonía con los objetivos de esta institución.
-C) Las Comisiones Delegadas de esta institución, celebradas desde el mes de septiembre del 2011, así como el Consejo Rector celebrado en diciembre de 2011, fueron puntualmente informados de la situación y decidieron relegar la decisión definitiva a una Comisión Delegada que fuera convocada a principios de 2012, con el nuevo equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta Comisión Delegada se celebro el 6 de marzo del 2012. En ella, después de las deliberaciones informales con todas las entidades consorciadas, se propuso el cambio de nombre por el de Centro Sefarad-Israel, el cual fue aprobado por unanimidad.
-D) El 29 de Marzo del 2012 se celebró la reunión del Consejo Rector, en la que se ratificó, la decisión de la anterior reunión de la Comisión Delegada, del cambio de denominación de la entidad de Casa Sefarad-Israel a Centro Sefarad-Israel.
-E) Nada más aprobarse por el máximo órgano de la Institución, se llevaron a cabo los trámites oportunos para el cambio de denominación en Hacienda y Seguridad Social, además de notificar a las entidades consorciadas dicho cambio de denominación.
-INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
-Centro Sefarad-Israel (ejercicio 2012)
-Intervención Delegada Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
-Índice
-I. Introducción.
-II. Objetivos y alcance del trabajo.
-III. Resultado del trabajo.
-IV. Opinión sobre las cuentas anuales.
-I. Introducción.
-La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada de Hacienda en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en uso de las competencias que le atribuye ef artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.
-Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Centro Sefarad-Israel el día 20 de marzo de 2013 y fueron puestas a disposición de esta Intervención Delegada ese mismo día.
-Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.
-II. Objetivos y alcance del trabajo.
-El objetivo de nuestro trabajo es comprobar sí las cuentas anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
-Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
-De acuerdo con la legislación vigente se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de .Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las Cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 26 de junio de 2012 esta Intervención Delegada emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable con una incertidumbre.
-La información relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría queda contenida en el fichero 1 2361 2012 F_130320_154954_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es 4D71 F927785CBDD285DE7FEEEB96B3AE que está depositado en el Registro Digital de Cuentas Públicas (RED. coa) de la Intervención General de la Administración del Estado con fecha 20 de marzo de 2013
-En el desarrollo de nuestro trabajo no se han producido limitaciones al alcance.
-III. Resultado del trabajo.
-Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias significativas:
-a) Circunstancias que no afectan a la representatividad de las cuentas anuales:
-a.1) Dentro del epígrafe 420 del Balance de Situación, Acreedores por operaciones de gestión, sigue figurando un saldo acreedor de 127.500 euros a favor de la empresa belga Tempora S.A. que corresponden al 50 % pendiente de pago como consecuencia del convenio celebrado entre dicha compañía y el Centro Sefarad-Israel el 24 de mayo de 2011 para «precisar y determinar las modalidades de circulación de la exposición Dioses, modos de empleo».
-Del análisis efectuado no se desprende que el pago realizado en el ejercicio 2011 por importe de 127.500 euros corresponda a ningún servicio real prestado, ni que el pago que eventualmente se pudiera hacer para abonar el 50 % restante se corresponda con el precio razonable de un servicio como el previsto en dicho convenio.
-a.2) La naturaleza jurídica del Consorcio es la de un Consorcio Administrativo integrado en el Sector Público Estatal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.1 h) y 3.1 b) de la Ley 4712003, General Presupuestaria, y así figura expresamente incluido en las leyes anuales de los Presupuestos Generales del Estado y en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE), que lo califica como Consorcio del Sector Público Estatal. Como consecuencia de lo anterior, es de aplicación al Centro Sefarad-Israel el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo y la Orden de 26 de abril de 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre remuneraciones de los directivos. Dicha aplicación no está sujeta a la aprobación del Consejo Rector.
-No obstante lo anterior, en nuestra opinión el Centro Sefarad-Israel no ha aplicado los limites establecidas en estas normas. Tampoco ha cumplido el mandato establecido en la comunicación de la Directora General de Medios y Diplomacia Pública de 23 de Octubre de 2012 sobre las retribuciones de los Directores de Departamento.
-Como consecuencia de lo anterior, el Consorcio Sefarad-Israel deberá solicitar la devolución de las remuneraciones indebidamente abonadas y que de acuerdo a nuestros cálculos ascenderían a la cifra total de 11.865 euros.
-b) Circunstancias que afectan a la representatividad de las cuentas anuales:
-b.1) La cuenta de Resultados del Centro Sefarad-Israel en 2012 refleja una pérdida de 116.632 euros por lo que se ha vuelto a reducir por quinto año consecutivo el Neto Patrimonial del Consorcio, tal y como se describe en el cuadro reflejado más abajo. Así pues, la futura viabilidad económica del Centro Sefarad-Israel dependerá de que los gastos se adecuen y limiten a los ingresos que acuerden aportar las Instituciones consorciadas.
-Ejercicio
-2007
-2008
-2009
-2010
-2011
-2012
-Cuenta Resultados
-2.009.862
--99.941
--952.713
--413.928
--300.497
--116.633
-Neto Patrimonial
-2.009.862
-1.909.921
-957.208
-543.280
-242.783
-126.150
-El 87 % de las aportaciones de las Entidades que forman el Consorcio se han. destinado a gastos fijos de la plantilla que presta sus servicios en el Consorcio. La Memoria no hace referencia a este hecho ni explica la capacidad operativa que el Centro Sefarad-Israel tendrá en un futuro para cumplir los fines para los que fue creado.
-b.2) Como consecuencia de la dificultad financiera del Centro Sefarad-lsrael no hay seguridad de que se lleven a cabo las exposiciones a que se refiere el mencionado convenio celebrado con la empresa Tempora S.A. y por tanto no hay certeza de que la deuda de 127.500 euros se vaya a tener que pagar y de que este importe sea un pasivo real del Consorcio.
-IV. Opinión sobre las cuentas anuales.
-En nuestra opinión las cuentas anuales del Centro Sefarad-Israel correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación, salvo por la incertidumbre de su viabilidad económica futura como consecuencia de los continuados déficits presupuestarios anuales y salvo por la incertidumbre del resultado final de la deuda de 127.500 euros relacionada con el convenio celebrado con Tempora S.A.
-El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Red.coa de la Intervención General de la Administración del Estado por don Rufo López Rodríguez, Director de la Auditoría y por don Tomás Ramos Segovia, Interventor Delegado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en Madrid a 28 de junio de  2013.","Cuentas anuales del Centro Sefarad-Israel correspondientes al ejercicio 2012, que figuran como anexos a esta resolución.","El Centro Sefarad-Israel recibió en 2012 un millón de euros de ayto Madrid, Com. Madrid y Ministerio de AAEE  #BOE"
-998,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+13 de febrero de 2013, a partir de las 10:30 horas.
+10. Gastos de publicidad: 
+Serán a cargo del adjudicatario.
+11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
+2 de enero de 2013.
+L'Hospitalet de Llobregat, 2 de enero de 2013.- Jefa de la Sección de Contratación.","L'Hospitalet gasta 244.000 euros en papel en tres años. Eso sí, es papel reciclado.  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Administración Local,"L'Hospitalet licita el suministro de papel reciclado y ecológico DIN -A3 y A4 para las dependencias municipales para los años 2013-1015 con importe estimado de 243.859,74 euros.",,[],1244,0.720274,415
+2013-02-08,,BOE-A-2014-7970,"Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca concurso para la licitación de las obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en las calles Jose Plà, 172; Pere IV, 455-457; Cami de Ca l'Isidret, 5, y Paraguai, 2, de Barcelona.","<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<dl>
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+<p class='parrafo'>Barcelona, 31 de enero de 2013.- El Gerente, Francesc Xavier González Garuz.</p>
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+",Fri Feb 08 09:38:45 +0000 2013,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: 
-Comisión Central de Suministros, Departamento de Economía y Conocimiento, Generalidad de Cataluña.
+Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Subdirección General de Suministros y Servicios.
+Departamento de Contratación.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
+2) Domicilio: 
+Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36.
+3) Localidad y código postal: 
+Barcelona, 08003.
+4) Teléfono: 
+932918602
+5) Telefax: 
+932918501
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+www.pmhb.cat.
+d) Número de expediente: 
+004/13.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Obras.
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+Obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en las calles Jose Plà, 172; Pere IV, 455-457; Cami de Ca l'Isidret, 5, y Paraguai, 2, de Barcelona.
+e) Plazo de ejecución/entrega: 
+26
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinario.
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+Abierto.
+d) Criterios de adjudicación: 
+Varios criterios de adjudicación.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 9.204.375,48 euros. Importe total: 10.124.813,03 euros. 
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+12 de marzo de 2013, hasta las 13 horas.
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+Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
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+Barcelona, 08003.
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+b) Dirección: 
+Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36.
+c) Localidad y código postal: 
+Barcelona, 08003.
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+Advertir de la posibilidad de suspensión del procedimiento de adjudicación como consecuencia de la simultaneidad del mismo con el de aprobación del proyecto, así como de la renuncia a la celebración del contrato.
+Barcelona, 31 de enero de 2013.- El Gerente, Francesc Xavier González Garuz.",(1) Construcción de edificio 83 viviendas+locales+garaje. El contrato está valorado en 10 millones de euros ,[],DECRETO_LEY,Administración Local,"Licitación para las obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo por importe total de 10.124.813,03 euros.",,[],3605,0.7210907,306
+2015-05-19,,BOE-B-2015-15764,Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la que se convoca licitación para la contratación de las obras para la ejecución de aseos en el Centro de Internamiento de Extranjeros del Complejo Policial de Zona Franca en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
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+<materias></materias>
+<materias_cpv>45000000 Trabajos de construcción</materias_cpv>
+<observaciones>Construcción</observaciones>
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+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
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+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Ministerio del Interior.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Amador de los Ríos, 7.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>28010 Madrid.</dd>
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+<dd>915371653.</dd>
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+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>www.contrataciondel estado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>16 de junio de 2015.</dd>
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+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>M-15-035.</dd>
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+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
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+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Obras.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Obras para la ejecución de aseos.</dd>
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+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
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+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
+<dd>Único criterio mejor precio ofertado.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>451.791,56 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
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+<dd>Importe total: 546.667,79 euros. </dd>
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+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>Grupo C sbugrupo 4 categoría D.</dd>
+<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
+<dd>Ver apartado 7 del Cuadro de características.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>22 de Junio de 2015, en horario del Registro general.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Registro general del Ministerio del Interior.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Amador de los Ríos, 7, planta baja.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28010.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura pública sobre n.º 2.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Amador de los Ríos, 7, entreplanta.</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>2 de Julio de 2015, a las 10:15 horas.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
+<dd>Ver apartado 16 del Cuadro de característicias.</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de mayo de 2015.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, Modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, don Felipe del Pozo Blanco.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Tue May 19 07:57:43 +0000 2015,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: 
-Subdirección General de Suministros y Servicios.
+Ministerio del Interior.
 2) Domicilio: 
-Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2.ª planta.
+Amador de los Ríos, 7.
 3) Localidad y código postal: 
-Barcelona 08010.
+28010 Madrid.
 4) Teléfono: 
-93 316 22 66.
+915371388.
 5) Telefax: 
-93 316 22 40.
+915371653.
 6) Correo electrónico: 
-licitacionsccs.eco@gencat.cat.
+mesas@interior.es.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
-https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccs.
+www.contrataciondel estado.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
-15 de enero de 2013, a las 14:00 horas.
+16 de junio de 2015.
 d) Número de expediente: 
-2012/4.
+M-15-035.
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: 
-Servicios.
+Obras.
 b) Descripción: 
-Prestación de los servicios postales y de mensajería a los departamentos de la Administración de la Generalidad, así como a las entidades participantes del Sistema central de adquisiciones, a excepción de las adscritas en la Administración local, y a las otras entidades públicas que vienen recibiendo este servicio.
-c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 
-Lote 1: Servicios postales: Cartas y tarjetas postales, cartas certificadas y notificaciones, paquetes postales y envios telegráficos; Lote 2: Servicios postales de publicidad, promoción o difusión y valijas; Lote 3: Servicios de mensajería.
-e) Plazo de ejecución/entrega: 
-La vigencia del contrato se inicia el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de junio de 2014 o, si fuera posterior, desde la fecha de publicación en el Perfil del contratante de la Comisión Central de Suministros de la formalización de los documentos contractuales.
-g) Establecimiento de un acuerdo marco: 
-Sí.
-i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
-64110000 y 60161000.
+Obras para la ejecución de aseos.
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: 
 Ordinaria.
 b) Procedimiento: 
 Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: 
-Diversos criterios de adjudicación según Pliego de cláusulas administrativas particulares (en lo sucesivo PCAP).
+Único criterio mejor precio ofertado.
 4. Valor estimado del contrato:
-52.085.000,00 euros IVA excluido.
+451.791,56 euros.
 5. Presupuesto base de licitación: 
 a) 
- Importe neto: 23.675.000,00 euros. Importe total: 28.646.750,00 IVA incluido.. 
+Importe total: 546.667,79 euros. 
 6. Garantías exigidas. 
- Definitiva (%): 5 % del presupuesto base de licitación del lote correspondiente.
+ Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
-Grupo R, Subgrupo 9, Categoría D (lotes 1, 2 y a diversos lotes) y Categoría A (para las empresas que se presenten exclusivamente al lote 3).
+Grupo C sbugrupo 4 categoría D.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
-Según lo establecido en la cláusula décimo segunda del PCAP.
+Ver apartado 7 del Cuadro de características.
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación: 
-23 de enero de 2013, a las 14:00 horas.
+22 de Junio de 2015, en horario del Registro general.
 c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: 
-Subdirección General de Suministros y Servicios.
+Registro general del Ministerio del Interior.
 2) Domicilio: 
-Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2.ª planta.
+Amador de los Ríos, 7, planta baja.
 3) Localidad y código postal: 
-Barcelona, 08010.
-f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
-5 meses.
+Madrid 28010.
 9. Apertura de Ofertas:
 a) Descripción: 
-Acto público.
+Apertura pública sobre n.º 2.
 b) Dirección: 
-Gran Via de les Corts Catalanes, 635. Sala de actos de la planta baja.
+Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
 c) Localidad y código postal: 
-Barcelona 08010.
+Madrid.
 d) Fecha y hora: 
-30 de enero de 2013, a las 10:00 horas.
+2 de Julio de 2015, a las 10:15 horas.
 10. Gastos de publicidad: 
-En una cuantía aproximada de 2.000,00 euros a distribuir proporcionalmente entre las empresas adjudicatarias.
-11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 
-14 de diciembre de 2012.
-12. Otras informaciones: 
-Si el último de los anuncios de licitación publicados en BOE y DOGC fuera posterior a 8/1/2013, la fecha límite de recepción de proposiciones, así como la de apertura se retardarán tantos días naturales como días transcurran desde la última de éstas.
-Barcelona, 18 de diciembre de 2012.- La Secretaria de la Comisión Central de Suministros.","Licitación para la prestación de los servicios postales y de mensajería a los departamentos de la Administración de la Generalidad por importe total de  28.646.750,00 euros.","Generalitat de Catalunya: acuerdo marco servicios postales y mensajería para 15 meses: 23,675 millones. #eradigital #BOE"
-1812,"LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
-Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
-I
-La participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social es un principio constitucional cuya finalidad última es la garantía de una libertad y una igualdad reales y efectivas. La consecución de estos objetivos irrenunciables para una sociedad moderna y democrática como la nuestra es un compromiso de todas las Administraciones Públicas. La exigencia de remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud obliga a depurar nuestro ordenamiento jurídico, contemplando con mayor precisión y claridad todas las medidas necesarias para mejorar la transparencia, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y ciudadanas y su participación en los asuntos públicos, que constituyen la base para la mejora institucional y de gobierno.
-No sólo a nivel europeo se ha ido perfilando la mejora de la transparencia, sino que también a nivel estatal son diversas las normas que vienen a regular el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información de los poderes públicos, aunque desde diversas perspectivas. Así, entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. En Navarra, como más importantes, tenemos la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra; la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra; la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, y la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales. También debe destacarse la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un código de buen gobierno, y que recoge una serie de principios éticos y de conducta que garantizan la publicidad y transparencia de su actividad.
-Una visión más completa e integradora de lo que significa un buen gobierno y una buena administración exige contemplar conjuntamente los derechos a una actuación transparente, el derecho de participación de los ciudadanos y ciudadanas y el derecho de éstos a colaborar y contribuir en la mejora de los servicios públicos. En una sociedad democrática avanzada los ciudadanos y ciudadanas, además de ver reconocidos sus derechos más elementales dentro de un procedimiento administrativo como parte interesada, han demostrado su deseo de saber, de tomar parte y de colaborar activamente. Sin duda, esto refuerza nuestra sociedad democrática, sirve de impulso a una acción de gobierno transparente y a una administración más eficaz, cercana y servicial. En suma, se desea una Administración y un Gobierno capaces y preparados para asumir sus responsabilidades frente a los ciudadanos y ciudadanas a los que han de servir. Surge así también la idea de un Gobierno Abierto, expresión que se define en la propia Ley Foral como aquél que es capaz de entablar una permanente conversación con los ciudadanos y ciudadanas con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan, que toma sus decisiones centrándose en sus necesidades y preferencias, que facilita la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de sus políticas y en el ejercicio de sus funciones, que proporciona información y comunica aquello que decide y hace de forma transparente, que se somete a criterios de calidad y de mejora continua, y que está preparado para rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos y ciudadanas a los que ha de servir.
-La presente Ley Foral trata de condensar en una sola norma los diferentes aspectos y principios esenciales que dirijan a nuestra Administración Pública y a nuestro Gobierno a ser definitivamente transparentes y al establecimiento de una nueva forma de interrelación con la ciudadanía.
-II
-Navarra tiene competencia exclusiva, en virtud de su régimen foral, sobre las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades del Derecho sustantivo o de la organización propios de Navarra, así como sobre el Régimen jurídico de la Diputación Foral, de su Administración y de los entes públicos dependientes de la misma, garantizando el tratamiento igual de los administrados ante las Administraciones Públicas, conforme dispone las letras c) y e) del artículo 49.1 de la LORAFNA.
-La materia que se regula en la presente Ley Foral configura un diseño nuevo de la organización de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus entes públicos, adoptando un modelo que apuesta por la transparencia en la información de la que dispone, por fomentar su reutilización, por la participación y colaboración de los ciudadanos y ciudadanas a las que debe servir, configurando una nueva forma de administrar, más abierta y participativa. Navarra respeta los límites de la legislación básica del Estado en materia de procedimiento administrativo común, dado que los derechos de acceso y el procedimiento y régimen de su ejercicio, amén de circunscribirse a su ámbito organizativo no suponen quiebra alguna de tales límites, sino antes bien, van más allá del mínimo impuesto por dicha legislación. En materia de transparencia, configurar un derecho de acceso a la información de la que dispone la Administración con carácter menos restrictivo y, por tanto, más amplio, supone una mejora para todas las personas que se relacionan con ella.
-La Ley Foral refleja el convencimiento de que la transparencia en la actuación de los poderes públicos debe ser abordada desde una perspectiva integral e integradora. El buen gobierno y la buena administración constituyen, en una democracia avanzada, los pilares básicos para una Administración de calidad, eficiente, accesible a la ciudadanía y, en suma, ejemplar en su funcionamiento. Con esta idea, la norma contempla medidas para la transparencia en la actividad pública y en la gestión administrativa, para fomentar la participación y la colaboración ciudadanas, para la modernización, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa, para la mejora de la calidad de la Administración Pública y medidas éticas y de transparencia en la acción de Gobierno. Todo ello persigue, asimismo, la efectiva implantación del Gobierno Abierto.
-La finalidad que todas las disposiciones de la Ley Foral persiguen es la construcción de un sistema público servicial, de excelencia en su comportamiento y en su funcionamiento, que genere confianza en la ciudadanía y le anime a participar y que disponga de un sistema de control y vigilancia permanente sobre toda su actividad. De esta manera, la Administración da cuenta a la ciudadanía de su actividad. Se pretende también con ello reforzar la legitimidad de la propia Administración y de los propios servidores públicos. Se hace realidad en la norma la filosofía inspiradora del Convenio Europeo sobre acceso a los documentos públicos, del Consejo de Europa, que a la vez es plenamente coincidente con los principios y valores de nuestra Constitución Española. Navarra está plenamente convencida de la necesidad de conseguir en la práctica lo que se plasma en los documentos, haciendo realidad los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, dando un paso al frente al recoger en esta norma todos los instrumentos que la conviertan en un referente en calidad en su servicio, en transparencia y buen gobierno, manifestando un serio compromiso con la ética en la acción de gobierno, permitiendo a su vez que ello facilite el control que ejerce el Parlamento de Navarra. A lograr la consecución de todo ello van dirigidos todos los preceptos de la Ley Foral.
-III
-Especial referencia debe prestarse al nuevo modelo que regula la obligación de informar y la publicidad de la acción pública. Debe distinguirse claramente entre la publicidad activa, esto es, la obligación de la Administración Pública de proporcionar y difundir constante y verazmente toda aquella información que se considere de mayor relevancia sin necesidad de que nadie lo solicite, y el derecho de acceso a la información pública, que abarca la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano o ciudadana, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las que se contemplan en la Ley Foral. La publicidad activa está al servicio de la transparencia en la actividad pública, de forma que el ciudadano o ciudadana no tiene por qué preocuparse de solicitar cierta información, sino que ésta la Administración Pública se la ofrece a través de los diferentes canales existentes, y fundamentalmente, a través de Internet.
-Asimismo, la Ley Foral apuesta por generar iniciativa privada fomentando la reutilización de la información pública. Se es consciente que uno de los grandes activos de los que dispone la Administración es la gran cantidad de información que posee, y siempre que se respeten los límites legales establecidos, los particulares pueden disponer de ella y crear productos y servicios, favoreciéndose el establecimiento de sinergias positivas que creen riqueza.
-El derecho de acceso a la información pública tiene una configuración diferente, tratándose de acceder no a la información que de por sí la Administración ha hecho pública o tiene el deber de hacerlo, sino a cualquier otra, siempre que tal acceso no esté limitado o denegado en su divulgación, por lo que se regulan con detalle tales supuestos. En ocasiones será necesario realizar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego y justificar el superior interés en la publicidad de la información. En ocasiones sólo será posible el acceso parcial a la información, y en otras, la protección de los datos personales impedirá tal acceso, por lo que se regulan con detalle todas estas cuestiones.
-Con estas premisas, se pasa a reseñar el contenido completo de la Ley Foral.
-IV
-La Ley Foral se estructura en ocho Títulos, doce disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
-El Título I contiene una serie de disposiciones generales. Por un lado, establece el objeto de la norma y su ámbito de aplicación. Se regula la implantación de una nueva forma de interrelación entre la Administración Pública y la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado «Gobierno Abierto», garantizando una serie de derechos y mecanismos que la hagan más cercana y accesible al ciudadano o ciudadana. Se extiende a todo el ámbito de la actividad administrativa y sus principios son de aplicación a las empresas públicas, las fundaciones públicas, las entidades de derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos, tal como se señala en el artículo 2 de la Ley Foral. Asimismo, define y señala los principios de actuación del «Gobierno Abierto», a los cuáles deben ajustar su actuación. Para hacer efectivo el derecho a la información pública y a la participación y colaboración ciudadanas se reconocen una serie de derechos propios de cada ámbito, así como los que asisten a los ciudadanos y ciudadanas en relación con la defensa de sus derechos. El Portal del «Gobierno Abierto» se configura como un medio necesario para escuchar a la ciudadanía, facilitar información y canalizar su participación. El cumplimiento de lo previsto en la norma exige una colaboración eficaz entre las distintas Administraciones y otros sujetos llamados a aplicarla.
-El Título II se centra en la transparencia en la actividad pública, para lo que se promoverá la implantación de un sistema integral de información pública o de gestión del conocimiento, contemplándose la designación de las unidades responsables de información pública y fijándose los límites a esa información pública, límites que deben interpretarse restrictivamente y que tienen que venir impuestos por una norma con rango de ley. Este Título se divide en dos Capítulos. El primero, referido a la publicidad activa, señala las obligaciones de las autoridades públicas, y concreta la información que ha de hacerse pública. La reutilización de la información pública debe constituir una actividad que la Administración debe poner al servicio de la ciudadanía, favoreciendo la iniciativa particular y su aprovechamiento, para lo que la Ley Foral establece las condiciones en las que debe llevarse a cabo. El segundo capítulo se refiere a la transparencia en la gestión administrativa, obligando a mantener a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la información más relevante en los ámbitos básicos de actuación, y especialmente se contempla la transparencia en la contratación pública, en la concesión de servicios, en los convenios de colaboración, en la actividad subvencional y en materia de ordenación del territorio y urbanismo, completando la información que las respectivas leyes forales específicas establecen.
-El Título III regula el derecho de acceso a la información pública. El capítulo primero establece las normas generales para el ejercicio de dicho derecho, que permite acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley Foral, y sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar la Ley Foral. No obstante, este derecho tiene sus limitaciones, las cuáles están expresamente previstas, y que en cualquier caso deben ser proporcionadas atendiendo al objeto y finalidad de protección y de aplicación sólo durante el periodo de tiempo determinado o en tanto se mantenga la razón que las justifique. Las limitaciones legales se podrán aplicar, asimismo, en relación con las obligaciones de difusión que tiene la Administración Pública. Se contempla también la necesaria protección de los datos personales, estableciéndose el principio de prevalencia de dicha protección frente al derecho de acceso a la información pública en los casos de conflicto y deba preservarse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En el capítulo segundo se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho, concretando los datos necesarios que debe contener la solicitud, las causas de inadmisión a trámite, la necesidad de trasladar la petición cuando se solicite información que afecte a derechos o intereses de terceros para que éstos aleguen lo que proceda, los plazos para resolver, el sentido del silencio y la resolución del procedimiento. El plazo general para resolver la petición es el señalado en las normas con rango de ley específicas, y en defecto de previsión de quince días, elevándose a treinta días para peticiones que por su volumen y complejidad así lo requieran. El silencio es positivo. También se regula la forma y formato en que debe suministrarse la información.
-El Título IV regula la participación y la colaboración ciudadanas recogiendo en su capítulo primero la obligación de la Administración Pública de impulsarlas y fomentarlas, y las garantías para la participación de la ciudadanía en la elaboración de determinados planes y programas de carácter general. Asimismo, se contempla expresamente promover la participación y colaboración de las Universidades, Colegios Profesionales, Consejos Asesores y de cuantas entidades y organismos se consideren adecuados atendiendo a las distintas actuaciones promovidas en el ejercicio de sus competencias. En el capítulo segundo se ocupa de regular los instrumentos de participación y colaboración ciudadanas, que constituyen los mecanismos utilizados por la Administración Pública para hacerlas efectivas. Se pondrá en marcha un Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas con la finalidad de que se inscriban aquéllos ciudadanos y ciudadanas o entidades ciudadanas interesadas en recibir información sobre materias específicas y poder participar activamente en los instrumentos que se prevean, entre los cuáles se encuentran los foros de consulta, los paneles ciudadanos y los jurados ciudadanos. En el capítulo tercero se contemplan los derechos específicos, tales como el de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas, en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración Pública, el de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, el derecho a proponer iniciativas reglamentarias, el de formular propuestas de actuación o sugerencias y el de recabar la colaboración de la Administración Pública en las actividades ciudadanas. Para el ejercicio de estos derechos debe abrirse el correspondiente procedimiento participativo cuyo resultado deberá plasmarse en un informe.
-El Título V recoge la decidida apuesta de la norma por la modernización, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa, como complemento necesario para la implantación del «Gobierno Abierto» y la consecución de una Administración más comprensible, cercana y accesible a los ciudadanos y ciudadanas, más ágil y más garantista. Para llevar a la práctica estos objetivos, la Administración debe elaborar un ambicioso Plan General de Simplificación Administrativa, cuyos objetivos se contemplan en el capítulo primero. La mejora de la calidad normativa ocupa el capítulo segundo, contemplando diversos instrumentos para su racionalización, simplificación y mejora de la regulación, entre los cuáles se encuentran los análisis previos de iniciativas, el impulso de los procesos de participación y colaboración ciudadanas, el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori y la elaboración de directrices de técnica normativa.
-El Título VI regula el diseño de un marco general para la mejora continua de la calidad en la Administración, estableciendo las estrategias a seguir y los compromisos que asume.
-El Título VII se ocupa de la ética y la transparencia en la acción de Gobierno, declarando que la actuación de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos debe estar presidida por el interés general y la transparencia en su gestión, debiendo observarse los principios éticos y de conducta que se contemplan en el Código de Buen Gobierno aprobado por la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo. Se regula, asimismo, el deber de abstención de toda actividad privada cuando pueda suponer un conflicto de intereses, la publicidad de las retribuciones, actividades y bienes, de las cesantías y la necesaria transparencia en la acción de gobierno y la rendición de cuentas a la ciudadanía. También se contemplan normas para hacer más transparente el traspaso de poderes cuando hay cambio de Gobierno.
-El Título VIII contempla las garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales que tienen los ciudadanos y ciudadanas para que se cumplan las disposiciones de la Ley Foral. A la interposición de los recursos administrativos regulados en la normativa básica sobre el procedimiento administrativo común y en la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, en su caso, posterior recurso contencioso administrativo, se suma la posibilidad de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra. Los recursos de alzada serán resueltos por el Consejero titular del Departamento competente en materia de Presidencia, y a tal efecto se modifica la mencionada Ley Foral 15/2004. Asimismo se contempla la creación de una unidad para informar todos los recursos administrativos en materia de información y participación y colaboración ciudadanas, con la intención de mantener una unidad de criterio.
-La Ley Foral se completa con una serie de disposiciones adicionales, que se refieren a la creación de una Comisión de Seguimiento para la implantación de la transparencia y del Gobierno Abierto, a la tramitación telemática del derecho de acceso a la información pública, al mandato al Gobierno de Navarra para que elabore en el plazo de un año un proyecto de reforma de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra para incorporar a la actividad de dichas entidades los principios y previsiones contenidas en la Ley Foral, a la promoción de la transparencia en otras Instituciones, a la puesta en marcha de un Plan de Formación Específico para el personal al servicio de la Administración Pública respecto de los derechos y obligaciones previstos, al uso del vascuence en el derecho a la información pública, a las regulaciones especiales del derecho de acceso, a las adaptaciones en orden a garantizar el respeto a los principios rectores de la Ley Foral, a las obligaciones de transparencia a los beneficiarios de subvenciones, al impulso de la adaptación normativa, a la igualdad de género en el lenguaje y por último, a la simplificación en la tramitación de licencias.
-Finalmente, la Ley Foral contiene una disposición derogatoria en la que se dispone la derogación de las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta Ley Foral y tres disposiciones finales que se refieren a la modificación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para atribuir al Consejero titular de Presidencia el conocimiento de los recursos de alzada interpuestos frente a los actos dictados en materia de información y participación y colaboración públicas regulados en esta Ley Foral, a la autorización al Gobierno de Navarra para el desarrollo y ejecución de lo establecido en ella y, por último, se señala su entrada en vigor a los seis meses de su publicación.
-TÍTULO I
-Disposiciones generales
-Artículo 1. Objeto de la Ley Foral.
-1. Esta Ley Foral regula la implantación de una nueva forma de interrelación entre la Administración Pública y la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado «Gobierno Abierto», con cauce de profundización democrática garantizando de forma efectiva:
-a)	La transparencia en la actividad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de los organismos y entidades a que se refiere el artículo siguiente.
-b)	El derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la información que obre en poder de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de los organismos y entidades a que se refiere el artículo siguiente, información que siempre habrá de ser veraz e imparcial.
-c)	El derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el interés público, manteniéndose, a tal efecto, un diálogo abierto, transparente y regular.
-2. La Ley Foral también regula, como complemento necesario para el establecimiento del «Gobierno Abierto», mecanismos para que la Administración Pública se dote de estructuras y de procedimientos simplificados e innovadores que la hagan más cercana y accesible a la ciudadanía con la que ha de colaborar.
-Artículo 2. Ámbito de aplicación.
-1. Se entiende a efectos de esta Ley Foral por Administración Pública, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.
-2. Las sociedades públicas, fundaciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, y las personas físicas y jurídicas, que presten servicios públicos bajo su autoridad, ajustarán su actividad de servicio público a los principios rectores de esta Ley Foral y, además, estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en esta Ley, todo ello sin perjuicio de lo que dispongan sus normas reguladoras.
-Artículo 3. Definiciones.
-A efectos de esta Ley Foral, se entenderá por:
-a)	Ciudadano o ciudadana: toda persona que se relaciona con la Administración, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que las representen.
-b)	Gobierno Abierto: forma de funcionamiento de la Administración Pública capaz de entablar una permanente conversación con los ciudadanos y ciudadanas con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan, que toma sus decisiones centrándose en sus necesidades y preferencias, que facilita la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de sus políticas y en el ejercicio de sus funciones, que proporciona información y comunica aquello que decide y hace de forma transparente, que se somete a criterios de calidad y de mejora continua, y que está preparado para rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos y ciudadanas a los que ha de servir.
-c)	Publicidad activa: obligación de difundir de forma permanente aquella información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la Administración Pública.
-d)	Información pública: aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, elaborada por la Administración Pública a que se refiere esta Ley Foral o que posean éstas, no teniendo esta consideración la documentación enunciada en el apartado e) del artículo 28 de esta Ley Foral.
-Se considera, asimismo, información pública la que se encuentre bajo la autoría o propiedad de otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido generada u obtenida en el ejercicio de su actividad pública o para el ejercicio de una actividad pública.
-e)	Participación y colaboración ciudadanas: la intervención e implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
-f)	Entidades ciudadanas: aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro constituidas de conformidad con el ordenamiento jurídico que persigan fines relacionados con el fomento de la participación y de la colaboración ciudadana, y que figuren inscritas en Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas previsto en esta Ley Foral.
-Artículo 4. Principios de actuación del «Gobierno Abierto».
-La Administración Pública ajustará su actuación al conjunto de principios previstos en las normas que le sean de aplicación y, además, a los principios que se consideran por esta Ley Foral como esenciales para la efectiva implantación del Gobierno Abierto, como son:
-a)	Principio de orientación a la ciudadanía: La actuación de la Administración ha de estar dirigida a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, ha de perseguir siempre el interés general y se debe caracterizar por su voluntad de servicio a la sociedad.
-b)	Principio de transparencia: La Administración ha de introducir la transparencia en todas las actividades que gestiona y en su propia organización, de forma que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer sus decisiones, cómo se adoptan las mismas, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones.
-c)	Principio de publicidad activa: La Administración debe proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obra en su poder y la relativa a su actuación.
-d)	Principio de participación y colaboración ciudadanas: La Administración Pública en el diseño de sus políticas y en la gestión de sus servicios ha de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente, puedan participar, colaborar e implicarse en los asuntos públicos.
-e)	Principio de eficiencia: La Administración Pública ha de gestionar con una utilización óptima de los medios de que dispone, de forma que se posibilite la consecución directa de los fines públicos perseguidos.
-f)	Principio de economía y celeridad: La Administración Pública ha de actuar y velar por que la consecución de los fines públicos se alcance con el coste económico más racional y en el menor tiempo posible, reduciendo progresivamente los tiempos de respuesta.
-g)	Principio de anticipación: La Administración Pública ha de diseñar sus políticas y gestionar sus servicios anticipándose a los problemas y demandas de los ciudadanos y ciudadanas.
-h)	Principio de calidad y mejora continua: La Administración Pública ha de instaurar procesos que permitan evaluar los servicios que presta, detectar sus deficiencias y corregirlas a los efectos de poder prestar unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos y ciudadanas.
-i)	Principio de simplicidad y comprensión: La Administración Pública ha de actuar para lograr una disminución progresiva de trámites mediante la instalación de procesos y técnicas que fomenten la utilización de un lenguaje accesible y la eliminación de las cargas administrativas.
-j)	Principio de calidad normativa: En el ejercicio de la iniciativa normativa, la Administración Pública actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
-k)	Principio de modernización: La Administración Pública ha de impulsar el empleo de técnicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de su actuación y para la instauración y mejora de la gestión del conocimiento en su propia organización.
-l)	Principio de responsabilidad en su gestión: La Administración Pública ha de asumir de forma expresa sus obligaciones ante la ciudadanía y asumir las responsabilidades derivadas de sus decisiones y actuaciones.
-m)	Principio de respeto del código de conducta: La Administración Pública y sus dirigentes respetarán en todo momento el compromiso ético de conducta asumido frente a la ciudadanía a la que han de servir.
-n)	Principio de accesibilidad: La Administración Pública velará para que, en sus dependencias, en el diseño de sus políticas y en el conjunto de sus actuaciones, el principio de accesibilidad universal sea una realidad.
-ñ)	Principio de neutralidad tecnológica: La Administración Pública apostará en su funcionamiento, por la utilización y promoción de software de código abierto, así como por el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática, y favorecerá dichas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables, en la contratación administrativa de aplicaciones o desarrollos informáticos.
-Artículo 5. Derechos.
-Para hacer efectivo el derecho a la información pública y a la participación ciudadana, cualquier ciudadano o ciudadana podrá ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con la Administración Pública, de acuerdo con lo previsto en esta Ley Foral:
-1. En relación con la información pública:
-a)	A acceder a la información pública que la Administración Pública, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley Foral, ponga a disposición de la ciudadanía.
-b)	A obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de la Administración Pública, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado, y sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley Foral.
-c)	A ser informado de los derechos que les otorga esta Ley Foral y a ser asesorado para su correcto ejercicio.
-d)	A ser asistido en su búsqueda de información.
-e)	A recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos establecidos en esta Ley Foral.
-f)	A recibir la información pública solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en esta Ley Foral.
-g)	A conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se le facilita dicha información en la forma o formato solicitados.
-h)	A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la obtención de la información solicitada, así como las causas de exención.
-2. En relación con la participación pública:
-a)	A ser informado y asesorado sobre los distintos instrumentos de participación y colaboración ciudadanas.
-b)	A participar de manera real y efectiva en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes y programas a que se refiere esta Ley Foral.
-c)	A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes y programas.
-d)	A formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública que se abran para ello y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general, y a que sean tenidas debidamente en cuenta por el órgano administrativo competente.
-e)	A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se le informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.
-f)	A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos en que así se determine.
-3. En relación con la defensa de sus derechos:
-a)	A recurrir los actos y omisiones que contravengan los derechos que esta Ley Foral les reconoce en materia de información y participación pública.
-b)	A interponer la queja a que se refiere el artículo 69 en tutela de sus derechos, en los términos prevenidos en dicho precepto.
-c)	A ser informado de las decisiones que adopte la Administración Pública como consecuencia de los procedimientos que los ciudadanos y ciudadanas promuevan en tutela de su derecho de acceso a la información pública.
-Artículo 6. Medidas para la implantación del «Gobierno Abierto».
-Las medidas contempladas en la Ley Foral se clasifican, en función de los objetivos concretos que se pretenden alcanzar con la implantación de las mismas, de la siguiente forma:
-a)	Medidas para la transparencia en la actividad pública y en la gestión administrativa.
-b)	Medidas para fomentar la participación y la colaboración ciudadana.
-c)	Medidas para la modernización, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa.
-d)	Medidas para la mejora de la calidad de la Administración Pública.
-e)	Medidas éticas y de transparencia en la acción de Gobierno.
-Artículo 7. El Portal del «Gobierno Abierto».
-1. En el marco del Portal del Gobierno de Navarra en Internet, se desarrollará un Portal específico del «Gobierno Abierto», que se articulará sobre una plataforma informática de software libre.
-2. Este Portal se configurará como un espacio destinado a:
-a)	Promover la escucha activa de la ciudadanía y el diálogo entre los ciudadanos y ciudadanas y la Administración Pública, con el fin de poder encaminar la actuación pública hacia sus demandas.
-b)	Facilitar a la ciudadanía la información en tiempo real y sin tratar, para que, a su vez, pueda ser compartida de una forma libre y gratuita.
-c)	Poner a disposición de la ciudadanía datos en formatos abiertos, para que puedan ser reutilizados en beneficio público y en beneficio de cualquier persona interesada en obtener productos derivados para generar valor y riqueza, en lo que se conoce como proyectos de apertura de datos u OpenData.
-d)	Canalizar la participación y la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos, con el fin de que ejerzan de colaboradores de la Administración Pública, en lo que se conoce como proyectos de apertura de procesos u OpenProcess.
-Artículo 8. Colaboración y coordinación.
-La Administración de la Comunidad Foral de Navarra establecerá con las restantes Administraciones y con las entidades y personas a que se refiere el artículo 2 los mecanismos de colaboración y, en su caso, de coordinación más eficaces para hacer efectivo el ejercicio por la ciudadanía de los derechos reconocidos en esta Ley Foral. A tal efecto, todos ellos ajustarán sus actuaciones a los principios de coordinación, información mutua, cooperación y colaboración.
-TÍTULO II
-La transparencia en la actividad pública
-Artículo 9. El sistema integral de información o de gestión del conocimiento.
-1. La Administración Pública promoverá la transparencia de la información pública mediante la implantación de un sistema integral de información o de gestión del conocimiento.
-2. Este sistema integrará en su seno los diferentes canales para proporcionar la información pública de forma que resulte garantizado el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la misma, con independencia de su lugar de residencia, de su formación, de sus recursos, de sus circunstancias personales o de su condición o situación social.
-3. Este sistema garantizará tanto el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información pública, al objeto de promover su posicionamiento informado y su participación y colaboración responsable en los asuntos públicos, como el acceso a la gestión del conocimiento en el ámbito interno, al objeto de promover la eficiencia en la acción pública.
-4. Este sistema habrá de contar con un depósito o repositorio centralizado de los datos y documentos que se consideren necesarios para asegurar las obligaciones de información pública recogidas en esta Ley Foral, repositorio que se integrará y se articulará en el sistema archivístico existente de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos.
-Artículo 10. Unidades responsables de información pública.
-La Administración Pública, con objeto de hacer efectivo el derecho a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, designará unidades responsables de la información pública, que serán las encargadas, en coordinación con el sistema archivístico existente y, en particular, con el archivo digital, de la tramitación, en tiempo y forma, de las obligaciones establecidas por esta Ley Foral.
-Artículo 11. Límites.
-1. La Administración Pública cumplirá con su deber de información pública a la ciudadanía de conformidad con lo previsto en esta Ley Foral, y en su ejercicio respetará las condiciones y los límites impuestos por la legislación foral, estatal o comunitaria que sean de aplicación.
-2. A estos efectos, siendo el principio de transparencia un principio general, cualquier excepción al mismo o cualquier limitación han de venir impuestas por una norma con rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva.
-CAPÍTULO I
-La publicidad activa
-Artículo 12. Obligaciones.
-Con el fin de hacer efectivo el principio de transparencia en la actividad pública, se promoverán las siguientes actuaciones:
-1. Proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz, objetiva y actualizada, la información pública cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad y la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
-2. Adoptar las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de la manera más amplia y sistemática posible.
-3. Organizar y actualizar la información pública con relevancia para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad a su nombre, con vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, siempre que pueda disponerse de las mismas.
-4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso a los ciudadanos y ciudadanas a través de redes públicas de telecomunicaciones.
-5. Difundir información pública creando enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
-6. Mantener actualizado un catálogo de normas y resoluciones administrativas y judiciales sobre aspectos claves para la interpretación y aplicación de esta Ley Foral, y hacerlo público y accesible para todos de la manera más amplia y sistemática posible.
-7. Crear y mantener medios de consulta de la información solicitada.
-8. Crear un inventario de información pública que obre en poder de la Administración Pública, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
-Artículo 13. Información que ha de hacerse pública.
-La Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, debe poner, con carácter general, a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, clara, objetiva y actualizada, la siguiente información:
-a)	La organización institucional, la estructura organizativa, señalando las funciones, la sede de sus órganos y los distintos medios de contacto, la identificación de sus responsables y la plantilla orgánica con la relación de puestos de trabajo. Asimismo, también hará pública esta información respecto de las sociedades públicas y fundaciones públicas.
-b)	Las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y altos cargos de la Administración Pública, así como las cesantías percibidas cuando dejen de desempeñar sus cargos, de conformidad con lo previsto en el Título VII de esta Ley Foral.
-c)	La identificación de los miembros de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales existentes en los distintos Departamentos y organismos públicos, identificando la organización sindical a la que pertenecen, así como los costes que estas liberaciones generan para los Departamentos y Organismos Públicos correspondientes. Asimismo se dará información sobre el número de horas sindicales utilizadas.
-d)	El inventario actualizado de los procedimientos administrativos, con indicación de los que están disponibles en formato electrónico, así como la sede de los registros en los que pueden presentarse escritos y comunicaciones.
-e)	El catálogo general de los servicios que presta y las cartas de servicios elaboradas, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
-f)	Los Presupuestos y las Cuentas Generales, con descripciones sobre su contenido y datos sobre su ejecución. En particular, se reflejarán las partidas presupuestarias anuales de los distintos Departamentos y organismos públicos, así como la información que permita conocer trimestralmente su grado de ejecución, desglosada conforme prevé la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
-g)	La normativa vigente de la Comunidad Foral de Navarra y la información sobre la evaluación a posteriori de esa normativa al objeto de asegurar la evolución y la adaptación de la misma a la realidad política, económica y social en la que ha de ser aplicada.
-h)	La información sobre las directrices, instrucciones, circulares y respuestas que tengan mayor incidencia en la interpretación o aplicación de la normativa foral que se considere de mayor relevancia para la ciudadanía, omitiendo, en su caso, los datos personales que figuren en ellas.
-i)	La relación de los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
-j)	Las razones que justifican la tramitación de los proyectos normativos, cuando éstos se encuentren en el trámite de audiencia o información pública, siempre que se considere que afectan a los derechos e intereses de los ciudadanos y ciudadanas o a materias de especial repercusión y trascendencia.
-k)	La información sobre los planes, en particular, los adoptados en cumplimiento de lo previsto en una disposición normativa.
-l)	La información sobre convenios de colaboración, contratos, concesiones y subvenciones en los términos recogidos en esta Ley Foral y en la normativa específica que los regula.
-m)	La información sobre los programas anuales y plurianuales que se vayan a acometer.
-n)	El planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y la ejecución de la obra pública en los términos recogidos en esta Ley Foral y en la demás normativa que los regula.
-ñ)	La información geográfica, económica y estadística de elaboración propia cuya difusión sea más relevante, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados.
-o)	La información sobre el resultado de las evaluaciones de la calidad de los servicios públicos, así como de la incidencia social de las políticas públicas.
-p)	Las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones responsables, y cualesquiera actos administrativos que permitan el ejercicio de funciones o actos sujetos a la autorización, control o fiscalización de las Administraciones Públicas, que incidan directamente en la gestión del dominio público o en la prestación de servicios públicos o que por otros motivos tengan especial relevancia.
-q)	Los acuerdos del Gobierno de Navarra referidos a la creación o funcionamiento de sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas a la Administración Pública.
-r)	Las listas de contratación temporal de personal y las listas que se creen en los procesos de formación y/o promoción, con el fin de que permitan a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento.
-s)	Las resoluciones administrativas y judiciales, indicando en su caso si agotan la vía administrativa y si son firmes, que puedan tener relevancia pública o que sienten criterios de actuación para la Administración Pública, que serán objeto de información pública, una vez que de ellas hayan sido suprimidos los datos personales.
-t)	Los extractos de los acuerdos de los órganos colegiados y las resoluciones de los órganos unipersonales que por la actividad que tienen atribuida se considere que pueden recoger información relevante para el conjunto de la ciudadanía. Esta publicidad no se hará extensiva a la actividad desarrollada por los distintos órganos en orden a la preparación y a la propia celebración de las sesiones del Gobierno de Navarra.
-u)	La información que sea solicitada con mayor frecuencia.
-v)	La información medioambiental que ha de hacerse pública de conformidad con la normativa vigente y, en general, toda aquella información cuya publicidad venga impuesta por otras normas.
-w)	El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
-x)	La información general sobre las retribuciones totales percibidas por los empleados públicos articulada por tramos de retribuciones, niveles retributivos y puestos de trabajo.
-y)	Cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía.
-Artículo 14. La reutilización de la información pública.
-1. La Administración Pública fomentará la reutilización de la información pública, entendiendo por reutilización el uso por los ciudadanos y ciudadanas de los datos de libre disposición que obren en su poder, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública y que el mismo se realice con sometimiento a la legislación básica del Estado que sea de aplicación, y en particular, a la normativa existente sobre reutilización de la información del sector público.
-2. La reutilización perseguirá los objetivos fundamentales siguientes:
-a)	Publicar todos los datos de libre disposición que obren en poder de la Administración Pública.
-b)	Permitir a la ciudadanía un mejor conocimiento de la actividad del sector público.
-c)	Facilitar la creación de productos y servicios de información basados en esos datos.
-d)	Facilitar el uso de los datos para que las empresas privadas ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido.
-e)	Favorecer la competencia en el mercado, limitando su falseamiento.
-3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la Administración Pública promoverá, con carácter general, la reutilización libre de los datos, sin sujetarla a petición previa, ni condicionar su ejercicio mediante el otorgamiento de licencias tipo.
-Artículo 15. Condiciones para la reutilización.
-1. Reglamentariamente, se regularán las condiciones a las que se podrá someter la reutilización de determinados datos, siempre que las mismas estén justificadas. Así, se podrán prever, entre otras, como condiciones para permitir la reutilización, que se haga un uso correcto de los datos, que los mismos no sean modificados o que se indique la fuente y fecha de la última actualización.
-2. Si, reglamentariamente, se optara por someter la reutilización de determinados datos al previo otorgamiento de licencias tipo, las mismas se ajustarán a los criterios y al contenido mínimo recogido en la legislación sobre reutilización de la información del sector público.
-CAPÍTULO II
-La transparencia en la gestión administrativa
-Artículo 16. Fomento de la transparencia en la gestión administrativa.
-La Administración Pública fomentará activamente la transparencia en la gestión administrativa. A estos efectos, se obliga a mantener a disposición permanente de los ciudadanos y ciudadanas la información que se considera más relevante de sus ámbitos básicos de actuación, como son, entre otros, los siguientes: contratos públicos, concesiones de servicios públicos, convenios de colaboración, subvenciones, y ordenación del territorio y urbanismo.
-Artículo 17. Transparencia en la contratación pública.
-1. La transparencia en la contratación pública se articulará fundamentalmente a través del Portal de Contratación de Navarra, creado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, configurado este no sólo como medio oficial para la publicidad de las licitaciones, sino también como un instrumento fundamental de información en el que deberán figurar:
-a)	La información general de las entidades y órganos de contratación, como dirección de contacto, números de teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico.
-b)	La información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria.
-c)	La información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
-d)	La información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.
-2. La Administración Pública promoverá su uso y su difusión entre los ciudadanos y ciudadanas al objeto de garantizar la transparencia en materia de contratación, y fomentará que, a través del mismo, se canalice la participación y la colaboración ciudadanas.
-3. La Administración Pública incluirá, cuando ello sea posible atendiendo al contenido y finalidad de la contratación, entre los criterios de adjudicación de los contratos, la valoración de la aportación por los licitadores de herramientas de software libre.
-4. La Administración Pública creará una base de datos de libre acceso en la que se recogerá información de forma actualizada de los contratos con las empresas. Los datos reflejarán número de contratos que mantiene cada empresa con la administración, indicando el proyecto o servicio adjudicado, presupuesto de adjudicación y departamento que lo concede.
-Artículo 18. Transparencia en la concesión de servicios.
-1. La concesión de los servicios se regirá por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por lo que la transparencia en esta materia se articulará a través del Portal de Contratación de Navarra.
-2. No obstante, la transparencia en la concesión de los servicios que tengan la consideración de públicos también exigirá que los prestadores garanticen a los ciudadanos y ciudadanas la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos.
-3. A estos efectos, la Administración Pública recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas o en los documentos equivalentes las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas usuarias, los siguientes derechos:
-a)	A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público.
-b)	A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de forma motivada e individual.
-c)	A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria, en relación con la prestación del servicio.
-d)	A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, en su caso, sanción, para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.
-e)	A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
-Artículo 19. Transparencia de los convenios de colaboración.
-1. La transparencia de los convenios de colaboración se articulará fundamentalmente a través del Registro de Convenios y Acuerdos, creado por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por la Administración.
-2. En todo caso, la regulación del Registro de Convenios y Acuerdos deberá garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar gratuitamente, tanto de forma presencial como telemática, la relación de los convenios y acuerdos inscritos en el Registro, así como sus modificaciones, y además, los siguientes datos relativos a cada uno de ellos:
-a)	Las partes firmantes del convenio o acuerdo, sus representantes y el carácter de esta representación.
-b)	El objeto del convenio o acuerdo, con indicación, en su caso, de las actividades comprometidas, órganos encargados de las mismas y financiación.
-c)	El plazo y condiciones de vigencia.
-d)	En su caso, el lugar de publicación del convenio o acuerdo.
-e)	El objeto de las distintas modificaciones operadas en los convenios o acuerdos durante su vigencia, y las fechas de las mismas.
-Artículo 20. Transparencia en la actividad subvencional.
-1. La Administración pública garantizará la transparencia de la actividad subvencional mediante la publicación, fundamentalmente a través del Portal del Gobierno de Navarra en Internet, por cada uno de los órganos que realiza actividades de fomento, de la siguiente información:
-a)	Una relación actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes que se destinen, el objetivo o la finalidad y la descripción de los posibles beneficiarios.
-b)	Una enumeración de los objetivos y efectos de utilidad pública o social que se pretenden conseguir con la aplicación de cada subvención, del plazo que se considera preciso o necesario para su consecución, de los costes totales previsibles y de la existencia o no de otras posibles fuentes de financiación.
-c)	Cuando los objetivos que se pretendan conseguir con las subvenciones afecten al mercado, se expondrá de forma motivada, por un lado, en qué medida esas subvenciones están dirigidas a corregir fallos, que se identificarán, y por otro, se motivará en qué medida sus efectos serán mínimamente distorsionadores del mercado.
-d)	El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones.
-e)	Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente al de la notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, siempre que ello sea posible de conformidad con la normativa vigente, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. Asimismo, anualmente se publicará una relación de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior.
-f)	Las subvenciones concedidas sin promover la publicidad y concurrencia, salvo aquellos expedientes declarados de carácter reservado por la Administración Pública.
-2. No obstante lo anterior, en la publicación de la información en materia subvencional se respetarán las limitaciones recogidas en esta Ley Foral y en las demás leyes que sean de aplicación.
-Artículo 21. Transparencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
-1. La transparencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo se articulará fundamentalmente a través del Portal del Gobierno de Navarra en Internet, en el que se recogerán los distintos instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos, y en el que, además, se integrará el Registro de Planeamiento Urbanístico contemplado en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
-2. En todo caso, la regulación del Registro de Planeamiento Urbanístico deberá garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar gratuitamente, tanto de forma presencial como telemática, la información relativa a las figuras de ordenación urbana existentes en la Comunidad Foral, y proporcionará información, como mínimo, sobre:
-a)	La estructura general de cada municipio.
-b)	La clasificación y calificación del suelo.
-c)	La ordenación prevista para el suelo, con el grado de detalle adecuado.
-d)	Las infraestructuras planteadas en cada localidad.
-e)	La normativa urbanística.
-TÍTULO III
-Derecho de acceso a la información pública
-CAPÍTULO I
-Normas generales
-Artículo 22. El derecho de acceso a la información pública.
-1. Cualquier ciudadano o ciudadana, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley Foral.
-2. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta Ley Foral.
-Artículo 23. Limitaciones del derecho de acceso a la información pública.
-1. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para:
-a)	La seguridad pública.
-b)	La confidencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados por la Administración Pública, si tal confidencialidad o secreto está prevista en una norma con rango de ley.
-c)	La prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.
-d)	La integridad de las causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva. Cuando la causa o asunto estén sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramita.
-e)	Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
-f)	Los derechos constitucionales a la intimidad personal o familiar, a la seguridad personal, a la propia imagen, al honor, al secreto de las comunicaciones, a la libertad ideológica o religiosa, a la afiliación, a la presunción de inocencia, al secreto profesional y, en general, a los derechos fundamentales que reconoce y ampara la Constitución Española.
-g)	La confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
-h)	Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el titular haya consentido en su divulgación.
-i)	La protección de los datos de carácter personal, siempre que la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de los Datos de Carácter Personal.
-j)	Los derechos de los menores de edad.
-k)	Los intereses particulares legítimos.
-l)	La protección del medio ambiente o del patrimonio histórico o cultural, de conformidad con lo previsto en sus leyes reguladoras.
-m)	Toda aquella información protegida por normas con rango de ley.
-2. Las limitaciones deberán ser proporcionadas atendiendo a su objeto y su finalidad de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y se aplicarán a menos que un interés público superior justifique la divulgación de la información. Las limitaciones mencionadas buscarán su ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados y, en especial, de los menores de edad.
-3. Las limitaciones a que se refiere el apartado 1 no podrán ser alegadas por la Administración Pública para impedir el acceso del ciudadano o ciudadana a los documentos e informaciones que le puedan afectar de un modo personal, particular y directo, y, en concreto, si dicha afección se refiere a sus derechos e intereses legítimos.
-4. Las limitaciones al derecho de acceso solo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.
-5. Las limitaciones previstas en este artículo se podrán aplicar, igualmente, en relación con las obligaciones de difusión contempladas en el Título II de esta Ley Foral.
-Artículo 24. Protección de datos personales.
-1. Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
-2. Las solicitudes de acceso a información pública que contengan datos íntimos o que afecten a la vida privada de terceros se denegarán, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud, o una ley lo autorice.
-A estos efectos, se considerarán, en todo caso, íntimos los datos referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad.
-3. Las solicitudes de acceso a una información que contenga datos personales de terceros que no tengan la consideración de íntimos ni afecten a la vida privada, se estimarán cuando se trate de información directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite. No obstante, se denegará el acceso cuando se considere que concurren circunstancias especiales en el caso concreto que hacen prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación de la información.
-4. Prevalecerá la protección de los datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública en los casos en que el órgano competente para resolver considere que hay un conflicto de derechos en el que debe preservarse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
-Artículo 25. Acceso parcial.
-1. En el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones indicadas en los artículos 23 y 24 precedentes, siempre que sea posible se concederá el acceso parcial, omitiendo la información afectada por la limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada, equívoca o carente de sentido.
-2. En el caso de información que contenga datos personales de terceros, se concederá el acceso cuando se garantice de forma efectiva el carácter anónimo de la información, sin menoscabo del principio de transparencia que informa esta Ley Foral.
-3. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
-CAPÍTULO II
-Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
-Artículo 26. Solicitud de información pública.
-1. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la unidad orgánica o entidad en cuyo poder se encuentre la información y se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. En el ámbito de la Administración Pública se atribuye la competencia para resolver las solicitudes de información a los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias de conformidad con las distintas normas reguladores de las estructuras orgánicas.
-2. La Administración Pública podrá reservarse la facultad de resolver las solicitudes de información pública que reciban las sociedades y fundaciones públicas, entidades de derecho público a ella vinculadas y las personas que ejerzan funciones públicas o potestades administrativas o presten servicios públicos bajo su autoridad. En tal caso, especificará los órganos de cada Departamento competentes para resolver estas solicitudes.
-3. La solicitud podrá hacerse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, que permita la constancia de:
-a)	La identidad del solicitante.
-b)	La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concreto.
-c)	En su caso, la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada.
-d)	Una dirección de contacto válida a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud.
-4. El solicitante podrá exponer, si así lo desea, las razones que justifican la petición de la información. Sin embargo, no podrá exigirse dicha motivación en caso alguno.
-Artículo 27. Solicitudes imprecisas.
-1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible.
-2. La declaración de tener al solicitante por desistido, y el archivo de la solicitud, se hará mediante resolución, que se le notificará a efectos de que pueda, en su caso, presentar una nueva solicitud concretando su petición o la información demandada.
-Artículo 28. Causas de inadmisión de las solicitudes.
-Se acordará motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando:
-a)	Se refieran a información excluida del derecho de acceso. En concreto, quedarán excluidas, entre otras posibles, las consultas jurídicas o las peticiones de informes o dictámenes.
-b)	Se refieran a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirijan. En tal caso, si se conoce la entidad sujeta al ámbito de aplicación de esta Ley Foral que posea la información, se le remitirá la solicitud, y ésta vendrá obligada a tramitarla, dándose cuenta de esa remisión al solicitante. Cuando no sea posible remitir la solicitud al responsable de la información, por pertenecer a la Administración local o a la estatal o a otra distinta de la Administración de la Comunidad Foral, aquél al que se dirigió la solicitud deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información, indicando la dirección a la que puede hacerse llegar la solicitud, a efectos informativos.
-c)	Se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable o repetitivo.
-d)	Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.
-e)	Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquéllos sobre los que la Administración Pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.
-f)	Se refieran a comunicaciones internas que carezcan de relevancia pública o interés público.
-Artículo 29. Intervención de terceros.
-1. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos o intereses de terceros contemplados en los artículos 23 y 24 de esta Ley Foral, el órgano encargado de resolver dará traslado de las mismas a los afectados por un plazo de quince días para formular alegaciones, siempre que pudieran ser determinantes del sentido de la resolución.
-2. El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo de quince días hábiles a contar desde su notificación. Si el tercero no responde en el plazo requerido se presumirá que no está conforme con que se otorgue el acceso a la información solicitada.
-3. El órgano competente, sobre la base de lo manifestado de forma expresa o presunta por los terceros y atendiendo a lo recogido en esta Ley Foral, emitirá la resolución que estime procedente.
-Artículo 30. Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio.
-1. El órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada, o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos recogidos en las normas con rango de ley específicas, y en defecto de previsión, en los que se indican a continuación:
-a)	En el plazo máximo de quince días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, con carácter general.
-b)	En el plazo de treinta días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto, deberá informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.
-2. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud salvo con relación a la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley.
-3. La Administración Pública, en los casos de estimación por silencio administrativo, vendrá obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en esta Ley Foral.
-Artículo 31. Resolución.
-1. La resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, al tercero afectado. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información, y, cuando proceda, el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.
-Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo se hará efectivo una vez transcurrido el plazo para recurrirla sin que se hubieran interpuesto por el tercero afectado los recursos, en su caso, procedentes, y en consecuencia, la misma hubiera adquirido firmeza. Esta condición suspensiva del ejercicio del derecho de acceso se hará constar expresamente en la resolución.
-2. Serán motivadas las resoluciones que nieguen total o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado.
-Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información pueda incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se hará constar dicha circunstancia.
-3. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando ésta sea conocida o, alternativamente, al cedente del que se haya obtenido la información solicitada.
-4. La resolución indicará siempre los recursos administrativos que procedan contra ella, y en su caso, el recurso contencioso-administrativo procedente.
-5. Siempre que las características de la información solicitada lo permitan se acompañará conjuntamente a la notificación de la resolución.
-Artículo 32. Forma o formato de la información.
-1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:
-a)	Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible.
-b)	Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.
-En los casos en que el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, o cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, se podrá poner a disposición del solicitante la información en otra forma y formato.
-También podrá ponerse a disposición del solicitante otra forma o formato cuando sea más sencilla o económica para el erario público.
-2. A estos efectos, la Administración Pública procurará conservar la información pública que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.
-3. Cuando el órgano competente resuelva no facilitar la información, parcial o totalmente, en la forma o formato solicitados, deberá comunicárselo al solicitante en la propia resolución en la que se reconozca el derecho de acceso, haciéndole saber la forma o formatos en que, en su caso, se podría facilitar la información solicitada.
-Artículo 33. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios.
-1. Serán gratuitos:
-a)	El acceso a la información a que se refiere el artículo 13 de esta Ley Foral o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario.
-b)	El examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre.
-c)	La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.
-2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación específica.
-3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes.
-Para el establecimiento de las tasas en el caso de la Administración Pública, se estará a lo previsto en la legislación foral de tasas y precios públicos.
-4. Las unidades, órganos u entidades en cuyo poder se encuentre la información elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de los solicitantes de información pública, el listado de las tasas y precios que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda pago alguno.
-TÍTULO IV
-La participación y la colaboración ciudadanas
-CAPÍTULO I
-Condiciones básicas
-Artículo 34. Impulso y fomento de la participación y colaboración ciudadanas.
-1. La Administración Pública impulsará la participación y colaboración de los ciudadanos y ciudadanas, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua.
-2. La Administración Pública promoverá igualmente la participación y colaboración de las Universidades, Colegios Profesionales, Consejos Asesores y de cuantas entidades y organismos considere adecuados atendiendo a las distintas actuaciones promovidas en el ejercicio de sus competencias.
-3. La Administración Pública fomentará la participación y colaboración ciudadanas, tanto en el ámbito interno como en el externo, promoviendo campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación y colaboración, y articulando planes de formación en la utilización de los mismos.
-Artículo 35. Garantías para la participación de la ciudadanía en la elaboración de determinados planes y programas de carácter general.
-1. Para promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración, modificación y revisión de determinados planes y programas de carácter general, la Administración Pública, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velará por hacer efectivos los derechos reconocidos en el artículo 5 de esta Ley Foral y, además, garantizará que:
-a)	Se informe a los ciudadanos y ciudadanas, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los canales de comunicación institucional y los medios electrónicos, sobre cualesquiera propuestas de planes y programas de carácter general, o en su caso, de su modificación o de su revisión.
-b)	La información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y que incluya la relativa al derecho a la participación en los concretos procesos decisorios y a conocer la Administración pública competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones.
-c)	Los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a expresar observaciones y opiniones en un periodo abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, anunciado a través de los distintos canales de comunicación institucional, antes de que se adopten decisiones sobre el plan y programa de carácter general.
-d)	Al adoptar esas decisiones, sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación y colaboración ciudadanas.
-e)	Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por los ciudadanos y ciudadanas, se informe a éstos de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.
-f)	Se notifique personalmente una respuesta motivada al autor de las observaciones y opiniones.
-2. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso ni perjudica a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación y colaboración ciudadanas reconocidos en esta Ley Foral.
-3. Quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de este artículo:
-a)	Aquellos planes o programas en que se acuerde su tramitación o aprobación por razones de urgencia.
-b)	Los que tengan exclusivamente un carácter organizativo, procedimental o análogo.
-c)	Los planes y programas de carácter general que tengan como único objetivo la seguridad pública, la protección civil en casos de emergencia o el salvamento de la vida humana.
-d)	Los planes y programas de carácter general que se rijan por una normativa específica de elaboración y aprobación en la que ya existan actos o trámites de audiencia o información pública.
-CAPÍTULO II
-Instrumentos de participación y colaboración ciudadanas
-Artículo 36. Concepto y clases.
-1. Los instrumentos de participación y colaboración ciudadanas son los mecanismos utilizados por la Administración Pública para hacer efectiva la participación y la colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación, en los asuntos públicos. A estos efectos, se fomentará activamente la implicación de aquellos sectores sociales en los que se haya constatado una mayor dificultad en orden a su participación y colaboración en los asuntos públicos.
-2. La participación y la colaboración ciudadanas se podrán hacer efectivas mediante cualquier mecanismo que sirva para favorecer la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y, especialmente, mediante el uso de las nuevas tecnologías. A tal efecto, la Administración Pública:
-a)	Promoverá la conversación telemática bidireccional con los ciudadanos y ciudadanas y participará en las redes sociales y demás instrumentos de comunicación social en Internet, tales como foros, blogs, plataformas de video, comunidades, u otros recursos Web, que resulten idóneos.
-b)	Facilitará a la ciudadanía el acceso a las herramientas, conocimientos y recursos tecnológicos necesarios para la adecuada utilización de la comunicación telemática, con los necesarios niveles de seguridad y accesibilidad.
-c)	Escuchará con atención, tanto por los canales telemáticos como telefónicos, las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas, responderá a sus peticiones con celeridad y eficacia y tendrá en cuenta sus opiniones en la toma de decisiones. A estos efectos, se podrán promover sobre determinadas actividades públicas, cuando así se considere oportuno, la realización de encuestas on line mediante sistemas que puedan garantizar la fiabilidad de los resultados que pudieran obtenerse.
-d)	Promoverá la comunicación y la interactuación con la ciudadanía a través de dispositivos de telecomunicaciones móviles, impulsando su utilización en sus relaciones con la Administración, adaptando al soporte móvil la tecnología actualmente utilizada y fomentando la extensión de su cobertura.
-3. La Administración Pública fomentará la canalización de los distintos instrumentos participativos fundamentalmente a través del Portal del «Gobierno Abierto», cuya creación se promueve en esta Ley Foral, sin perjuicio de promover y dar entrada a otros cauces que, en determinados ámbitos, favorezcan la interrelación mutua entre la Administración y la ciudadanía.
-Artículo 37. El Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas.
-1. Se crea el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas al objeto de poder articular de una forma más eficiente la utilización de determinados instrumentos más específicos de participación y colaboración ciudadanas.
-2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esa Ley Foral, se regulará, mediante Decreto Foral, y se pondrá en marcha, el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas, en el que se podrán inscribir voluntariamente los ciudadanos y ciudadanas y las entidades ciudadanas interesados en recibir información sobre materias específicas de la competencia de la Administración Pública al objeto de tomar parte activa en los instrumentos específicos de participación y colaboración ciudadanas previstos en esta Ley Foral o que puedan preverse en otras normas.
-Artículo 38. Instrumentos específicos de participación y colaboración.
-1. Los instrumentos específicos de participación y colaboración ciudadanas son aquellos que necesitan para su propia eficacia de una mayor implicación ciudadana en el propio proceso participativo, implicación que se garantiza recurriendo a los ciudadanos y ciudadanas y entidades ciudadanas que voluntariamente se han comprometido a participar y colaborar con la Administración Pública mediante su inscripción en el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas.
-2. Sin perjuicio de otros que puedan preverse en otras normas, se procederá al desarrollo reglamentario de los siguientes instrumentos específicos: foros de consulta, paneles ciudadanos y jurados ciudadanos, en los que podrán participar, además de quienes se señala en los artículos siguientes, y, en su caso, expertos en la materia de que se trate, las entidades a las que se refiere el artículo 34.2.
-Artículo 39. Foros de consultas.
-Los foros de consulta son espacios de debate y análisis de las políticas públicas en los que participan, previa convocatoria por la Administración Pública, grupos de ciudadanos y ciudadanas o de entidades ciudadanas, elegidos democráticamente, entre los inscritos en el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas, al objeto de debatir y reflexionar sobre los efectos de una política pública, así como para elaborar análisis valorativos de los efectos reales de dichas políticas en la calidad de vida de la ciudadanía.
-Artículo 40. Paneles ciudadanos.
-1. Los paneles ciudadanos son espacios de información constante e inmediata que se crean por la Administración con carácter temporal y que tienen por finalidad responder a las consultas planteadas por esta sobre cualquier asunto de interés público, y, en especial, sobre las expectativas de futuro de los ciudadanos y ciudadanas.
-2. Los paneles estarán formados por un número mínimo de ciudadanos y ciudadanas y de entidades ciudadanas, que serán elegidos por la Administración Pública entre los sujetos inscritos en el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas en el área correspondiente a la materia objeto del panel.
-Artículo 41. Jurados ciudadanos.
-Los jurados ciudadanos son grupos creados por la Administración Pública que tienen como finalidad analizar los efectos de una determinada acción, proyecto o programa llevado a cabo por la misma. Los jurados ciudadanos estarán formados por un máximo de diez personas, mitad ciudadanos y ciudadanas, mitad entidades ciudadanas, que serán elegidos por la Administración entre los sujetos inscritos en el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas en el área correspondiente a la materia que motive su creación.
-CAPÍTULO III
-Derechos específicos de participación y colaboración
-Artículo 42. Derechos de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas.
-1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar y a colaborar en la elaboración de las políticas públicas.
-2. A estos efectos, la Administración Pública establecerá los medios necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan colaborar en el diseño y elaboración de programas anuales y plurianuales, en los que se definirán los objetivos concretos a conseguir, las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, el tiempo estimado para su consecución y las personas o los órganos responsables de su ejecución.
-Artículo 43. Derecho de participación y colaboración en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración Pública.
-1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y con las actividades gestionadas por la Administración Pública.
-2. Este derecho se ejercerá en los términos recogidos en esta Ley Foral y en la normativa foral reguladora de la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración Pública.
-Artículo 44. Derecho de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general.
-1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en la elaboración de disposiciones de carácter general mediante la remisión de sugerencias. Esta participación no atribuirá, por si sola, la condición de persona interesada en el procedimiento.
-2. A estos efectos, cada Departamento de la Administración Pública publicará una relación de los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
-3. Los ciudadanos y ciudadanas podrán remitir las sugerencias en cualquier momento anterior al trámite de audiencia o de información pública, o en su caso, al informe final de la Secretaría General Técnica.
-4. Las sugerencias o recomendaciones recibidas serán tenidas en cuenta por el órgano encargado de la redacción del texto del proyecto, que podrá asumirlas o rechazarlas, constando su actuación en un informe final que se publicará en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet.
-5. Esta forma de participación no sustituirá a los trámites de audiencia o de información pública en los supuestos en que sean preceptivos de acuerdo con la normativa vigente.
-Artículo 45. Derecho a proponer iniciativas reglamentarias.
-1. Los ciudadanos y ciudadanas con residencia legal en la Comunidad Foral, individualmente y en su propio nombre, tendrán derecho a presentar a la Administración Pública, en las materias de la competencia de ésta, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos.
-2. Las propuestas no podrán recaer sobre disposiciones de desarrollo de las materias excluidas por la legislación foral reguladora de la iniciativa legislativa popular en la Comunidad Foral.
-3. Las propuestas deberán contener necesariamente, para ser valoradas y analizadas, el texto propuesto, acompañado de una memoria justificativa con explicación detallada de las razones que aconsejan la tramitación y aprobación de la iniciativa, y deberán estar respaldadas por las firmas de 2.000 personas.
-4. El órgano que tenga atribuidas las funciones sobre la materia objeto de la iniciativa, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos, emitirá en el plazo de tres meses un informe que, previa valoración de los intereses afectados y de la oportunidad que para el interés público representa la regulación propuesta, propondrá al órgano competente el inicio o no de su tramitación como proyecto de disposición reglamentaria, tramitación que, en caso de acordarse, se ajustará a lo previsto en la legislación vigente.
-5. La resolución emitida por el órgano competente sobre la iniciativa se comunicará a los proponentes. Los proponentes podrán interponer los recursos procedentes, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Foral, cuando consideren que se ha conculcado su derecho de propuesta o las garantías recogidas en esta Ley Foral para hacerlo efectivo, pero no podrán impugnar, por su propia naturaleza, una vez seguido el procedimiento previsto en esta Ley Foral, la decisión de iniciar o no la tramitación de la iniciativa reglamentaria propuesta.
-Artículo 46. Derecho a formular propuestas de actuación o sugerencias.
-1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a formular propuestas de actuación, mejoras o sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios recogidos en el catálogo general de los servicios que presta la Administración Pública.
-2. La Administración Pública habilitará fórmulas para hacer efectivo este derecho a través del propio Catálogo y promoverá el reconocimiento público de aquellas iniciativas que hayan posibilitado una mejora de los servicios prestados.
-Artículo 47. Derecho a recabar la colaboración de la Administración Pública en actividades ciudadanas.
-1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a solicitar la colaboración de la Administración Pública para la realización de actividades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
-2. La solicitud habrá de dirigirse al Departamento competente por razón de la materia y tendrá que incluir necesariamente, entre otros requisitos, que se aporte una memoria explicativa de la actuación que se pretende realizar y de la forma de realizarla.
-3. El órgano competente del Departamento, a la vista de la solicitud presentada, analizará la conveniencia y viabilidad de la actuación propuesta y resolverá motivadamente, estableciendo, en su caso, la colaboración que prestará para su desarrollo.
-4. La solicitud de colaboración no exime a los promotores de recabar las correspondientes autorizaciones para el ejercicio de la actividad cuando ello fuera procedente según la legislación vigente.
-5. Las aportaciones de la Administración Pública para el establecimiento o desarrollo de la actuación propuesta podrán consistir, entre otras, en el patrocinio de la misma, la cesión temporal u ocasional de bienes públicos, el apoyo técnico para su realización, el apoyo a la difusión y conocimiento de la actuación a través de los distintos canales de comunicación institucionales, premios, reconocimientos o menciones, u otras medidas similares.
-Artículo 48. Informe de participación y colaboración.
-1. El ejercicio de estos derechos por los ciudadanos y ciudadanas obligará a la Administración Pública a la apertura del correspondiente proceso participativo.
-2. El resultado de estos procesos participativos se plasmará, sin perjuicio de lo que pudiera especificarse para cada uno de ellos tanto en esta Ley Foral como en el posterior desarrollo reglamentario, en un informe de participación y colaboración, en el que se recogerán el resultado del proceso participativo, los medios empleados y la evaluación de cómo esa participación ha condicionado o ha influido en la actuación administrativa.
-TÍTULO V
-La modernización, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa
-Artículo 49. Objetivos del proceso de racionalización y simplificación.
-Como complemento necesario para la implantación del «Gobierno Abierto», la Administración Pública impulsará, además de las medidas contempladas en la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales, un proceso de racionalización y simplificación administrativa, tanto de sus procedimientos y de sus estructuras, como de la normativa que los rige, al objeto de promover una Administración más comprensible, cercana y accesible a la ciudadanía, y capaz de gestionar con mayor agilidad y eficiencia al servicio de ésta, sin menoscabo en momento alguno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de las garantías y de la seguridad jurídica.
-CAPÍTULO I
-La racionalización y simplificación de los procedimientos y de las estructuras
-Artículo 50. El Plan General de Simplificación Administrativa.
-La Administración Pública elaborará, en el plazo de un año, tras la entrada en vigor de esta Ley Foral, un Plan General de Simplificación Administrativa, cuya finalidad será, previa evaluación de los procedimientos y de las estructuras de su competencia, dar un nuevo impulso a su racionalización y a las medidas de simplificación.
-Artículo 51. Creación de una Comisión Interdepartamental.
-El Gobierno de Navarra creará una Comisión Interdepartamental presidida por la Dirección General competente en materia de Presidencia, en la que se integrarán representantes de todos los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, en su caso, las personas o entidades ajenas que se consideren precisas, al objeto de promover, planificar y coordinar el diseño y la propia ejecución del Plan General de Simplificación Administrativa, así como de evaluar, de conformidad con los indicadores recogidos en el propio Plan, en qué medida se van consiguiendo con su efectiva implantación los distintos objetivos perseguidos por él.
-Artículo 52. Objetivos del Plan General de simplificación Administrativa.
-Los objetivos que ha de perseguir el Plan General de Simplificación Administrativa y todo el proceso que se desarrolle, en orden a la simplificación y racionalización de las estructuras y de los procedimientos, serán los siguientes:
-a)	La reducción de los trámites administrativos y, en su caso, la supresión de los que sean innecesarios.
-b)	La reducción en los plazos de tramitación de los expedientes y la extensión en cuanto sea posible del silencio administrativo positivo.
-c)	La reducción de las peticiones de documentación requeridas a las imprescindibles.
-d)	La eliminación o reducción de las cargas administrativas.
-e)	El fomento de las comunicaciones previas y las declaraciones responsables.
-f)	La simplificación y la normalización de formularios e impresos.
-g)	La elaboración de manuales de tramitación y de guías o protocolos de los procedimientos.
-h)	El impulso de actuaciones para los ciudadanos y ciudadanas sin previa solicitud de los mismos.
-i)	La implantación de herramientas de gestión corporativa y la interconexión de las distintas bases de datos y aplicaciones informáticas, fomentando la colaboración con otras Administraciones.
-j)	La potenciación de la tramitación vía telemática y, en especial, la generalización de la utilización del repositorio de proyectos técnicos.
-k)	La utilización de las técnicas de delegación y desconcentración de funciones, así como de los instrumentos de visado documental y visado de idoneidad previstos en la normativa vigente.
-l)	La eliminación de la duplicidad de controles, sin perjuicio del estricto cumplimiento de la legalidad en la fiscalización y control del gasto público.
-m)	La unificación de informes, con eliminación o sustitución por propuestas o visados, cuando ello fuera posible.
-n)	La adaptación y mejora de la regulación normativa.
-ñ)	La adaptación de los puestos de trabajo en el organigrama, o la nueva valoración de los mismos en cuanto a su contenido o participación en el procedimiento.
-o)	La dotación al personal de las herramientas y equipos adecuados a las necesidades requeridas para la realización correcta u óptima de cada actividad o trámite a desempeñar.
-p)	La formación continua del personal.
-q)	Cualquier otra que, a la vista de la materia concreta, permita la simplificación y racionalización de la actuación.
-Artículo 53. Aprobación del Plan General de Simplificación Administrativa.
-1. El Plan General de Simplificación Administrativa será sometido, antes de su aprobación, a un amplio proceso participativo, al objeto de verificar que el mismo se ajusta a las demandas de la ciudadanía y de los propios empleados públicos.
-2. La aprobación del Plan se hará por el Gobierno de Navarra, y su contenido se publicará en el «Boletín Oficial de Navarra» y en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet.
-Artículo 54. Medidas de difusión del Plan.
-El Plan General de Simplificación Administrativa será ampliamente difundido entre la ciudadanía y los empleados públicos, al objeto de que todos ellos se conviertan en los auténticos dinamizadores del cambio.
-Artículo 55. Plazo de ejecución.
-El Plan General de Simplificación Administrativa deberá prever su propio plazo de ejecución, que se articulará sobre un plazo máximo en el que se irán desglosando por etapas la concretas y paulatinas medidas para su implantación.
-CAPÍTULO II
-La racionalización, la simplificación y la mejora de la calidad normativa
-Artículo 56. Objetivos fundamentales.
-1. La Administración Pública procurará el mantenimiento de un marco normativo estable y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y ciudadanas y agentes económicos, que posibilite el conocimiento rápido y comprensible de la normativa vigente que resulte de aplicación, y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y ciudadanas y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general.
-2. En todas las iniciativas normativas se justificará la adecuación de las mismas a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios. En concreto:
-a)	En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa deberá estar justificada por una razón de interés general.
-b)	En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se proponga deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.
-c)	A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de iniciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y ciudadanas y empresas y la adopción de sus decisiones económicas.
-d)	En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su justificación deberán ser definidos claramente.
-e)	Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los mecanismos de consulta con los agentes implicados que estimulen su participación activa en el proceso de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulación vigente.
-f)	En virtud del principio de simplicidad, toda iniciativa normativa deberá atender a la consecución de un marco normativo claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo.
-g)	En aplicación del principio de eficacia, la iniciativa normativa deberá partir de una identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos finales.
-Artículo 57. Instrumentos para la mejora del marco normativo.
-La Administración Pública, para contribuir al objetivo de cumplir el principio de calidad normativa, realizará las siguientes actuaciones:
-a)	Impulsará los instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos que estas produzcan, con el objetivo de no generar a los ciudadanos y ciudadanas y empresas obligaciones o costes innecesarios o desproporcionados, en relación al objetivo de interés general que se pretenda alcanzar.
-b)	Prestará la máxima atención a los procesos de participación y de colaboración ciudadanas en la elaboración de las disposiciones normativas, y, a estos efectos, aportará la información adecuada para la mejor comprensión y valoración de los efectos esperados de las iniciativas normativas.
-c)	Promoverá el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de su actuación normativa, mediante análisis periódicos de la vigencia, actualidad, necesidad y oportunidad de las normas que integran su ordenamiento, como forma de asegurar la evolución y la adaptación de su ordenamiento a la realidad política, económica y social en la que ha de ser aplicado.
-d)	Promoverá la adaptación de la regulación vigente a los principios recogidos en esta Ley Foral.
-e)	Elaborará y aprobará directrices de técnica normativa, que careciendo del valor de las normas jurídicas, proporcionen criterios técnicos o pautas de actuación a los redactores de las normas al objeto de contribuir al proceso de perfeccionamiento continuo de la calidad normativa.
-f)	Impulsará la utilización de los instrumentos de refundición normativa y de derogación expresa de la normativa que haya perdido vigencia.
-TÍTULO VI
-El diseño de un marco general para la mejora continua de la calidad en la Administración
-Artículo 58. Mejora continua de la calidad.
-1. La Administración Pública impulsará, además de las medidas contempladas en la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, la mejora constante del servicio a los ciudadanos y ciudadanas promoviendo actuaciones encaminadas a desarrollar una cultura y unos valores de servicio público y calidad en la gestión, así como a fomentar y canalizar la participación y la colaboración de la ciudadanía, integrando sus necesidades y expectativas en las distintas fases de desarrollo de las políticas y servicios públicos.
-2. A estos efectos, la Administración Pública, a través del Departamento competente en materia de calidad, diseñará en el plazo máximo de un año, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, un marco general para la mejora continua de la calidad en la Administración.
-3. El principal objetivo de este marco será concretar el principio de servicio a la ciudadanía en torno a dos referencias básicas: la orientación de la gestión pública a resultados, y la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en su condición tanto de usuarios de los servicios, como de copartícipes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y servicios públicos.
-Artículo 59. Estrategias para la calidad.
-En el diseño de este marco general para la mejora continua de la calidad en la Administración, se partirá del respeto a las siguientes estrategias de calidad:
-a)	La adopción de modelos de excelencia como referencia para la gestión.
-b)	El establecimiento de objetivos y estándares de calidad en los servicios, que quedarán recogidos en las cartas de servicios que se aprueben.
-c)	La simplificación administrativa y el acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos.
-d)	La evaluación de las actividades y resultados, entendida como la evaluación permanente de los servicios, programas, planes y políticas públicas.
-e)	El establecimiento de sistemas de sugerencias y reclamaciones.
-f)	La participación y la colaboración ciudadanas.
-g)	El desarrollo de las capacidades de los empleados públicos y el reconocimiento de su implicación en la mejora continua de la calidad de la gestión.
-Artículo 60. Compromisos de calidad.
-1. La Administración Pública asumirá, en la forma y con las condiciones que se determinen en el marco general para la mejora continua de la calidad en la Administración, el cumplimiento de unos compromisos de calidad.
-2. En concreto, se comprometerá a:
-a)	Determinar estructuras o mecanismos de apoyo necesarios para implantar la calidad en las Administración.
-b)	Adoptar fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa para garantizar la ejecución efectiva de las políticas.
-c)	Fomentar el intercambio de experiencias y la gestión del conocimiento.
-d)	Apostar por la innovación en la gestión mediante la dotación de infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas a la ciudadanía.
-e)	Aplicar el análisis y evaluación permanente de las normas, programas, planes y políticas públicas.
-f)	Desarrollar fórmulas de reconocimiento a organizaciones y a personas que con sus aportaciones contribuyan a la mejora continua de la calidad en la Administración.
-g)	Rendir cuentas a la sociedad.
-h)	Elaborar y difundir Cartas de Servicios.
-i)	Integrar la calidad en los programas de gobierno.
-TÍTULO VII
-La ética y la transparencia en la acción de Gobierno
-Artículo 61. Principios de actuación.
-1. La actuación de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración Pública estará presidida por el interés general y la transparencia en su gestión, observándose los principios éticos y de conducta contemplados en el Código de Buen Gobierno aprobado por la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo.
-2. El tratamiento oficial de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración Pública será el de Señor o Señora, seguido de la denominación de su respectivo cargo, empleo o rango correspondiente.
-Artículo 62. Conflicto de intereses.
-1. Los miembros del Gobierno de Navarra deberán abstenerse de toda actividad privada o interés que pueda suponer un conflicto de intereses con sus responsabilidades públicas. Se considerará que existe un conflicto de intereses cuando deban decidir en asuntos en los que confluyan intereses públicos e intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos de abstención regulados en la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente.
-2. Lo establecido en el apartado anterior también será de aplicación a los altos cargos de la Administración Pública.
-Artículo 63. Publicidad de las retribuciones, actividades y bienes.
-1. Se harán públicas las retribuciones y otras cantidades percibidas por los miembros del Gobierno de Navarra y altos cargos de la Administración Pública por el desempeño de actividades compatibles. También se harán públicos los bienes y derechos patrimoniales que posean al inicio, durante y al final de su mandato o cargo público.
-2. La publicidad se hará efectiva, a través del Registro de Actividades y del Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales, en la forma establecida en la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
-Artículo 64. Publicidad de las cesantías.
-Se harán públicas las prestaciones económicas que se abonen a los ex miembros del Gobierno de Navarra o ex altos cargos de la Administración Pública contempladas en la citada Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, articulándose su publicidad en la forma que se determine en la misma.
-Artículo 65. El Gobierno en funciones.
-El Gobierno en funciones, además de limitar su actuación y decisiones a lo establecido en la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, deberá garantizar el estado de la documentación necesaria para el gobierno entrante, elaborando inventarios de los documentos básicos, en el formato más seguro y práctico, con el objeto de facilitar el traspaso de poderes al gobierno entrante. La finalidad de dichos inventarios será la de informar, de manera transparente, sobre el estado concreto de los archivos y temas pendientes en cada ámbito Departamental, que tengan relevancia pública y que se consideren imprescindibles para desarrollar la actuación del nuevo Gobierno, así como del estado de ejecución del presupuesto correspondiente.
-Artículo 66. Transparencia en la acción del Gobierno y rendición de cuentas.
-1. Las personas que en cada momento conformen el Gobierno de Navarra asumirán el compromiso de ejercer la acción de Gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir cuentas sobre su gestión a los ciudadanos y ciudadanas.
-2. A estos efectos, se regularán e implantarán instrumentos para que el Gobierno en su conjunto y cada uno de sus integrantes en su ámbito puedan:
-a)	Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de la gestión e inversión pública.
-b)	Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos y de su coherencia con la planificación aprobada.
-c)	Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política para adaptarlas a las peticiones ciudadanas
-d)	Facilitar el control ciudadano de toda la actuación del Gobierno y fortalecer la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para estimular y orientar esa acción.
-TÍTULO VIII
-Garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales
-Artículo 67. Recursos.
-1. Quien considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a la Administración Pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley Foral en materia de información y participación y colaboración públicas, podrá interponer los recursos administrativos regulados en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común y en Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
-2. Los recursos de alzada interpuestos se resolverán por el Consejero titular del Departamento competente en materia de Presidencia, de conformidad con el artículo 57.2.f) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, según la redacción dada al mismo por la disposición final segunda de esta Ley Foral.
-3. Todos los recursos administrativos en materia de información y participación y colaboración públicas deberán ser informados por una unidad que se creará dentro de la estructura orgánica de la Dirección General competente en materia de Asuntos Jurídicos y Presidencia, a la que se le encomendará, reglamentariamente, las funciones precisas en orden al desarrollo y efectividad de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en esas materias.
-Artículo 68. Queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra.
-1. Sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan interponerse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de los órganos de la Administración Pública, que impidan o limiten, total o parcialmente, el ejercicio por los ciudadanos y ciudadanas del derecho que se reconoce en el Título III de esta Ley Foral para el acceso a la información pública, el solicitante de la información pública podrá dirigir una queja al Defensor del Pueblo de Navarra siempre que se haya impedido o limitado su derecho de acceso a esta información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra.
-2. La intervención del Defensor del Pueblo de Navarra no suspenderá, como se recoge en su Ley Foral reguladora, el transcurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos o contenciosos-administrativos procedentes.
-Artículo 69. Reclamaciones ante la Administración Pública contra actuaciones de sociedades y fundaciones públicas y otras entidades.
-1. El ciudadano o la ciudadana que considere que un acto u omisión de las sociedades públicas, fundaciones públicas y las entidades de derecho público enunciadas en el artículo 2 de esta Ley Foral, realizado en el ejercicio de funciones públicas o sometidas a su tutela administrativa, ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley Foral, podrá interponer directamente una reclamación ante el órgano competente de la Administración Pública bajo cuya autoridad ejerza su actividad.
-2. El órgano competente deberá dictar y notificar la resolución correspondiente, la cual agotará la vía administrativa y será directamente ejecutiva, en el plazo de tres meses desde que entró la reclamación en su registro.
-3. En caso de incumplimiento de la resolución, el órgano competente de la Administración Pública requerirá a las entidades mencionadas en el apartado primero, de oficio o a instancia del solicitante, para que la cumplan en sus propios términos.
-Disposición adicional primera. Comisión de seguimiento para la implantación de la transparencia y del «Gobierno Abierto».
-1. Sin perjuicio de las funciones concretas y específicas atribuidas en el artículo 51 de la Ley Foral a la Comisión Interdepartamental que se creará por el Gobierno de Navarra para promover, planificar y coordinar el diseño y la propia ejecución del Plan General de Simplificación Administrativa, se crea en esta Ley Foral, la Comisión de seguimiento para la implantación de la transparencia y del Gobierno Abierto, como unidad encargada de impulsar, con carácter general, la puesta en funcionamiento de las medidas recogidas en la presente Ley Foral, de valorar el grado de implantación de éstas, y en su caso, de promover todas aquellas actuaciones correctoras de cara a lograr, en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, la plena efectividad y cumplimiento de las disposiciones recogidas en la misma.
-2. La Comisión de Seguimiento estará presidida por el Consejero competente en materia de Presidencia, y se compondrá, además de por los titulares de las Direcciones Generales con competencias en las materias de Presidencia y de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, y al menos un representante con rango mínimo de Director General por cada una de las áreas departamentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
-3. La Comisión de Seguimiento elaborará y publicará cada año un informe sobre el grado de aplicación de esta Ley Foral, y realizará cada cuatro años una evaluación conjunta de su aplicación con, en su caso, propuestas para la introducción de mejoras que la puedan hacer más efectiva.
-4. Asimismo, elaborará y publicará información periódica de carácter estadístico sobre las solicitudes de información pública recibidas, así como información sobre la experiencia adquirida en la aplicación de esta Ley Foral, garantizando, en todo caso, la confidencialidad de los solicitantes.
-5. La Comisión de Seguimiento será asistida en el ejercicio de sus funciones por una comisión técnica designada al efecto.
-Disposición adicional segunda. Tramitación telemática del derecho de acceso a la información pública.
-La Administración Pública deberá incluir entre sus procedimientos telemáticos los relativos a la resolución de solicitudes de información pública.
-Disposición adicional tercera. Reforma de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
-En el plazo de un año, el Gobierno de Navarra presentará al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de reforma de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, con objeto de incorporar a la actividad de las Entidades Locales de Navarra los principios y previsiones contenidas en esta Ley Foral acerca de la transparencia, la participación y colaboración ciudadana y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceso a la información pública, con las especialidades que procedan.
-Disposición adicional cuarta. Promoción de la transparencia en otras Instituciones.
-Las distintas instituciones de la Comunidad Foral de Navarra adoptarán en su propio ámbito de competencias, en el plazo de un año, medidas de transparencia y participación y colaboración ciudadanas conforme a los principios y previsiones contenidos en la presente Ley Foral.
-Disposición adicional quinta. Plan de Formación.
-El Instituto Navarro de Administración Pública pondrá en marcha, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, un Plan de Formación Específico tendente a sensibilizar al personal de la Administración Pública respecto de los derechos y obligaciones previstos en la presente Ley Foral.
-Disposición adicional sexta. Uso del vascuence en el derecho a la información pública.
-1. A las solicitudes de acceso a la información pública reguladas en el Título III de esta Ley Foral será de aplicación la normativa reguladora del uso del vascuence en las Administraciones Públicas.
-2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra adoptará las medias oportunas para posibilitar, de forma progresiva, la difusión en el portal web del Gobierno de Navarra de la información pública en vascuence.
-Disposición adicional séptima. Regulaciones especiales del derecho de acceso.
-1. Se regirán por su normativa específica la materia tributaria, sanitaria y, en general, el resto de las materias que tengan previsto en normas con rango de ley un régimen específico de acceso a la información pública.
-2. No obstante, lo dispuesto en esta Ley Foral será de aplicación, en lo no previsto en las respectivas normativas específicas, a la información ambiental, a la relativa a la ordenación del territorio y urbanismo, y a la obrante en archivos históricos de titularidad pública, así como a cualquier otro supuesto en que por normativa foral se reconozca a los ciudadanos y ciudadanas, sin necesidad de motivación, un derecho de acceso a cualquier información de carácter público que obre en poder de las Administración Públicas.
-Disposición adicional octava. Adaptaciones en orden a garantizar el respeto a los principios rectores de la Ley Foral.
-Tras la entrada en vigor de esta Ley Foral, las sociedades públicas, las fundaciones públicas, las entidades de derecho público y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos, incluidas en su ámbito de aplicación, promoverán, sin perjuicio de lo que dispongan sus normas reguladoras, los cambios tanto organizativos y estructurales como, en su caso, de su normativa de régimen interno, que consideren necesarios para ajustar su actividad de servicio a los principios rectores de la Ley Foral.
-Disposición adicional novena. Obligaciones de transparencia a los beneficiarios de subvenciones públicas.
-En las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones públicas que superen los importes que se establezcan reglamentariamente se impondrá a los beneficiarios de las mismas la obligación de comunicar a la Administración Pública la información sobre las retribuciones por todos los conceptos de los miembros de sus órganos de gobierno, de administración y de dirección y sus cuentas anuales, para que ésta pueda hacerlas públicas.
-Disposición adicional décima. Adaptación normativa.
-1. Por el Gobierno de Navarra, a fin de dar cumplimiento a los objetivos señalados en el apartado 1 del artículo 56 de la presente Ley Foral, y a los principios establecidos en la misma, se procederá a la revisión de la normativa vigente, promoviendo, en su caso, las iniciativas legislativas oportunas.
-2. Se promoverá, tras la entrada en vigor de la presente Ley Foral, que todas las disposiciones de carácter general que se aprueben o se modifiquen incorporen los principios sobre transparencia y participación y colaboración ciudadanas impuestos por la misma.
-Disposición adicional undécima. Igualdad de género en el lenguaje.
-En los casos en que esta Ley Foral utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía en la expresión, y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a los efectos jurídicos.
-Disposición adicional duodécima. Simplificación en la tramitación de licencias.
-El Gobierno de Navarra procederá, con la participación de los distintos Colegios Profesionales y de los distintos organismos que persiguen el impulso de la actividad económica que se considere conveniente, a la elaboración de un proyecto de Ley Foral para la modificación de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental y del procedimiento establecido para la concesión de las licencias de actividad y de apertura. Así como de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con las licencias de obra, con objeto de: a) simplificar la tramitación de las mismas; b) introducir con carácter efectivo las figuras de declaración responsable y comunicación previas a que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales, y c) reducir los umbrales de las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada. Igualmente procederá a la revisión de las actividades del anexo 4 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida Ley Foral 4/2005.
-Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior se opongan a lo dispuesto en esta Ley Foral.
-Disposición final primera. Modificación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
-Se añade una nueva letra f) al apartado 2 del artículo 57 de la citada Ley Foral, que queda redactada con el siguiente contenido:
-«f) El Consejero titular del Departamento competente en materia de Presidencia, respecto de todos los actos dictados en materia de información y participación y colaboración públicas regulados en la Ley Foral reguladora de la Transparencia y del Gobierno Abierto, por cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra de rango inferior al de Consejero o de los organismos públicos de ella dependientes.»
-Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno de Navarra.
-Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta Ley Foral.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-Esta Ley Foral entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».
-Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
-Pamplona, 21 de junio de 2012.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina Angulo.
-(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 125, de 28 de junio de 2012.)",Ley Foral de la Transparencia de la comunidad de Navarra.,"A ver, Duran, la primera ley de transparencia fue la navarra.  Que si quieres hacer competi, hazla bien"
-2439,"La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, contiene, dentro de su título IV, los criterios de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para dicho ejercicio, y prevé su revalorización en un 0,25 por ciento.
-De acuerdo con tales previsiones legales, este real decreto establece una revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social, incluido el límite máximo de percepción de pensiones públicas, del 0,25 por ciento.
-Igualmente, se fija una revalorización del 0,25 por ciento de las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no contributivas de dicho sistema, así como de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Asimismo, se actualizan las cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad con 18 o más años.
-En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2013,
-DISPONGO:
-TÍTULO I
-Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva
-CAPÍTULO I
-Normas comunes
-Artículo 1. Objeto.
-Mediante este real decreto se procede al desarrollo de las previsiones contenidas, en materia de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas, en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
-Artículo 2. Ámbito de aplicación.
-1. Lo establecido en este título será de aplicación a las pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, siempre que se hayan causado con anterioridad al 1 de enero del año 2014.
-2. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se regirán por las normas específicas contenidas en los artículos 8 y 13.
-3. Quedan excluidos de lo dispuesto en el apartado 1 los Regímenes Especiales de las Fuerzas Armadas, de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y de los Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia.
-CAPÍTULO II
-Revalorización de pensiones no concurrentes
-Sección 1.ª Pensiones del sistema
-Subsección 1.ª Normas generales
-Artículo 3. Importe de la revalorización.
-1. Las pensiones comprendidas en el apartado 1 del artículo anterior, causadas con anterioridad al 1 de enero de 2014 y no concurrentes con otras, se revalorizarán el 0,25 por ciento.
-2. El importe de la pensión, una vez revalorizada, estará limitado a la cantidad de 2.554,49 euros, entendiendo esta cantidad referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. Dicho límite mensual será objeto de adecuación en aquellos supuestos en que el pensionista tenga derecho o no a percibir 14 pagas al año, comprendidas en uno u otro caso, las pagas extraordinarias, a los efectos de que la cuantía no supere o pueda alcanzar, respectivamente, 35.762,86 euros, en cómputo anual.
-3. Las pensiones que excedan de 2.554,49 euros mensuales no se revalorizarán, salvo lo señalado en el apartado 2.
-4. La revalorización de las pensiones de gran invalidez se efectuará aplicando las reglas previstas en el apartado 1 de manera separada a la pensión y al complemento.
-A los efectos del límite máximo señalado en el apartado 2, se computará únicamente la pensión sin complemento.
-Artículo 4. Aplicación de la revalorización.
-La revalorización se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión de que se trate el 31 de diciembre de 2013, excluidos los conceptos que a continuación se enumeran:
-a) Los complementos reconocidos para alcanzar los mínimos establecidos con anterioridad.
-b) El recargo de prestaciones económicas por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
-c) Las percepciones de rentas temporales por cargas familiares y la indemnización suplementaria para la provisión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia, en el supuesto de pensiones del extinguido seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
-Subsección 2.ª Complementos por mínimos
-Artículo 5. Complementos por mínimos de las pensiones contributivas.
-El importe de las pensiones no concurrentes, una vez revalorizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la subsección anterior, se complementará, en su caso, en la cuantía necesaria para alcanzar las cuantías mínimas que se reflejan en el anexo.
-Artículo 6. Límite de ingresos y otros requisitos.
-1. Los complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y serán absorbibles con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico que den lugar a la concurrencia de pensiones, que se regula en el siguiente capítulo de este real decreto. En este último supuesto, la absorción del complemento por mínimo tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la resolución de reconocimiento de la nueva pensión.
-2. Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme a lo establecido en el artículo 50 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, cuando dichas rentas excedan de 7.080,73 euros al año.
-3. Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el apartado anterior y los correspondientes a la pensión resulte inferior a la suma de 7.080,73 euros más el importe, también en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades en que se devenga la pensión.
-4. Se entenderá que concurren los requisitos indicados en los apartados anteriores cuando el interesado manifieste que va a percibir durante 2014 rendimientos, computados en la forma señalada en el apartado 2, por cuantía igual o inferior a 7.080,73 euros.
-Los pensionistas que a lo largo del ejercicio 2014 perciban rentas acumuladas superiores al límite a que se refiere el apartado anterior, estarán obligados a comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el plazo de un mes desde que se produzca.
-Para acreditar las rentas e ingresos las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán en todo momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos una declaración de estos, así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.
-5. En el mínimo asignado a las pensiones de gran invalidez, están comprendidos los dos elementos que integran la pensión a que se refiere el artículo 3.4.
-6. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva.
-7. Cuando la pensión de orfandad causada a partir de 1 de enero de 2013, se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite de la cuantía de los complementos a mínimos sólo quedará referido al de la pensión de viudedad que genere el incremento de la pensión de orfandad.
-8. Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que le atiende, no resultarán afectados por el límite cuantitativo establecido en el apartado 6.
-9. Cuando el complemento por mínimo de pensión se solicite con posterioridad al reconocimiento de aquélla, surtirá efectos a partir de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud, siempre que en aquel momento se reunieran todos los requisitos para tener derecho al mencionado complemento.
-Artículo 7. Complementos por mínimos en función de las diferentes modalidades de convivencia y dependencia económica.
-1. Se considerará que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión, a los efectos del reconocimiento de las cuantías mínimas establecidas en el anexo, cuando aquel se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él.
-Salvo en el caso de separación judicial, se presumirá la convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, sin perjuicio de que esa presunción pueda destruirse por la actividad investigadora de la Administración.
-Asimismo, se entenderá que existe dependencia económica del cónyuge cuando concurran las circunstancias siguientes:
-a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado, así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, a los que se refiere la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro.
-b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, computados en la forma señalada en el apartado 2 del artículo anterior, resulten inferiores a 8.259,75 euros anuales.
-Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte inferior a la suma de 8.259,75 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda.
-2. Se considerará que existe cónyuge no a cargo del titular de una pensión, a los efectos del reconocimiento de las cuantías mínimas establecidas en el anexo, cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y no dependa económicamente de él en los términos previstos en el apartado anterior.
-3. Se considerará que el pensionista constituye una unidad económica unipersonal, a los efectos de la aplicación de lo previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, cuando, acreditando derecho a complemento por mínimos en atención a sus ingresos, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, no se encuentre comprendido en ninguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores de este artículo.
-4. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el apartado 1.1.ª, del artículo 145 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para las unidades económicas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensión.
-5. Los perceptores de complementos por cónyuge a cargo vendrán obligados a declarar, dentro del mes siguiente al momento en que se produzca, cualquier variación de su estado civil que afecte a dicha situación, así como cualquier cambio en la situación de dependencia económica de su cónyuge.
-Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán solicitar, en cualquier momento, los datos identificativos del cónyuge, así como declaración de los ingresos que perciban ambos cónyuges.
-6. La pérdida del derecho al complemento por cónyuge a cargo tendrá efectos a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que cesen las causas que dieron lugar a su reconocimiento.
-7. La omisión por parte de los beneficiarios del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 y en el apartado 5 de este artículo será constitutiva de infracción, a tenor de lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo III del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
-Sección 2.ª Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez
-Artículo 8. Revalorización de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
-1. La revalorización de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes con otras pensiones públicas, cualquiera que sea la fecha del hecho causante, consistirá en la diferencia entre el importe de la pensión a 31 de diciembre de 2013 y la cuantía de 5.667,20 euros, en cómputo anual.
-A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, no se considerarán pensiones concurrentes las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, ni las pensiones percibidas por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación aplicable, las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, ni el subsidio de ayuda por tercera persona, a que se refiere la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
-Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se hayan totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior a 2.833.60 euros en cómputo anual.
-Esta misma garantía se aplicará en relación con los titulares de otras pensiones distintas de las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que opten por alguna de estas pensiones, siempre que en la fecha del hecho causante de la pensión que se venga percibiendo hubieran reunido todos los requisitos exigidos por dicho seguro.
-2. La revalorización establecida en el apartado anterior no tiene carácter consolidable.
-CAPÍTULO III
-Concurrencia de pensiones
-Sección 1.ª Normas comunes
-Artículo 9. Concurrencia de pensiones.
-1. A los efectos de lo establecido en este título, se entenderá que existe concurrencia de pensiones cuando un mismo beneficiario tenga reconocida o se le reconozca más de una pensión a cargo de alguna de las siguientes entidades y organismos:
-a) Las abonadas por el Régimen de Clases Pasivas del Estado y, en general, las abonadas con cargo a créditos de la Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado.
-b) Las abonadas por el Régimen General y los regímenes especiales de la Seguridad Social, las de la modalidad no contributiva de la Seguridad Social, las prestaciones económicas por ancianidad e incapacidad a favor de los españoles residentes en el exterior y las pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de origen retornados.
-c) Las abonadas por los Fondos Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial o por las propias mutualidades citadas, así como las abonadas por el Fondo Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
-d) Las abonadas por los sistemas o regímenes de previsión de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales y por los propios entes.
-e) Las abonadas por las mutualidades, montepíos o entidades de previsión social que se financien en todo o en parte con recursos públicos.
-f) Las abonadas por empresas o sociedades con participación mayoritaria, directa o indirecta, en su capital del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales o de los organismos autónomos de uno y otras, bien directamente o mediante la suscripción de la correspondiente póliza de seguro con una institución distinta, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de ésta o bien por las mutualidades o entidades de previsión de aquéllas, en las que las aportaciones directas de los causantes de la pensión se complementen con recursos públicos, incluidos los de la propia empresa o sociedad.
-g) Las abonadas por la Administración del Estado o por las comunidades autónomas en virtud de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo, así como los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, a los que se refiere la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
-h) Cualesquiera otras no enumeradas en los párrafos anteriores, que se abonen total o parcialmente con cargo a recursos públicos.
-2. No obstante, como excepción a lo previsto en el apartado anterior, no tendrán la consideración de pensiones públicas, ni, por tanto, se computarán a efectos de la limitación del señalamiento inicial o de la fijación de la cuantía máxima de percepción de las pensiones públicas, las abonadas a través de planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo, incluidos los formalizados por mutualidades de previsión social empresarial, promovidos por las administraciones, organismos, entidades y empresas a que se refiere la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en los términos en ella expresados.
-Sección 2.ª Revalorización aplicable a pensiones del sistema de la Seguridad Social
-Subsección 1.ª Normas generales
-Artículo 10. Revalorización de las pensiones concurrentes del sistema de la Seguridad Social.
-1. Las pensiones concurrentes del sistema de la Seguridad Social se revalorizarán aplicando a cada una de ellas lo previsto en el artículo 3.1, sin que la suma de las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, pueda ser superior a la cuantía indicada en el apartado 2 de dicho artículo.
-2. Si como consecuencia de la aplicación del importe del tope máximo a que se refiere el artículo 3.2 hubiera de minorarse la cuantía del incremento que se asigne en concepto de revalorización, el exceso que deba absorberse se distribuirá proporcionalmente entre las cuantías que hubieran correspondido a cada una de las pensiones de no existir el referido tope.
-3. Cuando concurran pensiones revalorizables y no revalorizables del sistema de la Seguridad Social, cuya suma de importes en 2013 ascendía a 2.548,12 euros mensuales, se recalcularán, desde su reconocimiento inicial, las revalorizaciones teóricas de las pensiones revalorizables para garantizar, en su caso, el límite máximo establecido en el artículo 3.2.
-Artículo 11. Revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social concurrentes con otras pensiones públicas.
-Cuando un titular tenga reconocidas una o varias pensiones del sistema de la Seguridad Social, en concurrencia con una o más pensiones de las mencionadas en el artículo 9, la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social se efectuará conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes:
-1. Si la suma de las pensiones concurrentes no alcanza el límite máximo establecido en el artículo 3.2, el importe de la revalorización de la pensión o pensiones de la Seguridad Social se determinará con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.
-No obstante, no se tendrán en cuenta, a efectos de la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, los complementos de pensión otorgados a los trabajadores, en virtud de convenio colectivo o reglamento interior, que, como consecuencia de reestructuración de plantilla o causa similar, anticipen la edad de jubilación, obteniendo la pensión con aplicación del coeficiente reductor del porcentaje de aquélla. Ello sin perjuicio de que se tengan en cuenta a efectos de la aplicación del límite máximo de 2.554,49 euros mensuales.
-Cuando la pensión ajena al sistema de la Seguridad Social, en virtud de su normativa específica, no experimentase revalorización, la pensión de la Seguridad Social se incrementará en el porcentaje señalado en el artículo 3.1.
-2. Si la suma de las pensiones públicas percibidas por el titular, una vez revalorizadas, alcanza el límite máximo señalado en el artículo 3.2, se aplicarán las reglas siguientes:
-Primera.–Cuando todas las pensiones públicas percibidas por el titular sean revalorizables, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-a) Se determinará un límite máximo anual para el importe de los pagos que deban hacerse en relación con la pensión de la Seguridad Social. Este límite consistirá en una cifra que guarde con la cuantía de 35.762,86 euros anuales íntegros la misma proporción que la pensión de la Seguridad Social guarda en relación con el conjunto de todas las pensiones concurrentes que correspondan al mismo titular.
-Dicho límite «L» se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
-siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2013 de la pensión a cargo de la Seguridad Social, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro, en términos anuales, de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular.
-b) Obtenido dicho límite, la Seguridad Social sólo abonará en concepto de revalorización de la pensión a su cargo las cantidades debidas en cuanto no excedan de aquél. En otro caso, deberá proceder a la absorción del exceso sobre dicho límite, en proporción a la cuantía de cada una de las pensiones concurrentes y a la del exceso habido en la pensión de la Seguridad Social.
-Segunda.–Cuando las pensiones ajenas al sistema de la Seguridad Social, en virtud de su normativa específica, no sean revalorizables, la pensión de la Seguridad Social se incrementará en el porcentaje señalado en el artículo 3.1 o, en su defecto, en la cantidad necesaria para que el importe conjunto de todas las pensiones percibidas por el titular, una vez revalorizadas las de la Seguridad Social, no supere el límite máximo que se señala en el artículo 3.2, aplicando, en su caso, lo previsto en el artículo 10.3.
-3. A efectos de determinar el límite establecido en el apartado 2, cuando entre las pensiones concurrentes coincidan dos o más de la Seguridad Social, se considerarán éstas como una sola pensión por la aplicación previa de lo dispuesto en el apartado anterior.
-4. Cuando la suma de las pensiones concurrentes supere la cantidad de 35.762,86 euros, en cómputo anual, las de la Seguridad Social no serán objeto de revalorización.
-5. Cuando, con ocasión de reconocimientos iniciales, haya de aplicarse el límite máximo a que se refiere este artículo, se entenderá que las pensiones concurrentes se han causado simultáneamente, cuando sea la misma la fecha de efectos económicos de las pensiones, con independencia del momento en que se dicten las resoluciones o actos de reconocimiento.
-Subsección 2.ª Complementos por mínimos
-Artículo 12. Aplicación de los complementos por mínimos en los supuestos de concurrencia de pensiones.
-1. En los supuestos de concurrencia de pensiones, la aplicación de los complementos por mínimos a que se refieren los artículos 5 a 7 se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes normas:
-a) Solamente se reconocerá complemento por mínimo si la suma de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas las de la Seguridad Social de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación, resulta inferior al mínimo que corresponda a aquella de las del sistema de la Seguridad Social que lo tenga señalado en mayor cuantía, en cómputo anual. Dicho complemento consistirá en la cantidad necesaria para alcanzar la referida cuantía mínima.
-b) El complemento que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la norma anterior se aplicará a la pensión concurrente determinante de la citada cuantía mínima.
-2. A los solos efectos de garantía de complementos por mínimos, se equipararán a ingresos o rendimientos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social.
-Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones.
-Sección 3.ª Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
-Artículo 13. Revalorización de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en concurrencia con otras pensiones.
-1. No se revalorizarán las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que concurran con cualquier otra pensión de las mencionadas en el artículo 9, excepto con las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, con la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, con el subsidio de ayuda por tercera persona a que se refiere la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y con las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.
-2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, calculada una y otra en cómputo anual, sea inferior a 5.504,80 euros, la pensión del mencionado seguro se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.
-3. Con independencia de lo establecido en los apartados precedentes, el importe de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se tomará en cuenta a los solos efectos de la suma de las pensiones concurrentes a que se refiere el artículo 10.1.
-4. En los supuestos de concurrencia de pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, el importe de aquellas pensiones será de 5.504,80 euros, en cómputo anual, sin perjuicio de la aplicación del límite establecido en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el caso de superarse dicho límite, el aludido importe se minorará en la cuantía necesaria para no superarlo.
-No obstante lo anterior, en estos supuestos de concurrencia, si los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, se aplicarán las normas generales sobre revalorización contenidas en los apartados anteriores, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al límite mencionado en el párrafo anterior.
-CAPÍTULO IV
-Pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales
-Artículo 14. Revalorización de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales.
-1. La revalorización de pensiones que hayan sido reconocidas en virtud de normas internacionales de las que estén a cargo de la Seguridad Social un tanto por ciento de su cuantía teórica se llevará a cabo aplicando dicho tanto por ciento al incremento que hubiera correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social española el cien por cien de la citada pensión.
-En el importe de la cuantía teórica a que se refiere el párrafo anterior no se considerará incluido el complemento por mínimo que, en su caso, pudiera corresponder, salvo que se disponga otra cosa en un convenio bilateral o multilateral.
-2. A la pensión prorrateada, una vez revalorizada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se le añadirá, cuando proceda en aplicación de las normas generales establecidas, el complemento por mínimos que corresponda. Dicho complemento se calculará aplicando el porcentaje tenido en cuenta en el apartado 1 a la diferencia que exista entre la cuantía que hubiese correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social española el cien por cien de la pensión y el mínimo que pueda corresponder por aplicación de las normas generales.
-3. Si, después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado anterior, la suma de los importes de las pensiones, reconocidas al amparo de un convenio bilateral o multilateral de Seguridad Social, tanto por la legislación española como por la extranjera, fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se le garantizará al beneficiario, en tanto resida en territorio nacional, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, española y extranjera, y el referido importe mínimo de acuerdo con las normas generales establecidas para su concesión.
-Para la aplicación de este apartado 3 y del artículo 50 del Reglamento (CEE) n.º 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y del artículo 58 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social, las cuantías fijas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez tendrán la consideración de importes mínimos.
-4. A efectos de lo establecido en los artículos 5 a 7, las prestaciones percibidas con cargo a una entidad extranjera serán consideradas ingresos o rendimientos de trabajo, salvo para la aplicación del apartado 3 de este mismo artículo o que en un convenio bilateral o multilateral se disponga otra cosa.
-5. Para proceder al cálculo del complemento que, en su caso, haya que reconocer al beneficiario, el importe de la pensión extranjera se considerará en euros. El tipo de cambio que se aplicará será el establecido para el 1 de enero de 2014 o para la fecha que corresponda en función de aquella en que se cause el derecho al citado complemento durante 2014. La fijación de dicho cambio se hará de acuerdo con las disposiciones dictadas para la aplicación de los reglamentos comunitarios y de los convenios bilaterales o multilaterales.
-CAPÍTULO V
-Normas de aplicación
-Sección 1.ª Financiación
-Artículo 15. Financiación de la revalorización de las pensiones.
-1. La revalorización de las pensiones establecida en este título se financiará con cargo a los recursos generales del sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con las dotaciones presupuestarias correspondientes.
-2. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social participarán en el coste de la revalorización, incluidos los complementos por mínimos, de las pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante las aportaciones que fije el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y normas concordantes.
-Sección 2.ª Gestión
-Artículo 16. Reconocimiento del derecho a la revalorización.
-El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, procederán de oficio al reconocimiento del derecho a la revalorización establecida en los artículos anteriores.
-Las entidades y organismos gestores a que se refiere el artículo 9 vendrán obligados a facilitar cuantos datos se consideren precisos para poder efectuar la revalorización y, en especial, deberán especificar si las prestaciones por ellos otorgadas son o no revalorizables, de acuerdo con la normativa aplicable a éstas, o si están constituidas por los complementos a que se refiere el artículo 11.1, párrafo segundo, así como el número de pagas con que se percibe la pensión.
-TÍTULO II
-Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva
-Artículo 17. Revalorización de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
-1. Para el año 2014, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, queda fijada en 5.122,60 euros íntegros anuales.
-2. Para el año 2014, tendrá un importe de 525 euros anuales el complemento de pensión establecido en favor del pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, solo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos.
-El reconocimiento de este complemento se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en los términos fijados en el artículo 46.Dos de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
-Disposición adicional primera. Revalorización de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
-Para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social por incapacidad permanente o muerte y supervivencia, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-a) El importe anual de la pensión se dividirá por 14, y el cociente resultante se considerará como importe mensual de la pensión, a efectos de aplicar la revalorización general a que se refiere el artículo 3.
-b) Para la determinación de los complementos por mínimos establecidos en los artículos 5 a 7, se procederá en la misma forma indicada en el párrafo precedente, si bien partiendo de la pensión ya revalorizada conforme dispone el mismo. Cuando el cociente obtenido fuese inferior a la cuantía mínima establecida para las pensiones de su clase, la diferencia constituirá el complemento por mínimo.
-c) El aumento que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) y, en su caso, en el b) de esta disposición se incrementará al importe de cada mensualidad de la pensión, salvo las correspondientes a junio y noviembre, en las que dicho incremento será doble.
-Disposición adicional segunda. Aplicación de los complementos por mínimos en supuestos especiales.
-1. Los complementos por mínimos establecidos en los artículos 5 a 7 serán también de aplicación a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2014.
-2. Las cuantías fijas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, a que se refiere el artículo 8, son igualmente aplicables, de acuerdo con lo establecido en él, a las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2014.
-3. Los pensionistas que, el 31 de diciembre de 2013, fueran menores de 60 o 65 años de edad pasarán a percibir, en su caso, las cuantías establecidas, para los que tengan cumplida dicha edad, en los artículos mencionados en los apartados anteriores, a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que cumplan los 60 o 65 años, respectivamente.
-4. En aquellos regímenes del sistema de la Seguridad Social que tengan previstos coeficientes reductores de la edad de jubilación, en función de la actividad realizada, la edad de 65 años, a efectos de determinación del derecho a los complementos por mínimos previstos en este real decreto, se entenderá cumplida cuando por aplicación de dichos coeficientes resulte una edad igual o superior a la de 65 años, siempre que los beneficiarios cumplan los demás requisitos exigidos.
-Disposición adicional tercera. Revalorización de las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.
-Las pensiones extraordinarias de la Seguridad Social originadas por actos de terrorismo, previstas en el Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión en el sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, serán revalorizadas en los mismos términos y condiciones que los previstos en el capítulo II del título I de este real decreto, no estando sujetas, en ningún caso y de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, a los límites previstos con carácter general. Asimismo, tampoco se computarán los importes de dichas pensiones, a los efectos de la aplicación de los mencionados límites en los supuestos de concurrencia, en un mismo titular, de otras pensiones públicas.
-Disposición adicional cuarta. Rectificación de los actos de revalorización.
-Los actos de las entidades u organismos a quienes corresponda el reconocimiento de la revalorización de pensión, que hayan sido dictados en aplicación de este real decreto, podrán ser rectificados de oficio en los casos de errores materiales o de hecho o cuando se constaten omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, siguiendo a tal efecto los procedimientos y con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico.
-Disposición adicional quinta. Prestaciones familiares de la Seguridad Social.
-Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, a partir de 1 de enero de dicho ejercicio económico la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en la sección segunda del capítulo IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán los siguientes:
-1. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 182 bis.1 será en cómputo anual de 291 euros.
-2. Las cuantías de las asignaciones establecidas en el artículo 182 bis.2 para los casos en que el hijo o menor acogido a cargo tenga la condición de persona con discapacidad, serán:
-a) 1.000 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
-b) 4.390,80 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
-c) 6.586,80 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
-3. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 186.1, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad, será de 1.000 euros.
-4. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 182.1.c), quedan fijados en 11.519,16 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 17.337,05 euros, incrementándose en 2.808,12 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
-Disposición adicional sexta. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
-A partir del 1 de enero de 2014, el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, al que se refiere el artículo 8.1.b) del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, queda fijado en 62,90 euros mes.
-Disposición final primera. Título competencial.
-Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
-Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
-Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos, respecto a la revalorización de las pensiones, así como de los importes de las asignaciones económicas por hijo a cargo y del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, desde el día 1 de enero de 2014.
-Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2013.
-JUAN CARLOS R.
-La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
-FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
-ANEXO
-Sistema de la Seguridad Social
-Cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2014
-Clase de pensión
-Titulares
-Con cónyuge a cargo
-–
-Euros/año
-Sin cónyuge: unidad económica unipersonal
-–
-Euros/año
-Con cónyuge no a cargo
-–
-Euros/año
-Jubilación
-   
-   
-   
-Titular con sesenta y cinco años
-10.932,60
-8.860,60
-8.404,20
-Titular menor de sesenta y cinco años
-10.246,60
-8.288,00
-7.831,60
-Titular con 65 años procedente de gran invalidez
-16.399,60
-13.291,60
-12.607,00
-Incapacidad permanente
-   
-   
-   
-Gran invalidez
-16.399,60
-13.291,60
-12.607,00
-Absoluta
-10.932,60
-8.860,60
-8.404,20
-Total: Titular con sesenta y cinco años
-10.932,60
-8.860,60
-8.404,20
-Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
-10.246,60
-8.288,00
-7.831,60
-Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años
-5.510,40
-5.510,40
-4.969,86
-Parcial del régimen de accidentes de trabajo:
-   
-   
-   
-Titular con sesenta y cinco años
-10.932,60
-8.860,60
-8.404,20
-Viudedad
-   
-   
-   
-Titular con cargas familiares
-   
-10.246,60
-   
-Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
-   
-8.860,60
-   
-Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
-   
-8.288,00
-   
-Titular con menos de sesenta años
-   
-6.707,40
-   
-Clase de pensión
-Euros/año
-Orfandad
-   
-Por beneficiario
-2.706,20
-Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
-5.325.60
-En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.707,40 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.
-   
-En favor de familiares
-   
-Por beneficiario
-2.706,20
-Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
-   
-Un solo beneficiario con sesenta y cinco años
-6.542,20
-Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años
-6.161,40
-Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.001,20 euros/año entre el número de beneficiarios.","Leve revalorarización del importe de las pensiones, así como las ayudas al alquiler.",+ pensiones&gt; no contributivas: 5.000 E/año. Ayuda para pagar alquiler: 512 euros/AÑO. En 2013 eran 525.  #BOE #ayudaca
-2692,"Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
-Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación (15/21), de un puesto de trabajo de Vocal de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, con arreglo a las siguientes bases:
-Primera.
-La Vocalía podrá ser solicitada por funcionarios de carrera, incluidos en el ámbito de la aplicación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pertenecientes al subgrupo A1 del artículo 76 de dicho texto refundido, y con, al menos, diez años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública.
-Estos podrán solicitar el puesto que se incluye en el anexo I.
-Segunda.
-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sra. Subsecretaria de Hacienda y Función Pública (Subdirección General de Recursos Humanos, calle Alcalá, 9, cuarta planta, 28071 Madrid), en el anexo II en el que se alegarán los méritos que se consideren oportunos.
-Tercera.
-Además de los datos personales y número de Registro de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando y el nivel del mismo.
-Cuarta.
-El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, y se presentarán en los Registros y oficinas previstos a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Quinta.
-El nombramiento derivado de la presente convocatoria, cuya resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización de la presentación de solicitudes; dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
-El plazo para tomar posesión en el nuevo puesto de trabajo será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
-El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese o al del cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda.
-Sexta.
-Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.
-Séptima.
-Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que la dicta, o, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domicilio del interesado, a elección del mismo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
-Madrid, 8 de octubre de 2021.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque Sosa.
-ANEXO I
-Plaza BOE
-Denominación del puesto
-Nivel
-Complemento especifico
-Localidad
-ADM
-Grupo
-Méritos a valorar
-Observaciones
- 
-Subsecretaría de Hacienda y Función Pública
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-División de Asuntos Generales
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-1
-Vocal.
-Código de Puesto: 5446342.
-30
-34.643,42
-Madrid.
-A4
-A1
-Experiencia en gestión y coordinación de asuntos generales o gerencia en Administraciones Públicas, en particular, en las siguientes áreas: presupuestos, contratación, personal, medios materiales y sistemas informáticos. Conocimiento y experiencia en análisis de información y de bases de datos para la elaboración de informes.
- 
-ANEXO II","Convocatoria de plaza de Vocal de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, y las bases de la misma.","La OIRESCON es el organismo que debe vigilar la contratación pública. Interesa poco, claro, y por eso tiene pocos recursos e independencia. Hoy, en el #BOE, la renuncia de una de sus vocales ( y la convocatoria para cubrir la plaza: "
-3803,"Contar con información económico-financiera coordinada, ordenada y clara, elaborada con unos criterios homogéneos y referida a las distintas Administraciones Públicas, resulta fundamental para cumplir con el principio de transparencia en la información pública. Para atender esta necesidad, se considera clave crear una Central de Información económico-financiera que simplifique el acceso a la información pública y la forma de ofrecerla.
-Los antecedentes de este instrumento se encuentran en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que estableció la creación de una Central de Información, dependiente del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de proveer con carácter público de información relativa al endeudamiento de las comunidades autónomas y sus entes dependientes. Sin embargo, esta Central no llegó a ponerse en funcionamiento y desde entonces se han ido incrementando las obligaciones de transparencia, al publicarse cada vez más información económica de las distintas Administraciones, lo que ha acrecentado el problema de la dispersión.
-El artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, disponiendo que dicha Central se nutrirá con la información que remitan las Administraciones Públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como por la información que provea el Banco de España en relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas y corporaciones locales.
-Asimismo, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece el principio de transparencia, disponiendo la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.
-Este principio se completa a su vez con lo dispuesto en el artículo 27 de la citada ley orgánica al establecer, entre otros aspectos, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias.
-Por otra parte, el 21 de junio de 2013 fue elevado al Consejo de Ministros el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en el que se incluyó como propuesta la creación y puesta en funcionamiento por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una Central de Información de carácter económico-financiero de las Administraciones Públicas.
-Esta Central facilitará la información que es pública en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, www.minhap.gob.es, y se alimentará de los contenidos que aportarán los centros directivos, que serán los responsables de los datos que generan, de su custodia y archivo. Para ello, se llevará a cabo la homogeneización de los criterios de publicación de la información y se establecerá un sistema de gobernanza que permita el mantenimiento permanentemente actualizado y completo de los contenidos de la Central.
-La creación y puesta en marcha de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas supondrá una reducción de los tiempos de búsqueda de la información, mejorará la cantidad y calidad de la información económica, presupuestaria, financiera y estadística que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aumentará la interoperabilidad y reutilización de la misma y evitará la duplicidad y dispersión de las publicaciones. En particular, siempre que sea posible, no existirá duplicidad en el almacenamiento de los datos que corresponderá al centro o entidad fuente de los datos. Todo ello generará mayor transparencia y confianza en la información económico-financiera del sector público.
-Desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y ante las nuevas exigencias en materia de obligaciones de información y transparencia establecidas en la normativa europea, se ha ido aprobando numerosa normativa de desarrollo en el ámbito presupuestario, tributario, y financiero que regula las obligaciones de información, especificando quiénes deben remitir la información, qué información, con qué periodicidad y por qué medio, así como qué información debe publicarse. De entre estas normas destaca la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que, en desarrollo de los artículos 27.4 y 28.5 de la citada ley orgánica, ha concretado las obligaciones periódicas y no periódicas de remisión de información de las diferentes Administraciones autonómicas y locales, y designa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como responsable de especificar los modelos y formatos de remisión de información y de su publicación en su portal web.
-Por otra parte, a través de este real decreto se profundiza en el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, su artículo 28, al desarrollar las obligaciones de suministro de información del Banco de España y los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus entidades u organismos vinculados o dependientes.
-Para culminar el cumplimiento de lo previsto sobre esta materia en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y el mandato establecido en el artículo 28, se dicta este real decreto que, se compone de 12 artículos, estructurados en dos capítulos y dos disposiciones finales, y que tiene por fin la creación y puesta en funcionamiento de la Central de Información a la que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cuyo mandato se entenderá cumplido con la entrada en vigor de este real decreto, así como el establecimiento de las obligaciones de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por parte del Banco de España y las entidades financieras.
-El capítulo I, Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, crea la Central y regula los sujetos obligados al suministro de información, su adscripción, funcionamiento, contenido, los medios y periodicidad de la remisión de la información así como las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de suministro de información. De este modo, la Central permitirá sistematizar y coordinar la información económico-financiera referida a las diferentes Administraciones Públicas que ya se publica de acuerdo con su normativa especial aplicable.
-En efecto, son las diferentes normas reglamentarias especiales, por razón de la materia, las que han ido concretando las obligaciones de información y publicación de la información económico-financiera referida a todas las Administraciones Públicas. Este real decreto no afecta a esa regulación, sino que en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, crea una Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas que permite presentar la información pública de forma coordinada y sistematizada para evitar duplicidades e ineficiencias. Ello permitirá avanzar en la sindicación de contenidos, cuando por la calidad de los datos o de los gestores de contenidos ello sea posible, o publicación directa de datos a través de la Central, que irá evolucionando a medida que los medios técnicos le permitan ir desarrollando nuevas potencialidades tecnológicas al servicio de sus funciones.
-De este modo, el presente real decreto no incrementa las obligaciones de suministro de información o publicación de las comunidades autónomas o entidades locales, que seguirán remitiendo la información a la que están ya obligadas con la misma periodicidad y a través de los mismos canales que establece la normativa vigente. Por el contrario, este real decreto, lejos de ser una carga para estas Administraciones, les facilitará el poder consultar de manera ordenada y a través de un único punto toda la información económico-financiera de carácter público que les afecta directamente.
-El capítulo II de remisión de información por el Banco de España y de las entidades financieras, regula la información que deben remitir el Banco de España, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la periodicidad y medios para su remisión, así como las consecuencias asociadas a su incumplimiento.
-En la tramitación de este real decreto se ha solicitado informe de la Comisión nacional de Administración Local y del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
-Este real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación legal contenida en el artículo 28 y en la disposición final segunda, apartado primero de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
-En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2014,
-DISPONGO:
-CAPÍTULO I
-Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas
-Artículo 1. Creación de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
-1. Se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, a la que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a través de la cual se proveerá con carácter público de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
-2. La gestión de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas será competencia del órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se establezca en su real decreto de estructura orgánica.
-3. En aplicación del principio de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la información económico-financiera que deba ser pública, porque así lo prevea la normativa económico-financiera que resulte aplicable, se publicará en la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que la publicidad en la mencionada Central se efectúe mediante procedimientos de sindicación de contenidos con otros sitios web y de la difusión institucional que pueda corresponder a cada órgano, organismo o entidad.
-4. La publicación de información a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas se hará respetando el principio de transparencia al que se refieren los artículos 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, identificando la fuente que ha elaborado los datos y sin que haya duplicidades con los datos que obren en los centros que los elaboran, administran, archivan y custodian.
-Artículo 2. Funciones.
-El órgano competente para gestionar la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas tendrá las siguientes funciones:
-a) Proveer públicamente la información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, su normativa de desarrollo, la normativa de la Unión Europea y el resto de la normativa económico-financiera que resulte aplicable.
-b) Establecer criterios homogéneos de suministro y publicación de la información procedente de los sujetos comprendidos en el artículo 5 y aplicar un sistema de gobernanza que permita la gestión y el mantenimiento permanentemente actualizado y completo de los contenidos que se proporcionen desde la Central, para lo que podrá acceder a la información que resulte necesaria.
-c) Coordinar el suministro de la información económico-financiera de las diferentes Administraciones Públicas que deba publicarse a través de la Central, procedente de los sujetos previstos en el artículo 5.
-d) Coordinar, hacer seguimiento y publicar el calendario mensual de publicación de datos indicando los centros directivos responsables que los elaboran, de conformidad con lo previsto en la normativa económico-financiera que resulte de aplicación, respetando los plazos en los procesos de elaboración de los mismos.
-Artículo 3. Información que se publicará a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
-Se publicará a través de la Central la Información económico-financiera de las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su normativa reguladora, deba ser pública, atendiendo a los términos y periodicidad prevista en dicha normativa. Entre esta información estará la siguiente:
-a) La información que debe publicarse de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y el resto de la normativa de desarrollo de la mencionada ley orgánica.
-b) Las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que se basen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
-c) La información relativa a los ingresos de todas las Administraciones Públicas y los datos de ejecución presupuestaria, incluidos los datos que tengan carácter público relativos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
-d) Información relativa a la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado.
-e) Información relativa al endeudamiento del Estado, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
-f) Información relativa al período medio de pago de las Administraciones Públicas.
-g) Información sobre el coste efectivo de los servicios de las Entidades Locales.
-h) El acceso mediante enlace sindicado al Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, que publique la Intervención General del Estado.
-i) La información relativa a los Fondos Europeos concedidos por las diferentes Administraciones Públicas y sus entidades u organismos dependientes o vinculados.
-j) El acceso mediante enlace sindicado a la información relativa a pensiones y afiliaciones a la seguridad social procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
-k) El resto de información económico-financiera relativa a cualquiera de las Administraciones Públicas, sus entidades u organismos vinculados o dependientes.
-Artículo 4. Publicidad.
-A través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas se publicará la información a la que se refiere el artículo 3, en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la normativa especial reguladora de la materia haya previsto su publicidad y con la periodicidad indicada en la mencionada normativa.
-Artículo 5. Sujetos obligados al suministro de la información.
-1. Están obligados al suministro de la información al responsable de la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, a través de la propia Central:
-a) Los centros directivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responsables de la información, así como sus entidades u organismos dependientes o vinculados.
-b) Los centros directivos del resto de Departamentos Ministeriales en los que se estructura la Administración General del Estado, así como sus entidades u organismos dependientes o vinculados.
-2. Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior estarán obligados a proporcionar, de oficio, a la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, con carácter periódico e individual, los datos e información necesaria o la actualización de la sindicación de contenidos u otros procedimientos técnicos de interoperabilidad que eviten la duplicidad en el archivo de la información que corresponde al centro o entidad fuente de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto. Asimismo, deberán atender los requerimientos de información que a estos efectos les formule el responsable de la mencionada Central.
-3. El cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas no exime a los sujetos mencionados en el apartado primero de este artículo de sus obligaciones y responsabilidad respecto al contenido de la información suministrada, su archivo y custodia.
-Artículo 6. Periodicidad y medios de suministro de la información.
-1. El cumplimiento de las obligaciones de suministro de información a las que se refiere el capítulo I de este real decreto se efectuará por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto. En aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo considere necesario, se efectuará mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de los regulados en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
-2. La disponibilidad, el envío y captura de la información prevista en el capítulo I de este real decreto se podrá realizar, mediante procedimientos de sindicación de contenidos con otros sitios web cuando la calidad de la información o de los gestores de contenidos así lo permita o bien, a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto que serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
-3. La información prevista en el capítulo I de este real decreto se suministrará al responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas con una periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual u otra, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la normativa económico-financiera que resulte aplicable de acuerdo con naturaleza de la información.
-Artículo 7. Incumplimiento de la obligación de suministro de información.
-1. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno u otra normativa de aplicación, el incumplimiento de las obligaciones de suministro de información recogidas en capítulo I de este real decreto, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío, dará lugar a que el responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas formule un requerimiento de cumplimiento que notificará tanto al sujeto incumplidor de su obligación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, como al titular del Ministerio del que dependa.
-2. El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, ni inferior a diez, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros.
-Artículo 8. Acceso a la información ubicada en la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
-Con independencia de que la información obrante en la Central de información sea pública para general conocimiento, el responsable de la Central pondrá a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, en los ámbitos que les afecten, la información que estos le soliciten expresamente. Para ello, el responsable de la central podrá canalizar estas peticiones de información económico-financiera que reciba a los centros directivos que correspondan para que den respuesta en el plazo de 10 días.
-Artículo 9. Conservación de los datos.
-1. El responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, o en el caso de sindicación de contenidos el centro directivo o entidad responsable de la información, asumirá el archivo y custodia de la información obrante en la mencionada Central de información.
-2. Los datos e información publicados a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas se conservarán, al menos, durante diez años contados desde la fecha a la que se refieran. No obstante, podrán conservarse indefinidamente aquellos datos e información con un fin histórico, estadístico o científico.
-CAPÍTULO II
-Remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras
-Artículo 10. Remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras.
-1. El Banco de España remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información suministrada por los bancos, cajas de ahorro y las demás entidades financieras a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, relativa a las operaciones de crédito concertadas por las Administraciones Públicas con esas entidades financieras, incluidos los avales, reavales o cualquier otra clase de garantías otorgadas en el marco de estas operaciones de crédito. Asimismo, deberá remitir al órgano competente, por razón de la materia, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la información relativa a las operaciones de crédito que hayan concertado cada una de las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes con los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como su posición deudora, u otros datos concretos relativos a su endeudamiento o determinadas operaciones de crédito.
-2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar a los bancos, cajas de ahorro y a las demás entidades financieras otra información relativa a las operaciones de crédito e información sobre avales, reavales o cualquier otra clase de garantías concertadas con las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos dependientes, diferente a la suministrada a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, cuando esta sea insuficiente o fuera necesario conocer información más detallada sobre determinadas operaciones de crédito.
-Artículo 11. Periodicidad y medios de remisión de la información.
-1. El cumplimiento de las obligaciones de suministro de información a las que se refiere el artículo anterior se efectuará por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, previa consulta al Banco de España. En aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo considere necesario, el envío se efectuará mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de los regulados en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
-2. El Banco de España suministrará antes del día 30 de cada mes la información referida a cada una de las Administraciones Públicas, Estado, cada Comunidad Autónoma y cada Entidad Local relativa al mes inmediatamente anterior.
-El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá formular, en cualquier momento, requerimientos de información a los sujetos previstos en el artículo 10 para obtener los datos con mayor frecuencia u obtener otros datos más concretos cuando la información remitida no resultara suficiente, fuera necesario actualizarla o conocer información más detallada sobre determinadas operaciones de crédito.
-Artículo 12. Incumplimiento de la obligación de suministro de información.
-1. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, u otra normativa de aplicación, el incumplimiento de las obligaciones de suministro de información recogidas en el capítulo II este real decreto, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío, dará lugar a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formule un requerimiento de cumplimiento que notificará al sujeto incumplidor de su obligación.
-2. El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y:
-a) Si el sujeto incumplidor es un banco, caja de ahorro u otra entidad financiera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo comunicará al Banco de España.
-b) Si el sujeto incumplidor es el Banco de España el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros.
-Disposición final primera. Habilitación normativa.
-Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
-Disposición final segunda. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 25 de julio de 2014.
-FELIPE R.
-El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
-CRISTÓBAL MONTORO ROMERO","Crean la Central información económica financiera para las administraciones públicas. Si lo incumple un Banco, será comunicado al Banco de España, si lo incumple el Banco de España será informado el consejo de ministros.",Crean Central info económica financiera admin públicas  Sanciones por no publicar info: aviso a tu superior. Y ya #BOE
-2966,"La Ley del Gobierno atribuye a su Presidente la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros. En particular, corresponde al Presidente del Gobierno determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
-La necesidad de promover la coherencia y eficacia en materia de política exterior determinó la creación del Consejo de Política Exterior, como órgano de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en el ejercicio de su función de dirección y coordinación de la acción del Gobierno en dicho ámbito, coadyuvando en el establecimiento y la elaboración de directrices y estrategias para la consecución de los objetivos de política exterior acordados en dicho Consejo.
-El considerable incremento de los sujetos, públicos y privados, que desarrollan actividad en el exterior y la variedad de las actuaciones que por ellos se realizan, ponen de manifiesto la necesidad de articular la planificación y gestión coordinada de su ejecución para optimizar los esfuerzos de todos con una doble finalidad. En primer lugar, mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país. Y, en segundo lugar, promover la actuación coordinada de cuantas instituciones y entidades resultan comprometidas con iniciativas que coadyuven a la mejora de los resultados y al logro de contribuciones medibles para los intereses de España en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico.
-Para alcanzar dichos objetivos, se crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España como órgano que asume la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones de las Administraciones Públicas, de los organismos públicos de ellas dependientes y de cuantas entidades públicas y privadas protagonizan y están implicadas en la promoción de la imagen exterior de España, en el marco de las directrices y estrategias fijadas por el Consejo de Política Exterior.
-En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
-DISPONGO:
-Artículo 1. Creación del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.
-Se crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España al que corresponde proponer al Gobierno las medidas para la mejora de la imagen exterior de España, así como la planificación, y el impulso, coordinación y seguimiento de la acción exterior española, pública y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico, encaminada a la promoción de dicha imagen, sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas en este ámbito los distintos departamentos ministeriales.
-Artículo 2. Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.
-El Alto Comisionado será nombrado y cesado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
-El Alto Comisionado tiene rango de Secretario de Estado, a los efectos de representación y protocolo, y sus funciones no son retribuidas. Tendrá derecho a indemnización por los gastos de viaje, estancias y traslados que le origine el desempeño de sus funciones, de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
-Artículo 3. Dependencia.
-El Alto Comisionado del Gobierno depende funcionalmente del Presidente del Gobierno, a través del Consejo de Política Exterior, y orgánicamente del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-Artículo 4. Fines del Alto Comisionado.
-El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España tiene como fines:
-a) Promover medidas para mejorar la imagen exterior de España y, a tal efecto, recibir, elaborar y transmitir cuantos datos e información resulten necesarios o convenientes.
-b) Desarrollar una herramienta de información periódica para conocer y medir la percepción sobre España, y construir un sistema de indicadores objetivos, por datos de medición externa, que permitan su seguimiento.
-c) Impulsar la planificación de la acción exterior de los órganos de las Administraciones Públicas y organismos de ellas dependientes, a través de los planes anuales de actuación exterior, y coordinar y hacer el seguimiento de su ejecución.
-d) Promover la participación en la planificación y ejecución de la acción exterior de cuantos organismos públicos y entidades públicas y privadas gestionen actividades de promoción internacional, valorar y, en su caso, apoyar, sus iniciativas, e impulsar acciones conjuntas de colaboración público-privada en dicho ámbito.
-Artículo 5. Competencias.
-Corresponde al Alto Comisionado del Gobierno, en el marco de las directrices y estrategias fijadas por el Consejo de Política Exterior:
-a) La propuesta al Gobierno de los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca España, que se elaborarán con las aportaciones que realicen los departamentos ministeriales y sus organismos públicos con competencias en este ámbito.
-b) El impulso, coordinación y seguimiento de la ejecución del plan anual.
-c) La coordinación de todas las administraciones, órganos, organismos y entidades concernidas y participantes en la ejecución de las actuaciones para la promoción de la imagen exterior de España.
-d) La celebración y formalización de los convenios de colaboración que se requieran para la ejecución de sus competencias.
-e) La elevación de informes periódicos al Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
-f) La convocatoria y presidencia de las reuniones de los grupos de trabajo que puedan constituirse para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias.
-g) La canalización y el estudio de las iniciativas que formulen los órganos de la Administración General del Estado, los organismos públicos de ella dependientes, así como cualesquiera entidades, organizaciones sectoriales y asociaciones o fundaciones públicas o privadas.
-h) Todas las demás funciones relacionadas directa o indirectamente con las anteriores que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y cuantas otras le encomiende el Presidente del Gobierno.
-Artículo 6. Oficina del Alto Comisionado del Gobierno.
-El Alto Comisionado del Gobierno estará asistido para el desempeño de sus funciones por una oficina que contará con el necesario apoyo administrativo y material de todos los órganos de los distintos Departamentos ministeriales, en particular, de las Direcciones Generales de Relaciones Económicas Internacionales, Medios y Diplomacia Pública, y Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
-El Director de la Oficina será nombrado y cesado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Tiene rango de Director General, a los efectos de representación y protocolo, y sus funciones no son retribuidas. Tendrá derecho a indemnización por los gastos de viaje, estancias y traslados que le origine el desempeño de sus funciones, de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
-La Oficina ejercerá las funciones propias de los gabinetes a que se refiere el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
-Artículo 7. Grupos de trabajo.
-El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España acordará la constitución de grupos de trabajo para la asistencia técnica en el desempeño de sus funciones, que podrán tener o no carácter permanente.
-En dichos grupos de trabajo se integrarán, en todo caso, un representante de cada uno de los departamentos ministeriales y organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado competentes en función de los asuntos a tratar.
-El Alto Comisionado del Gobierno podrá invitar a participar en las reuniones del grupo de trabajo a representantes de cuantas Administraciones públicas, organismos y entidades públicas o privadas considere conveniente en atención a los asuntos que se vayan a abordar.
-Disposición final primera No incremento de gasto.
-La creación del Alto Comisionado del Gobierno, de su Oficina y del Director de esta, no supone incremento del gasto público, y los gastos derivados de su funcionamiento se imputarán al presupuesto de gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
-Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de Creación del Consejo de Política Exterior.
-Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción:
-«1. Son miembros permanentes el Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Defensa, del Interior, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y de Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Economía y Competitividad.
-Asimismo, será miembro del Consejo de Política Exterior el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que participará en sus reuniones únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a su ámbito competencial.»
-Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 5 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, con la siguiente redacción:
-«3. Asimismo, será miembro del Consejo Ejecutivo el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que participará en sus reuniones únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a su ámbito competencial.»
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
-El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Dado en Madrid, el 28 de junio de 2012.
-JUAN CARLOS R.
-El Presidente del Gobierno,
-MARIANO RAJOY BREY","Decreto que dice que la creación del Alto Comisionado del Gobierno, de su Oficina y del Director de esta, no supone incremento del gasto público.",@agaitaarino @hugomabarca @MarcaEspana El decreto que lo crea dice que no supone gasto extra.  (sigo)
-1333,"El artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señala que la Ley que apruebe los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público regulará la creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del mismo, en el que necesariamente estarán representadas las Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda (hoy de Hacienda y Administraciones Públicas), siendo necesario el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda para la emisión de las citadas certificaciones.
-La disposición adicional sexagésima octava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, otorga al «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015» la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
-El apartado tres de dicha disposición adicional señala que «La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002», añadiendo, en el apartado cuatro de aquélla, que «el desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002».
-Por otra parte, la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 se refiere también tanto al plazo de duración del programa, como a los beneficios fiscales a aplicar. Así, en su apartado dos establece que la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 y, en su apartado cinco, que los beneficios fiscales serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002.
-La aplicación de los beneficios fiscales se regirá por la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y por el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.
-Además de la obligada representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formarán parte del órgano que por esta Orden se crea, dos representantes del Consejo Superior de Deportes y un representante de la Real Federación Andaluza de Fútbol.
-La presente Orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
-En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo,
-Artículo 1. Objeto y finalidad.
-En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional sexagésima octava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y de conformidad con el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se crea un órgano colegiado interministerial gestor del acontecimiento de excepcional interés público «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015», como el órgano encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público. En particular, será el órgano encargado de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa y del desarrollo y concreción de los objetivos, planes y programas de actividades específicas aplicables a la celebración del «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015».
-Artículo 2. Integración administrativa y financiación.
-1. El funcionamiento del órgano colegiado, que se integrará en el Consejo Superior de Deportes, se adecuará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-2. El órgano creado no conlleva incremento del gasto público ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones.
-Artículo 3. Composición.
-1. Formarán parte del órgano colegiado cuatro miembros:
-– Uno en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, designado por la Subsecretaria de ese Ministerio.
-– Dos en representación del Consejo Superior de Deportes, siendo uno de ellos la Directora General de Deportes y otro una persona designada por el Presidente del Consejo Superior de Deportes.
-– Un representante de la Real Federación Andaluza de Fútbol, nombrado por su Presidente.
-2. Será Presidenta del órgano colegiado la Directora General de Deportes.
-3. Será Secretario del órgano, con voz y sin voto, una persona nombrada por el Presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol.
-4. Los suplentes de los miembros del órgano colegiado en casos de ausencia, vacante o enfermedad, se designarán por el mismo órgano que nombra a los representantes titulares.
-Artículo 4. Funcionamiento.
-El régimen de adopción de acuerdos del órgano colegiado será por mayoría de votos, con las siguientes particularidades:
-a) La emisión de las certificaciones a que hace referencia el artículo 27.2 b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, requerirá el voto favorable del representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
-b) La aprobación del programa de desarrollo y concreción de los objetivos, planes y actividades específicas aplicables a la celebración del «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015» requerirá el voto favorable de los representantes del Consejo Superior de Deportes.
-Artículo 5. Procedimiento para la obtención de certificaciones.
-1. Para la obtención de las certificaciones a las que hace referencia el artículo 27.2 b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida al órgano colegiado, en los modelos que se facilitarán.
-2. La solicitud podrá presentarse en la forma y lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y se dirigirá al Consejo Superior de Deportes, avenida Martín Fierro, 5 (28040 de Madrid), así mismo, podrá presentarse por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en la sede electrónica del Consejo Superior de Deportes accesible en la dirección electrónica https://sede.csd.gob.es. Una vez tengan lugar su entrada en el Consejo Superior de Deportes, las solicitudes serán remitidas a la Secretaría del órgano.
-3. El plazo para la presentación de las solicitudes de expedición de certificaciones terminará 15 días después de la finalización del acontecimiento.
-4. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones por parte del órgano colegiado será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.
-El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la presentación de la documentación requerida.
-5. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que el interesado haya recibido requerimiento o notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá cumplido el requisito de la certificación, pudiendo el interesado solicitar de la Administración Tributaria el reconocimiento previo del beneficio fiscal aportando una copia sellada de la solicitud.
-6. La certificación, o la resolución que la deniegue, será emitida por el órgano colegiado, agotará la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
-Artículo 6. Real Federación Andaluza de Fútbol.
-1. La Real Federación Andaluza de Fútbol se encargará de la preparación del programa de actividades y actuaciones que se deriven de la ejecución del «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015», que será aprobado por el órgano colegiado, y de la realización material de los actos y actividades que se deriven de la ejecución de dicho programa, asumiendo la condición de destinatario de las donaciones que se realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público y asumiendo asimismo las eventuales pérdidas que, de su liquidación se pudieran derivar, no correspondiendo obligación alguna de este carácter a las Administraciones Públicas.
-2. La Real Federación Andaluza de Fútbol será la titular del derecho de propiedad sobre los signos distintivos denominativos, gráficos o mixtos que identifiquen a este acontecimiento de excepcional interés público. El órgano colegiado establecerá un manual de aplicación de marca para su empleo en el campo publicitario por parte de terceros a los que se confiera el derecho de uso con la finalidad de promover y divulgar el acontecimiento.
-3. En las actuaciones realizadas por la Real Federación Andaluza de Fútbol en las que se lleve a cabo publicidad del acontecimiento, figurarán los logotipos de las administraciones y entidades participantes en el órgano colegiado, en igualdad de condiciones.
-4. La Real Federación Andaluza de Fútbol una vez finalizadas las actuaciones del «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015», presentará un informe económico para su toma en consideración por el órgano colegiado, que contendrá una relación completa de los ingresos percibidos, de los gastos ejecutados y de las actuaciones realizadas y una auditoría de cuentas correspondiente al período comprendido desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta la finalización del programa. Dicho informe deberá ser aprobado por el órgano colegiado.
-El órgano colegiado aprobará la propuesta de liquidación, que será presentada por el Secretario del órgano colegiado.
-Una vez aprobadas las operaciones de liquidación, el órgano colegiado aprobará su disolución, siempre y cuando haya cumplido con todas las obligaciones que le impone la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. El órgano colegiado se disolverá, en cualquier caso, con anterioridad al 1 de septiembre de 2016.
-Disposición final única. Entrada en vigor.
-La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 20 de julio de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.",Se otorda a Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015 la consideración de acontecimiento de excepcional interés público.,"Igual se nos está yendo la mano con lo que es un ""acontecimiento de excepcional interés público""  #BOE"
-1959,"La Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las islas Canarias, establece, en el artículo 4 que el procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
-En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, resuelvo:
-Primero. Objeto.
-1. Constituye el objeto de esta orden la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las islas Canarias, con la finalidad de abaratar el precio final del agua potable para consumo doméstico producida en las plantas desaladoras situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsando la eficacia y eficiencia en todo el proceso.
-2. Sin perjuicio de lo que en particular se establece en la presente orden, esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las islas Canarias («Boletín Oficial del Estado» núm. 161, de 3 de julio).
-3. Las actuaciones a subvencionar por esta convocatoria deben haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, ambos inclusive.
-Segundo. Beneficiarios.
-1. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta orden las entidades locales o empresas públicas o concesionarias que, en las islas Canarias, cumplan simultáneamente las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio:
-a) Ser o haber sido titulares del servicio público de abastecimiento de agua o de la explotación del mismo.
-b) Verter o haber vertido agua, obtenida a través de un proceso de desalación de agua de mar, a la red de distribución para el consumo doméstico.
-2. Las entidades y empresas beneficiarias no podrán estar incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán cumplir el artículo 14 de la citada ley.
-3. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, la concesión de estas subvenciones a cualquiera de los entes a que se hace referencia en la citada disposición adicional, quedará condicionada al informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
-Tercero. Presentación de las solicitudes.
-1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días naturales, que comenzarán a contarse a partir del día 1 de julio de 2015.
-2. Las solicitudes de subvención se dirigirán al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo según el modelo del anexo, que estará disponible en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (www.minetur.es), pudiendo presentarse a través del Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es), o bien en el Registro General del Departamento, paseo de la Castellana 160, 28071 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de la documentación que se indica en el apartado Cuarto.
-3. Si las solicitudes se presentan en otro registro diferente del mencionado en el párrafo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entidad solicitante deberá comunicar al Gabinete Técnico de la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ese mismo día, mediante fax (al núm. 91 349 48.42) o correo electrónico (a la dirección sgtsub@minetur.es), el lugar y fecha en que ha presentado la solicitud. Finalizado el plazo de presentación, si no se han recibido las solicitudes ni se ha anunciado el envío de las mismas de la forma expuesta anteriormente, no serán admitidas a trámite.
-Cuarto. Documentación que deberá adjuntarse a las solicitudes.
-La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
-a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario, a que hace referencia el apartado segundo de esta orden. A estos efectos se aportará certificado expedido por el órgano competente del Gobierno de Canarias.
-b) Fotocopia de la tarjeta de personas jurídicas y entidades en general, establecida en aplicación del Real Decreto 1605/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.
-c) Poder notarial del firmante de la solicitud y escritura pública de la constitución de la sociedad, cuando el solicitante sea persona jurídica.
-d) Justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
-e) Declaración de las subvenciones relativas a la misma actuación solicitadas a las Comunidades Autónomas, la Unión Europea o cualesquiera otras administraciones o entes públicos nacionales o internacionales.
-f) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario.
-g) Declaración de no ser deudor de la Administración por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-h) Certificado expedido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a partir de los datos proporcionados por un auditor de cuentas o un interventor para cada planta, referido a los siguientes extremos:
-1.º Volumen de agua potabilizada en cada planta.
-2.º Volumen de agua vertida a la red pública de distribución procedente de fuentes distintas a las plantas potabilizadoras.
-3.º Diferencia entre el volumen de agua almacenado en los depósitos al inicio y final del período considerado.
-4.º Volumen de agua facturada.
-5.º Ingresos totales por facturación de agua.
-6.º Kwh consumidos en los procesos de desalación.
-i) Facturas de consumo del suministro eléctrico efectuado en todos y cada uno de los procesos: de captación y bombeo de agua de mar a planta; de trasiego en planta incluida filtración y economizadores; de obtención de agua producto en procesos de alta presión y del bombeo de agua producto de planta a depósito distribución.
-Todos los datos anteriores irán referidos al período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, ambos inclusive.
-j) Certificación de los costes incurridos en el proceso de potabilización del agua desalada en términos de gastos pagados, en los términos previstos en el artículo 9.2 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio. En concreto, la cuenta justificativa contendrá los siguientes elementos referidos al periodo para el que se solicite la subvención:
-a) Memoria de actuación.
-b) Memoria económica abreviada cuyo contenido incluya:
-1.º Los datos físicos del proceso de desalación de producción, almacenamiento y consumo a que hace referencia el artículo 6 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio.
-2.º Los costes directamente imputables a la acción de desalación y de vertido de agua y, en su caso, el criterio seguido de imputación de los costes indirectos, debidamente certificados por el auditor. Se considerarán costes directos, los que se apliquen directamente al proceso de desalación o de vertido, en particular: energía, mano de obra, compras y suministros, reposición de elementos del equipo, mantenimiento, amortización y conservación.
-3.º Los ingresos generados por la desalación así como los procedentes de subvenciones a la desalación, en su caso.
-Los gastos solo parcialmente imputables a la actividad objeto de la subvención, a que se hace referencia en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se incorporarán a la justificación en la parte correspondiente, indicando el criterio seguido para calcularlos.
-Quinto. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.
-Corresponde al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la ordenación e instrucción del procedimiento.
-Sexto. Procedimiento de concesión.
-La concesión de estas subvenciones se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, ajustándose a lo siguiente:
-1.º Evaluada la solicitud de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la Comisión Técnica se emitirá el informe correspondiente. El órgano instructor a la vista de dicho informe formulará una propuesta de resolución provisional de la que dará traslado a los interesados en cualquiera de las formas previstas en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 10 días hábiles formulen alegaciones o comuniquen su aceptación.
-2.º Sustanciado el trámite de audiencia, el órgano competente para la instrucción elevará la propuesta de resolución definitiva, que deberá incluir la relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, así como la cuantía propuesta, indicando el resultado de la evaluación llevada a cabo.
-3.º La competencia para la concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de resolución y, en su caso, del resto del expediente, corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Orden IET/556/2012, de 15 de marzo, por la que se delegan competencias del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y directivos del departamento, al Subsecretario de Industria, Energía y Turismo.
-4.º En el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se dictará, previa fiscalización del compromiso de gasto, la correspondiente resolución de otorgamiento de la subvención.
-5 º En la resolución de otorgamiento se hará constar la cuantía de la subvención concedida.
-6.º La resolución de otorgamiento podrá establecer condiciones de observancia obligatoria.
-7.º La resolución que deniegue la concesión de la subvención deberá ser motivada.
-8.º La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará por escrito a cada interesado en el plazo máximo de seis meses, que se computarán a partir del 1 de julio de 2015. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes.
-Séptimo. Financiación y pago de las ayudas.
-1. Las subvenciones se financiarán con cargo al crédito disponible del consignado en las aplicaciones presupuestarias 20.01.421M.451 (10.000,00 euros) 20.01.421M.461 (1.745.000,00 euros) y 20.01.421M.471 (1.745.000,00 euros) de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015, hasta un máximo de 3.500.000,00 euros. Esta distribución tiene carácter estimativo, pudiéndose aplicar fondos remanentes de una aplicación a otra.
-2. El pago de la subvención se ordenará tras la resolución de concesión.
-Octavo. Normativa aplicable.
-Esta convocatoria se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las islas Canarias, y demás normas que resulten de aplicación.
-Noveno. Recursos.
-Contra esta orden, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente, en reposición ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.
-No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
-Décimo. Aplicabilidad.
-Esta orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
-Madrid, 7 de abril de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P.D. (Orden IET/556/2012, de 15 de marzo), el Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento.
-ANEXO
-Modelo de solicitud","Las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar de canarias tendrán un máximo de 3.500.000,00 euros","Las subvenciones a las plantas desalinizadoras canarias bajan a 3,5M (eran de 4M€ en 2013 y 2014)  #BOE"
-1505,"La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, en su artículo 10.2 establece que es atribución del Consejo Rector de las agencias estatales, entre otras, la aprobación de un informe general de actividad valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas. Esta misma competencia, referida al Consejo Rector de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado viene recogida en el artículo 10.1 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre.
-El Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2016, fue aprobado por el Consejo Rector en su reunión del 11 de mayo de 2017.
-El artículo 4.2.a) del Estatuto de la Agencia establece que, una vez aprobado el informe general de actividad, se publicará un resumen de dicho documento en el «Boletín Oficial del Estado», en el que se hará mención de la dirección de la «página web» de la Agencia en la que podrá ser consultado el texto completo del mismo.
-En su virtud, y de acuerdo con las competencias que el artículo 11.3 del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado atribuye al Director, resuelvo:
-Primero.
-Publicar el resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado correspondiente al año 2016, aprobado por el Consejo Rector, cuyo texto se inserta a continuación como anexo.
-Segundo.
-El contenido completo de dicho documento se podrá consultar en la sede electrónica de la Agencia: http://www.boe.es.
-Madrid, 17 de mayo de 2017.–El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero Secades.
-RESUMEN DEL INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
-1. Presentación
-La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) es un organismo público de los establecidos en el artículo 43.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Se creó mediante el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, en virtud de la autorización otorgada al Gobierno por la disposición adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (Ley de Agencias). Adscrita al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones territoriales, dispone de patrimonio propio, integrado por el conjunto de bienes y derechos de que es titular, y autonomía de gestión y funcional, dentro de los límites establecidos por la Ley de Agencias y por su propio Estatuto.
-La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece una nueva clasificación de los organismos que integran el sector público institucional estatal y suprime las agencias estatales. A tenor de lo establecido en las disposiciones adicional cuarta y transitoria segunda, la AEBOE debe adaptar su naturaleza y régimen jurídico a las previsiones contenidas en dicha Ley, antes de 2 de octubre de 2019, mientras tanto continuará rigiéndose por su normativa específica, esto es la Ley 28/2006 y el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su estatuto.
-La AEBOE es el organismo competente para la publicación y difusión de las leyes, disposiciones y otros actos a que se refiere el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»; de los datos a que se refieren los artículos 420 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, y demás disposiciones y actos que legal o reglamentariamente se determine.
-Asimismo, es competente para la publicación y difusión en cualquier soporte, por sí misma o en colaboración con otras administraciones públicas, ministerios, organismos o entidades de derecho público, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de disposiciones que se consideren de especial interés, y para la permanente actualización y consolidación de lo publicado.
-De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, corresponde a la AEBOE la gestión del portal de subastas.
-La Agencia se constituye como organismo especializado de la Administración General del Estado para la edición y distribución de publicaciones oficiales, y tiene la consideración de medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho, en el ámbito editorial y de las artes gráficas
-Los órganos de gobierno de la Agencia son el Presidente y el Consejo Rector.
-El órgano ejecutivo de la Agencia es su Director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.
-2. Recursos humanos, materiales y presupuestarios
-La plantilla efectiva de la Agencia, a 31 de diciembre de 2016, era de 406 empleados, 10 menos que en la misma fecha del año anterior. Las actividades de la Agencia, ligadas al ámbito editorial y de las artes gráficas, determinan la configuración de su plantilla integrada en un 77,09 % por personal laboral y un 22,91 % por funcionarios.
-El carácter industrial de algunas actividades de la Agencia tiene su reflejo en la composición de su inmovilizado, en el que sigue teniendo un peso importante el equipamiento industrial, si bien, la utilización cada vez mayor de las nuevas tecnologías, incluso en las actividades industriales del organismo, determina que el peso correspondiente a equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas vaya incrementándose. A 1 de enero de 2016, el valor neto contable del inmovilizado de la Agencia ascendía a 17.963.896,52 euros.
-El presupuesto de gastos del ejercicio 2016 ha sido de 61,97 millones de euros, un 0,02 % inferior al ejercicio anterior. De este importe 24,75 millones de euros corresponden a gastos de funcionamiento y 31,08 millones a la transferencia que se realiza al Tesoro Público. Los ingresos en 2016 han alcanzado los 42,61 millones de euros, un 2,74 % más que en el ejercicio 2015. No obstante, debido al elevado importe de la transferencia al Tesoro ha sido necesario financiar gastos mediante el remanente de tesorería por un importe de 13,23 millones de euros.
-El suministro de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad del Organismo ha generado la tramitación durante el año de 172 expedientes de contratación, por un importe de 5.194.381,12 euros.
-3. Seguimiento del contrato de gestión y del plan de acción anual
-El artículo 13 de dicha Ley de Agencias establece que, la actuación de las Agencias Estatales se produce con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión.
-3.1 Objetivos estratégicos e indicadores de cumplimiento.
-El Contrato de Gestión de la Agencia con vigencia para el periodo 2013-2016 fue aprobado por Orden PRE/454/2014, de 17 de marzo. En él se definen los siguientes tres objetivos estratégicos:
-Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
-Objetivo 2: Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
-Objetivo 3: Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen los fines de la Agencia, y prestar dichos servicios a otras administraciones públicas en los términos que se acuerden.
-El apartado 2.3.4 del Contrato de Gestión señala que el índice de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia (IGA) se determinará mediante los indicadores que se incluyen en el anexo 1 con sus valores de referencia, equivalentes a un índice de cumplimiento del cien por cien y del cero por ciento, y la ponderación de cada uno de ellos en dicho índice. Asimismo, señala que para el tercer y cuarto año de su vigencia los indicadores que sirven para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos se aprobarán por el Consejo Rector a propuesta del Director de la Agencia, previo informe favorable del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
-Para dar cumplimiento a este mandato, con fecha 2 de diciembre de 2015 la Agencia envió a ambos departamentos ministeriales la propuesta de indicadores de los objetivos estratégicos para el año 2016. Una vez informada favorablemente por los órganos correspondientes de dichos ministerios, fue presentada por el Director de la Agencia al Consejo Rector que la aprobó en su sesión del día 16 de febrero de 2016.
-Se analiza a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y el valor obtenido en cada uno de los trece indicadores de gestión y de impacto aprobados para el año 2016.
-3.1.1 Publicación de los diarios oficiales.
-La competencia de publicación de los diarios oficiales dio lugar al establecimiento del primer objetivo estratégico. El grado de cumplimiento de este objetivo se obtiene a partir de los siguientes cinco indicadores:
-Publicación del diario «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto los domingos (minutos de retraso)
-Los 314 números ordinarios del diario oficial «BOE» editados en el año se han publicado antes de las 8 horas del día que corresponde su publicación, lo que supone un cumplimiento del indicador del 100 % (valor de cumplimiento del 100 %: 0 minutos de retraso).
-Además se han publicado 2 diarios extraordinarios: el «BOE» número 107, de 3 de mayo, con el Real Decreto 184/2016, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, y el «BOE» 237, de 30 de septiembre, con el Real Decreto-ley 2/2016, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, y con la Orden HAP/1552/2016.
-Publicación del periódico «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en la sede electrónica de la Agencia, a las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid (minutos de retraso)
-Los 247 números del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» editados en el año, se han publicado antes de las 8 horas del día que corresponde su publicación, lo que supone un cumplimiento del indicador del 100 % (valor del 100 %: 0 minutos de retraso).
-Tiempo de publicación de anuncios en los diarios oficiales (porcentaje de anuncios publicados el primer día de cada uno de los plazos establecidos)
-En 2016 se han publicado 79.558 anuncios, un 55 % más que en el año 2015, el 97,14 % de estos anuncios, se han publicado el primer día de cada uno de los plazos establecidos lo que supone un cumplimiento del indicador del 81 % (Valor del 100 %: 100 % de los anuncios).
-En el año 2016 se han mantenido los mismos plazos de publicación de los anuncios: de 5 a 8 días para los presentados con firma autógrafa y, de 3 a 6 días los presentados con firma electrónica.
-Correcciones de erratas en el diario «BOE» respecto al total de disposiciones y anuncios publicados (porcentaje)
-En 2016 se han publicado en el diario oficial «BOE» 43 erratas, lo que ha supuesto que el porcentaje de erratas alcance el 0,053 % por lo que el grado de cumplimiento de este indicador es del 98 % (valor del 100 %: 0,05 %).
-Páginas Web que enlazan con boe.es (diferencia entre la variación porcentual del número de páginas Web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las 7 webs públicas de referencia)
-Este indicador compara la evolución de la página boe.es, respecto a la evolución media de otras siete webs públicas españolas representativas.
-En 2016 la posición de la web boe.es respecto a la media de las siete webs de referencia ha disminuido en 5,48 puntos porcentuales, por lo que el indicador alcanza un valor de 71 %.
-3.1.2 Difusión de la legislación.
-La competencia de difusión de la legislación ofreciendo servicios singularizados de información jurídica dio lugar al establecimiento del segundo objetivo estratégico. El grado de cumplimiento de este objetivo se obtiene a partir de los siguientes cinco indicadores:
-Número de accesos a las bases de datos de la Agencia (millones)
-El número de accesos a las bases de datos de la Agencia en 2016 ha sido de 428,1 millones, lo que supone un cumplimiento del indicador del 100  % (valor del 100  %: 325 millones de accesos).
-Plazo en actualizar las normas consolidadas (promedio de días hábiles, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia)
-En 2016 se han actualizado 563 normas consolidadas en un promedio de 0,25 días hábiles, lo que supone un cumplimiento del 92 % (valor del 100 %: 0 días, actualizar las normas en el mismo día que se publica la norma que la modifica)
-El promedio de días hábiles en actualizar las normas ha disminuido considerablemente respecto al año anterior en el que fue de 0,70 días, a ello ha contribuido el hecho de que en 2016 el número de normas que han precisado ser actualizadas ha sido un 58 % inferior al de 2015.
-Número de suscriptores de los servicios de Alertas
-El número de suscriptores a los servicios de alertas al finalizar el año ha sido de 218.491, lo que supone un cumplimiento indicador del 91 % (valor del 100 %: 225.000 suscriptores).
-Número de libros electrónicos disponibles en la Web
-Al finalizar el año 2016, en la Web de la Agencia había disponibles 148 códigos electrónicos, accesibles y descargables gratuitamente en formato PDF y EPUB, lo que supone un cumplimiento del 100 % (valor del 100 %: 146 libros).
-Número de títulos publicados en edición y coedición
-A lo largo del año se han publicado 93 títulos en edición y coedición, lo que supone un cumplimiento de este indicador del 100 % (valor del 100 %, 90 títulos).
-3.1.3 Imprenta y distribuidor de referencia de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público.
-La consideración de la Agencia como organismo especializado de la Administración General del Estado para la edición y distribución de publicaciones oficiales y de «medio propio» instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público para las materias que constituyen sus fines, dio lugar al establecimiento del tercer objetivo estratégico. El grado de cumplimiento de este objetivo se obtiene a partir de los siguientes tres indicadores:
-Importe de la facturación de los trabajos de la Imprenta Nacional (millones de euros)
-La facturación por los trabajos que la Imprenta Nacional realiza como medio propio, ha alcanzado los 2,46 millones de euros, lo que supone un cumplimiento del indicador del 66 % (valor del 100 %: 3,2 millones).
-El importe de la facturación en 2016 ha sido un 22,67 % inferior a la de 2015. Esta disminución se ha debido, principalmente, al retraso en la aprobación del Programa editorial del año 2016; al cierre anticipado del ejercicio económico; y a la baja actividad parlamentaria que ha provocado una disminución significativa de los boletines de Cortes y Congreso y, consecuentemente, del importe facturado por estos trabajos.
-Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional
-A 31 de diciembre el número medio de clientes de la Imprenta Nacional, se ha situado en 69, lo que supone un cumplimiento del indicador del 72 % (valor del 100 %: 80 clientes).
-Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte
-Durante este año en la Imprenta Nacional se han elaborado 457 obras para terceros, en formato papel y electrónico, lo que supone un cumplimiento del indicador del 100 % (valor del 100 %: 325 obras)
-3.2 Índice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia (IGA).
-La gestión de la Agencia se evalúa conforme al valor que alcanza el Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA),
-El IGA obtenido en el año 2016 ha sido de 92 puntos sobre 100. En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de dicho índice.
-Índice general de cumplimiento de los objetivos de la agencia en el año 2016
-Indicadores de los objetivos estratégicos
-Valores de cumplimiento
-Resultado
-Cumplimiento
-Ponderación
-Producto
-100 %
-0 %
-1.1 Publicación del diario «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año, excepto los domingos (minutos de retraso al año).
-0
-720
-0
-100
-0,20
-20,0
-1.2 Publicación del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en la sede electrónica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid (minutos de retraso al año).
-0
-720
-0
-100
-0,10
-10,0
-1.3 Plazo de publicación de los anuncios del «BOE» (Secciones IV y V) y del «BORME» (porcentaje de anuncios publicados el primer día de cada uno de los plazos establecidos).
-100 %
-85 %
-97,14 %
-81
-0,05
-4,0
-1.4 Corrección de erratas en el «Boletín Oficial del Estado» (porcentaje de correcciones de erratas respecto al número de disposiciones y anuncios publicados).
-0,05 %
-0,20 %
-0,05 %
-98
-0,02
-2,0
-1.5 Páginas web que enlazan con boe.es (variación porcentual).
-76 % + (variación % boe.es – media variación % webs de referencia)
-70,52 %
-71
-0,10
-7,1
-2.1 Número de accesos a las bases de datos de la Agencia (millones).
-325
-150
-428,07
-100
-0,05
-5,0
-2.2 Plazo en actualizar las normas consolidadas (promedio de días hábiles desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia).
-0
-3
-0,25
-92
-0,12
-11,0
-2.3 Número de suscriptores de alertas al finalizar el año.
-225.000
-150.000
-218.491
-91
-0,08
-7,3
-2.4 Número de libros electrónicos disponibles en la web boe.es al finalizar el año.
-146
-105
-148
-100
-0,08
-8,0
-2.5 Número de títulos publicados en edición y coedición.
-90
-35
-93
-100
-0,05
-5,0
-3.1 Importe de la facturación por los trabajos de la Imprenta Nacional (millones).
-3,2
-1
-2,46
-66
-0,05
-3,3
-3.2 Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.
-80
-40
-69
-72
-0,03
-2,2
-3.3 Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte.
-325
-100
-457
-100
-0,07
-7,0
-    Índice general de cumplimientos de objetivos de la Agencia 	
-92
-3.3 Programas y proyectos del Plan de Acción Anual.
-En el Plan de acción del año 2016 se aprobaron 58 programas y proyectos que integran el conjunto de actividades concretas a desarrollar por la Agencia, para lograr sus objetivos, en esa anualidad.
-Cada uno de los programas y proyectos tiene establecido un objetivo anual, los criterios para evaluar su cumplimiento, y las unidades responsables de su ejecución.
-De los 58 programas y proyectos del Plan anual, 33 han alcanzado un grado de cumplimiento del 100 %, 18 de entre el 99 % y el 90 %, 3 entre 89 % y 70 %, y 4 tienen un grado de cumplimiento inferior al 70 %.
-El detalle de la ejecución de los programas y proyectos del Plan de acción anual 2016 se adjunta como anexo al Informe General de Actividad.","Informe general de actividad del BOE del año 2016, valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas.","Un poquito de #metaBOE, para freaks como servidora, en el informe general de actividad de #BOE sobre 2016  Va hilo ⤵️"
-1065,"Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Big Data, resultan los siguientes
-Antecedentes de hecho
-Primero. Constitución de la Fundación.
-La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Francisco Javier Antón Vique y las entidades Sociedad Occidental de Redes y Sistemas, S.L., y Alarke Consulting Tecnológico, S.L., según consta en la escritura pública número 1.320, otorgada 3 de junio de 2013, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don José Gregorio Juncos Martínez, que fue subsanada por la escritura pública número 2.239, autorizada el 25 de septiembre de 2013 por el mencionado Notario.
-Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
-El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Añastro, n.º 9, 1.º A, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
-Tercero. Dotación.
-Dotación inicial: En la escritura de constitución, se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por los fundadores.
-Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la ley.
-Cuarto. Fines de la Fundación.
-En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
-Impulsar la innovación tecnológica para promover la prosperidad, la seguridad y el bienestar general incidiendo en el desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, en particular, del tratamiento masivo de información (en adelante Big Data) en el ámbito de Empresas privadas, Administraciones públicas y, en general, en referencia a la sociedad de la información.
-Dichos fines se buscarán a través de la generación de contenidos y el estudio, divulgación y promoción de aplicaciones, servicios y mejores prácticas en el entorno general de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, en particular, del tratamiento masivo de información.
-Contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico sostenible basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional, el diseño para todos y la mejora del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y las empresas. Todo ello alineados con los objetivos que persiguen la convergencia con los países europeos más avanzados de nuestro entorno en materia de Sociedad de la Información.
-Quinto. Patronato.
-Presidente: Don Francisco Javier Antón Vique.
-Vicepresidente: Don José Luis Mateo Costas.
-Secretario: Don Antonino Ortego Cadenas.
-Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución.
-Fundamentos de derecho
-Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
-El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
-La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
-El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
-La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
-Segundo.
-Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y a la adecuación y suficiencia de la dotación y habiéndose emitido por el Protectorado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.
-Tercero.
-Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
-Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Big Data y su Patronato.
-Madrid, 14 de octubre de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.","El subsecretario de tecnologías de la información, Francisco Javier Antón Vique, y las entidades Sociedad Occidental de Redes y Sistemas, S.L., y Alarke Consulting Tecnológico, S.L. montan una fundación.",¿Qué hace el subsecr. de tecnologías de la información montando una fundación con dos empresas?  #BOE #menoentender
-1972,"El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
-Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
-Ya anteriormente, la Orden de 16 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización.
-Principalmente, esta orden determina que los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, se determinarán como suma de distintos términos: por un lado, la cotización internacional de los gases licuados del petróleo y flete, que se revisarán mensualmente y por otro, los costes de comercialización que se revisarán anualmente, en el mes de julio de cada año, utilizando las fórmulas contempladas respectivamente en los apartados primero. 1 y 2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
-El apartado octavo de la mencionada Orden de 16 de julio de 1998, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
-Mediante esta resolución por tanto, se determinan los precios de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales y a los suministros granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización.
-Para su cálculo se han tenido en cuenta los costes de comercialización por tanto, ya fijados por resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
-Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
-Primero.
-Desde las cero horas del día 19 de diciembre de 2017, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
-1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
-Término fijo: 1,57 €/mes.
-Término variable: 84,2755 cents/kg.
-2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 69,6967 cents/kg.
-Segundo.
-Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
-a) Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
-b) Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
-c) Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
-Tercero.
- En los cálculos de los precios establecidos en el apartado primero se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
-Cotización internacional ($/Tm): propano = 559,30; butano = 524,60.
-Fletes ($/Tm): 15,0.
-Media mensual del cambio dólar/euro: 1,173800.
-Cuarto.
-Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 19 de diciembre de 2017, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 19 de diciembre de 2017.
-Quinto.
-Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 19 de diciembre de 2017, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.
-Sexto.
-Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.
-Séptimo.
-Esta resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el 19 de diciembre de 2017.
-Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Madrid, 11 de diciembre de 2017.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.",Tarifas de los precios del gas,La parte variable (según consumo) del gas natural sube dos céntimos x kilo.  #BOe
-1095,"Mediante Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril («Boletín Oficial del Estado» n.º 106, de 4 de mayo) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
-De conformidad con lo previsto en el artículo tercero de la citada orden, se anunció la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos correspondiente al año 2013 mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores de 28 de febrero de 2013 («Boletín Oficial del Estado» n.º 82, de 5 de abril). En el apartado undécimo de esta Resolución se establece la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución del procedimiento de concesión de las mismas.
-Una vez instruido el procedimiento, examinadas y ponderadas por los órganos competentes las solicitudes presentadas y vista la propuesta definitiva de concesión de subvenciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden de bases y en la Resolución de convocatoria, se hacen públicas en el anexo a la presente resolución las subvenciones concedidas durante 2013 con cargo al programa 04.25.142A, concepto 482.
-Madrid, 9 de septiembre de 2013.–El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito Secades.
-ANEXO QUE SE CITA
-Relación de subvenciones concedidas por la Oficina de Derechos Humanos durante 2013 con cargo a la aplicación presupuestaria 04.25.142A.482 (Resolución de convocatoria de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, de 9 de septiembre de 2013)
-Beneficiarios
-Importe–Euros
-Objeto/Actividad
-Religiosas Adoratrices. Proyecto Esperanza.
-3.000
-Buenas prácticas en identificación, detección y coordinación frente a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación.
-Fundación UNICEF.
-8.000
-Promoción de los derechos del niño y principios empresariales.
-Fundación pro derechos humanos Miguel Ángel Blanco.
-12.000
-Lucha antiterrorista y derechos de las víctimas.
-Observatorio Responsabilidad Social Corporativa.
-4.500
-Construcción de indicadores de medición para administración pública y comunidad de inversores de los principios rectores para empresas y derechos.
-Asociación pro Derechos Humanos España APDHE.
-8.000
-El agua en el siglo XXI: De bien estratégico a derecho humano.
-Movimiento contra la intolerancia.
-6.000
-Foro cívico «no hate speech. Derechos humanos on line».
-Médicos del mundo.
-10.000
-Infancia y derechos humanos frente al fenómeno de la mutilación genital femenina.
-Grupo Intercultural Almaciga.
-4.000
-Los derechos humanos indígenas y las empresas. Instrumentos del sistema internacional para aplicación de principios rectores en actividades empresariales con impacto en los derechos de los pueblos indígenas.
-Confederación Española de Organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo (FEAPS).
-9.000
-+ Vecinos. Proyecto para ejercicio de los derechos con discapacidad intelectual o del desarrollo en entornos rurales.
-FAES. Fundación para el análisis y los estudios sociales.
-8.000
-Programa de actividades de derechos humanos 2013: Derechos humanos en las primaveras árabes.
-Federación de asociaciones de defensa y promoción de los derechos humanos.
-4.500
-Seminario «justicia y derechos humanos en un gobierno abierto».
-Federación Nacional de Asociaciones de mujeres gitanas Kamira.
-6.500
-Investigación y sensibilización intergeneracional sobre la situación de la mujer gitana.
-Save the Children.
-4.500
-El III Protocolo, un mecanismo conocido y accesible para niños y niñas.
-Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
-5.000
-Informe «Derechos LGTB en España. III Jornadas de presentación del informe sobre derechos LGTB.
-Fundación Universia.
-9.000
-Universidad y discapacidad: Inclusión y buenas prácticas en el ámbito iberoamericano.
-Fundación Aranzadi Lex Nova.
-8.000
-Los derechos de las personas con discapacidad. Curso práctico de especialización.
-Fundación Economistas sin fronteras.
-6.000
-Investigación «empresas y derechos humanos y competitividad ¿una relación imposible?
-Ongawa, Ingeniería para el desarrollo humano.
-6.000
-Jornada sobre principios rectores Ruggie sobre las empresas aplicadas al derecho humano al agua y saneamiento.
-Fundación PROCLADE.
-9.000
-Programa de formación y sensibilización en derechos humanos para actores de cambio y por una cultura de paz en Honduras y España.
-Institut de Drets Humans de Catalunya.
-9.000
-Aguas dulces y derecho internacional: El agua como derecho humano.
-AIETI, Asociación de Investigación y especialización sobre temas iberoamericanos.
-7.000
-Por el derecho a defender los derechos: Situación de criminalización a los defensores de derechos humanos en Centroamérica.
-Asociación para las Naciones Unidas en España ANUE.
-10.000
-Evento paralelo sobre feminicidio durante la 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
-Brigadas Internacionales de Paz (BPI).
-4.000
-Elaboración y presentación de la base de datos online sobre los derechos humanos.
-Asociación Viraventos.
-5.000
-Gestión positiva de la diversidad religiosa: Nuevos retos sociales y culturales en la educación.
-Asociación cultural de ayuda a la Comunidad Sant Egidio.
-10.000
-Campaña contra la pena de muerte: Ciudades por la vida 2013.
-Asociación Catalana de Ingenieros sin fronteras.
-3.000
-Wiki industrias extractivas y derechos humanos.
-Martin Ennals Foundation.
-5.000
-Enhance human Rights defenders protection: MEA proyect 2013.
-Total .......................................................................
-184.000",Relación de subvenciones concedidas por la Oficina de Derechos Humanos durante 2013,Otra subvención para FAES: 8.000 euros por un programa sobre los derechos humanos en las primaveras árabes  #BOE
-336,"Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 20 de julio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario.
-Las ayudas tienen una dotación de 50.400,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013.
-Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto. «Instrucción del procedimiento» de la Resolución anteriormente citada y efectuada la correspondiente propuesta de concesión,
-Esta Dirección General de Política Universitaria ha resuelto:
-Primero.
-Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 20 de julio.
-• Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales.
-• El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario.
-La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 7 de mayo de 2013, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente:
-Distribución de las subvenciones
-Sindicatos del sector
-NIF
-85% Subvención
-15% Subvención
-Total Cuotas
-– 
-€
-Número de representantes
-%
-Cuota
-– 
-€
-%
-Cuota
-– 
-€
-CC.OO.
-G 78427002
-294
-40,38
-17.298,79
-25,00
-1.890,00
-19.188,79
-CSI-F.
-G 79514378
-221
-30,36
-13.006,22
-25,00
-1.890,00
-14.896,22
-FETE-UGT.
-G 79493060
-195
-26,79
-11.476,84
-25,00
-1.890,00
-13.366,84
-CIG.
-G 36706927
-18
-2,47
-1.058,15
-25,00
-1.890,00
-2.948,15
-Total
-728
-100,00
-42.840,00
-100,00
-7.560,00
-50.400,00
-Segundo.
-El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2013.
-Tercero.
-Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no haber obtenido la representatividad exigida de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
-Cuarto.
-En cumplimiento del apartado sexto de la convocatoria, esta resolución de concesión, será notificada a los sindicatos beneficiarios y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
-Quinto.
-Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
-Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
-Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.",Las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector.,Las subvenciones a sindicatos de la mesa sectorial de universidades pasa de 142.560 euros en 2010 a 63.000 este año 
-1603,"BDNS (Identif.): 333444
-De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
-Primero. Beneficiarios
-Empresas que tengan como actividad y objeto social, único o entre otros, la edición de libros, y acrediten haber realizado una labor editorial ininterrumpida en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del BOE de este extracto.
-Las entidades, legalmente constituidas en el momento de solicitar la ayuda, deberán tener residencia fiscal en España.
-Las entidades solicitantes no podrán encontrarse incursas en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la citada norma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
-Asimismo, se suspenderá el pago de toda ayuda a cualquier entidad que se haya beneficiado de una ayuda declarada ilegal y/o incompatible por una decisión de la comisión europea, hasta que la empresa haya reembolsado o pagado en una cuenta bloqueada la cantidad total de la ayuda ilegal e incompatible y los intereses correspondientes.
-Segundo. Objeto
-Ayudas para la producción de libros en lengua castellana o en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas que, con independencia de la nacionalidad del autor, contribuyan al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español.
-Tercero. Bases reguladoras
-Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.
-Cuarto. Cuantía
-El importe de la subvención será, como máximo, de 800.000 euros.
-Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
-Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE de este extracto.
-Sexto. Otros datos
-Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones públicos o privados para la misma actividad siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el 100% del coste de producción de la obra.
-Sin perjuicio de lo anterior, con cargo a esta convocatoria no se podrá financiar más de un 50% del coste total de la edición del proyecto, entendiéndose por tal la suma de los costes que suponga para la entidad la producción, distribución y comercialización del libro. El 50% restante necesariamente deberá financiarse con cargo a los fondos propios de la editorial o mediante otras ayudas públicas o privadas.
-Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 5 proyectos editoriales o solicitudes telemáticas o la mitad de los libros que editó el año anterior. Cada uno de estos proyectos deberá cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.
-Para poder acceder a la ayuda, los proyectos editoriales que se presenten en formato físico exclusivamente, o en formato físico y digital simultáneamente, deben tener planificada una tirada mínima de 1.000 ejemplares y una máxima de 2.810. Los libros exclusivamente digitales deberán acreditar el empleo de canales de venta adecuados que aseguren la difusión de la obra.
-Madrid, 7 de febrero de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sainz.",Subvenciones con un máximo de 800.000 euros para la ayudas a edición de libros.,"Prorrogo PGE pero voy haciendo ajustess. Anecdótico, pero curioso. Ayudas a edición de libros pierden 200K  #BOE"
+Ver apartado 16 del Cuadro de característicias.
+Madrid, 11 de mayo de 2015.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, Modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, don Felipe del Pozo Blanco.","Hoy que hablamos de CIEs, Interior licita las obras para hacer aseos en el de la Zona Franca de Barcelona  #BOE",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio del Interior,"Interior licita las obras para la ejecución de aseos en Barcelona por importe total de 546.667,79 euros. ",,[],727,0.7225627,324
+2012-11-23,,BOE-B-2012-40204,Anuncio de licitación de Dirección General de Programación Económica y Presupuestos. Objeto: Estadísticas de la industria de la construcción. Indices de producción de la industria de la construcción (EIPIC mayo 2013 - abril 2015) y estructura de la construcción (años 2012 y 2013). Expediente: 7R12.,"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<documento fecha_actualizacion='20181023185458'>
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+<titulo>Anuncio de licitación de Dirección General de Programación Económica y Presupuestos. Objeto: Estadísticas de la industria de la construcción. Indices de producción de la industria de la construcción (EIPIC mayo 2013 - abril 2015) y estructura de la construcción (años 2012 y 2013). Expediente: 7R12.</titulo>
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+</analisis>
+<texto>
+<dl>
+<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Organismo: </dt>
+<dd>Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.</dd>
+<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
+<dd>Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.</dd>
+<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, 67.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28071, España.</dd>
+<dt>4) Teléfono: </dt>
+<dd>915978343.</dd>
+<dt>6) Correo electrónico: </dt>
+<dd>ifreire@fomento.es.</dd>
+<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
+<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
+<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 21 de diciembre de 2012.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>d) Número de expediente: </dt>
+<dd>7R12.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tipo: </dt>
+<dd>Servicios.</dd>
+<dt>b) Descripción: </dt>
+<dd>Estadísticas de la industria de la construcción. Índices de producción de la industria de la construcción (EIPIC mayo 2013-abril 2015) y estructura de la construcción (años 2012 y 2013).</dd>
+<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
+<dd>79330000 (Servicios estadísticos).</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Tramitación: </dt>
+<dd>Ordinaria.</dd>
+<dt>b) Procedimiento: </dt>
+<dd>Abierto.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
+<dd>4.131.186,46 euros.</dd>
+<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) </dt>
+<dd> Importe neto: 2.065.593,23 euros. Importe total: 2.499.367,81 euros. </dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
+<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
+<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
+<dd>L3d [Encuestas, toma de datos y servicios análogos. (A partir de 600.000 euros)].</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
+<dd>Hasta las 14:00 horas del 27 de diciembre de 2012.</dd>
+<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
+<dd>Manual.</dd>
+<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>1) Dependencia: </dt>
+<dd>Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.</dd>
+<dt>2) Domicilio: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, 67.</dd>
+<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28071, España.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
+<dd>No.</dd>
+</dl>
+</dd>
+<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
+<dd>
+<dl>
+<dt>a) Descripción: </dt>
+<dd>Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.</dd>
+<dt>b) Dirección: </dt>
+<dd>Paseo de la Castellana, 67, Ministerio de Fomento (sala C-433) y paseo de la Castellana, 67, Ministerio de Fomento (sala C-433).</dd>
+<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
+<dd>Madrid 28071, España y Madrid 28071, España.</dd>
+<dt>d) Fecha y hora: </dt>
+<dd>19 de febrero de 2013, a las 10:00 y 31 de enero de 2013, a las 10:00.</dd>
+</dl>
+</dd>
+</dl>
+<p class='parrafo'>Madrid, 16 de noviembre de 2012.- Director General.</p>
+</texto>
+</documento>
+",Fri Nov 23 13:30:59 +0000 2012,"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
+a) Organismo: 
+Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
+b) Dependencia que tramita el expediente: 
+Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
+c) Obtención de documentación e información:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
+2) Domicilio: 
+Paseo de la Castellana, 67.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071, España.
+4) Teléfono: 
+915978343.
+6) Correo electrónico: 
+ifreire@fomento.es.
+7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
+http://contrataciondelestado.es.
+8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
+Hasta las 14:00 horas del 21 de diciembre de 2012.
+d) Número de expediente: 
+7R12.
+2. Objeto del contrato: 
+a) Tipo: 
+Servicios.
+b) Descripción: 
+Estadísticas de la industria de la construcción. Índices de producción de la industria de la construcción (EIPIC mayo 2013-abril 2015) y estructura de la construcción (años 2012 y 2013).
+i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
+79330000 (Servicios estadísticos).
+3. Tramitación y procedimiento:
+a) Tramitación: 
+Ordinaria.
+b) Procedimiento: 
+Abierto.
+4. Valor estimado del contrato:
+4.131.186,46 euros.
+5. Presupuesto base de licitación: 
+a) 
+ Importe neto: 2.065.593,23 euros. Importe total: 2.499.367,81 euros. 
+6. Garantías exigidas. 
+ Definitiva (%): 5.
+7. Requisitos específicos del contratista: 
+a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 
+L3d [Encuestas, toma de datos y servicios análogos. (A partir de 600.000 euros)].
+8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
+a) Fecha límite de presentación: 
+Hasta las 14:00 horas del 27 de diciembre de 2012.
+b) Modalidad de presentación: 
+Manual.
+c) Lugar de presentación:
+1) Dependencia: 
+Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
+2) Domicilio: 
+Paseo de la Castellana, 67.
+3) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071, España.
+e) Admisión de variantes: 
+No.
+9. Apertura de Ofertas:
+a) Descripción: 
+Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
+b) Dirección: 
+Paseo de la Castellana, 67, Ministerio de Fomento (sala C-433) y paseo de la Castellana, 67, Ministerio de Fomento (sala C-433).
+c) Localidad y código postal: 
+Madrid 28071, España y Madrid 28071, España.
+d) Fecha y hora: 
+19 de febrero de 2013, a las 10:00 y 31 de enero de 2013, a las 10:00.
+Madrid, 16 de noviembre de 2012.- Director General.","Realizar las encuestas sobre la industria de la construcción, 2,5 millones de euros  #BOE La burbuja no tiene precio",[],CONTRATOS_LICITACIONES,Ministerio de Fomento,"Contrato para realizar las encuestas sobre la industria de la construcción por importe total de  2.499.367,81 euros.",,[],2721,0.72361654,353